Cabandié encabezó la última asamblea del año del COFEMA

Fecha de Publicación: 08/12/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


De la jornada participaron las autoridades ambientales de cada provincia.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, realizó la apertura de la Asamblea Ordinaria n.° 101 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), acompañado por el presidente del organismo y secretario de Ambiente La Rioja, Santiago Azulay. La reunión se realizó de manera presencial en la sede de la cartera de Ambiente, con las restricciones y cuidados que la situación sanitaria vigente demanda.
En la apertura del encuentro, Cabandié expresó: “Cuando iniciamos la gestión hace dos años, lo hicimos con la convicción de trabajar con una mirada federal y dialogando con todas las partes que integran el COFEMA”. En esta misma línea el titular de la cartera ambiental de la Nación mencionó: “Pudimos avanzar en muchos temas de gestión, pero ante todo, jerarquizamos la agenda ambiental” y agregó: “Sé que todas y todos nosotros tenemos un compromiso en común; ser parte de la dirigencia que comenzó a cuidar el planeta”.
Durante la jornada, Cabandié repasó algunos logros de estos dos años de gestión, se refirió al crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y destacó : “Ya comprometimos el 100 % del presupuesto y tenemos ejecutado más del 70 %. Este crédito lo utilizamos para llevar a más de cien municipios equipamiento para la gestión de residuos sólidos urbanos”.
Además, el titular de la cartera ambiental se refirió al combate de los incendios forestales y declaró: “El presupuesto para combate de incendios forestales es 7 veces mayor al del 2019. Pusimos el eje de los medios aéreos en el lugar justo, porque los medios aéreos no son los que apagan los incendios forestales, sino que son los recursos humanos en la prevención y en el momento del foco en sí mismo”.
“En cuanto a nuestros bosques nativos, el titular de la cartera ambiental de la Nación mencionó: “Al finalizar este año estaremos transfiriendo a las provincias más de $ 1500 millones del programa FOBOSQUE”. “Tenemos el objetivo de bajar la tasa de deforestación, cuidar nuestra biodiversidad y nuestra matriz productiva, para esto es necesario tomar acciones respecto de la manera en la que producimos”, sumó el funcionario.
También el ministro Cabandié se refirió a los proyectos de leyes que impulsa la cartera que dirige y detalló: “La ley de humedales es una meta a cumplir en el 2022, esperamos que pueda aprobarse en el Congreso de la Nación ya que es una demanda creciente que tenemos”, también aclaró: “Estamos iniciando conversaciones para impulsar una ley de bienestar animal para regular las actividades que impliquen el trato con animales, incluyendo la fauna marina”
Por último, el funcionario afirmó que la ley de envases “busca evitar los basurales a cielo abierto, mitigar los gases de efecto invernadero que emiten estos basurales y darle un verdadero sentido a la economía circular”. “Proponemos una ley para que cada compañía que produce envases pueda administrar su propio mecanismo de recolección de ese envase”, finalizó el ministro.
A su turno, Azulay expresó: “Hay temas trascendentes que seguramente van a formar parte de la agenda de este cuerpo con miras hacia el año que viene, en dónde estaría muy bueno que podamos seguir empujando hacia arriba la concepción de las políticas públicas con una mirada sostenible”.
Durante la jornada, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y la Comisión de Residuos presentaron los principales lineamientos del proyecto de ley de envases y explicaron la importancia de su sanción para que las políticas de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) se puedan aplicar en todo el territorio con criterio federal, sin importar si se trata de una localidad pequeña, alejada de los grandes centros urbanos.
Entre los temas abordados, los representantes dialogaron en torno al informe elaborado por la Comisión de Prevención del Fuego.
A su turno, el director nacional de Bosques, Martín Mónaco, realizó la exposición del informe de la Comisión de Bosques sobre transferencias y estado de rendiciones. El director también presentó el proyecto de distribución del Fondo Verde para el clima. En esta misma línea, María Olivares, auditora interna del COFEMA, expuso el informe de la comisión mencionada sobre las rendiciones pendientes por transferencia de la Ley de Bosques.
Luego, el presidente del organismo, Santiago Azulay, lideró la designación de los representantes titulares y suplentes para la coordinación de la Ley de Educación Ambiental Integral.
Durante el encuentro también se presentó la designación de los representantes de COFEMA ante la Comisión Asesora Nacional del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. En este sentido, fueron designadas una persona titular por la provincia de Catarmarca; una persona titular por la provincia de Córdoba;y un titular por la provincia de Río Negro. Asimismo se designaron los roles alternos por las provincias de Jujuy, La Rioja y Chubut.
Cabe indicar que durante la asamblea se informaron las declaraciones de interés federal de COFEMA de las jurisdicciones.
Además, se presentó el Programa para la Acción Ambiental, una iniciativa de la Dirección Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la cartera ambiental nacional. La presentación fue realizada por Guido Veneziale, quien está a cargo del área.
En la jornada, los representantes del COFEMA también analizaron los pedidos de informes recibidos y respondidos por la Comisión de Asuntos Legislativos.
Cabe destacar que durante la jornada se entregaron placas de reconocimiento a la trayectoria al ministro de Ecología, Recursos Naturales y Renovables de Misiones, Mario Vialey, y al secretario de Ambiente de San Juan, Raúl Tello. Ambos funcionarios dejan sus cargos provinciales y su respectiva representación en el Consejo.
Por parte del Ministerio de Ambiente nacional, también participaron Soledad Cantero, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación; Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria de Interjurisdiccional e Interinstitucional; Martín Mónaco, director Nacional de Bosques; Nicolás Fernández, director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información; y Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Además, los representantes de las jurisdicciones presentes fueron: Ricardo Robador, secretario de Medio Ambiente de Catamarca; Marta Soneira, secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco; Eduardo Arzani, ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut; Renzo Morosi, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de Córdoba; Daniela García; secretaria de Ambiente de Entre Ríos; Hugo Bay, subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; Estefanía Sánchez Cuartiellles; directora de Planeamiento Estratégico de Jujuy; Fabián Tittareli, subsecretario de Ambiente de La Pampa; Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza; Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático de Misiones; Mario Vialey, ministro de Ecología, Recursos Naturales y Renovables de la misma provincia; Lucía Redondo Caamaño, directora de Áreas Naturales Protegidas de Neuquén; Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente de Salta; Raúl Tello, secretario de Ambiente de San Juan; Darío Szklarek, jefe de Programa de Recursos Naturales de San Luis; Ana Maria Cortés, subsecretaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Santa Cruz; Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente de Tucumán.
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Tras COP26: la propuesta del Consejo Agroindustrial al Gobierno por el cambio climático

Fecha de Publicación: 08/12/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En un comunicado, destaca la necesidad de trabajar los temas que, considera, requieren atención y articulación
Tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) le hizo una propuesta al Gobierno para trabajar de manera conjunta en alcanzar los objetivos anunciados durante la conferencia. Estos son: reducir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2030 y lograr la carbono neutralidad para 2050.
“Contamos con el conocimiento científico y la información que nos permitirá avanzar de manera sostenida, siendo necesarios acordar los objetivos del país en el futuro cercano”, expresó el CAA.
El 29 de octubre pasado, el CAA había manifestado en un documento su preocupación al considerar que el país llegaba con “carencias” a la COP 26 que estaban evidenciadas en “una falta de articulación entre las agendas legislativas y ejecutivas y las posiciones de los mismos Ministerios”. A su vez sostuvieron que “el Gabinete de Cambio Climático no cumplió los objetivos de su creación”.
Es por ello que, tras el cierre de la conferencia COP 26, desde el CAA consideraron que el primer punto a trabajar para avanzar en una estrategia nacional es “fortalecer los espacios institucionales de diálogo público-privado”, además de “la necesaria articulación de políticas” entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y entre los Ministerios del Poder Ejecutivo.
Asimismo, planteó una agenda de temas, los cuales expresaron que requieren atención y la articulación de “maneta prioritaria”. En rigor, propuso revisar los sistemas de medición del balance de carbono en los Inventarios Nacionales e impulsar “la medición real” de los diferentes sistemas productivos, en particular, la ganadería y bosques.
También la elaboración de un documento de política pública que incluya los aportes de las bioenergías en la transición energética y una evaluación integral de la misma al 2030 y al 2050 para su posterior implementación en la matriz energética nacional.
En lo que respecta a la mitigación, sostuvo: “Considerando que es imposible lograr la carbono-neutralidad sin mitigación, se requiere elaborar la estrategia de captación de CO2 basada en la naturaleza, tal como la expansión de la forestación, su medición adecuada y financiamiento”.
Recomendaron evaluar las opciones y oportunidades que puede tener la Argentina y el sistema productivo para obtener financiamiento externo tanto para mitigación como para adaptación.
Asimismo, se pronunció sobre la importancia de trabajar en la búsqueda del financiamiento para avanzar en los procesos de adecuación que permitan la adaptación. “Haciendo menos vulnerables a los sistemas productivos, financiamiento para el desarrollo de tecnologías y procesos para la mitigación y el monitoreo en tiempo real de las actividades”, detalló. También la evaluación de los escenarios de impacto por región, cadena productiva y priorización de acciones para la adaptación.
Sobre el comercio internacional, remarcaron la importancia de establecer un equipo de seguimiento de los requisitos que se impulsan por países, cadenas de suministro y sistema financiero que pueden afectar al país y generar una estrategia nacional y regional de negociación consensuada para actuar en los foros internacionales.
Para el CAA también es importante alinear las políticas de investigación, innovación y transferencia de tecnología de INTA, INTI, Conicet, entre otros organismos, y su financiamiento para “priorizar las estratégicas relativas a medición, monitoreo y reducción de la huella de carbono, captura de carbono y lograr sistemas productivos más sostenibles certificados”.
Por último, propone que el Gabinete Nacional de Cambio Climático emita opinión sobre nuevas leyes o modificaciones que afectan el balance de carbono. “Se debería revisar también la legislación contraria a dichos objetivos, tal como la ley de biocombustibles y la modificación de la ley de manejo del fuego”, dijo.
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35 mil pingüinos en peligro por contaminación de las pesqueras

Fecha de Publicación: 08/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Cruz


Los expertos reclaman controles contra las pesqueras que no tratan el agua que arrojan al mar.
En las últimas horas se difundieron unas alarmantes imágenes, donde se pueden ver a una serie de pingüinos rodeados de agua rosa que según los expertos son desechos de las pesqueras.
Asimismo, se confirmó que por este desastre de contaminación por parte de las pesqueras que no tratan el agua y arrojan esos desechos directamente al mar ponen en peligro 35 mil pingüinos en Puerto Deseado, Santa Cruz.
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Un modelo que agota

Fecha de Publicación: 07/12/2021
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Entre Ríos


En las Islas Lechiguanas del Delta Medio del Paraná, cinco mil hectáreas endicadas y siembra directa con agroquímicos como si fuera la pampa húmeda. Desvío del curso natural del agua, explotación del suelo y contaminación del aire. Causas civiles, persecución penal y violación de medidas cautelares. El accionar estatal adormecido y el rol de las organizaciones.
Las islas Lechiguanas, que pertenecen a la provincia de Entre Ríos y que están frente a la costa de Ramallo, nuevamente conforman el escenario de la escena. Pareciera ser un nuevo capítulo de una serie con demasiadas temporadas, en la cual los personajes se repiten y los desenlaces de las acciones se tornan previsibles. Como en aquellos relatos cinematográficos, en esta película de no ficción sólo algunos salen ilesos y los demás acusan recibo de los golpes. En este caso, las personas afectadas son quienes sostienen la resistencia ciudadana.
– Parece interminable. Con algunas variantes pero son los mismos capítulos que vimos siempre-. La saga a la que refiere Fabián Maggi, abogado ambientalista, pertenece a una secuencia del orden de lo real. El desarrollo de los hechos es pura causalidad. Dentro de las escenas de los  capítulos anteriores hubo: terraplenes, endicamientos, quemas antrópicas, fumigación con agroquímicos, ingreso de máquinas agrícolas, siembra, denuncias y cautelares. En esta nota intentaremos dar cuenta del devenir de los hechos más recientes.
Desde las partes más altas de los edificios que están sobre la costa de Ramallo, los vecinos empezaron a ver en la oscuridad de la noche movimientos de luces provenientes de la zona de islas donde lógicamente no hay rutas ni caminos. Las luces proyectadas venían de la zona en la cual tienen el emprendimiento los empresarios Fabio Di Fonzo y Juan Nazar. Al día siguiente de recibir la alerta de los vecinos, dos integrantes de la organización UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) decidieron seguir la luz de la sospecha.
– Al otro día agarramos una lancha y fuimos para ahí, recorrimos una distancia de 6 kilómetros aproximadamente hasta las islas Lechiguanas. Cuando llegamos vimos lo que no queríamos ver-. Quien habla es Matías Scarpacci, integrante y miembro fundador de UPVA. Matías no es fotógrafo pero ese día tenía un rol bien definido, una responsabilidad: registrar lo que estaba sucediendo en la zona de islas explotada por la empresa El Mapuche SRL.
Para ver lo que no querían ver, los dos enviados de UPVA tuvieron que bajarse de la lancha y caminar. “El pescador que pasa por ahí no puede ver los movimientos porque están los terraplenes. Sólo se ve una loma de tierra. Eso hace que puedan trabajar mucho más escabullidos sin levantar la perdiz”, dirá después Matías. Aquel día caminaron un kilómetro y pasaron por dos zanjones, el último con el agua al pecho. Una parte de la adrenalina tenía que ver con el temor de lo que podía pasarles si los veían en el lugar. Pero era necesario grabar esas filmaciones. “Lo que queríamos era tener la filmación de esta gente cosechando el maíz”.
Cuando subieron al terraplén pudieron observar la secuencia que ocurría a unos quinientos metros: una cosechadora y dos tractores con monotolvas trabajando como en la pampa húmeda. La cosechadora iba y venía y los tractores buscaban el maíz en la cosechadora y lo llevaban a los silos bolsas. Los dos días siguientes volvieron al lugar con un drone que captura las imágenes con los datos de geolocalización. Esas filmaciones, captadas entre el domingo 24 y el martes 26 de octubre, fueron presentadas en el juzgado de Paraná a cargo del juez Daniel Alonso. Previamente hicieron la denuncia en Prefectura. Les dijeron que los iban a llamar pero el teléfono no sonó. Tuvieron que ir dos veces más para que les dijeran que intentarían parar la cosecha, cosa que hicieron recién el miércoles 27. “Siempre tarde porque en definitiva este empresario hizo todos los ilícitos y llegó al objetivo que era llenarse de plata en base a un ecocidio sobre toda la población de Ramallo y las ciudades aledañas”, apunta Matías.

De cautelares y violaciones
El 1 de julio y el 1 de diciembre de 2020 se dictaron dos medidas cautelares que abarcan a esta zona de conflicto. La primera incluye a todo el Delta (Alto, Medio y Bajo), mientras que la segunda es específicamente para las islas Lechiguanas que pertenecen al Delta Medio. En la primera cautelar, el Juzgado Federal N° 2 de Paraná falló a favor de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental –uno de cuyos representantes es el Dr. Fabián Maggi- e impuso un amparo que ordena ´la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental, construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda´. La segunda medida cautelar agrega la prohibición del uso ´de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza para la realización de tareas agrícolas´. Y también ´impide el ingreso de nuevas maquinarias y equipos agrícolas o viales a las Islas Lechiguanas, que, de encontrarse en el lugar, serán objeto de secuestro preventivo´.
El abogado Fabián Maggi explica que después de varios días de haber hecho la denuncia en Prefectura sin tener ningún tipo de novedad, presentaron el 4 de noviembre una nota en el expediente judicial reclamándole al doctor Alonso sobre lo mismo que ya se había denunciado en Prefectura. “Recién ahí tenemos la primera noticia de una real intervención del juez que despacha una orden de inspección del predio. El 9 de noviembre nos enteramos de que esa inspección se realizó sin invitarnos a participar, sin fijar fecha y hora para que nosotros podamos fiscalizar que era lo que sucedía”. Tampoco fue notificado el fiscal que está a cargo de la investigación penal. “Sabiendo cabalmente el juez Alonso que está en curso una investigación penal, no tuvo la prudencia de notificar al fiscal para que intervenga y opine”.
Tres días después de la primera denuncia que hicieron en Prefectura, el mismo buque Flecha Misionera que había sido denunciado salió desde el emprendimiento El Mapuche SRL cargado con la máquina cosechadora –que también figuraba en la denuncia- rumbo a San Pedro. Esos tres días transcurridos desde el 25 hasta el 28 de octubre, la cosechadora siguió trabajando en el lugar y se fue por dónde había venido sin que Prefectura tomara nota de eso. Ese egreso de la máquina cosechadora figura en un acta testimonial de una persona que vive en la zona de islas cuya identidad prefieren reservar desde UPVA. “Resulta absolutamente increíble -por el porte del buque y por la carga que llevaba- que Prefectura no advierta que semejante embarcación estaba cruzando el río Paraná frente a la delegación Ramallo”. Una vez que esa declaratoria fue incorporada en la segunda denuncia, Prefectura se vio forzada a intervenir. Pero el abogado Maggi vuelve a la preocupación sobre el vacío temporal transcurrido hasta entonces. “En la filmación tenemos individualizados cinco silos bolsa y hay una nota de Prefectura firmada por el Prefecto donde dice que hay dos silos bolsa. Estaría faltando una parte importante de la carga”, advierte.
Cuando subieron al terraplén observaron la secuencia que ocurría a unos quinientos metros: una cosechadora y dos tractores con monotolvas trabajando como en la pampa húmeda
En el informe de la Prefectura Naval Argentina firmada por el Prefecto Juan Fabricio Galarza con fecha del 4 de noviembre, se destaca la conformación de una comisión a cargo del Subprefecto Carlos Mauricio Rotta ´con el fin de constatar el incumplimiento de la medida cautelar Nro. 004602/2020, referida a la prohibición del ingreso de materiales agrícolas a la citada isla, a fin de detectar actividades que se desarrollen en el lugar, maquinarias, vehículos, embarcaciones, aeronaves y todo lo que se encuentre en el predio´. En el informe se constata que ´una vez en el lugar, se pudo observar sobre la costa del A° Lechiguanas la cantidad de Trece (13) bolsones de 1 metro aproximadamente los cuales contienen en su interior Maíz en granos, Ocho (08) tachos de 200 litros vacíos, Un (01) contenedor de 1 metro tipo sisterna plástica vacío y Una (01) motobomba de marca Honda ubicada dentro de un puesto de resguardo; seguidamente en inmediaciones del campo se observó una plantación de maíz sin cosechar en estado de descomposición y de esa posición hacia el Norte a unos 2000 metros se pudo detectar Dos (02) silobolsas de unos Doscientos 200 metros de largo aproximadamente´.
El 9 de noviembre, el juez Alonso sacó una resolución (expediente civil 4602/2020) en la cual acredita la ´existencia de maquinarias e implementos agrícolas no declarados por Fabio Ernesto Di Fonzo y El Mapuche SRL´ cuya introducción en el lugar da cuenta de una ´clara violación a la cautelar decretada´. Además, incorpora en la resolución ´el ingreso y egreso de una trilladora y dos tolvas a que refiere el puestero y con las que habría realizado la cosecha denunciada por los actores y confirmada por el puestero´. El puestero es el encargado de cuidar el lugar. Es el propio empleado de los empresarios quien da cuenta en la declaración del ingreso y egreso de las maquinarias. El juez resuelve que todos esos motivos hacen procedente ´correr vista al Ministerio Público Fiscal por la eventual comisión de un delito de acción pública´. Sin embargo, desde la defensa de la organización ambiental, Fabián Maggi expone los puntos que justifican la disconformidad con el proceder judicial:
1) “Debió decir que también la Prefectura incumplió con sus deberes: tenía una orden concreta de no dejar ingresar maquinaria y la dejó ingresar sabiendo que es una zona en conflicto; no advirtió la actividad de cosecha y sólo intervino cuando tuvo una orden escrita en su despacho. Debió también incluir al señor Nazar y no lo hizo”.
2) “No se pudo constatar efectivamente si lo que dice Prefectura es realmente cierto o había más para decir. Por ejemplo, Prefectura niega que haya habido movimientos de suelo con una data inferior a seis meses, estableciendo esa fecha de manera arbitraria porque debió chequear si había movimientos de suelo después del dictado de la medida cautelar que ocurrió en diciembre de 2020 y eso es prácticamente un año. En algunas de las imágenes que registramos se observa en el suelo un sector con forma de o mayúscula. Esos círculos son depresiones que aparentemente son para bombear agua o algún uso similar. Tienen que tener menos tiempo porque si no hubiera crecido la vegetación en esos sectores”.
3) “El juez Alonso ya resolvió sin tomar ninguna otra medida concreta. No ordenó el secuestro de la embarcación, la búsqueda, localización y secuestro de la maquinaria ni el secuestro del maíz. El juez tiene permanentemente una actitud muy arbitraria en las dos causas civiles que llevamos adelante en su juzgado por la problemática en el Delta Paraná -una es la causa Di Fonzo/Nazar que abarca el territorio de Las Lechiguanas y la otra es la conocida como la causa Baggio que abarca la zona del puente Rosario-Victoria-. Tiene un temperamento inapropiado para la materia ambiental y no la aborda con la pro actividad ni la flexibilidad necesaria. En esta causa puntualmente presenta graves deficiencias en el ejercicio de la magistratura”.

Los brazos ciudadanos
Entre marzo y abril de este año, desde UPVA registraron con un drone los surcos de maíz que aparentemente fueron sembrados antes de la medida cautelar. Sin embargo, en octubre pasado registraron imágenes de la cosecha y del acopio de granos, dos actividades que no deberían haber ocurrido porque, por un lado, estaba prohibido el ingreso de maquinaria y, en segundo lugar, porque no se podía poner en riesgo al ecosistema. “Consideramos que desde el momento en que se sembró y ahora aún más con la cosecha y el acopio de maíz en el sector islas, se genera un riesgo de daño en el ecosistema por la reproducción de plaga de ratones”. El abogado Maggi recuerda como caso testigo lo que sucedió en el emprendimiento Bema Agri, conocido como ´los holandeses´, que está en la zona de Villa Constitución del lado entrerriano y que fue uno de los primeros y el más grande de los emprendimientos que empezó a endicar miles de hectáreas para producción agrícola ganadera. Años atrás, ese lugar fue afectado por una gran plaga de ratones que se reproducían descontroladamente ante la sobreabundancia de granos.
“En la filmación tenemos individualizados cinco silos bolsa y hay una nota de Prefectura donde dice que hay dos. Estaría faltando una parte importante de la carga”
Los empresarios Di Fonzo y Nazar también están implicados en una causa penal en la cual se investigan varios delitos: infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos por la aplicación de agroquímicos en la zona de islas; usurpación de aguas y de espacio público por los movimientos de suelo y canalizaciones que desvían el curso natural del agua; lavado de activos. Por este último punto también está constituida como querellante la UIF (Unidad de Investigación Financiera). Quien estaba a cargo de la investigación era el fiscal federal Carlos García Escalada, que murió por Covid durante la pandemia. Después de un tiempo en el que la fiscalía estuvo sin ningún titular que impulsara las diversas investigaciones, hace unos meses asumió el Fiscal Walter Rodríguez. “Nuestra mayor expectativa está puesta en la reacción del fiscal Rodríguez. A raíz de nuestro rol de querellantes, pudimos tener las primeras entrevistas. Se muestra como un fiscal muy activo y predispuesto a actuar. Confiamos en que así va a ser por sus antecedentes en materia ambiental”, describe Maggi.
El abogado grafica la investidura que tiene la figura de un fiscal en tanto representante del Estado. Explica que una de sus misiones es custodiar el interés general que tiene la preservación del medioambiente y que por lo tanto podría disponer las medidas que considere necesarias para en principio garantizar el cese del delito. Matías Scarpacci suma el dato de que la cautelar estipulaba que en caso de violación de la medida se decomisarían las máquinas, algo que no sucedió. “Estaba todo muy servido para la justicia en base a la actuación de UPVA para poder frenarlo. Pero este personaje Di Fonzo violó todas las leyes que tuvo por delante sin ningún pudor. Fue avanzando y no lo frenó ni Prefectura, ni el poder político ni el juez Alonso”. Scarpacci remarca que las organizaciones sociales son las que vienen haciendo el trabajo que le compete a los poderes del Estado. “Nosotros lo que podemos hacer es visibilizarlo pero no tenemos el poder de policía de frenar una obra. Cuando Prefectura lo frenó ya tenían todos los silos bolsa llenos de maíz”.
La medida cautelar establecía un plazo de cinco días para realizar un inventario, otra de las materias pendientes. El abogado Maggi se refiere a la falta de proactividad desde el juzgado para que se realicen todas las notificaciones, no sólo al señor Nazar sino también a la Prefectura. “Es realmente insólito que el juez haya sacado un decreto reclamándonos a nosotros la falta de una supuesta notificación a la Prefectura. Es inadmisible que el poder judicial nos pida a nosotros que notifiquemos a otra autoridad del Estado, cuando el juez tiene vía directa y es la autoridad indicada para notificarlo”.
Si bien se estiman cinco mil hectáreas endicadas, no hay un registro concreto del territorio afectado. Se desconoce la superficie sembrada, el nivel producido de granos, la declaración de esa producción y la fiscalización impositiva. El abogado refiere a la grave omisión del gobierno nacional al no haber inspeccionado mediante la AFIP lo que está sucediendo a nivel de generación de ganancias y tributos. “Generalmente la excusa poco fundada del gobierno nacional es que en materia ambiental resuelven las provincias pero en materia tributaria está la AFIP y sin embargo no pasa nada”. Si bien los empresarios Di Fonzo y Nazar son personajes opacos, algunos elementos dan cuenta de que actúan en sociedad. Por un lado, se presentaron de manera conjunta bajo la representación del mismo abogado en la causa penal. Fabián Maggi remarca que “nadie que no tiene una relación se presenta con otra persona en un mismo escrito firmando los dos juntos”. Por otro lado, en la declaración testimonial el puestero del emprendimiento los nombra a ambos cuando dice ser empleado de los señores Di Fonzo y Nazar.
Además de los empresarios, la Prefectura y el juez Alonso, hay otros actores implicados en la serie: los actores políticos que gestionan los poderes ejecutivos. El abogado enumera algunos: “Qué pasa con la municipalidad de San Pedro que no advierte que en su puerto se está embarcando una cosechadora. También el reclamo permanente hacia las autoridades del gobierno de Entre Ríos, los grandes ausentes en esta historia. Y además hay una responsabilidad del gobierno nacional de no ejecutar las tareas necesarias de control y fiscalización para que esto no suceda”.
Matías Scarpacci repasa la metodología del accionar empresario: “El barco Flecha Misionera llevaba y traía el maíz. A la tardecita se ponía a la vera del Lechiguanas. Después de ir al silo bolsa, los tractores cargaban bolsones y los llevaban a la vera del río. Iban acumulando una cantidad y de noche el barco cargaba los bolsones y se los llevaba”. Para Matías, con todas las cartas sobre la mesa, “sería una locura que no haya una buena determinación con respecto a estos empresarios”. Advierte sobre el precedente que podría sentar la inacción de la justicia. “Dejás abierto para que venga cualquier empresario a hacer lo que quiera. Es la misma lucha en todo el Delta”.
Matías destaca la importancia de visibilizar estas discusiones y tratar de apoyar porque “vienen por todo, hoy están en la isla y mañana en otro lado tratando de vaciar hasta la última gota en base al atropello de la vida humana y de la vida en general”. Habla del daño consumado y de la asfixia del planeta Tierra. Y vuelve a la fuerza del movimiento social. Desde UPVA ya acumulan diez años de diversas luchas. “El movimiento tiene que venir desde los ciudadanos de a pie. Somos todos bracitos que vamos tirando para el mismo lado”.
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Allanaron Acindar por contaminación de humedales con residuos peligrosos

Fecha de Publicación: 07/12/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santa Fe


La causa fue impulsada por organizaciones ambientalistas y se inició en 2019 a raíz de un importante incendio de chatarra cerca de la empresa.
La Justicia Federal de Rosario allanó la planta de Acindar en Villa Constitución por una denuncia de “contaminación ambiental con residuos peligrosos” en la zona de humedales lindera al predio de la metalúrgica.
El allanamiento se ordenó tras la denuncia realizada por la Asociación Civil Cuenca del Río Paraná, dedicada a la conservación del medio ambiente en ese cordón industrial. En el procedimiento se procuró recabar documentación referida a “procesos de relleno con residuos sólidos, clasificación de chatarra, manejo y/o tratamiento del polvo de acería, extracción de gases de combustión de hornos plásticos y de hornos cuchara de acería, extracción de gases de máquinas de colada continua del acero, etc.”.
Por su parte, el Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina extrajo muestras de suelo, agua y residuos industriales dentro del predio de Acindar para su posterior análisis. “Se investiga a la empresa por contaminación del ambiente con residuos peligrosos, por una causa que se inició en 2019 a raíz de un incendio muy grande de chatarra en cercanías de la empresa”, dijo a Télam el abogado de la ONG Fomea, Fabian Maggi.
“Cuando se comenzó a profundizar la investigación se detectaron otras infracciones que atentan contra el medioambiente como el relleno que la empresa hace con lo que ellos denominan polvo de acería, que es un residuo y con escorias”, señaló. Indicó además que “con imágenes satelitales se pueden ver dos inmensos depósitos de residuos en la zona costera sobre los humedales y los bosques nativos que los rodean”, especificó.
Maggi destacó que es una zona de alto valor ambiental y que entre los residuos “se puede presumir la presencia de metales pesados como plomo, cadmio y mercurio; a su vez la escoria es muy volátil que se esparce fácilmente con el viento y puede afectar la salud humana”.
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Pese al freno municipal, seguirían los desmontes en la reserva del cerro 20 de Febrero

Fecha de Publicación: 07/12/2021
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Esta semana se conoció que, tras las denuncias presentadas por vecinos cercanos al predio de la Virgen del Cerro, la Municipalidad de Salta realizó inspecciones de manera periódica en la Reserva Natural del cerro 20 de Febrero, determinando que no se permitirá bajo ninguna circunstancia construcciones en el lugar.
Con esta medida, se buscaba frenar una irregularidad que se venía denunciando hace tiempo. El terreno en cuestión se encuentra ubicado en calle Los Carolinos al 700, del cual los vecinos presentaron disconformidad con los trabajos de limpieza y desmalezado que se realizaban en el terreno privado que se encuentra en el área semiprotegida.
Sin embargo y pese a la medida municipal para impedir el desmonte, otra vez los residentes del barrio Tres Cerritos afirmaron que las acciones de desmonte y limpieza del terreno siguen adelante, sin importar el impedimento de la intendencia para preservar la flora y la fauna de la serranía.
“Los vecinos de la zona manifiestan su preocupación por futuras construcciones en la ladera del cerro en cuestión, la cual supera la cota de elevación 1225m estipulada en la Carta Orgánica Municipal que restringe las construcciones a elevaciones mayores a 1225m en todas las laderas de los cerros colindantes con nuestra ciudad”, espetaron los residentes de la zona.
Recordando que este problema viene desde hace dos años, los vecinos recalcaron que hicieron denuncias a la Municipalidad de Salta, a la Policía Rural y Ambiental, como igualmente a la Policía de Salta. “Algunos trabajos continúan”, lamentaron por esta irregularidad.
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Legislatura: aprobaron la rezonificación de Costa Salguero, el barrio de lujo en Costanera Sur y diez torres más

Fecha de Publicación: 06/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


El paquete impulsado por el Gobierno de la Ciudad afectará a más de cien hectáreas del acceso al Río de la Plata, entre Costanera norte y Costanera sur. Los proyectos tuvieron también apoyo de UCR-Evolución, Coalición Cívica y el Partido Socialista.
El oficialismo porteño aprobó en la Legislatura la rezonificación de Costa Salguero para su privatización, el barrio de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur y diez torres más a construirse en diversos barrios de la Ciudad. En un súper jueves de proyectos inmobiliarios, Vamos Juntos (VJ) dio aprobación definitiva a la segunda lectura del paquete impulsado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que entre costanera sur y costanera norte afectará a más de cien hectáreas del acceso al Río de la Plata. Además, el oficialismo dio el visto bueno a una ley de "regularización" de "obras en contravención", que la oposición catalogó como "blanqueo" de construcciones ilegales.  Ante una Legislatura vallada, la ciudadanía se movilizó (ver aparte) para denunciar “la sesión más escandalosa de los últimos 30 años”.

Costa Salguero
"Vende - ZonaPro. Larreta remata la costanera", decían los carteles que legisladores y legisladoras del Frente de Todos (FdT) mostraron sobre sus bancas durante las casi seis horas de debate. "Creo que estamos en la sesión más importante que nos tocará en nuestros mandatos, estamos discutiendo cien hectáreas sobre la costanera", alertó Matías Barroetaveña, legislador del FdT, al inicio de su discurso. Con 36 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo consiguió aprobar la rezonificación de las 32 hectáreas de Costa Salguero y Punta Carrasco, paso necesario para su privatización. Al PRO lo acompañaron UCR-Evolución, Coalición Cívica y el Partido Socialista. El FdT, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad se opusieron a los cuatro proyectos.
"Estamos tratando el correlato de una ley con fallos de primera y segunda instancia que declararon la inconstitucionalidad de la venta", recordó a su turno Lucía Cámpora (FdT). En octubre, la Cámara de Apelaciones ratificó que es inconstitucional otra norma que atañe a Costa Salguero, la que a fines de 2019 habilitó al GCBA a enajenar esos terrenos. La Justicia argumentó que VJ no cumplió con la doble lectura que la Constitución porteña establece para ventas de tierras de "dominio público", aunque al Gobierno aun le queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Con esa ley frenada, teminada la campaña electoral, el oficialismo decidió avanzar igual con la rezonificación que modifica la normativa constructiva de esos terrenos públicos. En Costa Salguero, más del 22 por ciento del espacio quedó ahora destinado a la construcción de edificios de hasta 24 metros para viviendas, oficinas, hoteles, entre otros usos. "Sería bochornoso que ahora el TSJ esté preparando un fallo a medida", advirtió Cámpora sobre la posbilidad de que, aprobada la rezonificación, la Justicia de el visto bueno para la venta.
Al inicio de la sesión, Daniel del Sol (VJ), presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, había presentado el proyecto como una "recuperación" de tierras en el resto del predio, "creando espacios verdes con mixtura de usos que permitan hacer ciudad donde no la hay". Lo cierto es que en abril de este año debía vencer la concesión de la empresa Telemetrix, a cargo del predio hace 30 años, y los terrenos podrían haber vuelto a ser de acceso público en su totalidad. Sin embargo, ante el freno de la Justicia a la privatización, el GCBA decidió prorrogar la concesión hasta 2022. "Desaprovechamos la oportunidad histórica de sumar espacios verdes a una ciudad que sólo tiene 4 metros por habitante cuando debería tener al menos 12", dijo en este sentido Barroetaveña, y señaló que "hoy la costanera tiene cerca de 16 kilómetros de largo, el 58 por ciento es inaccesible y al 20 por ciento se accede con restricciones".  
Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, más de dos mil porteños se manifestaron en contra del cemento sobre la costa en la audiencia pública por la rezonificación. "Es preocupante que no tomen nota del hecho en materia de participación que significaron las audiencias. Hay un vasto sector de la sociedad que no está de acuerdo", sostuvo Javier Andrade (FdT), vicepresidente de la Comisión de Planeamiento. En noviembre, en tanto, el FdT y organizaciones sociales entregaron más de 53 mil firmas en apoyo a la Iniciativa Popular (IP) para crear un parque público. Al superar las 40 mil adhesiones, la Legislatura quedó obligada a debatir el proyecto cuando el TSJ termine de verificar las firmas. La aprobación de este jueves no impide que la IP sea tratada.

Costa Urbana
El proyecto "Costa Urbana" de IRSA quedó aprobado con los mismos votos a favor que el de Costa Salguero. Veinte legisladores (FdT, FIT y AyL) votaron en contra y se abstuvieron Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Sergio Abrevaya, del Gen, que habían rechazado Costa Salguero. En menos de medio año --el proyecto ingresó a la Legislatura el 20 de julio--, el oficialismo habilitó ni más ni menos que un nuevo barrio en la ciudad, frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente. Ahora, IRSA podrá levantar un barrio de más de 30 edificios de hasta 145 metros en el predio de 72 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors que compró hace 24 años.
Aunque el oficialismo promociona que el 67 por ciento del predio será destinado a un parque, los números finos marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de "espejo de agua". "Es el cauce del Río de la Plata. ¿Están dando como contraprestación algo del dominio público?”, preguntó Claudia Neira, presidenta de la Comisión de Espacio público, por la que llamativamente no pasó el proyecto. "Quieren un Estado que intervenga a favor de los grandes desarrolladores con negocios siderales. Lo hacen con IRSA que compró el predio a 50 millones de dólares y con esto los transforma en más de mil", añadió Barroetaveña.
Al inicio de la sesión se vivió una nueva escena de la interna UCR - PRO, cuando UCR-Evolución pidió una moción para reservar el convenio con IRSA. "Hay cosas que hemos recogido de la participación ciudadana que podemos seguir trabajando", anunció Martín Ocampo, quien enumeró nueve pedidos de modificación. Sin embargo, la moción solo fue acompañada por la oposición y no consiguió los votos necesarios. "Entonces adelantamos el voto negativo", dijo, nervioso, Ocampo. Cinco horas después, el propio legislador anunció que sí acompañarían el proyecto.
"De los nueve planteos que hicieron hay seis que no consiguieron", remarcó Andrade sobre la decisión de UCR. Un tres por ciento más de espacio cedido, garantizar baños públicos, ninguna modificación sustancial del proyecto original. Sin los votos de UCR, VJ no hubiera llegado a los 31 que necesitaba."Mucha rosca en la sesión, mucha movilización afuera. La gente se ha encontrado todo vallado, evidentemente Larreta defiende los intereses de la especulación”, subrayó Amanda Martín (FIT) sobre la concentración a las puertas de la Legislatura.
Del paquete de convenios que buscaba habilitar excepciones a la normativa de edificación para permitir nuevas torres, el oficialismo aprobó diez de los once previstos. "Están generando privilegio para los que se pueden sentar a negociar con ustedes. El único verde que le interesa a esta gestión son los dólares”, aseguró Barroetaveña. El convenio que se levantó proyectaba un edificio de 73 metros en Corrientes y Gallo, límite de Almagro y Balvanera. Las otras diez torres se aprobaron con 32 votos a favor y 26 en contra, ya que la Coalición Cívica rechazó el paquete.  
Por último, el oficialismo también avanzó con la ley de "regularización de obras en contravención". “Es un blanqueo general, con objetivo recaudatorio y sin importar el daño que hace a la ciudad", advirtió la legisladora María Rosa Muiños (FdT). La norma da facilidades de pago y financiación de multas a aquellas constructoras que excedieron en hasta 5 mil metros cuadrados la capacidad constructiva que establece el Código de Edificación. Hasta hoy, el límite estaba en cien metros.
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Ambiente organizó un encuentro para debatir sobre una estrategia integral de conservación de fauna silvestre

Fecha de Publicación: 06/12/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Con la participación de autoridades provinciales, nacionales e internacionales, se lleva a cabo hasta hoy, en el Museo de Ciencias Naturales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que encabeza Juan Cabandié, a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, organizó las Jornadas de Conservación de Fauna Silvestre, para reflexionar y discutir en torno a lecciones aprendidas y desafíos de esta temática. El encuentro, que comenzó ayer y se extiende hasta hoy, busca propiciar un espacio de intercambio de experiencias en conservación ex situ de fauna silvestre —es decir, fuera de sus ámbitos naturales— y su articulación con la conservación in situ, con el análisis de los desafíos de las políticas públicas orientadas a la construcción de una estrategia integral.
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, realizó la apertura de la jornada y señaló que existe una vacancia histórica en la preocupación por una política específica de fauna, pero principalmente “a lo largo de los últimos años”, por parte de quienes se ocuparon “de la responsabilidad política del Ministerio de Ambiente”. En tal sentido, diferenció: “Nosotros entendemos que hay otra manera de definir políticas públicas en temas de este tipo, a lo largo del tiempo, que en general para la política son difíciles de abordar”. “Teníamos que tener otro compromiso y mirar qué era lo que se había hecho y si había algunas cosas en las cuales un Ministerio de Ambiente, con todas las letras, debía incorporarse”, aseguró.
El funcionario nacional planteó la necesidad de liderar una discusión en la sociedad en materia de fauna y “promover una política ex situ”. “Las áreas de fauna, de distintos ámbitos, no son simplemente administradoras de un determinado recurso, sino que son también responsables de edificar una determinada política. Eso tiene que ser un desafío para nosotros”, argumentó. Finalmente, planteó la importancia de encarar acciones para dar respuesta a necesidades de gestión: “Por eso creamos un programa de centros de rescate”, dijo Federovisky, que permite darle posibilidades a ejemplares de fauna rescatados del tráfico u otras situaciones y que requieren ser alojados en sitios que les aseguren mayor bienestar animal.
Durante la primera jornada, la directora nacional de Biodiversidad, Betania González, realizó asimismo una exposición centrada en los desafíos de la construcción de políticas públicas que puedan acompañar la estrategia ex situ para la conservación de fauna silvestre en un marco de conservación integral.
Además, se realizó la presentación de la Red Federal de Centros de Rescate; se abordaron experiencias y roles de autoridades de aplicación en el fortalecimiento de la estrategia ex situ para la conservación de la fauna silvestre, con aportes de distintas provincias; se dialogó sobre el rol de las instituciones con fauna silvestre bajo cuidado humano en la conservación de la biodiversidad, con un repaso de lecciones aprendidas por distintas instituciones; se realizaron exposiciones sobre evaluación y consideraciones sanitarias en la conservación y traslados de fauna silvestre.
Por su parte, el temario del segundo día incluyó exposiciones sobre lineamientos de buenas prácticas para liberaciones de ejemplares. la conservación ex situ como herramienta para la restauración ecosistémica —reintroducciones, fortalecimiento de poblaciones y translocaciones—; el rol de la investigación en la conservación ex situ, experiencias en desarrollo y criterios a considerar en las estrategias de conservación de este tipo; junto al desarrollo de un taller integrador y una puesta en común para el cierre del evento.
El encuentro fue convocado por la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Florencia Gómez, y se desarrolla en el Museo de Ciencias Naturales ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Participan autoridades y personal técnico pertenecientes a diferentes organismos nacionales, internacionales y provinciales vinculados con el manejo y conservación de la fauna silvestre.
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En Buenos Aires llueve 25% más que hace 50 años: qué aconseja Andrea Gentile, especialista en cambio climático

Fecha de Publicación: 06/12/2021
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: CABA


Tormentas que parecen del Caribe. Grandes cantidades de agua que caen del cielo en un lapso muy breve. Es el principal impacto del cambio climático en la Cuenca de Plata, donde está situada la Ciudad de Buenos Aires. Las proyecciones fueron  elaboradas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), el organismo de Naciones Unidas creado en 1988 para abordar la problemática.
Los datos concretos indican que en los últimos 50 años, desde 1970 hasta ahora, en la Ciudad el promedio anual de precipitaciones se incrementó un 25 por ciento. Y la tendencia sigue siendo alcista. Para el 2050, el IPCC calcula que el aumento habrá sido de un 30% respecto de la década del 70 del siglo pasado.   
La geógrafa Andrea Gentile relacionó las inundaciones con las súpertormentas del cambio climáticos.
Un ejemplo de este tipo de eventos ocurrió el domingo 28 de noviembre en la Ciudad. Volvieron a inundarse las calles: la avenida General Paz a la altura de Villa Luro y Villa Urquiza, distintas zonas de La Boca y Barracas, los barrios populares, entre otras. Y el Subte B tuvo que dejar de funcionar.
Muchos se preguntan si desde una ciudad se puede hacer algo para frenar, o atenuar, las consecuencias de un fenómeno global como el cambio climático. Y también qué medidas habría que tomar para atenuar los daños que se pronostican para los próximos años.

El riesgo de las excusas
“Es bueno que cada vez haya más conciencia sobre el cambio climático que se está produciendo. El riesgo que se corre a nivel del gobierno es que sirva para justificar la falta de planificación, que se le eche la culpa al fenómeno global y se esquiven las responsabilidades”, le dijo Elvira Gentile a Diario Z.
Gentile es profesora de Climatología en la Carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. “Hoy podemos afirmar que está casi comprobado que los eventos extremos, como las súper tormentas, están vinculados al cambio climático -señaló-. Se espera que sean más frecuentes estas lluvias y, al mismo tiempo, que haya sequías extremas.  Cada vez son más frecuentes estos episodios en nuestro país.”  
El crecimiento de las precipitaciones en la zona metropolitana de Buenos Aires (Capital y conurbano) queda bien descripto al repasar los promedios anuales de lluvia de las últimas décadas. En 1970 el promedio era 1.000 mililitros de precipitaciones al año, en 1990 había subido a 1.140 y para el 2010 se ubicaba en 1.254 mililitros anuales. “Hoy estamos más o menos igual, pero con una tendencia a la suba. En los pronósticos más pesimistas se evalúa que puede llegar a 1.300 mililitros anuales en el 2050”, subrayó Gentile.
Sobre las inundaciones en la Ciudad, la climatóloga señaló que “se explican por la cantidad de agua que cae, pero también porque ocurre en poco tiempo. Este es el fenómeno extremo que se viene incrementando. Llueve mucho en pocas horas y no hay sistema de desagüe que resista”.
Gentile explicó por qué se producen estas súper tormentas en la Cuenca del Plata. “Los anticiclones de los océanos están más desplazados hacia el Sur. Hay más energía en la atmósfera. Cuando digo energía me refiero a que hay más vapor. La temperatura promedio subió cerca de 1,1 grados desde 1850 hasta ahora. Esto provoca que se evapore mayor cantidad de agua y hay más energía en la atmósfera para que se generen tormentas intensas. La suba de la temperatura colabora”.

La influencia humana
Las causas del cambio climático son parte de un debate en el mundo científico y político. No es la primera vez que el clima del planeta se modifica.
“Toda la historia planetaria está plagada de cambios climáticos -explicó Gentile-. Hubo, por ejemplo, una pequeña Era del Hielo, en Europa, en el 1700. La temperatura bajó un poco más de 1 grado en promedio. El proceso duró unos 80 años. Generó grandes hambrunas. Hay hipótesis que sostienen que esto le dio la estocada final a la sociedad feudal”.
Respecto del debate sobre el cambio actual, la especialista remarcó: “Lo que sabemos es que desde el inicio de la Era Industrial (1850) hasta ahora se incrementaron la cantidad de gases que provocan efecto invernadero en la atmósfera. Y al mismo tiempo la temperatura aumentó 1,1 grados promedio. Entonces hay muchos elementos para relacionar los dos fenómenos. Y el aumento de los gases es por la acción del hombre”.
“El clima es cambiante -agregó Gentile-. Son procesos muy complejos. Así como oscila hacia extremos más húmedos puede ir hacia extremos secos. Las proyecciones, como conté, sostienen que las precipitaciones van a ser mayores en la Cuenca del Plata. Pero eso no quita que en la variabilidad del clima haya también momentos de sequía”.
Como ejemplo de este fenómeno, la profesora de la UBA recordó la bajante del Río Paraná que produjo en julio de este año. El fenómeno dejó zonas en las que el lecho estaba totalmente seco y se podía cruzar caminando. “Todavía al día de hoy la ciencia no está en condiciones de asegurar que esa bajante fue consecuencia del cambio climático actual. Por eso hay mucho debate. El clima siempre está cambiando”.

¿Qué se puede hacer?
Lo que parece inexorable para los próximos años es que la temperatura subirá, incluso si los países del mundo que emiten más gases de efecto invernadero cumplen los tratados. ¿Qué puede hacerse desde Buenos Aires, para mitigar el proceso de cambio climático y prepararse para sus consecuencias?   
“Todo lo que sea adaptarse a la variabilidad del clima sirve -dijo Gentile-. En Buenos Aires hace falta tener la mayor cantidad posible de áreas verdes para que la tierra pueda absorber las lluvias. Hay que tratar de no llenar todo de torres y edificios que a su vez saturan los desagües. Promover la movilidad sustentable, con la emisión lo menos posible de CO2. Estas acciones deberían hacerse en conjunto, no una sola”.
La profesora de la UBA remarcó que “las ciudades son una isla de calor por la cantidad de cemento. La temperatura en la Ciudad siempre es mayor que en las  áreas suburbanas. Entonces, al planificar, hay que calcular que la temperatura seguirá subiendo y las mínimas estarán más cerca de las máximas. Todo eso necesita planificación y el riesgo es que el cambio climático se use como excusa para no hacerlo”.   
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Vuelve a perder estado parlamentario el proyecto de la Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: Periódico El Progreso
Provincia/Región: Nacional


El pasado 30 de noviembre el proyecto de Ley de Humedales ha perdido, fácticamente, el estado parlamentario. Había surgido en noviembre de 2020 de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humanos de la Cámara de Diputados y no está entre los 25 proyectos que se tratarán hasta el 10 de diciembre, cuando finaliza el período parlamentario este año electoral.
Este proyecto fue consensuado por amplios sectores del ambientalismo, el ecologismo y la ciencia. Logró un interesante apoyo de la sociedad, en un proceso que no fue fácil, para esclarecer sobre la importancia de los humedales para la vida y su biodiversidad. Sin embargo, perderá estado parlamentario sin siquiera ser tratando en el recinto, ya que desde principio de año está trabado en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde todavía no fue aprobado. Además, todavía resta que pase por las comisiones Intereses Marítimos y Presupuesto.
El tratamiento en comisiones desnudó la oposición de los lobby agropecuario, inmobiliario, forestal y de hasta ciertos gobiernos provinciales para impedir que del resultado del consenso surgiera en Diputados un proyecto aceptable aunque se tuviera que eliminar el artículo de penalizaciones, que era un punto fuerte del mismo.
No sirvió de mucho suavizar el proyecto buscando cierto acuerdo en las otras comisiones que debían aprobarlo para producir un despacho y así lograr que fuera discutido en la Cámara.
Pero, como analiza Daniel Bracamonte: “Nada que ponga límites aunque sean relativos a los negocios de estos sectores y su expansión ecocida debe salir del Congreso, así funciona la ecuación política que predomina”.
Una vez más, el poder popular expresado en el apoyo a esta ley, que se ha manifestado decenas de veces en las puertas del Congreso para pedir su aprobación, es dejado de lado para satisfacer los intereses de las corporaciones.

Sin voluntad política
Afirmamos que este proyecto ya ha perdido de hecho el estado parlamentario porque el plazo para dictaminar y sesionar sería hasta fin de año (el período de ordinarias se ha extendido hasta el 31 de diciembre), si no fuera año electoral. Sin embargo, está el recambio de diputados y el reglamento de la Cámara señala que los dictámenes ya acordados de los proyectos que esperan tratamiento en sesión vencen el 10 de diciembre, cuando se recambian los representantes. Por lo tanto, luego de esa fecha vuelve todo a cero y depende de la nueva Cámara retomar esos acuerdos o buscar uno nuevo.
La realidad exige que la presión social crezca en fuerza y organización, pero la verdad es que no se ve voluntad ni vocación política en aprobar una ley de este tipo, aunque sí la hay para aprobar nuevas concesiones de explotación minera, autorizar el uso de agrotóxicos en la producción de maíz, avanzar con la producción industrial de porcinos, en aprobar nuevas normativas para la extracción petrolera o la producción de hidrógeno verde sin evaluar la sostenibilidad ambiental del proyecto.
El 30 de noviembre no solo se cayó un proyecto que protegería nuestros espacios naturales y de gran biodiversidad, sino que se manifestó la tendencia a consolidar un modelo de producción extractivista y esto es lo que aún está por discutirse.
La defensa de los humedales de Hudson se nos complicará todavía más y sin dudas requiere una posición más fuerte de nuestro pueblo. “Somos humedal”, rezaba una bandera que recorrió las calles rosarinas en manifestaciones tras los incendios en el Delta durante 2020.
Somos humedal porque sin estos ecosistemas, que brindan servicios fundamentales a las poblaciones, nuestra subsistencia está en peligro.
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Comunidades mapuches presentaron un amparo colectivo por permisos a mineras sobre territorio comunitario

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


Comunidades mapuches de Río Negro confirmaron que realizaron la presentación judicial de un amparo colectivo por supuestos permisos que la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro otorgó a empresas mineras  sobre territorios comunitarios de Pulam Lafken, Amulen Che, Ragiñ Plang Curra Mew, Pilquiniyeu del Limay, Ancalao, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo, Ñanco Newen, entre otras.
Lo confirmaron esta mañana, a través de una reunión pública virtual de la cual participaron representantes de las comunidades y autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Zona Andina.
El coordinador de dicho parlamento, Orlando Carriqueo, manifestó: “En el mes de junio de este año nos enteramos que empresas mineras recorrían territorio comunitario en zona andina. Avanzamos con una decisión política de cierre de tranqueras y con el amparo colectivo”.
Además remarcó que los supuestos permisos para realizar pruebas en territorio comunitario nunca fueron consultados a las comunidades, “más allá de que no realizaron una consulta previa, el proyecto megaminero es incompatible en el territorio comunitario. Esto lo impulsamos en defensa de los territorios comunitarios y de la sociedad, es un proyecto inconsulto y oculto. Es un proyecto mucho más amplio que el de Chubut”, señaló.
“Tiene que haber un debate más amplio y hay que ponerle freno a estos proyectos extractivos que solo dejan muerte, sequía y traen el despojo de recursos al pueblo mapuche. Hoy presentamos a la justicia el amparo que va en defensa de nuestra manera de vivir, significa ni más ni menos que la continuación de la defensa del territorio”, anunció Carriqueo.
Representantes de distintas comunidades de Río Negro manifestaron haber corroborado la presencia de empresas mineras realizando pruebas y utilizando miles de litros de agua diarios para dichas pruebas.
El miembro del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) Newen Loncoman, manifestó: “Presentamos el amparo colectivo ante los permisos que dio la Secretaría de Minería sobre territorio comunitarios, sin consulta previa a las comunidades. Por ley deben ser consultadas ante un emprendimiento extractivista. La mayor parte son extranjeras, dejan poco y nada en el lugar, solo contaminación. La consulta indígena es un derecho de las comunidades”.
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Afirman que Pelambres terminará de retirar los escombros recién en 2023

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: San Juan


Un nuevo capítulo se sumó al conflicto que la empresa chilena Los Pelambres generó en tierras sanjuaninas. Es que, se esperaba que el retiro de escombros de la minera que originó una gran disputa entre los Gobiernos argentino y chileno finalizara entre 2021 y 2022. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas en el marco de la pandemia, estas fechas se aletargaron y la empresa chilena lleva apenas el 60% de los escombros retirados.
Según publicó San Juan 8, en el último informe que proporcionó la minera sobre las actividades obligatorias impuestas por la Justicia por la escombrera ilegal en el Cerro Amarillo se determinó que hay un “retiro con pronóstico hasta fin de año de recuperación del tiempo perdido”. Por estos motivos, para finales de este 2021 esperan superar ese 60% logrando cumplir con los plazos establecidos antes de la pandemia de coronavirus.
En este marco, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, sostuvo en Canal 8: “El porcentaje de retiro está más allá de lo que se había programado. En cuanto al monitoreo de agua se determinó que no ha avanzado, permaneciendo en condiciones normales. Las aguas subyacentes a la laguna no tienen conexión con las subterráneas. Estamos en condiciones óptimas”.
Dadas las circunstancias, las autoridades de Gobierno esperan que la escombrera realice el retiro total a fines de 2022 o a principios de 2023.
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Acuerdo para ampliar en más del doble la superficie del Parque Nacional "Islas de Santa Fe"

Fecha de Publicación: 03/12/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El gobernador Omar Perotti y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, firmaron este martes un acta acuerdo para propiciar la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe. La iniciativa pretende aumentar el área protegida desde las 4.096 hectáreas actuales a un total de 10.000 hectáreas.
El acto se llevó a cabo en la sede de la cartera nacional en la ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación de la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet; la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino; el presidente del directorio de la Administración de Parque Nacionales, Lautaro Erratchu; el secretario de Políticas Ambientales, Oreste Blangini; y la directora de Desarrollo Territorial, María Josefina Obeid.
Luego de la firma, Gonnet afirmó que “la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe no sólo permitirá avanzar en la conservación del área protegida, sino que también será la base para el impulso de actividades turísticas, científicas y educativas”.
“Junto al ministro Cabandié, a la par del proyecto de ampliación, ya venimos recorriendo un camino para fortalecer el Parque”, destacó la funcionaria y agregó que “gracias a este trabajo conjunto entre Nación y provincia, hoy contamos con guardaparques y con una base operativa en Puerto Gaboto. Además, actualmente estamos gestionando la infraestructura necesaria para habilitar, en una primera instancia, un espacio abierto al público”.
Por su parte, Cabandié celebró el acuerdo y destacó: “Desde que asumimos la gestión, nos comprometimos a proteger la zona del Delta. Es por eso que sumamos guardaparques, brigadistas e instalamos faros de conversación” y afirmó: “Trabajamos de manera articulada con las provincias para cuidar las áreas protegidas”.
Cabe señalar que el acta establece que se coordinarán las capacidades operativas, logísticas y técnicas para realizar el relevamiento necesario para la elaboración del proyecto de ampliación del Parque; determinando la zonificación del área protegida, definiendo las áreas de conservación y las destinadas al uso público con fines turísticos.
El Parque Nacional fue creado en 2010, mediante la Ley Nacional Nº 26.648, y se encuentra emplazado en el sito Ramsar “Delta del Paraná”, con el objetivo de proteger el ecosistema de la zona. Actualmente cuenta con 4.096 hectáreas.
Santa Fe, a través de la Ley Provincial N° 12.175, cuenta con un Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas que prevé las categorías de Paisaje Protegido, Parque Provincial, Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Manejada, Reserva Hídrica Natural y Reserva Privada, entre otras, según los objetivos generales de conservación perseguidos.
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Un estudio arrojó que la población de yaguaretés redujo su crecimiento por nuevas amenazas

Fecha de Publicación: 03/12/2021
Fuente: unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté informó además que "no se registraba un disminución desde 2005" y recordó que su conservación es clave para mantener los bosques, las reservas de carbono y la disponibilidad de agua. Infografía.
Un nuevo relevamiento de yaguaretés en 560 000 hectáreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, compartido por Argentina y Brasil, mostró una disminución poblacional de la especie que no se registraba desde 2005, informó la Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté, en el marco del Día Internacional del Yaguareté.
El censo, que se realiza cada dos años, indicó para el período entre 2020 y 2021 un total estimado entre 76 y 106 yaguaretés, con una media de 90, que habitan el Bosque Atlántico del Alto Paraná, mientras que el total registrado en 2018 fue un rango entre 84 y 125, con una media de 105. "No se registraba una disminución desde 2005", advirtieron desde las entidades que llevaron adelante el censo poblacional de yaguaretés. El director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, afirmó: "Los datos de este año muestran que la población de yaguaretés redujo mucho su tasa de crecimiento. Esto probablemente tenga que ver con que la presencia de estos animales llegó a un umbral en el que comienza a sufrir nuevas amenazas".
El estudio se realizó a través de la cooperación internacional entre Fundación Vida Silvestre Argentina y los equipos de la Organización Mundial de Conservación (WWF) de Brasil y Paraguay, junto a investigadores de Projeto Onças do Iguaçu (Instituto Pro-carnívoros), Proyecto Yaguareté (CeIBA-UNAM-Conicet) y la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Asimismo, el monitoreo poblacional abarcó a 564 424 hectáreas de Argentina y Brasil, donde se colocaron 215 estaciones de muestreo provistas con cámaras trampas entre el Parque Nacional do Iguaçu en Brasil y todo el bloque centro-norte de la provincia de Misiones, en Argentina.
El primer relevamiento poblacional en la región se realizó en 1995, a cargo del equipo del investigador brasileño Peter Crawshaw, y estimó que 400 yaguaretés habitaban el Bosque Atlántico del Alto Paraná.
Sin embargo, en 2005 se registró una reducción del 90 % de la población, dado que se observaron entre 30 y 54 individuos viviendo en la región.
"Allí se comenzó un trabajo coordinado entre organismos públicos y organizaciones conservacionistas que permitió que la población supere el centenar de ejemplares en el último censo de 2018", indicó Jaramillo.
La estimación del número de yaguaretés del nuevo censo de 2020 y 2021 es "levemente inferior a la obtenida en el año 2018 y muy similar a la del 2016", indicó Agustín Paviolo, investigador del Conicet y coordinador del Proyecto Yaguareté. "Luego de la recuperación poblacional sostenida que veníamos observando entre el 2005 y el 2018, encontramos que esa tendencia creciente parece haberse detenido", agregó.
Entre las principales razones que amenazan a la especie, se encuentran la caza del yaguareté y de sus presas, la deforestación y fragmentación del bosque, además de los atropellamientos en rutas y caminos.
"El yaguareté es una especie amenazada especialmente por la pérdida de su hábitat natural. Antes estaba presente en pastizales y humedales, pero ahora solo tiene refugio en bosques que también está perdiendo", advirtió Jaramillo. "En la región chaqueña es donde está más amenazado –continuó– y en las yungas, donde hay mejores perspectivas para la especie, mientras que en Misiones hay una situación intermedia".
En este sentido, apuntó: "Aunque para afirmarlo es necesario un estudio científico y de rastreo de ejemplares, es probable que la sequía de los últimos dos años haya condicionado la tasa de crecimiento de la población, ya que la falta de agua afecta el crecimiento de la vegetación que alimenta a los herbívoros que forman parte de su dieta". "Esto podría llevarlos a modificar su territorialidad y generar conflictos mortales entre los machos por los espacios de caza", agregó.
La conservación exitosa del yaguareté es fundamental para mantener los bosques, las reservas de carbono, la biodiversidad, la disponibilidad de agua y el patrimonio natural y cultural, indicaron desde Fundación Vida Silvestre.
"El yaguareté es, en su ecosistema, el tope de la cadena alimenticia; es el responsable de controlar al resto de las especies, dando cuenta de ejemplares viejos o enfermos, y evitando que la población de herbívoros crezca en forma desmedida y afecte la vegetación; la presencia del yaguareté es el indicador de un ecosistema saludable", ponderó Jaramillo. Sobre las acciones que se están llevando adelante para preservar la especie, el ambientalista detalló: "Estamos trabajando en la instalación de cartelería en las rutas, advirtiendo el riesgo de atropellamientos, dialogando con las comunidades ganaderas para construir estrategias que disuadan a los yaguaretés de acercarse al ganado, como alambrados eléctricos o alertas sonoras y lumínicas que los asusten, y también junto a los guardaparques para fortalecer prevención y controles de caza furtiva".
Desde el equipo a cargo del censo, indicaron que el objetivo es que los esfuerzos de conservación de la especie se realicen de manera trinacional en todo el Bosque Atlántico. Con tal motivo, se sumó a Paraguay en la realización de los monitoreos periódicos del felino en las 64 000 hectáreas de ese país donde existen dos remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná, que mantienen una población de 12 individuos de yaguaretés: la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y la Reserva Natural Morombí.
"Los datos del próximo relevamiento que haremos en el año 2022 van a ser muy importantes porque nos mostrarán si la leve disminución observada en el 2020-2021 se consolida como tendencia y si la población comienza a declinar nuevamente", destacó Paviolo.
"El yaguareté es, junto al puma, uno de los dos felinos más grandes de Sudamérica, que sobrevivieron desde antes de las glaciaciones, superando todos los cambios climáticos. Es un símbolo cultural de los pueblos originarios, una parte de la identidad misionera y un importante atractivo turístico", concluyó Jaramillo.
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José Luis Antúnez: “El plan es reactivar los proyectos nucleares que se paralizaron en la gestión anterior”

Fecha de Publicación: 03/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El presidente de Nucleoeléctrica Argentina habló sobre los proyectos en marcha que tiene la compañía estatal, cuáles son sus objetivos, y cuestionó lo realizado por la administración anterior.

Periodista: ¿Cuáles son los proyectos en marcha u objetivos a futuro que tiene planteados Nucleoléctrica Argentina?
José Luis Antúnez: Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) es la empresa constructora, diseñadora y operadora de las centrales nucleares argentinas de potencia, ese es su rol y ejerce desde 1994. Como toda actividad empresaria, requiere un grado de planificación para desempeñarse, no sólo en el mercado técnico, sino también en el mercado financiero y en todas las actividades que corresponden a una sociedad anónima. Su propietario es el Estado Nacional. El plan que estamos ejecutando, data del año 2009, que es cuando se emitió la Ley Nuclear, que rige los destinos nucleares de Argentina en lo que respecta -entre otros aspectos- a las centrales de potencia. Esa ley lleva el número 26.566 y fue aprobada por abrumadora mayoría por ambas cámaras del Congreso y ampliamente debatida. Ese plan establecía que Argentina debía, en primer término, completar los proyectos de extensión de vida de la central Embalse, que se comenzaba a ejecutar en esos momentos, para añadirle otros treinta años de vida útil. La ley también dice que se debía terminar la construcción de Atucha II, que en 2009 estaba iniciada; y además agregar dos módulos de potencia más. Pero no sólo decía eso: también dedicaba un artículo especial a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a su diseño del reactor modular de diseño argentino, que es un diseño propio de la CNEA y fue uno de los primeros que se presentaron al organismo internacional de energía atómica, en los años 90. Le encarga a la CNEA utilizar el mismo régimen de esta ley, que establece un régimen jurídico especial para que las centrales se construyan con normas y principios de derecho privado, y además le indica que puede contratar lo que necesite para materializar su diseño del reactor que tiene el nombre de CAREM. Cuyo prototipo se está haciendo hoy, adyacente a la central nuclear Atucha I. La CNEA nos ha encomendado ayudarlos a construirlo, desde el año 2014.

P.: ¿Fue entonces cuando se puso en marcha el plan?
 J.L.A.: Nuestro Gobierno, en 2014, concreta el plan poniendo en marcha la extensión de vida de Embalse, anunciando que se realizará la extensión de Atucha I y que los dos módulos se harán, uno de ellos, con la tecnología de uranio enriquecido y agua liviana, la cual Argentina no tenía ni tiene experiencia operativa; y el otro, una réplica de la central de Embalse, con tecnología CANDU, de la cual es propietaria Argentina. Son dos reactores grandes, uno de 1.100 megavatios y el otro de 700 megavatios. Además, acelerar la construcción del reactor CAREM. Y, así, en febrero de 2014 comenzamos las obras del CAREM, con la CNEA como diseñador y Nucleoeléctrica ayudándolos con la construcción. Ese plan fue modificado y abandonado, en gran parte, por el Gobierno que siguió, que canceló el proyecto de tecnología nacional de un reactor gemelo de Embalse, decidió continuar con el reactor de uranio enriquecido y agua liviana, de tecnología china, cuyo nombre propio es Hualong. El proyecto CAREM en la gestión anterior, después de algún avance, terminó paralizado.

P.: En ese escenario, ¿le sorprendió la opinión de un funcionario del Gobierno anterior, del área de energía atómica, que diga que debe ser una prioridad terminar el CAREM?
J.L.A.: Me llama la atención, en realidad, que se asegure que Argentina tenga que debatir porque “no sabe para dónde va”. Lo cual, yo creo que hoy Argentina sabe para dónde va. Porque el 23 de junio de este año, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el plan estratégico de NA-SA, que es el plan de centrales argentinas, en el cuál se vuelve al proyecto nacional, con tecnología propia, y se le ordena a NA-SA que complete el contrato con China por el reactor de uranio enriquecido y lo ponga en ejecución. Y, además, se pidió que colabore todo lo que pueda para completar el CAREM lo antes posible. En función de eso, a la semana, nos pusimos a trabajar con la CNEA y estamos activamente trabajando juntos en la construcción del CAREM. Recuerdo que el reactor es un prototipo de diseño de la CNEA y está destinado a probar la viabilidad técnica y comercial de ese novedoso diseño. Desde el punto de vista de Nucleoeléctrica Argentina, nosotros sabemos perfectamente bien para donde vamos. Este camino.

P.: ¿Y cómo observa la opinión en torno a cierta dicotomía entre los reactores “grandes” y “chicos”?
J.L.A.: Nosotros no participamos de esa antinomia. La prueba de que no participamos es que estamos haciendo las dos cosas. Alguien puede decir: ‘abandone los reactores grandes, porque están llegando a su fin’. Le diría que, en cuanto al fin de los reactores grandes, tenemos una opinión distinta, basada en nuestro más de 40 años de experiencias diseñando, construyendo y operando centrales nucleares. Pero si se mira la experiencia del mundo en su conjunto: hay poco más de 440 centrales en operación, que proveen el 10% de la energía eléctrica del mundo; hay 52 en construcción y hay 180 planeadas. Ninguna de esas 600 centrales es chica. Son todas máquinas grandes. ¿Y por qué no hay SMR (reactores modulares pequeños) en ese planeamiento? Porque la industria eléctrica necesita desesperadamente cumplir con la consigna de carbono cero para 2050 y tiene que basarse en los diseños que tiene probados hoy. Y actualmente, hay un único diseño probado: que es el de las centrales grandes. El Director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que es el argentino Rafael Grossi, dijo que ‘dentro de la transición energética, lo nuclear no es parte del problema, es parte de la solución’. Y, además, ‘que no hay una receta única’ para cumplir con la descarbonización de los sistemas nucleoeléctricos’. Está claro que Argentina tiene un plan, que está basado en una ley, y Nucleoeléctrica Argentina está cumpliendo con eso y está trabajando en las dos direcciones: no es cierto que los reactores grandes hayan llegado a su fin.

P.: ¿Cómo es el proyecto de la central Hualong? ¿Para cuándo se estima que puede estar finalizada?
J.L.A.: Todavía no hemos materializado el contrato, nuestra estimación que se firmará a mediados del año próximo. Pero va a ser un contrato de ocho años de duración. El Hualong tiene muy buenos antecedentes. Y esto nos lleva a las opiniones de que los reactores modulares avanzados ‘van a ser más baratos, fáciles de construir, que son eficientes y fáciles de operar’. Y, con mi experiencia, llegué a la conclusión que mientras el reactor está en el papel es fácil de construir, barato y es una operación fácil. Cuando se pasa a la realidad, de acero y hormigón, las cosas son ligeramente distintas. Disiento con eso como afirmación dogmática: si disintiera totalmente, no estaríamos participando con tanto entusiasmo en la construcción del reactor. Es cierto que un proyecto más grande lleva más tiempo y es más costoso, pero creo que hacer cinco de 200 megavatios, no estoy más seguro que va a ser mucho más barato que hacer uno de 1.000. Pero, como dije, cuando uno arriesga el planeamiento energético de la Nación y el incumplimiento de las metas de la transición energética, tiene que ser prudente e instalar lo que sabe hacer.

P.: A mediados de año, hubo una reunión en la secretaría de Energía, con el objetivo de analizar la situación y trabajar en la “recuperación” del sector. ¿En qué estado de situación se encontró al sector luego del Gobierno anterior?
J.L.A.: Después del Gobierno anterior, se encontró al sector con el proyecto nacional de tecnología propia cancelado. Con el proyecto Hualong sin lanzar, y con el proyecto CAREM paralizado. El plan que hemos aprobado en junio de este año, revierte la situación, para llevarlo al plan del 2014 con las modificaciones que las circunstancias imponen. Nos encontramos con un único reactor grande y paralizado el chico. Y anulado el de tecnología grande nacional. Queremos que los tres proyectos continúen y lanzamos, que estaba paralizado también, la extensión de vida de Atucha I.
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