Acuerdan promover agroecología en la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Riachuelo

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo firmó un acuerdo con el INTA para promover la agroecología, la producción de alimentos de la agricultura familiar y la agricultura urbana y periurbana en los 14 distritos que componen la cuenca.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para promover la agroecología, la producción de alimentos de la agricultura familiar y la agricultura urbana y periurbana en los 14 distritos que componen la cuenca.
"Este convenio aborda el eje de la producción sostenible en la cuenca y la problemática de la seguridad y soberanía alimentaria", destacó el titular de Acumar, Martín Sabbattella, en un comunicado.
El funcionario remarcó que el acuerdo "promueve el trabajo conjunto, desde el Gobierno nacional, con el provincial y los municipios, en la promoción de la agroecología y la producción de alimentos, no solo generando y apoyado las unidades de producción asociativas, sino también la formación, el acompañamiento a productores agroecológicos radicados en la Cuenca".
Por su parte, la presidenta del INTA, Susana Mirassou, destacó que el convenio de cooperación permitirá "impulsar la producción de alimentos sanos y seguros en la Cuenca Matanza Riachuelo y también poner en valor el gran trabajo que se viene haciendo con la intendencia de Marcos Paz en esta huerta municipal".
El acuerdo, que se firmó en el Centro Demostrativo "Huerta La Esperanza", ubicado en Marcos Paz, busca genera y apoyar unidades de producción asociativas y demostrativas, con capacidad de experimentación, de capacitación, y de producción, en los municipios de la cuenca, entre otras cuestiones.
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Elevarán las multas para los que inicien incendios en Jujuy

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy

El gobernador Morales aseguró que enviará un proyecto para declarar la emergencia en la provincia de Jujuy.
Dos focos de incendios forestales se mantenían activos ayer en el Parque Nacional Calilegua, donde ya arrasaron al menos 948 hectáreas de área protegida, por lo que sumaron brigadistas y dos aviones hidrantes para aplacar las llamas.
Los incendios forestales en las zonas de Zanjón Seco, iniciado el 18 de septiembre, y Finca Peggini/Macagno, iniciado el 10 de este mes, fueron los primeros focos ígneos que con el paso de los días se propagaron hacia el área natural.
"Actualmente, en lo que es el área protegida y su zona de amortiguamiento se están sucediendo dos grandes incendios forestales y el primero que ingresó al área protegida, el pasado 2 de octubre, afectó hasta el momento 842 hectáreas del sitio", precisó a Télam Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua.
En ese sentido, agregó que durante los días del último fin de semana se conformaron diversos incendios en el tramo de la ruta nacional 34, "a partir de esos focos se conformó otro gran incendio, llamado Arroyo Yuto, que afectó a 106 hectáreas del Parque Nacional", detalló la funcionaria al referirse a la contingencia que suma un total de 948 hectáreas afectadas en la región de las Yungas.
El Parque Nacional Calilegua posee una superficie de 76.306 hectáreas, y en este sitio se protege una muestra representativa de las Yungas y resguarda un alto valor de biodiversidad.
A través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección de Incendios Forestales de la Administración de Parques Nacionales, el Gobierno Nacional desplegó dos aviones hidrantes, vehículos especiales y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.
De esta manera, sumados al personal del Parque Nacional Calilegua, se encuentran trabajando guardaparques y brigadistas de los Parques Nacionales Copo, Impenetrable, Chaco y El Rey, además de más de un centenar de bomberos voluntarios de diversos puntos de la provincia de Jujuy.
También arribaron a la provincia 14 integrantes del Sistema Nacional y se espera para hoy la llegada de 20 combatientes de los Parques Nacionales del sur del país.

En total son 5.600 has afectadas
La superficie afectada por el fuego sería de 5.600 has, de las cuales casi mil pertenecen al Parque Calilegua.
La intendenta del Parque, Cecilia Iriarte manifestó que “actualmente tenemos dos grandes focos que estamos atravesando, uno en Zanjón Seco, al cual lo venimos combatiendo desde el 18 de septiembre, que afecta a 2 mil hectáreas; el otro gran incendio que comenzó el viernes es el de Arroyo Yuto que ya lleva consumiendo 3.600 hectáreas. De todas, 1.000 pertenecen al Parque”, dijo.
Indicó que “hasta el viernes teníamos un solo incendio, un plan de trabajo más o menos controlado, pero el sábado se incendiaron muchísimos focos en el trayecto de la ruta nacional 34 desde Chalicán hasta Yuto, y con los fuertes vientos que tuvimos entre el sábado y el domingo generaron que estos incendios crecieran desmedidamente y se hicieron incontrolables”.
La intendente del Parque también informó que “es mucho el personal que está trabajando, vino gente del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, vinieron catorce brigadistas, aparte de los dos aviones hidrantes, que le aporta el sistema nacional a la provincia; tenemos todos los guardaparques de Calilegua junto con el equipo del Icer (Incendio, Comunicaciones y Emergencias)”.
Agregó que “también se sumaron otros guardaparques de otros parques nacionales de la región, y el miércoles (por hoy) están llegando 20 brigadistas de parques nacionales del sur”.
Dijo a modo de anuncio: “también nos va acompañar el director nacional de Lucha contra Incendios Forestales, todo esto lo hacemos de manera conjunta y articulada con la Dirección de Incendios Forestales de la Provincia. Es mucho el equipo y despliegue que tenemos en terreno para enfrentar este gran incendio, son más de 100 personas sin contar a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios”.
Iriarte confirmó que el lunes estuvo sobrevolando y recorriendo los lugares de incendio el gobernador Gerardo Morales.
"Es prioritario para nosotros el ataque del incendio del Arroyo Yuto porque es el que mayores dimensiones tiene por lo que se han desplegado todos los recursos para abordar todos los límites de este foco ígneo", sostuvo Iriarte.
Por otra parte los dos incendios forestales de mayores dimensiones, el denominado Zanjón Seco y Arroyo Yuto afectaron a unas 4.488 hectáreas por fuera del Parque Nacional, según estimaron las autoridades.
El gobernador Gerardo Morales, luego de recorrer la zona, adelantó que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para declarar la emergencia por incendios forestales. "He tomado la decisión de dictar la Emergencia en Jujuy, que incluye la creación de dos bases y el cambio en la normativa para quienes provoquen incendios, con multas más fuertes", sostuvo el mandatario provincial en sus redes sociales
Morales también expresó su "angustia de ver la zona de las Yungas jujeñas incendiadas. Hay distintos puntos críticos donde el fuego sigue activo. Tenemos como prioridad preservar la vida de la gente y también de resguardar las zonas del área natural protegida", agregó. Desde la Intendencia del Parque Calilegua indicaron que el 95% de los fuegos es producido por intervenciones humanas, y que factores climáticos inciden en su propagación.
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Descongelan precios para el biodiésel y el etanol pero alertan que no alcanza para revertir la crisis

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional

Después de varios meses de reclamos de las empresas del sector, el Gobierno fijó los nuevos precios para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz. Para ambos lo estableció en $32,789 por litro. Además, fijó en $ 48.533 por tonelada el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil y sostuvo que el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la emisión de la factura.
Las etanoleras de maíz habían dejado de entregar a las petroleras porque el precio mínimo de $29,80 el litro les implica una pérdida; reclamaban $37 como precio de referencia, aunque advertían que con la actualización por la fórmula el precio es de $40. Es decir, que el fijado por resolución publicada en el Boletín Oficial sigue debajo de lo necesario para operar con rentabilidad.
 Juan Facciano, de ArgenBio, explicó a LA NACION que la recomposición de precios que se registra es "para la foto, de un 10%".
 "En el contexto en que está la Argentina, hay que reconocer la decisión de publicar una actualización pero en términos objetivos los problemas siguen", precisó.
"Las 27 pymes elaboradoras de biodiésel estaban paradas y seguirán paradas; diez meses después de que se fijara en $44.121 la tonelada el Gobierno actualiza un 10% cuando el aceite de soja aumentó 16% en dólares y 5% más por la modificación de las retenciones; el insumo representa el 85% del costo", apuntó. A eso se le suma la devaluación del 29%, según destacan.
 El ejecutivo planteó que todas las empresas del sector tienen certificación MyPyme y si no facturan por biodiésel no lo hacen por ningún otro producto. "El sector llegó hasta acá tratando de solventar y ponerle el hombro hasta donde podía; desde agosto facturamos cero. Desde el punto de vista práctico hoy estamos igual que ayer", señaló.
Al precio del aceite de soja de ayer -US$594- las empresas requerían para tener toda la materia prima para octubre $47.520 por tonelada. "Con la diferencia de $1500 hay que cubrir el resto de las variables, lo que es imposible. Entendemos que de un plumazo no se puede resolver todo el problema, pero desde el punto de vista práctico la resolución no reactiva el sector", afirmó.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) afirmaron que el ajuste no alcanza, ya que es de apenas el 10% cuando se esperaba un mínimo del 25/30% para poner las plantas operativas. Aseguraron que con este ajuste no pueden volver a funcionar.
"Desgraciadamente, con el aumento generalizado de los costos más los 10 meses de espera, este precio ni siquiera cubre la materia prima. Vemos como positivo la actualización, pero en estas condiciones las pymes no van a volver a operar. Hoy el ajuste debería estar cercano al 30%", aseguró Francisco Jáuregui, presidente de Cepreb.
"Acá estamos hablando de la desaparición del sector, ya no es más una crisis. Necesitamos que nos escuchen, es la primera vez que estamos hablando de la desaparición de la industria. Hay que entender la gravedad que atraviesa la industria que desde hace 11 años le ponen la espalda. Ni siquiera tenemos un norte del Gobierno, ningún plan. No hay nada, solo silencio de radio", amplió. Según destacó, el secretario de Energía, Darío Martínez, todavía no se ha acercado para entablar diálogo con el sector.

Etanol
Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero de la Argentina, planteó ante este medio que esperaban un aumento mayor para el etanol. "Según la fórmula vigente, para septiembre la suba debería haber sido del 45%. Necesitamos que se ajuste a la fórmula para funcionar", afirmó. Indicó que las productoras están entregando porque "no pueden guardar el alcohol en una zafra que está en un avance del 80%. La capacidad de almacenaje no da para almacenar".
"Después de diez meses la suba ayuda -agregó-, aunque no alcanza. Las expectativas están puestas en la prórroga de la ley para el sector".
Desde Biomaíz, entidad que aglutina a productoras de bioetanol de maíz de la Argentina, su director ejecutivo, Patrick Adam, ratificó que después de esperar casi un año el alza autorizada "no arregla nada; con un incremento de la materia prima de más del 50%, insumos dolarizados y una inflación del 40%, no saca a las empresas de la zona de quebranto. Es absolutamente insuficiente".
Agregó: "No reestablecen los mecanismos de fijación de precios, por lo que todo queda sujeto a la arbitrariedad del regulador, que parece tener un sesgo petrolero importante. Están matando en silencio y progresivamente a una industria que invirtió más de 600 millones de dólares en el país, para que el petroleo contaminante vuelva a reinar. El fracaso de YPF se lo hacen pagar a los productores de biocombustibles".

Posición oficial
El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que se vienen "de cuatro años de una gestión que dejó graves secuelas, potenciadas por una pandemia que ni el más pesimista hubiera imaginado. Por eso, con mucho esfuerzo, estamos empezando a reparar la delicada situación del sector de los biocombustibles, con una actualización del precio que marca el rumbo que queremos dar y comenzar a armonizar la actividad".
"Es muy importante para las economías regionales que la actividad de los biocombustibles se pueda poner en marcha, para reactivar la producción y el trabajo del motor económico de varias regiones del país", dijo y agregó que la actualización es el "punto de partida" del trabajo conjunto con el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán "con los representantes de los productores de biocombustibles para generar políticas que le den señales a un sector que viene muy castigado".
"Estuvimos trabajando con los representantes de los productores de biocombustibles porque tenemos muchos temas por resolver. El precio es uno, sobre el cual hoy damos una señal y seguiremos trabajando, pero también hay otras problemáticas tanto del sector como de cada región productora que requieren soluciones federales. Así como nuestro horizonte está puesto en una Argentina que comience a producir, en momentos difíciles todos hacemos un esfuerzo", sostuvo.
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"No hay ningún justificativo ético ni científico para la aprobación del trigo transgénico"

Fecha de Publicación: 16/10/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional

El químico ambiental Damián Marino explica que el glufosinato de amonio, asociado a la flamante semilla modificada genéticamente, es 15 veces más tóxico que el glifosato y destaca que ya hay estudios en animales que demostraron que causa, entre otros efectos, retraso del crecimiento y deformidades del cerebro. "Eso va a llegar a tu mesa, y no solo en el pan, también en los fideos, en las galletitas y en todo lo que se te ocurra”, avisa.
“Tomemos solo la información oficial, nos guste o no nos guste –pide el químico ambiental Damián Marino–. La FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) establece que para el glifosato la ingesta diaria admisible, es decir, lo que se supone que una persona puede consumir sin que le genere efectos, es de 0,3 miligramos por kilo de peso corporal. Para el glufosinato de amonio es de 0,02 miligramos. La FAO te está diciendo entonces que el glufosinato es 15 veces más tóxico y más problemático que el glifosato. Eso es lo que va a estar en la mesa de tu casa y en tu alacena con la aprobación del trigo transgénico”.
La resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura de la Nación autorizó la comercialización del trigo HB4 capaz de tolerar situaciones de sequía y salinidad, y se vanaglorió de “la primera variedad transgénica del mundo”. La noticia provocó una avalancha de rechazos, no solo de parte de los referentes y organizaciones ambientales, sino también del campo de la ciencia, donde ya se probaron las graves consecuencias del modelo agroindustrial.
Desarrollado por la empresa Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, la flamante semilla modificada genéticamente es resistente al glufosinato de amonio, un potente herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “moderadamente peligroso”.
“Dicen los sabios que solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra y algo de eso está pasando. Después de todo lo que aprendimos del glifosato en los últimos 20 años, con más de 1000 citas científicas y estudios internacionales, de saber lo que genera en el ambiente, en los pueblos fumigados, en los cuerpos de agua, en los suelos, en la calidad del aire y en la producción de alimentos, no pueden decir que no conocen los riesgos del glufosinato. Son prácticamente iguales, la única diferencia entre ellos es un átomo de carbono. Por eso hasta el nombre es parecido”, se queja Marino.
La suerte del HB4 está atada al interés comercial de Brasil, en donde el trigo argentino representa casi el 60% del abastecimiento total. Sin embargo, las expectativas no son buenas. La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) ya avisó que no van a apoyar la comercialización de la semilla transgénica como tampoco la de ninguno de sus derivados.
“Hoy –insiste Marino– no existe una demanda del trigo transgénico en el campo de lo social ni de la soberanía alimentaria. La única necesidad que hay es la empresarial y es la que nos quieren instalar”.

Extrema gravedad
El curriculum extendido de Marino dice que es licenciado en Química, doctor en Ciencias Exactas, investigador adjunto del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del área de Ambiente de la licenciatura en Química y Tecnología Ambiental y de la comisión ad hoc de la Red de Seguridad Alimentaria. Nadie como él para hablar del peligro de la exposición a los agrotóxicos.
“Alguno te va a decir que van a comenzar con pocas dosis, y es verdad porque todavía no hay malezas resistentes al glufosinato y el sistema va a trabajar para degradarlo, pero en los próximos 10 o 15 años la situación va ser de una gravedad extrema porque al coctel de glifosato y otros plaguicidas le vamos a agregar el glufosinato. No hay ningún justificativo ético ni científico para la aprobación del trigo transgénico. Así como el maíz es la base de la comida mexicana, el trigo es la base de la comida argentina. Eso quiere decir que va a llegar a tu mesa, y no solo en el pan, también en los fideos, en las galletitas y en todo lo que se te ocurra”.
El especialista destaca que ya hay estudios en animales que probaron que el glufosinato es un disruptor endócrino. En ratas, por ejemplo, se demostró que afecta el desarrollo del sistema nervioso central y que los efectos teratogénicos incluyen retraso del crecimiento y deformidades del cerebro.
“Mi planteo es extremadamente simple –concluye Marino–. Si a un nene de jardín de infantes, vos le contás todo el cuento del glifosato, lo que se investigó y el daño que se probó, y después le decís que eso lo vas a reemplazar por otro producto que es igual o peor, lo primero que te va a preguntar el nene es por qué. La respuesta es la misma de siempre. Estamos protegiendo a este modelo, aun cuando pone en jaque a la salud pública”.
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El Gobierno intimó a Mercado Libre a que elimine publicaciones de productos de fauna protegida

Fecha de Publicación: 16/10/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional

Lo hizo a raíz de una denuncia presentada por la fundación Red Yaguareté que identificó la venta de un sombrero realizado con "cuero legítimo de yaguareté". "El comercio de productos o subproductos confeccionados a partir de dicha fauna silvestre implica una infracción hacia la legislación vigente en la materia", señaló el organismo a cargo de Juan Cabandié.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible intimó este miércoles a la empresa Mercado Libre a que arbitre las medidas necesarias para detener publicaciones referidas con la comercialización de productos o subproductos provenientes de fauna silvestre protegida.
A raíz de una denuncia realizada ante la cartera ambiental por la fundación Red Yaguareté, se identificó la presencia de una publicación en la mencionada plataforma donde se ofrecía a la venta un sombrero de fieltro de lana con una cinta de contorno hecha de "cuero legítimo de yaguareté" (Panthera onca).
La especie fue declarada monumento natural nacional en 2004, se encuentra en peligro de extinción en el país y está protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna y normativa provincial y por convenios internacionales suscriptos para su resguardo, indicó un comunicado de la cartera que conduce Juan Cabandié.
"El comercio de productos o subproductos confeccionados a partir de dicha fauna silvestre implica una infracción hacia la legislación vigente en la materia", señaló el escrito.
La intimación tuvo como antecedente una notificación del 15 de septiembre en la que se tomaba nota de una publicación en el mencionado portal que describía un perro con términos como "usado" o "poco usado" y en las que se observaba que el mismo presentaba un estado no saludable.
"Esas menciones podían considerarse como reñidas con la ética, atendiendo incluso el propio código de ética de la compañía", puntualizó el ministerio.
"Tanto en la presente notificación cursada hacia la empresa como en la anterior, se le solicitó que adoptara las medidas necesarias para cesar con la inclusión de ese estilo de publicaciones en el portal y en caso de no arbitrar una solución inmediata a todo lo requerido, la cartera ambiental nacional interpondrá las medidas legales correspondientes", afirmó el comunicado.
El Ministerio de Ambiente nacional efectuó la denuncia en virtud de sus responsabilidades en la implementación y el cumplimiento de las políticas públicas ambientales vinculadas al control y la fiscalización ambiental, ya que el organismo tiene entre sus tareas la fiscalización del comercio y transporte -tanto en el tránsito interprovincial como en la jurisdicción federal- en materia de animales vivos, fauna silvestre, pieles, cueros y demás productos.
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Rosario: el puesto del observatorio ambiental estará instalado en 10 días

Fecha de Publicación: 16/10/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


A pesar de la polémica por la oposición de la Municipalidad de Victoria, la base experimental científica frente a Rosario comenzará a funcionar alrededor del 23 de octubre. Estará emplazada en la zona de la reserva Los tres cerros dentro del legado Deliot.
El emplazamiento de un espacio fijo dependiente del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en las islas frente a esta ciudad sembró discordia entre autoridades de ambos lados del río Paraná. Pese a la oposición de los funcionarios de Victoria, a fines de la semana próxima estará instalado. “La idea era que esta semana ya empezábamos con los operativos, ya se firmaron los convenios y estamos viendo el momento adecuado solamente de empezar a trasladar equipos”, dijo el abogado Matías De Bueno, director del observatorio de la UNR, a El Litoral. El lugar elegido es la reserva Los tres cerros que tiene 376 hectáreas. Esta área es parte del denominado legado Deliot, un sector dentro de la jurisdicción entrerriana, pero que pertenece a la Municipalidad de Rosario. Este sector totaliza unas 1.800 hectáreas.
De Bueno habló sobre este proyecto que está muy cerca de plasmarse: “Es para poder estar cerca de todo lo que viene pasando, desarrollar distintos tipos de investigaciones, medir el aire, ver cómo se van a desarrollar los procesos de recuperación de todo lo que se quemó en el humedal, generar monitoreos de alerta temprana”. “Hay una gran cantidad de flora y fauna en el lugar que tiene que ser estudiada. Hay que trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio y ver cuáles son las actividades permitidas y prohibidas para brindarle apoyo a los estados. No solamente al Estado de Rosario y al Estado nacional, sino también al propio Municipio de Victoria que hoy se está oponiendo a este tema”, comentó.
El Observatorio Ambiental se creó con una resolución de agosto de 2019, meses antes del inicio de las grandes quemas que afectaron la zona del delta del Paraná frente a la Cuna de la Bandera. Poner un pie en el territorio afectado parece una tarea urgente frente a los problemas incendiarios ocurridos en este 2020 tan accidentado. Este organismo trabaja en coordinación con la Plataforma Ambiental de la casa de altos estudios, dependiente del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Desde el observatorio toman investigaciones de la plataforma y también solicitan requerimientos particulares como medición de contaminación del aire y del agua. Esa información se procesa y se elaboran las publicaciones.
La idea desde los equipos de trabajo de la UNR es generar el menor impacto posible con la base experimental de investigación y educación. “Tenemos para arrancar dos containers que están preparados para poder guardar todos los equipos de investigación. Es lograr un espacio donde nuestros investigadores puedan ir, instalarse, estar el tiempo que necesiten, tomar las muestras que necesiten, generar espacios de voluntariado para ver qué quedó de la fauna”, dijo De Bueno. El director expresó que la gran mayoría de la fauna está devastada. “Hay que ir a hacer un control sobre todo lo que fue sucediendo y brindar propuestas para recuperar toda la flora y la biodiversidad en general. El problema es que no se pueda generar la biodiversidad que había en el momento previo a la quema”.
Hay entre 50 y 60 personas que trabajan en la cuestión del humedal dentro de la UNR. “Trabajamos coordinadamente el observatorio, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, la plataforma, Planeamiento”, comentó Matías De Bueno.

Sin lugar para dormir
La base no está pensada para ser habitada, sino como espacio para la investigación científica. “Se están desarrollando faros de monitoreo permanente en colaboración con la Administración de Parques Nacionales. Los guardaparques van a estar en el lugar de manera permanente y la idea es que la gente vaya y venga. No se va a armar un complejo habitacional, sino un lugar donde resguardar los equipos”, aseveró el director. De Bueno afirmó que los guardaparques estarán encargados de proteger el espacio. “Al generarse estos faros de conservación en el lugar, si bien no se constituye un parque nacional, pero sí va a haber una especie de figura ad hoc que es casi como un parque nacional en el territorio”, expresó.

“Parece el reino del revés”
De Bueno, consultado por la oposición expresada desde Victoria a esta iniciativa académica, expresó: “No lo veo bien. Parece el reino del revés. Acá se vienen devastando casi 400.000 hectáreas del humedal en lo que va del año. Nosotros tenemos un humedal que representa casi 2.000.000 de hectáreas y 400.000 ya vienen siendo consumidas. Con lo cual me parece una locura cuando nosotros queremos llevar aportes justamente para resolver la situación. Es muy curioso que en vez de recibir el aporte haya algún tipo de oposición”.
El director del observatorio agregó: “Todas las normas en materia ambiental plantean que se deben generar información y educación ambiental. Es lo que nosotros venimos a brindarle a la región porque esto es una universidad nacional. No es una universidad solamente para Rosario o para Santa Fe”. “Creo que hay un negocio realmente lamentable por atrás de todo esto que no tiene ningún tipo de racionalidad ni de sostenibilidad. Tanto la Constitución, la ley de bosques, la ley general del ambiente, todos plantean lo mismo. Es generar información para la toma de decisiones y educación para poder generar un cambio cultural”, opinó. Afirmó también que es una locura que por el afán económico se está transformando el uso del suelo de miles y miles de hectáreas.
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Nación afirmó que el actual modelo agropecuario es insostenible

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Sequías e inundaciones, tensiones y desarraigo de los territorios por la falta de regularización de tenencia de tierras fueron algunos de los aspectos señalados en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de Nación.
En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331. De ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a Salta, entre otras provincias. Así surge del informe que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ante el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Salta representó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%, mientras que en Chaco fue el 14% y en Formosa el 13%.
La Ley 26.331 (iniciativa que nació a raíz de la situación los ex lotes fiscales salteños 32 y 33), habría sido uno de los factores que colaboró para que en que el país disminuyera la pérdida de bosques. Según el informe, del 0,94% de deforestación de bosques nativos que se registró en 2007 (año en el que se sancionó la ley), se pasó a un 0,34% en 2015. La tasa subió un poco durante el macrismo, cuando pasó al 0,42%. De todas maneras, la tasa de deforestación sigue siendo una de las más altas de Sudamérica, ubicada detrás del Amazonas.
Si bien la Ley de Bosques indica que en zonas rojas y amarillas (o categorías I y II) no se debe desmontar, tanto en Salta como en Chaco se autorizaron las llamadas "recategorizaciones”. Es así que áreas rojas y amarillas fueron habilitadas para el paso de las topadoras, lo cual implicó que entre las dos provincias se permitiera el desmonte de 88.990 hectáreas asignadas la categoría I y 33.675 hectáreas de la categoría II.
Hubo quejas y marchas atrás, pero al menos en Salta los desmontes en zonas recategorizadas continuaron porque, antes de irse, el gobernador Juan Manuel Urtubey lo permitió, y su sucesor, Gustavo Sáenz, no lo cuestionó.

Un modelo insostenible
El informe del Ministerio de Ambiente de la Nación afirma que entre 2010 y 2017 en el país se incorporaron a la actividad agropecuaria 4,5 millones de hectáreas, lo cual implica una tasa de crecimiento agropecuario de 640.000 hectáreas anuales. Pero en esos 7 años se abandonaron 2,8 millones de hectáreas para uso agropecuario.
“Este indicador brinda una dimensión de la superficie de desmontes donde no se puede sostener una actividad agrícola en el tiempo”, asegura el informe, y estima que ese período se perdieron 400 mil hectáreas de uso agropecuario por año. Esto es una señal “de la aplicación de prácticas agropecuarias no sostenibles, que por avanzar en áreas con limitantes naturales para ese uso (con mayores riesgos ante contexto de cambio climático), no logran sostener el uso agropecuario, teniendo que abandonar tierras y buscar nuevas”, completa el documento.
El informe de la cartera ambiental nacional también hace referencia al problema del agua: “Se calcula que un bosque puede contener más de 60 millones de litros de agua por hectárea. Por el contrario, si se reemplaza un bosque del Chaco seco por un cultivo de soja, la cantidad de agua retenida en la biomasa vegetal viva es de unos 3 millones de litros de agua por hectárea”.
“El consumo de agua (evapotranspiración) del bosque regula la percolación profunda, con el consecuente efecto de evitar el ascenso de napas, lo que provoca inundaciones y salinización de suelos, que en casos extremos ha llevado a la pérdida de miles de hectáreas de tierras productivas, como en el caso de Australia (…) este tipo de procesos están generándose por ejemplo en el Chaco Salteño a partir del reemplazo de bosque por agricultura de secano”, concluye.

La tierra, para vivir o para negociar
En más de una oportunidad, Salta/12 dio cuenta de la cantidad de conflictos que se generan en la región chaqueña por la falta de regularización de la tierra, ya sea de comunidades indígenas o criollas, con los llamados “titulares registrales”. Esos conflictos tienen que ver con la idiosincrasia de cada comunidad, su visión sobre la tierra y el uso que hace de ella.
“Buena parte de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en detrimento de un beneficio social”, sostiene el informe de Ambiente, y añade que la Ley de Bosques “tiende en definitiva a compensar, reparar y equilibrar estos desequilibrios que se dan en el plano social, ambiental y económico”. Se trata de un aspecto que, al menos hasta ahora, no se logró visibilizar en las zonas más conflictivas del chaco salteño.
Una posible explicación, según el informe, es que la expansión de la agricultura en la región chaqueña del país se vio facilitada “por la liquidez de capital generado principalmente por los altos precios agrícolas y la rentabilidad de la soja”. La tierra que antes se usaba como “respaldo financiero”, pasó a ser objeto de “inversión productiva”. “Se formaron así empresas que compraban tierras con bosques, las ‘desarrollaban’ (o sea, hacían desmonte y habilitación para agricultura y ganadería), y luego las vendían a precios sustancialmente mayores”, indica el documento.
Y agrega que, con estas intervenciones, el valor de la tierra implica una negociación favorable. “Por ejemplo, en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares, siendo el costo de desmonte de 1.200 dólares”. No por nada hay avisos que promocionan la venta de tierras desmontadas.
“Gran parte de estas tierras se encuentran bajo tenencia precaria, ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades criollas o por ser parte de territorios indígenas. Si bien en algunas provincias existen instituciones específicas que disponen de registros de las ocupaciones de tierras y de la identidad de sus ocupantes, en otras jurisdicciones las ocupaciones –tanto de criollos como de pueblos indígenas– no han sido documentadas”, afirma el documento.
Pese a la existencia de la Ley n° 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias, el porceso de regularización “no ha sido completado aún y por lo tanto existen todavía numerosas comunidades a las que no se ha asignado todavía la propiedad”, advierte el Ministerio de Ambiente.
Esto desencadenó “fuertes conflictos entre los ocupantes y quienes disponen de los títulos de propiedad. Los conflictos por la tierra se profundizan ya que los procesos de regularización de los títulos son trámites complejos y no contemplan las condiciones de aislamiento y pobreza que caracteriza a las familias que habitan en esas tierras con bosques”.

El Banco Mundial mira pero no ve
Del informe más amplio del Ministerio de Ambiente de la Nación surge que, según un artículo publicado por el Banco Mundial (BM) en 2014, Argentina es uno de los quince países más afectado por las inundaciones, que en el año 2012 le costaron 3.400 millones de dólares en daños materiales, lo que equivale al 0,7 % del PBI.
“Si a esto se suma que casi ocho de cada diez argentinos viven en la cuenca del Paraná (4 millones de kilómetros cuadrados de superficie), podemos concluir que las inundaciones representan el desastre natural que afecta al mayor porcentaje de población del país (BM, 2014)”.
En 2016, en un nuevo informe el BM consideró que “una comparación visual entre la distribución espacial de la deforestación y los eventos de inundaciones sugiere que las mayores inundaciones ribereñas ocurren en regiones deforestadas e indicó que los escurrimientos de agua provocados por la deforestación provocan una acumulación de mayor volumen y ritmo más acelerado aguas abajo”.
Pese a las evidencias estudiadas, “tanto el BM como el discurso predominante en la política y las empresas relacionadas a la producción agropecuaria apuntan a que, para solucionar el problema recurrente de inundaciones, hay que mejorar la información hidrometeorológica, aumentar la inversión en obras de drenaje y expandir los seguros de riesgo climático (BM 2014).
Esto no tiene en cuenta una de las principales causas del problema que es el sistema productivo dominante, que ha llevado a un irresponsable cambio de uso del suelo a través de la deforestación y el reemplazo de sistemas productivos más eficientes en la regulación hídrica por el de la monocultura agrícola”, indicó el informe de la cartera a cargo de Juan Cabandié.
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Cabandié dialogó con concejalas de todo el país y presentó el Programa Gobernanza Ambiental

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa de la cartera de Ambiente nacional busca acompañar a los gobiernos locales en la identificación de problemáticas socioambientales y propiciar posibles soluciones mediante la sanción de ordenanzas municipales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, presentó el Programa Gobernanza Ambiental a numerosas ediles nucleadas en la Red Federal de Concejalas e intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
El titular de la cartera de Ambiente nacional señaló por videoconferencia, ante concejalas de todo el país, que “la agenda ambiental adquiere cada vez mayor importancia”, y que la misma pasó a ser prioritaria para “distintos sectores de la sociedad y las y los jóvenes”. “Se trata de una una agenda socioambiental, que trabajamos con la gente adentro, a lo largo y ancho del país, desde una visión federal”, afirmó Cabandié.
Respecto a la iniciativa, el ministro sostuvo que “la gobernanza ambiental permite que, a través de la sanción de ordenanzas municipales, se genere mayor conciencia ambiental” y celebró que sean las comunidades locales las que “obliguen a los gobernantes de turno a hacer cumplir las normas ambientales”.
En esa dirección, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Florencia Gómez, quien presentó el programa, indicó: “Creemos que además del cambio cultural también es necesario institucionalizarlo y plasmarlo”. “La normativa ambiental se estructura bajo el principio de progresividad ambiental o no regresividad, que establece que no se puedan revertir las leyes y ordenanzas legisladas en la materia”, dijo la funcionaria del Ministerio que encabeza Cabandié.
Además, en el encuentro virtual que convocó a concejalas de la red federal y representantes de la FAM, la secretaria Gómez puso el acento en las políticas ambientales impulsadas por mujeres, sobre lo que destacó: “La fuerza que tenemos las mujeres en el cuidado de la casa común”.
El Programa Gobernanza Ambiental, impulsado por el Ministerio de Ambiente, apoya a los municipios en el involucramiento de las problemáticas y necesidades existentes en materia ambiental en sus comunidades. La cartera nacional cumple así una función necesaria de acompañar en el desarrollo de capacidades en la materia a los gobiernos locales, con una mirada federal. Hasta la fecha, se sumaron un total de 57 municipios, pertenecientes a 7 provincias: Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro y Misiones.
En el encuentro participaron el presidente de la FAM y jefe comunal de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, Javier Noguera, y el intendente de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Martin Piaggio.
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Media sanción al proyecto de protección ambiental y mitigación contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Entre otros puntos, la normativa busca estrategias y políticas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y mitigación contra el cambio climático.
"Nuevamente ponemos en agenda esta problemática, con este proyecto de ley establecemos el marco normativo provincial para mitigar los efectos adversos del cambio climático", indicó el diputado Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista), autor de la iniciativa parlamentaria.
Real puntualizó que la normativa busca establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas, además de asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
También apunta a crear el plan provincial de adaptación y mitigación al cambio climático que defina las estrategias provinciales, en complemento a la ley nacional N° 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático. Finalmente, también persigue entre sus objetivos reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
"Trabajamos para mejorar y apostar a un futuro en donde podamos atenuar los efectos del cambio climático y poder asegurarles a las generaciones venideras un ambiente que garantice el desarrollo en armonía con la naturaleza y los ecosistemas", indicó Real.
El legislador recordó que desde 2016 su partido plantea "iniciativas para contrarrestar efectos negativos del cambio climático". El diputado puntualizó iniciativas con ingreso parlamentario: adhesión de la provincia de Santa Fe al Acuerdo de París, el beneplácito por la Enmienda de Kigali (Ruanda), la incorporación de la especie no nativa Kiri a la ley provincial del árbol N° 13.836, el programa provincial para la recuperación y conservación de los niveles de fósforo y otros nutrientes en los suelos productivos, los programas provinciales pedagógicos sustentables, el régimen de promoción provincial aplicado al desarrollo de sistemas silvopastoriles, el día de la confraternidad antártica y el pedido de informe al Ministerio de Medio Ambiente sobre la gestión integral de los residuos peligrosos.
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Los incendios forestales ya arrasaron casi mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua en Jujuy

Fecha de Publicación: 14/10/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Jujuy


Como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego, en el lugar se desplegaron dos aviones hidrantes, vehículos especiales y equipos operativos
Al menos 948 hectáreas de área protegida fueron arrasadas por dos focos de incendios forestales que se mantenían activos en el Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, por lo que sumaron brigadistas y dos aviones hidrantes para tratar de aplacar el fuego.
Los incendios forestales denominados Zanjón Seco, iniciado el 18 de septiembre, y Finca Peggini/Macagno, iniciado el 10 de octubre, fueron los primeros focos ígneos que con el paso de los días se propagaron hacia el área natural.
Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua afirmó a Télam: “Actualmente, en lo que es el área protegida y su zona de amortiguamiento se están sucediendo dos grandes incendios forestales y el primero que ingresó al área protegida, el pasado 2 de octubre, afectó hasta el momento 842 hectáreas del sitio”.
Además, informó que durante el último fin de semana se conformaron diversos incendios en el tramo de la Ruta Nacional 34, y “a partir de esos focos se conformó otro gran incendio, llamado Arroyo Yuto, que afectó a 106 hectáreas del Parque Nacional”, lo que suma un total de 948 hectáreas afectadas en la región de las Yungas.
El Parque Nacional Calilegua posee una superficie de 76.306 hectáreas y está ubicado en el Departamento Ledesma, en el sudeste de Jujuy, en este sitio se protege una muestra representativa de las Yungas y resguarda un alto valor de biodiversidad.
El Gobierno a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección de Incendios Forestales de la Administración de Parques Nacionales desplegó dos aviones hidrantes, vehículos especiales y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.
De este modo, sumados al personal del Parque Nacional Calilegua, se encuentran trabajando guardaparques y brigadistas de los Parques Nacionales Copo, Impenetrable, Chaco y El Rey, además de más de un centenar de bomberos voluntarios de diversos puntos de la provincias de Jujuy.
Asimismo, arribaron a la provincia 14 integrantes del Sistema Nacional y se espera para hoy la llegada de 20 combatientes de los Parques Nacionales del sur del país.
“Es prioritario para nosotros el ataque del incendio del Arroyo Yuto porque es el que mayores dimensiones tiene, por lo que se han desplegado todos los recursos para abordar todos los límites de este foco ígneo”, sostuvo Iriarte.
Por otra parte, los dos incendios forestales de mayores dimensiones, el denominado Zanjón Seco y Arroyo Yuto, afectaron a unas 4.488 hectáreas por fuera del Parque Nacional, según estimaron las autoridades.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, adelantó luego de recorrer la zona que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la emergencia por incendios forestales.
“He tomado la decisión de dictar la Emergencia en Jujuy, que incluye la creación de dos Bases y el cambio en la normativa para quienes provoquen incendios, con multas más fuertes”, sostuvo el mandatario provincial en sus redes sociales.
A su vez, expresó su “angustia de ver la zona de las Yungas jujeñas incendiadas". "Hay distintos puntos críticos donde el fuego sigue activo. Tenemos como prioridad preservar la vida de la gente y también de resguardar las zonas del área natural protegida”, agregó.
Desde la intendencia del Parque Nacional Calilegua, indicaron que el 95% de los fuegos son producidos por intervenciones humanas, mientras que los factores climáticos, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad y los vientos fuertes, inciden en su propagación.
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¿Por qué avanza la deforestación en el Chaco argentino?

Fecha de Publicación: 14/10/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Norte Argentino

La deforestación avanza sin freno en el Gran Chaco Argentino, el segundo bosque más grande de Sudamérica, incluso durante la pandemia de COVID-19. Solo en el primer mes de cuarentena (entre marzo y abril de 2020), este ecosistema perdió más de 6500 hectáreas de bosque.
Este daño es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina se ubica el 60 % del ecosistema del Gran Chaco. Según un informe reciente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, el 80 % de la pérdida de bosque nativo a nivel nacional se concentró en este bosque.

Esto significa que el Chaco argentino perdió unas 5 millones de hectáreas en los últimos veinte años.

Solo el 4 % de las 60 millones de hectáreas que ocupa este ecosistema está catalogado como área protegida. Esta falta de protección ambiental ha permitido que la frontera agrícola y ganadera se expanda a niveles inimaginables, que se fragmente el hábitat de las especies y que muchas de ellas queden aisladas por la falta de corredores biológicos que las conecten.
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Cambio Climático: La Provincia cuenta con un banco de germoplasma para conservar las especies de flora nativa

Fecha de Publicación: 14/10/2020
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza

El cultivo de árboles implica un desafío particular, dado que deben sobrevivir y crecer durante varios años, haciendo frente a condiciones ambientales adversas a lo largo de su vida.
La creación del Banco de Germoplasma de la Provincia de Mendoza se basa en la necesidad de minimizar los riesgos a los que se ven expuestos los ejemplares de la flora nativa en su sitio de implantación natural, pudiendo con un manejo adecuado aumentar la resistencia del árbol a condiciones adversas. Si bien el ambiente determina el crecimiento de las especies, la iniciativa que desarrolla la Provincia, con fondos de la cooperación BID-Cambio Climático, asegura una mayor subsistencia de los esquejes y una alta efectividad de las semillas, reduciendo así su vulnerabilidad ante adversidades climáticas.
Una de las limitantes en la ejecución de estos últimos programas, son la falta de semillas y árboles disponibles para su plantación, lo que pone en riesgo el correcto desarrollo de este tipo de trabajo. En respuesta a esta necesidad, el Gobierno provincial trabaja en la generación de un  banco de germoplasma, como alternativa que permita disponer de material vegetal para multiplicar especies forestales, restaurar zonas degradadas y forestar áreas de interés.
“Creemos de suma importancia la medida de reforestación o forestación contenida en el presente proyecto de cooperación técnica ya que nos permite fortalecer la estrategia provincial de bosques y Cambio Climático para establecer las líneas directrices para las presentes y futuras acciones en la materia”, afirmó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
En un contexto actual de Cambio Climático, eventos bruscos como sequías e incendios en nuestro medio frágil, por ser Mendoza una provincia desértica con características climáticas vulnerables para la vegetación en cuanto a una alta temperatura, baja humedad, es necesario contar con material vegetal disponible para sanear, recuperar y reforestar zonas degradadas. Poseer un banco de germoplasma, es la alternativa que permite disponer de material vegetal para multiplicar especies forestales y remediar zonas degradadas o de interés a forestar.
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Quiénes buscan frenar la ley de fuego

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Productores rurales, desarrolladores inmobiliarios, la Sociedad Rural y Juntos por el Cambio apuestan a suspender la modificación de la ley del fuego que comenzará a debatirse en Diputados.
Juntos por el Cambio, la Sociedad Rural y los desarrolladores inmobiliarios parecen haber constituido una suerte de unión transitoria de intereses, algo similar a las uniones transitorias de empresas que se arman para avanzar en grandes construcciones vinculadas a la obra pública. Pero en este caso, con el fin de construir el andamiaje político necesario para defender negocios millonarios y frenar el avance de leyes que fomentan la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Bajo esa misma lógica el macrismo logró frenar en 2013 y en 2016 la sanción de una ley de humedales.
Con una mayoría a construir en el Cámara de Diputados, el oficialismo intentará avanzar con una modificación a la ley de fuego para detener el ecocidio que sufre la Argentina año tras año. Hace poco más de una semana, el titular del bloque del Frente de Todos en al Cámara baja, Máximo Kirchner, presentó un proyecto para modificar el articulo 22 de la norma y establecer una prohibición por 60 años para modificar el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”. Un tiro de gracia para los desarrolladores inmobiliarios que utilizan los incendios como el primer eslabón de su negocio y para los productores agropecuarios que queman los campos para producir el rebrote de los pastos.
La intención del oficialismo es convocar a reunión de la Comisión de Ambiente y emitir dictamen esta semana, probablemente este jueves, para dejar al texto en condiciones de ser tratado en el recinto en la próxima sesión.
El texto impulsado por Kirchner cosechó rápidamente adhesiones de distintas bancadas. La iniciativa, al momento de su presentación, contó con el apoyo de Eduardo Bucca (bloque Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), entre otros.
Juntos por el Cambio no sólo decidió no acompañar el proyecto. En consonancia con la Sociedad Rural (el presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, se manifestó "preocupado por el avance" de las leyes de Humedales y Bosques, lo que mereció el repudio de Greenpeace) y desarrolladores inmobiliarios planteó cuestionamientos basados en “la producción”. En esa línea, la senadora Laura Rodríguez Machado, una de las espadas más filosas del núcleo duro del macrismo, no dudó en minimizar los incendios. "Hay que dejar de lado toda esa historia que queman para urbanizar. En esos lugares no hay nada", sentenció.
Fue Alfredo de Angeli, el dirigente de Federación Agraria devenido en senador, el encargado de defender a los productores y señalar que ellos tampoco son responsables de los incendios. “Los productores agropecuarios no tienen responsabilidad alguna, por el contrario son los más perjudicados”, aseguró. De Angeli, junto al exministro del Interior, Rogelio Frigerio, son los dos hombres señalados por el Frente de Todos como los responsables de cajonear la ley de humedales en 2016. “Frigerio es un empresario inmobiliario del Delta del Paraná. Es socio por lo menos en dos empresas que se dedican a esos negocios y convirtió su campo en Villa Paranacito, que era una humedal, en una barrio privado”, denuncian desde el bloque de diputados del oficialismo.
"Juntos por el Cambio es el único bloque de Diputados que no apoya el proyecto para frenar el fuego y eso tiene una sola explicación, apoyan los negocios que prenden fuego nuestros bosques y nuestros humedales", acusa Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Ambiente. "Se muestran preocupados por el medioambiente, pero cuando hay que decidir entre proteger el ecosistema y los negocios, ellos siempre eligen los negocios", denuncia.
En línea con la idea de que Juntos por el Cambio funciona como la pata política de las corporaciones dentro del Congreso, se verifica que comienza a acomodar su discurso para dar el debate en contra de la modificación de la ley del fuego, como también de la ley de humedales. Fue Mario Negri, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, el que anticipó por las redes sociales que el debate "no será fácil". "Tenemos el país bajo las llamas y un Gobierno que subestima el problema. En las previsiones hechas en el Presupuesto 2021 para la lucha contra el fuego todos los gastos se reducen a la mitad", denunció en su cuenta de Twitter. "Negri sabe que ese dinero está en otro ítem, por eso en la comparación baja. Pero se dedica a chicanear, desviar el debate e inventar argumentos para votar en contra", denuncian desde el FdT.
Lo cierto es que, más allá de intereses sectoriales, la alianza opositora también actúa en defensa propia, como queda claro al repasar la cantidad de dirigentes y productores rurales que compitieron por las distintas boletas que presentó el macrismo desde 2009 en adelante. Y ahora, las investigaciones por los incendios intenciones los empiezan a tener en la mira. Es el caso de la familia Passaglia en San Nicolás. Ismael Passaglia es un dirigente histórico de la ciudad, su hijo Manuel es el actual intendente y, otro de sus hijos, Santiago, es diputado bonaerense. Ambos representan a Juntos por el Cambio. Una de las investigaciones por los incendios en el Delta del Paraná tiene en la mira al diputado provincial de Cambiemos, dueño de 877 hectáreas ubicadas en las Islas de Gualeguay, frente a las costas de San Nicolás, que fueron incendiadas.
Con el fuego azotando catorce provincias como escenario y con estos actores en el plano político, el oficialismo impulsará esta semana el debate para sancionar una modificación a la ley del fuego que permita, de cara al futuro, detener los negocios que crecen de las cenizas.
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Vecinos denuncian contaminación en las Lagunas de Punta Mogotes

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: El Marplatense
Provincia/Región: Buenos Aires

Tras estas denuncias, la concejal Mantero presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de solicitarle a la Administración de Punta Mogotes y al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable que brinde explicaciones.
Vecinos de la zona denunciaron el vertido de fluidos por parte de un camión en las Lagunas de Punta Mogotes. “Estos líquidos en principio blancos habrían tomado un color verde fluorescente antes de dejar de ser visibles. Se observó también un incremento en la muerte de peces”, indicaron.
Tras estas denuncias, la concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero, presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de solicitarle a la Administración de Punta Mogotes y al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (Opds) la “inmediata intervención” en el área protegida Lagunas de Punta Mogotes, a fin de “asegurar su protección ambiental y tomar medidas de cuidado y preservación a futuro del espacio natural”.
En ese sentido, la edil explicó que “el área de las Lagunas de Punta Mogotes fue declarada por la ordenanza 11038 como área protegida natural por la diversidad y atractivo de la fauna y flora de la zona. En estos últimos meses pudimos ver cómo estas lagunas se poblaron de aves que no suelen verse cuando las actividades sociales son normales. Es un sector de una enorme riqueza natural que debe ser preservado”.
Y agregó que “por ese motivo nos preocupa tanto que se den hechos como el que se denunció, a plena luz del día y sin que nadie intervenga”.
“Los organismos provinciales deben hacerse responsables de la protección de este sector. Realizamos la denuncia ante la Opds y presentamos este pedido en el Concejo Deliberante porque consideramos que es una situación muy grave y puede constituir un delito”, continuó Mantero.
Desde el bloque de Acción Marplatense ya habían presentado una propuesta respecto de este sector, para ampliar la protección establecida en la Ordenanza 11038. En dicho proyecto se amplía el sector delimitado como área protegida, valorando actividades de contemplación o investigación a la vez que se propone un camino para el tránsito de personas con mobiliario de bajo impacto ambiental. También establecen la prohibición de actividades promocionales, culturales y/o artísticas que impliquen contaminación sonora perjudicial para la fauna del lugar.
“Este espacio natural fue muy valorado por los vecinos en tiempos de pandemia. Promovemos la concientización y difusión de las características del área y la importancia de su cuidado. Nuestra ciudad tiene un patrimonio natural de una enorme riqueza, y debemos propiciar las políticas públicas para preservarlo”, finalizó la concejal Paula Mantero.
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Denuncian un desmonte silencioso en territorios en disputa

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La denuncia es de la comunidad Honat Le Les, de Embarcación, que disputa tierra con el titular registral en un monte nativo que quedó rodeado de desmontes.
Miembros de la comunidad del Pueblo Wichí Honhat Le Les (Hijos de la Tierra, en wichí) denunciaron que el titular registral del lugar envió personas a colocar postes para empezar a alambrar el territorio donde viven 115 familias.
La afirmación vino de parte de la niyat (cacica) de la comunidad, Julia Gómez, quien indicó a Salta/12 que “los blancos” que ingresan al territorio a sacar madera presentan permisos, con papeles que denotan autorizaciones extendidas por la Agropecuaria Suipacha SA.
La comunidad ya cuenta con su relevamiento enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, en una carpeta técnica que involucra 3.400 hectáreas de territorio comunitario. Por otra parte, la finca está reconocida como “Tres Pozos” en la Dirección de Inmuebles de la Provincia, cuyos titulares registrales son de apellido Ortega Velarde.
Hace unos años, en el programa Salta Produce que se emite por Radio Nacional Salta, Jorge Ortega Velarde afirmó que las tierras son suyas desde 1972, cuando las compró a los anteriores titulares registrales. “Vivo la mitad del año en Embarcación”, sostuvo en aquella oportunidad en que afirmó que había un “atropello al Código Civil y a la propiedad” con el relevamiento de la propiedad ancestral indígena.
“Desde la Estación de Embarcación al este hay 2000 intrusos. Nunca nos metimos con ellos para nada. Y han construido su casa y han ido avanzando”, afirmó además. En sus especulaciones, aseguró que “a mí me dicen ‘esto es droga’”, sin explicar a qué se refería con esa expresión.
La comunidad, en tanto, afirma que vive ancestralmente en esas tierras que, según indicó Leonardo Pantoja, referente de Misión Chaqueña (otra comunidad de Embarcación), es el único monte que queda “en medio de las plantaciones de soja y poroto”. El territorio de Honhat Le Les o Finca Tres Pozos (según quien la nombre), se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en dirección al río Bermejo.

El uso del monte
“El monte para nosotros es el mercado, el hospital, el corralón y hasta el Ingenio, porque nos da la miel”, dijo Lucio Palavecino, fiscalizador general de la comunidad. Sin embargo, con este tipo de acciones que implican la tala de madera se termina por generar una suerte de desmonte silencioso que va degradando la zona.
Gómez envió fotos exhibiendo la notificación que muestran “los blancos” que sacan los rollos y troncos de madera de la comunidad. “Con la presente, la firma Agropecuaria Suipacha SA autoriza al señor… extraerá quincenalmente trocillo de los predios de la finca tres pozos, pertenecientes a la misma”, se puede leer. En el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) figura que la mencionada empresa está constituida por los Ortega Velarde y tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las imágenes enviadas por Gómez, en tanto, se muestran camiones que recurrentemente entran a la zona a sacar árboles del monte en disputa.

Con distinta vara
Hace unos meses la Policía secuestró madera, carbón y artesanías hechas en madera a integrantes de la comunidad. Pues desde la Institución se sostenía que no tenían permiso alguno para esa extracción, por lo que dejaron lo secuestrado en las comisarías. “Nosotros sacamos para sobrevivir en carritos chicos”, dijo Gómez a Salta/12. Afirmó que por el contrario, no sucede nada cuando la acción es llevada adelante por quienes son autorizados por Agropecuaria y que extraen madera en cantidad considerable, como se ve en algunas fotografías.
Gómez añadió que quienes fueron a machetear en el territorio, enviados en principio por Ortega Velarde, para plantar los postes y alambrar, fueron acompañados y protegidos por la Policía. Una vez que las autoridades de la comunidad decidieron parar los trabajos, la Policía les indicó que iban a dar intervención a la Fiscalía para que “los notifiquen”.
El reclamo de ésta como de otras comunidades es que se continúe con la etapa que venía después del relevamiento de las tierras que reclaman como territorio comunitario. Esto es, la entrega del territorio. Del otro lado, los titulares registrales reclaman la propiedad de tierras que compraron y asentaron como suyas en los papeles, aunque las hubieran comprado con ocupantes. En medio de la cuarentena, la situación se complica porque pese a que para los originarios ni el desmonte ni los alambrados deberían ocurrir, continúan sin mayores restricciones.
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