Referentes ambientales piden actualización de leyes que autorizan la explotación de bosques nativos en lotes privados en Misiones

Fecha de Publicación: 03/05/2022
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Misiones


Bajo el titulo “Revisión de Leyes Ambientales, cumplimiento o caos”, el ingeniero Juan Perié y Rulo Bregagnolo plantearon la necesidad de revisión y modificación de la Ley Prov. 854 de Bosques y Tierras Forestales, sancionada en 1977 e innovadora en su época. “Pero es una norma de hace 45 años atrás, es clara pero no se cumple. Debemos adecuar las normativas a la realidad que vivimos. Vemos como circulan “los coches fúnebres” por las rutas de la provincia con rollos de madera nativa. Se requiere información sobre la extracción que se realiza del monte, su impacto a la biodiversidad y adoptar medidas locales para mitigar los efectos globales del Cambio Climático”, advierten los referentes ambientalistas.
Referentes ambientalistas abrieron el debate sobre las autorizaciones vigentes por leyes ambientales que otorgan planes de aprovechamiento de bosques nativos, marco jurídico bajo la supervisión técnica de profesionales en Ingeniería Forestal que permite la gestión sustentable del recurso natural, competencia que se encuentra bajo el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones,  organismo que registra más de 200 especies nativas de uso maderable.
Sin embargo,  no solo preocupa el apeo ilegal que en forma cotidiana se detecta con los controles del organismo provincial, sino que solicitan “la necesaria revisión de las normativas ambientales vigentes de protección de los bosques”. Esto es porque consideran que la Ley Provincial 854, sancionada en 1977, no está a la altura de lo que sucede en el mundo actual y frente a la realidad que vive la humanidad consecuencia de los efectos extremos del Cambio Climático, donde es clave frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
“En Misiones vemos diariamente transitar por nuestras rutas nacionales 12 y 14, como por las provinciales 7, 17, 20 y otras, grandes camiones con magníficos rollos de árboles nativos, producto que la naturaleza tardó años invirtiendo en su crecimiento y aportando al ecosistema de la biodiversidad misionera. ¿Y en segundos una motosierra lo extermina?”, se preguntan Juan Perié, del Movimiento Ecologista Tamanduá (Eldorado) y Rulo Bregagnolo, del Grupo Ecologista Cuña Pirú (Aristóbulo del Valle).
En un artículo de opinión realizado en conjunto, sostienen que en los últimos meses se refleja esta preocupación en varias notas periodísticas. La realidad nos indica que hay gran preocupación por los bienes naturales ligados al calentamiento global que lleva indefectiblemente al Cambio Climático, con consecuencias algo ya predecibles y conocidas para los seres vivos, incluidos los humanos.
“Existen los compromisos internacionales como el Acuerdo de Paris, en el que se trata sobre los mercados voluntarios de carbono, en la que los países industrializados, promoviendo que sigan contaminando y compensen a aquellos países que conservan sus montes nativos, pagándoles de alguna manera por “limpiar la atmósfera” que ellos destruyen. Este es un enfoque que fue muy cuestionado en la COP 26 en Glasgow, Escocia”, explicaron los ambientalistas misioneros.

Compensación ambiental para Misiones
El gobierno de la provincia a la Nación una compensación ambiental por luchar contra el Cambio Climático. “Misiones solicitó 114 mil millones por reparaciones históricas a favor de la provincia, con argumento sólidos, si se toma en cuenta la dedicación o uso del suelo a mantener la Selva, en lugar de utilizarlo para el cultivo de maíz transgénico, pinos u otros monocultivos, y dedicarlo al cuidado de los cursos de agua, a la producción agrícola orgánica y de más servicios ecosistémicos. Es inmenso el aporte de los misioneros para cuidar los bosques a lo largo de décadas”, sostienen Perié y Bregagnolo.
Incluso, señalaron que el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una visita a la provincia tiempo atrás consideró que “todos los argentinos deberían compensar a la provincia de Misiones, por el esfuerzo que realiza a favor de la conservación”.
Y hace pocas semanas, en la Cumbre de Cambio Climático realizada en la Casa Rosada, nuevamente en su discurso habla de la necesidad del cuidado de los bienes naturales estratégicos, como el Agua y los Bosques.
En Misiones, si bien las máximas autoridades provinciales hablan en forma permanente del cuidado de la Selva Paranaense, de la biodiversidad, los ríos, arroyos y los bosques nativos, y remarcan la importancia de albergar el 52% de la biodiversidad del país en el territorio, los especialistas ambientales consideran que “son todas lindas palabras, y parecería estar todo claro, ya que coincidimos en los objetivos que se persiguen a lo que hace a la conservación de ese 52% de biodiversidad, que poseemos los misioneros y los estamos cuidando. ¿Pero cómo explicamos estas dos realidades? Por un lado las declaraciones del cuidado y protección de ese porcentaje de la biodiversidad, y por otra los “carros fúnebres” con los últimos ejemplares de madera nativa que diariamente se observan en las rutas misioneras”, cuestionan Perié y Bregagnolo.
Más allá de que se traten de planes forestales de aprovechamiento sustentable con permisos de explotación y regulados por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ecología, a través de las legislaciones ambientales vigentes, cuestionan que la emergencia climática exige normativas “aggiornadas” a la realidad actual,  explicó Bregagnolo en contacto con ArgentinaForestal.com.
También se suman las denuncias de Comunidades Mbya Guaraní que se consideran “atropelladas por la avaricia de forestales y aserraderos para extraer maderas de los árboles que están en áreas de supervivencia indígena.
“Tenemos un problema, y por eso debemos tomar cartas en el asunto…” dijo el Presidente Fernández frente al cambio climático.
Para los referentes ambientales, se requiere debatir con la sociedad misionera las leyes de protección de los montes nativos, regulada en la actualidad por la Ley Provincial XVI-N°7 (ex N°854) del año 1977., y que en uno de sus párrafos, es clara al decir que: “Por cada metro cúbico de madera nativa apeada, se tiene que plantar tres ejemplares de renovales nativos y cinco de exóticas…”.
Perié y Bregagnolo se preguntan y quieren ver dónde están las plantaciones de nativas que propone la ley. “En estos 45 años, podríamos haber hecho aprovechamiento forestal y aún tendríamos para otros tantos años más si hubiesen hecho bien los deberes. Pero la respuesta es clara. Se ven únicamente plantaciones de Pinos, Eucaliptus, yerba y té en grandes superficies donde antes había variedades de especies nativas que aportaban a la biodiversidad y servicios ambientales necesarios para la vida”, aseveran.
Tras sus interrogantes y reflexiones, los ambientalistas de Tamanduá y Cuña Pirú solicitaron que “se revise y modifique esta ley 854, porque es más fácil plantar exóticas que nativas, y la diferencia entre ambas en cuanto a los beneficios que aportan a la Vida humana son muy grandes. Cabe la revisión de varias Leyes del Digesto Ambiental Provincial. Es tiempo de actualizar y ser más proteccionistas para toda la sociedad, no solo “desarrollistas” para un pequeño sector”, concluyeron.
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Justicia no hizo lugar a pedido de desalojo de vecinos de Choya

Fecha de Publicación: 03/05/2022
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Lo decidió la jueza de Control de Garantías, Karina Naame. AOMA advirtió que el lunes hay un cambio de turno.
Aumenta la tensión en el conflicto minero en Andalgalá, ya que la Justicia rechazó un pedido de desalojo de la manifestación que un grupo de vecinos de Choya mantiene en Capillitas, a la vera de la ruta nº47, en uno de los principales accesos a Minera Agua Rica-Alumbrera, y el próximo lunes debe haber un cambio de turno de los trabajadores. En ese sentido, desde la Asociación Obrera Minera Argentina no descartaron movilizarse si el centenar de empleados que está en el proyecto no puede regresar a sus casas.
El fiscal penal subrogante de Andalgalá, Martín Camps, había solicitado el desalojo de nueve personas y el allanamiento del lugar en el que permanecen en acampe en reclamo por la actividad de MARA. La solicitud se hizo en base a la denuncia de una vecina de apellido Carpanchay, que denunció una usurpación de un inmueble que pertenece a la familia. El fiscal refirió al artículo nº194 del Código Penal, que prevé penas de tres meses a dos años de prisión para quien impidiera o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes o provisión de servicios.
La jueza de Control de Garantías, Karina Naame, rechazó el pedido por considerar que carecía de una "mínima motivación que exige necesariamente la norma".
Por su parte, el secretario general de la delegación Catamarca de AOMA, Gustavo Molina, ratificó la denuncia contra el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (JPC), y no descartó que vayan a movilizarse en caso que los 94 trabajadores que hoy están en el yacimiento no puedan regresar a sus hogares, al advertir que el lunes finaliza el turno de este grupo y debería subir a la mina otro distinto.
"Gente de la Municipalidad está suministrando víveres a la gente que está en los cortes de Choya. Tendrían que estar trabajando, pero se la pasan más en el corte piquetero que atenta contra andalgalenses. Está claro que hay un apoyo del municipio para este tipo de acciones", reclamó Molina.
"Los trabajadores de la actividad siempre buscaron el diálogo y la mejor manera posible de llevar adelante una mesa en la que trabajemos todos los actores para sacarnos las dudas, pero de un lado tenemos la intención y del otro no. No hay voluntad del otro lado de mantener la paz social", remarcó y cargó también contra los diputados que prestan apoyo para la protesta en contra de la actividad.
Por su parte, desde la Asamblea Aguas Abiertas cuestionaron al gremio de mineros y aseguraron que "su única función es ser serviles al extractivismo, desamparando al verdadero actor principal, el trabajador". "Desestimamos toda acción realizada por parte de la empresa MARA y sus cómplices en desacreditar nuestro legítimo derecho a la protesta cuando nuestro lugar de vida se ve amenazado", sostuvieron.

Paro de becados
Un grupo de becados del Ministerio de Minería se sumó al paro del personal contratado, que reclaman demoras en el pago de sus haberes. En el caso de los becados, el reclamo es porque trabajan entre cuatro y cinco horas diarias y perciben entre $8.000 y $9.000. El ministro Marcelo Murúa explicó que se hicieron las gestiones en el Ministerio de Planificación para agilizar los pagos, y que los contratados tendrán el depósito disponible en las próximas horas.

Técnicos de Minería irán a Andalgalá
El ministro de Minería, Marcelo Murúa, adelantó que esta próxima semana irían técnicos de la Secretaría de Minería a mantener una reunión con vecinos de Choya. "Hay un compromiso de realizar charlas informativas por solicitud la gente de Choya para poner en conocimiento cuáles son y en qué consiste las tareas que se están desarrollando, y cuáles de la que se han nombrado no están autorizadas y no son ciertas. La idea es llevar tranquilidad a la personas", indicó el ministro.
En este sentido, se refirió a la última polémica instalada en torno a la posibilidad de ubicar en Campo Grande una escombrera de MARA. "La escombrera es componente de un proceso de explotación, y aquí estamos en un proceso de exploración avanzada. La empresa en uno de sus informes menciona un pedido de estudios para una posible escombrera, pero esos estudios que son mencionados como complementarios no fueron aprobados. Eso está claro en las aprobaciones que fueron giradas al Concejo Deliberante para que tengan toda la información; sin embargo, en una visión parcializada, se muestra lo que la empresa solicitó pero no se dice que el Ministerio no lo autorizó", indicó Murúa en declaraciones a Cae el Telón, por Radio Ancasti.
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Harán un relevamiento digital de los humedales en sur entrerriano

Fecha de Publicación: 03/05/2022
Fuente: R2820
Provincia/Región: Entre Ríos


El proyecto en marcha apunta a sistematizar la información sobre los humedales de la cuenca del río Gualeguaychú desde un sitio digital interactivo, permitiendo difundir el material ya elaborado e incorporando información socioambiental.
 Se realizó una reunión para compartir el estado de “Humedales Digitales: Un proyecto sobre ciencia ciudadana”, organizado por UADER – Universidad Autónoma de Entre Ríos FCyT – Facultad de Ciencia y Tecnología Sede Gualeguaychú donde se dicta la Licenciatura en Gestión Ambiental y Fundación Banco de Entre Ríos / Grupo Petersen, en el Salón de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos.
Desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad, la técnica María de los Ángeles Gómez y la abogada Camila Ronconi, felicitaron esta iniciativa destacando la importancia de contar con una herramienta de trabajo que apunte a fortalecer la participación ciudadana activa y la sistematización de la información sobre los humedales de la cuenca del río Gualeguaychú mediante un sitio digital interactivo.

Detalles del proyecto
El proyecto “Humedales Digitales” fue seleccionado en el marco de la quinta edición de Iniciativas Sustentables de la Fundación Grupo Petersen, un programa dirigido a organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas y culturales de las provincias de Entre Ríos, San Juan, Santa Fe y Santa Cruz, que tiene como objetivo incentivar la planificación de propuestas sociales-sustentables que beneficien y promuevan el desarrollo de sus comunidades.
La propuesta se desarrolla en el ámbito del Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental de Calidad de Agua de la FCyT-UADER (Laboratorio IBGA), con sede en Gualeguaychú, que desde 2015 estudia los diferentes afluentes de la cuenca baja del río, generando conocimientos sobre el estado de calidad del agua, los indicadores biológicos, la biodiversidad, las condiciones de las riberas y realizado propuestas para una mejora de las condiciones actuales.
Este trabajo busca sistematizar la información sobre los humedales de la cuenca del río Gualeguaychú a través de un sitio digital interactivo.
Además de permitir acercar a la comunidad el material elaborado desde IBGA, permite invitar a la ciudadanía, investigadores y tomadores de decisiones a participar incorporando información socio-ambiental y fotografías de la cuenca, en un mapa colaborativo.
La presentación del proyecto fue realizada por la Lic. Esp. Irene Aguer - como directora del proyecto - y la Lic. Elizabeth Ávila Hernández, acompañadas por el Lic. Eduardo Chaves y Macarena Rein, pertenecientes al Laboratorio IBGA.
El equipo está conformado, además, por las doctoras Melina Crettaz Minaglia y Soledad Rodríguez y las licenciadas Gimena Paredes y Diamela Gianello. El diseño y programación del sitio es realizado por Iván Nicolás Antoff y Mateo Buris, estudiantes de la Licenciatura en Sistemas de la Información de FCyT-UADER Sede Concepción del Uruguay, contándose con una serie de audiovisuales de Sudeste Naturaleza. Asimismo, con el acompañamiento de los voluntarios de la Fundación José Waldemar Liebrecht y Alejandra Lamboglia y de la Coordinadora de Programas y Proyectos, Romina Spraul.
Además, han intervenido diferentes espacios e instituciones educativas como las cátedras Química Biológica y Química Industrial del Profesorado de Química del Instituto de Formación Docente Continua “María Inés Elizalde”- IES y los colegios secundarios Escuela N° 2 “Pablo Haedo” (Gualeguaychú), Instituto Privado “Martín Fierro” (Concepción del Uruguay) y Escuela N° 12 “Juan Bautista Alberdi” (San José).
En la presentación del proyecto, participaron autoridades y representantes de la Universidad, de la Fundación Banco de Entre Ríos / Grupo Petersen, de la Municipalidad y establecimientos educativos. Por el Municipio local estuvieron representantes de la dirección de Ambiente y de la Secretaría de Producción y Empleo, participando la Lic. Andrea Takáts y el Lic. Francisco Córsico.
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Minería: Gobierno junta a empresarios y ambientalistas para destrabar la actividad

Fecha de Publicación: 02/05/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Lanzan un sistema de información para dar transparencia y lograr licencia social; expondrán Kulfas, Pesce, Marcó del Pont y Moroni, junto a empresarios, en medio de tensiones por el impuesto a la renta inesperada; habrá cambio de autoridades en la Secretaría de Minería
El Gobierno convocó a mineras y ambientalistas para lograr consensos para que avance la minería, actividad que podría triplicar sus exportaciones debido a la transición energética, pero que se encuentra prohibida en 7 provincias del país. El encuentro se da en medio de tensiones con los empresarios mineros por el impuesto a la renta inesperada y en medio de cambios dentro de la Secretaría de Minería, tras la salida del subsecretario, Andrés Vera.
Este lunes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzará la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). Consistirá en una “instancia de debate público”, donde se presentarán informes y expondrán expertos. También se presentará el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (SIACAM), una herramienta virtual de información sobre el sector que busca otorgar “transparencia” en materia de sustentabilidad y regulaciones.
“El objetivo principal es construir consensos respecto a la minería, que permitan desarrollar la actividad con estrictos controles ambientales, potenciando lo bueno que tiene (empleos de altos salarios, federalismo, divisas e insumos para la transición energética), y analizando sus riesgos para mitigarlos”, explicaron desde el ministerio. “Hasta ahora no hubo un diálogo constructivo sobre minería, lo que pasó fue un griterío, un diálogo de sordos”, agregaron.
En esta primera ocasión, expondrán el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. “Hay que ir en contra del mito de que la minería no deja nada en el país”, explicó una fuente del Ministerio. Pesce mencionará el impacto en las divisas: entre 2003 y 2021, la minería fue uno de los pocos sectores que presentó superávit en su balance cambiario por u$s 69.338 millones, según un trabajo de Gonzalo Fernández, director de asistencia al productor minero.
La presencia de Marcó del Pont tiene que ver con el pedido que le hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre los niveles de tributación y los sistemas anti evasión. Además, Moroni contará sobre los salarios del sector, que en 2021 fueron los segundos más altos de la economía, por detrás de hidrocarburos, según el CEP XXI.
Del encuentro también participarán gobernadores, representantes de universidades y organizaciones ambientalistas. Según pudo saber este diario, estarán presentes integrantes de Jóvenes por el Clima, una agrupación referente entre los jóvenes en temáticas ambientales, que otras ONG que se definen como “apartidarias” o “de izquierda” miran de reojo por el diálogo aceitado que generaron con Daniel Schteingart, director del CEP XXI y coordinador del plan Argentina Productiva 2030.
Las dos primeras reuniones de la mesa minera serán en la Ciudad de Buenos Aires, pero después serán en distintos puntos del país. En todos los casos, serán transmitidas por el canal de youtube del Ministerio de Desarrollo Productivo para otorgar mayor transparencia, luego de lo que fue el “chubutazo”,una semana de marchas en contra de la zonificación de las zonas con las mayores reservas de plata del mundo. En los próximos deberá presentarse el Ministerio de Salud, a quien le pidieron un informe sobre las consecuencias de la minería en la salud de la población.

Tensión y cambios
El lanzamiento de la mesa minera se realiza en un contexto de cambios dentro de la Secretaría de Minería. El viernes fue el último día del subsecretario del área, Andrés Vera, numero dos de la secretaria, Fernanda Ávila. Según pudo saber este diario, la renuncia se debe a “motivos personales”. Vera podría seguir trabajando dentro del Ministerio, y su reemplazante también sería de la cartera, aunque será definido esta semana.
Además, otro de los expositores de este lunes será Franco Mignacco, presidente la cámara de empresarios mineros (CAEM), en un momento de tensión entre el Gobierno y los empresarios por el impuesto a la renta inesperada. Mignacco acaba de desembarcar de Bariloche, luego de participar del Foro Llao Llao, donde expuso ante el círculo rojo sobre el panorama del litio y su potencialidad.
Una semana antes del anuncio que hizo el Gobierno acerca de un proyecto a la renta inesperada, los empresarios mineros habían tenido varias reuniones con el Ministerio de Economía para buscar modificar las retenciones, en un esquema que el Ministerio de Economía considera más “progresivo”, como es el caso de las retenciones móviles. Desde el sector aseguran que están en contra de cualquier tipo de retención, por considerarla “regresiva”, algunas empresas lo verían con buenos ojos por subir cuando aumentan los precios internacionales, y bajar cuando descienden. De todos modos, el nuevo impuesto puso en jaque estas negociaciones.
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Un año de BA Recicla: el 50% de los vecinos ya separa la basura

Fecha de Publicación: 02/05/2022
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires
Provincia/Región: CABA


El objetivo es fortalecer la gestión social del sistema, mejorar la infraestructura de disposición, recolección y tratamiento de los residuos y generar un cambio cultural en cada vivienda de la Ciudad.
Un año de BA Recicla: el 50% de los vecinos ya separa la basura BA Recicla se creó hace un año con el objetivo de fortalecer la gestión social del sistema, mejorar la infraestructura de disposición, recolección y tratamiento de los residuos y generar un cambio cultural en cada hogar de la Ciudad.
“Estamos muy contentos de anunciar que el 50% de los vecinos y vecinas ya separa los residuos en su casa”, expresó la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio. Además, sostuvo que “en los últimos meses registramos un aumento en la recepción de material reciclable", y añadió: "Es consecuencia del compromiso de cada vecino y vecina que se suma a reciclar”.

Un año de BA ReciclaUn año de BA Recicla

Durante el primer año
-  Se optimizó el trabajo de los recuperadores/as urbanos/as en las zonas de mayor densidad poblacional.
-  Se pusieron en valor los Centros Verdes de la Ciudad y cumplimos con la instalación de un contenedor verde a menos de 150 metros de cada hogar.
-  El cambio cultural se acompañó con la concientización puerta a puerta de cada hogar de la Ciudad y la entrega del Ecotacho. Gracias al compromiso de los vecinos y vecinas se creó la Red de Embajadores Verdes, sumado a la Red de Economía Circular y el programa Ecopuntos, entre otros hitos. La concientización puerta a puerta continúa hasta alcanzar el millón de hogares.
“Si bien éste es un avance muy importante, no nos conformamos: queremos que todos los vecinos se sumen a este cambio cultural”, expresó el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel. Del mismo modo, indicó que "se están poniendo un montón de herramientas a disposición, como los centros verdes, los ecotachos y los contenedores a 150 metros de la casa de cada vecino", y completó: "Reciclar tiene que ser una tarea fácil, al alcance de cada ciudadano, sin complicarle la vida a nadie”.

Próximos pasos
-  Aspiramos a que todos los vecinos y vecinas separen sus residuos. Ya lo hace el 50% de la Ciudad y eso se ve acompañado por un aumento sostenido del material reciclable recuperado en los últimos meses. El 50% reconoce separar sus residuos siempre en su hogar y un 20% declara hacerlo a veces, según un informe de Aresco de Diciembre de 2021.
-  Se intensificarán las fiscalizaciones e intimaciones a las administraciones para que cumplan con la separación en los edificios y dispongan correctamente los residuos en el espacio público, tal como lo establece la ley de Basura Cero.

Compromisos cumplidos
Gestión social de reciclado: afianzamos el rol de los Recuperadores/as Urbanos/as
-  Recorren las zonas más densamente pobladas para optimizar su trabajo y recuperar más material. Contamos con 6.613 recuperadores/as. 4.042 recorren las zonas más pobladas como el corredor norte (comuna 1, 2, 13 y 14) y el corredor centro (comuna 3, 5, 6, 10, 11, 12 y 15). Los restantes 2.571 están a cargo de la operación de los Centros Verdes y de la logística del transporte.
Infraestructura en el espacio público: instalamos contenedores verdes a menos de 150 metros de cada hogar
-  En las 15 comunas de la Ciudad. De esta manera, los residuos que separa cada vecino y vecina pueden disponerse en forma correcta para luego ser procesados en los Centros Verdes. Hoy tenemos 2.845 contenedores verdes.

Mejoras en los Centros Verdes
-  La Ciudad tiene 16 Centros Verdes y ya realizamos 97 obras con el objetivo de sumar espacio de acopio, mejorar la clasificación de materiales y la infraestructura.
Campaña de concientización puerta a puerta en toda la Ciudad
-  Nuestro objetivo es que en todos los hogares de la ciudad sea posible separar los residuos reciclables, por eso ya entregamos más de 420.000 Ecotachos y capacitamos a encargados y administradores de edificios.
Creamos 6 Estaciones Puntos Verdes
-  Generando espacios especiales en una selección de los Puntos Verdes de la Ciudad, para que sean un lugar de capacitación y participación de vecinos y vecinas, y para que puedan incorporar hábitos más sustentables.
Creamos la Red de Economía Circular que ya tiene 263 organizaciones adheridas
-  Para generar espacios de diálogo entre distintos actores de la sociedad -empresas, ONGs y universidades- y fomentar acciones de sustentabilidad en conjunto. Algunas de las instituciones que conforman la red son: Coca Cola, UCA, Racing Club, Raízen Argentina y Fundación Manos Verdes.
Entregamos 61 Sellos Verdes
-  A instituciones y empresas de la Red, como reconocimiento a las buenas prácticas en su gestión de sus residuos.
Lanzamos el programa Embajadores Verdes
-  Vecinos y vecinas participan como voceros y agentes de sustentabilidad entre sus conocidos y en sus barrios. Hoy ya hay más de 5.000.
Tercera edición de EcoPuntos
- Un programa que incentiva a adquirir hábitos más sustentables. Por cada acción sustentable en torno a la gestión de residuos se suman puntos para participar por diferentes premios. En 2021 participaron más de 4.000 vecinos y vecinas.
Ampliamos la presencia de Promotoras Ambientales
-  En las 15 comunas de la Ciudad. Tenemos 72 promotoras en calle que realizan distintas acciones para consolidar la concientización e información sobre reciclaje a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad.
Instalamos 48 Composteras Comunitarias
-  En 15 Puntos Verdes y en el Velódromo. El proceso de compostaje se realiza in situ dentro de cada compostera.
Recolectamos más de 100.000 kilos de orgánicos en los Puntos Verdes y FIABs
-  Luego de la recolección, los residuos orgánicos son trasladados a la Planta de Tratamiento ubicada en el Centro de Reciclaje de la Ciudad para hacer compost para nuestros parques y plazas.
Recolectamos más de 15.000 kilos de Botellas de Amor
-  Son botellas PET que se rellenan con plásticos de un solo uso y se recolectan en los Puntos Verdes y en 20 puntos de recolección en distintas instituciones públicas y privadas. Son entregadas a la Fundación Regenerar para su tratamiento y conversión en madera plástica que luego se utiliza en obras de mantenimiento; por ejemplo, el recambio del piso del Puente de la Mujer y en bancos de plazas y paradas de colectivos.
Intensificaremos las fiscalizaciones, intimaciones y multas a las administraciones de edificio que no separen sus residuos
-  Estamos duplicando los controles para que los edificios cuenten con doble cesto en espacios comunes y dispongan correctamente los residuos en el espacio público y se inscriban en el registro de generadores de reciclables.
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El Gobierno trabaja en un proyecto para aumentar las penas contra el maltrato animal

Fecha de Publicación: 02/05/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Lo anunció el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, en el cierre del Foro Federal de Bienestar Animal, donde exhortó a trabajar para cambiar "la posición dominante de los humanos sobre la naturaleza".
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció este viernes, en el marco del Día del Animal, el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre bienestar animal, elaborado con la participación de distintos sectores y que busca penar el maltrato en diferentes situaciones.
"En el siglo 20 aún no se comprende, pese a innumerables fallos de la justicia, incluso en la Argentina, la totalidad de la importancia de respetar los derechos de los animales, que son seres vivos, que nos ponen en una situación que debemos resignificar", dijo el ministro. En ese marco, planteó que no se puede demorar "un minuto más" en "comprender la problemática del bienestar animal".
Cabandié enumeró los distintos aspectos consensuados "con la participación amplia de academias, agencias, ONG, y de los que vienen peleando cada día, con mucho esfuerzo en torno a los derechos de los animales", al hablar en el cierre del Foro Federal de Bienestar Animal, que se realizó en coincidencia con el Día del Animal, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.
 "No podemos estar con espectáculos circenses, demostrando las destrezas de animales; con la posibilidad de importar fauna silvestre como si fuera un bien producido; no podemos estar con zoológicos o cotos de caza, y debemos aumentar las penas", postuló.
El ministro agregó que, desde el Gobierno nacional, "de ninguna manera" se va a permitir que salgan del país "trofeos de caza, representando lo peor de una sociedad que quedó en el pasado", y exhortó a trabajar para cambiar "la posición dominante de los humanos sobre la naturaleza".
Por su parte, la secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó que el objetivo del foro es "repensar y cambiar paradigmas, para asistir a nuevos cuerpos normativos e instar a políticas públicas territoriales que sean una herramienta en la construcción del bienestar animal".
El Foro Federal de Bienestar Animal constituye un espacio de intercambio amplio y plural en cuyo marco se busca impulsar una ley que proteja y mejore las condiciones de vida de los animales, y está destinado a investigadores, especialistas, instituciones públicas y privadas y personas interesadas en la temática de todo el país.
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Venta de Costa Salguero y Punta Carrasco: ¿democracia ambiental o negocios inmobiliarios?

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: La Noticia Web
Provincia/Región: Capital Federal


Proponen 8 hectáreas de parque, 3 de playa y un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no dicen es que el resto será vendido para emprendimientos de lujo sacrificando este borde costero verde y público.
En los últimos días amanecimos con la feliz noticia que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires convalidó la iniciativa popular que propone un parque público en Costa Salguero y Punta Carrasco y confirmó que nuestra propuesta ciudadana cuenta con 53.709 firmas. Por eso, ahora la Legislatura deberá darle tratamiento a lo que propusimos los vecinos.
Ante la necesidad de dar respuesta a cuestiones ambientales, efectos del calentamiento global en zonas costeras, cuestiones de accesibilidad al espacio público y al contacto con el medio natural, política portuaria y aeroportuaria desde la ciudadanía hemos venido debatiendo estos temas, al menos que yo recuerde, desde 1990 y propiciando la recuperación de la costa como espacio verde y público. Así lo consagramos en 1996 en la Constitución de la Ciudad.
En el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad instituimos:”…Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación….” y que “En su carácter de corribereña …, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas…” que “Serán consideradas como reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas…”.
Por su parte la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, aún vigente, dice en su art. 9, sobre Espacios públicos: “c) 4. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas” y en “6. a) Resolver el acceso franco de la población a la ribera”; “d) Preservar con carácter de patrimonio natural e impulsar el uso público de los tramos costeros que aún conserven características naturales” y “e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes”.
Como legisladora entre el 2010 y el 2014 me opuse a la privatización de espacios públicos y a la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios. Luego conformamos desde 2015 diferentes movimientos vecinales desde donde articulamos la resistencia a estos procesos. Desde allí participamos en todas las audiencias públicas, judicializamos muchos casos con variados éxitos y fracasos y organizamos marchas, movilizaciones, abrazos y eventos públicos y callejeros de lo más variados.
Recordemos además que después de varias décadas de proyectos frustrados para recuperar la relación con el río, uno de la Fundación Ciudad había contando con el apoyo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires -que integramos cientos de organizaciones de la sociedad civil- y que alcanzó el consenso para llegar a la Legislatura el 6 de mayo de 2020- aunque nunca logramos que se tratara-. Efectivamente al vencerse las cuestionadas, ilegales e irrisorias concesiones del Costa Salguero y Punta Carrasco éramos muchas las voces ciudadanas planteando la recuperación costera y la creación de un gran parque verde y público.
A pesar de nuestras movilizaciones, Larreta envió a la Legislatura un proyecto para hacer todo lo contrario. Participamos en una audiencia pública donde la mayoría abrumadora de los 7500 participantes inscriptos/as nos manifestamos en contra. El Ejecutivo y su domesticada Legislatura siguieron adelante. Por ello el rechazo de distintos sectores de la ciudadanía nos llevó a hacer uso del derecho constitucional y recurrir a la Ley N° 40, que regula el procedimiento de iniciativa popular. Y, el 9 de noviembre de 2021, organizaciones sociales, políticas, ecologistas, de DDHH y agrupaciones profesionales presentamos ante la Legislatura un proyecto que logramos fuera apoyado por un total de 53.709 firmas. A través del mismo, solicitamos la derogación de la ley que habilita la venta de Costa Salguero, y la creación de un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en los predio de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Como la transformación extractivista en la Ciudad no para, el 5 de diciembre de 2021, su mayoría parlamentaria  aprobó la segunda lectura de la ley (Ley 6289) permitiendo construir torres en esos predios sin escuchar el clamor popular en contrario.
Después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas. La iniciativa popular cumplió con el procedimiento (“Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”) y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta ciudadana. No pueden seguir ignorando lo que dijimos en las calles y en las movilizaciones.
Paradójicamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la misma tarde en la que el TSJ dictaba su resolución se sacaba fotos y subía a sus redes sociales lo que cínicamente llamen el “Plan integral de transformación y recuperación de la costa de la Ciudad para volver a disfrutar el río”. En su estilo disneyficado (donde “lo falso es real”) y gracias a su comunicación prestidigitadora, nos muestran que proponen 8 hectáreas de parque en Costa Salguero con un paseo de usos mixtos (lo que quiere decir que será un patio de comidas y shopping), 3 hectáreas  de playa y cierran con el chantaje moral de un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no muestran es que todo el conjunto en debate es de 63 hectáreas. Y que lo que no dicen es que el resto va a ser vendido para hacer torres y emprendimientos de lujo sacrificando la voluntad popular que defiende como un bien común este borde costero para que todo sea parque verde y público.
Una vez más la ciudadanía en defensa del ambiente y el Buen Vivir urbano ponemos en jaque a la democracia representativa cómplice del extractivismo urbano. Como ocurrió en Mendoza y en Chubut donde el pueblo salió a las calles sin grieta para enfrentar decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo contrarias a su voluntad y que generaban graves e irreversibles daños ambientales. El poder político debió volver atrás sobre sus pasos y revertir sus malas decisiones acorralado por la participación ciudadana.
Debería suponerse que la consagración constitucional de la democracia participativa en nuestra Ciudad debiera evitar que se generen esos conflictos. Sin embargo no es así. De nada valen los textos constitucionales y legales, si la política no se somete a sus reglas. Pero un resorte de reaseguro viene en nuestra ayuda: la iniciativa popular.
A pesar de los escollos que la reglamentación de esta ley plantea que lo han hecho de difícil e infrecuente práctica, en esta oportunidad logramos que funcione. Es la primera vez que se llegan a lograr las firmas suficientes y que el TSJ las convalida. Es un acontecimiento histórico para la participación directa. Ello no hubiera sido posible sin organización política. Un sector de la política escuchó el clamor ciudadano, se sensibilizó y se puso al frente del reclamo. Como debe ser.
Cuando la política escucha avanzamos. Cuando la política se cierra sobre si misma -sean cuales sean sus intereses o motivaciones- y se aparta de la voluntad soberana se quiebra hasta la esencia de la democracia. En estas tensiones estamos.
En la Ciudad, las señales de Larreta y sus acólitos no son buenas. Parecen seguir adelante con su plan privatizador, a pesar de nuestra iniciativa popular, edulcorándonos la venta que se viene marketineando como parque los patios traseros e intersticios de sus edificios de élite. De nuestra capacidad de movilización ciudadana y popular durante este año en el que deben tratar nuestra iniciativa dependerá si podemos torcer el rumbo y ganar la pulseada a los sectores del extractivismo inmobiliario.
En el ámbito nacional son aun pocos los buenos ejemplos de la política que asumen en serio la agenda ambiental y la democracia participativa. Algunos/as han comenzado a aceptar que deben deconstruirse, salir del modelo del falso “progreso” en base a un supuesto “desarrollo” depredador y empiezan a bosquejar algunas acciones para un desarrollo sustentable y sostenible.
Desde el ecofeminismo seguiremos construyendo conciencia ciudadana y apostando a cambiar la política para que escuche, como lo hicimos y logramos con la agenda de género.
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Avanza el Inventario de Humedales de la Cuenca

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


En el marco del acuerdo con el CONICET, continúan las tareas de campo planificadas en sitios de interés de la Cuenca y  personal del organismo se capacitó sobre sistemas de información geográfica para el estudio de humedales.
ACUMAR continúa con el desarrollo de tareas enmarcadas en el acuerdo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para avanzar en el proyecto de investigación y desarrollo para la delimitación, caracterización y tipificación de los humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, en el marco del Inventario Nacional.
Los equipos del organismo junto a representantes de las diferentes jurisdicciones que componen la Cuenca, de organizaciones de la sociedad civil y del CONICET visitaron, en lo que va del año, la Reserva Natural Bosques de Ciudad Evita, en La Matanza, la Reserva Natural, Integral y Mixta “Laguna de Rocha”, en Esteban Echeverría, terrenos en General Las Heras y otros puntos de interés aledaños.
En recientes salidas de campo, se convocó a especialistas del Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena – Instituto de Geomorfología y Suelos de la Universidad Nacional de La Plata para profundizar el estudio de los suelos. En tanto, por el interés que genera el trabajo que se está llevando adelante, se sumaron también otros organismos de gestión como el Instituto Nacional del Agua.
Estos relevamientos tienen como objetivo supervisar sitios representativos, realizar ensayos de suelo buscando rasgos que indiquen condiciones de anegamiento del suelo (hidromorfismo) a fin de ajustar la delimitación de los humedales, llevar a cabo mediciones de agua, tomar datos y registro de plantas indicadoras de humedales (hidrófitas) ya que poseen adaptaciones para vivir en ambientes con agua, y realizar tomas aéreas del paisaje para tener registros del mosaico de humedales a distintas alturas.

Hacia el Mapa de Humedales de la Cuenca
Este trabajo, que continuará durante los próximos meses, permitirá contar con mayor información y generar conocimiento de base sobre estas zonas ecológicamente estratégicas. Como resultado, se espera contar con el “Mapa de Humedales de la Cuenca”, que será un insumo para mejorar la gestión del organismo y los municipios que lo integran, ya que conformará una capa de datos georreferenciada de carácter público sobre los humedales de la Cuenca, ampliando así el repositorio de datos disponible en Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental Territorial de ACUMAR (SIOAT).
Por ello, desde finales de marzo comenzó a dictarse la capacitación interna “Sistemas de información geográfica para el estudio de humedales” brindada por el director a cargo del proyecto de Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo del CONICET, Rafael Grimson.
Estos ocho encuentros semanales de 2 horas cada uno buscan fortalecer al personal del organismo que desempeña tareas de procesamiento de datos con sistemas de información geográfica y es responsable de capas del SIOAT a través de la incorporación de herramientas y conocimientos especializados que permitan mejorar y optimizar los esfuerzos y el trabajo que se lleva a cabo todos los días en el marco de las acciones para alcanzar el saneamiento de la Cuenca.
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El Gobierno nacional analiza presentar un proyecto para centralizar el manejo del agua

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional


Este proyecto es impulsado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien aprovechó el viaje a Israel para instalar el tema. Algunas provincias ya se mostraron en desacuerdo con la idea.
El Gobierno nacional anunció que está trabajando en un proyecto con el cual pretende centralizar el manejo del agua, y que el mismo esté bajo la órbita del Ministerio del Interior. La información proviene del propio titular de la cartera, Eduardo De Pedro, quien aprovechó la misión nacional hacia Israel para dar a conocer sus intenciones a varios de los gobernadores que se encuentran allí.
En el caso de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez –único miembro opositor de la comitiva – y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; se mostraron en contra de esta propuesta, que aún está en estudio.
Según medios nacionales, De Pedro mantuvo una reunión con algunos de los gobernadores peronistas que están en Israel y comunicó la idea que tiene en mente desde que comenzó su gestión al frente del Ministerio del Interior, en diciembre del 2019.
Luego de una charla que brindó Diego Berger, el director del área de asuntos internacionales de Mekorot, una planta central de filtrado que es la cuarta más grande del mundo, De Pedro sostuvo, que realizaron en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI, co-organizador del viaje), “un borrador de proyecto de ley de gestión centralizada del agua, y quisiéramos firmar un convenio de asesoramiento, para empezar a gestionar un sistema centralizado del agua en la Argentina”. Sin embargo, por ahora se difundieron pocos detalles de la iniciativa en ciernes.
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La criptominería pone en jaque al sistema eléctrico de Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 29/04/2022
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La actividad se lleva el 22% del consumo total en la isla. El tendido está al límite, dice el gobierno provincial. Hay quejas por los subsidios.
Favorecida por las tarifas baratas, Tierra del Fuego se transformó en la capital de la minería de criptomonedas. Lo que podría ser una buena noticia genera una enorme preocupación en el gobierno provincial. La razón es que la actividad, casi sin regulación y con un clima apropiado para refrigerar los equipos, consume el 22% de la energía eléctrica de toda la isla. “Las 3 principales ciudades, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin están al límite”, grafica Moisés Solorza, el secretario de Energía provincial.
Según un informe la distribuidora mayorista Cammesa, entre agosto y octubre, Tierra del Fuego consumió 40,2 megavatios, de los cuales 9,7 megavatios correspondió a empresas criptomineras. En el rubro destacan BitPatagonia (que se radicó en el territorio en 2018) y el grupo Leanval, que ensambla pequeños electrodomésticos desde 1967. No obstante, dicen que hay muchos particulares volcados a la actividad, atraídos por el bajo costo de crear nuevos bitcoins o ethereum, por citar las cripto más populares.
Tierra del Fuego es un lugar más que propicio para eso. Ocurre que la minería de criptodivisas requiere mucha cantidad de energía eléctrica para alimentar las granjas de servidores, computadoras y placas de video entrelazadas. Por ese motivo es que los lugares fríos resulta propicio para enfriar (casi sin costo) los equipamientos. El Estado Nacional subsidia las tarifas, pero la generación y el mantenimiento de la infraestructura corre por cuenta de la provincia.
“Tierra del Fuego no está en el SADI ( Sistema Argentino de Interconexión) y estamos gestionando insistentemente para sostener la energía instalada y el equipamiento heredado, que es casi obsoleto en su mayoría”, dijo Solorza a Clarín. El administración actual, que conduce Gustavo Melella, afín a la Casa Rosada, culpa al gobierno anterior (la peronista Roxana Bertone) por “fomentar la criptominería de manera irresponsable”.
La llegada del invierno preocupa a las autoridades. El temor es que el aumento del consumo eléctrico provoque interrupciones del servicio. Se trata de un insumo del que depende las familias y los fabricantes de celulares, televisores y aires, entre otros. Además de las grandes granjas productoras de criptos, “proliferaron las micromineras hogareñas y la falta de controles que se debieron establecer para fijar pautas y regular normas”, agrega el funcionario.
La mención no es casual. Muchos países, entre ellos China, India o Rusia, regularon la actividad por los altos riesgos energéticos. Hay otros que también tienen a la actividad en la mira, apesadumbrados por la enorme cantidad de electricidad que consumen las empresas del rubro.
Atraído por el contexto altamente favorable, BitPatagonia se instaló en la isla a principios de 2018 para producir bitcoins, cuya cotización llegó a rozar los US$ 65.000 la unidad. Hoy está apenas por debajo de los U$$ 40.000. Para mejorar los costos, BitPatagonia subalquiló un espacio en una de las plantas de Newsan, en Ushuaia, que cuenta con medidor propio. “Aparte nos calefacciona el edificio”, afirmaron desde el grupo empresario, que lidera Rubén Cherñajovsky.
Minar bitcoins equivale a imprimir dinero en el mundo real, con una diferencia. Sus impulsores sostienen que sólo habrá 21 millones de unidades y por eso suponen que su precio no parará de subir. La minería consiste en resolver complejos acertijos criptográficos, lo que sólo es posible con un gigantesco poder de cómputo. De allí las granjas y redes informáticas que se arman con el objetivo de acreditar criptomonedas. Para las empresas, la ecuación es costo (energía, sobre todo), beneficio (cobrar en criptomonedas).
En Tierra del Fuego hacen otras cuentas. Lo describe Solorza: “Usan la infraestructura instalada sin aportar nada por su uso y no pagan cánon por el uso de la red. Esto hay que ordenarlo, regularlo y creo que el Estado debe participar en la venta de servicios, con energía a precios justos y con el cobro de impuestos”, enumera.
El funcionario añade que todo esto está bajo análisis, lo mismo que el tendido eléctrico del que depende la población fueguina. En paralelo y por la alta inflación, las criptomonedas causan furor entre los argentinos.Un estudio reciente detectó que Buenos Aires, Córdoba y Quilmes son los tres distritos del país con mayor cantidad de operaciones. Lomas de Zamora y Berazategui los siguen de cerca.
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Aprueban el traslado de las elefantas Pocha y Guillermina desde Mendoza a Brasil

Fecha de Publicación: 29/04/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Mendoza


Tras la aprobación y firma del permiso CITES, la madre y su hija viajarán a mediados de mayo al "Santuario de Elefantes Brasil", ubicado en las afueras de Cuiabá.
Los certificados necesarios para poder trasladar a las elefantas Pocha y Guillermina del exzoológico mendocino a un santuario en Brasil ya fueron aprobados por la cartera de Ambiente, informó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance.
Se trata de una madre y su hija, ambas alojadas en el exzoológico mendocino convertido en Ecoparque, que el Gobierno provincial busca trasladar a un "santuario de elefantes" ubicado en las afueras de Cuiabá, en el estado brasileño de Mato Grosso.
"El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó este martes los certificados de exportación CITES para que las elefantas asiáticas, residentes en el Ecoparque Mendoza, puedan comenzar su viaje hacia su nuevo hogar en el Santuario de Elefantes de Brasil", afirmó Mingorance en una nota de prensa publicada por el gobierno mendocino.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies. Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación ratificaron a Télam que "se firmó el permiso CITES", para trasladar a los animales.
En los últimos días, el Ministerio de Ambiente había informado su decisión de consultar a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) sobre la pertinencia de trasladar a dos elefantas de Mendoza a un área protegida privada en Brasil que no se encontraba registrada como santuario.
Desde Ambiente de Nación sostenían que la inexistencia de la categoría de santuario para el espacio de acogida constituye un llamado de atención y motiva la consulta para "no incurrir en una irresponsabilidad". La solicitud de la cartera a dicha unidad fiscal se efectuó en base a una inspección que realizó en febrero la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio al "Santuario de Elefantes Brasil".
En tanto, desde la secretaría de Ambiente, añadieron que "se aportó documentación que respalda la idoneidad y aptitud del Santuario de Elefantes de Brasil para recibir a todos los elefantes que aún se encuentran cautivos en Argentina".
Indicaron, además, que "como cualquier traslado internacional de animales protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la obtención de las numerosas autorizaciones resulta muy compleja e involucra vencimientos impostergables tanto por parte del país importador de animales (Brasil en este caso), como por parte del país exportador (Argentina en este caso)".
"Gracias a la movilización social y las gestiones técnicas y políticas emprendidas por el Gobierno de Mendoza, los CITES de exportación han llegado a Mendoza. Ahora, Pocha y Guillermina avanzarán hacia la próxima etapa de su viaje a Brasil, la cual consiste en la finalización del período cuarentenario fiscalizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la adaptación de cierre de puertas de sus cajas de transporte", añadió Mingorance.
El Gobierno de Mendoza y el Santuario de Elefantes de Brasil ya se encuentran coordinando el operativo logístico binacional, por lo cual las autoridades locales prevén que las elefantas comiencen su viaje a mediados de mayo.
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San Juan se suma al boom del litio: minera canadiense comenzó la exploración de un nuevo proyecto, que también disputa La Rioja

Fecha de Publicación: 29/04/2022
Fuente: EcoJornal
Provincia/Región: San Juan


Los Sapitos le abrió la posibilidad a San Juan de contar con un proyecto de litio, un mineral que hasta ahora se desarrolla solamente en Catamarca, Jujuy y Salta. Pero una zona del proyecto también se encuentra en La Rioja. Podría abrirse una nueva disputa entre los gobernadores Uñac y Quintela por un proyecto minero.
La minera canadiense Origen Resources comenzó la etapa de exploración del proyecto de litio Los Sapitos en la provincia de San Juan. Es un proyecto que en total tiene 47.000 hectáreas ubicadas en gran parte dentro de San Juan, aunque también abarca una zona de La Rioja. El año pasado el gobierno del riojano Ricardo Quintela le otorgó a la misma empresa minera un permiso para que también explore el área.
El inicio de los trabajos de exploración de Los Sapitos es toda una novedad ya que con este proyecto San Juan se suma al boom del litio, que hasta el momento tiene impacto solamente en Catamarca, Jujuy y Salta, las tres provincias que forman la parte argentina del Triángulo del Litio (junto a Bolivia y Chile), donde se encuentra la mayor reserva del mundo de este mineral. Origen Resourcesadquirió el 100% del proyecto en octubre de 2021 por US$ 50.000 y planea invertir US$ 200.000 en el primer año de los trabajos de exploración.

Exploración de litio en La Rioja
En noviembre del año pasado, un mes después de que Origen Resources adquiera el proyecto, el gobierno de Quintela le otorgó un permiso a la misma empresa canadiense para que también expanda la exploración sobre un área de 21.000 hectáreas en el oeste de La Rioja.
Al mismo tiempo, la gobernación de Sergio Uñac en San Juan mira con atención al proyecto porque Los Sapitos significa para esta provincia, con fuerte tradición minera, que pueda sumarse al boom del litio.
Ambas provincias tienen un antecedente reciente en disputas por un proyecto minero. En el norte de San Juan, limítrofe con La Rioja, también se encuentra el megaproyecto de cobre Josemaría, que acaba de obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental y se prepara para comenzar la construcción. A mediados del año pasado, la gobernación de Quintela tuvo la intención de disputarle a San Juan las regalías de Josemaría, que podría exportar por más de US$ 1.150 millones anuales. En esta oportunidad, la Casa Rosada prefirió apoyar los reclamos de Uñac para quedarse con los beneficios del proyecto minero.  

Exploración de Los Sapitos
Origen Resources, empresa con base en Vancouver, informó este miércoles que inició la “movilización de cuadrillas” a la zona para activar el programa inicial de exploración que “se centrará en obtener muestras representativas de salmuera y arcilla en las inmediaciones del salar Los Sapitos y en investigar la logística para trabajos geofísicos, de teledetección y de muestreo en el proyecto durante las próximas semanas”. La minera canadiense destaca que las características del proyecto Los Sapitos son similares a los desarrollos de que forman parte del Triángulo del Litio.
Blake Morgan, presidente de la compañía, señaló que «estamos entusiasmados de movilizar equipos a este distrito de litio emergente en Argentina. El proyecto Los Sapitos en la Argentina muestra características geológicas similares a los depósitos de litio en Nevada (Estados Unidos) y México. Origen Resources está bien capitalizado para financiar el programa de exploración como resultado de su éxito en su estrategia de inversión».
Además, el comunicado de Origen Resources afirma que “la tecnología de extracción para liberar litio de la arcilla ha mejorado mucho en los últimos años y ha brindado a los exploradores y productores otra vía para encontrar recursos que no se consideraban favorables hace apenas diez años”.
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Hidrovía Paraguay-Paraná: tres décadas de impactos socioambientales y de democracia ausente

Fecha de Publicación: 28/04/2022
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La privatización del río Paraná comenzó en la década del 90 y se mantuvo con todos los y las presidentes. Nunca se contemplaron las opiniones de las poblaciones que viven en la región ni los impactos socioambientales. Tras una tibia mención de estatización, el gobierno nacional reforzó la vía privatizadora y dio la espalda a la participación ciudadana.
La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye en Argentina la infraestructura más importante para el desarrollo de los agronegocios, en especial el tramo Santa Fe-Océano. Actualmente, a través de esta vía navegable, nuestro país canaliza alrededor del 80 por ciento de las exportaciones y el 95 por ciento de las importaciones, siendo la provincia de Santa Fe el área más afectada.
La Hidrovía fue puesta en marcha durante la década de 1990 en el marco del Acuerdo Mercosur, y cobró mayor desarrollo durante el siglo XXI funcionando como un eje de la conocida Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa —iniciativa nacida en 2000 y que incluye a 12 países—).
El proyecto original abarca 3442 kilómetros, recorre los ríos Paraguay y Paraná desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay). Hasta el momento, no todos los tramos fueron desarrollados de manera completa ni todos los proyectos asociados a la misma han sido concretados.
Desde 1995 el emplazamiento de la Hidrovía en Argentina significó, de hecho, la privatización del río Paraná. En ese año se concesionaron las obras de acondicionamiento del río a cambio del cobro de peajes al consorcio Hidrovías S.A. conformado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Emepa. Inicialmente la concesión se otorgó por diez años y en 2010, luego de un proceso de negociaciones entre usuarios de la Hidrovía y el Estado, se extendió hasta abril del 2021.

La Hidrovía hoy: la participación ciudadana sigue ausente
El gobierno nacional lanzó en agosto de 2020 la propuesta de constituir una Agencia Federal de Regulación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que estaría integrada por las provincias ribereñas de los ríos Paraguay y Paraná (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y por el Estado nacional. Asimismo, anunció la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado, empresa pública que sustituiría al consorcio Hidrovía Sociedad Anónima, con el objetivo de recuperar la gestión estatal de la vía navegable y el cobro de peaje. En noviembre del mismo año, con el decreto 949/2020 el ejecutivo nacional se desentendió de la posibilidad de concretar la estatización e instruyó al Ministerio de Transporte a organizar y lanzar una licitación pública nacional e internacional para continuar con el régimen de concesión de obra pública por cobro de peaje y a riesgo empresario.
Sin embargo, la intención de contar con una mirada federal sobre el proceso de elaboración de pliegos de la licitación prevista se materializó en las reuniones del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) durante febrero y marzo de 2021, en las que participaron los gobiernos nacional y de las siete provincias. También participaron como observadoras organizaciones sindicales, cámaras empresariales, instituciones universitarias y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Taller Ecologista (Rosario), Fundación Cauce (Paraná) y Fundación Humedales (CABA). Estas tenían la posibilidad de elevar propuestas a las comisiones de planificación estratégica y económica, de obras e infraestructura y de ambiente, que el CFH tomaría como insumos para la elaboración de pliegos, aunque sin carácter vinculante.
La propuesta presentada por Taller Ecologista, Cauce y Fundación Humedales —avalada por más de cincuenta organizaciones sociales y ambientales argentinas y de otros países de la región—, abarcó cuatro aspectos: garantizar el acceso a la información pública en todo lo concerniente a la gestión de la hidrovía; desarrollar estudios de impacto ambiental integrales con metodologías adecuadas a las complejidades de los ecosistemas y comunidades afectados por el proyecto y las obras, y llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica sobre la política de infraestructura y navegación fluvial en la Argentina; constituir el órgano de control previsto y nunca creado, que incluyera diferentes actores (no sólo los gubernamentales y empresariales); y asegurar la efectiva participación ciudadana en todos los procesos decisorios sobre la hidrovía.
Con el correr de los meses y ante cambios en la cartera nacional de Transporte, el proceso de cierta apertura y participación limitada iniciado por el Consejo Federal se fue desvaneciendo y tornándose nuevamente hermético. Con el decreto nacional 427/2021, el Ejecutivo otorgó la gestión de la vía navegable troncal a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP), ente estatal que hasta ese momento no contaba con competencias en obras de dragado y balizamiento en canales navegables y la facultó para realizar contrataciones directas y licitaciones cortas. Y mediante el decreto 556/2021 creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, con sede en la ciudad de Rosario, con el objetivo de percibir el peaje como tarea primordial. Este organismo descentralizado del Ministerio de Transporte no incorporó a las organizaciones sociales en ninguna instancia de su estructura institucional, desatendiendo el rol de la participación ciudadana en la planificación y el control de vía navegable, fundamentalmente en sus aspectos socioambientales.
A esta falta de participación de organizaciones sociales, se suma la de las comunidades afectadas por esta infraestructura. En los últimos meses, vecinos de Villa La Rivera, situada en cercanías de los complejos agroportuarios del Gran Rosario (Santa Fe), vienen reclamando obras viales que ordenen el intenso tráfico de camiones que bloquea los accesos a la localidad. En Ramallo (Buenos Aires) organizaciones y vecinos se movilizaron al detectar la realización de obras de dragado en el paso de la Isla Las Hermanas, a la altura de esa localidad, sobre las que no disponían de información alguna.
En casi 30 años de funcionamiento de la Hidrovía, los sucesivos gobiernos no habilitaron canales de comunicación y de participación efectiva que se oriente a la democratización de las decisiones, que no incumben sólo al canal navegable sino a un amplio territorio asociado que sufre las consecuencias de sus dinámicas.

Los déficits ambientales de la Hidrovía
Para los intereses del mercado es importante separar la cuestión denominada “ambiental” (lo estrictamente biofísico) de la cuestión social, en aras de desarmar la conflictividad que este tipo de obras provoca en los territorios. Acorde a tal lógica, los estudios de impacto ambiental oficiales realizados desde los inicios de la concesión, siguieron métodos tradicionales de evaluación; es decir, se enfocaron en los procesos biofísicos sin contemplar la diversidad de implicaciones que la vía navegable posee en los territorios productores y procesadores de las commodities transportadas en barcazas y buques oceánicos.
No se realizaron evaluaciones de impacto ambiental integrales y rigurosas sobre el funcionamiento de la Hidrovía. Los estudios han sido parciales, por tramos de los ríos involucrados, y no contemplan aspectos relevantes vinculados con las poblaciones y los territorios afectados. En efecto, estos estudios se centran en aspectos biológicos y del medio biofísico (por ejemplo, población ictícola y microorganismos, calidad del agua, flora acuática), e impactos derivados de la navegación y de las obras de dragado; y utilizan metodologías basadas en recopilación de análisis y bibliografía de antecedentes, sin desarrollar investigaciones in situ (es decir, en el río) o de laboratorio.
Lo que los estudios disponibles omiten es la estrecha relación que existe entre la Hidrovía (y sus sucesivas profundizaciones), los impactos del avance de la frontera agropecuaria y la conformación de enclaves agroexportadores. Tanto los impactos de las actividades agropecuarias de escala industrial en los territorios y en la salud de las poblaciones, como los impactos que ha tenido el desarrollo de los complejos agroindustriales y portuarios del Gran Rosario no fueron contemplados en las evaluaciones de impacto oficiales.
Esta es una situación que pareciera se repetirá en el actual proceso licitatorio. Según información periodística reciente, la Administración General de Puertos firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Matanza para llevar adelante estudios de impacto ambiental de la Hidrovía que mostrarían el mismo déficit que los anteriores, al no contemplar los impactos socioecológicos territoriales.

Profundizar el modelo con más impactos negativos en el río y la sociedad
El recientemente lanzado Plan Argentina Productiva 2030 tiene entre sus objetivos duplicar las exportaciones y llevarlas de las actuales 87.000 millones a 174.000 millones.
Al ser la Hidrovía la principal infraestructura destinada a la exportación, esta meta exigiría la profundización del río para ampliar la capacidad de carga de los buques interoceánicos y facilitar su navegabilidad.
Luego de 27 años de funcionamiento de la vía navegable, y de los profundos impactos que el modelo agroexportador tuvo en el país, desde las esferas de decisión no se ha tomado ninguna medida que los contemple, muy al contrario, se pretende ampliar la navegación bajo una gestión privatista siguiendo esquemas de los 90, sin realizar evaluaciones y estudios ambientales adecuados. Por lo tanto, el plan implica profundizar el modelo, profundizar el río y profundizar los impactos sociales y ambientales en las poblaciones y los territorios.
Ante esta situación y en el marco del actual proceso de planificación de la futura vía navegable, incierto y con falta de claridad, objeto de numerosos lobbys y presiones por parte de actores económicos y gubernamentales (internacionales, nacionales, provinciales y locales), es que desde nuestras organizaciones sostenemos que es fundamental que el gobierno nacional y los provinciales garanticen espacios de participación ciudadana y el acceso a la información pública efectivos, de manera que la ciudadanía y las comunidades afectadas podamos intervenir en las decisiones que afectan nuestras vidas y las de nuestros ríos y territorios.
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El Gobierno anunció la implementación del etiquetado vehicular de eficiencia energética

Fecha de Publicación: 28/04/2022
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa tiene tiene como objetivos mitigar las emisiones de dióxido de carbono, impulsar la transición energética hacia combustibles con menor intensidad de gases de efecto invernadero, y tender hacia la incorporación de energías renovables
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentaron hoy la implementación efectiva del etiquetado de dióxido de carbono (CO2) y eficiencia energética vehicular comparativo para medios de transporte livianos.
La nueva etiqueta vehicular comparativa permitirá a la población conocer la tecnología de los automóviles y tiene como objetivos mitigar las emisiones de dióxido de carbono, impulsar la transición energética hacia combustibles con menor intensidad de gases de efecto invernadero, y tender hacia la incorporación de energías renovables de emisión cero en su ciclo de vida, como la electromovilidad y el hidrógeno verde.
El Ministerio de Ambiente nacional oficializó la medida a través de la Resolución N.º 383/21 de noviembre pasado, que estipula que los vehículos livianos deben contar, desde su fabricación e importación, con una etiqueta que permita cotejar aquellos productos más convenientes en términos de consumo y de menores niveles de emisión del CO2.
"Hoy venimos a anunciar una gran noticia que está inscripta en la acción ambiental en el marco de las consecuencias del cambio climático", dijo Cabandié durante el acto de lanzamiento en la sede de la cartera de Ambiente. "Proponemos estos etiquetados que tendrán alguna similitud con los etiquetados que hoy vemos en las heladeras", continuó el ministro, y agregó que las etiquetas "van a mostrar información en relación a cuántas emisiones van a medir los autos que estamos por comprar".
Según dispone la resolución, los fabricantes e importadores de vehículos automotores livianos deben exponer en salones y puntos de venta los modelos a comercializar incluyendo el etiquetado comparativo de eficiencia energética vehicular en el propio automóvil y en la bibliografía de a bordo, además de brindar esta información en el sitio web del comercializador. El cumplimiento de estos requerimientos será fiscalizado periódicamente por la cartera de Ambiente nacional y, en caso de verificarse infracciones, se aplicarán aquellas multas establecidas por la Ley n.º 24449 de tránsito.
"Esto también nos permite que las leyes de mercado nivelen para arriba en términos de que las automotrices van a procurar acciones concretas para fabricar autos con menos emisiones y mayor eficiencia energética", agregó Cabandié en diálogo con Télam.
Las categorías que se aplicarán a las etiquetas comparativas de cada grupo de modelos se definirán en base a las emisiones de CO2 g/km y contemplando seis notas identificadas por letras A+, A, B, C, D y E, donde la A + representará la más eficiente y con menor emisión de CO2, en tanto la E será la menos eficiente y con mayor emisión de CO2.
De la presentación también participó el ministro de Desarrollo Productivo, quien destacó que la nueva etiqueta vehicular representa uno de los "pasos que nos permiten avanzar en la transición ecológica". "Estamos profundamente convencidos desde el Presidente de la Nación y todo el gabinete, de que esta dicotomía entre producir y cuidar el ambiente es falsa. Tenemos que hacer las dos cosas", aseveró.
Entre los desafíos por delante, el ministro destacó la importancia de trabajar la matriz energética y de transporte, de manera tal que se vayan "reduciendo las emisiones de carbono y que se pueda -en un futuro no muy lejano- tener ya una transición completa hacia vehículos que sean completamente eléctricos y cuyo combustible este basado en energías renovables".
Sobre este punto, Kulfas señaló que el proyecto de ley de Promoción de Electromovilidad impulsado por el Poder Ejecutivo ya está en el Congreso y podría empezar en las "próximas semanas el debate público en comisiones".
En declaraciones a Télam, el funcionario precisó que el proyecto de ley fue "ampliamente discutido con los diferentes sectores de la sociedad argentina y tiene que ver con generar los incentivos para producir en el país vehículos eléctricos de cero emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, estimular a los consumidores a que compren esos vehículos".
Asimismo, expresó que el nuevo etiquetado comparativo de eficiencia energética está "absolutamente en sintonía" con los objetivos de "producir más y mejor y hacerlo en absoluto resguardo del ambiente".
"Esta resolución es parte de algo muy grande que es transformar a la Argentina en un país social y ambientalmente justo, que podamos realmente darle soluciones y poner de pie a la Argentina con un cuidado del ambiente como eje y centro de las políticas públicas", señaló.
La iniciativa forma parte de la implementación del "Proyecto Nacional para Combustibles y Vehículos Más Limpios y Eficientes en Argentina", que contó con financiamiento de la Unión Europea (UE) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Global Fuel Economy Initiative (GFEI).
El etiquetado entrará en vigencia el 17 de mayo, al cumplirse los 180 días de publicada la resolución N.º 383/2021, y su ejecución depende la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, quien durante el acto destacó la "decisión de continuar con el compromiso no solamente de instalar en la agenda la cuestión ambiental, sino de dar los pasos correspondientes para que no se pueda volver para atrás".
Y añadió: "Estamos anunciando una decisión de gestión compartida conceptualmente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, demostrando que las posibilidades de desarrollarnos con sustentabilidad y además con criterio nacional, en el sentido de darle todas las posibilidades al país para poder crecer económicamente, son posibles".
En la jornada también estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Jorge Etcharrán de la cartera ambiental, la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Jacqueline Álvarez; la oficial del Programa de Pnuma, Verónica Ruiz Stannah; la directora de Energías Renovables de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, Gabriela Rijter; el presidente del Centro de Movilidad Sostenible de Chile; junto a técnicos y especialistas de cámaras y asociaciones vinculadas a la industria automotriz.
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Anuncian inversión de 500 millones de dólares para producir hidrógeno verde en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 28/04/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La empresa estadounidense MMEX Resources Corporation anunció una inversión de 500 millones de dólares en la provincia de Tierra del Fuego para producir hidrógeno y amoníaco “verdes”, a partir de energía eólica, en el marco de un proyecto que demandará dos años de desarrollo y generará 1.200 puestos de trabajo, informó hoy el Gobierno fueguino.
La propuesta de MMEX consiste en la instalación de un parque eólico en la ciudad de Río Grande (en el norte provincial) y de una planta de electrólisis para generar “55 toneladas de hidrógeno por día” lo que equivale a “una potencia de 160 megawatts”, comunicaron las autoridades provinciales a través de un parte de prensa.
El producto final, tanto de hidrógeno como de amoníaco, será “exportado a Europa y Asia, ya que de momento no hay demanda de hidrógeno en Argentina” y para aprovechar “la posición marítima estratégica de Río Grande y de la provincia en general”, precisaron.
El proyecto de inversión de MMEX fue presentado al gobernador Gustavo Melella por el presidente de la compañía, Jack Hans, y por el CEO de la firma, Nabil Katabi, durante un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial.
“Somos conscientes de las capacidades de nuestra provincia para avanzar en la industrialización de los recursos naturales, para que no sea solo el sitio de desarrollo de un polo electrónico, sino que se lo pueda acompañar con la instalación de nuevas propuestas productivas, con valor agregado y con el cuidado del medio ambiente, como es este caso”, explicó Melella en declaraciones oficiales.
En esa línea, el mandatario agregó que Tierra del Fuego “viene trabajando fuertemente en la búsqueda de proyectos que generen inversiones en energía verde” y que “sean una alternativa para la llamada transición energética”.
“Estamos abiertos a nuevas inversiones del sector privado. El Estado tiene que acompañar y respaldar estas opciones que van a significar, nada más y nada menos, que la generación de empleo, la industrialización de nuestros recursos naturales y el avance hacia la transformación de la industria”, remarcó el gobernador.
Por su parte Hans explicó que la empresa “está radicada en Houston, Estados Unidos, y desde hace muchos años trabaja con combustible y gas”, aunque “actualmente estamos enfocados en trabajar con energía sustentable y ser lo más verde que se pueda, teniendo en cuenta las condiciones del mundo en la actualidad”, detalló.
A su vez, mencionó que el proyecto toma un desarrollo ya realizado en Texas, en combinación con la empresa Siemens Energy, para la utilización de la tecnología que ahora se instalará en Tierra del Fuego.
“En Estados Unidos lo hicimos a partir de energía solar y aquí será con energía eólica, aprovechando las condiciones magníficas que tiene este territorio”, destacó el presidente de MMEX.
En tanto, Katabi ponderó que “las autoridades de la provincia se han dado cuenta del potencial de este recurso natural, y coinciden con lo que nosotros estamos haciendo en Estados Unidos y algunas otras partes del mundo, así como en el desarrollo e inversión que hemos realizado con Siemens para obtener la ingeniería necesaria”.
El CEO de la compañía estadounidense aseguró que en Río Grande “las condiciones de viento son de las mejores del mundo. Es un hecho que se está dando a conocer y creo que estamos bien avanzados comparados con otras iniciativas. También es cierto que para hacer cosas de este tamaño se necesita ingeniería específica y hay pocas empresas en el mundo que tienen esa capacidad”, resaltó.
Según Katabi, la firma ya terminó el estudio de prefactibilidad técnica del proyecto y avanza en la ingeniería para obtener el hidrógeno a partir del proceso de electrólisis.
“Con todos los datos resueltos, trabajaremos para poder tener todo listo en el plazo de dos años”, evaluó el CEO.
Este nuevo proyecto se suma al que prevé llevar adelante en la provincia de Río Negro la firma australiana Fortescue, con una inversión prevista superior a 8.000 millones de dólares.
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