La obsesión por defender el modelo agroexportador a costa de la biodiversidad global

Fecha de Publicación: 02/04/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Esta postura de la Argentina implica en muchos casos secundar la política obstruccionista de Brasil y priorizar la defensa de los agronegocios, por ejemplo pidiendo quitar a la agroecología y la agricultura ecológica en los nuevos textos
El mundo ya padece la sexta extinción masiva de especies a causa de las acciones humanas y, no conformes con ello, la cumbre que debe aunar esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad no avanza porque algunos países están invirtiendo su tiempo en construir obstáculos, en vez de en cooperar para el avance del proceso.
En estos momentos estamos finalizando en Ginebra las reuniones preparatorias de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) rumbo a la COP 15, que se realizará en Kunming, China antes de fin de año.
El camino a Kunming ha sido accidentado dadas las interrupciones producto de la pandemia del COVID 19 desde finales de 2019, llegando a esta tercera reunión presencial del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial para la Diversidad Biológica posterior a 2020, luego de que se trabajara durante un año y medio con sesiones virtuales, con las complejidades que ello implicó.
El objetivo más relevante de la próxima cumbre mundial es justamente adoptar un Marco Global para la Biodiversidad para los próximos 10 años. Este nuevo marco reemplazará el adoptado en 2010 así como a las Metas de Aichi (2010), escasamente cumplidas y que se proponían para el 2020, entre otros objetivos: “Reducir a la mitad la pérdida de hábitats, incluidos los bosques (meta 5); gestionar de forma sostenible la agricultura, silvicultura y acuicultura (meta 7); evitar la extinción de especies en peligro (meta 12); proteger al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras (meta 11); y eliminar gradualmente o reformar los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica (meta 3)”.
Está claro que las cosas para la biodiversidad están mucho peor que en 2010 y es evidente que los gobiernos del mundo no cumplieron con el compromiso adquirido entonces: la deforestación siguió y sigue aumentando -y hubo países que en medio del aislamiento forzoso por la pandemia intensificaron esa actividad-; la lista de las especies en riesgo siguió aumentando y los subsidios públicos para actividades perjudiciales para la biodiversidad incrementaron y se multiplicaron. Ante esta realidad, el nivel de ambición de las metas y objetivos que se plantean para el Marco posterior al 2020 debe ser mucho mayor, si los 196 países Parte del CBD que participan en la creación de este nuevo texto pretenden arreglar las cosas.
Sin embargo, luego de dos semanas de trabajo en Ginebra los avances fueron escasos y no se cumplieron las expectativas: los países desarrollados pujaron por mantener el estatus quo de sus economías sin acordar o incluso bloqueando aportes en dirección de garantizar la movilización de recursos y creación de mecanismos financieros y de aplicación, necesarios para darle viabilidad real al nuevo marco global.
Por su parte, los países en desarrollo mostraron una falta de liderazgo que aglutinara fuerzas para conseguir acordar metas más ambiciosas en favor de la conservación de la biodiversidad, y la oportunidad para negociar mantener en el texto del Marco temas que son transversales y que no pueden excluirse si es que en realidad hablamos de inclusión, de escuchar todas las voces y construir juntos. Esos temas se relacionan con la participación de todos los actores de la sociedad, en especial de los pueblos indígenas y las comunidades locales; los temas de inclusión e igualdad de género; la transparencia a todos los niveles y metas espaciales que permitan medir y cuantificar el impacto de la implementación del Marco para lo que queda de esta década. Más aún, países en desarrollo, por ejemplo Argentina y Brasil, no están abiertos a negociar cuál es su parte de responsabilidad en la movilización de recursos, no quieren hablar de cuál es su contribución en el cambio transformacional que apela el Marco Global.
La falta de ambición ha sido la gran ausente en todas las jornadas en Ginebra, junto con el desconcertante silencio de China (que por cierto ostenta la Presidencia de la 15ª Conferencia de las Partes al CBD (COP 15) ) y las evidentes maniobras obstruccionistas de Brasil, peloteándolas con Argentina; estos han sido los hechos más relevantes de una reunión empantanada.

El rol de la Argentina en la discusión global
Pese a la escasez de recursos y lo reducido de su delegación, Argentina hace gala de una profunda comprensión de la Convención de Diversidad Biológica en general y de su proceso en particular. Nuestro país es uno de los más activos y precisos en sus intervenciones, superando inclusive a delegaciones de países que ostentan muchos más recursos humanos y materiales para su trabajo.
Sin duda, la Argentina es una de las principales contenciones a los intereses estrictamente europeos en la discusión del nuevo Marco Global para la Biodiversidad, presentando aportes significativos en la inclusión del enfoque de género y la mención de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero el problema real con la posición de Argentina es lo que subyace a muchas de sus intervenciones, la defensa del modelo agroexportador basado en commodities ¡en una cumbre de biodiversidad!
Esta postura implica en muchos casos secundar la política obstruccionista de Brasil y priorizar la defensa de los agronegocios, por ejemplo pidiendo quitar a la agroecología y la agricultura ecológica en los nuevos textos. Así, en varias de sus intervenciones, la delegación de Argentina, aquí en Ginebra, ha solicitado la eliminación de prácticas agrícolas amigables con la biodiversidad y los ecosistemas.
Esto ya había quedado en evidencia en desde la discusión del documento “Iniciativa Internacional para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos y el Plan de Acción Actualizado”, el 11 de junio de 2021.
Un ejemplo puntual fue sobre otro párrafo (el 2.2) del documento mencionado, donde Argentina propuso eliminar todos los ejemplos, que justamente son los que dan claridad interpretativa de hacia dónde se requiere enfocar los esfuerzos a donde se requiere. El texto en negrillas es el que Argentina pidió se eliminara: “Desarrollar, mejorar y aplicar periódicamente procedimientos científicos de evaluación de riesgos, según proceda, considerando exposiciones realistas sobre el terreno y efectos a más largo plazo, para medicamentos veterinarios (p. ej., antibióticos), plaguicidas y semillas recubiertas de plaguicidas, contaminantes (incluidas sustancias emergentes, como microplásticos y nuevos compuestos orgánicos), biocidas y otros contaminantes para fundamentar las decisiones de gestión de riesgos, limitar o minimizar la contaminación y promover la minimización de medicamentos veterinarios, fertilizantes y plaguicidas (p. ej., nematicidas, fungicidas, insecticidas y herbicidas) así como su aplicación basada en criterios científicos para mejorar la conservación, restauración y utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos, la salud y el bienestar humanos”.
Estas ediciones no son meras cuestiones semánticas: implican la construcción de un lenguaje orientado a debilitar lo que debería ser un marco para la conservación de la biodiversidad global y el resultado es un texto condicionado por los intereses del sector agroindustrial con intereses en la Argentina. Es la defensa de los commodities agropecuarios convertida en política de estado excluyente de otros temas, más allá del ámbito de discusión.
Esta postura contamina los esfuerzos globales de avanzar hacia sistemas de gobernanza basados en las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconocen a la ciencia como insumo válido para orientar las decisiones en pos de frenar y revertir la pérdida de biodiversidad que enfrentamos, en el mundo y en la Argentina.
En definitiva, el problema estructural es que, a diferencia de otras delegaciones, es notoria la ausencia del Ministerio de Ambiente de Argentina: ¿Cuál es la política del Ministerio de Ambiente en torno al Marco Global para la Biodiversidad posterior al 2020? ¿Por qué no son más vocales aquí en Ginebra para garantizar que la visión de conservación de la extensa legislación ambiental Argentina sea un faro para una mayor ambición en las metas globales?
¿Por qué no está presente alguien de la Dirección de Agroecología, aquí en Ginebra o se conecta en línea, cuando se discuten los temas que le conciernen en relación con esta Convención, que es parte de la política internacional de nuestro país?
Argentina, hoy atravesada por las consecuencias del cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad, con su futuro condicionado por el deterioro del funcionamiento de los ecosistemas y la crisis climática, debe construir y asumir una política ambiental consistente y dejar de lado la obsesión de la defensa del modelo agroexportador en cualquier ámbito, incluida en su participación no constructiva en la Convención de Diversidad Biológica.
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En Argentina, al 91% de las personas les interesa el cuidado del ambiente

Fecha de Publicación: 02/04/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Una investigación exclusiva de Fundación Vida Silvestre demuestra que en el país el 84% está dispuesto a involucrarse con temas ambientales.
Según un estudio realizado a nivel mundial, el interés y la preocupación de las personas por la naturaleza aumentó un 16% en los últimos cinco años. Argentina transita por un camino similar: una investigación exclusiva realizada para Fundación Vida Silvestre en Argentina indica que al 91% de las personas les interesa el cuidado del ambiente y el 84% está dispuesto a involucrarse.
Además, las cinco problemáticas ambientales que más preocupan a la población argentina son:
- deforestación (67%),
- incendios (57%),
- manejo de residuos (53%),
- cambio climático (41%), y
- extinción de especies (39%).
En el mismo estudio se determina que, de todas las personas encuestadas en América Latina, el 96% considera que la pérdida de la naturaleza es un problema mundial grave, siendo la cifra más alta de todas las regiones encuestadas.
Este cambio en el sentimiento del público refleja una dura realidad, ya que los habitantes de los países con mayores índices de pobreza son los que más probabilidades tienen de experimentar las graves consecuencias de la crisis climática y la pérdida de naturaleza. Y demuestra que las personas son cada vez más conscientes de la crisis planetaria que atravesamos y, en respuesta a esta tendencia, transmiten sus inquietudes y exigen acciones concretas sobre la pérdida de la naturaleza y biodiversidad. Y para que esto suceda, los líderes políticos deben estar a la altura de las circunstancias.

Emergencia sanitaria y cambio climático
La emergencia sanitaria mundial que aún transitamos debido al COVID-19 sucede en un momento de alerta sobre el cambio climático y sobre la creciente pérdida de biodiversidad, en un contexto geopolítico que, además, pareciera correr el foco de la crisis climática que atravesamos. En los hechos, la emergencia sanitaria que vivimos condujo a una crisis económica y humanitaria, que dejó en evidencia la una profunda conexión: la vulnerabilidad y las desigualdades sociales, económicas, sanitarias y ambientales están entrelazadas.
Mientras la Argentina y el mundo trabajan para superar las dificultades provocadas por la pandemia, nos encontramos también ante una oportunidad para impulsar un cambio transformador hacia una sociedad más equitativa que camine hacia la sostenibilidad, que reconozca que el bienestar humano es posible solamente con un planeta sano.
La conciencia pública y la preocupación por la urgencia ambiental cobraron fuerza en el último tiempo, a medida que las personas en todo el mundo y especialmente en los países en vías de desarrollo son cada vez más conscientes de la crisis planetaria, lo que inevitablemente afecta su comportamiento y las motiva a actuar a favor de la conservación del ambiente.

La variable ambiental presente en cada aspecto de nuestras vidas
Entre los resultados que arrojó la encuesta en la Argentina, es importante destacar que para el 89% de quienes respondieron, el estado del medio ambiente afecta a las personas, mientras que el 65% señala que el cuidado del ambiente actual no alcanza para evitar que aumenten los problemas de salud. Esto cobra más sentido cuando analizamos otro dato: el 90% considera que, a medida que disminuya el cuidado del ambiente, aumentarían los problemas de salud.
Durante la investigación se consultó a las personas sobre cuánto las sensibilizó la pandemia, y el 71% respondió estar sensibilizada en cuanto al consumo de recursos del planeta y la relación de la pandemia con el estado de la naturaleza.
La encuesta refleja además que para el 65% de las personas, las empresas y el sector privado poseen una gran responsabilidad, así como la oportunidad para mejorar los mecanismos de producción e incorporar políticas ambientales que tengan en cuenta sus impactos. Si consideramos que la mitad del PBI mundial depende de la naturaleza y que el planeta es el proveedor de los insumos para hacer funcionar las economías de todo el mundo. Es indudable que el compromiso del sector privado para garantizar la producción sostenible de bienes y servicios resulta imprescindible.
Los resultados de estas investigaciones son más que claros: la preocupación social por el impacto que generamos en la naturaleza es cada vez mayor, tanto a nivel global como en nuestro país. La conexión entre la destrucción de la naturaleza y las consecuencias que esto produce en nuestro bienestar, en la economía y en la salud nunca ha sido más evidentes.
Es esencial que como sociedad trabajemos en conjunto, reforzando nuestro compromiso individual y exigiendo que estas cuestiones se vean reflejadas en políticas públicas y empresariales, para orientar nuestros hábitos hacia aquellos que detengan la degradación de nuestro planeta e impulsen su restauración. Esto impactará directa y positivamente sobre la calidad de vida de las personas y de las futuras generaciones. Hoy más que nunca debemos comprender que nuestra existencia depende de un planeta sano.
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Promueven biocorredores en espacios ferroviarios para reducir la pérdida de biodiversidad

Fecha de Publicación: 02/04/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo


La generación de biocorredores en espacios o terrenos ferroviarios en los cuales se utilicen especies vegetales autóctonas comenzarán a llevarse a cabo tras un convenio firmado hoy entre Trenes Argentinos y Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).
Este es uno de los proyectos de ambos organismos que acordaron colaborar y cooperar para reducir la pérdida de biodiversidad y mejorar la calidad de vida de la población de la Cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo.
Los biocorredores "posibilitarán interacciones y el flujo libre entre los distintos espacios verdes", explicó Trenes Argentinos Operaciones.
Estos conforman parches y nodos dentro de una matriz territorial de índole urbana, periurbana y rural, característica de cada subcuenca.
Se aprovechará el trazado ferroviario, que atraviesa el territorio que abarca esta cuenca y constituye una plataforma para la realización de actividades que permitan el despliegue de la biodiversidad, habilitando usos sociales amigables ambientalmente.
Marinucci indicó al respecto que "el trabajo mancomunado entre diversas áreas del Estado es central para resolver los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, por ello, la firma de este convenio nos brinda herramientas para avanzar en este sentido".
En tanto, Martín Sabbatella aseguró que "la articulación institucional es fundamental para potenciar las transformaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo. En especial, el acuerdo con Trenes Argentinos permitirá que la infraestructura ferroviaria ya existente se vuelva un recurso para promover el desarrollo sostenible y generar instancias de concientización ambiental".
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Biodiverciudad: la nueva meta urbana de la gestión Llaryora

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional


El intendente de Córdoba Capital fue anfitrión del encuentro nacional organizado por la CAF, que reunió a 30 jefes comunales de todo el país para compartir experiencias de políticas ambientales y de sustentabilidad.
¿Qué son las biodiverciudades? El neologismo acuñado hace tres años en Barranquilla, Colombia, se refiere a la planificación urbana teniendo en cuenta la biodiversidad local y regional, y su incorporación al desarrollo económico de una ciudad a partir del cuidado del ambiente.
Se trata de un paradigma impulsado por el Instituto Alexander von Humboldt, de Colombia, y el Foro Económico Mundial. Con este soporte, la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina apunta a mejorar la calidad de vida en las ciudades proveyendo financiamiento y asesoramiento a los gobiernos locales.
Este martes, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora fue anfitrión del Encuentro Nacional de Biodiverciudades en el Centro Cultural Córdoba (CCC). Allí se concentraron 30 intendentes de todo el país para compartir experiencias vinculadas con estas prácticas e introducir nuevas políticas públicas alineadas con este modelo.
“Este concepto de ciudades en el cual la biodiversidad regional se pone al frente de la planificación de la ciudad es novedoso, pero lo tenemos que trabajar entre todos”, apuntó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica, de la CAF, durante la inauguración del encuentro.
“Queremos que la CAF sea el banco verde de la reactivación de América latina tras la pandemia. El 15 por ciento de nuestra cartera son programas de medio ambiente. En los próximos años pasaremos al 40 por ciento y tendremos 45 mil millones dólares para créditos verdes. Los intendentes son claves para que se plasmen en políticas públicas”, dijo Asinelli.

Economía circular
Por su parte, Llaryora hizo referencia a la necesidad de que las iniciativas y soluciones urbanas al cambio climático surjan de los entornos locales con una mirada global. Lo que se conoce como glocalización.
Allí se detuvo en las experiencias de economía circular que lleva adelante la ciudad de Córdoba, la incorporación de valor agregado y la industria del conocimiento aplicada a los residuos, generando un menor impacto ambiental y un beneficio económico.
Señaló también la necesidad del que el Estado no sólo se convierta en promotor, sino en consumidor de estos bienes.
“Por lo general se espera que las políticas ambientales vengan de los grandes organismos internacionales, los gobiernos nacionales, pero cuando uno se da cuenta ninguna de estas instituciones maneja un basural”, apuntó el intendente.
Y agregó: “Este trabajo no lo podemos hacer solos. Necesitamos que nos ayuden con el financiamiento de obras y compartir know how para mejorar nuestras políticas ambientales”.

Conceptos
A su turno Mario Murcia, especialista colombiano en investigación en bioeconomía dijo que este modelo de la biodiverciudad tiene una función más allá de la preservación de áreas verdes y protegidas. Y planteó tres escalas: pasar de ciudades sostenibles, a nuevas bioeconomías, hasta alcanzar una meta de territorios resilentes, donde la matriz energética pase a ser renovable.
En el panel principal, coordinado por la rectora de la Universidad Siglo 21 (UES21), María Belén Mendé, junto a Asinelli y Llaryora también participó Belén Daghero, gerente de Desarrollo Sostenible de Holcim.
Daghero planteó dos aspectos fundamentales para este paradigma. “La sostenibilidad depende de que se tenga una mirada de triple impacto (económico, social y ambiental), y en segundo término la articulación público-privada”, apuntó.
El evento estuvo coordinado por la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, a cargo de Alejandra Torres, y sumó a intendentes de todo el país. Por Córdoba estuvieron Juan Manuel Llamosas, de Río Cuarto; Myriam Prunotto, de Juárez Celman; Carlos Briner, de Bell Ville; Pedro Dellarossa, de Marcos Juárez; entre otros.
Todos se comprometieron a sumarse al Tratado de Barranquilla de biodiverciduades.
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Proyecto minero: comunidades mapuches acusan al gobierno de Río Negro de desconocer sus territorios

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Fracasó la segunda audiencia conciliatoria tras el amparo colectivo presentado en diciembre.
Siete comunidades mapuches, acompañadas por la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro, no lograron llegar a un acuerdo con los referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro durante la segunda audiencia conciliatoria que se llevó a cabo este martes al mediodía en el Juzgado de El Bolsón.
El encuentro se realizó tras el amparo colectivo presentado por las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, Ñorquinco, Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Blancura Centro, Mencué Viejo y Colán Conhue en diciembre, a raíz de los permisos otorgados por la Secretaria de Minería de Río Negro a empresas mineras para avanzar en territorios comunitarios de Río Negro.
En la primera audiencia a comienzos de febrero, el juez Marcelo Muscillo dispuso medidas cautelares para evitar que las empresas ingresen en los predios de las comunidades, pero el gobierno rionegrino ya apeló la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia.
«Nosotros expusimos la necesidad de la consulta libre e informada, pero el gobierno dijo que desconocía el territorio de las comunidades ya que no había relevamiento, que eso era insalvable y que dentro del procedimiento minero, solo se notifica a los titulares», relató Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Cuestionó duramente a los referentes del gobierno provincial por rechazar el pedido de una consulta, insistiendo en que se hizo lugar al procedimiento contemplado por el Código Civil y Minero: «Reconocen que entregaron permisos de cateo sin prever que había comunidades. Esos permisos implican el ingreso de gente desconocida al territorio y el movimiento de suelos. Es tremendo que desconozcan a las comunidades«.
Durante la última Exposición Rural en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras anunció la entrega de títulos comunitarios. «Es una deuda histórica. Pero días atrás, nos reunimos con (Rodrigo) Buteler y le pedimos más información. Aseguró que van a regularizar tierras sin el relevamiento territorial, pero solo entregarán los títulos a las comunidades que no tienen conflicto -que serán tres o cuatro-«, manifestó Carriqueo.
De las siete comunidades mapuches que presentaron el amparo, solo una cuenta con el relevamiento territorial. Para el resto, la Coordinadora realizó un croquis georeferenciado. «Si bien no es certero, no está alejado de la realidad. Esos croquis fueron presentados en la causa, pero la provincia dice que no es cierto. Hablan del derecho civil y minero y nosotros, del Convenio 169 que establece que las comunidades tienen derecho a participar en la explotación de los recursos naturales para lo cual debe haber consulta previa, libre e informada», recalcó y acotó: «Los recursos naturales no son exclusividad del estado«.
Durante la audiencia de este martes, las comunidades llevaban como propuesta un nuevo relevamiento georeferenciado a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet, pero la negativa del gobierno provincial a hacer la consulta previa e informada impidió avanzar en cualquier iniciativa.
«La provincia planteó que desconocía a las comunidades y que se atenía al procedimiento del Código Minero que rige en Río Negro. El juez lamentó no haber llegado a un acuerdo y consideró que, más allá de una cuestión judicial, es un tema político. En su momento, la gobernadora dijo que no habría proyecto minero sin consenso social«, planteó Carriqueo.
Dijo que, más allá de la resolución del juez, las comunidades no están dispuestas a permitir el ingreso de las empresas al territorio, sin una consulta previa. «El proyecto minero de Río Negro es abarcativo de toda la provincia. No es poca cosa de lo que se está hablando aunque en este caso de la presentación del amparo, afecta a estas comunidades de la región andina. Hay otras cuatro que evalúan sumarse de la región sur», concluyó Carriqueo.
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La Provincia firmó un convenio con la FAO para potenciar la producción sustentable de alimentos

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Provincia/Región: Buenos Aires


Fue en una reunión encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó un memorando de entendimiento con el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la Argentina, Tito Efraín Díaz, para impulsar los sistemas agroalimentarios sostenibles y la comercialización de los alimentos elaborados en territorio bonaerense.
El convenio tiene como objeto fortalecer los sistemas sustentables de producción agroalimentaria en base al uso racional de los recursos naturales y fomentar la comercialización de los alimentos elaborados por pequeños productores y productoras, cooperativas y asociaciones. Para ello, se establecen acciones que buscan un acceso equitativo a los recursos e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor agregado, al tiempo que se llevarán a cabo actividades de asistencia técnica que identifiquen las brechas digitales asociadas al comercio electrónico e impulsen el desarrollo de herramientas que acerquen a productores y consumidores.
“Estamos convencidos de que la única manera posible de mejorar la productividad agropecuaria y la producción de alimentos es a partir de modelos sustentables, sostenibles y amigables con el medio ambiente, que comprendan la heterogeneidad de los productores agropecuarios y la importancia del agregado de valor, generación de empleo, el desarrollo local y regional”, señaló Rodríguez.
En ese sentido, el acuerdo  promueve prácticas agrícolas sustentables que mejoren la productividad; contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas; fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones; y que, a su vez, permitan mejorar progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.
Por su parte, Díaz aseguró: “Junto con la Provincia, estamos promoviendo la producción de alimentos saludables y garantizando el acceso de las poblaciones más vulnerables”. Y agregó: “El programa que estamos firmando va a permitir que la provincia de Buenos Aires siga mejorando las estrategias que ya está implementando en materia de nutrición, seguridad alimentaria y promoción de una agricultura sostenible, estableciéndose en un modelo para toda la región”.
Asimismo, se acordaron iniciativas vinculadas a robustecer los circuitos cortos en las cadenas agroalimentarias, así como reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. También, se abordó el trabajo conjunto en materia de agroecología, siendo la provincia de Buenos Aires la primera en contar con un programa específico de promoción de estas prácticas y en crear un Registro de Productores Agroecológicos que ya tiene 16.997 hectáreas certificadas y 223 productores registrados en un total de 60 municipios bonaerenses, junto con una red de facilitadores y facilitadores que brindan capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores/as que quieran iniciar la transición hacia la agroecología.
Estuvieron presentes el subsecretario bonaerense de Relaciones Internacionales e Institucionales, Mario Oporto; la responsable del área de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la FAO Argentina, Elizabeth Kleiman; y la directora de relaciones internacionales de Desarrollo Agrario, Cecilia Llabrés.
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Una por una: las misiones con las que Kulfas busca crear 2 millones de empleos

Fecha de Publicación: 31/03/2022
Fuente: negocios.com.ar
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Desarrollo Productivo puso en marcha la Unidad Ejecutora del Programa Argentina Productiva 2030 con el objetivo de sustituir importaciones e impulsar las exportaciones industriales con enfoque ambiental. ¿En qué consiste la nueva iniciativa?.
El Programa que se publica en el Boletín Oficial propone la ejecución de lo que denomina “misiones productivas” mediante las cuales aspiran a cambiar la estructura productiva de la industria. Según indica la Resolución 236 en los justificativos de la medida, "el cambio climático no solo requerirá de diversas medidas de mitigación, sino también de adaptación".
El escrito señala que "dada la gran importancia del complejo agroindustrial en la República Argentina y la elevada sensibilidad de éste a las condiciones climáticas, es menester construir una mayor resiliencia ante eventos climáticos adversos".
La medida advierte que "en caso de no implementar políticas productivas y ambientales adecuadas, nuestro país corre el riesgo de quedarse fuera de diversos mercados de exportación, que exigirán cada vez más estándares ambientales más rigurosos".
La Unidad Ejecutora estará a cargo de un funcionario de un nivel equivalente a secretario de Estado, indica la resolución, y apunta a los siguientes objetivos:
- Crear 2 millones de puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado para 2030 (aproximadamente 220.000 por año)
- Sacar a 9 millones de argentinos y argentinas de la pobreza para el período 2022-2030 (reduciendo la pobreza en 1 millón de personas por año, en promedio)
- Crear más de 100.000 empresas formales para 2030 (alrededor de 12.000 por año);
- Reducir la desigualdad para 2030 a los menores niveles en 50 años, bajando el coeficiente de Gini de 0.43 a 0.38
- Disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París
- Incrementar la participación de mujeres en el empleo formal en las empresas, con un mínimo de 50% de participación de mujeres en los nuevos puestos de trabajo generados
- Aumentar la participación del Interior en el PBI y el empleo formal, con un 70% de los nuevos empleos formales radicándose fuera del AMBA
La metodología del plan estará fundada en lo que se denominarán “misiones productivas”, señala el programa. Se trata de un enfoque que se aplica en la Unión Europea. “Parte del supuesto de que en el siglo XXI necesitamos responder a grandes desafíos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales”, dice el plan.
El plan consta de 10 misiones, de las cuales 9 son de carácter industrialista y 1 enfocada a la exportación. Cada misión tendrá:
- Un objetivo general, con metas anuales cuantitativas mensurables, las cuales deberán ser realistas y claras
- Proyectos estratégicos en los que se subdividirá
- Nuevos instrumentos de políticas, analizando tanto el contexto internacional y nacional en el que se inscribe la misión
- Estimación de impacto (en puestos de trabajo, fiscal, balanza comercial, desarrollo territorial, género y algunas variables ambientales).
Las 10 misiones consisten en:
- Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa
- Producir más bienes y servicios ligados a la salud para garantizar el acceso equitativo al sistema sanitario nacional
- Impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales
- “Equipar a las fuerzas armadas y de seguridad con mayor producción nacional de alta tecnología”.
- Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI
- Digitalizar empresas y hogares para aumentar las capacidades tecnológicas del país
- Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente
- Modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales
- Potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo
- Duplicar las exportaciones para hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas.
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Jujuy: indígenas resisten el avance de una minera sobre territorio puneño

Fecha de Publicación: 31/03/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


Instalaron un acampe para denunciar irregularidades en la instalación de la minera e incumplimiento de leyes, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Comunidades indígenas de Jujuy continúan un acampe en el paraje Tanques, ubicado en la Puna, en resistencia a un rápido avance sobre territorio indígena de la empresa Minerales Australes SA. Las comunidades denuncian irregularidades en la instalación de la minera e incumplimiento de las leyes que reconocen derechos a los pueblos originarios, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Los manifestantes también pidieron que el gobierno de Gerardo Morales revea el trazado de los límites territoriales que involucran a las comunidades Collanboy, El Toro y Quillaques, de la localidad de Susques, situada en el oeste de la provincia de Jujuy. Sostuvieron que no se señalaron correctamente los límites de Collamboy y Quillaques, cuyos habitantes son los más perjudicados ante el avance minero.
Las recientes acciones de la empresa afectan principalmente al territorio de la familia de Asunciona Quispe, quien desde febrero viene resistiendo su instalación. En un video que circuló públicamente, la mujer del Pueblo Atacama aseguró que vive en ese lugar todo el año, y "ahora me lo han pasado un camino, una huella con máquina". "Yo no quiero eso. A mí me duele, yo vivo de mi hacienda, de mi campo", expresó.
Acto seguido mostró un portón realizado con restos de ramas y que colocó justo en medio del camino realizado. "Pido que no me lo abran. Que me respeten", precisó. El territorio afectado se encuentra a unos 40 kilómetros del pueblo de Susques, en el paraje Tanque Arroyo Seco de Aguadita.
El acampe se está realizando en la zona donde se instaló la minera. Los comuneros informaron que será por tiempo indeterminado hasta que obtengan una respuesta por parte del gobierno provincial.
La abogada de las comunidades, Claudia Pérez, relató ante Salta/12 que los primeros días de febrero los comuneros encontraron una instalación minera en la zona de Susques. Allí vieron que habían casillas, una torre colocada, camiones y diferentes maquinarias que suelen ser utilizadas para la extracción de agua y áridos. De inmediato realizaron una denuncia penal, el 22 de febrero, pero recién se le dio trámite el 12 de marzo, fecha en la que se inició el acampe.
Ese mismo día, y a raíz de la presentación penal, recibieron una notificación en la que se les informó que la Justicia había solicitado a la empresa la documentación pertinente. Con el correr de los días, se enteraron de que Minerales Australes sólo declaró que era una minera que se dedica a la extracción de litio y potasio. "Eso no quiere decir que sean sólo esos minerales", alertó la abogada.
De igual manera, si la empresa llegase a contar con algún tipo de documentación, las comunidades sostienen que no corresponde, pues no se respetó lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que representa el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas. A modo de ejemplo, Pérez destacó el artículo 6, que establece la obligatoriedad de los estados parte a realizar la consulta previa, libre e informada y ordena "procedimientos apropiados" de consultas a las comunidades indígenas y "en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas" que afecten a estos pueblos.
La letrada aseguró que esto "no ha ocurrido". Recordó en el mismo sentido que en su artículo 75, inciso 17, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia y la posesión ancestral de los pueblos originarios presentes en todo el territorio argentino. "Los territorios de los pueblos no son enajenables y no se pueden hacer este tipo de concesiones, y menos de la explotación de litio que terminará causando una desertización de la tierra, además de la contaminación", sostuvo.
Pérez dijo que "la señora Quispe está desesperada al ver su territorio usurpado por una minera que actúa a diestra y siniestra, sin importarle el sufrimiento de ella". Y puso énfasis en las consecuencias ambientales que habría en caso de continuar con la explotación en el lugar, como la afectación a la libre circulación de los animales y la contaminación del agua para consumo humano.
En ese sentido, la presidenta de la comunidad de Collamboy, Silveria Luisa Quispe, relató que están muy preocupados sobre cómo el accionar de la minera puede afectar el suministro del agua. "Aquí la minera va a sacar el agua para litio", expresó, afirmando que con ello se les quitará el agua para su consumo. "Pero vamos a seguir defendiendo el territorio que nos dejaron nuestros ancestros", manifestó.
Por su parte, la abogada recordó que hay familias viviendo en la zona de explotación, con lo cual la situación se torna "desesperante" y aseguró que "lejos de cesar" la actividad "se encuentra respaldada por el Estado provincial".
Este medio consultó a la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, el órgano competente en este caso, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, las comunidades indicaron que la Secretaría ha instado a comuneros a que "envíen una nota donde indiquen que están de acuerdo en que se establezca la minera", contó Pérez.
En ese sentido, sostuvieron que la Secretaría no está haciendo cumplir las leyes que amparan a los pueblos originarios. A la problemática sumaron que el Ejecutivo provincial tampoco corrige el "error cometido en referencia de trazados de límites territoriales de tres comunidades: Collanboy, El Toro y Quillaques". Por eso, indicaron que el acampe también se sostendrá hasta que "las autoridades gubernamentales determinen correctamente los límites de Collamboy y Quillaques, quienes son los más perjudicados ante el avance de la empresa minera".
El pedido de aclaración es porque, según pudieron saber, la empresa tiene en su poder un croquis del territorio indígena mal delimitado, lo que le permitiría tener que buscar el consentimiento de una sola comunidad, la del Toro.
Asimismo, cuestionaron el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya que según relató la abogada, desde hace dos años las comunidades están pidiendo que se les entregue la personería jurídica, y hasta el momento no sucede.
Detalló que el 13 de marzo volvieron a comunicarse con el Instituto, esta vez por lo de Minerales Australes, pero "hasta ahora no hubo ningún tipo de comunicación". Este medio consultó a sus autoridades, sin lograr una respuesta.
La letrada explicó que no pueden hacer otra presentación legal pues no cuentan con el acceso al expediente penal sobre la denuncia de la usurpación, y tampoco la Secretaría de Pueblos Indígenas les comunicó nada oficial.
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Denuncian que una máquina vial intentó un desmonte en una reserva urbana de Bariloche

Fecha de Publicación: 31/03/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Los vecinos del oeste reclamaron que las inmobiliarias venden lotes sin informar sobre las condiciones de la zona "de tanta sensibilidad ambiental".
Los vecinos de la reserva natural urbana Morenito Ezquerra denunciaron el ingreso de una máquina para desmonte en un lote de la calle Pinsa Huapi, en el barrio Parque Lago Moreno, en proximidades de la laguna Ezquerra.
Según indicaron, la máquina fue contratada por una inmobiliaria de Bariloche para facilitar la venta de un lote en esa zona desconociendo las reglamentaciones en la zona por tratarse de una reserva urbana.
Hicieron una presentación ante la Delegación Lago Moreno y en la Dirección de Bosques. Además, pidieron una multa para la inmobiliaria involucrada y la inhabilitación de la matrícula de la profesional. «Si no hay castigo, queda un precedente«, indicaron.
Al radicar la denuncia, señalaron que «la máquina ingresó a un lote propiedad de Andrea Saslavsky, sin autorización y violando la disposición provincial de uso de maquinaria pesada. Intentó la apertura de esa calle y acceder al lote, arrasando con todo a su paso y formando un talud de casi 3 metros de tierra en su trayecto».
Recordaron que 12 años atrás, Bariloche promulgó la ordenanza que crea la reserva urbana Morenito-Ezquerra, a la altura del kilómetro 19 en la avenida Bustillo. El Plan de Manejo, detallaron, dispone «evitar la remoción en gran escala de especies leñosas y movimiento de tierra masivo ya que provoca un incremento de escorrentía (agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno, lavando los suelos e ingresando materia orgánica los ambientes acuáticos)”.
«Las inmobiliarias, las empresas de alquiler de maquinarias, los colegios de profesionales y los propietarios tienen la obligación de conocer la legislación vigente antes de realizar tareas en un área protegida y de tanta sensibilidad ambiental«, indicaron en la denuncia.
Diego Mamann, uno de los vecinos que intervino, destacó que «la zona es tentadora y hay negocios inmobiliarios muy grandes. Intervienen constantemente sobre el bosque nativo».
En este último caso, Mamann dijo que «la inmobiliaria que administra el predio se tomó la atribución de abrir un camino para tener acceso a ese terreno, con costa de la Laguna Ezquerra, generando un destrozo terrible, haciendo movimientos de tierra y arrasando con la vegetación de la zona. Pero un particular no puede abrir camino a donde quiere. Esto debe ser consensuado con la Municipalidad y Bosques».
El vecino arremetió contra la inmobiliaria: «Cuando se consultó por qué no pidió los permisos correspondientes, de manera prepotente y arrogante, la responsable dijo: ‘No voy a esperar seis meses. Pago la multa y ya está´».
Insistió en que constantemente, las inmobiliarias venden lotes sin informar a los compradores sobre las condiciones de las reservas naturales. «La gente compra de buena fe sin saber qué se puede hacer. Hay un abuso por parte de las inmobiliarias. Estamos expuestos a que cada uno haga lo que quiera», dijo.
Mamann cuestionó, por otro lado, que el Municipio no cumple con la convocatoria a las comisiones mixtas entre diversos actores -entre los que se encuentran las juntas vecinales, por ejemplo- a fin de abordar estos temas. «El municipio no nos convoca desde hace dos meses y esto genera un vacío«, objetó.
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Ambiente participó junto a Policía Federal de un procedimiento para detectar especies de flora traficadas ilegalmente   

Fecha de Publicación: 30/03/2022
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


La cartera de Ambiente nacional junto a esa fuerza de seguridad realizaron el operativo en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación sin precedentes en Argentina relacionada a la flora.
Ambiente participó junto a Policía Federal de un procedimiento para detectar especies de flora traficadas ilegalmente El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron inspecciones y allanamientos en 5 viveros ubicados en el oeste del gran Buenos Aires que dieron como resultado el secuestro de ejemplares de flora protegida.
“Desde la creación de la Brigada de Control Ambiental la principal prioridad fue trabajar en la recuperación del rol del Ministerio de Ambiente en el tráfico de especies amenazadas de flora y fauna. Hoy cumplimos con un paso muy importante en esta dirección al participar junto con la Justicia federal y la Policía Federal de allanamientos en varios establecimientos, persiguiendo a quienes lucran con la comercialización de flora, ya sea para el uso de alucinógenos o la venta de especies vegetales que son traídas para su venta en viveros sin considerar que están en peligro de extinción”, señaló Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental. El funcionario destacó que el tráfico de flora y fauna se han convertido en uno de los tres vectores de generación ilegal de dinero más importantes del mundo.
Durante la investigación previa realizada en diversos viveros se detectó la existencia de especies alcanzadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, más conocida como CITES, como orquídeas, otras especies nativas enmarcadas en la Ley de Bosques y demás ejemplares de flora, cuyo origen y comercialización son contrarias al ordenamiento legal.
El operativo conjunto entre la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la cartera que conduce Juan Cabandié y el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA del Ministerio de Seguridad se dio en relación al procedimiento que lleva adelante el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 2 de Morón. La investigación por flora es inédita en el país y gira en torno a la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes n.º 23737.
La acción se relaciona al cactus San Pedro (Trichocereus pachanoi), el cual contiene el principio activo mescalina (trimetoxifeniletilamina), un alcaloide con propiedades alucinógenas regulado por el Decreto 560/2019. En el marco del procedimiento también se halló gran cantidad de plantas de canabis (Cannabis sativa) y floripondio (Brugmansia arbórea), que en su constitución contienen la popularmente llamada burundanga “Escopolamina”, plantas que son utilizadas por su principio activo para cometer delitos.
En los operativos el Ministerio de Ambiente intervino por normativa CITES más de 6 mil ejemplares de flora por no contar con la documentación que acredite su legítimo origen. También se secuestraron por la ley de estupefacientes casi un centenar de cactus San Pedro y ejemplares de cañamo sativa, entre otras.
De la acción participó el director de Inspecciones, Alejandro Mackielo, dependiente de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky. Los allanamientos fueron librados por el fiscal de Morón, Sebastián Basso.
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Por carta: una cámara le avisó a Fernández que dejará de producir un biocombustible

Fecha de Publicación: 30/03/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La Cámara de Bioetanol de Maíz informó que sus empresas llevarán adelante la medida desde el mes próximo por la falta de recomposición de precios; alertan por un faltante
La cámara que agrupa a las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz, que se usa en mezcla con la nafta, le advirtió al presidente Alberto Fernández que se dejará de producir y vender este biocombustible debido a una falta de recomposición del precio.
En una carta al jefe de Estado, la Cámara de Bioetanol de Maíz señaló: “Nos dirigimos a Ud. a los fines de poner en su conocimiento que las empresas elaboradoras de bioetanol de maíz se verán obligadas a dejar de producir y comercializar bioetanol de maíz por la falta de respuesta a nuestro urgente pedido de recomposición del precio establecido por la autoridad de aplicación” (la Secretaría de Energía). Entre directas e indirectas la industria de etanol de maíz tiene 5000 personas vinculadas.
Según las empresas, que son cinco que entregan el 55% del bioetanol (además de maíz, también se elabora con caña de azúcar, cosa que hacen los ingenios azucareros) que se mezcla en 12% en las naftas, el valor que hoy cobran no les alcanza para adquirir la materia prima.
“Es necesario que el precio del bioetanol de maíz sea fijado en alrededor de $100 por litro, atento a que el actual precio de $65,42 por litro no permite siquiera comprar la materia prima para producir, ocasionando cuantiosas pérdidas operativas por cada litro producido”, indicó la organización.
La cámara añadió en la carta que, “como referencia, la última fórmula de precio para el bioetanol de maíz -disposición 87/2018, con la debida actualización de todos sus ítems- rondaría para abril los 96 pesos/litro”.
La entidad precisó que la situación de las empresas es de “quebranto”. Detalla que, mientras el maíz subió 80% desde septiembre de 2021, el precio del bioetanol lo hizo un 10%.
“Sin bioetanol de maíz, la Argentina sufrirá falta del 6% de naftas para abastecer la demanda en las estaciones de servicio, o se verá obligada a reemplazarlo mediante la importación del 6% de todas las naftas consumidas en el país (a precios muy superiores que el del bioetanol), con la consiguiente salida de divisas, perjuicio para las empresas petroleras importadoras y la destrucción de las inversiones en nuestro sector”, apuntó.

Postura
Patrick Adam, director ejecutivo de la cámara que agrupa a las empresas, detalló a LA NACION que “nunca fue tan conveniente usar etanol en las naftas”.
“Con el bio a 100 (pesos) ganan todos. El Estado por evitar fuga de divisas, las petroleras que minimizan sus pérdidas y los productores de bio que no se ven forzados a cerrar sus plantas”, agregó el director ejecutivo. Precisó que desde el 1° de abril se dejará de producir y comercializar por lo expuesto en la carta a Fernández.
Adam remarcó que “importar naftas cuesta 120 pesos por litro sin impuestos y tienen que venderla a 70 pesos. Todo pérdida”.
Por su parte, Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, señaló que, si bien formalmente la mezcla es del 12%, “en la práctica, desde este mes, por reducción de entregas de bioetanol de caña está en un 10%”.
“Los cañeros habían adelantado mucho bioetanol en los meses anteriores para atender un corte que en la práctica fue superior al 12%, además de un importante aumento de la demanda de naftas. A los refinadores de petróleo, los bajos precios del bioetanol frente a la nafta importada los incentivaba a usar más bioetanol”, apuntó Molina.
Adam señaló: “Nosotros cumplimos con el seis por ciento y más también (de participación en el total de bioetanol)”. Agregó que en el norte se llevó incluso al 9% la participación de este producto de las etanoleras de maíz.
El presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz agregó a la queja del sector: “Incumplieron [por el Gobierno] hasta ahora con el aumento ligado al aumento de las naftas. Estamos esperando la resolución desde principios de mes”.
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Empresarios mineros saldrán a explicar y convencer que "puede haber minería sustentable"

Fecha de Publicación: 30/03/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


Raúl Rodríguez, titular de la CaMEM, afirma que "en la sociedad hay un gran desconocimiento" sobre minería. Busca que se conozca el protocolo internacional que se aplica en la actividad
"Puede haber minería cuidada". Ése es uno de los puntos que la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM) intentará hacer llegar al Gobierno y al pueblo mendocino que en 2019 le cerraron las puertas a la minería metalífera.
Empresarios mineros, liderados por el abogado especialista en Derecho Minero Raúl Rodríguez, recibieron a miembros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) interesados en conocer la situación de la actividad en Mendoza. A su vez, lo que los locales buscaban de sus colegas de otras provincias es su plan de comunicación, que se aplica con bajada nacional y que en tierras mendocinas todavía no se pone en marcha.
De Mendoza la única certeza que se llevaron fue que que la situación no ha variado en el sector público desde aquel diciembre de 2019, cuando miles y miles de personas coparon las calles y frenaron con su ímpetu la reforma de la ley 7.722 que había sido votada en la Legislatura por el oficialismo de Rodolfo Suarez y la oposición liderada por Anabel Fernández Sagasti.
Aquella norma, que está vigente desde 2007, es la que regula la actividad minera en Mendoza prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera. De ahí que actualmente en la Provincia el único yacimiento metalífero habilitado es Hierro Indio, aunque solo se trata de un proyecto de exploración.
Con la 7.722 vigente quedan fuera de explotación el cobre, la plata y el uranio. "El cobre es el potencial más importante", aportó Rodríguez en diálogo con Diario UNO.

Educación y minería cuidada
"La falla -al impusar la minería hace dos años- fue no conocer con exactitud el grado de conocimiento que la sociedad mendocina tenía sobre minería", reconoce Rodríguez. "En la sociedad hay un gran desconocimiento", dice y considera que es necesario comenzar a trabajar arduamente, a paso de hormiga, en ello.
Sabe que para darle masividad al proyecto de instrucción es necesaria la pata estatal pero también es consciente de que, al menos por ahora, no habrá acciones a nivel público.
"Creemos que podemos empezar a participar de eventos, a organizar eventos, a fortalecer nuestras redes", dice desde su lugar de empresario. "Podemos -desde la Cámara- intentar 'educar' a los funcionarios (y a los ciudadanos); hacerles entender que la minería es una actividad que se realiza con protocolos estandarizados, con alta tecnología", agrega sobre los primeros pasos de este plan de comunicación que llevará años aplicar.
Y que entiende que no será suficiente, solo con el aporte privado: "Sería fundamental una política y la participación del Estado para darle masividad porque es quien tiene las herramientas para hacerlo".
"Puede haber minería 'cuidada'", dice usando un adjetivo aportado por la periodista. Hoy se aplica el "protocolo de Canadá 'Hacia una minería sustentable' (HMS) que consiste en buenas prácticas, con certificaciones, con auditorías públicas".
El HMS fija estándares internacionales de calidad y control para garantizar una actividad minera responsable, transparente y confiable. Consta de un conjunto de herramientas e indicadores que impulsan el buen desempeño y aseguran que los principales riesgos de la minería se administren de forma adecuada, planteando parámetros e instancias de control externo para las compañías mineras.
De ahí que Rodríguez asegura que hoy por hoy, se trata de una "actividad fácilmente controlable por la comunidad" que "no se conoce porque ni el Estado ni nosotros hemos hecho la tarea".

Qué minería se explota hoy en Mendoza y qué se podría explotar
Con la 7.722 vigente (que prohíble el uso de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras) hoy en Mendoza lo que se impone es la minería no metalífera: canteras, yeso, bentonita, baritina, arena en las que trabajan empresas como Holcim, Knauf, Pescio o Anchoris.
Son proyectos que, dentro de esta actividad económica, no mueven la aguja de las inversiones ni de la generación de empleo.
También hay minería metalífera pero es de exploración y está exclusivamente en Hierro Indio, en San Rafael, en la cuenca del Río Atuel.
El potencial más alto en Mendoza, explica Raúl Rodríguez, es el cobre. Pero "para que haya inversores se tienen que alinear la situación macroeconómica, la legislación y la realidad social". Porque como para cualquier proyecto que implique un alto desembolso de dólares, se necesita principalmente seguridad jurídica.
"Si hubiera una política de Estado creando las condiciones, Mendoza tendría potencial minero", dice.
Y reclama: "Mendoza podría ser destinatario de las inversiones (se esperan unos U$S 20.000 millones en Argentina en los próximos 10 años) pero no tiene política minera desde más de 30 años y hoy se pagan las consecuencias".
"Me da impotencia porque Mendoza podría tener eso y mucho más. Pero no veo que el tema esté en agenda", dice y con esperanza mira al futuro: "Lo bueno es que el mineral no se va. Aspiramos a que haya una maduración del tema. Es una irresponsabilidad no aprovechar el potencial minero de la Provincia".

Los números de la minería en 2021, según el Estado nacional
Las exportaciones mineras alcanzaron en 2021 los U$S 3.230,54 millones, monto que representa una suba del 23,3% respecto al año anterior, en tanto el empleo de las empresas del sector llegó a los 31.323 puestos de trabajo promedio anual, valor que resultó 2,7% superior al del año anterior, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Minería.
Las principales provincias exportadoras de minerales fueron Catamarca (U$S 114,48 millones), Jujuy (U$S 361,68 millones), San Juan (U$S 845,51 millones) y Santa Cruz (U$S 1,616,99 millones).
En cuanto al empleo sectorial, el promedio anual 2021 se ubicó en 31.323 puestos de trabajo, valor (+2,7%) superior al del año anterior 30.494.
En la comparación interanual el nivel de empleo solo mostró variaciones negativas en los sectores de No Metalíferos (-3%) y Minerales no clasificados previamente (-14,2%).
En tanto que, según indicó el subsecretario de Desarrollo Minero, Andrés Vera, en la Argentina podría recibir en los próximos dos años inversiones directas por U$S 20.000 millones, si se concretan los principales proyectos de cobre, oro, litio y plata que se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo, con el consecuente impacto en exportaciones, la cadena de proveedores y la mano de obra regionales.
El subsecretario destacó también a mediados de febrero, cuando se empezaron a impulsar las mesas de diálogo minero desde el ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas, que la Argentina se inserta "en un ciclo virtuoso de la minería metalífera global, en un marco de sostenibilidad ambiental" que permite registrar una muy baja tasa de siniestralidad y de daño ambiental.
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Cuáles fueron las "anomalías" y eventos climáticos extremos en 2021

Fecha de Publicación: 29/03/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Según el reporte anual que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura media del país fue superior a lo normal y que la región con mayores anomalías positivas fue la Patagonia.
Récords de temperaturas y olas de calor, lluvias por encima de la media y sequía extrema, poca nieve o demasiada, y un preocupante aumento de los gases de efecto invernadero son algunas de las "anomalías" destacadas del reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) "Estado del clima en Argentina 2021".
El informe, de 46 páginas, realiza una evaluación de las condiciones climáticas que afectaron a la Argentina durante el 2021.
El dato conocido es que la temperatura media del país fue superior a lo normal y que la región con mayores anomalías positivas fue la Patagonia.
"Desde mi punto de vista, es para remarcar la anomalía térmica, de temperatura, porque 2021 fue el quinto año más cálido desde 1961, así como el hecho de que hayan sido 11 años consecutivo de temperaturas por encima de lo normal", dijo a Télam Celeste Saulo, directora del SMN.
"Argentina está dando cuenta de lo mismo que está ocurriendo a nivel global, que es el aumento sostenido de la temperatura por encima de los niveles de referencia", comentó.
A nivel país, entre enero y diciembre de 2021, la anomalía de temperatura media anual estimada a nivel país fue de +0,58°C con respecto al período climatológico 1981-2010.
Durante el 2021 se destacó el desvío promedio en Patagonia (+1,1°C), donde se quebró el récord histórico de calor anual, "superando por varias décimas de grado al máximo anterior de 1998 (+0,77°C)", indicó el reporte, publicado con fecha 20 de marzo.
En cuanto al calor, en enero tuvo lugar la ola de calor más significativa del verano, cuando se rompió el récord histórico de temperatura máxima absoluta en Cipolletti (43,8°C) y Maquinchao (38,9°C). La máxima duración de este fenómeno ocurrió en las localidades de Las Flores (8 días), Malargüe y Río Colorado (7 días).
En gran parte de la región se superaron los 35°C. Las temperaturas alcanzadas en las localidades de El Bolsón (38,2°C el día 5) y Paso de Indios (38,5°C el día 4) rompieron los récords históricos de esas localidades.
Lo mismo pasó en otoño: en Bariloche, con 17,6°C como media máxima más alta del otoño, y El Bolsón, con 19,4, por encima de las cifras de 2015 y 2016 respectivamente.
A nivel país, el mes de septiembre fue el que presentó los mayores "apartamientos positivos (valores superiores a los +3°C)", y fue el segundo septiembre más cálido a nivel país desde 1961. En la primavera, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, con 9 grados de mínima media más alta, pasó un registro de 1971.
Durante el invierno 2021 se registraron "episodios de frío extremo" en el centro y noreste de Argentina. Las dos primeras olas de frío ocurrieron durante la segunda mitad de junio y se originaron debido a dos potentes ingresos de aire polar.
Se registraron récords de temperatura mínima más baja en Villa María de Río Seco (-9,0°C), Catamarca (-6,2°C) y Mercedes (-2,5°C).
También se destacó la persistencia de temperaturas máximas muy bajas sobre el sur del Litoral y noreste de Buenos Aires. "La ciudad de Buenos Aires no tenía una seguidilla de tardes tan frías desde julio de 2007", destacó el informe.
 En cuanto a las precipitaciones, en el 2021 se observaron condiciones deficitarias a nivel país. Se posicionó en el puesto 13 de entre los más secos desde 1961, similar a lo ocurrido en el 2020, uno de los años más secos registrados desde 1961 y el más seco desde 1995.
En algunas áreas hubo exceso de agua. Por ejemplo, con 276 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, el 5 de enero se batió un récord de 1990 y en San Juan, en noviembre, 34 milímetros dejaron atrás una marca de 1976.
También en San Luis, con 260 milímetros de precipitación acumulada en enero se batió un récord de 1983.
Por el contrario, Ezeiza tuvo 11,3 mm de lluvias acumuladas en diciembre, menos que el récord de 1956, y estaciones meteorológicas como la de Junín tuvieron su récord mínimo de precipitación acumulada anual con 644,3 milímetros, menos que lo registrado en 1960.
De enero a marzo del año pasado, gran parte del país estuvo afectado por el fenómeno de sequía.
Las áreas más afectadas fueron el noroeste de Patagonia, el noreste del país (Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa) y la región de Cuyo, mientras que el porcentaje de coberturas de nieve en la cordillera central entre abril y agosto fue muy inferior al promedio del período 2000-2019.
Esto trajo aparejado la bajante hidrológica del río Paraná a lo largo de todo su cauce. Con mínimos históricos, fue la más pronunciada desde el año 1944.
La sequía favoreció la generación de incendios en gran parte del territorio nacional durante 2021 y tuvo sus consecuencias económicas: "Considerando únicamente las áreas con sequía moderada, 7.192.087 cabezas de stock bovinos y 3.016.796 hectáreas de cultivos estuvieron en riesgo, siendo los de la soja, el maíz y el girasol los más perjudicados", se precisó.
A la hora de evaluar la importancia de este informe, Celeste Saulo dijo: "Esperamos que este boletín sea utilizado por distintos sectores que toman decisiones, productivos, educativos, también por quienes comunican para que podamos compartir un recurso que es la información oficial y que, analizada a la luz de una historia, nos permite a todos estar en la misma página y en sintonía".
 Saulo mostró preocupación por estos datos: el informe precisó que los registros de dióxido de carbono y metano muestran un incremento constante a lo largo de los años. Siguiendo la tendencia mundial, ambos gases aumentaron su concentración a lo largo del 2021, si bien los valores medidos por el SMN fueron menores a las concentraciones medias globales.
"Lamentablemente los gases de efecto invernadero, que son los que se podrían controlar para evitar que se siga exacerbando el calentamiento global, no están disminuyendo, continúan un aumento sostenido más o menos desde 1980 hasta la fecha. Este es el mayor llamado de atención que tenemos que hacer", indicó la directora del Servicio Meteorológico Nacional.
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Uruguay pidió información a la Argentina por la planta nuclear que construirá en Buenos Aires

Fecha de Publicación: 29/03/2022
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


El canciller de Uruguay Francisco Bustillo le envió una carta a su par argentino, Santiago Cafiero, para solicitar información sobre la central nuclear Atucha III, de capitales chinos, que Argentina construirá en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
El pedido en la carta se basa en la Convención sobre Seguridad Nuclear del año 1994, realizada en Viena, y aprobada por Argentina y Uruguay –este último a través de la ley 17.588 de 2002–, consignaron desde la secretaría de Estado.
En específico, Bustillo le pidió información a Cafiero basándose en el artículo 17 de la Convención, que sostiene que un país que instale una central nuclear debe "consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías" y puedan verse afectadas por la construcción, y también "proporcionar la información necesaria" a las partes para "evaluar y formarse su propio juicio" sobre las "probables consecuencias" para la seguridad del país.
Además, en la misiva se menciona al artículo 16.2 del documento, que exhorta al país que construya una planta a que "suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta" a los "Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear", cuando sea "probable" que se vean afectados por "una emergencia radiológica" en la instalación.

Sin respuesta
Hasta ahora, Argentina no ha enviado una respuesta al pedido, aunque en Cancillería aseguran que la situación se encuentra dentro de sus plazos, debido a que sostienen que el comienzo de la construcción de la central está previsto para finales de 2022 o principios de 2023.
Además, las fuentes dijeron que hay una "buena relación para estos asuntos" entre Bustillo y Cafiero, que también conversaron sobre esta situación en la asunción del presidente de Chile, Gabriel Boric, el 11 de marzo.
La nueva planta será la tercera de Atucha en la localidad de Lima, que tiene 10.000 habitantes y está a 133 kilómetros de Colonia del Sacramento, y a alrededor de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El contrato de la obra fue firmado en febrero de 2022 por la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), tendrá un costo de u$s3.800 millones, y empleará a 7.000 trabajadores, indicó el gobierno argentino en un comunicado.
Es la primera planta de este tipo que se construirá en Argentina desde 1981, y prevé generar más potencia que sus predecesoras (1.200 MW), debido a que usará uranio enriquecido como generador de energía y agua liviana como refrigerante, en vez de uranio natural y agua pesada como en las anteriores, según la información brindada por Argentina.

El proyecto
La energética estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) firmaron en 2020 el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha III, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos (Mwe) que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima.
El evento se realizó de manera virtual por las restricciones sanitarias vigentes y, junto con las autoridades de ambas compañías, estuvieron presentes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el embajador chino en la Argentina, Zou Xiaoli, su par argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo.
El proyecto forma parte del Plan de Acción de Nucleoeléctrica Argentina, aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de junio del año pasado, y supone una inversión superior a los u$s8.000 millones, además de la creación de unos 7.000 nuevos puestos de trabajo.
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Ponen en duda legalidad de sesión en la que se aprobaron acuerdos con mineras

Fecha de Publicación: 29/03/2022
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El presidente del bloque de la UCR, Luis Lobo Vergara, sostuvo que "no estaban dados los plazos para que haya una sesión especial.
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Luis Lobo Vergara, afirmó que la oposición está analizando realizar una presentación en la justicia para determinar si la sesión especial donde se aprobaron los acuerdos firmados entre el Gobierno de la Provincia y las empresas mineras Liex (Proyecto Tres Quebradas) y Galaxy Lithium (Sal de Vida) cumple con el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Sucede que el miércoles, cuando la Cámara baja aprobó las actas con las empresas, lo hizo durante una sesión especial que el Frente de Todos pidió exclusivamente para tratar los proyectos, luego de que la oposición se negara a tratarlos en la sesión extraordinaria que se concretó previamente. Si bien las iniciativas tenían despachos de la Comisión de Hacienda, éstas no tenían el período de observación vencido por lo que para ser tratados por el pleno del cuerpo requerían el acompañamiento de los dos tercios de los presentes en el recinto. Para el oficialismo, al convocar a una sesión especial, el impedimento de los dos tercios quedaba saldado y se podía tratar los proyectos sin ningún inconveniente.
Según el reglamento del cuerpo, el período de observación es el plazo en el que los diputados que no son parte de una Comisión puedan realizar observaciones al despacho de un proyecto. Este plazo es de cinco días hábiles.
En diálogo con la prensa, Lobo Vergara puso en duda la legalidad de la movida oficialista. “Estamos analizando si la jugada es inconstitucional, porque a través de este procedimiento evitaron que 30 diputados que no forman la Comisión de Hacienda tengan el tiempo de hacer observaciones a los despachos”, dijo.
“Entendemos que si los proyectos tienen despachos con un período de observación que impide el tratamiento, la sesión especial tampoco debería permitir que con una mayoría simple se viole un principio jurídico, que es esperar el tiempo para que otros diputados puedan verlo”, añadió.
Para el diputado opositor, “no estaban dados los plazos para que haya sesión” porque faltaba cumplir con el plazo de observación que “tiene como espíritu que los legisladores que no son de la comisión puedan leer el dictamen y hacer observaciones legales o políticas”.
En este marco, cuestionó al oficialismo al preguntarse “si el reglamento de la Cámara lo utilizamos siempre para buscarle la vuelta y torcer el procedimiento natural de la institución o si lo utilizamos conforme a su espíritu”, dijo.
Finalmente, Lobo Vergara recordó que esta no es la primera vez que el Frente de Todos utiliza este recurso para aprobar una norma sin el período de observación vencido. “El año pasado para el tratamiento del Presupuesto 2022 hicieron lo mismo”, sostuvo.

Respuesta
El diputado oficialista Augusto Barros salió al cruce del planteo de su par opositor al afirmar que la sesión fue legal. “El frente opositor siempre pretende embretar el trabajo del oficialismo en cuestiones reglamentarias”, dijo.
Según el diputado, no había necesidad de dilatar el tratamiento de los proyectos teniendo en cuenta que “ya estaban los despachos, había una observación y ya no había nada más que decir”.
“Desconocemos cuáles eran los motivos de tanta reticencia para poder tratar los proyectos”, añadió.
“No hay ninguna picardía, son las reglas del juego de un cuerpo deliberativo y reglamentariamente no hubo nada inconstitucional”, manifestó.
La semana pasada en una extensa y polémica jornada, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar media sanción a las actas acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y las empresas mineras Liex (Proyecto Tres Quebradas) y Galaxy Lithium (Sal de Vida). La oposición cuestionó el trámite exprés del oficialismo y ahora pone en duda el trámite parlamentario.
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