Especies marinas amenazadas en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 04/01/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Están en riesgo generalmente a causa de la sobrepesca, pero también por cambios en su hábitat
 Las acciones humanas tienen un impacto significativo sobre el ambiente. Según un informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes, según sus siglas en inglés) un 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% de los marinos fueron alterados por ellas. Son un millón las especies en peligro de extinción y los científicos del Ipbes esperan que este número aumente: la tasa global de especies extintas ya es de diez a cien veces mayor que el promedio en los últimos 10 millones de años.
Aunque puede parecer un problema lejano, la extinción de otras especies-que resulta en pérdida de biodiversidad- nos afecta a los humanos también. Ante una consulta de LA NACION Manuel Jaramillo, director Ejecutivo de Vida Silvestre, explicó: "Estamos frente a lo que se conoce como la sexta extinción masiva en la historia, pero a este ritmo la naturaleza no tiene forma de adaptarse y, con una menor base de biodiversidad, disminuyen los servicios ecosistémicos, peligra su salud y la nuestra".
Revertir esta tendencia resulta fundamental. Especialistas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) sostienen que para ello son necesarias acciones colectivas que incluyen: aumentar la conservación, la extensión y creación de las áreas protegidas e incrementar la sustentabilidad a la hora de producir y comerciar alimentos.

Especies amenazadas en el Mar Argentino y su clasificación en la lista roja de IUCN

Escalandrún (Carcharias taurus): en peligro crítico
Esta especie habita en varios continentes y está categorizada como vulnerable en el mundo. Sin embargo, la población que habita en el Mar Atlántico Sudoccidental se encuentra críticamente amenazada según la lista roja de la IUCN, ya que en los últimos 40 años desapareció el 90% de su población a causa de la sobrepesca, la contaminación y el deterioro de su hábitat. Este tiburón es conocido en la Argentina como escalandrún, pero en Uruguay le dicen "sarda" y en Brasil, "mangona".

Caballito de mar (Hippocampus patagonicus): vulnerable
Estos peces habitan las costas de Brasil, Uruguay y la Argentina. Sin embargo en solo dos regiones del Mar Argentino se encuentran poblaciones permanentes: Las Grutas y Mar del Plata. Según indican los expertos, este animal tiene una distribución irregular debido a su baja capacidad de desplazarse. Por lo tanto, es difícil que se conecten poblaciones entre regiones. Si bien esta especie se encuentra clasificada como vulnerable en la lista de IUCN, un trabajo del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia publicado en agosto de 2020 los clasifica como en peligro crítico de extinción en Argentina. Se estima que la población de hippocampus patagonicus disminuyó un 90% en los últimos 30 años en Río Negro y si bien se desconoce el estado de conservación de la especie en del mar bonaerense, se sabe que se enfrentan a las mismas amenazas: la sobrepesca y la pérdida de hábitat. Además, particularmente en Mar del Plata se identificó también la venta de caballitos de mar a turistas curiosos y a acuarios como un factor de peligro.

Delfín franciscana (Pontoporia blainvillei): vulnerable
En la Argentina se las puede encontrar las costas de Chubut, Río Negro y Buenos Aires, pero también habitan la costa uruguaya y algunas localidades de la brasilera. Las franciscanas habitan en aguas costeras poco profundas y la principal amenaza de esta especie es la alta tasa de captura accidental en redes de pesca, pero también la ingesta de plástico y el deterioro de su hábitat. Según estimaciones de los científicos se prevé que la población de esta especie disminuya al menos un 60% en los próximos 30 años. Por eso, si bien se encuentra clasificada como vulnerable en la lista de IUCN, un trabajo del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia realizado con los mismos criterios los clasifica como en peligro de extinción en el Mar Argentino.

Gatuzo (Mustelus schmitti): en peligro crítico
Este tiburón pequeño habita las costas de Brasil, Uruguay y la Argentina desde Río de Janeiro hasta el sur de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Sustenta una buena parte de las pesquerías deportivas, artesanales y comerciales de la costa bonaerense. A causa de la sobrepesca la población de gatuzos ha sufrido una reducción mayor al 80% en los últimos 30 años. Por eso, esta especie está clasificada como en peligro de extinción por la intensa presión pesquera en toda su área de distribución.
¿Qué es la lista roja? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), elabora una lista roja donde clasifica el estado de conservación de las especies. Es una herramienta de conservación que permite medir la salud de la biodiversidad en el mundo.
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Indagatorias por contaminación

Fecha de Publicación: 04/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe

El juez federal Bailaque citó a 26 directivos. La fiscalía reunión pruebas del vertido de residuos peligrosos sin tratamiento.
El juez federal Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo en una causa que los investiga por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” que el Código Penal reprime con penas de tres a diez años de prisión. Las audiencias se realizarán después de la feria judicial, a fines de abril y principios de mayo, y entre los convocados sobresalen varios empresarios del círculo rojo: el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín; uno de los directivos del grupo Clarín, Héctor Mario Aranda, que preside Artes Gráficas del Litoral (AGL), la planta impresora de conglomerado. Y el presidente del Centra Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López -con una potencia instalada de 280 megavatios-, construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri vendió a su amigo, Nicolás Caputo, radicado hoy en Estados Unidos.
Las 26 indagatorias fueron solicitadas por el fiscal federal Walter Rodríguez el 9 de diciembre último, pero Bailaque las ordenó según los tiempos y la agenda del Juzgado, así que recién se realizarán dentro de tres meses. Rodríguez investiga los focos de contaminación del Parque Industrial de Sauce Viejo desde 2016. El hecho es conocido en los barrios de los alrededores, sobre todo por los malos olores, pero es la primera vez -en años- que el Ministerio Público avanza en una investigación que considera a los vecinos –según la doctrina ambiental- personas vulnerables que no pueden ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano.
La primera denuncia fue por el derrame de productos químicos que se volcaban al río Coronda, sin tratamiento previo. El fiscal comenzó a producir pruebas. Solicitó la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que extrajo muestras de un desagüe a cielo abierto al norte del Parque que vuelca en el río Coronda. En abril de 2017, el resultado reveló la presencia de níquel, plomo y cromo en concentraciones muy superiores a las permitidas por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Otra sorpresa: los análisis demostraron también la presencia de bacterias eschericichia coli, que la ley también considera residuos peligrosos.
En setiembre de 2017, el fiscal Rodríguez realizó una inspección en el Parque Industrial y luego solicitó un allanamiento que se realizó hace un año. En el procedimiento, participó no sólo el equipo de Delitos Ambientales de la Policía Federal, sino también grupos de científicos del Conicet y de tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral, que trabajaron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2019. Rodríguez invitó a los investigados a presenciar el acto y designar profesionales de su confianza para controlar la prueba.
El 9 de diciembre, ya con los resultados de los estudios en la causa, el fiscal solicitó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial, que deberán comparecer ante el juez Bailaque desde fines de abril hasta principios de mayo.
*Frigorífico Goggi: Gastón Delconte y Diego Goggi.
*Veneto SA: Sergio Carballo y Víctor Rozycki.
*Leiner Argentina SA: Javier Martín (presidente de la Unión Industrial de Santa Fe), Horacio Planiscig y Gabriel Racca.
*Espro SA: Leonardo Raimondi Martin.
*Sánchez y Sánchez SRL (procesadora de pollos): Cristóbal, Eduardo y Raúl Sánchez, Pablo Cameroni, Francisco Strubia y Ricardo Boneto.
*Vinagres Halconero: Julián, Gustavo y Gabriela Carrivale y Rubén y Sebastián Caporizzo.
*Artes Gráficas del Litoral (planta impresora del grupo Clarín y el diario El Litoral): Héctor Mario Aranda, Andrés Fiasconaro y su gerente industrial: Luis Enrique Carrara.
*Central Puerto SA (que opera la central Brigadier López): Osvaldo Arturo Reca, Lucía Franco y Pamela Ulloa Henríquez.
*Curtipiel SRL: Roberto Altuna.
Los hechos que se investigan se encuadran en el artículo 55 de la ley 24.051, esto es la contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública del agua y del ambiente mediante la utilización de residuos peligrosos. La norma reprime con las mismas penas del artículo 200 del Código Penal (tres a diez años de prisión) a quienes utilizando los residuos a que se refiere la ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
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En varios allanamientos incautaron una gran cantidad de fauna silvestre

Fecha de Publicación: 04/01/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santiago del Estero


Los efectivos secuestraron 500 loros y cerca de 100 aves cantoras, 150 tortugas, ranas verdes y sapos escuerzos.
Después de un arduo trabajo de inteligencia en varios puntos de la provincia ejecutado por personal de la Dirección General de Bosques y Fauna del Ministerio de Producción, en conjunto con la Policía Federal, llevaron a cabo un procedimiento con varios allanamientos donde se incautó una gran cantidad de fauna silvestre.
El procedimiento de efectuó en un domicilio de la ciudad de La Banda, en donde los animales silvestres estaban por ser comercializados, incumpliendo la ley provincial de Protección de la Fauna Silvestre 4802, ley 14346 de maltrato animal y el artículo 205 y 206 del código penal.
Como resultado del procedimiento se incautaron: 500 loros y cerca de 100 aves cantoras, 150 tortugas, ranas verdes y sapos escuerzos, los cuales fueron secuestrados, radicando la denuncia correspondiente en la justicia provincial y labrándose las actas de constatación e infracción.
Recordando que estas especies, estaban por ser comercializadas en otras provincias, donde su valor se ve incrementado notablemente.
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Cambio climático: Ambiente oficializó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional

Fecha de Publicación: 02/01/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El documento fue presentado esta tarde de manera oficial ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que encabeza Juan Cabandié, publicó hoy el documento de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional, donde se establece el aporte que realizará para lograr los objetivos del Acuerdo de París. La publicación se realizó en el portal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés).
De esta manera, el país cierra el año con la presentación a nivel internacional de un nuevo compromiso, más ambicioso, en la lucha frente al cambio climático. Este documento es el resultado de un trabajo intra e interinstitucional desarrollado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley n.° 25720 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. El mismo establece que Argentina no excederá las 359 MtCO2eq al año 2030 —lo que representa limitar las emisiones de estos gases a un nivel 26 % inferior a lo comprometido en 2016, en la anterior contribución—. De este modo, la Argentina buscará avanzar en la acción climática desde un enfoque integrado, articulando acciones de mitigación, adaptación y promoción de diálogos para la provisión de medios de implementación.
A través de esta Segunda Contribución, se refuerza además el compromiso de aumentar las capacidades de adaptación de las comunidades a las consecuencias negativas del cambio climático, en particular de las más vulnerables. Todo esto con vistas a contribuir al desarrollo sostenible, construir una sociedad más equitativa, justa, solidaria y lograr una respuesta al cambio climático adecuada y compatible con los objetivos del Acuerdo de París.
Cabe recordar que el documento presentado oficializó lo anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 12 de diciembre, durante su participación en la Cumbre de Acción Climática.
Además, el anuncio incluyó la elaboración de la estrategia de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050, y el trabajo en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, durante el 2021.
En este mismo sentido, para el próximo año se propone generar un diálogo amplio, a nivel nacional, que permita consolidar el plan mencionado como un instrumento para internalizar la visión 2030, y transformarla en una hoja de ruta con acciones concretas para el logro de los objetivos. Este desafío implica un trabajo interinstitucional e interjurisdiccional con los diferentes actores nacionales y subnacionales que será llevado adelante por la cartera ambiental nacional.
Para poder acceder a más información y al documento cliquear aquí.
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Encontraron caracoles africanos gigantes en Argentina peligrosos para las personas

Fecha de Publicación: 02/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Misiones


Fueron hallados en Misiones. También implican un riesgo para el ecosistema nativo y la agricultura.
Un ciudadano de la ciudad de Eldorado, en Misiones, encontró en el km 9 de la calle San Luis un caracol gigante de origen africano. Profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitieron una alerta tras detectar la presencia de más ejemplares de esa especie invasora.
El Achatina fúlica es considerado como una de las 100 plagas agrícolas más perjudiciales del mundo por su capacidad de reproducción. Puede ocasionar daños sobre la agricultura y la fauna de caracoles nativos, además de ser portador de distintas enfermedades. Su baba constituye una amenaza para las personas, por lo que se recomienda no tocarlos.
De acuerdo con los especialistas, la primera aparición de este caracol africano ocurrió en la misma provincia, en Puerto Iguazú, en diciembre de 2010. Hubo otro caso en 2013 en Corrientes. Años más tarde, en 2019, se reportó su presencia en el municipio misionero de Wanda. Tanto en Misiones como en Corrientes están los principales focos de la plaga del país.
"Desde el punto de vista del medio ambiente también son muy nocivos porque debido a su velocidad de reproducción y su falta de predadores naturales pueden constituirse en una plaga en muy poco tiempo. Y como tienen un crecimiento muy rápido y comen cualquier cosa pueden constituirse en un peligro para los cultivos”, explicó Emilio Rey, del Senasa.
Tras la útima denuncia, los técnicos del organismo capturaron 15 ejemplares de este molusco terrestre con el objetivo de prevenir su dispersión, según informaron en el sitio oficial del Estado Nacional.
Además recorrieron el área bajo sospecha, encuestando a los habitantes e informando acerca de la plaga y los peligros potenciales que representa. Entregaron folletería con información técnica y recomendaciones a tener en cuenta.
Las actividades de monitoreo continúan en la zona y los especialistas del organismo sanitario ejecutarán un plan para contener la plaga, entre otras acciones oficiales. Este tipo de actividades implementadas por el Senasa tienen como objetivo salvaguardar la sanidad vegetal, resguardar la salud pública y proteger al ambiente de esta especie.
En caso de avistamiento de un caracol relativamente grande, se debe realizar la denuncia a los siguientes números: 0800-999-2386 o 03751-422331. También se puede enviar un correo a eldorado@senasa.gob.ar.
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Detectan más de 7800 hectáreas de desmonte en la provincia, durante la pandemia

Fecha de Publicación: 02/01/2021
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La actividad de fiscalización forestal fue declarada, en el marco de la pandemia, como una actividad esencial en la Provincia del Chaco por lo que prácticamente no tuvo interrupción.
La Dirección de Bosques, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la Provincia del Chaco, dio a conocer los resultados obtenidos durante la gestión del año 2020. El informe fue elaborado en base a varios ejes como Fiscalización Forestal, Producción Forestal y Gestión del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación del Bosque Nativo (FNECBN).
 
Fiscalización Forestal
La Dirección de Bosques, como autoridad administrativa de aplicación de la Ley Nº 2079-R (Régimen de Sanciones para la actividad Forestal), trabajó de manera coordinada con otros organismos para cumplir la función específica establecida en el marco normativo mencionado. Para ello, actúo con otros organismos de control: Policía del Chaco, Gendarmería Nacional y Policía Federal, Justicia de Paz, Fiscalía de Estado, etc.
Durante el 2020, más allá de la situación de pandemia generada por el COVID, la actividad de fiscalización forestal fue declarada como una actividad esencial en la Provincia del Chaco, por lo que prácticamente no tuvo interrupción. La pandemia solo tuvo injerencia en que, desde mediados del mes de marzo, a mediados del mes de agosto, suspendió los plazos administrativos, lo cual generó un atraso en la gestión de los expedientes de infracción, a los efectos de la correcta implementación del código de procedimiento administrativo.
Los tipos de procedimientos que se llevaron a cabo fueron de control de tránsito de productos forestales, y procedimientos de fiscalización forestal en predios rurales.
 
Se detectaron más de 7800 hectáreas de desmonte
El Departamento de Geo-Información de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, genero unos 475 Informes de Cambios en la Cobertura Boscosa. En dichos informes, se detectaron: 7857 hectáreas de desmonte sin permiso, 1583 hectáreas de Silvopastoriles sin permiso, 154 hectáreas de limpieza de especies invasoras sin permiso, 227 hectáreas de deslinde sin permiso, 7952 hectáreas de quema bosque nativo, y 3418 hectáreas de aprovechamiento forestal sin permiso.
Dichos informes, más las distintas actuaciones en predios o en rutas generadas, tanto por inspectores de la institución, como por agentes de los demás organismos mencionados, produjeron alrededor de 850 expedientes de Infracción al régimen forestal, los cuales son tramitados por el Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección de Bosques.
Cabe mencionar, de manera especial que, hasta la fecha, la Dirección de Bosques, por aplicación del Artículo 15 de la Ley Nº 1762-R, lleva aplicado en concepto resarcimiento con trabajos de Forestación, reforestación enriquecimiento o restauración de áreas afecta por infracciones, unas 8000 hectáreas.
Cabe mencionar, que la recaudación en concepto de Multas, sin tomar en cuenta la recaudación del mes de diciembre del 2020, aumento un 35%, por lo cual se espera, que una vez que se tenga el dato de la recaudación de diciembre, el incremento comparado con el año anterior, sea entre 45 y 50%.
 
Producción Forestal
La  producción forestal del periodo enero-noviembre del 2020, comparada con el mismo periodo del año 2019, y con un promedio de la producción forestal del periodo 2010-2018.
Se evidenció que el 2020 fue un año difícil para el sector forestal, que, si bien fue similar al año 2019, comparándolo con la media de producción del periodo 2010-2018, hay una disminución significativa, observada principalmente en la producción de Muebles y Aberturas, Tanino y Carbón Vegetal.
En cuanto al Sistema de Emisión de Guias Forestales por la Dirección de Bosques, durante el 2020, comparado con el año anterior.
cuanto a la cantidad de planes cargados al sistema de emisión de guías, se evidencia una disminución del 27% en el total, respecto al año 2019. La disminución es más significativa en los Planes de Cambio de Uso de Suelo, debido a los procesos judiciales que se están llevando a cabo contra la Provincia del Chaco; los Planes de Deslinde Perimetral y Transversal también tuvieron una disminución significativa, al igual que los Silvopastoriles y los Aprovechamientos Forestales. La causa principal en estos tres tipos de permiso, es la falta de emisión de constancias de en predios fiscales, lo que produjo que no se puedan aprobar permisos en los mismos.
Gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación del Bosque Nativo (FNECBN)
Durante el año 2020, mediante el Decreto 303/2020, el Gobernador de la Provincia del Chaco determino al Ministerio de Producción, Industria y Empleo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y las Direcciones que dependen de esta, como Autoridad Local de Aplicación (ALA) de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Una de las herramientas que determina la Ley 26.331, es el FNECBN, el cual financia con el 30% a los efectos de fortalecer las ALAs provinciales, y el 70% para financiar planes de manejo y conservación del bosque nativo. Estos planes son otorgados por la Dirección de Bosques.
Con la nueva gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), a través de la Dirección Nacional de Bosques, la provincia logro el financiamiento de$50.756.112,00.
De dicho monto, $11.955.592 se transfirió a los efectos del Fortalecimiento Institucional de la ALA, correspondiente a la operatoria 2019 del FNECBN.
De los $38.800.520 restantes, $10.904.139 se transfirió para financiar Planes de la Operatoria 2018 del FNECBN, y el resto, 27.896.381, para financiar planes de la Operatoria 2019 del fondo.
Con estos fondos, no solo es beneficiada la Provincia al poder fortalecer la autoridad de aplicación de la Ley 26.331, y así mejorar la fiscalización forestal, sino también que se beneficiaran unos 208 Planes de Manejo, Conservación y Restauración de Bosques Nativos.
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Acumar finalizó la primera etapa de limpieza de arroyos en la Cuenca del Río Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 31/12/2020
Fuente: Ministerio de Obras Públicas
Provincia/Región: Riachuelo


Desde agosto, los equipos trabajaron en más de 58.000 metros de arroyos, para mejorar la situación de las vecinas y vecinos de los barrios.
El Ministerio de Obras Públicas, junto a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, concluyó los trabajos de la primera etapa de limpieza y desobstrucción de arroyos de la cuenca.
Los trabajos se llevaron a cabo en los municipios de Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas De Zamora, Merlo y Marcos Paz, con el objetivo de mejorar la situación de todos los habitantes de los barrios de la Cuenca Media, que sufren las consecuencias de las inundaciones.
En este sentido, las tareas, que comenzaron en agosto, estuvieron a cargo de los equipos de Acumar junto a trabajadores y trabajadoras de distintas cooperativas, y ya se intervinieron 54 tramos de arroyos subsidiarios del río Matanza Riachuelo y canales de drenaje pluvial, lo que significa un total de 58.300 metros.
Los trabajos consistieron en la desobstrucción, acondicionamiento, limpieza y perfilado de taludes de los arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica para retirar el exceso de vegetación y residuos que fueron enviados a predios de la CEAMSE.
Para el próximo año el objetivo es trabajar junto a los municipios y la provincia de Buenos Aires en una segunda etapa, que incluya el mantenimiento de los sitios ya intervenidos.
Todos los trabajos se realizan bajo el Protocolo de Seguridad e Higiene, impulsado desde el Ministerio con el objetivo de cuidar a los trabajadores y trabajadoras de la obra pública.
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Buscan promover la producción de los biocombustibles en la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 31/12/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires

Un proyecto de Ley del senador Andrés De Leo pide declarar de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles. También crea un Consejo Consultivo Asesor.
La iniciativa del legislador de Juntos por el Cambio busca promover e impulsar la producción sustentable de biocombustibles, elaborar un plan de acción para reemplazar los combustibles fósiles, y fomentar la investigación científica en el tema.
Para ello, el proyecto prevé que el Estado bonaerense incentive la inversión desarrollando acciones que propicien el marco para la inversión en producción y consumo de biocombustibles; con líneas de crédito especialmente diseñadas para la producción y consumo de biocombustible en el territorio provincial; con beneficios impositivos; y diseñando e implementando un plan de migración en el consumo de combustible de los vehículos oficiales, al igual que las empresas del Estado y las empresas de transporte.
Finalmente busca crear un Consejo Consultivo Asesor para la producción y el consumo de biocombustibles, que funcionará como instrumento de asesoramiento para el desarrollo de políticas de estado que impulsen y promuevan la producción y consumo de biocombustibles.
“El objetivo central del presente proyecto de Ley es generar políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento, en cuanto a producción y consumo, de biocombustibles en la provincia, que contribuya al crecimiento económico. Propiciando la innovación tecnológica, la competitividad del sector en nuestra provincia, la generación de empleo, y la diversificación de la matriz energética”, dijo De Leo respecto a su proyecto.
En nuestro país producen biocombustible treinta y cinco (35) empresas. El sesenta y nueve por ciento (69%) de ellas son PyMEs, que concentran el veintidós por ciento (22%) del total de la capacidad de producción. De esas PyMEs que producen biocombustibles, diez (10) están radicadas en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, Junín y Bahía Blanca.
“El desarrollo de la industria de biocombustibles necesita de un marco propicio que impulse su desarrollo”, dijo De Leo.
Y agregó para finalizar: “en la apertura de sesiones legislativas ordinarias del corriente año el Gobernador de la Provincia señaló su intención de convertir a la provincia de Buenos Aires en una provincia petrolera. En ese sentido, consideramos oportuno el debate y estudio de medidas que desde esta Legislatura pueden generarse para cumplir con ese objetivo, siendo la industria del biocombustible, parte de la industria petrolera”
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La generación de los diques tiene la mayor caída de los últimos 4 años

Fecha de Publicación: 31/12/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Lo que aportan los embalses este año es un 54% inferior a lo producido durante el mismo período del 2019.
Un informe elaborado por la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) muestra que durante los diez primeros meses de este año la generación hidráulica de los diques cayó un 54% con respecto al año pasado en el mismo período. Y que es, además, la menor cantidad producida por los embalses en los últimos 4 años, contando a partir del 2017. La situación es producto de la grave crisis hídrica por la que atraviesa la provincia, que ya viene de arrastre, y que está lejos se solucionarse.
 Cabe señalar que con menos generación es menor el aporte de la provincia al Sistema Interconectado Nacional, que se traduce en menos recursos que ingresan, aunque no hay una estimación oficial de los montos.
Miguel Gil Pugliese, gerente de Ingeniería y Operaciones de la EPSE, dio un panorama de la actual situación. En el caso del dique Los Caracoles, apenas si ha generado unos 20 días durante el 2020, entre los meses de agosto y septiembre, mientras que el año pasado las generación fue casi normal hasta el 28 de diciembre del 2019.
Según el funcionario, lo que pasó el año pasado y se está repitiendo ahora, es que viene demorado el deshielo y por ende el aporte a los ríos. Y por eso la alta demanda para el riego de esta época se cubre con lo que aporta Caracoles, que se que ha quedado sin agua suficiente para mover las turbinas.
En el caso de los diques Punta Negra y la llamada La Olla, funcionan en forma paralela, porque el agua que sale del primero también sirve para generar en La Olla. Ambas centrales están generando.
El otro embalse que queda es Ullum, que está generando y también desembalsando agua para el riego de los cultivos y para abastecimiento humano. En el caso de este dique, Gil Pugliese explicó que, por una cuestión de seguridad, hay que mantenerlo en una cota determinada, no demasiado baja, porque en el caso de una crecida y si ingresara mucho material de arrastre correrían peligro las tomas para agua potable de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
También el funcionario advirtió que en el 2021 la central de Ullum dejará de funcionar durante casi todo el año porque será sometida a un proceso de reacondicionamiento y modernización, después de 31 años desde que se puso en marcha. Es porque la turbina generadora de la central hidroeléctrica ha envejecido y los expertos aseguran que sus componentes han llegado al final de su vida útil. Está en marcha una licitación internacional para asegurar que la central siga generando por 30 años más.
Según el informe de la EPSE, también hay otras dos plantas que generan energía hidráulica. Se trata de las microcentrales Salto de La Loma, en Jáchal, y San Guillermo, en Barreal, departamento Calingasta.
También la central de Cuesta del Viento está generando energía, según consta en el informe.
Según una nota publicada pocos días atrás, se consignaba que a raíz de la crisis hídrica que atraviesa la provincia, se sigue consumiendo más agua de la que ingresa por el río, y sólo en noviembre las reservas de los diques sanjuaninos han bajado 20%. De continuar con ese ritmo de consumo el agua almacenada alcanzará sólo para cuatro meses más, hasta marzo. Ante ese escenario la expectativa es que el río San Juan traiga más agua en los meses de más calor, y que ayude a paliar la situación, pero eso no está sucediendo.
Lo que está sucediendo es que desde hace años que se viene consumiendo más agua de la que ingresa a los diques y eso impacta en el nivel de reservas de los embalses que tiene la provincia.

También hay baja en el orden nacional
De acuerdo a un informe elaborado por la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa), durante octubre la generación eléctrica de Argentina alcanzó los 10.695 GWh, superando en casi un 1% los niveles que se habían alcanzado en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, la generación hidráulica tuvo en el décimo mes del año una fuerte caída del 18,8% interanual, ya que aportó casi 500 GWh menos que el año pasado. Esta situación se debe a lo que sucede en los ríos tanto del Litoral como de la zona del Comahue, también afectados por la crisis hídrica. El informe consigna que los aportes siguen siendo menores a los caudales históricos y a igual período anterior.
En el caso del complejo El Chocón (foto) está 7 metros por debajo de su nivel máximo. Este emprendimiento está ubicado sobre el río Limay, en la zona patagónica.
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Innovadora sanción por participar de un desmonte en Salta

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


La resolución de la Justicia constituye un precedente novedoso que involucra la restauración del predio afectado a su estado previo y el financiamiento de material de concientización sobre esta problemática.
A partir de una sentencia inédita que constituye el primer antecedente de este tipo en el país, dos productores rurales del sur de la provincia de Salta deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña local de concientización para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, según lo resuelto por el juez federal de Garantías Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas en el marco de la causa iniciada por una denuncia de la Administración de Parques Nacionales (APN) en diciembre de 2019, tras detectar un cargamento de quebracho que era extraído desde la Reserva Nacional Pizarro.
En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek, y la acusación se enmarcó en la figura de “encubrimiento por ánimo de lucro”. Aunque no provocaron el daño de la tala de manera directa, la Fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores rurales en la cadena de logística necesaria para el traslado de los ejemplares extraídos ilegalmente de la Reserva Nacional.
De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la Reserva Nacional Pizarro. En el mismo se encuentra la Comunidad wichí Eben Ezer, que cuenta con un acuerdo con la APN para habitar un área determinada y desarrollar allí proyectos comunitarios sostenibles.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN, Natalia Cardozo, indicó: “Es la primera vez que resolvemos de esta manera un litigio de estas características, incluyendo material de concientización para cumplir con la Ley General del Ambiente y la restauración del predio afectado a su estado inicial, antes de producirse el daño. Por eso se trata de un precedente novedoso”.
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En el interior, las minas de oro son ajenas

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chubut

Algo huele mal en la provincia de Chubut: el panorama económico y social es desolador. Y el país federal, el verdadero, bien haría en atenderlo.
"Chubut está blindada mediáticamente, sobre todo respecto de la megaminería y la lucha por el agua en que estamos empeñados, fijese que el único río grande que nos queda está en peligro de contaminación por la ambición de unos pocos", informan colegas que piden anonimato. "No pasa semana sin que existan movilizaciones, amenazas y actos de violencia, porque hay muy fuertes intereses oprimiendo a la población y encima a los empleados públicos activos y jubilados se les adeudan dos meses de sueldo y el medio aguinaldo de junio, y ahora se suma un tercer mes y el medio aguinaldo de diciembre. Es desesperante y el país ni se entera".
Sobran denuncias, además, de procedimientos policiales contra dirigentes y militantes opositores al intento de validar la megaminería que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. "Frente a lo cual estamos muy solos, luchando contra mineras poderosas y un gobierno provincial cada vez más autoritario".
Claro que lo que pasa en Chubut no es diferente de lo que sucede en otras provincias. Si sólo tres o cuatro décadas atrás el folklore tradicional andino hablaba de la belleza de los paisajes, el aire puro y las aguas cristalinas, hoy todo eso ya no existe. En Catamarca todo está contaminado por Aguas de Dionisio, la megaempresa que a través de Glencore (la misma que es socia de la mina Bajo la Alumbrera a través de Agua Rica, y es también socia principal de Renova, empresa que a su vez participa de Vicentin, y es una de las principales exportadoras de aceite de soja del mundo) explota esa megamina extractora de oro y cobre que, según economistas y geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán -–que fue la que descubrió el yacimiento–- nadie sabe cuánto ganan porque sacan sus extracciones por declaración jurada, con lo que nunca se sabe cuánto extraen ni cuánto exportan realmente.
Pero sí se sabe lo que declaran las 10 minas que extraen oro de territorio argentino por comercio exterior, según el Informe del Indec de los Complejos Exportadores: unas 62 toneladas de oro puro por año. O sea, 62.000 kilos de oro. Y entre ellas está también Veladero, en la provinia de San Juan, megaempresa canadiense-australiano-china que está considerada una de las 10 minas de oro más grandes del mundo.
Nadie sabe verdaderamente cuánto extraen ni cuánto venden. Todas son explotadas por empresas extranjeras, aunque en algunos casos participan gobiernos provinciales. Gracias a la reforma constitucional de 1994, que les dio el manejo del subsuelo a las provincias, hacen lo que quieren. No controlan nada, aceptan las declaraciones juradas de lo que se dice vender, no hay fiscalización ni se controla la contaminación. Así, en el caso de Catamarca se ha dicho que hay 39 familias hiperpoderosas. Muy ricas, pero en una provincia cada vez más pobre.
Si hubiera voluntad política, debería revisarse la parafernalia de normas y decretos que son funcionales a estas realidades. Empezando por no permitir que se declaren las exportaciones por declaración jurada, sino con verdadero y exhaustivo control de Aduanas.
En la provincia de San Juan está Veladero, otra de las 10 minas más grandes del mundo y cuyos dueños son la canadiense Barrick Gold Corp y la china Shandong Gold en partes iguales. Y también quisieron hacer Megaminería en Famatina, pero el pueblo de La Rioja no lo permitió. El consumo de agua en Andalgalá, que tiene 15 mil habitantes, es de un millón y medio de litros de agua por día. Además esta actividad produce destrucción irreversible de los ecosistemas; contaminación de las fuentes de agua, peligrosidad de los insumos y efluentes, afectación de flora, fauna, habitat, paisaje, pérdida de biodiversidad, degradación de condiciones socioambientales minimas para la vida en general. Fue la ley de minería de Menem la que sacó al Estado Nacional del control del subsuelo. Y entregó esas riqueza a la débil capacidad de negociación de provincias empobrecidas y con dirigencias fácilmente corrompibles.
La provincia de Chubut está en este momento expuesta a presiones similares, si bien su caso es más paradójico porque en los años 80, y hasta 1996, se dio allí lo que se conoció como "Epopeya Antinuclear de Gastre”, surgida de un proyecto de la CNEA que impulsaba la instalación de un basurero nuclear en Gastre, pequeña localidad de la meseta central chubutense. La idea era enterrar allí los residuos radiactivos de las dos plantas de energía nuclear que entonces tenía la Argentina (la cordobesa Embalse y la bonaerense Atucha), asunto que se discutió arduamente. Hasta que el incalificable gobierno de Carlos Menem se propuso importar además basura nuclear de centrales atómicas europeas, desechos hipercontaminados que cruzarían el Atlántico y se depositarían en el corazón de la Patagonia.
La reacción popular fue tan extraordinariamente masiva que terminó frenando aquella delirante idea, y a partir de entonces se fortaleció la conciencia ambientalista de los chubutenses. Que debieron librar otra lucha en 2002, cuando en el oriente provincial la comunidad de Esquel frenó con gran determinación la explotación de oro y plata en zona montañosa, como pretendía la Minera el Desquite (de la multinacional canadiense Meridian Gold). Aunque llevaban ya tres años de exploraciones, vecinos y académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia se concientizaron frente a la aviesa información de la empresa y el gobierno provincial. Multitudinarias asambleas vecinales se pronunciaron por unanimidad por el NO A LA MINA. Y así en Chubut se promulgó la ley 5001, en 2003, que prohibió toda actividad minera metalífera a cielo abierto, así como la utilización de cianuro.
Pero como el diablo siempre mete la cola, como se dice, a partir de 2016 cuando el macrismo habilitó el endeudamiento de las provincias con acreedores extranjeros, el entonces gobernador Mario Das Neves emitió un bono por 650 millones de dólares para "ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública". Lo cual no sucedió, y desde 2018 y en la medida en que se agravaba la crisis salarial y social el nuevo y actual gobernador, Mariano Arcioni, otrora defensor de la Ley 5001, cambió su postura. Y el 20 de noviembre pasado presentó en la Legislatura Provincial un proyecto de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero”, que bajo el pretexto de "re-zonificación" permitirá "excepciones" a la prohibición de esa ley. Por supuesto, en beneficio de la explotación en la meseta chubutense, donde es vox populi que ya está operando la transnacional Panamerican Silver, que extrae plata, plomo y cobre a cielo abierto.
Desde mesas sindicales chubutenses, y gremios docentes, se reclama ya, razonablemente, "frenar el pago de la deuda externa tomada por el gobierno de Das Neves en 2016, y realizar una auditoría, porque no se sabe adónde fue el dinero".
Alguna vez el Congreso Nacional deberá sancionar una ley de absoluta prohibición de la Megaminería, el Fracking y las actividades que derrochan agua y además contaminan. Es de esperar que con toda urgencia.

Por Mempo Giardinelli
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Nadie sabe cuándo se acabará con el mayor basural de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 30/12/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Buenos Aires

Desde que tenía 10 años, Pablo Zárate no conoce otra cosa que el basural de Luján, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Allí trabaja todos los días, entra a las 7 de la mañana y sale sobre las 6 de la tarde, once horas de esfuerzo que le reportan unos beneficios de unos 3.000 pesos diarios, unos 36 dólares estadounidenses, algo más de 29 euros.
Basta con echar un vistazo a su alrededor para comprobar que no es un lugar idóneo para pasar tanto tiempo. Mientras habla a cámara, decenas de pájaros sobrevuelan montañas de hasta 25 metros de todo tipo de basuras, con olores insoportables y vapores que son sumamente nocivos para la salud.Pero eso no inquieta a Pablo: él tiene que trabajar allí porque, si no, se moriría de hambre.
“Si quieren que se cierre, vamos todos a la ruina, qué le vamos a hacer. ¿Dónde vamos a laburar nosotros?”, se pregunta este recolector informal en una conversación con EFEverde.
Trabajadores como Pablo Zárate encarnan por sí mismos una realidad que lleva décadas sin solución, la del mayor vertedero a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires que, a pesar de ser sumamente peligroso para el bienestar de los vecinos, constituye el único sustento para las más de 150 personas que viven de recoger sus residuos.

Doce hectáreas de basura
Los orígenes de este enorme complejo no están del todo claros. Nadie es capaz de explicar cómo ni por qué hace 50 años un predio baldío, situado a unos ocho kilómetros al norte de Luján, comenzó a acumular más y más basura, hasta sembrar de cartones, plásticos y metales un terreno de doce hectáreas perteneciente al ayuntamiento local.
El 95 % de toda esa superficie está sepultado bajo los desechos, amontonados unos encima de otros hasta donde alcanza la vista y que no hacen más que aumentar: según el director del vertedero, Pedro Vargas, cada día entran 120 toneladas de nuevos residuos al recinto.
“120 toneladas diarias por cada 50 años, hay que sacar la cuenta”, comenta Vargas a EFEverde, agregando que al comienzo de su gestión este año se topó con un basural “prendido en fuego, literalmente, y repleto de residuos por todos lados, donde el tratamiento óptimo que se le tiene que dar a los residuos no funcionaba”.
De hecho, si algo caracteriza al basural de Luján son sus frecuentes incendios, y es que sobre el suelo del vertedero no sólo yacen desperdicios cotidianos, sino también otros elementos inflamables y algunos materiales, como el cobre, que resultan particularmente atractivos a ojos de los recolectores informales.
Así, la mezcla del fuerte calor y el viento, por un lado, y las quemas provocadas por algunos de los trabajadores para recoger metales, por otro, han terminado por provocar múltiples incendios en los últimos años, algunos de hasta dos semanas de duración.

Humaredas infernales para los vecinos
Son precisamente esos incendios los que más afectan a los vecinos del bloque de los Santos, una agrupación barrial de la periferia norte de Luján, en donde cada vez más personas acuden a la sanidad pública por problemas de salud relacionados con el basural.
Con este drama convive todos los días Sergio Almada, presidente de la Asociación de Fomento del Barrio de San Pedro, una de las más beligerantes en las protestas contra el lugar, para quien actividades tan cotidianas como tender la ropa o cocinar al aire libre se han convertido en un imposible por el humo del vertedero.
“Tengo a mi hijo asmático y a dos nietas enfermas bronquiales crónicas. El humo que produce el basural, y más en los últimos años, es muy contaminante y muy perjudicial para la salud”, cuenta Almada a EFEverde por teléfono.
La nueva Dirección de Gestión Ambiental municipal es consciente de esta realidad y ha tratado de buscar el “ordenamiento más óptimo” de este espacio, dividiendo los desechos en tres categorías (domiciliarios, de volquetes y de poda) para reducir el riesgo de incendio.
“Eso lo que genera es que vos puedas tener a los trabajadores informales en una playa de disposición trabajando, que es la de residuo domiciliario, y que si se prenden fuego las ramas o partes de los volquetes no agarre el residuo, para que no genere esa humareda infernal que nos complicó de salud a todos los barrios periféricos del basural”, señala Pedro Vargas.

Tres generaciones de recolectores
La lista de problemas ambientales y sanitarios que acarrea el basural es interminable, entonces, ¿por qué no cerrarlo definitivamente? La respuesta es sencilla: cientos de trabajadores informales dependen de recoger sus residuos y no tienen ningún tipo de alternativa. Clausurar el vertedero implicaría condenarlos a una pobreza aún más extrema.
“Que se cierre el basural afectaría de manera directa, porque históricamente es su fuente de trabajo y de comida. Dejarían de poder llevar el pan de todos los días a sus hogares (…). Acá hay tres generaciones de familias”, relata el director del vertedero, que cifra en unas 170 las personas que actualmente acuden cada día a recolectar basura.
En ese sentido, los vecinos exigieron durante muchísimo tiempo el cierre del basural, pero ahora son conscientes de que esa opción, en un país con más de un 40 % de pobres y una crisis económica agravada por la pandemia, es simplemente inviable.
“En estos últimos cuatro años se multiplicó la cantidad de gente del basural por la desocupación que hubo, y ahora por la pandemia también, porque la gente se quedó sin laburo y han ido a buscar sustento allí”, reconoce el vecino Sergio Almada, añadiendo que él mismo en el pasado tuvo que acudir al vertedero para ganarse la vida.
Para aliviar en algo esta situación, el ayuntamiento adquirió máquinas propias -antes eran alquiladas- e instaló varios baños con duchas para los recolectores, obligados durante décadas a hacer sus necesidades en medio de los desechos.

¿Un saneamiento posible?
En cualquier caso, unos y otros admiten que el vertedero más grande de la provincia de Buenos Aires no puede seguir tal y como está: su existencia resulta incompatible con el cuidado del medioambiente y de la salud de los habitantes de Luján.
Por ello, desde el ayuntamiento han trazado un plan de “reconversión” y “saneamiento” del recinto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para convertirlo en una “planta de tratamiento, donde los trabajadores informales pasen a tener mejores condiciones y sigan trabajando de lo que tanto les dio de comer históricamente”.
“Nosotros no podemos pensar un basural, una reconversión o un saneamiento sin los trabajadores informales, sí o sí tenemos que pensar de manera integral la solución (…). Vamos a tratar de cambiar el paradigma del residuo acá en la ciudad de Luján”, subraya con confianza Pedro Vargas.
Sergio Almada se muestra más escéptico al respecto. En su opinión, el único modo de poner fin a 50 años de malas prácticas y abandono sería mantener temporalmente clausurado el basural, limpiarlo a conciencia y reorganizarlo, algo inconcebible para las familias que dependen económicamente de él.
“Nos ha llevado cinco años tratar de buscar un principio de solución y no se ha conseguido, todavía estamos muy verdes y más con la pandemia. La urgencia es poner la planta de reciclado y la separación en origen”, zanja el residente lujanense.
Lo único claro tras medio siglo de amontonamiento de toda clase de residuos es que todavía hoy, en pleno 2020, nadie sabe cuándo se pondrá fin al basural de Luján.
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Una denuncia reactiva las sospechas ambientales en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 29/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas dijo que recopiló información desde 2014 para hacer la presentación judicial que originó un allanamiento en la empresa que debía sanear el basurero petrolero de Neuquén.
El jueves pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales recibió una denuncia penal en contra de Comarsa. La presentación, que se hizo vía mail, acusaba por contaminación a la empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Así, una vez más, la mirada se volcó hacia lo que algunos llaman “el lado B de Vaca Muerta”.
“Residuos petroleros ultra contaminados, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos en “plantas de tratamiento” que no funcionan o sólo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no sólo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo —contraviniendo las regulaciones ambientales—, sino que, además, funcionan en terrenos fiscales”, afirma la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).
No apuntaron únicamente contra Comarsa, sino también hacia las empresas petroleras generadoras, entre ellas YPF, Chevron, Shell y Exxon, por el principio “de la cuna a la tumba”. “También son responsables por los residuos que producen, independientemente si después fueron trasladados para su tratamiento”, señaló uno de los integrantes de la organización, Rafael Colombo.
Además, en la presentación se señala la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, por no fiscalizar a las compañías que se dedican al tratamiento de tales residuos peligrosos. “Las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Comarsa disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en 5 mil millones de pesos”, sostiene la exposición.
En la denuncia acusan a los tres actores – la empresa de tratamiento, las firmas petroleras productoras de residuos y funcionarios públicos- por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita. Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
Tras hacerse de la extensa exposición, que según informaron desde la AAAA consta de 160 carillas, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid ordenó el lunes pasado que se allanara la planta ubicada en la capital neuquina y la sede que Comarsa tiene en Añelo. El Ministerio Público Fiscal comunicó que, durante las diligencias, se secuestró diferente documentación que puede servir a la causa. Sin embargo, no dieron mayores precisiones.
Anteriormente a los allanamientos, el funcionario judicial solicitó informes sobre el funcionamiento de la compañía a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. Desde la cartera indicaron que contestaron a los requerimientos del fiscal jefe de inmediato, el viernes pasado, tan sólo un día después de que se presentara la exposición penal en la Justicia.
Según afirmaron fuentes del área, quienes no pidieron información al organismo fueron los integrantes de la AAAA. “No conocemos a los abogados, pero sabemos que no son de Neuquén”, remarcaron y agregaron que “nunca” se presentaron a solicitar los expedientes. Desde la cartera indicaron que no tuvieron acceso a la denuncia penal y que se hicieron eco de la noticia a través de los medios.
Respecto a la denuncia en contra de la gestión del gobierno provincial, se mostraron muy seguros, pues señalaron que han hecho las fiscalizaciones correspondientes. “Hemos exigido estudios de sondeo verticales, que se hacen al nivel del subsuelo para ver si el hidrocarburo se está infiltrando. Ellos dan cuenta de que no hay infiltración. Está funcionando perfectamente”, recalcaron.
La presentación penal de la AAAA desempolvó la denuncia por contaminación contra la empresa Treater presentada en diciembre de 2018 y archivada en 2019. En ese entonces, la fiscalía solicitó que se analizaran las muestras de la planta de tratamiento.
Los resultados arrojaron valores normales, por debajo de los límites establecidos por la Ley, por lo que el caso no prosperó, ya que según explicó Breide Obeid en su momento, no había delito contra la afectación de la salud. Sin embargo, hace 10 días atrás se realizó una audiencia en la que la jueza Ana Malvido dispuso que se active la investigación y se desarchive la causa.
En mayo de este año, además, el mismo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avivó las dudas respecto a la contaminación que producen los yacimientos no convencionales. "Es inconcebible lo que está pasando en Vaca Muerta", aseveró durante una exposición que brindó a mediados de mayo en la comisión de Ambiente del Senado.
Aunque sostuvo que una inspección de su cartera había revelado que eran "alarmantes" los residuos que deja la actividad hidrocarburífera, con los que las empresas se manejaban con “total impunidad”, Breide Obeid desmintió que el funcionario haya presentado una denuncia formal en la Justicia.
Tras los dichos del ministro, la Subsecretaría de Ambiente elevó los informes sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos a la cartera nacional. Además, invitaron al equipo de Cabandié a recorrer las instalaciones de las firmas: “Los pasamos a buscar y los llevamos hasta la planta. Ellos mismos redactaron las actas de la inspección, donde asentaron que no había irregularidades”.
Siete meses después, la contaminación en Vaca Muerta vuelve a reflotar tras una extensa denuncia que presentaron abogados ambientalistas. Queda esperar a la investigación que ya inició la fiscalía de Delitos Ambientales. Los denunciantes analizan constituirse como querellantes para contribuir con las averiguaciones.

Denuncian una “asociación ilícita” entre el estado y las empresas
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsó una denuncia de 160 carillas que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satélites, junto con más documentación. El integrante de la organización Rafael Colombo remarcó que brindaron pruebas suficientes para develar las “fraudulentas maniobras” detrás de un “negocio millonario” que gira entorno a las compañías de tratamientos de residuos peligrosos, las empresas productoras de petróleo y el Estado neuquino.
La presentación judicial indica que existe una “comunidad ilícita” entre los tres actores, a quienes les compete responsabilidades penales.
El abogado ambientalista sostuvo que detrás de la denuncia hay un exhaustivo trabajo de investigación que se inició en 2014. Como antecedente, recoge el informe “20 mitos y realidades del fracking”, un trabajo realizado por Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, el Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale. “Es una publicación que recoge testimonios de ingenieros, abogados, sociólogos, con aportes de las organizaciones de la sociedad civiles y de multisectoriales que deriva, entre otras acciones, en la presentación de esta denuncia”, señaló Colombo.
El letrado recalcó que la presentación tiene tanto “sustento”, que el mismo fiscal autorizó dos allanamientos contra Comarsa 48 horas hábiles después.
Aunque desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguraron que la AAAA “nunca” solicitó los expedientes, Colombo afirmó: “Ya los tenemos. Los hemos acompañado en la causa, junto a las ordenanzas municipales, decretos del gobernador y resoluciones. Todo lo que a nuestro modo deber revela el montaje de una ingeniaría legal en favor de Comarsa, para que actúe en condiciones de absoluta impunidad e ilegalidad”.
“Pedimos que se investigue a los funcionarios que avalan a una empresa que dice que está tratando los residuos, pero en realidad los está acumulado indiscriminadamente, sin bioseguridad e impermeabilización, con efectos dañosos en el aire, la tierra, el agua y la salud”, enfatizó el abogado ambientalista.

La Subsecretaría de Ambiente aseguró que Comarsa siempre fue monitoreada
Desde la Subsecretaría de Ambiente se desprendieron de la responsabilidad que les fue adjudicada en la denuncia presentada por la AAAA. Aseguraron que Comarsa ha sido monitoreada desde que se asentó en la localidad en 2008, cuando comenzó con el tratamiento de aceites usados.
Indicaron que en cada fiscalización la empresa no presentó inconveniente, hasta el avance de las urbanizaciones en 2015. En abril de ese año la Subsecretaría suspendió a la compañía por el mal funcionamiento del horno de desorción hasta mayo, cuando acreditaron mejorías.
Luego, en noviembre se dictó el Decreto 2263/15 que regula toda la actividad. En la norma se establece que las plantas de tratamiento y disposición final deben ubicarse a 8 kilómetros de las urbanizaciones.
Según un informe enviado por la Subsecretaría, tras el decreto, Comarsa solicitó tierras fiscales en Añelo y comenzó a tramitar la habilitación para una nueva planta de tratamiento de residuos especiales en el Ecoparque de la ciudad.
En agosto de 2016 la firma inició un plan de cierre y abandono de la planta, tras las demandas de los vecinos que vivían a pocos metros de la sede en Neuquén. “Vimos que no estaba cumpliendo con los plazos en el cronograma. Pidieron prórrogas, no se las dimos y los llenamos de infracciones”, afirmaron desde el área.
“Los expedientes hablan por sí solos. No podemos vulnerarlos y podemos dar cuenta de todas nuestras actuaciones. La puerta está abierta para todo el mundo, le dimos toda la información al fiscal”, aseguraron fuentes del organismo y remarcaron: “La función del organismo como autoridad de aplicación la podemos dar acabadamente”.
Por otro lado, desde la Subsecretaría señalaron que las plantas de tratamientos de residuos peligrosos son necesarias para el desarrollo de la industria hidrocarburífera. “Como el tratamiento siempre es tercerizado, hay que incentivar las inversiones con un esquema jurídico claro, como lo es el decreto, y después, como en cualquier actividad, se otorgan tierras fiscales”, explicaron.

Datos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
-La Planta de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén está ubicada a 25 metros de viviendas, a sólo 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad.
-Allí hay acopiados 330.000 metros cúbicos de recortes de perforación. Equivale a 594.000 toneladas y 33 manzanas urbanas de 1 metro de altura.
-En Añelo la planta de tratamiento alberga 71.500 metros cúbicos de materiales contaminantes, lo que equivale a 128.700 toneladas.
-Las dos plantas de Comarsa tienen una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos peligrosos.
-Acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico, equivalente a 722.700 toneladas o 500 piletas olímpicas.
-La denuncia es por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita.
-Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
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Protección de los bosques: proponen penas duras para frenar los incendios intencionales

Fecha de Publicación: 29/12/2020
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Nacional

Ante un año signado por las llamas descontroladas, y considerando que, de acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un alto porcentaje de los incendios forestales es producido “por intervenciones humanas”, la diputada nacional Fernanda Vallejo, del Frente de Todos, presentó un proyecto de Ley en pos de establecer una modificación al Código Penal, para crear un régimen sancionatorio que tienda a evitar la destrucción o degradación de bosques nativos, ya que, según se considera, las multas actuales no resultaron suficientes para proteger los ecosistemas.
La regla está prevista para que alcance, con penas de entre dos y diez años, a quien, sin autorización e intencionalmente, ocasione “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”, “queme a cielo abierto productos o subproductos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques”, “realice la actividad de quema o de toda labor de eliminación de la vegetación mediante el uso del fuego”, o cause “incendio, explosión, liberación de patógenos, tóxicos o energía, inundación, derrumbe, emisión de radiaciones o cualquier otra situación capaz de producir estrago”.
Más allá de las condenas previstas en los casos citados, el proyecto establece que, si las acciones descriptas encierran un peligro para la vida, “el máximo de pena será de doce años”, y, en caso de que se “produjera la muerte de una o más personas”, la condena máxima “será veinticinco años de prisión”.
Se considera un agravante “la reincidencia en los delitos de naturaleza ambiental”, como también que el fuego se haya cometido “para obtener ventaja pecuniaria”, “coaccionando a otros para la ejecución material del delito”, “afectando o exponiendo al peligro, de manera grave, a la salud pública”, “alcanzando áreas urbanas o cualquier asentamiento humano o a una superficie de considerable importancia”, “por la noche”, “en épocas de sequía o inundaciones”, “mediante fraude o abuso de confianza”, con “abuso de derecho de licencia, permiso o autorización ambiental”, o “con la colaboración de un funcionario público en ejercicio de sus funciones”. A esto se le suma cuando “del hecho resulta la disminución de aguas naturales, o graves efectos erosivos en el suelo, o la modificación del régimen climático”, o se afectaran “bienes que sean de propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas campesinas o de pequeños productores”, se alteraran “significativamente las condiciones de la vida animal o vegetal” o “algún espacio natural protegido, reservas, parques, áreas protegidas nacionales o provinciales o de alto valor de conservación”.
En las circunstancias mencionadas, “la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”.
Lo mismo, de acuerdo al proyecto, sucederá cuando los delitos fueran cometidos por funcionarios o empleados públicos, caso en que, además, se impondrá “la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”.
Para el funcionario que, contra la normativa vigente, habilitara o autorizara “la tala, desmonte, degradación o destrucción de bosques nativos”, más allá de la inhabilitación para cargos públicos, se dispone prisión de entre seis meses y cuatro años.
Cuando la falta sea de una persona jurídica, las sanciones serán: multa, cancelación de la personería jurídica, suspensión total o parcial de actividades, clausura total o parcial de establecimiento, publicación total o parcial de la sentencia, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido, suspensión del uso de patentes y marcas, pérdidas o suspensión de beneficios estatales, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales, suspensión en los registros estatales.
En lo referido a las multas, “cuando no pudiera determinarse el valor de la ventaja económica obtenida por la acción sancionada”, los montos serán “entre diez y treinta mil Salarios Mínimos Vitales y Móviles por cada hectárea de bosque nativo en la cual se hubiere producido el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción”.
Se advierte que, si el valor referido pudiera determinarse, “la multa podrá aumentarse”, siendo el máximo “el valor correspondiente al doble de la ventaja económica obtenida por la acción sancionada”.
También se aclara que podrán actuar como querellantes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (o el organismo que en el futuro lo reemplazara) y las asociaciones o fundaciones cuyo objeto estatutario se vincule con la defensa del medioambiente.
El proyecto de la diputada Fernanda Vallejo culmina con una cita del Papa Francisco, que, en su Carta Encíclica Laudato (“Cuidado de la Casa Común”), dice: “Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental”.
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Gran participación en capacitación sobre Especies Exóticas Invasoras

Fecha de Publicación: 29/12/2020
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy


El Ministerio de Ambiente de Jujuy llevó adelante las Jornadas virtuales de Capacitación sobre Especies Exóticas Invasoras, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Administración de Parques Nacionales (APN).
Reunión del Ministerio de Ambiente de la provincia con el INTA Yuto, Parques Nacionales, la coordinadora NOA del Ministerio de Ambiente de Nación, Fundacion ProYungas, y la empresa Ledesma
Presidieron la apertura de las Jornadas, la ministra de Ambiente de la provincia, María Inés Zigarán, y la Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Florencia Gómez. Acompañaron, por la provincia, la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Verónica Sato; y el Director de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Daniel Zenón. Por parte de Nación, el Director de Biodiversidad, Guillermo Alejandro Priotto; y la Coordinadora del Proyecto Nacional para el abordaje de las Especies Exóticas Invasoras, Inés Kasulín.
La actividad se desarrolló a través de 3 módulos mediante una plataforma virtual, y el primer día contó con las exposiciones magistrales del Licenciado Flavio Moschione, el Malacólogo Diego Gutiérrez y la Licenciada Carla Nowak, quienes realizaron una introducción y expusieron generalidades sobre las Especies Exóticas Invasoras.
Por otro lado, en el segundo módulo se abordó la temática de las Especies Exóticas Invasoras que están presentes en nuestra provincia; expusieron el Doctor en Biología Segio Zalba, el Licenciado César Bracamonte, la Ingeniera Agrónoma Tania Witanowsky y el Doctor Carlos Ripoll.
Finalmente, el tercer módulo tuvo la presencia de la Doctora en Derecho Viviana Figueroa, la Doctora Rosana Seressi y la Doctora Andrea Olmos, quienes abordaron el marco normativo en la gestión de las Especies Exóticas Invasoras.
Asistieron a las Jornadas alrededor de 50 personas por módulo, entre estudiantes, docentes, investigadores y profesionales del campo de la Agronomía, la Biología, las Ciencias Naturales, el Derecho, y profesiones afines.

Acerca de las Especies Exóticas Invasoras
Las especies exóticas invasoras (EEI) son plantas, animales o microorganismos que habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, consiguen establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos causando impactos severos sobre la diversidad biológica, la cultura, la economía y la salud pública.
No todas las especies introducidas se vuelven invasoras. Sin embargo, el impacto de las que consiguen invadir es con frecuencia muy significativo y varía en función de la especie y del hábitat. Las actuales tendencias de globalización del comercio internacional y las consecuencias del cambio climático permiten prever que el problema de las invasiones biológicas aumente en gravedad en el futuro cercano.

Estrategia Nacional sobre EEI
El proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF) es coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
Entre sus objetivos se encuentran: desarrollar un marco fortalecido de gobernanza a lo largo del país que permita la protección efectiva de la biodiversidad contra los impactos de las EEI, potenciar los beneficios socioeconómicos, actuales y futuros, derivados de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y promover la generación de políticas públicas para minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre la biodiversidad, la cultura, la economía y la salud, entre otros.
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