Recuperadores urbanos se movilizaron en apoyo al proyecto de Ley de Envases con inclusión social

Fecha de Publicación: 30/10/2021
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) realizaron hoy una movilización al Congreso de la Nación para acompañar la presentación del proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social que se hizo en la Cámara de Diputados, con la presencia del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
El proyecto, que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos donde también estuvieron el diputado nacional Federico Fagioli y Jacquelina Flores de la Faccyr, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) e insta a las empresas a hacerse cargo del costo de los envases que colocan en el mercado.
Asimismo, prevé que la recaudación estará destinada a fortalecer los Sistemas de Reciclado con Inclusión Social, que permitan recuperar los envases para que vuelvan a la industria y dignifiquen el trabajo de los cartoneros de todo el país, reportó la Faccyr en un comunicado.
En el país se producen 50 mil toneladas de residuos diarios, mientras que la mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario y alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo.
Actualmente, se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados, según datos de la organización.
La organización informó que los 150.000 cartoneros que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones y miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia.
Para dar una respuesta a esa problemática, el proyecto propone la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado y premia a los que se hagan con materiales reciclables y de fácil reciclado, basándose en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP).
La federación explicó que «es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental» y «su financiamiento respecto de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional y los envases post consumo».
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sostuvo en un comunicado que el proyecto de ley promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para «reducir su impacto sobre el medio ambiente» e integra en el proceso a los trabajadores que se dedican al reciclado de residuos.
En ese sentido, dijo que se trata de la iniciativa de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores.
«La norma, sustentada sobre el principio de la responsabilidad extendida a las y los productores, va a servir sustancialmente a la tarea y la industria del reciclado y a ayudar a los municipios en sus políticas de separación en origen», aseguró Cabandié, según un comunicado de prensa.
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Diputados: es ley la ampliación del Parque Provincial Iberá

Fecha de Publicación: 30/10/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Se incorporaron 41.470 hectáreas en 5 lotes distintos, que pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina. Tambien se declaró monumento histórico e integrante del patrimonio cultural de la provincia a la iglesia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Curuzú Cuatiá.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la normativa que amplía la superficie del Parque Provincial Iberá incorporando 41.470 hectáreas que pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina. Además se declaró “Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia” a la Iglesia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Curuzú Cuatiá, autoría del senador David Dos Santos.
En la sesión 13 de la Cámara Baja Provincial ayer se convirtió en Ley el proyecto del Senador Sergio Flinta mediante el cual se suman 41.470 hectáreas de superficie al Parque Provincial Iberá.
Durante el encuentro, el diputado Horacio Pozo explicó a sus pares el proyecto venido del Senado Provincial y señaló “es la incorporación de 41.400 hectáreas, producto de haber identificado una serie de lotes cuyas adremas los identifican y que se incorporan formalmente  al Parque Provincial”.
“El parque Iberá es una de las joyas de la provincia. Se incorporan  4.783 hectáreas en 5 lotes distintos, que pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina y que en el expediente consta el acto formal de la intención de transferir al Patrimonio provincial para que forme parte del Parque”.
También en la sesión se aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 26872 de Patología Mamaria y sobre el proyecto, la diputada Alicia Meixner, destacó que a través de esta iniciativa se garantiza que toda patología mamaria que implique la ablación  de las mamas, tenga cobertura de cirugía reconstructiva de forma inmediata para mejorar o paliar los efectos psicológicos que tiene la paciente.
En el mismo encuentro parlamentario, obtuvo sanción la aprobación del “Consenso Fiscal 2020” y se declaró “Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia” a la Iglesia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Curuzú Cuatiá, autoría del senador David Dos Santos. Además se rindió homenajes a los 38 años de la elección de Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación el próximo 30 de octubre; y a la figura del ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento.
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Se realizó la segunda Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático del año

Fecha de Publicación: 30/10/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El evento contó con la asistencia de más de 400 participantes con quienes se compartió el avance de la definición de la política climática nacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que lidera Juan Cabandié, realizó esta tarde la segunda Mesa Ampliada del año, organizada por el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) con el objetivo de fomentar un espacio de participación ciudadana e institucional y avanzar hacia una estrategia climática para el país con enfoque federal, inclusivo y justo.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, quien expresó: “En las cercanías de la COP 26 y ante la evidencia científica de la realidad respecto a la problemática del cambio climático que se hace cada vez más difícil, urgente e integral, quisiéramos hacer referencia al reciente del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que nos muestra que la situación está a nivel global, realmente mucho más compleja de lo que esperábamos y mucho antes del tiempo que planificamos”.
“Esto dio lugar a que la discusión política también incremente su nivel y su velocidad. Y por eso estamos viendo en los últimos meses una actividad muy importante de parte de los líderes del mundo que debaten con respecto a la necesidad de la ambición y la acción climática urgente, problemática que la Argentina comprende, suscribe y atiende de manera central como una política de Estado”, agregó el secretario.
Además el secretario mencionó: “Nosotros tenemos como marco normativo e institucional para la elaboración de la política climática la Ley n.° 27520, Argentina reconoce que el cambio climático demanda un diálogo y una discusión profunda porque está en juego la supervivencia de la especie humana, esto nos invita a repensar el modo en el que estamos haciendo las cosas para prepararnos al escenario adverso del cambio climático”.
El funcionario también presentó la actualización de la meta de la Contribución Determinada a Nivel Nacional y explicó: “En este marco durante el año 2020, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, se elaboró la Segunda Contribución. Asimismo, el 22 de abril, el presidente Alberto Fernández, en la Cumbre de Líderes por el Clima, comprometió que vamos a presentar ahora en Glasgow una actualización de la misma un 2 % adicional a la presentada el 30 de diciembre, así como la elaboración de una estrategia de largo plazo que se oriente a la carbono neutralidad hacia el año 2050”.
“También en el marco de la mencionada ley se estipula que se garanticen instancias de participación pública, de sensibilización, concientización y participación en todo el proceso de elaboración de las políticas públicas”, agregó Rodríguez Tornquist y detalló: “Estamos elaborando el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de cara a 2030, que se compone de distintos planes sectoriales y de planes de respuesta jurisdiccionales, porque una de las instancias centrales en la discusión es la discusión federal”.
En este sentido, el funcionario sumó: “Estamos trabajando junto con las jurisdicciones provinciales para elaborar estos planes de respuesta de manera articulada, para hacer frente a esta agenda en un marco de transición justa y sin que nadie se quede atrás”.
Junto al secretario, estuvo presente la directora del Servicio Meteorológico Nacional y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, quien realizó una presentación de la situación climática a nivel global y nacional y la secretaria de Investigación Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, Daniela Castro quienes participan activamente del GNCC.
A su turno, la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell expuso los avances del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y de la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo. Los mismos serán presentados en la 26° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará del 31 de octubre al 12 de noviembre, en Glasgow.
El evento se realizó de forma virtual y fue transmitido a través del canal oficial de YouTube del Ministerio. Cabe mencionar que la Ley n.° 27520, de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, establece que la elaboración de la política climática debe garantizar la participación ciudadana y promover la articulación entre múltiples sectores y actores.
En esta línea, la segunda parte de la jornada contó con un espacio de intercambio donde las y los funcionarios respondieron preguntas de las y los participantes que se inscribieron previamente para poder participar y transmitir sus consultas y comentarios.
En este marco, participaron de esta instancia organizaciones de la sociedad civil; investigadores e investigadoras; miembros de universidades, sindicatos, comunidades indígenas; representantes de partidos políticos, gobiernos locales, sector privado; agrupaciones y grupos de jóvenes; movimientos sociales; consejos profesionales; legisladores y legisladoras; entre otros.
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Una red de bosques nativos: la propuesta para terratenientes

Fecha de Publicación: 29/10/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El estudio fue incluido en una reciente publicación nacional.
Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) participaron de la publicación “Uso Sostenible del Bosque. Aportes desde la Silvicultura Argentina” del Gobierno nacional, en la que realizaron un diagnóstico de la situación de los bosques subtropicales y fluviales de Corrientes y plantearon pautas para su conservación y restauración.
El trabajo incluido, “Bosques subtropicales y fluviales de Corrientes”, fue realizado por el dr. Juan José Neiff, investigador del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal-Unne-Conicet) y la dra. Sylvina Lorena Casco, investigadora del Cecoal y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena).
Si bien existe legislación protectora, los especialistas listaron algunas propuestas para mejorar las medidas de conservación. Propusieron la generación de una Red de Bosques Nativos Protegidos, que integre a los tenedores de tierras con remanentes de bosques nativos y brinde un encuadre de acciones cooperativas y de apoyo estatal, para quienes se comprometan en la conservación efectiva de los bosques nativos.
Asimismo, consideran que se requiere incentivar las prácticas productivas de menor impacto ambiental, con parcelas de monte nativo en cada unidad de manejo, y evitar grandes parcelas productivas, especialmente cuando puedan generar efecto barrera para algunas especies de vertebrados.
Los bosques nativos de Corrientes ocupan aproximadamente 773.000 hectáreas, distribuidas en diferentes entidades biogeográficas. Entre ellos se destacan los bosques subtropicales y los bosques fluviales, dos ambientes ricos en diversidad.
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El Gobierno le pidió a una multinacional que “vuelva” a la soja

Fecha de Publicación: 29/10/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, le pidió a la empresa Bayer que “vuelva a la Argentina”.
Aunque la compañía, de origen alemán, no se fue del país, el funcionario hizo su reclamo en relación al retiro para la venta de la soja resistente a insectos desarrollada con biotecnología por la falta de reconocimiento a la propiedad intelectual. Lo planteó en la localidad de Murphy, en Venado Tuerto, en la planta de procesamiento de semillas de Advanta.
“Creo en la biotecnología”, dijo Domínguez y recordó que en su anterior gestión como ministro negoció con el gobierno chino la autorización de la soja transgénica.
El funcionario le pidió a las autoridades de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) presentes en el acto, Lorena Basso presidenta, y Alfredo Paseyro, director de la entidad, que gestionen el regreso del programa de Bayer.
Aunque no hubo una respuesta inmediata en la entidad, fuentes de la industria recordaron que la decisión de Bayer fue “estrictamente comercial” y que la compañía sigue invirtiendo en el país en el cultivo de maíz, el secuestro de carbono y la agricultura digital. También está en el rubro de agroquímicos. En la compañía no hicieron comentarios sobre el reclamo del ministro y destacaron que mañana anunciarán inversiones en Pilar, vinculadas con el área de salud.
La soja resistente a insectos, conocida en el mercado como Intacta, había sido desarrollada por Monsanto para el mercado de América del Sur. Pero en la Argentina, a diferencia de Brasil y Paraguay, la industria semillera nunca logró consolidar el reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas con el pago de regalías para soja y trigo. Tras comprar Monsanto, Bayer decidió discontinuar la venta de Intacta en la Argentina. Aunque la firma lo explicó como un cambio de estrategia, en el sector privado se interpretó como un retroceso a la atracción de inversiones en tecnología agrícola.

Cambio climático
Más tarde, durante una recorrida por otro semillero, Nuseed, donde se está desarrollando un cultivo innovador para biocombustible y alimentación animal, carinata, Domínguez insistió en la defensa de la biotecnología. “Es fundamental para adaptarnos al cambio climático, la Argentina tiene que ser líder global en tecnología, tenemos que anticiparnos al futuro”, dijo en una conferencia de prensa de la que también participaron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la senadora por esa provincia, María de los Ángeles Sacnun.
En esa misma línea, el ministro de Agricultura volvió a defender la aprobación para la siembra del trigo transgénico HB4 (tolerante a sequía) que es resistida por los exportadores y acopiadores que temen que una eventual mezcla de esta variedad con el cereal convencional provoque el rechazo de embarques.
Perotti también avaló el HB4 porque fue desarrollado por un equipo liderado por Raquel Chan, investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, que traspasó un gen del girasol al trigo para hacerlo resistente a estrés hídrico.
Además del respaldo a la biotecnología agrícola, Domínguez reafirmó su apoyo a la producción ganadera argentina en el contexto de la discusión por la cumbre climática que se desarrollará en Glasgow, Escocia. “Nuestra ganadería se desarrolla a pasto, somos acreedores ambientales”, señaló, en referencia a la presión de los países desarrollados para que el Mercosur recorte su producción ganadera para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El Ministerio de Agricultura se basa en que cuando se acusa a la ganadería de ser responsable de las emisiones no se tiene en cuenta las capturas de carbono que hacen las pasturas donde se cría ganado.
Domínguez logró el aval del Consejo Agroindustrial Argentino y de entidades técnicas de productores como Aapresid en un documento que será llevado por la Cancillería a Glasgow en el que se sostiene que la producción argentina es respetuosa del ambiente, pero que requerirá medidas de adaptación al cambio climático.
Por otra parte, Domínguez dijo que no había razón para tener problemas con el abastecimiento de fertilizantes ya que, según las cifras del Ministerio de Agricultura, las importaciones de estos productos se incrementaron un 46% en esta campaña agrícola respecto de la anterior.
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El OPDS registró un récord histórico de fiscalizaciones mensuales

Fecha de Publicación: 29/10/2021
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires


En junio de 2021, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible superó su marca histórica de fiscalizaciones y el número continúa en aumento.
Los números indican que en junio de este año se realizaron 214 inspecciones. De esta manera, se superó la marca que correspondía al mes de diciembre de 2020 (188 inspecciones).
Debido al crecimiento constante del Organismo, esta situación se viene repitiendo mes a mes desde entonces, superándonos hasta alcanzar el mes pasado el máximo de fiscalizaciones histórico: 290 fiscalizaciones realizadas en septiembre de 2021.
En diciembre de 2019, cuando asumió esta gestión, el promedio era de 90 de inspecciones mensuales. El récord logrado en junio de 2021 y la superación continua se debe al trabajo constante que realizan los y las agentes de la Dirección de Fiscalización de Industrias e Inspección General y al fortalecimiento del cuerpo de inspectores. El esfuerzo y el compromiso se ve reflejado a partir del mes de mayo donde, luego de dos meses de capacitación, los nuevos fiscalizadores comenzaron a realizar sus primeras inspecciones.
Sin quedarnos con los objetivos logrados, desde el OPDS seguimos con el convencimiento de seguir por este camino de hacer cumplir la normativa ambiental, que conduce a garantizar cada vez más justicia social y ambiental en toda la provincia.
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Se presenta en Diputados el proyecto de ley de gestión de envases elaborado por el Ministerio de Ambiente de la Nación

Fecha de Publicación: 28/10/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El ministro Cabandié participará mañana de la presentación de la iniciativa legislativa ante la Cámara Baja.
A efectos de promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión se presenta, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación a las 10 horas, el proyecto del Poder Ejecutivo elaborado por el Ministerio de Ambiente, por el cual se integra prioritariamente en la cadena de gestión a las y los trabajadores recicladores.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, acompañará mañana la presentación del proyecto de Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores. Al respecto, el funcionario afirmó que “la norma, sustentada sobre el principio de la responsabilidad extendida a las y los productores, va a servir sustancialmente a la tarea y la industria del reciclado, y a ayudar a los municipios en sus políticas de separación en origen”. Además, el titular de la cartera dijo que es un proyecto que se “trabajó con las distintas cooperativas y asociaciones”.
En esta misma línea, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, mencionó: “Este proyecto demuestra el compromiso del Ministerio de Ambiente para que la economía circular no sea simplemente un elemento enunciativo”. “Así como comprometimos una política pública en materia de erradicación de basurales a cielo abierto, la ley de envases no solo dignifica la tarea de las y los recolectores y reduce los volúmenes de envases, también es un hecho demostrativo de ese compromiso”, agregó el funcionario.
El texto incorporó comentarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y contó con la participación de las cámaras y trabajadoras y trabajadores del sector. El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.
A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.
El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.
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Impuesto al carbono: una gran oportunidad para la economía argentina

Fecha de Publicación: 28/10/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Para evitar la perdida de competitividad se podría generar un crédito fiscal a los exportadores de industrias intensivas en el uso de energía.
Muchos políticos intentan polarizar la cuestión climática bajo el lema “es la economía o el medio ambiente” mientras el mundo nos dice cada vez con mas argumentos sólidos que la economía y el medio ambiente van de la mano. En las próximas décadas no abra estrategia económica exitosa si no va atada a una estrategia medioambiental. Las exportaciones de los países que no tengan estrategia climática comenzaran a ser excluidas de los flujos comerciales globales.
Estamos frente a la última década capaz de frenar el cambio climático si queremos que sus consecuencias que van a ser irreversibles sean por lo menos manejables. De la mano de jóvenes que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados viendo simplemente como el planeta se va consumiendo, la crisis climática esta tomando un lugar cada día mas central en la agenda política
Las soluciones de la tecnocracia frente al cambio climático suelen ser complejos sistemas de subsidios y enormes e ineficientes programas gubernamentales financiados con dinero de los contribuyentes. Joe Biden es un claro ejemplo: complejos programas de beneficios fiscales y regulaciones sin incluir un impuesto al carbono. Justo cuando la mayoría de los especialistas coinciden en que la forma mas eficiente de lograr una importante reducción en las emisiones de carbono en los plazos que necesita el mundo para evitar la catástrofe ambiental seria aplicando un impuesto al carbono.
Un impuesto al carbono no solo bajaría rápidamente las emisores, sino que también podría reducir la inequidad y estimular el crecimiento económico. ¿Cómo? Destinando lo que se recauda con el mismo a reducir los impuestos al trabajo.
El impuesto al carbono por si mismo aumentaría los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, pero si con lo recaudado se reducen los impuestos al trabajo esa ecuación generaría aumentos de sueldos.
Segun un estudio de la organizacion Tax Foundation, en los Estados Unidos un impuesto a las emisiones de 50 dólares por tonelada, que vaya creciendo al 5% anual, generaría USD 1,87 billones de ingresos adicionales al gobierno federal en 10 años. Por si solo el impuesto tendría un impacto negativo del 0,4% anual sobre el PBI, reduciría los salarios y eliminaría el equivalente a 447.000 empleos. Pero si el dinero recaudado se destina a otros fines, como reducir impuestos al trabajo, generaría un resultado positivo sobre el PBI, sobre los salarios y un efecto redistributivo. El informe cita que con ese dinero se podría bajar 2,4 puntos porcentuales de los aportes que realizan los empleados para financiar la seguridad social. Esto provocaría un aumento adicional del 0,1% del PBI y un aumento de ingresos para el 95% de los americanos que menos ganan.
Otra de las alternativas seria usar esos fondos para dar beneficios a la inversión en investigación y desarrollo de las empresas. Esto tendría un efecto positivo sobre el PBI del 0,8% anual pero negativo sobre la mayoría de los salarios.
El informe concluye que un impuesto al carbono bien diseñado es la forma mas eficiente de restringir las emisiones, y a la vez reducir la inequidad social y aumentar el crecimiento económico. Otro informe, producido por Brookings Institution afirma que un impuesto al carbono en los Estados Unidos de 50 dólares la tonelada, con un crecimiento del 5% anual entre el ano 2020 y el 2030, podría disminuir las emisiones hasta un 50% por debajo de los niveles del 2005.
La segunda cuestión que se presenta ante un impuesto al carbono es de orden moral. Los países que menos han contribuido al cambio climático son los que están padeciendo las peores consecuencias. El norte de África esta siendo espacialmente afectado con grandes desertificaciones, tiene cada día mas refugiados climáticos. “Mercaderes de la sed”, como se les llama, lucran con la desertificación, vendiendo agua transportada en camiones cisternas a precios exorbitantes. El 1% más rico de la población mundial emite cada año más del doble que el 50% más pobre. Los norteamericanos 3 veces mas per cápita que los europeos.

Impacto económico y oportunidad
La Unión Europea se esta preparando para imponer un impuesto a las importaciones con una intensidad de carbono mayor que la permitida en ciertas industrias nacionales con uso intensivo de energía. El objetivo es prevenir que las empresas que generan altas emisiones simplemente muevan sus operaciones a países extracomunitarios que no tienen un impuesto al CO2 y luego envíen sus productos a Europa. Por ejemplo, si en Suecia resulta muy caro producir emitiendo, simplemente traslado la fábrica a un lugar donde pueda emitir sin que me cobren impuesto e importó el producto. Lo único que se logra es el traslado geográfico de las emisiones, no lo que importa: su reducción.
Otro aspecto a tener en cuenta: las emisiones medidas por consumo pueden variar mucho respecto a la medición por producción. Las emisiones de UK son un 42% mas altas si se toma el CO2 importado, las de Suecia casi un 70%. En cambio las de Sudáfrica son un 29% mas bajas y las de Australia un 9%.
En nuestro país aun podemos evitar imponer un impuesto al carbono, pero en el futuro no podremos evitar que muchas de nuestras importaciones deban pagarlo al arribar a destino, lo que nos podría en una clara desventaja comercial. El impacto no se vera de un día al otro, empezara por Europa para ciertos productos, pero se ira expandiendo a medida que las energías renovables, autos eléctricos e industrias que remplazan gas por hidrogeno se vayan expandiendo en países desarrollados. Será un proceso gradual pero firme que veremos en las próximas dos décadas.
El impuesto al carbono, así como implica un desafío también representa una oportunidad. Argentina dispone de una matriz eléctrica relativamente limpia con una importante participación de la energía hídrica, del gas (energía de transición) y de un fuerte crecimiento de las renovables. Desde el sur hasta el norte del país hay potencial para expansión de estas nuevas fuentes de energía.
Si bien tenemos litio para baterías, pensar en fábricas de nivel internacional en nuestro país requiere una economía más abierta y un entorno económico más estable. Lo mismo sucede con la transición a la era de los vehículos eléctricos y autónomos: se impone re configurar la industria automotriz, un proceso que requerirá de grandes inversiones y aumentar la escala de mercado mediante acuerdos de libre comercio.
La energía renovable permitirá que instalen sus servidores empresas tecnológicas internacionales que asumieron el compromiso de ser neutrales en sus emisiones. También empresas de minado de criptomonedas como a sido el reciente anuncio de Bitfarms.
Con energía de renovable de bajo costo también se podría desarrollar la industria del hidrógeno que podría ser un sustituto al gas no solo para parte del sistema de transporte como los trenes de carga, sino también para la industria siderúrgica, del acero y del cemento que son más difíciles de des-carbonizar. Los grandes avances en ganadería de bajas emisiones abrirían nuevos mercados a nuestras carnes.
Tarde o temprano la fuerte presión para descarbonizar llegará, y es mejor anticiparse a una transición que podría ser traumática. Si sabemos aprovechar la oportunidad podría ser un boom para nuestras exportaciones y nuestra economía.
Por cada trabajador que se pierda en una mina de carbón, nuevos se generaran haciendo instalación y mantenimiento de molinos de viento y paneles solares. Por cada empleo que se pierda en una fabrica de automóviles a combustión varios se generaran en fabricas de autos eléctricos, de baterías, así como en investigación y desarrollo. Por cada empleo que se pierda en la industria del petróleo varios se generaran en la industria del hidrogeno, en las redes de carga de autos eléctricos y en empresas multinacionales que se instalarían a lo largo de todo el país para producir bienes y servicios neutros en carbono. Las condiciones geográficas de argentina permitirían que el cuidado del medio ambiente sea una marca país.
Hoy en la Argentina no se discute del tema porque se ve a la cuestión como “un gasto” en medio de otras cuestiones urgentes, tales como la pobreza, la inflación, la inestabilidad, la inseguridad física y jurídica. Tomarla como “gasto” es un criterio erróneo, dado que se puede hacer mucho sin gastar dinero de los contribuyentes como explique en relación al impuesto al carbono. Y porque en algún momento la economía y las nuevas generaciones forzarán que el tema este en el centro de la agenda política. Ya lo están demandando con conferencias y manifestaciones para que la preservación del medioambiente se considere una cuestión de estado.
¿Cómo compensar el aumento de precios y perdida de competitividad resultante de un impuesto al carbono? Hoy el 50% del costo de la nafta, y entre el 40% y el 50% del costo de la energía eléctrica y gas son impuestos. Parte de estos impuestos podría ser remplazada por un impuesto al carbono. Esto compasaría el costo fiscal y aumento de precios al mismo tiempo que abría un incentivo para que las empresas reduzcan sus emisiones.
Para evitar la perdida de competitividad se podría generar un crédito fiscal a los exportadores de industrias intensivas en el uso de energía por una parte de lo pagado por este impuesto.
El mismo criterio del impuesto al carbono puede ser aplicado sobre el plástico, como de hecho lo hacen los países europeos. Israel planea reducir el consumo de plástico en un 40% con la implementación de este impuesto. Con esa medida, no solo se reducen el monto de plástico que afecta a los mares y la biodiversidad sino también las emisiones de CO2 para su producción.
La transición energética no estará exenta de sobresaltos como estamos viendo en los mercados energéticos globales. Las disrupciones de la pandemia sumadas a la falta de inversión en energías renovables ya están generando fuertes aumentos de los precios de la energía eléctrica en Europa. El gas natural licuado subió 500% en un año, hay cortes de energía en china, faltantes de carbón en India y escases de petróleo en gran Bretaña. A pesar de los altos precios las empresas no quiere invertir mucho en gas y petróleo porque con la des-carbonización de la economía el horizonte de los combustibles fósiles es de unas pocas décadas. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), si queremos alcanzar cero emisiones netas en 2050, las inversiones en energía renovables se deberían triplicar para alcanzar los 4 trillones anuales en 2030.
Los modelos predicen en nuestro país un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos como lluvias extremas en la mayoría de las regiones, un mayor riesgo de inundaciones, olas de calor, sequias e incendios forestales mas frecuentes.
Ante este panorama, los impuestos al carbono y al plástico son solo una parte de la solución, mucho se necesitara en materia de reforestación, protección de selvas y ecosistemas naturales, ganadería sustentable, nuevos métodos agrícolas, edificios eficientes energéticamente, adaptación y construcción de infraestructuras para resguardar ciudades y el territorio frente al cambio climático. La transición implica el compromiso del gobierno en todos sus nivel, de las empresas y la sociedad civil. Estamos entrando en una década donde ya no podremos evitar abordar de forma integral y contundente la cuestión medioambiental. Debemos hacerlo por el planeta, por la economía y porque es una obligación moral que, como individuos y humanidad, debemos a nuestros descendientes y las futuras generaciones.
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 “Somos las que más sufrimos el paquete de agrotóxicos que mata y envenena”

Fecha de Publicación: 28/10/2021
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y coincidiendo con un acampe frente al Congreso, se manifestaron como forma de reclamo por la ley de Acceso a la Tierra y la Soberanía Alimentaria.
Las mujeres avanzaron, entonaron cantos, algunas maniobraron verduras como ramos de flores, otras sostuvieron banderas. Las calles de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, perdieron la calma habitual de un lunes a la mañana cuando las trabajadoras de la tierra, campesinas y productoras rurales hicieron lo que el cansancio y la bronca les demandaron: una acción directa –escrache– en la fachada de la planta de semillas transgénicas de Bayer- Monsanto. “Queríamos señalar a los responsables del paquete tecnológico de muerte y destrucción”, expresaron.
En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y coincidiendo con un acampe frente al Congreso de la Nación, este lunes, las mujeres del campo, trabajadoras y productoras, se manifestaron frente a la planta del gigante transnacional como forma de reclamo por la ley de Acceso a la Tierra y la Soberanía Alimentaria.
“Queríamos señalar a los responsables del paquete tecnológico de muerte y destrucción. Somos nosotras la que más lo sufrimos, las que vemos como golpea nuestras vidas provocando abortos, cáncer, enfermando a nuestras familias, somos las primeras en decirles a nuestros hijos e hijas ´no comas esa frutilla que está mal curada con veneno´”, le dice a Tiempo Rosa Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaria de Género de la UTT.
“Además de envenenarnos, de envenenar los suelos y los territorios, te imponen el paquete tecnológico como la única alternativa para producir alimentos. Te esclavizan porque te obligan a pagar ese paquete tecnológico a precio dólar. Empresas transnacionales como Bayer – Monsanto vienen a nuestro país y producen venenos cancerígenos para nuestros pueblos”, destaca Pellegrini.   
A través de un comunicado, la UTT señaló que “mientras una buena parte de nuestra población tiene comprometida su nutrición adecuada, y otra buena parte debe gastar casi la totalidad del salario en alimentos, la contracara son un puñado de corporaciones monopólicas que concentran el 80% de las marcas de las góndolas y tienen rentabilidades que superan los mil millones de pesos anuales cada una. Este modelo agroalimentario no da para más”.
“Las mujeres –continúa el texto– son las primeras en visibilizar que el paquete de agrotóxicos que imponen estas empresas no nutre ni alimenta. Al contrario, mata y envenena, desatando efectos negativos sobre la salud y la tierra, provocando desmontes, contaminación, enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos, problemas neurológicos. Esos males lo sufren nuestros hijos e hijas”.
“Exigimos –completa Pellegrini– que se termine la violencia de estas empresas contra nosotras. Estamos cansadas de ser sostenedoras de un modelo productivo sin acceso a las tierras y que daña la salud. Nosotras somos las que tenemos que apostar por la agroecología, aun en contra de nuestras parejas que están sometidas al paquete tecnológico, pero el Estado no nos cuida”.
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Podrían penar con años de prisión a los que desmonten ilegalmente

Fecha de Publicación: 27/10/2021
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa es autoría del legislador salteño Lucas Godoy, y fija penas de tres a ocho años de cárcel a quienes realicen talas o deforestaciones sin la debida autorización de la autoridad provincial competente.
Si bien la Ley de Bosques que entró en vigencia en 2009 y logró durante varios años disminuir la tasa de desmontes en el país, el dato de que entre 2008 y 2018 desaparecieron 2.8 millones de hectáreas de bosques nativos, de los cuales el 21% fue en Salta, llevó a que se presente en el Congreso un proyecto de Ley para penar con prisión efectiva a aquellos que deforesten sin autorización.
El autor de la iniciativa, el diputado nacional salteño Lucas Godoy, advirtió que en 2016 con la eliminación de las retenciones otra vez se desató una especie de fiebre de los grandes productores de soja por tratar de conseguir tierras cultivables mediante los desmontes.
“Si bien muchos tienen autorización por cumplir con los presupuestos que fija la ley, muchos otros son hechos de manera clandestina, porque se arriesgan a no ser descubiertos y en caso de que los controles logren detectarlos, las multas monetarias suelen ser muy inferiores a las ganancias que estiman obtener con los cultivos, por lo que no alcanzan para ser disuasivas, ya que prefieren pagar la multa y hacerse de nuevas tierras”, advirtió el autor de la iniciativa.
Por ello, el proyecto propone la inclusión de seis incisos en el artículo 208 del Código Penal. En primer lugar el nuevo 208 bis reprime con prisión de tres a ocho años para el que de manera ilegal “realizare desmontes y/o actividades de tala, totales o parciales, sobre Bosques Nativos”.
Además ese mismo apartado indica que “si se acreditare que dichas actividades tuvieron ánimo de lucro se aplicará, conjuntamente a la pena de prisión, una multa de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000) a PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000)”.
Finalmente excluye de estas penas a los agricultores Familiares y miembros de Comunidades Indígenas “que realicen actividades para su subsistencia sin afectar la conservación, manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los Bosques Nativos”.
Dentro del mismo articulado del Código, el proyecto añade una serie de incisos que apuntan a los funcionarios públicos que hayan autorizado un desmonte de manera irregular, a los que también le aplica pena de prisión y le impone períodos de inhabilitación en la función pública.
Godoy en los fundamentos del proyecto señala que desde que entró en vigencia la Ley de Bosques, “la tasa de desforestación disminuyó desde 0,94 % en 2007 a 0,34 % en 2015”, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Bosques, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero también en dicho informe daban cuenta que desde 2016 esa tasa volvió a aumentar.
También remarca que en el 2017 la superficie desmontada alcanzó en el Noa las 128.217 hectáreas y casi la mitad fue de bosques protegidos por la normativa (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo). Allí también señala que Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas, ya que entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos.
Y en base a datos más actuales, Godoy grafica que en Julio 2020, con plenas restricciones a las actividades por la pandemia, “se detectaron en Salta desmontes sin la debida autorización administrativas y/o en zonas no desmontables de 546 hectáreas en los departamentos Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín de los cuales 62,27 hectáreas correspondían a la categoría de muy alto valor de conservación (Categoría I -rojo)”.

Procuraduría de Protección Ambiental
Pero la penalización de este tipo de delito, indica el diputado, “conlleva asimismo a la necesidad de contar con organismos especializados en la protección y la tutela del ambiente, que cuenten con la competencia y con los recursos para desarrollar una adecuada investigación y la aplicación de eventuales sanciones ejemplificadoras”.
Por ello rescata otra iniciativa presentada en Diputados, que también lo incluye entre los autores, que propone la creación de la Procuraduría de Protección Ambiental, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, “asignándole precisamente aquellas funciones específicas referidas a la protección del ambiente, que comprende los bienes y valores colectivos que lo componen y el patrimonio natural y cultural nacional y la creación de Unidades Fiscales por Áreas Naturales”.
Ambos proyectos ya fueron presentados formalmente y ahora deberán cumplir con el circuito interno en distintas comisiones para poder obtener los dictamenes que les permitan su tratamiento en el recinto.
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Relevamiento técnico científico en el futuro Parque Nacional Selva de Montiel

Fecha de Publicación: 27/10/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Entre Ríos


Biólogos, naturalistas, guardaparques y miembros de organizaciones ambientalistas, participaron de esta campaña de reconocimiento que permitió registrar cerca de 500 individuos.
Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron diferentes campañas de reconocimiento y relevamiento de especies dentro del futuro Parque Nacional Selva de Montiel, ubicado a unos cincuenta kilómetros al norte de la localidad entrerriana de Federal, con el fin de evaluar los predios rurales que podrían formar parte del área protegida en formación.
El equipo de campo, integrado por los biólogos Aristóbulo Maranta y Gerardo Vega, junto al naturalista Guillermo Treboux, se ocupó de los registros con cámaras trampa y del registro de herpetología, con el apoyo del guardaparque nacional Jeremías Mancini del Parque Nacional Pre-Delta y la asistencia de la organización Aves Argentinas.
A raíz del trabajo realizado en los 11 sitios de muestreo, fueron registrados alrededor de 500 individuos y unas 10 especies de mamíferos; una información que es muy importante para la creación del área protegida.
En general, en el área predominan los ecosistemas naturales, con variable impacto por la ganadería extensiva; por lo que se estima que la conectividad de la biodiversidad está en buen funcionamiento. En cuanto a aspecto social, los habitantes de la zona que fueron consultados valoraron positivamente el proyecto del nuevo Parque Nacional desde su identidad local.
El tercer parque nacional de Entre Ríos se proyecta sobre una superficie de aproximadamente 150.000 hectáreas, que protegerá palmares mixtos de palma yatay y carandilla, y cientos de especies de aves. El monte de Espinal, característico del área, corresponde a una de las ecorregiones menos representadas actualmente en el sistema de áreas protegidas.
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Misiones quiere $ 114.000 millones por cuidar la selva y emitirá bonos de carbono

Fecha de Publicación: 27/10/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Misiones


Se trata de la única provincia con "carbono negativo" en Argentina y hace punta en el reclamo monetario por el cuidado de su biodiversidad.
Misiones es una provincia única en Argentina. Si bien tiene menos del 2% de superficie total del país (29.801 km2), concentra el 52% de la biodiversidad del mismo en las 1,2 millones de hectáreas protegidas por la Ley de Ordenamiento de los Bosques Nativos sancionada en 2017. Con esa impresionante carta de presentación, y refrendando ser la única provincia carbono negativa del país, el gobernador Oscar Herrera Ahuad inició el reclamo formal por una compensación ambiental por un monto millonario al Estado Nacional.
Herrera Ahuad envió una carta al jefe de Gabinete, Juan Manzur, solicitando una partida extraordinaria de 114.000 millones de pesos para que sea incluida en el Presupuesto 2022, como “Compensación Económica Histórica” por la preservación de la selva misionera ante la falta de ingresos debido al no uso de la tierra para la agricultura o la desforestación para explotación maderera.
El monto que reclama Misiones equivale a la mitad del presupuesto del Estado provincial para 2022, que asciende a unos 227.000 millones de pesos. Y su fundamento es que esa misma selva que está protegiendo su gobierno y genera gastos solventados solo por la provincia, es la misma que permite generar grandes recursos económicos en la Pampa Húmeda, especialmente con cultivos como la soja, trigo o maíz. El sistema de gestión de recursos protegidos de la selva misionera cuenta con más de 100 unidades diferentes de conservación provincial, entre parques, reservas, monumentos naturales, áreas y refugios de vida silvestre. Además, la Cámara de Senadores de la Nación (previo aval de Diputados) aprobó en 2018 el proyecto que convierte a Misiones en la Capital Nacional de la Biodiversidad. Y en enero de 2019, la Ley 27494 que realiza la declaración oficial fue promulgada en el Boletín Oficial de la Nación.
“Misiones es la locomotora ambiental del país, que produce aire puro, agua limpia y tierra fértil. Es una provincia que tiene el 92% de su territorio que limita con otros países (Brasil y Paraguay), en los que se ha profundizado la desforestación para cultivos, por lo que tenemos una presión muy grande para seguir conservando la biodiversidad actual. Es una provincia que naturalmente produce abundantes lluvias que benefician a la cuenca del Paraná y a toda la región de la Pampa Húmeda para que allí se pueda cultivar ampliamente”, explicó a Infobae, Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático de Misiones.
“Es una reparación histórica que solicitamos a Nación mediante carta formal en la que planteamos que Misiones contribuye de manera esencial con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se impuso la Nación en el marco del Acuerdo de París. Nuestra selva genera la captura y retención del dióxido de carbono. Y luego, la producción de oxígeno”, agregó Lombardi, que destacó que según el último estudio oficial del Gobierno argentino de 2016, Misiones es la única provincia carbono negativo del país, es decir, que es el único distrito que genera más oxígeno, que el dióxido de carbono que emite.
“Los equipos técnicos de la Provincia han determinado que el aporte que realiza Misiones a la Nación y al resto de las provincias argentinas suma 114 mil millones de pesos, si se toma en cuenta la dedicación del suelo misionero a mantener la selva en lugar de dedicarla al cultivo de soja, el aporte hídrico a la producción agrícola exportable de la Pampa Húmeda y demás servicios ecosistémicos, y las partidas financiadas por los propios misioneros para cuidar los bosques a lo largo de varias décadas”, sostuvo la carta de reclamo a Manzur, que también fue expuesto por los tres diputados nacionales por Misiones del Frente Renovador, Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori ante el titular la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Y agrega que “sin la contribución esencial de la selva misionera, no sólo no habría soja que exportar sino que la Nación no podría cumplir con los objetivos trazados en su estrategia contra el cambio climático comprometido ante Naciones Unidas”.
Adolfo Safrán, ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones también habló con Infobae sobre el puntual reclamo provincial. “El pedido se basa en cuatro pilares. El primero es el costo-oportunidad sobre la no explotación de la selva misionera. El segundo es la no recaudación del fisco provincial por la no actividad económica desarrollada. El tercero es la millonaria inversión presupuestaria que hace la provincia para la conservación de la selva, donde la mayoría son parques provinciales. Y el cuarto es el beneficio económico que genera la Pampa Húmeda y de la que se benefician varias provincias gracias al cuidado que hacemos aquí de este ecosistema”.
La Selva Misionera es uno de los bosques más biodiversos del país y el de mayor biodiversidad del continente luego del Amazonas. Debido a su importancia, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la incluyó en la lista Global de las 200 eco-regiones mundialmente prioritarias para la conservación. Así, es una de las regiones más biodiversas de la Argentina, con alrededor de 3000 especies de plantas y 500 especies de aves, y donde vive la mayor cantidad de ejemplares de yaguaretés (120) en la Argentina.
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La Justicia empieza a bajarle el pulgar al trigo transgénico

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


HB4, resistente a la sequía, tiene un “paquete tecnológico” 15 veces más tóxico que el de la soja. Es un desarrollo nacional único en el mundo, pero no lo quiere nadie. Ahora un fiscal dejó en suspenso la autorización para comercializarlo.
Generó controversia nacional e internacional. Estaba sujeto a la aprobación de Brasil, destino del 50% del trigo que se cultiva en la Argentina. Generó una protesta en todo el país, en la que se replicó la preparación y horneado de pan que para entregarlo al público. Ahora el primer trigo transgénico del mundo, el desarrollo HB4, que llevó años de investigación con la intervención de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la empresa nacional Bioceres, que había sido aprobado por el gobierno nacional para su comercialización en octubre del año pasado, quedó otra vez en veremos: el titular de la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, dictaminó que debía suspenderse el acto administrativo que “liberó” la variedad de laboratorio “por los graves vicios que presenta respecto a su fundamentación” la resolución 41/2020, y además por “el peligro para el medio ambiente y la salud humana que implicaría la distribución del cereal transgénico”. Será un hito de la investigación nacional, pero cada vez queda más claro que no lo quiere nadie.
La medida judicial pone freno a la resolución citada, emitida por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La denuncia contra la comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) fue iniciada por un grupo de personas que interpusieron una medida de “no innovar diferenciada” para que se suspenda la autorización otorgada. Al convalidarla, la Justicia determinó que la propietaria del trigo HB4, el Instituto de Agrobiotecnología Rosario (Indear SA) no puede comercializar la semilla, ni los productos y subproductos de derivados de lo que se denomina “Trigo OGM IND 00412-7”. Además, los demandantes pidieron también la inmovilización de la cosecha de las áreas sembradas –todas de forma experimental– durante 2020.
Ya en la mitad del año pasado organizaciones ambientalistas, sociales, de derechos humanos, investigadores y docentes junto a un amplio abanico social, se habían puesto en alerta por el avance y trámites sobre el trigo HB4.
El desarrollo es de una semilla resistente a la sequía, pero conforma un paquete tecnológico similar en su estructura a las variedades de soja transgénica que invadieron las tierras nacionales desde su autorización, en 1996, cambiando por completo los paisajes productivos, llegándose a sembrar en lo que ahora se conoce como “zona núcleo” hasta en las banquinas de las rutas, incluido el retiro de banquina de la autopista Rosario-Santa Fe.
Se trata de un modelo severamente cuestionado, y el desarrollo del trigo transgénico venía a calcarlo. “Hay dos modelos de producción que no pueden convivir. Uno es el agronegocio, un modelo que ha adoptado nuestro país y desde 1996 deviene en campos fumigados, bosques arrasados y animales hacinados en granjas industriales.
En contraposición va consolidándose el movimiento de la agricultura y la agroecología, que es la producción alimentaria en relación a los vínculos que puede establecer la humanidad con lo que lo rodea sin declararle una guerra. Va ganando un espacio de legitimidad, va teniendo cada vez mas éxito”, sostuvo el año pasado el Colectivo Trigo Limpio, una de las cientos de agrupaciones que solicitaron al gobierno de Alberto Fernández dar marcha atrás con la preaprobación del HB4.
“El pan de cada día, un alimento básico para un gran consumidor de harinas como Argentina, podría llegar a la mesa con más carga tóxica que nunca. “El trigo es la base de nuestra alimentación”, había marcado la ONG, integrada por unos 1.400 científicos, científicas e investigadores,
Tamaña oposición tiene un razonamiento base. “El trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio (según la FAO, 15 veces más tóxico que el glifosato). Todos los cultivos transgénicos que tienen resistencia a herbicidas y se cultivan ampliamente en Argentina (soja, maíz, algodón, etcétera) se asocian finalmente con la aplicación de un exorbitante volumen de agrotóxicos que se esparcen sobre nuestros territorios cada año. Desde que comenzó a implementarse este paquete tecnológico en la década de 1990, el uso de agrotóxicos en Argentina se ha incrementado exponencialmente, llegando actualmente a 525 millones de kilogramos/litro de formulados por año”, sostuvo el colectivo. Y agregó que la cuenta da “12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo”.
Trigo Limpio también advirtió que el HB4 se inserta en el sistema de agricultura aplicado en el país “que apuesta al extractivismo para producir commodities y beneficiar a una minoría de la población argentina que acumula las ganancias”. Y completó: “Lejos de apuntar a una transformación paulatina de este sistema, la aprobación del trigo HB4 y la iniciativa que propone incrementar en más de un 50% la producción de granos para 2030, refuerzan el modelo sin ninguna consideración respecto a las consecuencias socioambientales”.
El documento cosechó miles de adhesiones en todo el país. Y además requirió toda la información disponible –aun la que podía ser considerada “sensible”– en base al Acuerdo de Escazú (ley 27.566), que tiene jerarquía constitucional y sujeta al Estado a garantizar el acceso del ciudadano a la información sobre asuntos ambientales, uno de ellos, el trigo transgénico HB4.
Ahora la medida judicial –aunque transitoria– representa otro escalón más en el rechazo social al desarrollo. La demanda sostuvo que la autorización por parte del gobierno nacional de la comercialización se decidió “sin que se realizaran estudios de impacto ambiental previos, ni audiencias públicas que garantizasen la participación ciudadana en cuestiones de interés público relevante y que están vinculadas a la vida, la Salud Pública, el ambiente, la economía, el comercio y las relaciones internacionales”.
Y agregó que la aprobación “se efectuó a sabiendas del riesgo cierto de producir perjuicios graves e irreparables de índole económica, tales como la pérdida de mercados internacionales de exportación de granos, y perjuicios ambientales, dado la alta probabilidad de contaminación transgénica desde las 6 mil hectáreas ya sembradas en el país, cuya localización sólo es conocida por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional”.
El fiscal Canda tomó los argumentos de los denunciantes y apuntó que el acto administrativo fue dictado por la Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional “y no por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, tal como lo exige sin excepciones la resolución N°763/11” conformó un vicio, y agregó: “Este defecto se potencia aún más si se considera que la resolución N°41/20 constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado en la complejidad técnica de la competencia que se le ha asignado”.
Además, el funcionario judicial cuestionó la fundamentación de la resolución de marras, “la cual sólo incluye transcripciones parciales de los informes técnicos, las cuales omiten los graves peligros que podrían surgir de la proliferación del organismo genéticamente modificado”.
Y resaltó: “Al estar en juego el bien jurídico ambiente, la autoridad administrativa, en el marco de la motivación del acto, debió ponderar los costos y beneficios derivados de la autorización comercial de cara a la observancia del principio precautorio aplicable”.
“La autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND-00412-7 sin aplicar el principio precautorio, ante el grado de incertidumbre científica, supone una violación a la ley aplicable en tanto desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales”, describió el fiscal Canda.
Y concluyó, citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cabe “la aplicación del principio «in dubio pro natura», que establece que «en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales».
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Insisten desde la Legislatura por la nueva Ley de Agrotóxicos

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


El proyecto puede perder estado parlamentario. Presión por parte de agrupaciones ambientalistas
El proyecto para modificar la Ley de Agrotóxicos (formalmente llamada de Productos Fitosanitarios) y alejar las fumigaciones de zonas habitadas, casas y escuelas en Santa Fe podría volver a perder estado parlamentario por sexta vez de no tratarse antes del 30 de noviembre.
La iniciativa, que fue presentada por el diputado Carlos Del Frade en junio de 2020, corre riesgo de no avanzar. El mismo contempla algunos puntos fundamentales, entre los que se destaca que el Ministerio de Medio Ambiente sea el nuevo órgano de aplicación y control su implementación. Además, establece una serie de prohibiciones: fumigaciones a menos de 1500 de los lugares ya mencionados y también los depósitos de agroquímicos en áreas urbanas y fumigaciones aéreas, de tránsito y estacionamiento de “mosquitos” en áreas urbanas.
En los primeros días de octubre la Multisectorial Paren de Fumigarnos se manifestó y presionó a los diputados santafesinos para que se garantice su tratamiento. Quien recogió el guante en esta ocasión fue la legisladora Matilda Bruera quien alertó que la situación es "preocupante".
"Es uno de los temas centrales de la protección del ambiente en la provincia de Santa Fe, es la sexta vez, vergonzosamente es la sexta vez que va a perder estado parlamentario”, argumentó.
En ese sentido, Bruera agregó:  “Eso solo es una grave mancha para la historia de la legislatura santafesina, en una oportunidad anterior tuvo media sanción de Diputados y se frenó en el Senado, pero esta vez ni siquiera tiene dictamen de la comisión de Medio Ambiente, y esto es muy grave, que la comisión no tome como tema central la ley de agroquímicos es un tema muy grave”, expresó la diputada justicialista
Para Bruera, “aprobar la ley no es mas ni menos que poner un límite al envenenamiento que estamos sufriendo los santafesinos con esta fumigación tóxica que permanentemente nos castiga”.
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Costanera Sur: rechazo a las torres de lujo por la especulación inmobiliaria y su impacto ambiental

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: CABA


Tras una semana de audiencia pública por el futuro de la ex Ciudad Deportiva de Boca, los 286 oradores que participaron en esa instancia rechazaron el convenio urbanístico entre el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para habilitar en el predio de 71 hectáreas la construcción de un nuevo barrio con edificios de hasta 45.
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la campaña "Costanera Verde Pública", que reúne a organizaciones ambientales y políticas como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, La Defensoría de Laburantes y la CTA-Autónoma, entre otros.
La audiencia pública tendrá al menos nueve jornadas más, ya que en total se inscribieron 2.593 personas y organizaciones, y si bien no es vinculante, puede influir en el debate legislativo, ya que el convenio entre IRSA y la administración de Horacio Rodríguez Larreta obtuvo media sanción, pero espera una segunda y definitiva aprobación.
Esta semana, los principales argumentos que los vecinos y referentes expusieron para rechazar el emprendimiento inmobiliario fueron su "impacto ambiental negativo" y su contribución a "profundizar la crisis habitacional" en la ciudad.
De acuerdo al proyecto de IRSA, el barrio "Costa Urbana" tendrá unas 6.000 viviendas, además de comercios y hoteles, y ocupará 24 hectáreas del predio ubicado a orillas del Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.
A lo largo de las cinco jornadas de audiencia de esta semana, los argumentos ambientales se refirieron sobre todo a las funciones ecológicas de los humedales, ya que en ese ecosistema se encuentran tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica.
"Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud, y que son imposibles o costosas de reemplazar", dijo Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Felivene, quien intervino en la audiencia el miércoles pasado, mencionó algunas de las funciones de los humedales, como "proteger la calidad del agua, por filtrar metales pesados y otros contaminantes", ser "fuente de alimento, refugio y hábitat esencial para peces, aves migratorias y especies en peligro de extinción" y "proporcionar un medio natural de control de inundación".
Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que los humedales "permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana".
Además, ambas especialistas advirtieron que el barrio de IRSA afectará a la Reserva Ecológica, un humedal protegido por normas internacionales, ya que es uno de los sitios de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para preservar estos ecosistemas.
Según datos del Gobierno porteño, la reserva Costanera Sur "reúne la mayor cantidad de biodiversidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires y se extiende a lo largo de 350 hectáreas".
Tanto la ex Ciudad Deportiva como la Reserva Ecológica son tierras ganadas al río mediante un relleno que se realizó a lo largo de varios años, principalmente durante la última dictadura, con escombros de la ciudad provenientes de la construcción de autopistas. Sobre esos escombros abandonados, prosperó la naturaleza de la Cuenca del Plata.
El otro eje fue el déficit habitacional que atraviesa la ciudad, donde, según coinciden varios relevamientos, el 40 por ciento de la población es inquilina, unas 300.000 personas viven en villas miseria y al menos otras 7.000 están en situación de calle.
"Este gran negociado que se quiere concretar está absolutamente alejado de las necesidades de los porteños y las porteñas. La ciudad no solo carece de vivienda accesible a los sectores con mayor vulnerabilidad, sino también, por ejemplo, a los docentes y profesionales de la salud", dijo María Elena Naddeo, quien fue legisladora porteña y actualmente coordina el área de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo porteña, e intervino ayer.
Ese día intervino también Federico Pellegrino, de la organización Eco House, quien afirmó: "Necesitamos más espacios verdes, pero la única respuesta de la Legislatura es la venta de Costanera Norte y la rezonificación de la Costanera Sur, para hacer torres de lujo con yates privados que tengas salida al mar, lo que nada tiene que ver con la preocupación de la gente común que habita la ciudad".
Pellegrino se refirió, por un lado, a una ley que aprobó la Legislatura porteña a fines de 2019, con votos del oficialismo local, para autorizar la venta de Costa Salguero, la cual se encuentra suspendida por la justicia de la Ciudad.
Por otro lado, se refirió a la rezonificación de la ex Ciudad Deportiva, lo que se discute en esta audiencia convocada por la Legislatura porteña y que busca modificar las normas urbanísticas del predio, habilitado solo para equipamiento deportivo.
En su página web, IRSA, en su sección de "reserva de tierras", ya publicó "Costa Urbana", como un emprendimiento ubicado en "Puerto Madero Sur" con un "área construible de 716,695 metros cuadrados", es decir 71 hectáreas.
Allí, la empresa define al nuevo barrio como un "proyecto de perfil residencial y de usos mixtos que incluye, entre otros: tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates, grandes parques públicos, áreas de servicio de apoyo como escuelas, supermercados y estacionamientos".
Y agrega que, "este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área", y, al mismo tiempo, "completará el desarrollo urbano de Puerto Madero".
Al respecto, Guadalupe Granero, urbanista investigadora de la UBA y residente en Saavedra, definió el proyecto como parte de un "modelo privatista y excluyente" y argumentó que "el precio de la vivienda está determinado por el precio del suelo, ya que el costo de construir no es significativo", y agregó que "al construir viviendas de lujo que en su mayor parte quedarán ociosas, se eleva artificialmente el precio del suelo, lo que impacta en toda la ciudad".
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