Chubut: proyecto de zonificación minera no se tratará hasta después de las elecciones

Fecha de Publicación: 08/06/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Chubut


Pese al reclamo del gobernador, el oficialismo no cuenta aún con los votos necesarios. Todos los sectores buscan evitar el desgaste previo a las PASO.
La confirmación del aplazamiento de las PASO y de las elecciones legislativas para septiembre y noviembre, respectivamente, volvió a poner en escena una discusión que hoy todos prefieren evitar: la zonificación minera.
Quien volvió a poner sobre la mesa la falta de tratamiento del proyecto fue el propio gobernador Mariano Arcioni. En las últimas horas, el mandatario dio a entender que lo que demora la discusión son los “egoísmos” y el oportunismo electoral. “Sin ánimos de críticas, el debate de desarrollo productivo de la Meseta se debe dar desde el conocimiento y el apoyo científico pero lamentablemente algunos actores son personalistas y buscan temas electores siendo muy egoístas por no pensar en el otro”.
Según pudo averiguar este diario, lo expresado por Arcioni no se aleja de la realidad que atraviesa la previa electoral. Sin embargo, lo que el mandatario no dice es que en estos momentos, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para conseguir la aprobación.
Más allá de los comentarios de Arcioni y pese a que el oficialismo se muestre envalentonado en dar el debate, el momento no es el mejor. “No están los votos. Para qué vas a sacrificar una votación si no tenés cómo aprobarla. Calculamos que después de las elecciones habrá una bajada del PJ nacional para que los diputados acompañen”, le dijo a este diario una fuente inobjetable cercana al gobernador.
Es que el ejecutivo sabe que no es momento de instalar un tema que genera tantos desencuentros en la sociedad y que podría generar, en consecuencia, un resultado adverso para un gobierno muy cuestionado por la situación política, económica y social que atraviesa la provincia desde hace años, todavía sin poder pagar a tiempo los salarios de la masa trabajadora local.
“Siempre digo que todos aquellos que dicen ser o quienes somos peronistas, buscamos la industrialización, el trabajo digno y el cuidado del medio ambiente”, dijo Arcioni apuntando hacia un sector del PJ. Y agregó: “Tenemos que dar una discusión profunda y no fundamentalista”.

Actores
Los dardos tienen, incluso, receptor directo: el actual presidente del PJ, Carlos Linares. Es que el exintendente de Comodoro Rivadavia es el principal escollo que tiene hoy el gobernador para llevar adelante la iniciativa minera. Y es que el proyecto mantiene hoy completamente fracturado al PJ local entre los peronistas provinciales, que responden a Sergio Massa y apoyan el deseo del presidente Alberto Fernández de poder generar una “gran oportunidad para un país que necesita producir, crecer y exportar”, como manifestó en su momento.
Linares, de facción kirchnerista, no está de acuerdo con el proyecto al igual que el bloque del Frente de Todos en la Legislatura. Otro peronista que también lleva adelante la bandera de la oposición a la iniciativa es el intendente de Trelew, Adrián Maderna, con buena representación en diputados.
En la actualidad, el proyecto de ley presentado por el ejecutivo se encuentra varado en la Legislatura. Incluso luego de que los diputados locales rechazaran la iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería y que había sido presentada, con más de 30 mil firmas, por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.
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Comunas advierten uso de glifosato en cultivos y apuntan a la concientización

Fecha de Publicación: 08/06/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Aunque Misiones cuenta con una ley que prohíbe el químico en todo el territorio, los municipios ven la necesidad de sumar herramientas para evitar que se siga utilizando
El uso del glifosato con el fin de eliminar plagas en los cultivos volvió a ser tema de debate en la provincia de Misiones. Es que si bien hay una ley que prohíbe totalmente su utilidad – Ley XVI – N° 124 –, en la práctica de la producción se sigue viendo su uso.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro no selectivo, que ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno”. Especialistas de todo el mundo advierten que no sólo es perjudicial para la salud de las personas, sino también afecta a la biodiversidad del agua y del suelo.
Por esta razón, las comunas buscan maneras de concientizar y recordar la vigencia de la normativa, a fin de que se erradique del plan agrícola esta sustancia peligrosa para la salud y el ambiente. Es lo que está ocurriendo en Oberá, donde el Concejo Deliberante está analizando un proyecto de adhesión a la ley provincial, que sirva además como un puntapié en el trabajo de difusión y enseñanza acerca de la peligrosidad de este producto.
De la misma manera, se trabaja desde organismos, como el Ministerio del Agro y el de Agricultura Familiar, en programas que introduzcan conceptos clave, como sustentabilidad y agroecología a la hora de producir, con el objetivo de insertar a cada vez más colonos al manejo de las chacras de manera sostenible y saludable (Más información en página 7).
La Ley por su parte, había sido aprobada ya en 2018 por la Cámara de Representantes de la provincia. En su articulado, se preveía la entrada en vigencia en abril del 2020 para que los sistemas productivos tuvieran tiempo de cambiar hacia métodos más amigables.
La prohibición rige para “el uso del glifosato, sus componentes y afines, en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; reservas naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o su utilización para la producción agrícola ganadera”. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ecología y de no cumplirse, se prevén sanciones.

En los municipios
Más allá de que la norma provincial abarca a todos los municipios, varios de ellos decidieron por su cuenta seguir trabajando en la adhesión y principalmente, en la concientización sobre la eliminación de glifosato en los cultivos.
La ciudad de Oberá es la que de forma más reciente tocó este tema y dentro del Concejo Deliberante se analiza un proyecto al respecto. El concejal Pablo Hassan, en diálogo con El Territorio, se refirió a esto y remarcó que “se busca adherir a la ley provincial, vemos importante ratificarla en el municipio y empezar a trabajar con el área de Saneamiento Ambiental en la concientización, control y prevención, principalmente en zonas urbanas”.
“Oberá está creciendo y a pocos kilómetros del centro hay yerbales que están muy cerca de los barrios. Hubo vecinos que señalaron que podría haber gente pulverizando con este tipo de producto, por eso se empezó a analizar qué se podía hacer al respecto, también teniendo en cuenta esta ley”, señaló. Determinó además que “todos vamos aprendiendo de a poco, por eso es importante que la gente sepa dónde se encuentran estos químicos y los efectos que producen”.
En tanto, en Puerto Rico el uso de glifosato está prohibido tanto en zonas urbanas como periurbanas, “inclusive no recomendamos para la limpieza de baldíos y demás. En el corralón está prohibido su uso, pero mi postura es que los agroquímicos no son malos, nosotros somos los malos, el mal uso que le damos provoca el daño que causa, por eso Puerto Rico se vuelca a la producción agroecológica”, enfatizó Jonatan Vega, director de agro, producción y medioambiente del municipio.
Por su parte Gabriela Bastarrechea, edil que preside la comisión de conservación del medio ambiente y ecología, explicó que este municipio se rige por la ley provincial, que prohíbe su uso y solicita campañas de concientización. “No tocamos ese tema en el concejo, pero está bueno que surja como iniciativa para tener en cuenta en las buenas prácticas de cultivo y agricultura”, explicó.
Asimismo, en Ruiz de Montoya hace un tiempo se habló del tema pero quedó sin haberse tratado. En diálogo con este medio, uno de los ediles de la localidad dijo: “En su momento se habló de eso pero quedó en suspenso, es un tema muy importante y se podría volver a debatir”.
Mientras que en Eldorado, esta prohibición se encuentra prevista en el Código Ambiental, aprobado en 2019.
El artículo 92 del mismo resalta la negativa a la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato, sus componentes y afines, “protegiendo la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales”.
 
Objetivos planteados en la Ley
La Ley provincial XVI – N° 124 que prohíbe el uso del glifosato, sus componentes y afines en todo el territorio de Misiones fue aprobada en 2018 de manera unánime. Había sido impulsada por el Partido Agrario y Social (Pays).
En el articulado se indica que la prohibición del uso es a fines de evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población con glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud. Además, se busca con la normativa promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso del glifosato, sus componentes y afines. Al tiempo de brindar protección a la flora y fauna de la región que puede verse afectada.
En ese sentido, la norma remarca que uno de los objetivos claves es “proteger la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales”, como también “resguardar la salud, el territorio y la autodeterminación de las comunidades originarias de nuestra Provincia, como pueblos que viven en armonía con su entorno y que pueden verse afectados de manera directa, indirecta o derivada”. Por último, indica que se persigue la finalidad de “preservar y evitar la contaminación de nuestros recursos hídricos, ya sean éstos cursos de ríos, arroyos y aguas subterráneas”.
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Greenpeace alertó por la “persistente deforestación” en el Chaco y denunció la violación a la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/06/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Fue a través de una carta dirigida al gobernador, Jorge Capitanich y al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. La organización ambientalista señaló que se perdieron 7.811 hectáreas de bosques nativos en la provincia entre los meses de noviembre de 2020 y abril de 2021, a pesar de que se encuentra vigente un fallo de la Justicia chaqueña que suspendió los desmontes.
La organización ambientalista Greempece envió una carta al gobernador, Jorge Capitanich y al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, en donde denunció la continuidad de los desmontes en el Chaco.
A través de su coordinador de la Campaña de Bosques, Hernán Giardini, la organización ambientalista señaló que se perdieron 7.811 hectáreas de bosques nativos en la provincia entre los meses de noviembre de 2020 y abril de 2021, a pesar de que se encuentra vigente un fallo de la Justicia chaqueña que suspendió los desmontes.
“Por medio de la presente queremos advertir nuestra profunda preocupación por la persistente deforestación y la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques (26.331) en la Provincia de Chaco”, comienza la carta de la organización, con fecha del miércoles.
“Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la sanción de la normativa forestal nacional, a fines de 2007, en la provincia se desmontaron 390.668 hectáreas. En ese sentido es importante señalar que Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas”, indicaron.
“Cabe destacar que durante dicho período el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional de Bosques), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas (Categoría II – amarillo). Las fincas que fueron ilegalmente deforestadas mediante este artilugio aún no fueron restauradas”, afirmaron.
A su vez, el monitoreo satelital que mensualmente realiza Greenpeace pudo comprobar que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en Chaco se desmontaron 13.128 hectáreas.
“Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (debió realizarse en 2014), el 5 de noviembre pasado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: ‘Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento’”, recordaron.
“Sin embargo, a través del monitoreo satelital de Greenpeace, se pudo detectar la pérdida de 7.811 hectáreas de bosques nativos en la provincia entre los meses de noviembre de 2020 y abril de 2021, encontrándose vigente el fallo de la Justicia chaqueña que suspendió los desmontes”, denunciaron desde la organización.
“Paralelamente, y contrariamente a lo establecido por dicho fallo judicial, el gobierno provincial convocó a la realización de audiencias públicas durante el mes de junio para autorizar Cambios de Uso de Suelo (desmonte) en 8 fincas”, indicaron.
Greenpeace catalogó la situación como “preocupante”, y señalaron que “la deforestación (con y sin permisos) no cesa ni con fallos judiciales, el gobierno de Chaco decidió avanzar con la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), para lo cual convocó a la participación de talleres en distintas localidades durante el mes de junio, a pesar de las restricciones a la circulación y a actividades por la pandemia de COVID-19, y la falta de conectividad a Internet de sectores claves para la discusión sobre lo que se realizará en sus territorios, como indígenas y campesinos”.
Por otra parte, recordaron que recientemente varias organizaciones sociales se retiraron de la Mesa de Diálogo para la actualización de OTBN por considerar que se “convocó a talleres informativos sin respetar acuerdos dentro de la Mesa, es decir, se inició el proceso de participación sin que la Mesa creada para diseñarlo haya arribado a la elaboración y aprobación de un plan. Esto es agravado por el hecho que estamos en un contexto de segunda ola de pandemia lo cual claramente obstaculiza la participación ciudadana – columna vertebral de un proceso participativo – exponiéndonos a riesgos de salud y/o a problemas de acceso a conectividad. Así planteado, muchos sectores de la sociedad no estamos siendo representados en el proceso de actualización. Por otro lado en las redes sociales oficiales el gobernador de la provincia presentó un mapa final de la actualización del OTBN que no fue elaborado por la Mesa Técnica, esto atenta contra la actividad de esta mesa que tenía como misión recopilar los materiales necesarios y estructurarlos de manera tal de poder contar con la información necesaria para actualizar el OTBN. Si ya se comunicó un mapa final, nos preguntamos cuál será el sentido de tener un proceso de participación. Consideramos que se ha faltado a los objetivos de la Unidad Ejecutora, a nuestra buena voluntad, nuestro trabajo y disponibilidad de tiempo”.
“Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más enfermedades, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté (del que los científicos estiman sólo quedan cerca de 20 individuos en la región del Gran Chaco argentino)”, denunciaron.
“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”, señalaron.
“Por otra parte, resulta fundamental establecer la penalización de los desmontes e incendios forestales. Por eso, solicitamos que, como máximas autoridades en materia ambiental, avancen en ese sentido en forma urgente”, solicitaron tanto a Capitanich como a Cabandié.
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Matar a la Patagonia para darle vida a la vaca

Fecha de Publicación: 07/06/2021
Fuente: Sudestada
Provincia/Región: Patagonia


Sismo mediante, la expansión del “fracking” alienta el desastre ambiental en Vaca Muerta. Una historia de contaminación, saqueo del agua y metales pesados.
Hasta ahora van 9.
El año pasado sumaron 37.
El anterior, 36.
Puestos así, sin aclaración, contexto o historicidad, los números no dicen mucho. Pero la perspectiva cambia en cuanto se aclara que recién en 2015 se registró el primero. Previo a ese momento, a lo largo de 100 años de seguimiento, el fenómeno jamás había sido constatado en la zona donde hoy la rareza es, justamente, aquella quietud que reinó durante al menos un siglo.
¿Qué fue lo que cambió hace seis años? Una técnica cuestionada en la mayor parte del mundo por provocar, vaya casualidad, el desastre que se transita ahora, comenzaba a emplearse en un área específica de Neuquén: la fractura hidráulica, conocida a nivel global como “fracking”.  
Se desplegó sobre Vaca Muerta, un reservorio de hidrocarburos no convencionales que viene siendo promocionado por los últimos tres gobiernos como la gran carta del extractivismo energético que hará de la Argentina una eventual potencia mundial.
Tan grandilocuente como falso.
Hasta ahora, las estimaciones gubernamentales dan un resultado distinto: total de 222 al día de hoy, fecha en que se publica esta columna. Pero no estoy hablando de los oficialmente pretendidos –y nunca desembolsados– miles de millones de dólares, inversores que arriban en manada o guarismos de récords economicistas: los 222 que acabo de mencionar, distribuidos en los últimos 6 años, dan cuenta de otra cosa.
Se trata de sismos.
Refiere a temblores.
Que no están solos, claro. Vienen acompañados de otros aspectos. Por ejemplo, un volumen anual de “flowback”, esto es, agua con químicos y otros residuos industriales que devuelve cada perforación, equivalente a algo más de 500 piletas olímpicas de 50 metros de largo.
Los sismos también están secundados por la rotura de rocas subterráneas mediante explosivos, una inyección de agua que promedia los 35 millones de litros por pozo y una batería de hasta 500 químicos y aditivos que le añaden toxicidad al escenario de desastre patagónico.
El “fracking” combina lo más nefasto de la mega minería con lo peor de la extracción petrolera.
Dilapida recursos esenciales, pone en estado de inestabilidad a toda la estructura geológica de la región donde se realiza, incluso trae a la superficie materiales radiactivos con atributos para instalar una contaminación permanente.
“No sabemos que están extrayendo, los lodos de perforación pueden traer radiación y metales pesados”, me comenta Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur.
En una de sus investigaciones, esta organización señaló que el proceso de fractura hidráulica suele traer a la superficie “sustancias alojadas en subsuelo, como materiales radiactivos de origen natural -uranio, torio, radio y radón- o metales pesados -mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico…”.
“Si, por poner un caso testigo, medís en camiones todos los insumos que demandó la puesta en marcha de un pozo en Fortín de Piedra, área cuyo dueño es Paolo Rocca (Tecpetrol), estamos hablando de una hilera ininterrumpida de 45 kilómetros. Esa extensión de vehículos cargados con agua, arena, químicos, es lo que consumió su desarrollo”, dice Álvarez Mullally.
Sólo en lo que va del año, las petroleras que controlan Vaca Muerta perforaron 217 nuevos pozos –algunos con procesos de hasta 60 fracturas–.

Los nombres del desastre
La estatal YPF es la gran protagonista de esta historia de terror. Aunque no se quedan atrás otras compañías con ADN argentino.
Pan American Energy –con participación de Bulgheroni–, Pampa Energía –Mindlin–, Tecpetrol –Paolo Rocca, alias Techint– y Pluspletrol –familia Rey–, son los principales nombres compatriotas.
También está Vista, con partida de nacimiento firmada en México por una mera cuestión de aportantes iniciales. La lidera Miguel Galuccio, CEO de YPF durante la nacionalización de 2012 y dueño, desde entonces, del apelativo “Mago” por su habilidad para, entre otros trucos, imponer la engañosa idea de que Vaca Muerta es la última oportunidad para alcanzar el desarrollo local.
Párrafo aparte para su capacidad de transformar en negocio propio la información privilegiada, hija de la inversión de fondos públicos, a la que accedió durante sus años al frente de YPF. Vista es el mejor ejemplo de ello.
Porque no todas las vaquitas son ajenas. Menos aún en ese apartado de la Patagonia.
Por supuesto que también están Shell y Chevron. Y hasta un fondo de inversión suizo, de nombre Mercuria, que nunca antes pisó el mercado del gas y el petróleo y acá lo hace desde hace algunos años de la mano de los inefables Vila-Manzano.
“YPF es la empresa más importante de las integradas que están en Vaca Muerta. Maneja desde la extracción de hidrocarburos hasta la venta de nafta en las estaciones de servicio. Si bien retrajo un poco su actividad durante el macrismo, que benefició con subsidios a las privadas bajo control de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, no deja de ser la protagonista. También, a partir de las asociaciones que fue cerrando con empresas como Dow Chemical, Chevron, Equinor, Shell y Petronas”, señala Martín Álvarez Mullally.
La expansión de las compañías que apelan a la fractura hidráulica es inseparable del problema sísmico que atraviesan las poblaciones que habitan el suelo sobre el reservorio de los no convencionales.
Ese aspecto me devuelve a los números del principio. Y me conecta con Javier Grosso, investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue y el analista que mejor viene documentando los problemas que engendra el “fracking” en ese apartado de la cuenca neuquina.
“Las empresas que más han perforado entre 2020 y 2021, según datos de la Secretaría de Energía, son YPF, con 91 pozos, Shell, con 40, Pan American Energy, con 21, y Vista, con un número similar. De los 9 sismos registrados este año, 3 ocurrieron en torno a las zonas donde fracturan YPF y Chevron, y otros 3 en las tierras bajo control de Pluspetrol. También se registraron temblores en torno a los pozos de Shell y Vista”, detalla.
Grosso me hace una aclaración respecto de los movimientos constatados: “El INPRES –sigla que refiere al Instituto Nacional de Prevención Sísmica– sólo deja asentados los sismos que suceden por encima de los 2,5 grados en la escala de Richter. Eso significa que todos los que ocurren por debajo de esa marca no son reconocidos como tales, aunque sucedan. La realidad es que la Red Geocientífica de Chile, que mide con mayor precisión, siempre constata un número superior de temblores a los que reporta el organismo argentino”.
El INPRES reconoce 88 sismos ocurridos en Vaca Muerta desde 2015 a la fecha. La organización chilena da cuenta de 222. En un trabajo reciente, Grosso sistematizó el archivo de mediciones del INPRES para confirmar que entre 1901 –inicio de los primeros registros, efectuados por distintos actores– y 2015 los movimientos en Vaca Muerta fueron prácticamente nulos.

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Delta del Paraná: avanza el trabajo conjunto de Nación y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos

Fecha de Publicación: 07/06/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Es en el marco de la estrategia de Faros de Conservación creada por el Ministerio que conduce Juan Cabandié.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación participó de una nueva reunión con la Administración de Parques Nacionales (APN) y representantes de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos para fortalecer acciones de la Red de Faros de Conservación, en contexto de la articulación en materia de conservación y aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná.
El encuentro se realizó en la isla santafesina Ingeniero Sabino Corsi y participaron por parte de Nación Abelardo Llosa, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, y Eugenio Magliocca, vocal del directorio de APN. Además estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, y la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García.
Llosa aseguró: “Desde Nación hemos puesto en común toda la información sobre lo que se viene trabajando con faros de conservación: el sistema de alerta temprana que se ha licitado y que ya se está construyendo, el que nos va a permitir identificar el inicio de cualquier incendio en un plazo cortísimo de segundos para que esa información llegue a las áreas que tienen que salir a hacer el combate”. “Ya tenemos equipado al personal de parques con tecnología, con capacitación y con planes de trabajo”, afirmó. También celebró el trabajo de articulación iniciado por las provincias, que son “las que tiene la responsabilidad inicial del combate al fuego” y afirmó: “La coordinación y la rapidez van a ser centrales y en eso estamos trabajando”.
Sobre la importancia de la prevención, el funcionario nacional explicó que en esos sitios se va a abordar “el monitoreo de biodiversidad, de condiciones hidrológicas y climáticas, la educación ambiental con la población en general, pero también y fundamentalmente, el diálogo con los actores del territorio, es decir, la población isleña y los productores para ayudarlos a que en sus prácticas productivas no usen el fuego o lo hagan de una manera controlada y racional para que no se salga de cauce”.
Por su parte, Gonnet indicó: “Nos encontramos ambas provincias con el Gobierno nacional, coordinando esta actividad con diferentes fuerzas, no solamente los ministerios o secretarías de Ambiente sino también las fuerzas de seguridad, Defensa Civil y Protección Civil de ambas provincias”. Y destacó que el objetivo es que frente a situaciones como las del año pasado con incendios en el área “nos encuentren articulados y con más estructuras, como son los faros de conservación”.
A su turno, García expresó que el encuentro “viene a coronar” el trabajo conjunto entre Nación y provincias “en la prevención, la evaluación del potencial riesgo, la detección temprana de los focos de fuego y la capacidad de acceder y trabajar en territorio”. “Este año estamos trabajando para que esa capacidad esté totalmente estudiada y a disposición para entrar y trabajar en territorio como se debe”, fundamentó. Finalmente sostuvo: “Si podemos hacer esto en conjunto, estamos hablando verdaderamente de desarrollo sostenible en el delta”, y recordó que es un territorio compartido por tres provincias y por la Nación.

Faros de Conservación
A través de esta iniciativa, impulsada por el ministro de Ambiente Juan Cabandié, se lleva adelante en el territorio del Delta del Paraná el despliegue de personal con apoyo logístico y equipamiento para monitorear la biodiversidad, relevar el estado de la vegetación y las condiciones hidrológicas e identificar el riesgo de incendios en las diferentes zonas.
El objetivo es crear un sistema de prevención de riesgos ambientales, conservación de la biodiversidad y apoyo a la transición productiva regional hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social. Además del monitoreo, el diálogo con los productores y habitantes isleños es otro de los ejes del programa. Todo ello enmarcado en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (PIECAS), que integra la cartera de Ambiente nacional junto a las provincias.
La estrategia está en funcionamiento en los parques nacionales de Islas de Santa Fe y Pre Delta de Entre Ríos. Los faros de conservación permiten, a través de la asignación de recursos, la operación de equipos de monitoreo ambiental y de comunicación, más la presencia permanente de guardaparques y brigadistas de parques nacionales, desplegar un plan de detección temprana, prevención y disuasión de incendios que posibilite, mediante el patrullaje aéreo, terrestre y fluvial, detectar, informar y combatir focos.
Cabe agregar, en lo que respecta a la situación del delta del Paraná, el Ministerio de Ambiente nacional, en el marco del PIECAS, contrató y adjudicó la provisión e instalación de un sistema de alerta temprana de detección de incendios en el tramo superior del delta, constituido por cinco torres de detección equipadas con cámaras multiespectrales, dos centros de control y el servicio de mantenimiento de todo el sistema, lo que demandó una inversión de $ 111.900.000. También se llamó a licitación para la compra de cinco embarcaciones para el programa por un monto estimado de $ 19.000.000; y se adquirieron 11 estaciones meteorológicas, 110 cámaras trampa y 11 drones con cámaras térmicas y se realizaron cursos de capacitación para 33 operadores de drones; con una inversión de $ 8.306.045.
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Realizarán una audiencia pública para dar a conocer informe sobre el "basurero petrolero"

Fecha de Publicación: 07/06/2021
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Neuquén


El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
“La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, el organismo de control de la actividad.
Esa información fue obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) en respuesta a dos pedidos de informes de enero de 2021.El trabajo demuestra que Comarsa se apropió ilegalmente de tierras fiscales para acopiar en “piletas clandestinas” grandes cantidades de residuos peligrosos provenientes de la explotación mediante fracking.
Además, la documentación oficial corrobora que la empresa mintió en reiteradas oportunidades sobre el volumen de los residuos acopiados y que también en la planta de Añelo Comarsa cometió graves irregularidades.
“Comarsa instaló piletas clandestinas para el acopio de residuos peligrosos, acumuló grandes cantidades de materiales contaminados en suelo sin impermeabilizar e ingresó un volumen de residuos mucho mayor que la capacidad de tratamiento declarada”, sostuvo Esteban Martine, redactor del informe por La Izquierda Diario.
Por su parte, Cecilia Bianco, de Taller Ecologista destacó: “En varias ocasiones las inspecciones corroboraron las emisiones de humo negro y la ausencia de monitoreo en los hornos incineradores, lo que dejó expuesto, una vez más, la pésima gestión de los residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud de la población por afectar la calidad de aire con sustancias químicas tóxicas”.
“La propia información de Ambiente demuestra lo que distintas organizaciones y vecinas y vecinos de la ciudad venimos denunciando hace más de 7 años: El fracking genera tantos residuos que son imposibles de tratar. También quedó comprobado el desprecio que tiene Comarsa por la vida en general y que los distintos gobiernos han respaldado”, señaló Fernando Cabrera, redactor del informe por el Observatorio Petrolero Sur.
En tanto, el diputado provincial Andrés Blanco (PTS/FITU), quien aportó las actas analizadas, sostuvo: "Queda demostrada la absoluta complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales con el accionar contaminante de Comarsa a quien le renovaron una y otra vez los permisos como Operadora de Residuos Especiales.
La Municipalidad le cedió tierras a $35 el metro cuadrado, previamente ocupadas y contaminadas. El gobierno nacional continúa subsidiando a las petroleras que operan en Vaca Muerta, que son las generadoras de los residuos. Por eso decimos que el Estado es responsable junto a las empresas del desastre ambiental de los basureros petroleros”
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17, en audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
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Día Mundial del Medioambiente: en Argentina no quedan ecosistemas completos y el 70% del suelo está en proceso de desertificación

Fecha de Publicación: 05/06/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La degradación de los suelos ocurre desde la colonización y el ingreso de animales para consumo humano sumada a la industrialización de las economías, los desmontes y el uso de agrotóxicos. ¿Es posible recuperar los ecosistemas?
Si no se logra frenar y revertir la situación actual de los ecosistemas y las especies que lo habitan, las consecuencias también serán irreversibles para las personas. El punto de degradación al que se llegó comenzó con la llegada de los colonos, que introdujeron en los suelos nativos especies a fin de criarlas para consumo y uso, como vacas (carnes y cueros) y caballos (tracción a sangre), además de cerdos y cabras. Siguieron la industrialización de la agricultura, los despiadados desmontes y el uso descontrolado de fertilizantes y agrotóxicos, y la falta de políticas de control sobre los usos de los suelos, por mencionar algunos.
El daño de los ecosistemas es alarmante. “En Argentina, un 70% del suelo está en un proceso de desertificación o degradación. El suelo es un ecosistema vivo que está lleno de semillas, microorganismos que se descomponen, de nutrientes que pasan de un invertebrado a otro; ese suelo que la gente no percibe como un sistema vivo es el que permite que crezcan otros ecosistemas, que emerjan los pastizales, los bosques, las selvas... Ese daño muchas veces es irreversible”, le resume a Infobae Sofia Heinonen, presidenta de la Fundación Rewilding Argentina sobre el impacto ambiental que sufren los ecosistemas argentinos donde se han perdido muchas especies y es uno de los que más afectados en toda Sudamérica.
Ante esa realidad, solo queda intervenir para intentar revertirla. Frenarla, en este punto, ya no es suficiente. “No sé cómo vamos a revertir esto si no generamos políticas reales de que dejen en claro que los seres humanos dependemos de la restauración de los ecosistemas. Ya hemos dañado todo de tal manera que no basta solamente con parar sino revertir y recuperar, al menos, un 30% de los ecosistemas de este país, por decir una cifra, porque hoy estamos en un 8% y sería un optimismo pensar en recuperar la mitad de la superficie dañada. Debemos empezar a ser conscientes de que nosotros como especie humana vamos a caer detrás del vórtice de extinciones”.

La restauración los ecosistema y la década para revertir el daño ambiental
Restaurar un ecosistema significa favorecer la recuperación de aquellos ecosistemas que hayan sido degradados o destruidos y conservar los que siguen intactos y puede producirse de varias formas. Por ejemplo, plantando especies extintas de forma activa o quitar las que afectan a la naturaleza para que puedan recuperarse por sí sola. Lograrlo no siempre es posible, sobre todo, si ese trabajo no es acompañado por políticas ambientales estatales ni legislación que proteja los suelos o limiten su explotación, entre algunas posibilidades.
En busca de soluciones y comprendiendo que los tiempos ambientales apremian, trabajan las ONG´s. “Nuestro enfoque para restaurar ecosistemas —explica Heinonen— está en los roles ecológicos que cumple cada una de las especies, sobre todo si se tratan de ‘especies claves’, que al extinguirse hacen que el ecosistema funcione mal”.
Especies claves son todas aquellas vegetales y animales que tienen un papel fundamental en el ecosistema y pueden tener diferentes efectos sobre su entorno o sobre las demás especies con las que convive. Su desaparición puede generar modificación del paisaje, fuente de alimento, generadoras de refugios y pueden alterar procesos ecológicos.
En ese sentido, continúa, “trabajamos con predadores tope ya que generan la salud en los ecosistemas porque pueden alimentarse de los individuos más enfermos y, al ser selectivos e ir por las presas más débiles, disminuyen la posibilidad de pandemias en los sistemas”.
Esas especies claves también se disputan el territorio con otros predadores, como el yaguareté con el puma, por ejemplo, que al desplazarlo logra que otros felinos y otras especies más pequeñas puedan convivir en un mismo territorio. “Si no está el predador tope la pirámide alimenticia se aplana y la cantidad de nichos y posibilidades de generar lugar para otras especie se reduce. Por eso, para nosotros, la restauración de un ecosistema es asegurar que estén cubiertos todos los roles ecológicos e intentar que sea lo más completo posible. Vamos a preservar o reintroducir o recuperar poblaciones de las especies claves asegurando que el ecosistema tenga las condiciones para funcionar saludablemente”, detalló la bióloga desde El Impenetrable donde ya comenzó la reintroducción del yaguareté, por ejemplo.
Estas acciones se ven alentadas porque, de la misma manera que las naciones participan de la Cumbre del Cambio Climático, este año será el momento de la Convención de la Biodiversidad, en octubre, y comienza la Década de la Restauración de los Ecosistemas que promete políticas para restauración los daños ambientales.
“Los representantes de los países se reunirán en la Convención de Biodiversidad, que en este momento se está tratando, y están tratando de definir metas para la próxima década las metas y la posición que va a tener Argentina, uno de los países de Sudamérica que más agredió sus ecosistemas y que optó por el extractivismo; por eso, para mí, tiene que dar el ejemplo porque es el país más degradado de Sudamérica junto con Uruguay. Aún no se sabe qué posición tendrá Argentina y eso es lo que es importante conocer”, aseguró la bióloga.
Sobre ese punto, uno de los más importantes de cara al futuro, también agregó: “El objetivo de la Convención de Biodiversidad es generar metas muy claras respecto del presente, de establecer, a partir de hoy, qué vamos a hacer para los próximos 10 años. Es fundamental hacernos responsables de esta casa, el suelo argentino, y asumir nuestro rol como ciudadano porque somos los que también jugamos un rol importante. Son los jóvenes, los activistas los que lograron poner los temas ambientales en las agendas políticas nacionales e internacionales, los gobiernos deben actuar”.
Se cree que la restauración y otras soluciones naturales pueden proporcionar un tercio de la mitigación necesaria para 2030, de modo que el calentamiento global se mantenga por debajo de 2°C y, al mismo tiempo, ayudar a las sociedades y economías a adaptarse al cambio climático.
También que restaurar 15% de las tierras transformadas en los lugares adecuados podría prevenir 60% de las extinciones de especies que ya se han proyectado.
“La mejor manera de comprometerse con los ecosistemas es haciendo turismo nacional natural porque cuando se conecta con lo que se ve es más fácil defenderlo. Ver los lugares sin intervención humana, hacer avistaje de animales en su hábitat natural es una experiencia de se debe vivir porque, además, genera recursos en los lugares y sus habitantes tienen otra manera de generar ingresos que quizás antes desconocían porque el turismo natural es fuente de trabajo y una persona, por ejemplo, puede tener ingresos sin vender arboles para madera y prestando ese espacio de plantaciones para una caminata en contacto con la naturaleza. Todos ganamos”, finalizó.
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Banco Mundial aportará u$s 265 millones más para sanear el Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 05/06/2021
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Riachuelo


El objetivo es finalizar las obras de saneamiento y el sistema de cloacas para reducir hasta un 80% la contaminación del río. Es un crédito a 32 años con siete de gracia.
El Directorio del Banco Mundial aprobó ayer un nuevo crédito por u$s 265 millones, cuya afectación específica será avanzar en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, una obra emblemática en materia de salud y medio ambiente en el país.
Desde los ya famosos 1000 días de la exsecretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray para sanear el Riachuelo e incluso antes, hubo numerosos intentos e ingentes recursos destinados a tal fin, pero siempre fue una asignatura pendiente en la agenda social y medioambiental.
Ahora, desde el Gobierno y el organismo financiero internacional aseguran que con estos nuevos fondos se podrá finalizar las obras de saneamiento clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Se busca en esta instancia "fortalecer el sistema de cloacas, con el fin de reducir el 80 por ciento de la contaminación orgánica del río", asegura el Banco Mundial, en un comunicado difundido hoy.
Este nuevo financiamiento permitirá concluir las obras de ampliación del sistema troncal de cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (conocido como Sistema Riachuelo) que lleva adelante AySA.
Se estima que una vez que esté operativo, este sistema permitirá incorporar a 1,5 millones de habitantes a la red y mejorar la prestación del servicio a más de 4,3 millones de personas.
Malena Galmarini, presidenta de AySA aseguró que "es una obra de infraestructura única en el mundo, por el tamaño de la construcción y por el número de usuarias y usuarios que beneficiará a más de 4,3 millones de personas".
La funcionaria consignó también que "va a mejorar no solo la capacidad de transporte de los líquidos cloacales y la calidad del servicio, sino el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo gracias al tratamiento de los efluentes.
Por su parte, Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, recordó que "hace más de una década que venimos trabajando en promover un desarrollo sustentable en la cuenca del Matanza-Riachuelo. Este nuevo financiamiento permitirá acelerar un componente clave en la solución integral para reducir la contaminación del rio, mejorando así la calidad de vida de millones de personas que habitan la cuenca".
En verdad, desde 2009 el Banco Mundial viene aportando recursos (reembolsables) para el desarrollo sustentable de la cuenca Matanza Riachuelo, que ya lleva tres préstamos, por un financiamiento total de u$s 1227 millones.
La reciente aprobación de fondos es un préstamo de margen variable, reembolsable en 32 años y cuenta con un período de gracia de 7 años.
Se busca de este modo mejorar el saneamiento, el control industrial, la planificación territorial y el manejo de inundaciones. Desde el organismo multilateral destacaron que ésta es la obra de inversión en saneamiento más grande del Banco Mundial en América Latina y el Caribe.  
"En esta época tan difícil, el programa del Banco Mundial busca enfocarse en mejorar los servicios, para atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país y al mismo tiempo, apuntando al crecimiento verde y sustentable", agregó Schwartz.
El proyecto financiará la planta de pretratamiento Riachuelo, ubicada en Dock Sud (Avellaneda), que tratará los líquidos provenientes del colector margen izquierda, antes de su disposición final en el Río de la Plata a través de un emisario subacuático de 12 km de extensión.
Además, se avanzará en la reducción de la contaminación industrial, gracias a la construcción de un parque industrial curtidor y una planta de tratamiento de líquidos industriales en el partido de Lanús. Se espera que allí se radiquen pequeñas y medianas curtiembres de la cuenca para producir con bajo impacto ambiental.
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Se promulgó la ley de educación ambiental integral

Fecha de Publicación: 05/06/2021
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


La normativa busca una concientización de la problemática ambiental desde una mirada “más igualitaria y transversal”.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27621 para la implementación de la educación integral ambiental en la Argentina, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo con la que se busca una concientización de la problemática ambiental desde una mirada más igualitaria y transversal.
La normativa, que fue aprobada el 14 de mayo por el Senado, quedó oficializada al ser publicada este jueves en el Boletín Oficial. Se destaca en su primer artículo que la ley tiene por objeto "establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional".
Según se explica en la normativa, se trata de un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que "articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso".
Asimismo se enumera los principios de la educación ambiental integral, entre los que se incluye el abordaje interpretativo y holístico; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; la igualdad de género; y el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas.
También se prevé la participación y formación ciudadana; y el cuidado del patrimonio natural y cultural; la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos; educación en valores; pensamiento crítico e innovador; y el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano.
La ley crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), que estará a cargo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación (CFE).
Entre otras cosas, la ENEAI deberá generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); impulsar la capacitación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; y elaborar, publicar y distribuir materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos.
Según se establece en la ley, cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de al menos una jornada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental y dará debida difusión sobre la actividad y sus participantes, así como también entregará las correspondientes menciones por la participación.
A todo esto se impulsa la instalación de una Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (CENEAI), que definirá las directrices, temáticas, prioridades y recursos para el cumplimiento de la ENEAI, con asesoramiento de un consejo consultivo que contará con representantes de todos los sectores.
Se establece que con motivo de celebrarse el 5 de junio de cada año el Día Mundial del Ambiente, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el “Compromiso Ambiental Intergeneracional”, en el cual las personas tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas.
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Bitcoin: aumenta el número de mineros en Argentina

Fecha de Publicación: 04/06/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Las tarifas ultra bajas de los servicios públicos y la quiebra de divisas son el motivo de las grandes ganancias que obtienen en la actualidad.
Los mineros de Bitcoin en Argentina están aprovechando las ineficiencias de la economía intervencionista del país para obtener enormes beneficios, alentados por los recuerdos de las caídas de la moneda y gracias a la electricidad subsidiada por el Gobierno.
Mientras que numerosos países han experimentado auges en la minería de las criptomonedas este año, las tarifas ultra bajas de los servicios públicos y el resurgimiento de los controles de capital están ayudando a aumentar las ganancias de los mineros en la nación sudamericana. Para muchos expertos, es un ejemplo más de la permanente capacidad de los argentinos para inclinar las políticas heterodoxas de la nación a su favor.
“Incluso después de la corrección de precios del Bitcoin, el costo de la electricidad para cualquiera que mine desde su casa sigue siendo una fracción de los ingresos totales generados”, dijo Nicolás Bourbon, quien tiene experiencia en la minería de monedas digitales desde Buenos Aires.
Las criptomonedas han sido proclamadas durante mucho tiempo en Argentina como una forma para que los ciudadanos se protejan contra las crisis económicas cíclicas, incluidas las reiteradas devaluaciones de la moneda, los defaults, la hiperinflación y, ahora, una recesión de tres años agravada por la pandemia. Además de la energía barata, el regreso de los controles de divisas en los últimos años han dado a los argentinos, que enfrentan restricciones para comprar dólares, aún más incentivos para minar tokens digitales, ya que la creciente demanda de activos distintos del peso ha hecho que el valor del Bitcoin se dispare a casi 5,9 millones de pesos en los mercados no oficiales hasta el domingo, frente a unos 3,4 millones de pesos a la tasa oficial.
Los mineros se benefician de los subsidios a la electricidad residencial que existen desde hace tiempo en el país, una política destinada a ganar puntos políticos con los votantes, pero que está alimentando cada vez más la tensión dentro de la coalición peronista gobernante.
A pesar de que Argentina es un importador neto de gas, las facturas de electricidad de los consumidores representan solo entre el 2% y 3% de un ingreso mensual promedio, en comparación con el doble que en otros mercados latinoamericanos como Brasil, Colombia o Chile, según Ezequiel Fernández, analista en Balanz Capital Valores en Buenos Aires.
Además, con una inflación en torno al 50% anual y una restricción de divisas que permite a las personas convertir legalmente solo US$200 al mes, la demanda desenfrenada de cualquier reserva de valor está impulsando una caída del peso en los mercados paralelos, donde ahora es un 70% más débil que la tasa oficial.
“El cripto que generan los mineros generalmente se vende al tipo de cambio paralelo, pero la energía se paga a una tarifa subsidiada”, dijo Bourbon. “Por el momento, los ingresos son muy altos”.
Las empresas mineras internacionales están detectando oportunidades. El mes pasado, la canadiense Bitfarms Ltd. anunció que llegó a un acuerdo para acceder directamente a una central eléctrica local para obtener hasta 210 megavatios de electricidad a gas natural, en un intento por poner en marcha la que será la mayor instalación de minería de Bitcoin en Sudamérica.
“Estábamos buscando lugares que hayan sobredimensionado sus sistemas de generación eléctrica”, dijo en una entrevista el presidente de Bitfarms, Geoffrey Morphy. “La actividad económica en Argentina ha disminuido y la energía no se está utilizando en su totalidad. Así que fue una situación en la que todos salían ganando”.
Sin duda, la demanda de energía industrial no está totalmente cubierta por los subsidios. Pero el precio de US$0,022 por kilovatio hora que Bitfarms dice que pagará por la electricidad está muy por debajo de la tarifa del mercado mayorista de alrededor de US$0,06 por kilovatio hora para los clientes industriales que no están conectados a la red local, según Fernández, de Balanz Capital.
“Para ciertos generadores de energía con fácil acceso al gas, vender el exceso de energía a los mineros de Bitcoin durante parte del año tiene sentido, especialmente si el generador de energía evita de alguna manera los controles de divisas al recibir el pago en dólares duros fuera de Argentina o en Bitcoin”, señaló Fernández.
Un portavoz del Ministerio de Energía de Argentina declinó comentar sobre el acuerdo, al igual que un portavoz de la agencia tributaria argentina.
Independientemente de la volatilidad del Bitcoin en los próximos meses, es casi seguro que la minería en Argentina seguirá siendo rentable para las personas siempre que el Gobierno pague al menos una parte de la factura de la electricidad.
“Los mineros saben que los subsidios son ridículos”, dijo Bourbon -y continuó- “Simplemente se aprovechan de ello”.
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Problemática del agua llegó a la Legislatura misionera

Fecha de Publicación: 04/06/2021
Fuente: Primera edicion
Provincia/Región: Nacional


Se hizo hincapié en la difícil situación de Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú, donde la sequía y la falta de agua es un padecimiento.
Problemática del agua llegó a la Legislatura misionera Varias localidades están padeciendo por la falta de lluvia y la sequía que todavía está presente y esto genera preocupación. En varias ocasiones, quienes están al frente de las cooperativas o de las plantas potabilizadoras brindaron un panorama sobre la difícil situación que afrontan día a día. Entre estas comunas se encuentran Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú.
En está oportunidad, la preocupación llegó a la Cámara de Diputados de Misiones donde presentaron un proyecto de comunicación a través del cual “se solicita una solución definitiva a la crítica situación que atraviesa la localidad de Bernardo de Irigoyen ante la falta de provisión de agua potable”.
“Ahora lo que más preocupa a los vecinos es la situación crítica que atraviesa la ciudad por la falta de agua potable desde hace bastante tiempo y sumando a la falta de infraestructura, la sequía que provocó que se secara la represa; además el lago que une Bernardo de Irigoyen con Dionísio Cerqueira (Brasil) no es apta para el consumo”, se remarcó en el proyecto.
En este punto, el autor de la iniciativa Javier Mela del bloque Juntos por el Cambio dijo a PRIMERA EDICIÓN que “esta localidad está a 700 metros sobre el nivel del mar; por lo cual las napas se secan de forma permanente y ni las perforaciones resisten”.
Agregó que “la solución, quizás, sería traer el líquido de algún curso de agua permanente”.
El legislador también solicitó al Ejecutivo Provincial y al Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) que “informen y formalicen acciones referidas a la crítica situación que atraviesa la ciudad de las Cataratas, ante la falta de provisión de agua potable”.
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Sergio Federovisky: "La obligación ética de los Estados es proteger el bien común"

Fecha de Publicación: 04/06/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


"Al llegar a un cargo público, uno no debe deslumbrarse por todo lo que cree que va a poder transformar ni frustrarse por aquello que no es posible", dice el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente.
La academia define como “punto de no retorno” el momento a partir del cual un sistema no puede volver a su condición anterior más allá de lo que se haga con él. El concepto resulta ilustrativo a la hora de describir el escenario ambiental: los científicos señalan que el aumento de 1,5 °C en la temperatura media del planeta puede ser el punto a partir del cual ya no será posible volver a la situación climática actual. Este es el eje de Punto de no retorno, el documental del biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky (dirigido junto a Nicolás Capelli y Diego Cosini), que se estrenará el sábado 5 de junio a las 20 horas en la página web de la Fundación Ambiente & Medio. Científicos del Conicet y la NASA, activistas, políticos e intelectuales advierten sobre los peligros de no actuar a tiempo para detener los avances del cambio climático.

- El documental señala la falta de información como uno de los principales problemas. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación?
- La información es crucial porque permite tomar mejores decisiones. El rol del periodismo es determinante, pero yo no estoy muy feliz con el papel que están cumpliendo en materia de tratamiento de las cuestiones ambientales. Por un lado, porque tiende a mirar las cosas como fotografía y no como proceso, y lo ambiental es indefectiblemente un proceso; por otro, porque banaliza los contenidos y los aborda sólo dentro de la coyuntura. La espectacularización del tratamiento del cambio climático no profundiza las verdaderas causas ni las posibles soluciones que podrían aplicarse.

- En Punto de no retorno usted declars no ser optimista y admite formar parte de una generación que fracasó.
- Cuando digo que no soy optimista parafraseo a Gramsci, que decía: “No soy un optimista de la voluntad sino un pesimista de la razón”. Creo que hay que ver las cosas como son y admitir que fracasamos como generación para poder tomar mejores decisiones hacia adelante y, en todo caso, ser positivos antes que optimistas. Soy parte de una generación que creyó que bastaba con poner en agenda política la cuestión ambiental y que todo se resolvería idílicamente con una sumatoria de conciencias. Fracasamos porque después de 30 años todos los indicadores ambientales están empeorados y eso es un dato fáctico.

- ¿Qué papel tienen los movimientos juveniles?
- Los jóvenes señalan a los Estados como principales responsables de esta situación; no invocan la necesidad de que cada uno cierre la canilla y apague la luz en su casa porque lo dan por hecho. Ellos portan un gen que afortunadamente ya está incorporado y creo que son el emergente de un cambio de época. En el siglo XX, la matriz de pensamiento indicaba que el crecimiento económico sólo era posible destruyendo la naturaleza; en el siglo XXI empezamos a entender que crecimiento, desarrollo y bienestar sólo pueden obtenerse a partir de una relación armónica con la naturaleza. La juventud es parte del nuevo paradigma y hay dos cosas que ya no discuten: la igualdad de género y el ambiente.
En el documental se les pregunta a varios científicos qué es lo que harían si pudieran tomar decisiones. Al momento del rodaje, Federovisky aún no era viceministro; hoy reflexiona: “Al llegar a un cargo público, uno no debe deslumbrarse por todo lo que cree que va a poder transformar ni frustrarse por aquello que no es posible. Hay que fijarse metas que no vulneren lo que uno pensaba antes de ser funcionario. Yo sigo creyendo las mismas cosas que antes: sigo cuestionando la minería a cielo abierto, que Argentina no tenga una matriz de generación de combustibles que no dependa de los fósiles o que se sostenga un modelo de monocultivo cuando existen otras posibilidades”.
Con frecuencia los temas ambientales parecen quedar relegados como cuestiones de largo plazo. Sin embargo, la vida cotidiana de muchas personas ya se alteró a causa del cambio climático: Punto de no retorno recoge el testimonio de Eulogia Tapia, habitante de La Poma (Salta), quien asegura sufrir más calor, más viento y cambios considerables en sus animales. “En una plataforma de proyección de datos científicos sobre cambio climático descubrimos que en esa zona la temperatura máxima media diaria va a subir entre 5 y 8 °C de acá a diez años. Las temperaturas máximas van a ser de 43, 45 o 47 °C. La vida en esas condiciones es inviable”, sostiene Federovisky.
En el horizonte aparece la idea del suicidio colectivo, una caída indefectible hacia el abismo. “Una vez un amigo psicoanalista comparaba la cuestión ambiental con la pulsión de muerte que el psicoanálisis describe a escala individual: el ser humano hace cosas que sabe que lo dañan pero no puede dejar de hacerlas. El politólogo Brian Berry decía que la gran paradoja de la cuestión ambiental es que todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, pero no aparece el sujeto político que lo haga. La responsabilidad del Estado es estar un paso por delante, observar esa pulsión social de muerte y frenarla”.

- Otro de los puntos que se abordan es la disputa entre el bien común y el interés particular de grupos como el sector agropecuario argentino, beneficiado a corto plazo por el aumento de las lluvias. ¿Cómo impactan esos comportamientos egoístas?
- Impactan de manera muy negativa. Ahí es donde creo que vale lo colectivo. Yo soy ateo, pero en Laudato si’ el Papa dice que el bien común no puede quedar supeditado al interés particular del mercado, y el clima es un bien común. Lo que tenemos que entender –y con esto me refiero a los gobiernos– es que la obligación ética de los Estados es proteger el bien común, entonces si alguien se ve beneficiado por alguna circunstancia que perjudica ese bien común, no es un beneficio sino simplemente angurria.

- ¿Cuáles son las políticas públicas que se trabajan actualmente?
- El gobierno argentino puso en agenda la cuestión ambiental con la creación de un ministerio y el compromiso del presidente Alberto Fernández en el escenario internacional. Hubo un fortalecimiento inédito del sistema nacional de manejo del fuego y un avance monumental respecto de la gestión anterior: multiplicamos por siete el presupuesto y generamos un fondo específico para el tratamiento de estas cuestiones. El tema de los residuos es muy importante: en Argentina hay 5 mil basurales a cielo abierto. En tan sólo un año invertimos 100 millones de dólares de un préstamo que el gobierno anterior había subejecutado de manera colosal, y estamos construyendo soluciones concretas para los residuos sólidos urbanos con un compromiso inédito del Estado nacional a través del Ministerio.
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Denuncian venta ilegal y ocupación de lotes en una isla santafesina

Fecha de Publicación: 03/06/2021
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe


Está ubicada frente a Granadero Baigorria. La Comisión Intersectorial “Isla de los Mástiles” señaló “la ocupación irregular” y el “loteo de privados” sobre tierras fiscales de la provincia.
Las agrupaciones ambientales que integran la Comisión Intersectorial “Isla de los Mástiles” denunciaron este martes la ocupación y venta irregular de lotes en terrenos ubicados del otro lado del río Paraná, pero que pertenecen a la provincia de Santa Fe.
La privatización de tierras, que en realidad son terrenos fiscales cedidos para su uso y control a los municipios de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, alertó a las organizaciones ecologistas que además señalan a ese espacio del humedal como uno de los más afectados por los incendios intencionales y el desmonte.
“La Isla de los Mástiles es un caso testigo del daño que sufre el conjunto del humedal. Reúne todos los desastres: los incendios masivos del año pasado (de hecho científicos de la UNR realizan estudios del impacto del ecocidio en ese punto), la caza furtiva, el sobrepastoreo, la realización de fiestas electrónicas”, enúmero Jorge Bártoli, de la ONG Paraná no se toca.
El ambientalista sumó a esos factores “la utilización de maquinaria para el movimiento del suelo, como tractores o palas mecánicas, el desmonte, la ocupación de suelos irregulares, la basura por doquier; todo lo que no hay que hacer se hace ahí por la falta de controles”.
Bártoli aclaró que a diferencia de buena parte del humedal frente al Gran Rosario, esa isla pertenece a la provincia de Santa Fe y no a Entre Ríos. “Son tierras fiscales propiedad de todos los santafesinos”, destacó.
Sobre las construcciones en la isla, Bártoli dijo que desconocen quiénes son los propietarios o empresarios a cargo y si eso tiene una vinculación con los incendios intencionales en la zona (daño al Delta del Paraná que continúa este año). “No lo sabemos pero hay un interes inmobiliario concreto”, aseguró.
“Además de las ocupaciones irregulares ya detectadas y a una persona que ofrece lotes, se agrega un incidente con los cientificos de la UNR que trabajan sobre el lugar: una persona se les acercó para advertirlos que estaban en territorio privado, cuando son tierras fiscales”, abundó.
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Pichiñán y Bowman insisten en pedir la zonificación minera

Fecha de Publicación: 03/06/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, y el presidente de la Comuna Rural de Telsen, Leonardo Bowman, señalaron que la Meseta del Chubut necesita de manera urgente un proyecto productivo que mejore las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Manifestaron que el proyecto de ley de zonificación minera tiene las características apropiadas para impulsar el desarrollo.
Pichiñán y Bowman, que pertenecen a partidos políticos distintos, coincidieron en afirmar que los pobladores de la zona aguardan el tratamiento de la zonificación minera por parte de la Legislatura, que ya trató y rechazó, hace pocas semanas, la Iniciativa Popular que buscaba prohibir la actividad en todo Chubut.  
«Nosotros como jefes comunales tenemos claramente una posición tomada. Es en función de una mayoría de los habitantes de cada comunidad que está apoyando, que necesita el desarrollo por distintos factores, laborales, demanda de servicios y demás», dijo Bowman en declaraciones a LU17 de Puerto Madryn.
«Cada vez que tenemos posibilidad y oportunidad de intervenir sobre el tema tratamos de empujar», dijo, al tiempo que se vio desde la Meseta «con bastante asombro las situaciones que se han dado últimamente, luego de la no aprobación de la Iniciativa Popular».

DEMOCRATICAMENTE
Se manifestó «sorprendido» en este sentido porque, manifestó, «en los reclamos se ha hablado de traición y demás, pero lo cierto es que el proyecto de Iniciativa Popular fue tratado democráticamente, como pretendemos nosotros que sea tratado el nuestro».
«Si existimos pocos habitantes en un gran territorio como es la Meseta es porque las condiciones de vida nuestras son desfavorables y la gente emigra, se establece en otros lugares», indicó en relación con la situación de la región.
«La verdad es feo cómo desde otros lugares, donde no conocen nuestra realidad, y quizá porque electoralmente no podemos definir una elección, terminamos sufriendo este destrato», agregó, acerca de la demora en el tratamiento del proyecto que prevé habilitar la actividad minera en los Departamentos de Telsen y Gastre.
La Meseta, insistió, es una región «que la verdad necesita la posibilidad de desarrollo, no solo de trabajo, también de infraestructura; que tiene una matriz productiva que está sufriendo hace décadas y necesita un motor de un desarrollo integral en el cual apoyarse».
«Creo que es momento de que la zonificación se entienda como un proyecto que permita las posibilidades de desarrollo de una región, donde se entienda que se están respetando las decisiones que ya se han tomado en otras regiones», finalizó.

EL LUGAR INDICADO
En tanto, Pichiñán, en declaraciones a la misma emisora radial, planteó que «el proyecto que mandó el Ejecutivo está en el lugar indicado, donde se tienen que discutir este tipo de leyes: la Legislatura tiene que abordar el tema con todos los sectores que puedan discutir cómo se debe hacer».
«Creo que es un gran momento para empezar a discutir este tema, en este tiempo tan complicado, tan difícil, no tan solo para el país sino para la provincia y los pueblos del interior», argumentó.
Consultado respecto a quienes se oponen a la minería y hablan de otras alternativas productivas para la Meseta, Pichiñan respondió: «Desde la Meseta proponemos esto. Se puede llegar a dar o no suceder. Pero queremos ver cuál es la alternativa».
«No tenemos a alguien que nos diga: este proyecto va a ser viable y para ustedes es muy beneficioso, que pueda dar mano de obra a toda la gente, que no va a haber desocupación, que la Meseta va a salir de ese letargo de tanto tiempo. No hay un proyecto que nos diga ‘esto es mejor que lo que estamos proponiendo’», finalizó.
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ALERTAN : que el proyecto de Ley Buenas Prácticas Agrícolas es ilegítimo, inconstitucional y es impulsado por grandes empresas de agronegocios

Fecha de Publicación: 03/06/2021
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos


La Fundación Cauce, Cultura Ambiental-Causa Ecologista advirtió a los senadores y diputados entrerrianos que el proyecto de ley “Buenas prácticas agrícolas”, pronto a tratarse en ambas cámaras es “ilegítimo” e “inconstitucional”. Según información aportada a DIARIOJUNIO, el mencionado proyecto "es lisa y llanamente una reedición, con otro nombre, de antiguos proyectos de leyes de fitosanitarios, ni más ni menos” y que, "el ampuloso nombre con el que se ha dado a conocer el Proyecto del Poder Ejecutivo ‘Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)’” surge por el impulso de las grandes empresas de agronegocios. “Empresas, como Bayer, Monsanto, ChemChina Syngenta, entre otras", afirman.
La organización ambientalista, elevó este lunes 31 de mayo notas a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en las que advierte que el proyecto de ley es “ilegítimo”, ya que “no demuestra ser fruto de un análisis profundo del tema”.
En su fundamentación, la organización detalló que la iniciativa legislativa no “tiene en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades, en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”.
“Este proyecto es lisa y llanamente una reedición, con otro nombre, de antiguos proyectos de leyes de fitosanitarios, ni más ni menos”, señaló Cauce.
Asimismo, denunció “la inconstitucionalidad de su contenido normativo, violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Acuerdo de Escazú, en nuestra Constitución Nacional, en nuestra Carta Magna provincial, y en abierta contradicción al programa constitucional establecido en la reforma del año 2008 y a los principios del derecho ambiental determinados en la ley general del ambiente 25.675”.
“Este proyecto, titulado ‘Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos’, impulsado por el Ministerio de la Producción de la Provincia, de sancionarse como ley, en vez de promover ‘la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria’ como se indica en su primer artículo, causará un grave perjuicio para la salud de la población, el ambiente y las economías regionales”, subrayó.
Para Cauce “el ampuloso nombre con el que se ha dado a conocer el Proyecto del Poder Ejecutivo ‘Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)’” surge por el impulso de las grandes empresas de agronegocios. “Empresas, como Bayer, Monsanto, ChemChina Syngenta, entre otras, que dominan el mercado de los transgénicos y los agroquímicos y que se han hecho millonarias vendiendo peligrosos productos que perjudican el ambiente, el suelo, los cursos de agua, los ecosistemas, dando lugar a desastres ecológicos”.
En la extensa nota, Cauce no ahorró críticas. “El Ministerio de la Producción, entendemos que, fuertemente influenciado por lobistas del agronegocio, pretende otorgarle una protección a los productores que hace uso y abuso de los agroquímicos que fumigan nuestros pueblos y nuestras escuelas rurales, las áreas naturales protegidas e incluso las granjas o espacios donde realmente se practica la agroecología”.
“La Provincia se regirá por la clase toxicológica que determina el SENASA, un organismo que, históricamente, ha autorizado productos, clasificándolos, sin ningún tipo de respaldo científico real, concreto, seguro, verdadero y a espaldas de la ciudadanía que no ha tenido en ningún tiempo participación en las decisiones. Esto, en clara infracción de las normas que indican la necesidad de aplicar las herramientas de la democracia ambiental cuando hay eventos, proyectos o actividades que podrían causar impactos ambientales o en la salud humana”, cuestionó.
En otro párrafo, Cauce consideró que “el Proyecto es tan regresivo que se da de bruces con las autonomías municipales garantizadas por la Constitución de Entre Ríos (art. 231 de nuestra Carta Magna local). Se pretende imponerles una norma inconstitucional e ilegítima -viciada desde su origen- al prescribir en su art. 8º “(…) debiendo los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno existentes en la Provincia adherir y adecuar sus normas a la presente”. Esto es una clara violación a acuerdos internacionales firmados por el Estado Argentino en las Conferencias mundiales de ambiente celebradas en Rio de Janeiro tanto en 1992 como en 2012”.
En cuanto a la agroecología, Cauce señaló que si el Poder Ejecutivo desea discutir sobre las “verdaderas buenas prácticas agrícolas” debe poner en discusión el proyecto de ley, cuyo expediente es el 23.372, que ya cuenta con media sanción del Senado sobre los sistemas de producción agroecológica.
“Estamos atravesando un momento histórico crucial donde la crisis ambiental, social, alimentaria y civilizatoria nos interpela respecto a observar nuestros modos de producir y consumir. No todo da lo mismo. ‘El modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agroquímicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente’. La sociedad en su conjunto aboga por el cuidado de la Casa Común”, resaltó Cauce en la nota enviada este lunes.
A modo de llamado, la organización dijo: “No podemos dejar que el pobre modelo agroindustrial y químico que claramente se impulsa y profundiza con este proyecto sea ley en nuestra Provincia. Debemos co-construir una política agraria a escala humana, agroecológica en la que prime la diversidad productiva y la sana alimentación de las personas, cuidando los ecosistemas”.
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