Diputados dio media sanción a la nueva ley de biocombustibles

Fecha de Publicación: 03/07/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El proyecto establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Fue por 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de biocombustibles, en una maratónica sesión que comenzó pasadas las 14. La norma recibió 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y fue girada al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por Juntos por el Cambio -aunque algunos de sus miembros de provincias azucareras votaron a favor-, Consenso Federal, el socialismo y la izquierda.
El proyecto de Biocombustibles establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.
El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.
Otro punto del proyecto que generó resquemores es el que habilita a la Secretaría de Energía a "elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".
Al exponer como miembro informante del oficialismo, el titular de la comisión de Energía, Omar Félix, indicó que "esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”.
“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, sostuvo y recordó que durante el macrismo "hubiese sido bueno que en lugar de importar combustibles, se hubiera cubierto la demanda por biocombustible de origen nacional".
A continuación tomó la palabra la legisladora mendocina de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, que por el despacho de minoría, argumentó que “esta es una ley que fomenta la corrupción y castiga a la inversión. Una cosa es un Estado presente, otra cosa es intervencionismo de un Estado ineficiente".
Sus afirmaciones le valieron un cruce con el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien pidió una interrupción para hacer una aclaración: "Que a nosotros nos digan que esto tiene que ver con corrupción, con amiguismo y todo eso, me parece que es absolutamente desubicado y además, merecería otro tipo de acción dentro de lo que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados".
Acto seguido invitó a la diputada preopinante a revisar su celular, "a ver si tengo algún tipo de teléfono o llamado de algún empresario amigo y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia".
El diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, aclaró el objetivo del proyecto de ley y dijo que "estabiliza los beneficios del sector por 10 años, los segmenta y los integra a una política pública en materia de producción y desarrollo nacional coherente, sostenible y responsable”.
“De fondo estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios", sentenció.
En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, pidió votar la prórroga al régimen existente, que ya cuenta con media sanción del Senado, y criticó que no haya "un plan de desarrollo para el sector de los biocombustibles”.
Además, cuestionó el papel que le otorga el proyecto a la Secretaría de Energía. "Esta Super Secretaria va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones. A sola firma del Secretario. Y lo mas grave, es que esta Ley prohíbe la instalación de nuevas empresas. Esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio. Y con una evidente destrucción de la mano de obra Argentina".
Por su parte, el titular de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, pidió seguir debatiendo el tema y "no votar este proyecto para devolverle a la Argentina una política de biocombustible que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo”.
En tanto, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, expresó: "Los tiempos nos ponen en la necesidad de acompañar el proyecto, ya que no podemos arriesgar los más de 30 mil puestos de trabajo, las inversiones y esfuerzos tecnológicos realizados. Sólo pido que debatamos otra matriz energética".
"No se dieron los espacios para discutir el problema de fondo, que es la matriz energética y la producción. Sólo se habló de dinero e inversiones, sin pensar en el impacto medioambiental o si se es sostenible prorrogarlo por 10 años", aclaró.
La diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, dio las razones de su rechazo al proyecto por considerar que "beneficia a un grupo de agrodepredadores", e insistió en plantear que el Congreso debe tener "otras prioridades".
El diputado socialista, Enrique Estévez, insistió sobre la cuestión ambiental y pidió "incorporar la mirada ambiental al modelo de país que queremos. Fomentar una economía circular, generar puestos de trabajo y tener una matriz energética más limpia, además de un desarrollo verdaderamente federal”.
"Si siguen gobernando los partidos que representan a este gran empresariado no tenemos salida para poder transformar la intoxicación, el envenenamiento que están haciendo para hacer grandes fortunas", dijo durante su discurso en el recinto.
Al cierre, el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, uno de los autores del proyecto, indicó: “Estamos cuidando nuestra economía y a los productores nacionales. Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”.
Con respecto a la sustitución de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".
En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
En la agenda de la sesión, también se incluyó un proyecto de la diputada del PRO, María Luján Rey, que incorpora al Código Procesal Penal, el artículo 469 bis que establece un máximo para la resolución de los recursos de Casación.
"El tribunal de alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del período de noventa (90) días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por única vez y por un plazo extra de 20 (veinte) días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de diez (10) días hábiles antes del vencimiento del primer plazo dispuesto", indica el texto de la norma. La iniciativa obtuvo media sanción por unanimidad con 246 votos a favor.
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Fauna silvestre: destruyeron más de 4.000 jaulas y tramperos en Mendoza

Fecha de Publicación: 03/07/2021
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


La destrucción de jaulas se hizo Centro de Rescate y Conservación de YPF, en Luján con el objetivo de la conservación y recuperación de la fauna silvestre
Se destruyeron más de 4.000 tramperos y jaulas utilizados para el comercio y tráfico ilegal de la fauna autóctona y que fueron decomisados en varios operativos.
“Este acto tiene por finalidad poner en valor el cuidado y protección de la fauna silvestre. Es una destrucción simbólica de los principales instrumentos empleados para la caza furtiva y el comercio ilegal en nuestra provincia. También es la oportunidad para remarcar los excelentes resultados que se obtienen de los trabajos bien coordinados entre diversos organismos gubernamentales”, explicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
En los procedimientos por violación a la Ley de Fauna que se despliegan en toda la provincia, en la mayoría de los casos por denuncias de la ciudadanía, participan la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial; el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Rural y el Cuerpo de Investigaciones; el Iscamen y Gendarmería Nacional, entre otros organismos.
El acto se desarrolló en el Centro de Rescate y Conservación de YPF, ubicado en el Complejo Industrial Luján de Cuyo.

Liberaron casi 3.000 aves desde 2005
Cabe destacar que a partir del trabajo conjunto entre YPF y los organismos estatales, se han destruido 31.700 tramperos y jaulas desde 2005. Además, en los últimos cinco años se han rehabilitado en el Centro de Rescate y Rehabilitación de YPF y liberado en su hábitat natural 2.960 animales, en su mayoría aves, que fueron decomisados a cazadores furtivos, y más de 10.000 en todo el territorio provincial en lo que va de la gestión.
Se trata de liberaciones coordinadas con la Dirección de Recursos Naturales Renovables, que abarcan gran parte del país: San Luis, San Juan, Córdoba, Catamarca, Salta, Corrientes, Chaco y Tucumán. Cada especie tiene un rango de distribución específico y se debe liberar en su ecorregión original.
Mendoza es una de las pocas provincias que cuenta con legislación (el Decreto Reglamentario 1890) que prohíbe no solo el uso, la tenencia y la fabricación de implementos y sustancias para captura de fauna sino que también prohíbe la comercialización.
Además de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía es un actor clave en la lucha contra el tráfico y comercio ilegal de animales. A través del sistema Ticket, las personas pueden denunciar situaciones de caza, cautiverio, tráfico o comercio ilegal de fauna, a través de la página de Ambiente: www.ambiente.mendoza.gov.ar.

Algunas cifras del Centro de Rescate y Conservación de YPF
- Se reciben un promedio mensual de 11 actas de secuestro.
- Liberación de fauna rehabilitada en los últimos cinco años: 2.960 animales.
- EL 85% son aves autóctonas de la región de Cuyo, 14% de otras regiones del país y 1% son exóticas (fuera de Argentina).
- La especie más traficada es el siete cuchillos (Saltator aurantiirostris), luego le siguen el piquito de oro (Catamenia analis) y la diuca (Diuca diuca).
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Investigadores de la Unne analizan la contaminación que producen las luces led

Fecha de Publicación: 03/07/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Aseguran que la iluminación led es una tecnología con ventajas en lo económico y en el ahorro de energía, pero evaluarán su impacto negativo en otros aspectos.
Se trata del proyecto “Desempeño de productos de luminarias led”, acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, y que en una de las líneas de abordaje se enfoca en el impacto de esta tecnología en materia de contaminación lumínica.
Buscan profundizar el conocimiento del uso de esta tecnología a nivel regional y proponer pautas y normativas de uso racional que aminoren los impactos negativos de la contaminación en la vida cotidiana y en el ambiente.
Las tecnologías de iluminación por diodos emisores de luz o Leds, presentan numerosas ventajas relacionadas a la economía energética, la duración de las lámparas, la intensidad y la posibilidad de variar los colores, aspectos que permiten una gran amplitud de aplicaciones domésticas, urbanas e industriales.
Esta tecnología es a primera vista muy beneficiosa para el ambiente por el enorme ahorro de energía, sin embargo también generan riesgo de contaminación lumínica.
Los profesionales aseguran que los efectos comprobados de la contaminación lumínica son muchos y afectan en distinto grado al ambiente, a plantas y animales, a la "contaminación de los cielos" y a la vida cotidiana de las personas.
“La contaminación lumínica, y sus efectos, no tuvo la atención que sí han tenido otros tipos de contaminación, probablemente por ser la menos dañina. Pero con la irrupción masiva del sistema de iluminación Led y el incremento enorme de la superficie iluminada, se acrecentaron los problemas” destacaron los investigadores a cargo del estudio, Emilio Scozzina y el José Luis Fontana, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Unne, ubicada en Corrientes.
Señalan que el objetivo del proyecto es aportar desde la ciencia en el conocimiento sobre esta tecnología y su uso en la región, y generar sustento científico que colabore en el diseño de pautas, planes y normativas de uso racional de la iluminación Led.
Los investigadores reiteraron que el objetivo del estudio iniciado es aportar en la generación de conocimiento que contribuya a analizar posibles acciones en el plano local y regional.
Señalaron que muchas veces se piensa a la contaminación lumínica como un problema que ocurre en las grandes ciudades del mundo, las más desarrolladas, pero la masificación del uso de la tecnología Led incrementó indicadores de contaminación visual en muchas partes del mundo.
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Menos del 5% de los bidones de agroquímicos se recuperan cumpliendo con la legislación

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional


La información corresponde a la provincia de Buenos Aires, que suministra datos oficiales.
En Argentina rige la ley nacional N°27.279/16. Reglamentada en 2019, se la bautizó como ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”. Dicho en sencillo, se propone garantizar un destino final sin impactos ambientales negativos (o con los mínimos razonables) para los bidones plásticos que se emplean en el campo argentino (unos 300 millones de litros al año en una cálculo conservador).
Las provincias fueron invitadas a adherir a la misma y a la fecha, en solo 6 provincias las autoridades competentes designadas han aprobado el sistema de gestión. Restan 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La provincia de Córdoba, última que reglamentó la adhesión, se sumo al sistema a fines del año pasado.
El sistema establece lo que se denomina “Responsabilidad Extendida”, que obliga a las empresas a hacerse a cargo del envase del producto que venden después de utilizado. Para ello prevén un sistema de declaraciones juradas que permitiría determinar el destino final de cada uno de los bidones que se vendió. La ley prevé el tratamiento apropiado al tiempo que indica quiénes son las empresas y organismos habilitados para recibir el material.
El sistema, sin embargo, está lejos de funcionar de modo óptimo. En un estudio recientemente publicado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se dedica un capítulo a analizar la experiencia del sistema en la Provincia de Buenos Aires (no disponemos datos de las otras provincias). Apenas un 4,88% de los bidones entregados a los productores fue recuperado por el sistema.
Aunque puede apuntarse que las más de 500 toneladas de plástico recuperado de esta forma representan una buena noticia, lo cierto es que de los más de 13 millones de bidones que los fabricantes de agroquímicos distribuyeron en la provincia, sólo se recuperaron algo más de 640 mil envases. Menos de un 5% parece una cantidad exigua para envases que en la mayoría de los casos tienen restos de sustancias peligrosas para la salud.
Si se intenta el cálculo del uso nacional, la cantidad de envases de agroquímicos totales está muy por encima de los 17 millones de envases, en una cuenta que solamente incluye los agroquímicos comercializados legalmente.
No sorprende por eso que en las provincias en dónde funcionan los controles, aparezcan denuncias por disposición inadecuada o que más de una vez, un incendio agrícola comience en los puntos en dónde un productor decide quemar los bidones que ya utilizó.
El panorama del plástico agrícola se completa con los silo bolsas, un producto que deposita cada año en la zona agrícola más de 19.000 toneladas. Al igual que en este caso, el destino más probable para los envases de agroquímicos que no siguen la ruta prevista por la ley, es el reciclado.
El problema aquí es que el polietileno utilizado para hacer los bidones puede, una vez reciclado, utilizarse para un sinfín de aplicaciones, desde caños hasta juguetes o nuevos envases. Y la ausencia de controles impide saber si los productos elaborados estarán en contacto con personas o alimentos.
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Se reúnen para actualizar el ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El OTBN tenía que haber sido actualizado en 2014. Ambiente de la Nación hizo una observación sobre esta situación en 2020, cuando la provincia pretendió flexibilizar los requisitos para desmontar.
Este martes se realizó la primera reunión del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que tiene como objetivo actualizar el mapa, algo que no se hace desde 2014. La Ley provincial 7543 dispone que la actualización se debe realizar cada cinco años, lo cual nunca ocurrió desde que se aprobó el mapa del ordenamiento, que comenzó a regir en 2009.
Según se pudo conocer por algunos de los participantes y por integrantes del gobierno, habría algunos desencuentros. Uno tiene que ver con la concepción del gobierno que entiende que un conflicto por tierras no puede ser definido por un color y, por lo tanto, no debería ser un tema atinente a la clasificación dentro del OTBN (que usa colores para categorizar las zonas susceptibles de ser desmontadas o las que deben protegerse). En cambio, otros participantes entendieron que un conflicto territorial (que a veces surge ante pedidos de desmonte) debe ser debatido en este marco con el fin de determinar qué hacer en aquellas zonas a categorizar en donde los conflictos por la tenencia de la tierras se encuentran latentes.
De hecho, ante la situación que se atraviesa en la provincia por esta problemática el 11 de junio pasado se lanzó la Mesa de Concertación por la Tierra y la Emergencia Habitacional, coordinada por María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI).
El objetivo de esa Mesa es abordar de manera transversal las problemáticas de permanencia y acceso a la tierra desde una perspectiva interinstitucional e intercultural. Sobre todo ante el relevamiento de los conflictos sobre la posesión de tierra en el territorio nacional.
Del total de 85 contabilizados en el país, 25 corresponden a Salta. En muchos casos, esos conflictos involucran a empresarios y comunidades rurales indígenas o criollas, que disputan con la tenencia de tierra la estrategia en el manejo de los recursos naturales.

Los desmontes pueden seguir
Otro punto que se trató en esta primera reunión fue la necesidad de suspender las autorizaciones de los desmontes hasta tanto se apruebe la actualización del OTBN. La propuesta de los participantes apunta en general a lo que ocurrió entre diciembre de 2020 y enero pasado, cuando en plena pandemia la provincia convocó a audiencias públicas para desmontar 28.310 en total.
Si bien fuentes del gobierno afirmaron que no se emitió resolución alguna autorizando los desmontes propuestos, “se debe tener en cuenta que la Ley del OTBN anterior sigue vigente y que la autorización de los desmontes tiene un tiempo de vencimiento de 5 años”. Esto implica que pueda haber desmontes autorizados con antelación aún sin ejecutar, o en proceso de ser realizados. De todas maneras, se indicó que esas superficies están contempladas como suelos transformados al momento de trazar el nuevo OTBN.
Ya a fines de 2020, y ante la manifiesta intención de la Secretaría de Ambiente de la provincia de flexibilizar los requisitos para autorizar desmontes, la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, envió una misiva al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, señalando que con la resolución flexibilizadora se pasaba por encima de lo establecido en leyes nacionales y acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina. Allí también le recordaba que el OTBN estaba sin actualizar desde 2014.
El objetivo del nuevo procedimiento es contar con una consulta ampliamente participativa hasta noviembre, con el fin de tener una propuesta de actualización que sea tratada en la Legislatura provincial. “El desafío va a ser que todos se pongan de acuerdo”, dijo un participante de la reunión a Salta/12.
Por su parte, la premisa que abona De los Ríos es que “hay que producir conservando o conservar produciendo”, y sostuvo que esta es la “única manera de permitir el desarrollo sustentable”. Según contaron, el ministro añadió que es necesario “potenciar la matriz productiva en áreas que hasta hoy no tuvieron el debido proceso de atención, cuidado y producción. Porque se han degradado los suelos y hemos condenado a hermanos nuestros (como comunidades indígenas o criollas), a la imposibilidad de una mejor calidad de vida”.

Puntos a trabajar
El gobierno informó que a nivel técnico se trabajará en la actualización de todas las capas de información generadas a 2021: las áreas de valor de conservación, corredores ecológicos, paisajes sustentables, correlación regional interprovincial y posibles cambios de categoría.
También será tema de análisis la incorporación de algarrobales de los Valles Calchaquíes, sistema de bosque montano, pastizales de altura, otras áreas boscosas no mapeadas y revisión de las áreas grises. De la misma manera, será sistematizada y analizada la información referida a los inventarios forestales y los relevamientos de aves y mamíferos.
En lo referido al proceso participativo, se prevé la consulta previa, libre e informada a comunidades originarias y criollas, a través de talleres virtuales y/o presenciales, de acuerdo a la conectividad de cada lugar.
Según corresponda, los documentos y talleres serán también redactados en las lenguas wichí, guaraní y castellana. El fin es que las decisiones en todos los sentidos sean tomadas en conjunto y validadas por todos los actores.
Finalmente, el equipo técnico que encabeza el proceso aclaró que si bien el objetivo es que en noviembre todos los puntos estén trabajados, se priorizará la eficacia y eficiencia del desarrollo. Así, las fechas de talleres con comunidades serán acordadas atendiendo las cuestiones de cada pueblo y a partir de las sugerencias de organizaciones con presencia en el territorio.
Las siguientes reuniones del Consejo serán planificadas en conjunto y por temática. La información correspondiente y el material a discutir serán enviados con anticipación para su análisis por parte de los actores. Como producto final se obtendrá un documento que apruebe el Ordenamiento Territorial de Bosques y un anexo con las cuestiones que no puedan ser incorporadas para tenerlas en cuenta en años posteriores.
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Organizaciones ambientales rechazan la incineración de residuos y plantean salidas sustentables

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires


La Coalición Ciudadana Anti-incineración Argentina muestra preocupación por la intención de algunos puntos del país de quemar sus residuos.
En Argentina, hay 5000 basurales a cielo abierto y lamentablemente existen algunos casos donde la intención de incinerar vuelve a ponerse sobre la mesa. Uno es el caso del colapso de la gestión de residuos en Tandil, donde se barajó la posibilidad de incinerar. Una opción que hasta tuvo rechazo internacional. En este marco, la semana pasada, se realizó el foro Incineración: Razones para prohibirla y alternativas sustentables, donde se habló que aún en el país existen hornos para incinerar residuos y de su peligrosidad.
“La tecnología de incinerar residuos es muy cuestionada. Generan una gran cantidad de cenizas, nanopartículas y otras sustancias tóxicas que afectan la calidad del aire”, explicó Cecilia Bianco, de Taller Ecologista, en el encuentro. Y agregó al respecto: “Esto afecta el sistema respiratorio de las personas y luego puede llevar al deterioro de otros sistemas como el cardíaco o el circulatorio. Está comprobado que hay emisiones de dioxinas y furanos que pueden generar cáncer, cambios metabólicos y otras enfermedades”.
Si bien el debate organizado partió de la situación que vive Tandil con respecto a la gestión de sus residuos, también incluyó la mirada global sobre las problemáticas que trae la incineración. “No solo en Argentina pasa esto. En países como Alemania, los Países Bajos e Italia descubrieron altos niveles de contaminación en huevos de gallinas, en lana de ovejas y hasta en las uñas de niños que viven cerca de un horno para incinerar residuos”, indicó Bianco.
Según Mirko Moskat, del área Basura Cero del Taller Ecologista, la incineración de una tonelada de residuos genera alrededor de una tonelada de dióxido de carbono. “Es una muy mala opción de gestión. Su contribución al cambio climático es mucho mayor a la de otros métodos”, indicó.
En ese contexto, aseguró que no solo hay que prohibir esta técnica sino que también hay que adoptar métodos de gestión de residuos más sustentables. “Primero, hay que reducir la cantidad de residuos que generamos. Eso incluye también a los métodos de producción que tenemos hoy en día”, señaló Moskat.
“E incorporar los materiales que descartamos a la industria o a la naturaleza a través del reciclaje y el compostaje. Y por último, es necesario integrar a los recuperadores urbanos y a quienes trabajan en la gestión de los residuos a los planes que se busquen implementar”, continuó Moskat, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.

Marco legal
En Argentina, hay hornos incineradores que se utilizan para los residuos peligrosos. De hecho, la Ley 24.051 regula la destrucción de este tipo de residuos como medicamentos. Pero distinta es la situación con respecto a los residuos sólidos urbanos.
Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires prohibió la incineración de este tipo de materiales en 2005 con la ley de Basura Cero. Pero en 2018 se quitó una clausula cerrojo donde no podía entregarse la basura con destino a incineración si no re reducía en un 75% la cantidad de basura que iba a los rellenos, explican desde FARN. Luego esa modificación fue declarada nula por violar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires existen leyes que obligan a las empresas que realizan la incineración de residuos a presentar declaraciones juradas para asegurar que no contaminan el aire o las fuentes de agua potable.
De todas formas, la Coalición Ciudadana Anti-incineración Argentina realizó denuncias de hornos incineradores en provincias como Santa Fe y Buenos Aires, con la experiencia de Marcos Paz. “Funciona hace 26 años, se ubica a solo 40 cuadras del centro e infringe normativas del código de planeamiento municipal”, aseguran.
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Tierra del Fuego prohíbe por ley la cría de salmones en una medida “inédita en el mundo”

Fecha de Publicación: 01/07/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Tras un año de resistencia comunitaria y proyectos en contra de la instalación de esa industria en el Canal Beagle, la Legislatura  aprobó el proyecto para prohibir en esa provincia la instalación de ese tipo de criaderos.
 La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó este miércoles una ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia, una decisión que según sus impulsores resulta “histórica” porque “se trata del primer país del mundo en legislar contra esta actividad nociva para el medio ambiente”, aseguraron los funcionarios que propician la norma.
El proyecto presentado por el diputado provincial Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, y apoyado por organizaciones ambientalistas locales y nacionales, es el corolario de un proceso iniciado en 2018, cuando se instaló con fuerza el posible establecimiento de salmoneras en el Beagle.
En rigor, solo se trató de un proyecto de factibilidad suscripto por la ex gobernadora Rosana Bertone con empresas noruegas, derivado de un convenio de cooperación firmado tiempo antes por el ex presidente Mauricio Macri con autoridades del mismo país, donde la actividad está permitida.
“Tierra del Fuego es pionera a nivel global en proteger al ambiente contra este proceso nocivo para el medio ambiente y el ecosistema natural”
Los estudios de factibilidad nunca se terminaron y Bertone decidió no avanzar con el proyecto, aunque Organizaciones No Gubernamentales, a las que se sumaron referentes científicos del Conicet y entidades académicas como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf), comenzaron a insistir con la sanción de una ley que prohibiera la salmonicultura en el ámbito provincial.
Villegas aseguró en el recinto que la medida resulta “una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos, la protección y conservación de nuestros recursos naturales”.
“Tierra del Fuego es pionera a nivel global en proteger al ambiente contra este proceso nocivo para el medio ambiente y el ecosistema natural”, aseguró.
El diputado recordó a la prensa fueguina que hasta un grupo de chefs de todo el país se sumó a la campaña contra la cría de salmónidos, entendiendo “los pocos puestos de trabajo que puede generar, en comparación con el impacto ambiental irreparable”.
Los impulsores de la iniciativa citan como argumentos los antecedentes registrados en Chile, donde la instalación de salmoneras derivó en graves problemas para los ecosistemas marítimos.
“Hace poco tiempo, en el Fiordo de Comau, se produjo una catástrofe ambiental que generó la muerte de más de 6.000 toneladas de salmones y una contaminación sin precedentes en la zona”, mencionó Villegas.

Qué dice la ley
La ley que fue modificada durante el trabajo legislativo en comisión prohíbe “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” con el objeto de “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos” de Tierra del Fuego.
La prohibición no es absoluta porque contempla “actividades de cultivo para el repoblamiento” y reconoce “los proyectos existentes de acuicultura”.
El doctor en biología e investigador principal del Conicet Adrián Schiavini explicó a Télam que uno de los riesgos de las salmoneras es el escape de ejemplares al mar, que luego compiten con especies nativas y diseminan enfermedades.
“Una jaula de red, colgada en el mar, llena de salmones, es como poner un tarro lleno de caramelos en la puerta de un colegio, para el que pase se sirva. Para los lobos marinos, los salmones gratis se obtienen empujando y rompiendo las redes”, ejemplificó el científico.
Además, los salmones criados en cautiverio generan enfermedades que afectan a la producción, añadió.
“La más famosa es el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón). Para contrarrestar este problema, se usan antibióticos y fungicidas (algunos prohibidos como la Verde Malaquita) que se incorporan en la comida y en consecuencia son liberados al medio ambiente. No sabemos cómo esas sustancias afectan a las bacterias, que son los organismos esenciales para sostener a todos los ecosistemas”, completó Schiavini.

Datos alarmantes
La última crisis ambiental causada por esta industria fue un boom de microalgas debido al aumento del amonio liberado por el excremento de los peces, lo que provocó la muerte de 37 mil toneladas de salmones que se tiraron al mar a unos 70 kilómetros de la isla de Chiloé (al sur de Puerto Montt) después de lo cual aparecieron 343 ballenas muertas y otros animales como crustáceos, moluscos, aves y lobos marinos.
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Nuevas revelaciones del impacto del cambio climático sobre el PBI y la pobreza en la Argentina para 2050

Fecha de Publicación: 01/07/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


De aquí a tres décadas, podría representar para el país una pérdida de hasta el 5% del PBI y una merma del 10% en la recaudación fiscal.
El Banco Mundial (BM) lanzó un informe que muestra el impacto del cambio climático en la economía argentina, con una incidencia aún mayor sobre los sectores más desfavorecidos: cada año, el país pierde unos u$s1.000 millones en activos y para 2050 podría representar una caída de hasta el 5% del PBI y una merma del 10% en la recaudación fiscal.
El reporte "Impactos de las crisis climáticas en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina" fue presentado por Julie Rozenberg, economista del BM, quien advirtió que “es importante tener una idea de los diferentes impactos en el bienestar de la población”.
La especialista aclaró que el estudio se basa en dos ejes principales, sequía e inundaciones, debido a que son los que tienen un correlato más frecuente y costoso en nuestra matriz productiva, que las otras variables (producción hidroeléctrica, transporte, efectos del calor sobre la salud, daños en infraestructura, etc).
“Hay una relación importante entre inundaciones y pobreza crónica. Una menor producción del agro impacta directamente en las exportaciones y al mismo tiempo también afecta los ingresos por retenciones, y eso genera una menor capacidad del gobierno para responder a las crisis”, graficó.
De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, para 2050 el PBI podría caer hasta un 5% y los ingresos fiscales alrededor de un 10%, respecto a un escenario sin cambio climático, con la soja, el maíz, el trigo y el girasol entre los cultivos más afectados.
Cada año, las inundaciones le cuestan al país un promedio de u$s1.000 millones en activos, con la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Santa Fe entre los principales damnificados. Las inundaciones provocaron pérdidas económicas por unos u$s22.500 millones desde 1980, así como del 58% de todas las pérdidas económicas causadas por desastres naturales entre 1966 y 2015. Y las consecuencias de los períodos de sequía han sido aún peores.
Con la llegada de las aguas, un 0,14% más de argentinos cae en la pobreza y puede tomarle años recuperarse: los hogares con bajo acceso a servicios tienen 3 veces más de probabilidades de caer en la indigencia que la población en general.
Si se considera que para fin de siglo los estudios sugieren que se duplicarán las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del río Paraná, el panorama es claro. “El riesgo es muy importante, porque la economía argentina es altamente dependiente de las variaciones climáticas”, sintetizó Rozenberg.
Las medidas de adaptación son urgentes y necesarias, pero tampoco alcanzarán. “Es muy costoso reducir todos los riesgos con infraestructuras, por lo que serán necesarios los planes de protección social. Es importante empezar ahora a pensar y diseñar esas estrategias”, concluyó.
Por su parte, Gabriel Blanco, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) e investigador miembro del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) sugirió apostar a la transición energética.
“Tenemos que tratar de mantener el límite de 1.5º en el aumento de la temperatura global para evitar catástrofes aún mayores de las que estamos viendo”, remarcó en la presentación del informe.
Algunas cuestiones a tener en cuenta: descentralizar la producción, diversificar los productos. fomentar una producción cerca del consumo, desarrollo territorial, lograr la soberanía energética y alimentaria y acelerar las políticas sociales y ambientales.
“El cambio climático es uno de los tantos problemas, el central es cómo producimos y consumimos. La contaminación del Riachuelo tiene la misma causa y origen que el cambio climático, un sistema económico que se desvincula de los recursos naturales y las consecuencias ambientales que genera. La mirada tiene que ser más integral”, agregó.
A favor, señaló, “existe una demanda social en todo el mundo, y ya no solo de los jóvenes, que la política está percibiendo claramente”.
Blanco pidió “transformar un modelo de desarrollo basado en extraer recursos naturales”, porque “no se puede repetir un proceso de hace un siglo, este es otro mundo”. Y desaconsejó, por otro lado, vincular las condiciones de la deuda del país a la conservación de la naturaleza: “Ponerles precio a los recursos naturales es un camino de ida, porque la discusión pasa a ser otra, una vez que le pones precios a los bosques se abre a la vez la posibilidad de cambiarlos por algo del mismo precio. El canje de deuda por naturaleza es fatal”.
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Después de años de atraso, se aumentarán las multas para las empresas que contaminen

Fecha de Publicación: 01/07/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié. La misma procura modificar el artículo 49 de la Ley n.° 24051 sancionada en 1991.
La cartera ambiental nacional, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental a cargo de Sergio Federovisky, propuso modificar la Ley de Residuos Peligrosos vigente, para actualizar los valores de las multas, actualmente fijados en australes, mediante la creación de una unidad fija (UF) que perdure en el tiempo y sea de fácil aplicación.
De sancionarse la iniciativa, se establecerá así el valor de cada unidad fija en el equivalente al valor de la unidad retributiva del escalafón correspondiente al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP). Este cambio permitirá que las multas se encuentren actualizadas de manera automática y sin necesidad del dictado de normas específicas, a fin de contribuir a la claridad regulatoria y evitar la sobreabundancia normativa.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, surgió luego de evaluar que el valor de las multas ha quedado desnaturalizado y con valores bajos que no permiten sancionar apropiadamente las infracciones en materia de residuos peligrosos.
La cartera de Ambiente de la Nación envió la iniciativa a la Secretaría Legal y Técnica, y por disposición del presidente Alberto Fernández, la misma se envió al Congreso de la Nación para su debido tratamiento.
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Alerta en el NOA: denuncian el potencial peligro por la explotación de uranio, un mineral radioactivo

Fecha de Publicación: 30/06/2021
Fuente: Fenix Multiplataforma
Provincia/Región: Jujuy


Las comunidades denuncian la reactivación de proyectos mineros, incluido el uranio, aunque desde el Gobierno jujeño lo niegan. "En números, el riesgo de la energía nuclear es poco, pero la posibilidad de un desastre es muy grande".
Más de 160 proyectos mineros han sido concedidos o están siendo evaluados en Jujuy para explotar plata, cobre, zinc, plomo y otros materiales, a pesar de que la mitad de la provincia tiene un índice de amenaza de sequía alto, según datos del Programa de Acción Nacional (PAN) de Lucha Contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de la Sequía.
Además de esto, las comunidades tienen una preocupación urgente por el potencial riesgo de la producción de uranio, un mineral radioactivo usado principalmente para general energía eléctrica en las centrales nucleares nacionales o extranjeras.
Por el momento, el gobierno de Gerardo Morales no ha declarado planes concretos en este rumbo, pero los vecinos organizados en Pueblos por el Agua advierten sobre maniobras ilegales y poco transparentes para reiniciar proyectos de uranio que, bajo movilización popular, vienen frenando desde 2008.
La mitad de la provincia de Jujuy tiene un riesgo alto de amenaza de sequía, según un informe del ministerio de Ambiente de la Nación.
El mapa de Catastro Minero publicado en la página de la Secretaria de Minería e Hidrocarburos grafica el avance de la explotación de distintos minerales. En amarillo se ubican las solicitudes de mina, en rojo se señalan las ya concedidas, y en celeste se actualizan los cateos.
En el mapa, incluso, se ven cateos, solicitudes o concesiones adentro o muy cerca de áreas protegidas por la Ley Nacional de Bosques, de acuerdo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos dependiente del Ministerio de Ambiente provincial (inferior derecho, en verde).
En un contexto de crisis socioambiental en toda la Argentina (con profundas resistencias a la megaminería en Chubut y Catamarca), la necesidad de cuidar el agua y de proteger los bosques entran en contradicción con la promoción de esta industria.
Con la mina concedida, para extraer los materiales buscados, se dinamitan los territorios y luego se les vierten químicos que destruyen los sobrantes y segregan el uranio, el oro u otros minerales. Ese proceso llamado lixiviación requiere grandes cantidades de agua y químicos. Por ejemplo, en Andalgalá, la minera La Alumbrera tiene un permiso de extracción de agua de 1100 litros por segundo.

"Nueva avanzada minera"
En diálogo con minutouno.com, la antropóloga y activista ambiental María Victoria Veracierto, vocera del colectivo Pueblos por el Agua, contó que las localidades de la Quebrada de Humahuaca vienen movilizándose "ante una nueva avanzada minera".
Luego detalló: "De los 155 kilómetros de extension que cubre el Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO, entre Tilcara y Huamahuaca, hay unos 45 kilómetros dentro de los cuales figuran al menos 13 pedimentos mineros entre solicitudes de mina y cateos. De esos 13 pedimentos, 10 son minas metalíferas en trámite que aparecen en el catastro minero".
"Dos de ellas pertenecen a Uranios del Sur, la empresa que en 2008 quiso instalarse en este territorio usando cianuro, y la detuvimos con una pueblada inolvidable. Lo tenemos hacia el oeste hacia Juella, eso es lo que pretenden cratear", agregó.
Según su relato, además, en 2014 encontraron " chinos en Mudana haciendo cateos ilegales que ni siquiera habían pedido permiso", por lo que, ante el llamado a la policía minera, terminaron desistiendo. Cuatro años después, la creación de un camino hacia Alonso, Mudana y Yala De Montecarmelo despertó nuevamente la alarma.
"No le pidieron autorización a nadie, de hecho el camino atraviesa varias comunidades indigenas, que deberían ser consultadas. Si vos no te das cuenta, al otro día tenés la mina acá. Dicen que el camino es para unir las escuelitas. Pero hace 60 años que las escuelitas están ahí y van no más de 60 chicos", opinó desde su hogar ubicado en Huacalera.
La sospecha de los vecinos es que el camino es para dejar avanzar los camiones que trabajarán en las minas. "Está toda la provincia de remate, hasta los valles. Hay concesiones petroleras en la zona de la Yunga. Cerca de Huacalera hay dos pedimentos de minas en Alonso y Yala del Monte Carmelo, que tienen adentro la escuela, la Iglesia y la salita de salud. Van a volar los cerros y ese camino ya no las va a unir porque van a volar esos dos sedimentos. Después hay otros dos más al norte. Estamos hablando dentro del área protegida Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría de Paisaje cultural", añadió.
"Está toda la provincia de remate, hasta los valles", denuncian desde la Organización Pueblos por el Agua.

 "Hay cateos de uranio, pero son viejos"
Fuentes de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy le confirmaron a este medio que hay cateos de uranio "que han quedado en el mapa", pero que "a la fecha" no hay ningún informe de impacto ambiental presentado para seguir los pasos de explotación. De todas formas, reconocen lo que los vecinos denuncian: aún quedan empresarios donde hay uranio.
“No tenemos ninguna presentación formal hecha, la gente está asustada y con miedo por algo que no existe. El camino ese está hecho por otros fines. Hay un cateo viejo, antiguo, de uranio por el que se está intimando a los titulares. Que por la zona hay propiedades mineras, sí las hay, y desde el Juzgado de minas se los está intimando para que se retiren o hagan algo. Lo estamos haciendo, pero es una mentira que cualquier emprendimiento de eso puede ser una mina porque no hay una exploración. De cien proyectos, uno pasa a ser una mina, así que la s chances de que pase algo ahí son muy bajas", argumentó el Secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, sobre el cumplimiento del Código de Minería que establece plazos para los cateos y el consecuente retiro del territorio.
Por otro lado, confirmó que hay dos minas activas a cielo abierto: la de Chinchillas (de plata, zinc y plomo) en el departamento Rinconada al norte de Jujuy en la Puna argentina, y la de Loma Blanca (de borato de sodio), ubicada en en el Departamento de Susques, al pie del volcán que todavía conserva aguas termales.
Ademas, en evaluación y por comenzar próximamente sus actividades se encuentra la mina de Providencia, de plata, plomo, zinc y cobre.
"De cien proyectos, uno solo pasa a ser una mina, así que las chances de que pase algo ahí son muy bajas", contó el Secretario de Minería de Jujuy.

Beneficios para la actividad minera
En un informe de la provincia actualizado en marzo de 2021 figuran otros "proyectos avanzados", como Chauchari, de litio, y Tazgle, de energía geotérmica en el Volcán homónimo. En total, al 31 de diciembre de 2020, se concedieron a las mineras 141.159 hectáreas y hay un total de 25 proyectos con informe de impacto ambiental aprobado o en evaluación.
En cuanto al retorno del Estado, se planea aplicar la Ley Nº 5922 de "Promoción de Inversiones y el Empleo" que implica reducción de impuestos, exenciones de pagos, reintegro de hasta el 30 por ciento del monto de las inversiones y del 80 por ciento del impuesto a las Ganancias cuando las utilidades se re-destinen a la inversión, entre otros "beneficios", como está descripto.

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Desmienten que Irrigación permita mayor contaminación con efluentes industriales

Fecha de Publicación: 30/06/2021
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza


Ante sus pares, el senador provincial Marcelo Romano (Protectora) aseguró que el Departamento General de Irrigación ha modificado la ley que contempla el vertido de efluentes industriales, lo que ha generado preocupación. Sobre este tema, habló con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael el subdirector de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, Fabio Lorenzo, quien desmintió a Romano.
Recientemente, en una sesión del Congreso de Mendoza, Romano abrió una lata de cerveza y pidió que quedara constancia de su accionar. Denunció que por cada litro de cerveza que se produce en una planta ubicada en Godoy Cruz, se vuelcan dos litros de efluentes a un canal de riego, acusando a Irrigación de flexibilizar la legislación.
Lorenzo expresó que fue “muy curioso el momento y la forma” mediante la cual el senador hizo el planteo. “La Resolución 778 se modificó hace ya un año y medio, y ha sido una modificación excelente y sumamente necesaria. El Departamento de Irrigación la necesitaba, la había planteado hace ya mucho tiempo y puntualmente hace ya tres años que se viene trabajando multisectorialmente, con todas las universidades de la provincia, con el INTA, con las cámaras empresariales bodegueras, con otros organismos de Ciencia y Técnica, tratando de ir viendo de qué manera se podían corregir aquellos aspectos de la 778 (normativa que ha estado vigente por casi 25 años), que efectivamente nos había demostrado que si bien tenía muchísimas cosas muy buenas, había tres o cuatro cuestiones que necesariamente tenían que ser revisadas”, señaló, y agregó que el problema es que la norma no reconocía ningún tipo de particularidad territorial respecto de la instalación de los establecimientos industriales, es decir, “desde lo técnico, por ejemplo, medía exactamente con la misma vara a un establecimiento industrial que se encontrara en Valle de Uco, donde la calidad del agua que tenía en todo su entorno era de excelentísima calidad, que a un establecimiento ubicado en la zona este del territorio provincial, a lo mejor con un agua muchísimo más salina. Entonces esos establecimientos que estaban en zonas más alejadas, en general, con fuentes o calidad de agua en su entorno más desmejorada por una cuestión natural, tenían un nivel de exigencia imposible de cumplir, por mayores esfuerzos que hicieran las empresas, y esa fue una de las razones, desde lo técnico, que impulsaron el cambio”.
Por otra parte, con la norma antigua, Irrigación le daba la posibilidad al inspector o técnico actuante de aplicarla de manera subjetiva, de acuerdo a su criterio, por lo que situaciones similares eran medidas de diferente manera. “Esta nueva norma propone una forma polinómica para el cálculo de las sanciones que aplica Irrigación a los establecimientos que controla y, por otro lado, incorpora una serie de figuras formales que las ha marcado la Corte Suprema de la Nación, a partir de fallos trascendentales en materia ambiental”, destacó.
Respecto de la cervecería en cuestión, Lorenzo dijo que las inspecciones que se le realizan son constantes y frecuentes, y que todo está en orden.
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Amparo ambiental contra la planta de arena en Ibicuy que se destina para el fracking

Fecha de Publicación: 30/06/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce interpusieron un amparo ambiental por la instalación de una planta de lavado y clasificación de arenas silíceas de la firma YPF en Ibicuy, Departamento Islas.
Las entidades señalan que el complejo está ubicado en área natural protegida, en cercanías a una escuela y un barrio. Además, que se instaló sin haber finalizado el proceso de evaluación de impacto ambiental y no se garantizó el derecho de acceso a la información pública ambiental y a la participación ciudadana. “Que el ambiente sea recompuesto a su estado anterior es el objetivo final”, señaló al portal Era Verde, Valeria Enderle, directora ejecutiva de Cauce.
La presentación judicial ingresó ante la vocal de Cámara Valentina Ramírez Amable en razón que para la instalación actividad minera, según las organizaciones, se actuó en desmedro de la salud humana y el ambiente y en abierta violación de todas las normas protectorias nacionales y locales.
El amparo fue fundado en base a la Constitución Nacional y la Constitución de Entre Ríos, y se presentó contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF SA por su accionar y omisiones en la relación a la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas ubicada en el predio denominado “El Mangrullo”.
“Con esta acción judicial de carácter colectivo se pretende que las demandadas sean condenadas por su accionar ilegal y omisivo en relación a múltiples derechos humanos ambientales que han sido reiteradamente violados: derecho a la salud, a la calidad de vida, al ambiente sano, al acceso a la información, a la participación ciudadana. También proteger el ecosistema de humedales y sus componentes de flora y fauna, más aún cuando el área donde está construida la planta fue declarada área natural protegida por ley provincial”, sostuvo Enderle de Cultura Ambiental Causa Ecologista.
Y con la intervención, apuntó es “que el ambiente sea recompuesto a su estado anterior es el objetivo final. Para ello se pusieron a disposición de la jueza todos los fundamentos facticos y jurídicos necesarios al igual que jurisprudencia de otros tribunales y principios imperantes en la materia”.

Omisión y accionar ilegal
Entre los fundamentos principales –publicado en el portal Era Verde- se enumeró:
1) El sitio donde YPF S.A. instaló su planta de lavado y clasificación de arenas es un área natural protegida, dispuesta por ley provincial 9718, es un área de humedales y bosques nativos por lo cual es clave mantener su integridad ecológica. En ese territorio no están permitidas las actividades mineras y presenta alta vulnerabilidad ambiental. Las reservas naturales están vinculadas por corredores biológicos, mediante los cuales se favorece la dinámica de flujo de biodiversidad entre un ambiente y otro. Es importante que las características naturales de estos sistemas se mantengan en el más alto nivel de inalterabilidad posible.
2) La empresa YPF S.A. comenzó la ejecución de su actividad sin haber finalizado el proceso de evaluación de impacto ambiental. Es decir, no había obtenido aún el Certificado De Aptitud Ambiental cuando inició la instalación de su planta. El mismo es obligatorio a nivel nacional y provincial antes de iniciar cualquier actividad o proyecto que requiera de estudio de impacto ambiental, como es este caso.
3) YPF SA no ha presentado información completa sobre sus procesos y los químicos que utilizará en los mismos. No se ha explicitado los procesos de tratamiento de efluentes líquidos de los depósitos que se constituirán como diques de cola, y los efectos o consecuencias que tendrá en los ecosistemas y en la salud y calidad de vida de la población la utilización del producto Sanuroil (espesador).
4) La información que presentó del material particulado que procederá de la cantera y de la planta de lavado y clasificación fue insuficiente. El polvo de sílice es una causa conocida de cáncer del pulmón y la enfermedad de silicosis. Aún se desconoce la exposición de las comunidades situadas en la dirección del viento y los riesgos para la salud que derivan de vivir cerca de la actividad extractiva de arenas silíceas (destinadas al fracking) y las instalaciones que la procesan. La planta se ubica en cercanías a un barrio y una escuela. Por eso, se solicita la aplicación del principio de precaución.
5) La Municipalidad de Ibicuy no cumplió con su deber de realizar una instancia de participación ciudadana de acuerdo con las normas que la establecen. No proveyó la información del estudio de impacto ambiental de manera abierta, pública, completa, dando a difusión la misma por distintos medios digitales. De esta manera obstaculizó el conocimiento de la ciudadanía entrerriana sobre este proyecto. Asimismo, autorizó y avaló una audiencia pública: por radio, sin diálogo entre la empresa y ciudadanía, que ocultó y seleccionó deliberadamente la información y las preguntas a contestar, violando así el derecho a la participación ciudadana en las decisiones sobre el territorio.
6) La Municipalidad de Ibicuy otorgó el certificado de aptitud ambiental para la planta sin fundamento suficiente, sin obtener previamente el dictamen técnico favorable de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y sin argumentar el motivo por el cual se concedió en contra de la voluntad de su pueblo, cuestión que se deduce de los cuestionamientos que se realizaron desde la ciudadanía y diversas organizaciones socio-ambientales y educativas.
7) La provincia de Entre Ríos omitió actuar conforme a sus facultades y deberes de control de las actividades que tienen impactos ambientales y que suceden en su territorio. En primer lugar, dio visto bueno a la realización de la instancia de participación ciudadana sin que la empresa haya completado la información que se le solicitó desde la misma Secretaría de Ambiente que conlleva a que el proceso de evaluación técnica no esté finalizado. Luego no impuso sanciones a la Empresa YPF SA cuando conocía que había comenzado a ejecutar las obras sin el certificado de aptitud ambiental. Asimismo, no dio intervención a áreas relevantes en este proceso: la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, que depende orgánicamente de la Secretaría de Ambiente Provincial, el Consejo General de Educación, por ejemplo. Por último, no lleva ningún tipo de control de las actividades mineras extractivas de arenas silíceas que se desarrollan en nuestro territorio con altos impactos socio-ambientales.
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Fracking y sismos, un debate con datos

Fecha de Publicación: 29/06/2021
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El doctor en Geofísica Sebastián Correa Otto publicó su tesis con un estudio desde 2014 hasta 2020 con fuertes evidencias del impacto de la industria.
La hipótesis sobre los sismos en la Cuenca Neuquina y la relación con la actividad hidrocarburífera de los últimos años en Vaca Muerta comienza a mostrar otra dimensión en varios estudios científicos que tienen un objetivo: aportar datos geofísicos y estadísticas para identificar si hay zonas de riesgo y realizar aportes a la industria.
Uno de los más completos hasta ahora, que no se ha divulgado, es el de Sebastián Correa Otto, doctor en Geofísica de la Universidad Nacional de San Juan y el Conicet. El científico realizó un estudio desde 2014 hasta 2020 con 11 sismógrafos en la zona de Añelo y alrededores, para verificar el aumento de la sismicidad y la relación con la actividad.
“Estamos buscando zonas favorables sismogénicas, son zonas vulnerables. La idea es no trabajar sobre esas zonas o hacerlo con extremas precauciones. No significa eliminar bloques enteros, sino no introducir flowback en esas fallas, abrir los sumideros más lejos donde no haya riesgo en la actividad”, sostuvo a +e el geofísico.
La tesis en cuestión se denomina “Experimento sismológico en la Cuenca Neuquina, la región de mayor explotación de hidrocarburos por método no convencionales de la Argentina”, y aún no ha sido liberada al público, salvo en divulgaciones científicas. Fue publicada en inglés en la revista Journal of South American Earth Sciences.
“Para poder tratar un tema tan delicado es importante contar con información confiable, aprender de otros lugares donde han ocurrido cosas similares, poner en funcionamiento sistemas de control y de respuesta en base a un monitoreo efectivo y completo, y posiblemente evitar pozos de inyección o de fractura en la cercanía de estructuras con potencial sismogénico reconocido. Además, el manejo de riesgo sísmico nos indica que es fundamental capacitar a la población en el comportamiento antes, durante y después de un sismo”, dijo Correa Otto.
El científico contó con 11 estaciones sismológicas de banda ancha instaladas alrededor de Añelo desde 2014 hasta 2026, donde se dedicó a registrar microsismos de menos de 2,5 ML (magnitud local) y menos de 1, fenómenos que llamó “nube de sismos”, con un margen de error de menos de 2 kilómetros. Luego, desde mediados de 2016 hasta marzo de 2020, el geofísico trabajó con cinco sismógrafos, más alejados de Añelo y con un margen de error de seis kilómetros, dedicado a medir sismos de más de 3 ML. En total, las estaciones sismográficas detectaron en cinco años 62 sismos de más de 3ML y, según Correa Otto, “es muy difícil que eso haya sucedido en 40 años”.
“Soy un asesor científico, y en base a lo que he llegado hasta ahora, pienso que hay relación directa entra la actividad y los sismos, solo con ver los estudios. He trabajado duramente en un set de datos importantes, está bien trabajado, lo han visto gente de muchos lugares del mundo y lo que me gustaría hacer es ver dónde son las zonas de riesgo, por el hecho de que la industria pueda trabajar en forma segura”, indicó en diálogo con este suplemento.
El trabajo de Correa Otto se complementa con otro informe de divulgación (con menos densidad teórica) que realizaron geofísicos y que ya circula en la revista de la Asociación Geológica Argentina (RAGA), donde ven que un aumento de la actividad sísmica en Neuquén puede detectarse precisamente en las zonas de actividad hidrocargburífera.
El informe lo firman Joaquín Vásquez, de la Universidad de Talca, Chile; Silvana Spagnotto, de la Universidad Nacional de San Luis y Conicet; Laura Giambiagi, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiga); José Mescua, también de Ianiga-Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo y el Conicet; y Mario Sigismondi, geofísico de la industria.
El procesamiento de los datos obtuvo la localización de 206 sismos, entre noviembre de 2015 y julio de 2020, en la zona centro y este de la provincia entre Cutral Co y Añelo. Comparó la localización del informe con el trabajo del Inpres a los pobladores de Sauzal Bonito, sobre algunos de los movimientos registrados y cómo los percibieron.
“El incremento de la actividad sísmica en el sector coincidió con el inicio y la intensificación de fracturamiento hidráulico, lo cual sugiere que la inyección hidráulica dispararía el deslizamiento de fallas previas óptimamente orientadas con respecto al campo de esfuerzos regionales”, plantea este informe.

Un estudio que sigue abierto
“Mi tesis trata de poner toda esta metodología trabajada en mejorar el registro y procesamiento de eventos de baja y moderada energía en una zona no sísmica en el sentido tradicional, como lo es San Juan, y combinar los resultados con estudios de gravedad y conocimiento geológico. El objetivo es determinar el origen de la sismicidad y posibles zonas con mayor potencial sismogénico, y su posible relación con las actividades de fracturación hidráulica o de la inyección del agua de desecho”, dijo Correa Otto. “No hablo de absolutos, hablo de hipótesis, de trabajar múltiples metodologías, con datos robustos y confiables, modelados e interpretados respetando la física y la geología. De obtener resultados concretos y confiables que puedan servir a la comunidad”, concluyó el geofísico.

> Del temblor a las casas agrietadas

1. La sismicidad en Neuquén se ubica en dos sectores: sismos de la placa oceánica subducida, de profundidad hasta 200 kilómetros, y sismos superficiales, algunos tectónicos y otros asociados a los volcanes como en Copahue.
2. La dorsal de Huincul. Hay varias estructuras y fallas en la provincia que pueden producir sismicidad, de acuerdo con el estudio. Una es la de Huincul, ubicada a los 39° latitud sur de este a oeste en la provincia. Precisamente, es un pliegue donde hay actividad.
3. Desde que comenzó la perforación shale en Vaca Muerta, los habitantes de Sauzal Bonito se quejaron de rajaduras en las viviendas y sintieron los temblores con regularidad.
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Cruces por la ampliación de la Ciudad Universitaria en el límite de la reserva ecológica

Fecha de Publicación: 29/06/2021
Fuente: Aires de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


Este sábado ambientalistas realizaron un abrazo simbólico a la reserva ecológica en la costanera este para protestar por la construcción del "aulario" de la Ciudad Universitaria. Desde la Universidad Nacional del Litoral explicaron paso a paso los permisos ambientales otorgados, las medidas de resguardo ecológico adoptadas y el desarrollo sustentable de la obra.
La Universidad Nacional de El Litoral anunció la ampliación de la Ciudad Universitaria con la construcción de nuevas aulas que serán utilizadas por las cinco facultades que integran el predio. Estas construcciones se realizarán en una esquina lindante con la reserva ecológica, lo que generó las protestas de ambientalistas que este sábado realizaron un abrazo simbólico en protesta por el avance de las obras.
 Gabriela, integrante del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) dijo en el móvil de Aire de Santa Fe que "es como firmarle la sentencia de muerte a la reserva". Por su parte, el director de Obras y Servicios de la UNL, Marcelo Saba, explicó que todos los estudios de impacto ambiental fueron realizados, aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, autorizados por la Municipalidad de Santa Fe y que "el préstamo otorgado para la ejecución de la construcción de aulas fue otorgado por un organismo internacional que tiene muchas exigencias ambientales".
En el móvil de la radio, Pamela Pesse, ingeniera ambiental integrante de la Mesa Territorial para el Cuidado del Ambiente de Santo Tomé, cuestionó el estudio de impacto ambiental de la obra manifestando que para la elaboración del mismo "se omitió el desarrollo de la obra". Pesse dijo que "el Ministerio de Medio Ambiente para darle categoría uno aceptó un estudio de impacto ambiental que no corresponde porque no contempla el desarrollo completo de la obra". La ingeniera ambiental adelantó a Aire de Santa Fe que presentarán un recurso de amparo para que no sigan los trabajos.
El director de Obras y Servicios de la UNL, explicó en detalle el origen de la Ciudad Universitaria (los terrenos fueron cedidos por el Municipio) y recordó que fue la propia universidad -junto a la "Fundación Hábitat- quienes crearon la reserva y la administraron, trabajando actualmente en su conservación. Saba manifestó que para el diseño de la obra se realizó un concurso a través de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, por lo que desde el inicio los estándares ambientales ya se encontraban contemplados.
El representante de la UNL contó también que el Ministerio de Medio Ambiente -que es quien "tiene el poder de policía" - fue quien otorgó la categoría uno (de riesgo ambiental bajo o nulo) para la ejecución de los trabajos. También explicó que el organismo internacional que otorga los fondos tiene exigencias elevadas en materia ambiental y que "toda la documentación de la obra, los permisos y hasta una explicación jurídica de por qué se otorga categoría uno ambiental, se encuentra disponible en la web de la universidad en la sección de infraestructura, por lo cual es de acceso público".
Para culminar, Saba detalló que los trabajos para delimitar el terreno se realizó en conjunto con la fundación Hábitat, quien participó en la limpieza del terreno y con quienes se demarcó cada especie arbórea y se labró un acta para trasladar cada árbol que fue retirado de la zona de obras. También explicó que se plantaron 250 árboles en las seis hectáreas que cubre el predio de ciudad universitaria y agregó que la construcción de las nuevas aulas contempla que un 30% de la obra se realice sobre palafito, (elevado por una especie de pilares), "por lo que no tendrá contacto con el suelo".
Con relación a la posibilidad de generar un encuentro entre los ambientalistas y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, Saba dejó abierta la posibilidad para formalizarla.
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