La teoría de la involución: el fuego arrasó con una reserva de Corrientes donde viven monos amenazados de extinción

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes


Un incendio que habría sido intencional para obtener mejor pasto para el ganado devastó la mitad del área protegida del Parque Provincial San Cayetano. Las veterinarias y biólogos del CONICET que formaron parte del operativo para apagar el incendio advierten sobre las consecuencias en la biodiversidad y los riesgos para los animales que viven en la región. Reclaman una ley de humedales
No es el Amazonas. No es Australia. No es California. Es la Reserva San Cayetano, en Corrientes. “Nos quemaron casi el 50 por ciento de la superficie de un parque provincial en un área protegida”, advierte el biólogo, investigador del CONICET y director de la Estación Biológica Corrientes (que depende del CONICET nordeste) Martín Kowalewski.
El Parque Provincial San Cayetano está ubicado a 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Corrientes. Tiene 76 hectáreas compuesto por pastizales, montes, palmares y riachuelo. Hay flora y fauna nativa. Nicki Becker, de Jóvenes por el clima, contextualiza: “Al igual que en el delta del Paraná, Córdoba y Formosa, el Parque Provincial San Cayetano ardió toda la noche y el incendio destruyó la mitad de la reserva”.
El domingo 23 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, el fuego arraso con la reserva en donde monos, zorros, aves, reptiles y otros animales encontraban protección. El lunes 24 de agosto los focos de fuego continuaron. En el incendio se quemaron pastizales, palmares y partes del monte. El peligro paso, pero el efecto no tiene vuelta atrás.
¿Por qué es más grave el incendio en un parque provincial? “No es un campo privado que se les salió de control porque no pidieron permiso para hacer la quema, sino que nos quemaron un área conservada donde se protegía la biodiversidad y donde hay muchos proyectos de estudio que se ven afectados”, denuncia Kowalewski.
La pérdida de la mitad de la superficie del parque provincial no se puede recuperar y menos de forma rápida. “La sequía va a complicar que vuelvan a crecer las plantas y los animales que sobrevivieron van a salir a buscar refugio fuera del parque donde se van a encontrar con cazadores y con perros”, enmarca el biólogo.
“Esta pérdida significa mucho”, lamenta la veterinaria Belén Natalini, becaria doctoral del CONICET en la Estación Biológica de Corrientes. Ella estudia la dinámica de las enfermedades infecciosas en el noreste argentino, pero frente a los incendios salió a apagar el fuego y a controlar en guardias nocturnas que las cenizas no fueran traicioneras y tuvieran nuevos focos de riesgo.
Ella describe los efectos de los incendios: “En la primavera comienza la época reproductiva de las aves. Así que no vamos a tener los pastizales listos para que puedan anidar”. Por su parte, el biólogo describe: “Cuando el fuego empieza a arrasar hay animales que no pueden escapar como las víboras, reptiles, lagartijas y cuis y se queman en el lugar; también los carpinchos que no corren rápido. Los aguara guazú y zorros se pueden escapar, pero no encuentran un hábitat a donde regresar porque está todo quemado”.
“Los monos carayá que viven en esta zona -y están amenazados de extinción- pueden escapar por los arboles pero, a veces, el estado de deforestación es tan alto que quedan atrapados en montes y el fuego los aturde. Además se estresan por el calor, por eso gritan y aúllan. Además en casi todas las hembras de los monos carayá hay crías de uno o dos meses y por el humo, las hojas quemadas y las cenizas (que son tóxicas para las crías) aumenta la mortalidad para los pequeños infantes”, diagnostica el biólogo.
El problema no es un foco, sino la extensión del fuego en todo el país. “Los incendios se están saliendo de control por la sequía y la bajante del río a lo largo del Paraná que amenazan los suelos y el banco de semillas y la biodiversidad de toda una región”, remarca Kowalewski.
“El incendio fue intencional y obedece a prácticas tradicionales de hacer quemas para tener un pasto un poco mejor para el ganado. Pero ahora los incendios son más graves por la sequía, el viento y la bajante del río. Por eso, se deben cumplir con las leyes y concientizar a la población sobre las consecuencias que tiene esta practica”, enfatiza el investigador del CONICET.
Y él remarca: “Si un propietario ganadero quema campos tiene que ser castigado aunque sea amigo de un intendente. Por eso, necesitamos que la gente le pida a sus gobernantes que hagan cumplir la ley y no encubra a los que ostentan poder en cada territorio”.
Mientras que Natalini apunta: “Se deben erradicar las quemas en los campos para el rebrote de las pasturas porque estamos en una época de extrema sequía y con una chispa que prende nos arrebata el ambiente que se viene cuidando hace años. Lamentablemente, creemos que el fuego fue intencional y que prendió por toda el área”.
En Corrientes hay sectores que dicen que el fuego no los afecta y se oponen al tratamiento de una ley de humedales. Sin embargo, Becker reafirma: “En Corrientes hay alerta roja por el peligro de incendios por las sequías. Es decir, no se pueden hacer quemas en ningún lugar, y menos sin permiso. Sin embargo, la provincia arde y los bomberos no dan abasto”.
En la serie The Moorning show se muestran dos formas de abuso de poder: el abuso sexual y los incendios en donde los sectores de mayor poder adquisitivo contratan a bomberos privados (en California, Estados Unidos) y la noticia pretende ser encubierta por quienes son dueños de las casas caras y las señales de televisión.
En el relato de la serie el acoso sexual sistemático a las mujeres en la televisión se tapaba con la cobertura de los incendios. Pero lo que en realidad tapan las imágenes de los incendios es que no se trata de azar, sino de la causa intencional de las llamas. Desde Jóvenes por el clima están juntando firmas para la petición: “No es Australia, no es el Amazonas. Es la Argentina que se está quemando toda”, en donde reclaman mayor presupuesto para el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
En la petición explican: “Este año una histórica sequía en la Cuenca del Plata afectó al delta del Paraná incrementando incendios a lo largo de todo el territorio cercano al río. En lo que va del año, solamente en el delta del río Paraná se registraron más de 25 mil focos de incendios y hemos perdido más de 90,000 hectáreas con todo el daño que esto conlleva hacia las personas que viven en estos lugares y la biodiversidad que alberga este sistema de humedales”.
La organización alerta sobre los incendios forestales en Córdoba, Formosa, reservas naturales de Santa Catalina, Laferrere, Ciudad Evita e Isla Verde, en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires: “El origen del fuego está enmarcado en acuerdos y negocios ilegales entre las autoridades locales y las industrias inmobiliarias, maniobras denunciadas por los consejos vecinales ya que no contemplan un aprovechamiento sostenible del ecosistema ni prioriza la salud pública de los habitantes”.
La extensión de los incendios generó un gran problema en Rosario invadida por el humo. En ese sentido, se pide una ley que proteja a los humedales. El diputado Leo Grosso es uno de sus impulsores y plantea: “Las quemas del Delta del Paraná y los desarrollos inmobiliarios de barrios cerrados en el segundo cordón del conurbano bonaerense están destruyendo los humedales en el país”.
“Se calcula que el 70 por ciento de los humedales del mundo están destruidos o en proceso de degradación. La Argentina no es la excepción. Necesitamos que el Estado proteja a los humedales que son grandes reservorios de agua dulce y mitigan el calentamiento global porque absorben los gases del efecto invernadero y son grandes reguladores de las inundaciones porque son esponjas que absorben el agua cuando hay muchas lluvias o desbordan los ríos”, destaca el diputado.
“Por eso, tenemos la voluntad que en el 2020 se sancione la ley de protección de humedales en la Argentina. Es hora de que nos hagamos cargo de la deuda pendiente”, sostiene Grosso. “Hay que generar reinversiones para proteger a estos ambientes de forma más intensiva en la ley de humedales”, propone Kowalewski.
“Los fuegos que se están dando en todo el país son ilegales e intencionales. Los montes quemados quedan a disposición de productores o agentes inmobiliarios. No son incendios espontáneos o casuales en la mayoría de los casos. Son un ejemplo del agronegocio con una explotación inadecuada del ambiente y con una forma de capitalismo insostenible”, advierte el biólogo.
En Corrientes, en el Parque Provincial San Cayetano, los incendios fueron controlados por la intervención de guardaparques, bomberos, los y las investigadores del CONICET, la gente del pueblo, el área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el área de incendios forestales de la región NEA del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El incendio en San Cayetano no tuvo peores consecuencias gracias al trabajo de las y los guardaparques de Corrientes Adriana Vallejos, Conrado Holzer y Francisco Sánchez Gavier. “Ellos salen a poner el pecho al fuego”, agradece Martín Kowalewski. El trabajo pudo evitar peores consecuencias.
Pero el daño es irreversible. Y doloroso. Las fotos y los videos tomados durante el incendio muestran que, mientras el humo tapaba el aire los monos observaban desde los árboles la involución del ser humano. El fuego paro, pero la destrucción no tiene vuelta atrás.
El área protegida es una isla donde pueden vivir y reproducirse especies que, fuera de esa orbita, son atacados o corren riesgos. Por eso, el fuego arraso con esa protección. Natalini relata: “Vimos reptiles calcinados y aves muertas. No solo mata el fuego, sino el humo que queda en el ambiente que hace que los animales no puedan respirar o que tengan que huir y que sean atropellados, cazados o atacados por perros”.
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Contaminación: ordenaron el cierre de una curtiembre clandestina

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El fiscal de Investigación Rural consideró “histórica” la sentencia del Juzgado Civil, que dispuso la cesación de la actividad generadora de daño ambiental colectivo de una curtiembre que funcionaba sobre la Ruta 123. Por otra parte, hay una instancia penal que aguarda juicio por delitos de caza furtiva y almacenamiento de pieles de la fauna silvestre.
El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes dispuso la cesación de la actividad generadora de daño ambiental colectivo de una curtiembre, al hacer lugar a un amparo ambiental que fuera solicitado por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.
Se trata de un comercio que funcionaba de manera irregular, sin habilitaciones oficiales, en el kilómetro 111 de la Ruta Nacional 123 de donde secuestraron casi 1500 cueros de carpinchos en un procedimiento realizado por la delegación local de la Dirección de Recursos Naturales, a cargo de Julio González.
El titular de la Fiscalía Rural, Gerardo Cabral, dijo a El Litoral que es “histórica para la provincia de Corrientes una sentencia de primera instancia como esta, que se dio en base a un amparo ambiental que fue promovido desde este recinto”.
Añadió, además, que “hay dos instancias, una es la del fuero civil, que es el que ahora tuvo respuesta, y la otra se halla en el fuero penal, artículo 55 de la Ley 24.051”, la cual establece: “Será reprimido con penas el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Además, será penalizado por atentar contra la fauna y flora silvestres (Ley 22.421), por caza furtiva y tenencia de pieles autóctonas, explicó.
Esto se halla en la faz del Tribunal Oral Penal de la Mercedes a la espera de una resolución, explicó.
En cuanto a la contaminación comprobada en la curtiembre señaló que “se han tomado muestras en seis lugares distintos, ya sea dentro del galpón como afuera, y se ha detectado la altísima presencia de cromo: lo permitido es 500 partes por millón y acá había 7.500 partes por millón, o sea 15 veces más de lo permitido”, enfatizó Cabral a este medio.
Añadió, además, que “la curtiembre funcionaba de manera clandestina porque carecía de las habilitaciones de la Municipalidad de Mercedes, así como del Icaa”.
El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo de Gustavo Buffil, dispuso la cesación de la actividad generadora de daño ambiental colectivo, causado por una fábrica de curtido y terminación y terminación de cueros, cuya actividad ya había sido suspendida preventivamente.
Vecinos de la zona aledaña a los dos galpones de la firma atestiguaron olores nauseabundos, dolores de cabeza, picazón y alergias en la piel, además de neumonías, patologías que desaparecieron luego de esa suspensión provisoria de actividades.
Los informes periciales realizados dieron cuenta de la presencia de sustancias peligrosas –arsénico, cadmio, cromo total y plomo– tanto en el suelo como en el agua en niveles nocivos para la saludo tanto de los vecinos de la planta como para los propios trabajadores de la empresa, la flora y la fauna.
Según la pericia, esos elementos pueden provocar problemas respiratorios, defectos de nacimiento, infertilidad, formación de tumores (cromo), irritabilidad, insomnio, erupciones, hiperactividad o letargo, pérdida de apetito, dolores de cabeza, disconfort abdominal, daños del sistema nervioso, en altos niveles convulsiones, coma y muerte (plomo), irritación de intestinos, disminución de los glóbulos rojos, cambios de piel, en concentraciones muy altas puede causar infertilidad, abortos, pérdida de la resistencia a infecciones, perturbación y daño en el cerebro, así como dañar el ADN (arsénico), establece el fallo.  
En tanto que los productos terminados eran trasladados a otro local en el que eran almacenados para luego manufacturar boinas, botas, alpargatas, chalecos, cintos, lonjas y otros elementos con producto animal para la venta y comercialización clandestina.
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La UNER monitorea el ambiente en busca de plaguicidas

Fecha de Publicación: 07/09/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Las facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, junto al INTA, implementan un plan de monitoreo en Oro Verde para detectar agrotóxicos en el ambiente.
A partir de una demanda del Municipio y la comunidad de Oro Verde, y a través de un proyecto de Estrategias de Articulación Territorial, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollan un Plan de Monitoreo Ambiental para esa localidad del Área Metropolitana de Paraná. El objetivo general consiste en diseñar e implementar un sistema de monitoreo que pueda continuar siendo aplicado por el municipio. En este sentido, se está comenzando a realizar tomas de muestras, que buscarán determinar la presencia y la concentración de contaminantes agrícolas en el ambiente: suelo, aire y aguas subterráneas.
El proyecto tiene una duración de 18 meses, es dirigido desde el Laboratorio de Química Ambiental “Ing. Hugo Barbagelata” de la FIUNER, y en sus fundamentos establece que en los últimos años “se presentaron cambios en los usos del suelo y en la fisonomía de la localidad, que fue pasando de ser una localidad rural a satélite de una gran urbe como Paraná, poniendo en tensión dos usos de la tierra: residencial y agropecuario”.
En 2019 un trabajo de tesis del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná analizó la presencia de glifosato y su principal metabolito ambiental, AMPA, en el aire de Oro Verde. El hallazgo generó preocupación en la población y el gobierno local solicitó asistencia a la FIUNER para el desarrollo de un plan, que consiste en monitorear no sólo el aire sino también del suelo y el agua, y evaluar la presencia y también la eventual concentración de agroquímicos.

Muestras
El equipo del proyecto diseñó un plan de muestreo y determinó tres puntos estratégicos: el centro y casco urbano más poblado; el sur, aproximadamente en la zona frente al INTA; y el área de El Triangular. Se realizarán protocolos de muestreo siguiendo normas internacionales y se redactarán tres protocolos: de agua subterránea, de suelos en espacios públicos y de aire en seco (partículas) y húmedo (lluvias). Para esto se utilizarán seis colectores de depositación atmosférica del INTA, se tomarán muestras de cinco pozos de agua subterránea y de suelo en cinco espacios de uso común, detallaron desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
El comienzo del monitoreo estaba previsto para marzo pero se atrasó por las dificultades del contexto de la pandemia y por la escasez de precipitaciones, ya que se necesita la presencia de lluvia para la siembra y aplicación de plaguicidas. El muestreo está dividido en tres etapas, acordes a los momentos de presiembra, siembra y cosecha. Ya se comenzó con la primera, según explicó el director del proyecto, Enrique Paravani, titular de la cátedra de Química General Inorgánica y director del Laboratorio de Química Ambiental.
Respecto de la posible contaminación ambiental, Paravani consideró que “es un llamado de atención. Es un tema pujante, pero hay que tener datos, analizarlos y a partir de ahí tomar medidas”. Por ello, “medir la presencia pero también la concentración de plaguicidas es importante, porque puede haber en algún momento pero con concentración mínima, que no tendría injerencia sobre la comunidad”, indicó Paravani. El proyecto, además, relevará no sólo la presencia y concentración de glifosato, “sino también de muchos residuos, para tener un panorama en todo el municipio”.
Los análisis fisicoquímicos de las muestras de suelos se realizarán en el Laboratorio de Suelos de la FCA-UNER; los de las muestras de agua en el Laboratorio de Química Ambiental de la FIUNER; y los de depositación atmosférica en el Laboratorio del Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA Paraná. Además, se enviarán alícuotas de cada muestra al Laboratorio de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC) de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, que “cuenta con un equipo de última generación, que permite analizar más de 50 moléculas de los principales herbicidas, insecticidas y fungicidas”, destaca el proyecto.
Paravani advirtió el hecho de que Entre Ríos carezca de tecnología para hacer análisis de plaguicidas. “Hace tiempo venimos pidiendo y gestionando la adquisición de un equipo. Sale 600 mil dólares. Es un monto importante, pero para una provincia 30 o 40 millones de pesos no es tanto, teniendo en cuenta el potencial”, señaló.
Como etapa final, el proyecto elaborará un documento con los resultados, que se publicará en la página web del Municipio y se socializará en reuniones con autoridades comunales y con la comunidad en general. También se realizarán propuestas y recomendaciones para dar continuidad al sistema de monitoreo.
Además del director, el proyecto cuenta como co-directora con Carolina Sasal (INTA Paraná) y como integrantes con: Carolina Galetto, Mariana Bianchi y Gabriela Acosta por la FIUNER; Valeria Ormaechea y Silvana Spizzo por la FIUNER y la FCA-UNER; José Daniel Oszust, María Romina Befani y Carolina Elisabet Waigand por la FCA-UNER; Javier Fernández por la FIUNER y la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio; Mariela Seehaus, Emmanuel Gabioud, Natalia Van Opstal y Marcelo Wilson y Ana Wingeyer por el INTA Paraná.
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Qué dice la ley de pesca ilegal aprobada en Diputados

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional


La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca y las multas en Mar Argentino.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca, con el supuesto objetivo de "ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino".
Con la sanción de esta iniciativa, "el Gobierno busca combatir las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones previstas antes de la reforma en debate quedaron desactualizadas porque datan de hace más de veinte años", según la agencia estatal Télam.
La iniciativa en Diputados fue aprobada por los votos que fueron aportados por la bancada del Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Córdoba Federal y el bloque Justicialista.
Al abrir el debate en Diputados, la diputada del Frente de Todos, Ayelen Sposito, dijo que esta ley "complementa las leyes que ya se aprobaron para reafirmar la soberanía sobre Malvinas" y defiende "el cuidado de nuestros recursos" .
Tras reseñar los detalles de la ley, la legisladora dijo que la Argentina pierde "millones de dólares por la pesca ilegal".
En tanto, el diputado oficialista Santiago Igon, señaló que "es fundamental la sanción de esta ley porque se pierden 300 mil toneladas que se lleva la pesca ilegal" en el Mar Argentino y dijo que "complementa las acciones comprendidas en el gobierno en la defensa de la soberania".
El diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que esta iniciativa "es muy buena noticia porque es necesario armonizar una política en defensa de los recursos y completa sobre las leyes referidas a Malvinas" y destacó "un desafío de gran dimensión para todos nosotros".

Qué propone el proyecto
El proyecto aprobado por Diputados propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.
En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.
Durante la cuarentena se avistaron un sinfín de barcos realizando pesca ilegal en Mar Argentino.
Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, "Régimen de Infracciones y Sanciones", establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.
En el caso de embarcaciones extranjeras pescando ilegalmente en Mar Argentino, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.
Asimismo, el proyecto tratado en maratónica sesión en Diputados establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.
Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.
A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.
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Botnia y su "lacayo": El gobierno uruguayo consiente todos los incumplimientos de la segunda pastera

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Maxima OnLine
Provincia/Región: Nacional


Vencieron los plazos y las prórrogas que tenía la corporación finlandesa para la presentar los proyectos de las plantas química y de tratamiento de efluentes, exigidos por la autorización ambiental otorgada para UPM 2 en 2019
UPM continúa sin pausa la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, con la incalificable admisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente frente a los sucesivos incumplimientos de las condiciones que le fueron exigidas a la corporación en el momento de otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) que permitía el inicio de las obras de la nueva mega planta. Desde marzo de este año, las autoridades ambientales tienen pendiente la sanción de una irrisoria multa, a pesar de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) calificó que  la empresa incurrió en una “infracción grave”.
Lo más insólito es que ciertos investigadores uruguayos que cuestionan el proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, consignan que hay una Finlandia “conmocionada” por la decisión de la corporación de cerrar una planta que ocupa a 450 trabajadores en aquel país, poniendo en un segundo plano lo que denominan "permisividad” del Gobierno uruguayo ante la arrogante postura posición de la empresa nórdica respecto a la futura planta de Pueblo Centenario. Y por supuesto, no escriben una palabra sobre el hecho de que Uruguay está incumpliendo una vez más, el Tratado del Río Uruguay por negarse –hasta ahora- a cumplir con su obligación de entregar toda la documentación del proyecto a nuestro país, para que Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) lo analice y se expida. Ciertas omisiones no son inocentes.
El 14 de mayo de 2019, la entonces Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, a través de la Resolución 690 extendió la APP, sujeta a una serie de condiciones y plazos para su cumplimiento, antes de que la planta entrara en operación. En tal sentido, se estableció que UPM disponía de ciento ochenta días para concretar las siguientes cuestiones pendientes:
- Definir la construcción de la Planta de Insumos químicos en la Zona Franca de pueblo Centenario (Kemira)
- Presentación de los proyectos de las Planta de Tratamiento de los Efluentes, del Sistema de Descarga de los mismos y en la zona de mezcla en el río
- Presentación del Plan General de Monitoreo de las condiciones ambientales y el Sitio de Disposición Final (SDF) de residuos en el interior de la Zona Franca.
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales, con los gestores de las distintas líneas de residuos, los procedimientos y previsiones para el suministro del flujo del río requerido por la planta para la dilución de efluentes (mínimo de 80 metros cúbicos por segundo) y para las situaciones de sequía extrema y para cuando la planta tenga que realizar paradas de mantenimiento.
- Plan de Monitoreo de Calidad del agua, suelo y biota a comenzar a instrumentarse desde 2020.
El 15 de noviembre de 2019, venció el plazo sin que UPM hubiera cumplido ninguna de estas cuestiones. La corporación solicitó 90 días de prórroga para la Planta Química, la estructura de descarga de los efluentes y la zona de mezcla en el río y, además, solicitó una prórroga de 180 días más para el SDF de residuos sólidos y de una semana para el Plan de Monitoreo de Calidad del agua, el suelo y la biota.
Los finlandeses tampoco cumplieron con las prórrogas que ellos mismos habían requerido.
El 14 de febrero de este año, técnicos del  División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, encabezados por Cecilia Maroñas, llegaron al obrador ubicado en Pueblo Centenario, para constatar los avances de las obras. Allí comprobaron in situ que, pese a haber comenzado los trabajos a mediados de octubre de 2019,  “el camino del Tala aún se encuentra en obra (…) el tramo comprendido entre la Ruta 5 y la vía férrea se encuentra muy deteriorado (…) el tramo restante entre la vía férrea hasta el acceso al predio tiene conformada la base pero resta realizar la capa de rodadura definitiva”. Habían pasado cuatro meses del inicio de las obras y UPM no pudo cumplir con el plazo de 60 días en los que estaba previsto reacondicionar el camino del Tala. Los encargados de las obras dijeron los inspectores de la DINAMA que la pavimentación estaría lista “a fines de marzo de 2020”.

LA RESOLUCIÓN QUE NO "EXISTE"
En la DINAMA, los técnicos de la División Emprendimientos de alta Complejidad pusieron de manifiesto el delictivo ocultamiento de información que hace constantemente el Gobierno de la República Oriental sobre todo lo atinente al proceso de autorización y construcción de la segunda planta de celulosa de UPM, lo cual quedaría reflejado en el Informe de fecha 17 de febrero pasado de la técnica Maroñas.
En ese documento de la DINAMA, se revela algo que aún no se conocía. El 10 de enero de 2020, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente emitió oficialmente un apercibimiento a UPM por los incumplimientos en los que venía incurriendo sistemáticamente. Sin embargo esa sanción, firmada por la entonces ministra De León, hasta el día de hoy no fue hecha pública. El instrumento administrativo en cuestión es la Resolución 45/2020, que no aparece en el registro de Normativa Publicada de la Presidencia uruguaya, está explícitamente mencionada en el Informe redactado por Cecilia Maroñas. Según el Gobierno uruguayo, esa resolución no es pública o es como si no existiera para ojos extraños. Pero existe.
Después que Maroñas firmara, el 18 de febrero, su Informe de “Propuesta de Sanción a UPM”, las empresas Cuecar S.A. y Blanvira S.A. –las fachadas que utiliza la corporación finlandesa para sus operaciones en Uruguay-  respondieron que la sanción que se les quería imponer era desproporcionada y, también, expresaron  que la infracción que estaban cometiendo era grave. Alegaron que no correspondía aplicar la multa y que “debería desestimarse o al menos disminuirse considerablemente el monto de la misma”.
El 11 de marzo de 2020, diez días después de la asunción de Lacalle Pou, el Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA desestimó las consideraciones de UPM al Informe de la técnica Maroñas, no aceptó nuevas prórrogas y ratificó su propuesta de sancionar a UPM por el incumplimiento en la reconstrucción y pavimentación del camino del Tala y propusieron aplicar a UPM una multa por “infracción grave” de 200 Unidades Reajustables, equivalentes a unos 6 mil dólares una cifra que, por lo irrisoria, exime de todo comentario. Cinco días después, el 16 de marzo, UPM solicitaba una nueva prórroga de 30 días para adjuntar el proyecto sobre la presunta construcción de la Planta Química de Kemira en Pueblo Centenario, mientras la petición de sanción a la corporación fue depositada en el anaquel de los expedientes cajoneados. Los acontecimientos, a esta altura, ya se asemejaban más a una broma siniestra.
El 13 de mayo de 2020, la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, hizo un balance de la marcha del proyecto de UPM y concluyó que el Plan de Monitoreo Ambiental estaba “incompleto”, que “sigue pendiente de presentación el Proyecto la Planta Química (…) no se ha presentado por parte de la empresa el Plan de Tratamiento y el Sistema de Dilución de los Efluentes” y, tampoco, “el SDF de residuos sólidos”. Pese a constatar semejantes incumplimientos, la DINAMA en lugar de denunciar la grave situación y exigir un plazo perentorio para que UPM se pusiera al día con sus obligaciones, solo indicó la mayor o menor “premura” en los casos pendientes.
A esa altura, ya estaban en funciones las nuevas autoridades de la DINAMA designadas por el gobierno de Lacalle Pou y el 26 de agosto asumía el primer ministro de Ambiente uruguayo, Adrián Peña. Desde entonces, sigue sin haber decisión sobre si UPM debe pagar o no los 6000 dólares de multa.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS
Mientras las autoridades uruguayas continúan otorgando prórrogas para favorecer que la corporación finlandesa no cumpla con lo que firmó, propone “multas” irrisorias, hay algunas otras cuestiones que son alarmantes.
La primera de ellas es la referida a la modificación del Digesto para el Uso y Aprovechamiento Integral del Río Uruguay, que fue aprobado por las Delegaciones argentina y uruguaya ante la CARU a finales de 2019 y que modificara diversos parámetros de control, para facilitar así que UPM disponga de total impunidad para contaminar dicho curso de agua.
Se sabe certeramente que en el piso 15° de la Cancillería Argentina, el equipo técnico de la Consejería Legal que encabeza Mario Oyarzábal ha recomendado rechazar varios aspectos de las reformas que aprobaron los ya ex delegados de Cambiemos y el Frente Amplio cuando estaban en la CARU. En estos análisis han participado, entre otros, la nueva Directora de Asuntos Ambientales Silvia Beatriz Vázquez, el Director de Tratados Internacionales, Gerardo Bompadre. Se sabe que también consultó la opinión de los por ahora, únicos vocales argentinos ante CARU: Rodolfo María Ojea Quintana y María Marta Insausti.
Es altamente probable que la Delegación de nuestro país que preside José Eduardo Lauritto, va a proponer dar marcha atrás con numerosos cambios introducidos en el Digesto, lo cual no será para nada sencillo, teniendo en cuenta que en el organismo binacional todo se resuelve por consenso.
Otro de los asuntos preocupantes en la CARU, ya lleva dos meses y sigue sin solución. El 3 de julio último, el Ingeniero Agrónomo Marco García fue “invitado” a renunciar como Secretario Técnico del organismo binacional. La Secretaría Técnica es la dependencia encargada de coordinar e instrumentar todos los planes de monitoreo que la CARU tiene sobre el río, incluido el Comité Científico que ingresa mensualmente con aviso previo a Botnia Fray Bentos. Tenía un contrato vigente de tres años, pero fue echado cuando apenas llevaba 15 meses de labor.
El tema tiene sus bemoles, porque el eyectado García –un explícito referente del Frente Amplio uruguayo- no recibió el mismo tratamiento que se ha adoptado respecto al poderoso Secretario Administrativo Marcos Di Giuseppe, puesto en ese cargo por el cambiemita Mauro Vazón y que ha sido confirmado en sus funciones por las nuevas autoridades argentinas en el organismo binacional. La Secretaría Administrativa es clave: maneja el presupuesto, las contrataciones de personal y gestiona las millonarias licitaciones en la CARU. Se da la circunstancia de que Vazón y su sucesor, Lauritto, son de Concepción del Uruguay y entre ambos hay estrechas relaciones.
Más allá de cualquier suspicacia, quizá se avecine una tormenta aún más peligrosa en torno a la CARU y que puede llegar a convertirse en una tempestad.
El Estado uruguayo, por ahora, ya ha transmitido a nuestro país su “negación” –término utilizado por las fuentes diplomáticas consultadas- a hacer entrega de toda la documentación del Proyecto UPM2 para que pueda ser evaluado por la CARU, de acuerdo a lo prescripto por el Estatuto del Río Uruguay, que rige en todos aquellos casos de emprendimientos que, por su envergadura, pueden afectar el curso de agua compartido.
Esta obligación de requerir o de ser requerido, es común tanto para Argentina como para Uruguay. Pero hay plazos establecidos para hacerlo. Cuando estalló el conflicto por la pastera que hoy funciona en Fray Bentos, nuestro país se durmió. Dejó extinguir los límites temporales previstos en el Estatuto para que el paisito respondiera. Hechos consumados que le dicen. Tan es así que tuvo que ser el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el que, en su fallo de 2010, condenara al vecino de enfrente por su negación a informar en tiempo y forma.
Independientemente de que siempre hay prestar mucha atención al significado de ciertas palabras que se suelen utilizar en el vidrioso lenguaje diplomático, lo cierto es que los responsables de la Cancillería de nuestro país y de la CARU mantienen, hasta el momento, un ominoso silencio.
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Instan a la población a denunciar hallazgo de monos muertos o decaídos   

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La detección de los monos muertos por fiebre amarilla en Cascavel, municipio brasileño ubicado a apenas 85 kilómetros de la frontera con Misiones, despertó la alerta de las autoridades sanitarias de Nación y la provincia, quienes reforzaron las actividades de prevención, es decir, de vacunación en la zona y monitoreo de monos. Es por ello que se desarrollaron reuniones para definir acciones en San Pedro, El Soberbio, San Vicente, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Pozo Azul, Comandante Andresito y Puerto Iguazú.
En la lucha contra esta enfermedad, que tuvo su último brote en 2008/2009, los monos son considerados centinelas, esto es, indicadores de que la enfermedad llegó a un lugar o zona. De ahí la importancia de ver su comportamiento para la detección temprana.
“Lo que pedimos es que la gente nos informe si tiene monos en sus cercanías para saber que tenemos un ambiente sano; si ellos los escuchan, los ven, quiere decir que están bien, sanos. Queremos que ellos sean nuestros colaboradores para saber si nuestro monte está saludable. En el caso de que llegasen a encontrar algún mono decaído, que se aleja de la manada o muerto también solicitamos que nos informen o se acerquen al primer puesto de guardaparques”, solicitó Patricia Sandoval, directora de Biodiversidad del Ministerio de Ecología de la provincia, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.
El ministerio tiene habilitado para esto la línea Ecología te escucha: 376-4883555 donde cualquiera pueda notificar alguna situación irregular respecto de los primates.
En la provincia de Misiones existen tres especies de monos: el carayá rojo, el negro y el caí. Son tan susceptibles a la fiebre amarilla como los humanos pero al que más ataca es al carayá, pudiéndolo matar en el lapso de dos o tres días. El carayá rojo, en particular, está en peligro de extinción por lo que la detección temprana mediante el monitoreo puede evitar que la especie desaparezca.
“La especie carayá rojo está muy limitada porque tiene una distribución muy pequeña en la zona de San Pedro, vive muy asociado a la araucaria y por eso allí se lo encuentra, es la especie que corre peligro de extinción por la fiebre amarilla y es muy susceptible a ella”, explicó Sandoval.
Por su parte, Luciana Oklander, bióloga, investigadora adjunta del Conicet del Instituto de Biología Subtropical (Puerto Iguazú), resaltó que los monos no transmiten la enfermedad, es el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, el zika y la chikungunya.
“La gente piensa que los monos son los que traen la fiebre amarilla y pueden contagiar, pero no, el que llega es el mosquito, es la única manera que nos podemos contagiar. Ellos no tienen nada que ver con el ciclo del contagio, por el contrario, es muy bueno tener monos en la zona porque son los indicadores de que está llegando y en Brasil hizo que se pudiera alertar a la gente y empezaron a vacunar”, aseguró la profesional.
Oklander y Sandoval coincidieron que los monos son muy activos y se encuentran en las copas de los árboles por lo que las señales de alarma serían ver que no se pueden sostener, están decaídos, en el suelo y, en última instancia, muertos. “Son signos claros de que están enfermos, puede ser de cualquier cosa, pero es conveniente avisar al Ministerio de Ecología”, insistió Oklander.
“Venimos realizando campañas desde 2017 porque siempre dicen que Brasil está cerca, ahora los casos están a 80 kilómetros, entonces realizábamos avistaje de primates. Hasta ahora nuestra población de primates está sana, no hemos tenido ningún caso de epizootia y espero que no lo tengamos ahora. Desde 2008/2009 que tuvimos el último brote, no tenemos registro”, cerró Oklander.

Para denunciar
376-4883555
Ecología te escucha.
El ministerio habilitó esta la línea para que las personas que vean algún comportamiento inusual en los monos puedan denunciar.
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Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


Sin focos de incendio, no se registran focos de incendio en la zona del Delta, a propósito de la lluvia. La imagen satelital es de la NASA y fue tomada el viernes 18 de abril. Se observa la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos Aires y La Plata y el Sudeste del Uruguay. En rojo se señalan los focos de incendio de ese día.
Por primera vez en mucho tiempo, toda la margen santafesina del río Paraná está libre de fuego. Sólo la naturaleza pudo contener lo que el trabajo a destajo -de tantos brigadistas- no pudieron: las quemas en las islas entrerrianas.
Las lluvias de las últimas 96 horas han sido claves para poner fin al menos hasta el cierre de esta edición, al flagelo ambiental, que ya dañó 198 mil hectáreas en Santa Fe y en Entre Ríos, informó el portal Sin Mordaza.
El Servicio Meteorológico Nacional señaló que ayer las precipitaciones estuvieron presentes en modo intermitente hasta la llegada de la noche durante gran parte de la provincia. Para hoy jueves, las lluvias cesarían y el cielo permanecería nublado a parcialmente nublado.
La lluvia de las últimas horas, consiguieron sofocar los focos más problemáticos del Delta, incluso hasta la desembocadura en el Río de la Plata.
De acuerdo al último registro de la Nasa sobre la zona, no hay focos de incendio en toda la margen santafesina del río Paraná, incluso no se aprecia ningún “puntito rojo” hasta la desembocadura del Río de la Plata.

Terraplenes, más peligroso que el fuego
Por su parte, el abogado especialista en Derecho Ambiental, Fabián Maggi, explicó detalles sobre la causa judicial que sustancia la Justicia Federal por los incendios en islas del Delta y la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar el posible lavado de activos en la construcción de 19 terraplenes en la zona del Delta de Victoria.
En declaraciones realizadas al programa de radio “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza de Paraná), Maggi confirmó que “en el Delta no preocupa no solamente la cuestión del fuego sino también la construcción de terraplenes que vuelve al humedal como si fuera una zona pampeana y eso genera una degradación ambiental en términos de los ecosistemas de los humedales”.
En ese contexto, mencionó que “hubo una intervención de la UIF en el marco de la causa penal que, por lo que sabemos, investiga exclusivamente la cuestión de los incendios, y el tema terraplenes es abordado en el fuero civil, a cargo de Daniel Alonso en el Juzgado Federal de Paraná, que está llevando adelante una acción donde se reclama el daño causado por los terraplenes y la recomposición de ese ambiente”.
Sobre este punto, indicó que “para muchos especialistas el tema de los terraplenes es una preocupación aun mayor que la de del fuego” y agregó que “en la zona de Victoria se detectaron 19, pero son muchos más que abarcan otros Departamentos de Entre Ríos y la extensión que tienen es muy grande y eso genera un impacto en una zona muy amplia del humedal”.
Explicitó que “se construyen con la idea de volver similar a la Pampa a la zona de islas para poder sembrar soja, hacer ganadería y tener un manejo durante todo el año evitando las épocas de crecida. Esto es una modificación del sistema, que se denomina antrópica –es decir, hecha por el ser humano- que no contempla el funcionamiento del ecosistema, sino que lo modifica, y eso es un daño ambiental, un daño en el patrimonio de toda la sociedad, y un daño en la naturaleza como sujeto de derecho”.
Respecto del accionar de la Justicia, el abogado sostuvo que “la medida cautelar está dictada, y vigente, por el Juzgado Federal, pero hay un notorio incumplimiento, porque circulando por la traza vial que une Rosario y Victoria se pueden ver las máquinas retroexcavadoras trabajando en los terraplenes”.
“Ante eso los ciudadanos nos preguntamos cómo puede ser que no se prohíba esa prohíba, no se detenga ni se secuestre la máquina, tal como ordenó el juez Alonso. Y eso es una responsabilidad de la Gendarmería, la policía de Entre Ríos y la Prefectura que tienen una orden concreta de evitar todo movimiento de suelo, y por eso surge la preocupación y la inquietud de la sociedad”, planteó.
De todos modos, mencionó que “en torno a eso se presentó el reclamo en el Juzgado Federal a cargo de Alonso, y se está a la espera de que se movilice porque hasta hace pocos días el juez no hacía lugar a las notificaciones electrónicas, que agilizaría todo, pero en los últimos días cambio de temperamento y entendió la necesidad de notificar vía correo electrónico”.
Por otra parte, sostuvo que la intervención de la UIF “es una cuestión muy novedosa dentro de los delitos ambientales”. “En el último plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se decidió trabajar sobre los delitos ambientales y al recibir esas recomendaciones el Estado argentino decidió intervenir en esta causa porque indudablemente estamos en presencia de un delito ambiental que genera beneficios económicos en quienes los ejecutan y al integrarlos al sistema financiero se produce lo que se denomina el lavado de activos, y por eso la UIF pidió el ingreso en esta causa penal”, explicó.
En cuanto a la causa judicial por los incendios, Maggi reiteró que “el juez Alonso tiene la parte civil de la investigación y el control de la parte penal” y consideró que “acá la actividad instructora y el Ministerio Público Fiscal debería tener un trabajo de mayor calidad”. Apuntó que “se identificó a muchas personas como supuestos responsables, pero vemos que algunos están fallecidos, otros son personas discapacitadas y otros hace muchos años que ni siquiera van a la isla, con lo cual habría que hacer un enfoque más detallado, una investigación más puntual y además entendemos que debe incorporarse la cuestión de los terraplenes en la causa penal”.
“Todas estas son falencias que notamos en la actividad del Ministerio Público Fiscal y lo estamos tratando de modificar. Estamos pensando en una serie de medidas que vamos a pedir y una serie de actuaciones por fuera del expediente para dale algo más sólido al trabajo que se está llevando adelante, en el sentido de la identificación de los responsables en términos penales”, sentenció. Al respecto, dijo que “es necesario que en la causa penal sean llevados a juicio los verdaderos responsables”.

Acceso a la tierra
En otro orden de temas, se refirió al proyecto que buscar imponer un Régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles de dominio público en islas y humedales, y sostuvo que “Entre Ríos tiene un protagonismo mucho mayor porque territorialmente es la que ocupa la mayor porción y también ahí desde hace años se verifican situaciones, al menos sospechosas, con tierras fiscales”.
Ejemplificó que “se han dado situaciones de tierras fiscales que en un principio fueron arrendadas y con el transcurso del tiempo fueron vendidas a precios que se presumen irrisorios y hoy se han transformado, de una manera un tanto cuestionable, en titulares de esas tierras”.
Por otra parte, dijo no tener “ninguna información concreta” sobre el proyecto para la instalación de granjas para la cría masiva de cerdos “pero no es difícil suponerlo por lo que han expuesto las autoridades respecto de estos megaproyectos que tienen una fuerte oposición de la sociedad por el riesgo ambiental que generan”.
“Según las explicaciones que ha dado la Cancillería están destinados a radicarse en zonas de producción de granos, con abundancia de agua y vías de comunicación, y esta zona cumple esos tres requisitos por lo cual podría pensarse que en algún lugar se podrían llegar a instalar”, concluyó.
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Trabajan en remediación de sitios contaminados

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Se realizó una reunión en el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, entre funcionarios del organismo y de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), donde se unificaron criterios de trabajo para la remediación de sitios afectados.
 De la misma, participaron el subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Juan Daniel Micheloud; la jefa de Departamento de Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos, Mariana Gigena; el director de Planeamiento, Marcelo Capart; y la jefa de Ambiente, Laura Vodanovich.
Cabe destacar que se llevan adelante una serie de reuniones de trabajo, en las que se establecieron cronogramas y planificación para llevar a cabo. Además se acordó que en el año 2021 se lograrán los objetivos planteados.
«Los residuos son parte de la matriz productiva», manifestó Micheloud, por lo que las empresas, o en este caso el organismo provincial, deben incorporarlos dentro de la gestión integral ambiental.
Agregó que «celebro la iniciativa de Vialidad Provincial en buscar soluciones, y por primera vez estamos logrando un acuerdo en la remediación de los sitios, totalmente abandonados».
Por su parte, Marcelo Capart señaló que «desde Vialidad Provincial, tenemos el compromiso de la presidenta, Cynthia Gelvez, quien reconoce que se debe trabajar en la búsqueda de alternativas para la remediación de los sitios contaminados».
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Crearán la Secretaría de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 04/09/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


La iniciativa del presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira, fue tratada por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso de que sea aprobada por el pleno, se realizarían las adecuaciones presupuestarias correspondientes y se modificaría la Ley de Ministerios.
Durante la reunión la presidente de la Comisión, Adriana Bezus, explicó que la Secretaría tendrá por objetivo el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el cambio climático y será la encargada de “planificar e impulsar todas las acciones tendientes para mitigar las consecuencias del efecto invernadero”.
“Esto tiene relación directa con el Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015 entre 195 países, entre ellos Argentina, para abordar la temática y combatir el cambio climático” y con el compromiso de la provincia “por sostener la biodiversidad”, añadió.
El área deberá asistir al Gobernador en el desarrollo e implementación de planes y monitoreo, como los planes estratégicos de disminución y emisión de gases de efecto invernadero y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático; además de desarrollar e implementar los principales indicadores y objetivos a corto, mediano y largo plazo en lo relativo a las emisiones y otras variables como las emisiones por actividades, emisión de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido de Nitrógeno (N20), entre otros, calidad del aire y del agua, incendios, sequías, olas de calor, cambios de nivel de cursos de agua, efectos en la salud e impacto en la economía.
También adoptar modelos internacionalmente reconocidos para la presentación y disponibilidad de información de la calidad del aire y otras variables ambientales, compatibles con las prácticas actuales y en coincidencia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; intervenir en coordinación con los organismos regionales, nacionales e internacionales relacionados con sus competencias; y elaborar planes de acción, mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos hídricos, de incendios y sequías ante nuevos escenarios climáticos.
Asimismo asesorar a otros organismos sobre nuevos criterios generales de diseño que contemplen los efectos en la troposfera generadores de cambios; firmar convenios con institutos y centros de investigación u otras personas humanas y jurídicas de derecho público o privado para promover el desarrollo de estudios e investigaciones referidas al cambio climático y su impacto regional; ejercer como Autoridad de Aplicación en las cuestiones relacionadas al cambio climático, en las áreas y materias que correspondan o se relacionen con la Provincia en virtud del régimen jurídico provincial y nacional; y promover el desarrollo sustentable a partir del uso de energías renovables, adopción del concepto de eficiencia energética en la construcción, uso de biocombustible, promoción del uso del transporte (automóviles, camiones y ómnibus) con cero emisiones; entre otros asuntos a cargo.
“El cambio climático es un problema de la humanidad, por lo tanto, como provincia, nos proponemos adoptar medidas para hacer frente a sus efectos adversos en cumplimiento del Acuerdo de París”, especificó Rovira en el proyecto que consideraron los legisladores.
Misiones cuenta en su estructura administrativa con la Dirección General de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, precisó Rovira en los antecedentes, pero es necesario “sumar a los esfuerzos que ya se vienen realizando”.
“Por los impactos que hoy padece nuestro planeta y que afectan a todos es necesario tomar medidas inmediatas; no se trata de algo lejano que provocaba desastres naturales en otros continentes, sino que afecta directamente a nuestra provincia como se puede observar con la variabilidad climática que posee Misiones, donde se alternan periodos secos, húmedos, inundaciones y sequías, con los efectos negativos que ello conlleva a la producción rural”, describió el legislador en los fundamentos de la iniciativa.
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Las mujeres lideran las luchas por los derechos ambientales en Argentina

Fecha de Publicación: 03/09/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Madres de Ituzaingó en Córdoba, Madres del Agua en Mendoza y las Asamblea de Nonogasta en La Rioja, entre otras, son quienes encabezan los reclamos a un ambiente sano.
*Son numerosas las experiencias de mujeres* a nivel mundial que lideran luchas de valoración de la salud ambiental y humana. En Argentina, tenemos los casos de las Madres de Ituzaingó en Córdoba, Madres del Agua en Mendoza y las Asamblea de Nonogasta en La Rioja, entre otras. Se caracterizan por no tener un /modus operandi/ determinado, pero sí una voz fuerte e insistente. Es así que, cuando esos derechos se ven vulnerados, toman el rol de líderes, muchas veces invisibilizadas, para
pelear por la defensa socio ambiental.
En general, se trata de ecosistemas que fueron arrasados precisamente para la homogeneización de prácticas productivas y de las formas de la vida (por ejemplo, bajo los monopolios de semillas genéticamente modificadas, o de los monocultivos a gran escala). Como respuesta, la mirada ecofeminista nos permite comprender que las mujeres son las primeras que entienden en carne propia cómo el ambiente perjudica la salud de quienes las rodean: con alimentos con agrotóxicos, contaminación de industrias cercanas, emprendimientos mineros cerca de su pueblo o fumigaciones de escuelas. Los episodios se alternan, pero tienen como denominador común mujeres despiertas, con mirada social, que relevan información, se agrupan y luchan por los derechos al ambiente sano de su pueblo.
*Madres de Ituzaingó, Córdoba. *Sofia Gatica, Marcela Ferreyra, Norma Herrera, Vita Ayllon, Julia Lindon. Son cinco de los nombres que encarnan la lucha de muchas de las Madres de Ituzaingó en la provincia de Córdoba. Desde 2002 abanderan la lucha contra la contaminación por agrotóxicos en el corazón de la producción sojera de Argentina.  Entre otros saberes, el más destacado fue su dolor genuino por la afloración de casos de cánceres, abortos espontáneos y leucemia en su pueblo, con
el que confeccionaron un mapa casero de las enfermedades de Ituzaingó. Dieron cuenta que tenía que existir una vinculación con las fumigaciones directas de glifosato que azotaban sus hogares y escuelas. Marchan sin cesar por los reclamos de derechos al ambiente sano. Sus investigaciones luego fueron avaladas por la ciencia.
*Beatriz Mendoza*, ni más ni menos que la promotora de la primera causa ambiental de la historia judicial. Beatriz denunció la contaminación de los barrios asentados en las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada del país, que provocó daños individuales y colectivos. Su denuncia involucra al Estado Nacional, 44 empresas, a la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad. El caso fue tan emblemático que derivó en el dictamen de la ley récord para la creación de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo). Se trata del primer caso de gestión ambiental interjurisdiccional para la protección de un recurso natural y la recomposición de los daños ambientales.
 *Madres del agua. *En Mendoza, en diciembre 2019, al brotar la derogación de la “ley protectora del agua” N °7722 las luchas ambientales mendocinas enunciaron “el agua no se toca” y “la 7722 no se toca”. Hubo un grupo de mujeres que participaron de esas marchas y mostraron que los reclamos por el cuidado de la naturaleza son pacíficos. Establecieron así puntos de no retorno sobre las trayectorias que cada ley. La inclusión femenina fue amplia: no solamente fueron impulsadas por docentes y juventudes, sino también las reinas de la Vendimia, quienes - bajo el entendimiento de que la gran celebración de la Vendimia depende de la disponibilidad hídrica- también hicieron uso de su recurso de poder para avanzar en la lucha.
*Asamblea El Retamo de Nonogasta, La Rioja. *Clara Olmedo lidera la denuncia de contaminación generada por las curtiembres, a causa de la liberación continua de los efluentes de su producción en piletones en el suelo o al aire libre, desde hace 30 años. Esto ha causado malformaciones, muertes, abortos espontáneos en la población de Nonogasta. A pesar de estos graves efectos en la salud ambiental y humana, se minimizan sus argumentos de lucha, justamente al estar encabezada por mujeres que ponen el cuerpo. Se desestiman sus reclamos diciendo “/son argumentos traídos de afuera/” o que “/tales impactos en la salud son por falta de cuidados de las mujeres en sus embarazos/”.
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El Consejo Federal de Medio Ambiente celebró el 30 º aniversario de su creación

Fecha de Publicación: 03/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, Juan Cabandié, y el diputado nacional Leonardo Grosso participaron de la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), a 30 años de su creación. La celebración del aniversario, realizada por videoconferencia, contó con la presencia de las máximas autoridades ambientales del país y estuvo encabezada por el presidente del organismo, Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, y la vicepresidenta Dina Migani, secretaria de Ambiente de Río Negro.
“Un día como hoy, hace 30 años, en la ciudad de La Rioja nacía el COFEMA”, recordaba Azulay al abrir la asamblea. El presidente del Consejo sostuvo que el organismo para la concertación y coordinación de políticas ambientales “representa al federalismo en su esencia más pura”. “Estamos orgullosos de pertenecer a este espacio conformado por todas las autoridades ambientales de las provincias”, dijo el funcionario riojano, y se mostró agradecido con el ministro Cabandie, sobre el que consideró que “se puso el overol de la militancia ambiental”.
En el encuentro, Cabandié destacó al Consejo como un ámbito para el trabajo conjunto entre la Nación y las 24 jurisdicciones con “buen espíritu de compañerismo”, y calificó al espacio de gestión pública federal como “enriquecedor” y “muy necesario para el país y para las próximas generaciones”.
Además, el ministro se refirió a la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de reincorporar al Sistema Federal de Manejo del Fuego a la órbita de la cartera de Ambiente nacional. “Es una buena noticia para todas las provincias y para la Nación, le vamos a dar una impronta entre todos, no solamente para apagar focos, sino también para prevenir los incendios y preservar los distintos ecosistemas”, dijo. Asimismo, adelantó que se evalúa emplazar otras dos bases operativas más de la Brigada Nacional en las provincias de Córdoba y Misiones, las que se sumarían a la de Chubut, en una iniciativa para “robustecer a los sistemas provinciales de manejo del fuego para una mayor capacidad de respuesta”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación evaluó como paradójica la situación de celebrar el aniversario de la creación del COFEMA mediante videoconferencia atento a que “el mundo entero sufre de una pandemia de origen zoonótico como resultado de la depredación del ambiente”. “En este contexto ha aumentado la reflexión en la sociedad acerca de la necesidad de preservar el ambiente”, manifestó Grosso y agregó que “al calor de esta pandemia ha quedado en claro que el Estado tiene un rol fundamental: es el que puede reorganizar a la sociedad de una manera más sostenible y justa”, por lo cual llamó a toda la dirigencia institucional global, nacional y provincial a “instalar y profundizar” este debate.
Durante la asamblea, los miembros del Consejo declararon de interés federal ambiental varias iniciativas: la decisión de unificar el Servicio Federal de Manejo del Fuego; el Plan Forestal “Más Árboles, Más Vida” del Gobierno de San Luis; la problemática del control y erradicación de especies exóticas e invasoras en Tierra del Fuego, y en especial a la especie asilvestrada “Conejo de Castilla”; y al Plan de Acción Provincial de Lucha contra la desertificación, sequía y degradación de tierras de La Rioja. Además, acordaron la necesidad de darle prioridad al trabajo coordinado de las comisiones del COFEMA de Agua y Cuencas Hídricas, Biodiversidad y Ordenamiento Territorial, en la temática federal sobre los humedales y su gestión, para lo cual se solicitó articular con autoridades legislativas del Congreso Nacional, en relación al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección, conservación y usos sostenible de los humedales.
La cartera de Ambiente nacional estuvo representada por Soledad Cantero, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores; Florencia Gómez, subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; y Néstor Salcedo, director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información.
En representación de las jurisdicciones participaron por la provincia de Buenos Aires, Juan Brardinelli, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), y Mercedes Fino, directora provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Renzo Morosi, presidente de la Agencia de Protección Ambiental, y Yanina Fasano, subgerenta Operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales; por Catamarca, Alberto Kozicki, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, y Emanuel Soberón, secretario de Medio Ambiente; por Chaco, Marta Soneira, secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, y Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad; por Chubut, Rodrigo Roveta, secretario de Bosques; por Córdoba Juan Carlos Scotto, secretario de Estado de Ambiente; y por Corrientes, Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA); y Osmar Dufort, gerente de Coordinación de Gestión Administrativa.
Además asistieron por Entre Ríos - Valeria Gonzalez Wetzel, subsecretaria de Ambiente; por Formosa, Hugo Bay, subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental; y Horacio Zambon, coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua; por Jujuy, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente; por Misiones, Mario Vialey, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables; por San Juan, Raúl Tello, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por San Luis, Natalia Spinuzza, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Parques; por Santa Cruz, Mariano Bertinat, secretario de Estado de Ambiente; por Santa Fe, Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático; Santiago del Estero, Carlos Salmohiragui, subsecretario de Medio Ambiente; por Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente, y Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente; por Tucumán, Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente.
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El plan de Hensel para que Argentina no pierda el tren minero

Fecha de Publicación: 03/09/2020
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


Argentina tiene una cartera de oportunidades mineras de más de 320 proyectos y, sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado, suponen inversiones por US$ 30.000 millones. Aunque, si no se lograran nuevas desarrollos hacia 2025, se perderían hasta dos tercios de la producción actual.
Así lo destacó el secretario de Minería, Alberto Hensel, en una entrevista con Télam. “El aprovechamiento del potencial y la forma de evitar la pérdida de dos tercios de la producción actual, requiere de acciones estratégicas y consensuadas. Argentina debe hacer frente a desafíos que generan incertidumbre en el desarrollo de los proyectos y eliminar las barreras que reducen la competitividad de la industria a largo plazo”, afirmó Hensel.
“Argentina ocupa el sexto lugar entre los países con mayores recursos mineros con una superficie de potencial productivo 750.000 km2, de los cuales resta explorar más de 75%”, precisó el funcionario. Sin embargo, “el país no es un destino prioritario para la inversión minera: entre 2012 y 2019 sólo dos nuevas operaciones entraron en producción, y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción”.
“En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de US$ 5.000 millones a US$ 3.200 millones (concentradas en sólo cuatro provincias), con una reducción del 36%”, recordó. Así, para 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo.
Esto implicaría una importante pérdida para la economía nacional en términos de empleos, exportaciones y generación de divisas, entre otros factores. Para ello, “el país tiene identificados 329 proyectos para desarrollo, de los cuales sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado de exploración o factibilidad podría suponer inversiones en hasta US$ 30.000 millones, la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$ 11.000 millones al año”, explicó.
A nivel regional, la construcción de estos proyectos tendría impacto en el desarrollo socioeconómico de provincias andinas como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, como también de clústers industriales ubicados en otras provincias.
En lo que respecta a potencial geológico en minerales como cobre, oro, plata y litio, existen más de 120 proyectos que posicionan al país en la vanguardia mundial en términos de recursos identificados y potencial geológico, todos productos de alta demanda en el mundo en términos de desarrollo económico y transformación de matrices energéticas actuales.
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Producción porcina con reaseguros

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El gobierno informó que será postergada hasta noviembre la firma del acuerdo con China para la exportación de carne porcina. “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”, informó Cancillería, que pretende rubricar el acuerdo en la próxima Feria de Negocios de Shanghai.
Si bien la incorporación del tema ambiental de forma explícita en el acuerdo es una señal ante las críticas del ambientalismo, en sí misma no representa una exigencia adicional a las que ya existen en el ámbito de la producción agropecuaria.
El gobierno informó que "el Memorandum de Entendimiento propuesto por la Cancillería Argentina a China para el desarrollo de inversiones en la industria porcina incorpora un marco de respeto al medioambiente, las leyes de protección ambiental y los compromisos internacionales en la materia". "También promueve las buenas prácticas ambientales para que las actividades no sólo sean respetuosas de las leyes ambientales sino que además contribuyan a promover la salud de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales en las regiones directamente involucradas", agregó.
La producción global de carne porcina registra un volumen cercano a las 122 millones de toneladas. El principal productor es China, con el 45 por ciento de la producción total. Lo siguen en orden de importancia, con una participación relativa mucho menor, los Estados Unidos (10 por ciento), Alemania (4,5), España (3,7), Brasil (3,1), Canadá (1,8) y Dinamarca (1,3).
La producción porcina de Argentina representa el 0,5 por ciento del total mundial. El acuerdo con China, dicen en el gobierno, permitiría extender esa participación al 1 por ciento.
Según el texto del acuerdo con el país asiático, "el esquema de incremento de la producción se ha planteado sobre la base del desarrollo de 25 unidades integradas de 12 mil madres cada una. Se trata de unidades cerradas que comprenden plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores (generación de energía y bio fertilizantes), criadero ciclo completo, frigorífico exportador, proceso sin laguna de efluentes, oficina de Senasa y Aduana".
Se calcula una inversión total de 3,7 mil millones de dólares, la generación de 9500 puestos de trabajo y exportaciones por 2500 millones de dólares anuales.
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Cabandié cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por los incendios en las islas

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral Argentino


"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender", se quejó el ministro de Ambiente de la Nación.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, cuestionó a la Justicia Federal de Paraná por su actuación frente a las quemas de pastizales en el Delta del Paraná, y afirmó: "El juez federal Alonso no está actuando".
"¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná? Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso no está actuando. Debe apresar urgente a los responsables del ecocidio. El lugar de cada uno de ellos es la cárcel", escribió el ministro a través de su cuenta de Twitter.
De esta manera, Cabandié se refirió al juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien a principios de julio determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas "con capacidad para alterar el medio ambiente". Pese a ello, las quemas en las islas continuaron durante estos meses.
Tal como publicó días atrás La Capital, en la Justicia Penal de Paraná se tramitan por lo menos seis denuncias contra los dueños de los campos donde se produjeron las quemas, pero además hay otra presentación en la fiscalía de Rosario; y otras cuatro causas civiles que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenará unificar.
Ayer, Cabandié también se manifestó sobre el tema al afirmar que "el 95% de los incendios son intencionales" y que frente a ello "es fundamental que la Justicia federal aprese a los responsables".
El ministro estuvo ayer en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet, donde firmaron un acta para la implementación de un Faro de Conservación para el cuidado y conservación del Delta del Paraná, y la detección temprana, prevención y disuasión de incendios.
"El primero (de los faros) es en Puerto Gaboto, lo hemos inaugurado con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti hace 15 días. Este es el segundo, aspiramos a poder inaugurar en algunos días más el tercero, que va a ser en la isla Charigüé y el cuarto seguramente en Villa Constitución", dijo Cabandié. A mediados de mes, el ministro puso en marcha en Puerto Gaboto su proyecto para instalar siete Faros de Conservación para controlar, con guardaparques, los incendios en las islas. En un acto realizado en esa localidad se firmaron los acuerdos para comenzar esa tarea. Frente a Rosario también habrá un faro: será en la zona del Charigüé.
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Formalizaron a tres empleados de una empresa que habían enterrado 438 bidones de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa


En la mañana de hoy se llevó a cabo la Audiencia de Formalización en el Palacio de Justicia de Pico. El juez de audiencia Diego Ambrogetti fue quién estuvo a cargo de la misma y quién escuchó los argumentos de la doctora, Verónica Campo, quién se encuentra a cargo de la investigación.
Cabe recordar que en el día de ayer se realizaron allanamientos en las localidades de Ojeda y General Pico en instalaciones de FerroExpreso. En estos procedimientos se detuvo a 3 personas.
A raíz de ello en la mañana de hoy se le tomó las declaraciones correspondientes y posterior se llevó a cabo la Audiencia de Formalización donde se los imputó por el delito previsto en el art. 55 de la ley 24051 de Residuos Peligrosos, que establece una pena de Prisión de 3 a 10 años.
“El hecho es por enterrar 438 bidones de agroquímicos generando contaminación al medio ambiente y presumiblemente las aguas”, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal.  En el caso de uno de ellos, el responsable de la logística, la fiscal,  Verónica Campo, solicitó Prisión Preventiva de 15 días. El juez Ambrogetti resolvió ordenar la Prisión Preventiva hasta el 13 de septiembre de 2020.

Cientos de bidones
Los bidones se ubicaban al costado de un camino vecinal en medio de la localidad de Vértiz y de Ojeda, en una franja de unos 30 metros lineales y a unos 4 metros de profundidad. “No sabemos cuál fue el grado de contaminación que pudo haber generado, creemos que es mínimo porque es muy reciente, pero hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a hacer los análisis correspondientes, las napas están muy cerca están a un metro, por lo que es indignante y esperemos que no pase a mayores”, señaló ayer el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli.
Cabe recordar que esta situación surge a partir de una denuncia en la Dirección de Agricultura, luego se pusieron en contacto con Ambiente y se comenzó a recabar información hasta llegar a este lugar.
“La colaboración de los intendentes, sobre todo de Vértiz y de Alta Italia es para destacar. Enseguida nos facilitaron su maquinaria, el accionar de la Policía también en todo momento se prestó para colaborar”.
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