Restringen por seis meses la distancia de aplicación de agroquímicos en Tandil

Fecha de Publicación: 23/10/2020
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Buenos Aires

La restricción es de 2000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres.Es una medida favorable para los vecinos que demandaron a productores agrícolas por prácticas perjudiciales para la salud y el ambiente.
Ayer se dio a conocer el dictamen que el juez el Francisco Augusto Blanc del Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, con asiento en esta ciudad, resolvió este 19 de octubre. Se trata de una medida cautelar que da lugar por seis meses al pedido que ejercieron desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable en una denuncia asentada en diciembre de 2019.
Allí, realizaron una demanda judicial a productores agrícolas del partido de Tandil, cuyas prácticas perjudicarían la salud de los habitantes y del ambiente.
Luego de desestimar la presentación y que los agrupados ampliaran la denuncia, el magistrado se expidió favorablemente por un lapso de tiempo determinado "teniendo en consideración los resultados aportados por el estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (con repercusión mediática en El Eco de Tandil el 18 de junio), así como la trascendencia periodística que han generado algunos de los hechos denunciados encontrándose reunidos los presupuestos de las medidas cautelares, en función de las facultades otorgadas por los artículos 240, 1710 y 1713 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y art. 32 Ley 25.675".
Así, como primera medida dispuso recordar que se encuentra prohibida la fumigación aérea con agroquímicos a una distancia menor a 2.000 metros de centros poblados, por lo que "cautelarmente y por el plazo de seis meses y hasta tanto en la etapa pertinente de este proceso de acerque prueba adecuada para resolver en definitiva" resolvió varias cuestiones relacionadas a la aplicación de agroquímicos.
Si bien no es exactamente lo que los vecinos piden, Silvia Gómez, una de las voceras del grupo, la celebró y señaló que es "mucho más protectora de lo que está vigente". La misma precisó que la nueva medida tiene que ver con que cambió la persona que asesora al Juez.

La resolución
En primera instancia, como se mencionó arriba, puso en conocimiento que se encuentra prohibida la fumigación aérea con agroquímicos a una distancia menor a 2.000 metros de centros poblados, lugares habitados, establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios, campo de bombeo o batería de pozos y cursos de agua.
Asimismo, dictó suspender "toda actividad de fumigación terrestre con agroquímicos" en el partido de Tandil a una distancia menor a 500 metros de lugares habitados y todos los enumerados en el párrafo anterior.
Respecto del tránsito de maquinaria de fumigaciones por zona urbana, tanto de vehículos autopropulsados (mosquitos) como de tanques cisternas arrastrados por otros vehículos, quedó atado a lo dispuesto en el artículo 34 decreto 499/91, que indica que los equipos no podrán circular por centros poblados salvo en casos de extrema necesidad, aunque sí conseguirán hacerlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
Además, para esto se considera lo expresado en el artículo 5 de la Ordenanza Municipal 12316 que prohíbe el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico, de uso agropecuario y/o forestal y de cualquier otro elemento usado en aplicaciones agrícolas y/o urbanas; así como también se restringe la limpieza de todo equipo utilizado para fumigar y el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas, en ausencia de picos pulverizadores y perfectamente limpias.

Conformar una mesa de diálogo
En un último punto, Blanc instó al Municipio a que en el plazo de 60 días corridos conforme una mesa de diálogo intersectorial para la aplicación, manipulación, traslado y disposición racional y responsable de agroquímicos, incluyendo su acopio y puntos de venta, ponderando tanto la protección del medio ambiente y la salud de los habitantes como el desarrollo de la actividad.
Esto, ligado a que el Honorable Concejo Deliberante local proponga "en el plazo máximo de 270 días pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia".-
Finalmente, sin perjuicio del llamado abierto que pudiera hacerse, expresó que deberán citarse a dicha mesa "al menos" al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Consejo Escolar, a las Facultades de Agronomía, de Ciencias Exactas, de Ciencias de la Salud y de Ciencias Veterinarias de la Unicen, Asociaciones de Productores Rurales, vendedores de insumos, aplicadores terrestres, profesionales y entidades gremiales.
La resolución fue comunicada a distintas instituciones y organismos públicos, entre ellos la Municipalidad de Tandil, para que efectúen el contralor de las medidas adoptadas y dispongan las necesidades que se consideren.
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Argentina y Uruguay firman acuerdo para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Río Uruguay

Fecha de Publicación: 23/10/2020
Fuente: Revista Mercado
Provincia/Región: Nacional

Autoridades de Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo bilateral con CAF -banco de desarrollo de América Latina- para poner en marcha el Proyecto Binacional “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay”, que será implementado en los territorios de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro en la orilla uruguaya, y en la provincia de Entre Ríos, en la Argentina.
El acuerdo contempla la implementación de medidas de adaptación al cambio climático basadas en la construcción de infraestructuras urbanas resilientes en terrenos seguros, y la resignificación de tierras inundables ocupadas previamente por asentamientos realojados para prevenir los efectos adversos de la variabilidad y cambio climático, como son el incremento de lluvias torrenciales que, de manera cada vez más frecuente, causan costosas inundaciones en las ciudades costeras del Río Uruguay. En paralelo, el acuerdo impulsará el intercambio de experiencias de mejores prácticas urbanas, ambientales, sociales y culturales.
Los fondos del proyecto provienen de una donación del Fondo de Adaptación, un mecanismo internacional creado según el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que financia proyectos y programas destinados a apoyar soluciones de resiliencia climática en países en desarrollo.
La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) será el ejecutor de las actividades nacionales del Proyecto en la República Oriental del Uruguay. CND es una persona pública no estatal cuya misión es ser un facilitador integral en el desarrollo de infraestructura de interés público; entre sus objetivos se encuentra actuar como administrador de fondos nacionales e internacionales.
La firma del convenio se celebró simultáneamente en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de Santiago Rojas como representante de CAF en Argentina, y en el Parque Nacional Estero de Farrapos, en el departamento de Río Negro, con la presencia de François Borit en su calidad de representante de CAF Uruguay, en el acto acompañaron y estuvieron presentes las altas autoridades de los ministerios de Ambiente de Argentina y Uruguay.
“El aumento de la temperatura del planeta es una realidad que particularmente afecta a las comunidades menos preparadas para enfrentarlo. Para contrarrestarlo, debemos redoblar esfuerzos para consolidar una agenda de respuesta contundente y pragmática que posibilite incrementar y acelerar la implementación de medidas de adaptación y resiliencia climática. Este acuerdo es una muestra significativa del compromiso de cooperación binacional entre Argentina y Uruguay para enfrentar el cambio climático, y de la articulación que posibilita catalizar recursos del Fondo de Adaptación a la región a través de CAF, agencia implementadora de dichos recursos”, dijo Julián Suárez Migliozzi, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF.
En el marco del encuentro, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, expresó: “El cambio climático ha modificado nuestra cotidianidad a partir de eventos climáticos cada vez más pronunciados, como las inundaciones o las sequías, como está ocurriendo en nuestro país. Tenemos un patrimonio natural enorme, eso es muy positivo, pero tenemos el desafío de preservarlo frente a estos efectos adversos. En este sentido, este proyecto binacional, que comprende al litoral del río Uruguay de ambos países, va a aportar a la resiliencia de las ciudades y ecosistemas costeros, con vistas a reducir la vulnerabilidad ante estos eventos, en especial ante inundaciones, y es además un impulso institucional para las políticas públicas elaboradas en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático”.
“Somos una región y un país particularmente vulnerables a los efectos adversos de la variabilidad y cambio climático. La adaptación no es tan solo una prioridad estratégica para Uruguay, es el único camino para alcanzar un desarrollo sostenible. Y para ello, la cooperación internacional es una herramienta clave. Pero más importante aún es la capacidad de articular acciones entre gobiernos así como entre los diferentes niveles de gobierno, que han permitido alcanzar la firma de estos acuerdos fundamentales para implementar medidas concretas que contribuirán a incrementar la resiliencia de nuestra gente, ciudades y ecosistemas con una perspectiva intra e intergeneracional y de derechos humanos, lo que representa uno de los principales objetivos de nuestra Política Nacional de Cambio Climático”, indicó Adrián Peña, ministro de Ambiente de Uruguay.
Entre las metas del proyecto se incluye también el fortalecimiento institucional de las políticas de cambio climático considerando escenarios de mediano y largo plazo, además de los planes públicos y programas de manejo de tierras para las ciudades y ecosistemas vulnerables.
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Provincia trabaja en su Código Ambiental

Fecha de Publicación: 23/10/2020
Fuente: El Libertador
Provincia/Región: Corrientes

Tendrá aportes de la Unne, de ONGs y de especialistas varios. Comprenderá normativas y reglamentaciones que hoy están sueltas. Apunta a la prevención de incendios, uso responsable del suelo y de recursos hídricos.
La Cámara de Diputados de la Provincia se encuentra estudiando -en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente- la confección de un renovado Código Ambiental, de cara a la agilización normativa en momentos de sequía e incendios a  lo largo del territorio correntino.
Los siniestros vinculados al fuego, la utilización del suelo con sustancias dañinas para el medio ambiente, por parte de firmas privadas y la escasez hídrica motivaron la aprobación de la Emergencia Agropecuaria, aunque continúan en el tintero una medida similar para el sector agrícola y los humedales.
"Los Códigos pretenden acumular todas las normas sueltas que hubieren para que podamos ser prácticos. Este Código Ambiental tiene 9 capítulos y hace énfasis en la Educación Ambiental, además de la prevención de incendios. Debemos trabajar en eso porque afecta al ser humano como tal y a todos los seres vivientes en general. De hecho, hasta llegan a haber especies enteras que llegan a desaparecer por el avance de los incendios. Se deben poner límites para saber hasta dónde podemos avanzar en el medio ambiente. Y esto es algo que todos los ciudadanos deben saber y, por ende, involucrarse", expresó en la víspera el diputado de la UCR, Manuel Aguirre, autor de la iniciativa, que está siendo debatida junto a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y Organizaciones No Gubernamentales.
El proyecto apunta a la responsabilidad ciudadana como elemento base en la cuestión. "Si la persona de a pie cumple su función, al igual que el Estado, esto podría evitarse de gran manera. Por eso pongo como obligación del ciudadano en participar en temas como los incendios, por poner solo un ejemplo".
Acerca del presupuesto que deberá ocupar el Estado, en combinación con el sector privado, el legislador puntualizó: "El Código trae prevenciones para que no sea solamente el Estado el que pague por los daños, sino que también algunas empresas deberán aportar. Pedimos un 1 por ciento de las ganancias de esas empresas para este fondo que irá para los daños y perjuicios provocados por los incendios y otros desastres naturales. Porque lo que pasa es que para todo vamos con el Estado, cuando no siempre tiene todas las respuestas".
La concientización escolar también forma parte de la propuesta parlamentaria. “No nos damos cuenta del daño que a veces provocamos. Si empezamos a concientizar acerca de esto en escuelas sería un paso enorme para el cuidado del medio ambiente. Y esto va a ser obligatorio desde este Código, porque lo que les enseñamos a los chicos siempre repercute en los mayores, que vivimos en nuestro mundo y metidos en nuestras cosas. Muchos de estos proyectos son semillas, que si las plantamos seguramente darán sus frutos”.
Este anteproyecto es  una iniciativa basada en el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece que los Recursos Naturales son de propiedad de cada provincia. Es la primera vez que se proyecta una norma general que proteja los recursos naturales, como los bosques, playas, ríos, arroyos, aire, flora y fauna estableciendo la participación ciudadana en su cuidado y protección.
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Denuncian que en el país se vierten 14 millones de toneladas al año de residuos peligrosos sin tratar

Fecha de Publicación: 22/10/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional

Cada año, en el país se generan más de 17 millones de residuos peligrosos y apenas el 21% recibe tratamiento. El resto, se dispone directamente en basurales, cursos de agua o se entierra, según denunciaron esta tarde las dos cámaras que agrupa a las empresas que se dedican a la industria de tratamiento y transporte de residuos industriales y patogénicos. Esto significa que casi 14 millones de toneladas de desechos peligrosos se desvían al circuito ilegal, sin ningún tipo de tratamiento. El dato no es menor en el contexto de pandemia, ya que los residuos pueden convertirse en un foco de transmisión. En 2019 se generaron en el país 60.000 tonelades de residuos patogénicos hospitalarios y se estima que este año lleguen a 80.000 a causa del impacto del Covid-19.
"Los datos sobre residuos peligrosos parecieran ser el secreto mejor guardado del país. Nadie sabe a ciencia cierta la magnitud del problema y es por ello decidimos comenzar a recopilar y analizar nuestra información para entender mejor la realidad sobre la que operamos. Hoy no está dimensionado el daño. Entonces, es como si no existiera. Lo más visible es el Riachuelo y las enfermedades que sufren quienes viven en la cuenca por la contaminación", Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries).
LA NACION consultó a los voceros del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié sobre estos números pero, hasta el momento, no obtuvo una respuesta.
 ¿Qué son los residuos peligrosos? Los desechos patogénicos son solo un tipo de ellos. La ley 24.051, sancionada en diciembre del 1991,establece que es todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Proviene de industrias, de la actividad petrolera y minera, de la agroindustria, de los centros de salud y del comercio, entre otras actividades.
"Tomando como base la cantidad de residuos que tratamos las cámaras, estimamos que anualmente se generan más de 17 millones toneladas. Esto equivale a más de 100.000 obeliscos. Y sólo el 21% contrata a operadores certificados. Este número es alarmante. Hay 14 millones de toneladas que quedan fuera del sistema legar. Van a parar a basurales a cielo abierto o terminan en ríos y arroyos. El problema es que la ley es obsoleta, no se aplica y no hay sanciones. La falta de tratamientos de residuos no puede ser una variable de costos", reclama el informe de las cámaras.
Los tratadores y transportistas aseguran que esta es la primera radiografía que se hace del estado de situación. Para llegar a estos números, entrecruzaron datos aportados por las empresas tratadoras del sector.

¿Cómo se llega a ese número?
El 30% de las empresas radicadas en el país son generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos señala el informe. Esto es, unas 182.817 compañías. Sin embargo, las que contratan tratamiento de residuos son apenas 39.232, es decir el 21%. Estas firmas tratan 3.771.000 toneladas de residuos anuales. Haciendo la proyección correspondiente se llega al número de 17.572.639 de toneladas anuales totales. Y de la diferencia, a los 13.801 millones de toneladas sin tratan.
"Son sólo 39.232 empresas generadoras las que entienden que el tratamiento de residuos es parte del costo de producción, no un adicional", dice Gustavo Solari, presidente de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
El informe señala: "Algunos de los interrogantes que nos dejan estos números es cómo hacen las 143.000 empresas que no tratan sus residuos industriales para disponerlos. ¿Cuál es el costo de la recomposición del daño ambiental generado por 14 millones de tonaladas anuales de residuos industriales que no se tratan? ¿Y el daño para la salud? ¿Es un problema de costos, de mala praxis o ambas?".
"Hay que concientizar sobre la importancia del tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Están tipificados así por un motivo y el daño que producen es una realidad", dice Solari. "Los números son alarmantes y es necesario empezar revertir la situación actual. Es preciso que todos los actores involucrados tomemos conciencia del desafío ambiental y del enorme daño que están generando al no tratar adecuadamente este tipo de residuos", agregó Kalinec.
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Liberan cardenales amarillos rescatados del tráfico ilegal

Fecha de Publicación: 22/10/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires

Especialistas en fauna del Gobierno bonaerense liberaron en dos localidades del sur bonaerense a 27 cardenales amarillos que habían sido rescatados del tráfico ilegal, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.
La cartera agraria provincial concretó esta reinserción de las aves en su hábitat en un operativo conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Fundación Temaikén, la Asociación Aves Argentinas, el Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la UBA, el INTA y el Aviario La Plata.
Los 27 ejemplares de cardenal amarillo habían sido rescatados del tráfico ilegal por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia y rehabilitados en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén (CRET), detalló el comunicado de la cartera provincial.
"Este trabajo articulado es muy importante para poder avanzar en la recuperación de nuestra fauna y poner en relevancia el daño que genera el tráfico ilegal, y la necesidad del compromiso de toda la comunidad para evitar estas prácticas", precisó el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una especie en peligro de extinción, tanto a nivel global como nacional, principalmente debido a la modificación de su hábitat y al tráfico de fauna, ya que su vistoso plumaje y canto melodioso lo convierten en una de las especies más buscadas para abastecer el comercio ilegal como ave de jaula.
Habita exclusivamente en Argentina, sur de Brasil y Uruguay.
Mónica Rodríguez, directora de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, explicó que "es necesario comprender que por cada animal de la fauna silvestre que llega a manos de un comprador, muchos otros mueren a causa de la crueldad con la que son capturados, a las malas condiciones de cautiverio en donde son retenidos por los acopiadores, y las inadecuadas formas de traslado que utilizan con el fin de evitar los controles de fiscalización".
"Para que el cardenal amarillo no se extinga necesitamos el compromiso de todos los ciudadanos cuidando el ecosistema, no comprando fauna silvestre ilegal y denunciando los ilícitos a los organismos correspondientes", detalló.
Una vez rescatadas, las aves son incluidas en un programa de rehabilitación que incluye rigurosos controles veterinarios y comportamentales, a la vez que se les realiza un análisis genético, para contribuir al éxito de su reinserción
A los individuos listos para liberar se les colocan radiotransmisores para poder monitorearlos, verificar su adaptación y supervivencia, y conocer más sobre esta especie.
El Gobierno bonaerense recordó que quienes quieran denunciar la caza, la tenencia o venta ilegal de fauna pueden comunicarse dflorayfauna@mda.gba.gob.ar y al teléfono 0221-429-5206. (Télam)
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Prevén redes de energía solar en 13 localidades de la Puna

Fecha de Publicación: 22/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

Así lo anunció el titular de REMSa, Alberto Castillo. Especialistas consideraron una buena iniciativa, aunque aclararon que para generar verdadero desarrollo EDESA debe extender el tendido eléctrico.
El titular de REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA), Alberto Castillo, anunció ayer que desde esa sociedad anónima con participación estatal mayoritaria están por lanzar una licitación para avanzar con micro redes híbridas en 13 localidades de la Puna salteña a las que aún no llegó el tendido eléctrico.
El proyecto consiste en el diseño, instalación y puesta en servicio de las 13 redes mediante sistemas de paneles solares, “todo esto puesto en servicio de generar grandes beneficios, el incremento de la eficiencia energética y la disminución del impacto ambiental”, dijo el funcionario.
Castillo explicó que la idea es llegar a aquellas poblaciones que no tienen energía eléctrica a través de la red interconectada nacional por estar aisladas y con poca población, “la única manera que tienen de acceder es a través de un grupo electrógeno a base de gasoil, que es energía contaminante y tenemos que aprovechar la radiación solar de nuestra provincia, que es uno de los 7 lugares en el mundo con mayor irradiación solar”.
A su vez, indicó que para avanzar con el proyecto realizaron reuniones con ESED (la subsidiaria de EDESA para abastecer de energía a zonas rurales dispersas), la Secretaría de Energía de la Provincia, el Ente Regulador de Servicios público (ENRESP) y REMSa. Allí se estudiaron los proyectos existentes, “su viabilidad y su ejecutividad, y hemos logrado avanzar con esas 13 localidades que por ahora no tienen posibilidad de que se conecten a ninguna red eléctrica”.
“Ni siquiera (podrían conectarse) a la planta fotovoltaica de Olacapato, que se está por inaugurar, porque los 200 megavatios que produce van al sistema interconectado de CAMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)”, añadió Castillo, haciendo mención al emprendimiento que se está realizando con capitales franceses en el departamento Los Andes, muy cerca del poblado de Olacapato y San Antonio de Los Cobres, que aún hoy se abastecen de energía no renovable con grupos electrógenos.
El funcionario señaló que con esos “pequeños parques, de acuerdo al consumo que tiene cada localidad" quieren "ver cómo podemos generar energías renovables en el rango que va de las 8 de la mañana a las 17” y por la tarde se volvería al sistema tradicional, de esa manera se abaratarían costos y se lograría suministrar energía eléctrica las 24 horas. Si bien el objetivo sería lograr pasar a una segunda etapa con baterías dispuestas para acumular la energía obtenida, “pero ahí la inversión ya es muy grande”.
Detalló además que los tres primeros estudios técnicos ya estaban presentados a través de una firma Española “y cumplían con todos los requerimientos” para avanzar en Olacapato, Cobres y Santa Rosa de los Pastos Grandes. Por lo que queda por determinar, contó el ex edil capitalino, si la licitación se realiza solo por la obra y luego se cede a la proveedora de energía eléctrica, EDESA, para su distribución y cobro, o se llama a concurso público a Pymes energéticas “que hagan la inversión y luego le vendan la energía a EDESA”.
Asimismo, informó que ya se está trabajando en los proyectos ejecutivos para las demás localidades, “la idea es que en estos tres años hagamos toda esa transformación”. “Eso generaría al mismo tiempo desarrollo para la zona y generaría más puestos de trabajo en las localidades”, subrayó. En ambos casos, y como sucede en otras provincias debido a que esta energía es más cara por la inversión realizada, el costo extra se distribuye entre todos los usuarios de una manera proporcional.
“San Antonio de los Cobres, por ejemplo, gasta más de dos millones de pesos al mes en gasoil, y en otras localidades como Los Toldos hay meses que hay que llevar el combustible en helicóptero”, contó.
Las localidades elegidas son San Antonio de los Cobres, Iruya, Islas de Cañas, La Poma, Los Toldos, Santa Victoria Oeste, Nazareno, Olacapato, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Tolar Grande, Amblayo y Cobres.
Alberto Castillo aseguró que hay pequeñas y medianas empresas nacionales que pueden hacer frente a obras de esa magnitud “y que ya están esperando los pliegos de licitación”.
En caso de no surgir interesados para realizar las obras, que demandan mucha inversión y no se recupera de manera inmediata, dijo que en REMSa están pensando en constituir fondos de infraestructura de obra o fideicomisos “con los cuales se pide a algún banco la financiación y después se lo va cobrando a través de la boleta de luz”. “Incluso puede determinarse que los fondos los pone el Estado si no hay financiación”, concluyó.

Bueno pero limitado
Consultado por Salta/12 sobre el verdadero alcance de los anuncios, el analista en energía de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gustavo Barbarán, consideró que es un buen paso para disminuir los costos energéticos en esas localidades y que puedan recibir electricidad las 24 horas.
Pero relativizó su potencial en cuanto a generar desarrollo local, e indicó que ese trabajo ya se venía realizando a través del PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), un programa dependiente de la Secretaría de Energía de Nación que brinda acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural del país que no tiene luz por estar alejada de las redes de distribución, y que en su tercera etapa preveía avanzar en poblados como los que mencionó REMSa.
Barbarán explicó que ese programa nacional ya tiene varios proyectos en cartera y “de hecho el año pasado ya cerró uno en Luracatao, que son como cinco o seis caseríos interconectados a una planta solar”.
En cuanto a la presentación de Castillo, el especialista aclaró que “no es un mega proyecto, el de Jujuy o el de Olacapato son mega proyectos, en este caso es cambiar la matriz de generación en localidades que ya tenían abastecimiento con grupos electrógenos”.
Subrayó que no se pueden medir estos emprendimientos respecto del impacto ambiental por ser una emisión residual en cuanto a las pocas horas que funcionan los generadores y el consumo que realizan, y porque “pensarlo así es poner el carro delante de los caballos cuando lo que hay que garantizar es el derecho al servicio eléctrico como todos los ciudadanos”.
Sí lo valoró por el costo que equivale para los municipios “y prestar el servicio las 24 horas si es a un precio accesible, aunque terminemos pagando todos la inversión de manera prorrateada que casi ni nos damos cuenta”.
Consideró valorable mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Puna, “pero no cambia la matriz energética de Salta ni generará desarrollo local, ya que para eso se necesitaría mayor inversión y que EDESA llegue con un verdadero tendido eléctrico a toda la región, algo que no quieren porque es muy costoso”.
Agregó que todos los Valles Calchaquíes también necesitarían avanzar en un mejor tendido para desarrollarse de una mejor manera, “cada vez que sopla viento se quedan sin energía”, indicó.
Barbarán explicó que estos pequeños emprendimientos, pueden abastecer de luz a cada una de las casas de esos pueblos, pero nunca darían abasto para poder instalar algún emprendimiento productivo con esos generadores.
“No se puede pensar en abastecer a una minera, por ejemplo, o avanzar en lo que se planteaba en algún momento en San Antonio de los Cobres, de instalar un Parque Industrial con esa generación”, por lo que resaltó que si se piensa verdaderamente en el desarrollo hay que avanzar en el tendido y la interconexión del sistema energético, “porque permite tener economía de escala tanto en la oferta como en la demanda con acceso a energía barata”.
“Muchos de esos pueblos, como San Antonio y Olacapato, son generadores de energía, y sin embargo no están conectados”. Sostuvo que debe ser el Estado el que  garantice esa posibilidad de desarrollo exigiendo a EDESA que avance en ese sentido, y utilizó de ejemplo la diferencia que hay entre Salta y Jujuy, “en la Puna de nuestro lado no hay nada, pero cuando uno pasa a las Salinas jujeñas ya hay postes de media tensión, lo que significa que hay usuarios conectados y un mejor servicio”, concluyó.
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La Provincia quitó las audiencias públicas para tala y desmontes selectivos

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

La normativa se basa en una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331. Aunque el gobierno afirmó que lo establecido no va en contra de las leyes ambientales, especialistas afirman que sí.
El secretario de Ambiente de Salta, Jorge Aldazábal, emitió una resolución que flexibiliza los controles a los desmontes y obstaculiza la publicidad de actos que degradan del ambiente.
Al hacer una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331, el funcionario enmarcó al manejo silvo pastoril (desmonte selectivo para producir ganadería bajo monte), o el “aprovechamiento forestal” (tala de madera), como de “baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social”.
La resolución 333 firmada por Aldazábal se sirve de una interpretación de la Ley Nacional N° 26.331 que sostiene que “la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”, pero que ese estudio será pertinente solo para aquel “manejo sostenible” que cause “impactos ambientales significativos”.
Para Aldazábal, “en idéntico sentido a lo expresado en el artículo 22 de la Ley Nº 26.331, el decreto Nº 2.785/09 en sus artículos 12 y 15 define el procedimiento a seguir, según se trate de Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, respectivamente. Esto es la exigencia de presentación de un estudio de impacto ambiental y social (EIAS) para los comúnmente llamados desmontes, y para los "aprovechamientos forestales, deberá presentarse una Declaración Jurada de Aptitud ambiental en los términos del artículo 45º de la Ley Provincial Nº 7.070”.
En el cuerpo de la resolución no queda claro a qué se refiere con “Planes de Manejo de Bosques Nativos con modalidad Silvopastoril, y/o cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo”, aunque sí termina por flexibilizar la posibilidad de hacerlos sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental y social, cuando se trata de “planes” de hasta 1500 hectáreas.

La retroactividad conveniente
Según la Ley de Ambiente de la provincia N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública. Por años se criticó esta disposición dado que en muchos casos los titulares registrales solicitaban permismos sucesivos de desmontes tomando unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de los impactos ambientales de esas actividades.
Con la nueva resolución, cuando se trate de desmontes incluso sobre superficies de estas dimensiones, se deberá presentar el EIAS e ir a una audiencia pública. Quedan exceptuados de ello quienes ya fueron autorizados a los desmontes antes de la publicación de esta resolución.
Por el contrario, para quienes ya elevaron planes de “manejo de bosque presentados en sus dos modalidades, aprovechamiento forestal y silvopastoril”, se le aplicará la nueva normativa. Para Aldazábal la aplicación de la resolución de manera retroactiva “no encuentra impedimentos”.
Más allá de los vericuetos legales, sucede que en realidad estos proyectos de manejo de bosque y de aprovechamiento forestal debían hasta ahora ser sometidos a audiencias públicas. Pero a partir de la resolución 333, Aldazábal podrá “determinar la necesidad o no” de hacer las audiencias según su criterio. Y se agrega, “para el caso de los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril y que se hubiera presentado EIAS para su tramitación, se tendrá por válido y suficiente, en lo pertinente, dicho documento para su aprobación”.
Aunque la lectura de la resolución permite interpretar una flexibilización de los controles y procesos para desmontar en la segunda provincia que más masa de bosque nativo perdió en la última década, Aldazábal lo negó. Pues en parte de la resolución se indica que “la autoridad de aplicación ambiental provincial (…) tiene la facultad de definir mayores exigencias respecto de los requisitos que deberán observarse al momento de la presentación de los distintos planes de manejo, en el entendimiento de que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos lo que hace es fijar un marco protectorio mínimo respecto del cual se podrá normar, sin poder ser más permisivo que lo allí establecido”.

El antecedente Urtubey
La interpretación que hacen las actuales autoridades provinciales cuando se trata de ampliar la frontera agropecuaria cuenta con antecedentes. El más claro tiene que ver con dos decretos que en 2011 permitieron que se desmonten zonas categorizadas como rojas o amarillas, o I y II, o de alta o moderada conservación, que no podían ser intervenidas por las topadoras. Estas “recategorizaciones” como se dio en llamar, tenían como excusas el hecho de que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) se refería a porciones globales de tierras y no al detalle de que, para el gobierno de Juan Manuel Urtubey, tenían algunas zonas que eran pasibles de desmonte.
Como sucede con la resolución de Aldazábal, el gobierno se escudaba en términos legales que luego fueron dados por tierra desde el Ministerio de Ambiente de la Nación durante 2018. Pese a ello, las zonas recategorizadas continúan siendo desmontadas bajo el pretexto de la “seguridad jurídica” de quienes fueron autorizados a hacerlo bajo esta forzada interpretación normativa.
El aprovechamiento forestal (que implica la tala de madera) y el llamado manejo silvopastoril o “bajo monte”, que implica un desmonte selectivo, incluso trae conflictos entre las comunidades que viven en esas zonas y los titulares registrales. Pero a partir de esta resolución, y al no solicitar audiencia, se desconoce cómo se darán a conocer estas actividades.
Pasa que incluso con la realización de las audiencias públicas, en muchas ocasiones las comunidades de pueblos originarios ni siquiera se podían hacer escuchar. Con esta nueva disposición, solo se podrían enterar cuando quienes talan madera o crían ganado aparezcan en el lugar a concretar el desmonte.
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Promulgan la adhesión de Argentina al Acuerdo de Escazú

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional

La iniciativa establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
A través del Decreto 806/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la Ley 27.566 que cristaliza la adhesión de Argentina al Acuerdo de Escazú. La iniciativa establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El tratado, conocido como Acuerdo de Escazú por el distrito costarricense homónimo donde fue firmado en 2018, busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Si bien de los 33 países que integran la región, solo 22 firmaron este tratado, hasta no obtener la ratificación por parte de 11 de los estados firmantes, el Acuerdo de Escazú no entrará en plena vigencia.
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Medio ambiente: nacieron tres guacamayos rojos en el Iberá y lo consideran un gran paso para recuperar la especie

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones

La fundación Rewilding Argentina comunicó este domingo el nacimiento de tres guacamayos rojos en su reserva de los Esteros del Iberá, en Corrientes, «probablemente» los primeros en nacer tras 150 años de extinción en estado silvestre, indicó la institución, que celebró el «gran paso» para recuperar la especie.
«Una pareja de guacamayos rojos sacó adelante 3 huevos, que eclosionaron y dieron lugar a los tres primeros pichones silvestres en libertad, algo que no ocurría probablemente hace más de 150 años en nuestro país», informó hoy Rewilding Argentina a través de un comunicado.
La fundación, que tuvo origen en The Conservation Land Trust del fallecido Douglas Tompkins, inició en 2015 el trabajo científico para reintroducir el guacamayo rojo en el Iberá.
«El nacimiento de estos pichones silvestres en Parque Iberá es un gran paso para la recuperación de la especie en Argentina», indicó la organización, que había comunicado a fines de junio pasado la liberación de cinco ejemplares de esa ave.
En mayo de este año se registró la puesta de un huevo por parte de una pareja de guacamayos liberada en un portal de acceso a los esteros denominado Cambyretá, mientras que en 2019 se observaron los primeros tres huevos de un casal que representó la primera unión que comenzó a utilizar y defender una caja nido instalada por la fundación.
Fueron los primeros eventos reproductivos registrados en el proyecto y aunque no prosperaron, se determinó que eran «viables».
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La Justicia suspendió todos los permisos de desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Chaco suspendió todos los permisos de desmontes y cambios de uso de suelo en la provincia al hacer lugar a una medida cautelar, que fue presentada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”.
El fallo, con fecha de este viernes 16 de octubre de 2020, lleva la firma de las juezas Silvia Geraldine Varas y Natalia Prato. Abarca a las categorías de conservación rojo, amarillo y verde, a excepción de planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques.
Así mismo, la Justicia solicitó la entrega de un informe, en el plazo de cinco días, detallado sobre la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, con los datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo. Como también notificarlos fehacientemente de la medida ordenada.
Desde la organización Somos Monte celebraron la medida judicial y recordaron: “El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pilar fundamental de la Ley de Bosques, se encuentra vencido en Chaco desde el 2014 y las autoridades no fueron capaces de organizar el proceso participativo para actualizarlo, con lo cual todos los permisos se encuentran hoy en un estado de discutida legalidad desde el punto de vista legal”.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL FALLO
I. Hacer lugar a la medida cautelar innovativa peticionada, y ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Subsecretaría de Recursos Naturales, del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco:
1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente;
2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc.-, recategorizaciones o actividad alguna, vinculadas a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre;
3) Informe en el plazo de cinco (05) días la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo), II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, debiéndose detallar: datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo.
4) Notificar fehacientemente de la medida ordenada a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar su cumplimiento. Bajo apercibimiento de correr vista al Fiscal en turno por las responsabilidades penales, administrativas, civiles y ambientales que correspondan.
II.- Una vez cumplimentado lo ordenado en el Pto. I, 3), SOLICITAR la colaboración de los Juzgados de Paz y Faltas de las jurisdicciones correspondientes, la inspección y verificación del estado de ejecución de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. suspendidos por la presente medida.
III.- Previa caución juratoria que deberá prestar la apoderada de la accionante.
IV.- Regístrese, notificar conforme Anexo a la Resolución N  162/19 del Superior Tribunal de Justicia -Reglamentación de las notificaciones electrónicas-.


El sector forestal de la provincia preocupado por la suspensión de permisos de desmontes

Carpinteros, muebleros, aserraderos, motosierristas, ladrilleros, pymes y empresas productores de carbón y tanino, que conforman el sector forestal chaqueño manifestaron su preocupación por una nueva orden judicial que ordena “la inmediata suspensión del sector forestal en todo el territorio provincial”.
Se trata de una sentencia cautelar dictada por la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa del Poder Judicial que ordena “suspender todos los permisos forestales otorgados desde el año 2014 a la fecha”. También resuelve que la provincia debe interrumpir la evaluación de aquellos que se encuentren en trámite.
Esta sentencia implica que la Dirección de Bosques suspenderá los permisos otorgados y no continuará con la evaluación de permisos en trámites, lo que impedirá a productores de toda la provincia ejecutar trabajos de aprovechamiento, silvopastoril y cambio de uso de suelo, que son necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
A raíz de la misma, los productores manifestaron que se verán "impedidos de solicitar la emisión de guías de productos forestales por lo que no podrán comercializar sus productos y abastecer a las industrias del tanino, del carbón, carpinterias, y del aserrado en general”.
La sentencia, según señalaron desde el sector, “no diferencia entre grandes, pequeños o medianos productores. Todos estamos afectados por la prohibición”. Al mismo tiempo, recordaron que “alrededor de 20 mil chaqueños y sus familias de manera directa se verán afectados por esta medida al no poder circular con su producción primaria o industrial. Se interrumpirán procesos de exportación y de industria vitales para nuestra economía provincial y nacional”.
En esa línea, los integrantes del sector forestal solicitan a las autoridades provinciales, judiciales y legislativas “que intervengan en el caso y se garantice la producción y el trabajo del sector forestal y los sectores afectados indirectos”.
Calificaron, además, a la mencionada decisión judicial de “arbitraria” y aseveraron que “el sector forestal no es desmonte, el sector forestal es trabajo, industria, valor agregado, es el sostén de miles de fuentes de trabajo, especialmente en el interior provincial”.
Piden que se revea la decisión judicial y “no se paralice una actividad tan importante para los chaqueños y chaqueñas”.
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La CARU posterga indefinidamente las obras del Laboratorio en el Puente Internacional

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional


Además le pedirán al Comité Científico que brinde "explicaciones" sobre los resultados de los monitoreos realizados a la pastera Botnia, según dijo el titular de la Delegación Uruguaya ante la CARU.
El titular de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (DUCARU) Mario Ayala anunció la postergación de las obras que se iban a realizar en el Puente Internacional General San Martín para la instalar allí el Laboratorio donde estaba previsto que el Comité Científico analizara las muestras que se obtienen en los monitoreos mensuales que se realizan en la desembocadura del río Gualeguaychú y en la pastera de Botnia.  Actualmente esas muestras se envían para su análisis a laboratorios de Canadá, a un costo aproximado para la CARU de unos 700 mil dólares anuales.
La creación de este Laboratorio Binacional fue acordada en enero de 2016 por los entonces Presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, “con el fin de apoyar el control ambiental de espacios de interés compartido de ambos países y constituirse en una referencia científica y analítica con reconocimiento a nivel regional e internacional que permita determinar la calidad ambiental del ecosistema agua, sedimento y biota, para la definición de medidas de prevención, conservación y mejora de la calidad del agua del río (Uruguay)”, según de anunciaba oficialmente hace más de cuatro años.

El secretismo CARU
Recién el 28 de mayo de 2019 –más de tres años después del acuerdo firmado por Vázquez y Macri-  se dieron a conocer los ganadores del “Concurso Público Binacional de Anteproyectos Arquitectónicos”, convocado por la CARU para la construcción del Laboratorio de Control para el análisis ambiental del Río Uruguay en el área adyacente a la cabecera del Puente Internacional sobre la margen oriental del río, en la ciudad de Fray Bentos.
Se presentaron 97 proyectos de arquitectos tanto de Uruguay como de nuestro país y el seleccionado fue el que tiene como autores a los uruguayos Marcelo y Martín Gualano, titulares del Estudio de Arquitectura Gualano & Gualano, con domicilio en Manuel Haedo 2918 de Montevideo. En el proyecto también participaron los arquitectos Mateo Leite,  Noela Barreiro y Mathías Rojas. Se da la circunstancia que Martín Gualano, tiene un pasado en el ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo, en donde estuvo entre 1989 y 2002.  
El 22 de octubre de 2019, el entonces titular de la CARU, el macrista Mauro Vazón y el ex Vicepresidente de la Delegación Uruguaya, Rogelio Texeira, firmaron con los arquitectos Gualano el contrato para el Proyecto Ejecutivo del Laboratorio que debía ser presentado en un plazo de 120 días.
Así como son secretos los montos de los sueldos de los 10 vocales que integran la CARU y jamás publica los contratos de los asesores que trabajan en el organismo, en esta oportunidad la CARU –siguiendo su tradición secretista- nunca dio a conocer oficialmente el monto ni las condiciones de ese contrato firmado con el Estudio Gualano, es decir que se trata de un “contrato no público”.  
Tampoco se conoce si el Estudio Gualano presentó en tiempo y forma el Proyecto objeto de ese contrato confidencial. De más está decir que hasta ahora no se conoce – ni siquiera estimativamente- el presupuesto que podría demandar la realización de las obras del Laboratorio.

Postergación indefinida
Ahora, según lo expresado por Ayala, el nuevo presidente de la Delegación Uruguaya en la CARU, la decisión de postergar la realización de las obras se adoptó por los efectos económicos que generó la pandemia en las arcas de la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU), lo que obligo a la Entidad Binacional a “reformular” el proyecto.
Ayala indicó que “estamos ahora en el proceso de trasladar el laboratorio del Comité Científico a la casa del Administrador del Puente Internacional”, un inmueble que en estos momentos está desocupado. El presidente de la Delegación Uruguaya ante la CARU dijo también que “seguramente comenzarían a principios del año próximo para darle más comodidad al Comité Científico, pero no se hará la inversión que originalmente estaba estipulada ya que estamos con dificultades financieras. La CARU actualmente está con el 50 por ciento de los ingresos debido al poco tránsito que hay en los Puentes que están bajo su administración, todo debido a la pandemia”.
A continuación,  el funcionario del organismo binacional agregó que “por tal motivo hemos buscado el camino del medio a través de esta mudanza del Comité Científico, que funcionará en la casa del Administrador del Puente General San Martín".
Sin embargo, estas explicaciones, pretendiendo utilizar la pandemia del COVID-19 para hacer creer que una obra de semejante envergadura se financia con los peajes del Puente Internacional son, simplemente, grotescas.
Si bien la recaudación de la CARU en concepto de peajes en el Puente Internacional es muy importante, no se puede ignorar que en el Acuerdo firmado por los ex presidentes Vázquez y Macri, los Estados de Uruguay y Argentina se comprometieron a hacer los aportes necesarios para llevar a cabo dicha obra.  Así ha sido siempre que la CARU ha encarado otros proyectos de importancia, como lo ha sido el dragado del río Uruguay, por citar un ejemplo. Tanto Argentina como Uruguay realizan anualmente aportes de millones de dólares a la CARU para que pueda llevar adelante las diferentes obras y planes que tiene a su cargo.
Mientras la pandemia no impidió que Botnia continúe las obras de construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, es la misma pandemia la causante de la suspensión de la construcción del Laborarorio Binacional. Las razones esgrimidas por Ayala intentando justificar que "no se hará la inversión que originalmente estaba estipulada" para concretar el Laboratorio de la CARU son insólitas y demuestran un desconocimiento supino de los Acuerdos suscriptos por ambos países.
Asimismo Ayala manifestó que las obras de construcción del nuevo Laboratorio para el Comité Científico “quedan postergadas porque este no es el momento oportuno, no estamos en condiciones de afrontar semejante erogación y llegado el momento se analizará nuevamente”. Es decir que no se sabe cuándo llegará “el momento”.

Los monitoreos
Al ser consultado respecto a los resultados de los monitoreos parciales a la pastera de Botnia entre noviembre de 2018 y julio de 2019, que fueron publicados por la CARU a principios de este mes, Ayala reveló que “le estamos pidiendo para el mes de noviembre al Comité Científico que nos haga una presentación sobre esos resultados para tener una mejor información y entender mejor lo que son esos estudios. Pero adelantamos que no hay absolutamente ningún tipo de impacto significativo que pueda alterar el tema ambiental”.
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El diagnóstico nacional de montañas será actualizado junto a cuatro universidades

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Mediante la suscripción de convenios, el Ministerio de Ambiente Nacional y un grupo de casas de estudio se comprometieron a trabajar en la ampliación de información sobre estos territorios.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, suscribió convenios marco con las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Cuyo (UNCUYO), Catamarca (UNCA) y Comahue (UNCOMA), con el propósito de impulsar acciones de cooperación, complementación e intercambio de información científica y técnica, para actualizar y ampliar el diagnóstico de montañas a nivel nacional. De esta forma, la cartera nacional de Ambiente busca contribuir con la información más reciente sobre los territorios montañosos.
En la reunión, que fue realizada de forma remota, el ministro Juan Cabandié destacó la importancia de contar con este trabajo y sostuvo: “es sumamente importante para la preservación y la conservación de estos ecosistemas”, y agregó, “poder hacerlo con las universidades públicas es una alegría, es como debe ser”. “Confiamos mucho en lo que podamos desarrollar juntos a partir de la firma de estos convenios.”
En tanto la titular de la Unidad de Gabinete de Ministros, Soledad Cantero, resaltó que la actualización y diagnóstico nacional de las zonas de montañas de la República Argentina, se enmarca en un proceso fuerte de generación de políticas públicas ambientales que “están permitiendo achicar la brecha entre las demandas reales del territorio y lo que se puede generar desde el Estado”.
Este trabajo, que será encabezado mediante la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, buscará renovar la información disponible sobre los atributos espaciales y geográficos, analizar los capitales ambientales, económicos, sociales e institucionales, al mismo tiempo que describir las principales problemáticas que afectan el desarrollo de las comunidades rurales que viven en zonas de montaña. Contar con las bases científicas y la participación de las universidades de la región garantizarán una formulación eficaz y una implementación coordinada.
Cabe recordar que el primer diagnóstico de montañas fue realizado en el año 2011. En este sentido, el director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Abelardo Llosa, señaló: “estamos de cara a una actualización y ampliación de aquel diagnóstico, con cuatro universidades públicas y con fondos del Tesoro Nacional, en una clara política de puesta en valor del Estado, de las universidades públicas y del conocimiento argentino”.
El objetivo de este trabajo es realizar un ordenamiento ambiental del territorio en las montañas para conservar todos los bienes y servicios ecosistémicos, necesarios para la comunidad. Asimismo, será un diagnóstico y pronóstico, ya que contará con una mirada prospectiva a partir de la identificación y cuantificación de variables, que permitirán identificar cuáles son los posibles escenarios para nuestras montañas en el futuro.
Por su parte, los representantes de las universidades nacionales presentes en la reunión celebraron la iniciativa de la cartera nacional de Ambiente de impulsar este trabajo de carácter federal, que reivindica todo lo que el sistema universitario puede brindarle al país.
Participaron del evento, la directora de Seguimiento de Gestión de la misma cartera, Cristina Ruiz del Ferrier y el equipo técnico de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental del territorio.
En representación de las distintas casas de estudio, formaron parte del encuentro los rectores: Hugo Juri de UNC, Daniel Pizzi, de UNCUYO; Flavio Fama, de UNCA; Gustavo Crisafulli de UNCOMA; y el decano de la Facultad de Agronomía, Marcelo Conrero también de UNC.
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Costa Salguero: “los espacios verdes son imprescindibles desde una mirada ambiental”

Fecha de Publicación: 19/10/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA


Argentina es el octavo país más grande del mundo. Sin embargo, el 90% de la población vive en grandes ciudades. La Legislatura Porteña, al aprobar que en un área de circulación pública se construyan torres, “no protege las zonas verdes”.
Nací en la ciudad de Buenos Aires. Cerati una vez la bautizó como “la ciudad de la furia”. La ciudad del tango, de la Plaza de Mayo, del barrio de la Boca, del freestyle en las plazas y del Teatro Colón.
Joaquin Sabina, un conocido cantautor español, en una de sus canciones nos cuenta sobre su intento fallido de enamorar a una mujer de Buenos Aires que “...no quería más amor que el del Río de La Plata”. No sé muy bien que pasó, pero parece que nos fuimos olvidando de ese amor, y la imagen de los porteños disfrutando del río en comunidad fue cediendo a la especulación inmobiliaria, la construcción no planificada y la desaparición de nuestros espacios verdes.
¿De qué otra manera podemos explicar darle la espalda al río? ¿De qué otra manera podemos explicar no haber saneado el Riachuelo, aún con una sentencia de la Corte Suprema que ya cumplió 12 años? ¿Dequé otra manera podemos explicar que los niños y niñas de la ciudad no puedan crecer jugando en la calle?
En ocasiones se acusa a los porteños (con razón) de querer digitar el destino del país desde la Ciudad. Lo gracioso es que nos ocupamos tanto de lo que pasa por fuera que nos olvidamos de cuidar el territorio que llamamos nuestro hogar.*El intento de construir un barrio privado de lujo en Costa Salguero y Punta Carrasco es un ejemplo más de una práctica que amenaza con dejarnos sin espacios verdes de acceso público. *Todavía restan audiencias públicas y una segunda revisión en el recinto, pero esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retomó en la Legislatura porteña el tema de la venta de terrenos público y la rezonificación de los 200 mil metros cuadrados del Complejo de Costa Salguero para construir un mega proyecto inmobiliario frente al río.
Somos el octavo país más grande del mundo y sin embargo el 90% de nuestra población vive en grandes ciudades. Normalmente cuando hablamos de problemáticas ambientales en Argentina, solemos mencionar el fracking, la megaminería, los pueblos fumigados y el avance del monocultivo de soja, pero nos olvidamos de mencionar que en las grandes urbes tenemos incontables problemáticas ecológicas. La gestión de residuos, la falta de acceso a agua potable en las villas, la imposibilidad de acceder a la vivienda, y algo que el abogado ambientalista Enrique Viale resume de forma magistral:  “extractivismo urbano”. Los “recursos naturales” de las grandes ciudades son los espacios públicos y en vez de protegerlos, los entregamos a los negocios inmobiliarios.
El acceso a espacios verdes es una de nuestras principales herramientas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estos espacios nos proveen de numerosos servicios ecosistémicos, entre los que se incluyen: la mejora de la calidad del aire, la regulación de temperatura y por consiguiente, la disminución de la isla de calor, la captación de CO2, la prevención de inundaciones y por sobre todas las cosas, la posibilidad de crear comunidad.
¿Qué fue lo primero que pedimos tras meses de un aislamiento que nos desconectó de nuestros seres queridos? Volver a la plaza con nuestros afectos. Y es que entre todas aquellas dificultades y desigualdades que expuso el *COVID-19*, la insuficiencia de espacios verdes en las ciudades densamente pobladas es aquella que más se ha puesto de manifiesto.
En la actualidad, la normativa indica que el predio que corresponde a Costa Salguero y Punta Carrasco debe destinarse en un 98% a espacio público parquizado. Lo que falta es la voluntad política para llevarlo a cabo.
Buenos Aires es una ciudad de historias. De acá a 10 años, cuando contemos la historia de cómo los vecinos y las vecinas recuperamos la vista al río, van a contar cómo todo comenzó cuando la comunidad local dejó de mirar al costado y decidimos organizarnos para recuperar lo que nos pertenece.
Hagamos de Costa Salguero la piedra fundacional para unir a los porteños en la construcción de una ciudad, que empiece a mirar hacia el horizonte.

Por Eyal Weintraub . Fundados de Jóvenes por el Clima
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Ambiente Nación avanza en la protección de la biodiversidad y en el enfoque ecosistémico de la pesca

Fecha de Publicación: 19/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional

En un encuentro virtual con representantes de áreas ambientales y pesqueras de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, se presentaron las actividades que se realizán para tal fin.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, organizó un encuentro virtual en el que participaron autoridades de las provincias con litoral marítimo para presentar las actividades contempladas en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión y protección de la biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca”.
La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Florencia Gómez, quien subrayó la importancia del federalismo y la articulación con las provincias. “La política pública interjurisdiccional y el trabajo con las provincias son claves para la soberanía nacional y la protección ambiental”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, Gabriela González Trilla, directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, realizó una exposición sobre la vinculación de las provincias en lo referente al manejo costero integrado, al varamiento de fauna marina y a la gestión de la basura marina.
La reunión contó además con representantes de las áreas ambientales y pesqueras de las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, quienes participaron de las líneas de trabajo para fortalecer las capacidades locales. En cuanto a las actividades en curso, se planteó la creación de una base de datos de registro de varamientos de fauna marina, capacitaciones, además de la generación de contenido para escuelas, al fortalecimiento del programa de observadores a bordo y los planes de acción nacional de tortugas, aves, mamíferos y condrictios, entre otros.
Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico de la pesca y áreas protegidas”
La iniciativa, a cargo del Ministerio de Ambiente nacional, cuenta con la colaboración del Consejo Federal Pesquero y con las provincias que poseen litoral marítimo: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es la agencia de implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de gestión y protección de la biodiversidad marina en áreas de importancia ecológica, ampliando el conocimiento sobre los aspectos biológicos, sociales y económicos de los ecosistemas marinos, creando y fortaleciendo áreas marinas protegidas, aplicando el enfoque ecosistémico de la pesca, para minimizar los impactos negativos de la actividad.
Cabe destacar que contar con un enfoque ecosistémico de la pesca permite asumir una mirada amplia de las pesquerías, que contemple elementos que consideren no solamente cuestiones relativas al recurso sino también el contexto social.
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Advierten que si no se rectifica el precio del biodiesel, cerrarán más de 30 pymes del interior del país

Fecha de Publicación: 19/10/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional

Frente a la actualización de los precios del biodiesel del 10% que publicó este jueves la Secretaría de Energía de la Nación en el Boletín Oficial después de 9 meses de falta de respuestas ante desesperados reclamos, las empresas Pymes Regionales elaboradoras de Biocombustibles alertan que esta resolución "no alcanza" ni para cubrir los costos de las materias primas.
De esta forma, advirtieron que si no hay una rectificación inmediata, las empresas pasarán de estar paralizadas a transitar un proceso de  reestructuración y cierre, con las suspensiones y despidos que eso conlleva.
Según explicaron, son 10.000 puestos de trabajo que generan más de 30 empresas, que en su mayoría están radicadas en el interior del país, en las provincias de La Pampa, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires, y que se encuentran en una situación terminal, a punto de cerrar y desaparecer.  
Teniendo en cuenta que más del 80% del costo de la producción del biodiesel proviene del aceite de soja, y que desde diciembre pasado a hoy registró un aumento del 30% en dólares, y además el dólar tuvo un incremento del 30% en el mismo período, la rectificación de tan sólo el 10% del precio de biodiesel NO permite cubrir los costos productivos, ni mantener en pie las plantas operativas.  
Todas las empresas que forman parte de La Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) solicitaron al Gobierno Nacional la urgente revisión para que la recomposición del precio del biodiesel esté en el orden del 40%, es decir, que sea suficiente como para mantener viva la industria y de esta forma, evitar una ola de despidos por el inminente cierre de la gran parte de sus plantas.

Las pymes regionales, un caso de éxito
El sector de pymes regionales elaboradoras de biodiesel nace en 2006 cuando se promulga la ley 26.093 durante el mandato del ex presidente Néstor Kirchner, con una clara definición de Política de Estado que buscaba desarrollar los biocombustibles,  dictando el corte obligatorio de los combustibles y promoviendo la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones, la sustentabilidad medioambiental, el federalismo y el trabajo argentino.
Se trata de un caso de éxito, que surge como parte de un plan para federalizar la Argentina, y rediseñar un país más equitativo, desarrollando las economías del interior. Por eso, 14 años más tarde, quienes integran CEPREB confían en que las máximas autoridades del país intervendrán haciendo cumplir la ley y de esta manera, mantener en pie los puestos laborales, la industria nacional y el progreso de distintas regiones, que necesitan desesperadamente ser escuchadas, ya que no se trata de una crisis, sino de la desaparición del sector.  
Por ese motivo, los integrantes de la Cámara desde hace meses están a la espera de ser recibidos por las autoridades con el objetivo de entablar un diálogo que les permita llegar a una negociación que salve las empresas.
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