Avances en la protección del Delta del Paraná
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Delta del Paraná: avances para crear un área natural protegida en la zona
Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
En el marco del trabajo coordinado entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, la Administración de Parques Nacionales (APN) y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe en el ámbito del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS), se avanza en las distintas propuestas con vistas a crear un área natural protegida en la zona. Esto es posible a instancias del acta suscripta para abordar en conjunto la problemática de incendios en el alto delta.
Para continuar en esta dirección, hoy se realizó una reunión en la que la cartera que conduce Juan Cabandié presentó dos propuestas para este proyecto, mientras que desde Santa Fe y Entre Ríos se exhibieron las respectivas iniciativas para concretar el área natural protegida en el delta del río Paraná.
Cabe recordar que, ante las quemas registradas en la zona, las partes se comprometieron a encaminar las soluciones efectivas de manejo del fuego en las islas. La premisa fundamental de esta articulación entre los gobiernos nacional y provinciales es atender la problemática de los incendios de pastizales en el delta, como así también alcanzar una presencia efectiva del Estado en el área, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones acordados en el PIECAS.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estuvo representado por Alejandra Moreyra, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales; Abelardo Llosa, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Daniel Somma, presidente de APN; y Eugenio Magliocca, vocal del Directorio de Parques Nacionales. Además, participaron Érika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Martín Barbieri, secretario de Ambiente de Entre Ríos, Valeria González Wetzel, subsecretaria de Ambiente de Entre Ríos, y Laura Gómez Vinazza, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), de la provincia de Buenos Aires.
Se acordó realizar una presentación de las propuestas provinciales en la próxima reunión, a fin de encontrar puntos en común y buscar la integración de las distintas iniciativas.
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Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
En el marco del trabajo coordinado entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, la Administración de Parques Nacionales (APN) y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe en el ámbito del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS), se avanza en las distintas propuestas con vistas a crear un área natural protegida en la zona. Esto es posible a instancias del acta suscripta para abordar en conjunto la problemática de incendios en el alto delta.
Para continuar en esta dirección, hoy se realizó una reunión en la que la cartera que conduce Juan Cabandié presentó dos propuestas para este proyecto, mientras que desde Santa Fe y Entre Ríos se exhibieron las respectivas iniciativas para concretar el área natural protegida en el delta del río Paraná.
Cabe recordar que, ante las quemas registradas en la zona, las partes se comprometieron a encaminar las soluciones efectivas de manejo del fuego en las islas. La premisa fundamental de esta articulación entre los gobiernos nacional y provinciales es atender la problemática de los incendios de pastizales en el delta, como así también alcanzar una presencia efectiva del Estado en el área, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones acordados en el PIECAS.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estuvo representado por Alejandra Moreyra, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales; Abelardo Llosa, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Daniel Somma, presidente de APN; y Eugenio Magliocca, vocal del Directorio de Parques Nacionales. Además, participaron Érika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Martín Barbieri, secretario de Ambiente de Entre Ríos, Valeria González Wetzel, subsecretaria de Ambiente de Entre Ríos, y Laura Gómez Vinazza, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), de la provincia de Buenos Aires.
Se acordó realizar una presentación de las propuestas provinciales en la próxima reunión, a fin de encontrar puntos en común y buscar la integración de las distintas iniciativas.
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La Pampa comenzará a cuantificar uso de agroquímicos
Productores deben informar uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción de La Pampa comenzará, a partir de este año, a contabilizar las dosis anuales que se utilizan en el sector agropecuario de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. El objetivo es tener «un pantallazo» de la cantidad que se aplican en el territorio pampeano.
La información fue dada a conocer oficialmente, en el marco de la habilitación para la presentación de la Declaración Jurada del Registro Provincial Agropecuario (Repagro), que estará disponible a partir del 13 de julio y que, como cada año, deberán presentarla los productores de La Pampa.
En ese sentido, la directora de Estadística y Censos de la cartera, Laura Biasotti, explicó que «los productores saben que cada año se renuevan las declaraciones juradas de Repagro, las cuales deben estar actualizadas ya que son necesarias al momento de hacer algún movimiento de hacienda o de cereales, para obtener la guía». A su vez, recordó que la del año 2019 vence el próximo 12 de julio, mientras que a partir del 13 estará disponible para la carga del Repagro 2020.
Uso de agroquímicos
Por su parte, el coordinador del programa, Mauricio Pérez, precisó que la Declaración Jurada es muy parecida a la del año pasado, aunque señaló que «en esta oportunidad se agregó una pantalla en la cual se pregunta sobre herbicidas, insecticidas y fertilizantes, específicamente respecto de la dosis que utilizan de manera anual y por cultivo que realizan». El objetivo, continuó, es «tener un pantallazo de todos estos productos fitosanitarios que actualmente se están usando en la Provincia».
Pérez precisó que la presentación de esta documentación brinda datos sobre distintos tipos de ganadería, agricultura, vivienda, población rural, infraestructura agrícola y ganadera, malezas, fauna, «picadas, lo cual se agregó hace 2 años porque es muy importante para defensa civil, y este año se sumo agroquímicos ante las consultas en general».
«Dicha información luego es tomada por las distintas reparticiones del Ministerio, analizada y en base a ello se determinan las políticas a llevar a cabo», agregó.
Protección de datos
Biasotti aclaró que «si bien la información es nominal, es decir es declarada por cada productor, luego no se da a conocer nominalmente, sino que se informa la cantidad de hectáreas sembradas, cosechadas y demás, por departamento».
Por su parte, Pérez agregó, llevando tranquilidad a los productores, que «por ley están protegidos los datos individuales, con lo cual el nivel mas chico que se trabaja es el ejido, luego departamento, microrregión (son 10 en La Pampa) y luego a nivel provincial». Alrededor de 8 ó 9 mil productores están registrados, «esto en función de lo que el productor declara».
Finalmente, Biasotti reiteró que desde el 2017 dicha Declaración se encuentra disponible online y que, ante la situación actual por la pandemia de Covid-19, el productor no debe acercarse a las oficinas.»En la página de Repagro tienen el tutorial, el manual de uso, y también está el mail: repagro@lapampa.gov.ar, y el teléfono de la Dirección: 459166, para comunicarse por cualquier duda», concluyó.
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Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Ministerio de la Producción de La Pampa comenzará, a partir de este año, a contabilizar las dosis anuales que se utilizan en el sector agropecuario de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. El objetivo es tener «un pantallazo» de la cantidad que se aplican en el territorio pampeano.
La información fue dada a conocer oficialmente, en el marco de la habilitación para la presentación de la Declaración Jurada del Registro Provincial Agropecuario (Repagro), que estará disponible a partir del 13 de julio y que, como cada año, deberán presentarla los productores de La Pampa.
En ese sentido, la directora de Estadística y Censos de la cartera, Laura Biasotti, explicó que «los productores saben que cada año se renuevan las declaraciones juradas de Repagro, las cuales deben estar actualizadas ya que son necesarias al momento de hacer algún movimiento de hacienda o de cereales, para obtener la guía». A su vez, recordó que la del año 2019 vence el próximo 12 de julio, mientras que a partir del 13 estará disponible para la carga del Repagro 2020.
Uso de agroquímicos
Por su parte, el coordinador del programa, Mauricio Pérez, precisó que la Declaración Jurada es muy parecida a la del año pasado, aunque señaló que «en esta oportunidad se agregó una pantalla en la cual se pregunta sobre herbicidas, insecticidas y fertilizantes, específicamente respecto de la dosis que utilizan de manera anual y por cultivo que realizan». El objetivo, continuó, es «tener un pantallazo de todos estos productos fitosanitarios que actualmente se están usando en la Provincia».
Pérez precisó que la presentación de esta documentación brinda datos sobre distintos tipos de ganadería, agricultura, vivienda, población rural, infraestructura agrícola y ganadera, malezas, fauna, «picadas, lo cual se agregó hace 2 años porque es muy importante para defensa civil, y este año se sumo agroquímicos ante las consultas en general».
«Dicha información luego es tomada por las distintas reparticiones del Ministerio, analizada y en base a ello se determinan las políticas a llevar a cabo», agregó.
Protección de datos
Biasotti aclaró que «si bien la información es nominal, es decir es declarada por cada productor, luego no se da a conocer nominalmente, sino que se informa la cantidad de hectáreas sembradas, cosechadas y demás, por departamento».
Por su parte, Pérez agregó, llevando tranquilidad a los productores, que «por ley están protegidos los datos individuales, con lo cual el nivel mas chico que se trabaja es el ejido, luego departamento, microrregión (son 10 en La Pampa) y luego a nivel provincial». Alrededor de 8 ó 9 mil productores están registrados, «esto en función de lo que el productor declara».
Finalmente, Biasotti reiteró que desde el 2017 dicha Declaración se encuentra disponible online y que, ante la situación actual por la pandemia de Covid-19, el productor no debe acercarse a las oficinas.»En la página de Repagro tienen el tutorial, el manual de uso, y también está el mail: repagro@lapampa.gov.ar, y el teléfono de la Dirección: 459166, para comunicarse por cualquier duda», concluyó.
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Conflicto entre Chaco y Corrientes por pesca
Acusan a malloneros correntinos de pescar en aguas chaqueñas en plena veda
Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
La Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral confirmó que semanas atrás la Brigada de Operaciones Ambientales del Chaco retiró elementos a pescadores correntinos que realizaban su actividad en zonas de la vecina provincia.
Luego de que malloneros correntinos denunciaron que agentes chaqueños les sustrajeron las herramientas y mallas de pesca, desde la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) aclararon que la Brigada de Operaciones Ambientales (BOA) confiscó los elementos porque pescaban en aguas de jurisdicción del Chaco,cuando aún regía la prohibición.
El Gobierno de la Provincia de Corrientes habilitó todas las actividades pesqueras (comerciales, deportivas y de subsistencia) de manera controlada y programada desde el martes 9 de junio.
En tanto, en la provincia del Chaco, a través de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca decidieron extender la veda total hasta el pasado 22 de junio cuando reanudaron la pesca en sus aguas jurisdiccionales.
En los primeros días del mes un grupo de malloneros correntinos denunciaron que agentes de control de la provincia del Chaco les retiraron las redes y mallas mientras realizaban su actividad de subsistencia en islas correntinas cercanas a Riachuelo. La situación generó alerta en los pescadores, quienes realizaron su reclamo al área de Fauna y Flora de Corrientes.
Sin embargo, desde la Asociación de Pescadores del Litoral, organismo que forma parte de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca de la Provincia de Chaco, señalaron que los agentes chaqueños desplegaron operativos en aguas correspondientes a la jurisdicción de la vecina provincia. “La BOA en cumplimiento de su tarea y en defensa del recurso ictícola, ha realizado secuestros de redes y multas en la jurisdicción de la provincia de Chaco, hacia donde cruzan los pescadores comerciales correntinos y realizan su actividad en esos sectores”, respondió la Adpl a través de sus redes sociales.
Anteriormente, desde la Apdl criticaron las decisiones de habilitar las actividades pesqueras en el río Paraná debido a que la pronunciada bajante que se registra actualmente podría generar causas favorables para la depredación de la fauna íctica autóctona. En tanto, desde la Unne destacaron las investigaciones que se realizan sobre la situación actual de los peces y señalaron la importancia de la preservación y uso responsable de los recursos hídricos para evitar cualquier inconveniente con las especies locales de peces.
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Fecha de Publicación: 01/07/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
La Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral confirmó que semanas atrás la Brigada de Operaciones Ambientales del Chaco retiró elementos a pescadores correntinos que realizaban su actividad en zonas de la vecina provincia.
Luego de que malloneros correntinos denunciaron que agentes chaqueños les sustrajeron las herramientas y mallas de pesca, desde la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) aclararon que la Brigada de Operaciones Ambientales (BOA) confiscó los elementos porque pescaban en aguas de jurisdicción del Chaco,cuando aún regía la prohibición.
El Gobierno de la Provincia de Corrientes habilitó todas las actividades pesqueras (comerciales, deportivas y de subsistencia) de manera controlada y programada desde el martes 9 de junio.
En tanto, en la provincia del Chaco, a través de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca decidieron extender la veda total hasta el pasado 22 de junio cuando reanudaron la pesca en sus aguas jurisdiccionales.
En los primeros días del mes un grupo de malloneros correntinos denunciaron que agentes de control de la provincia del Chaco les retiraron las redes y mallas mientras realizaban su actividad de subsistencia en islas correntinas cercanas a Riachuelo. La situación generó alerta en los pescadores, quienes realizaron su reclamo al área de Fauna y Flora de Corrientes.
Sin embargo, desde la Asociación de Pescadores del Litoral, organismo que forma parte de la Mesa de Trabajo y Monitoreo de Pesca de la Provincia de Chaco, señalaron que los agentes chaqueños desplegaron operativos en aguas correspondientes a la jurisdicción de la vecina provincia. “La BOA en cumplimiento de su tarea y en defensa del recurso ictícola, ha realizado secuestros de redes y multas en la jurisdicción de la provincia de Chaco, hacia donde cruzan los pescadores comerciales correntinos y realizan su actividad en esos sectores”, respondió la Adpl a través de sus redes sociales.
Anteriormente, desde la Apdl criticaron las decisiones de habilitar las actividades pesqueras en el río Paraná debido a que la pronunciada bajante que se registra actualmente podría generar causas favorables para la depredación de la fauna íctica autóctona. En tanto, desde la Unne destacaron las investigaciones que se realizan sobre la situación actual de los peces y señalaron la importancia de la preservación y uso responsable de los recursos hídricos para evitar cualquier inconveniente con las especies locales de peces.
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1100 estudios científicos que alertan del glifosato
Nuevo estudio vincula al glifosato con el cáncer, malformaciones y otros problemas de salud
Fecha de Publicación: 30/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La compilación da cuenta de los impactos que el herbicida provoca en la salud y el ambiente. La semana pasada Bayer ofertó 11 mil millones de indemnización por juicios.
Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en una reciente recopilación y dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico. Más de 200 de esos trabajos científicos son de universidad públicas del país. En Argentina se utilizan más de 270 millones de litros cada año, los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.
“Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, es el título del trabajo, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos. Al inicio se aclara que los 1108 trabajos científicos citados fueron, todos, sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, y aprobados para su publicación académica. Se consultaron bases de datos científicas hasta mediados de 2019 y en todos los casos están disponibles mediante un link de acceso en Internet.
En el primer capítulo de la Antología Toxicológica se precisan estudios que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. El capítulo dos aborda los mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. El tercer capítulo cita estudios de glifosato y su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.
La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional alemana ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico. Aún no se conocen los detalles del acuerdo. Tres condenas judiciales consecutivas (2018 y 2019) ya habían determinado la responsabilidad de la compañía y todas habían fijado resarcimientos millonarios.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow. No existen datos oficiales de cantidades de uso, pero la ONG Naturaleza de Derechos utilizó las cifras de las empresas: en 2018 se utilizaron unos 270 millones de litros. En 1996, cuando se aprobó la primera soja transgénica de Monsanto, se utilizan 50 millones de litros.
La recopilación también aborda el impacto del agrotóxico en peces, anfibios, aves y mamíferos. Todo un apartado refiere al impacto en el ambiente, clasificado en consecuencias en el aire, aguas y suelos, donde se confirma que el glifosato permanece en el ambiente por largos periodos de tiempo y se traslada por extensas distancias. El capítulo seis y siete abordan el impacto en alimentos, la “interferencia nutricional” y la presencia del químico en comestibles y bebidas.
Es el quinto trabajo de recopilación de estudios sobre glifosato que publica Eduardo Rossi y Naturaleza de Derechos. “En los juicios de Estados Unidos la empresa no pudo negar los correos internos de Monsanto, donde reconoce que desconocía la toxicidad real del Roundup (marca comercial del glifosato). Y en los mismos tribunales se conocieron estudios que vinculan claramente al agrotóxico con la afectación en el ADN y con mecanismos vinculados al cáncer”, afirmó Rossi.
Durante muchos años Monsanto argumentó que no había “pruebas” de las consecuencias del herbicida. Periodistas agropecuarios y funcionarios seguían la misma línea argumental. Ante la cantidad de estudios de las últimas décadas, el nuevo relato señala que “existen dos bibliotecas” respecto al glifosato. Eduardo Rossi rechazó ese argumento empresario y destacó que existen más de 200 trabajos científicos de universidades públicas de Argentina, investigadores del Conicet y de organismos públicos (como el INTA) que confirman los impactos negativos del químico. Mientras que los únicos trabajos que señalan las bondades del producto son los de las empresas que lo producen o de científicos que reciben financiamiento de esas mismas compañías.
En Argentina no son públicos los estudios del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que clasifican al glifosato como de “baja toxicidad”. Tampoco se tienen en cuenta los efectos crónicos (en largos periodos de tiempo).
Rossi destacó, entre otros trabajos, las investigaciones del grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que desde hace más de una década investiga los efectos de los agroquímicos. Y, mediante decenas de publicaciones, confirmó que el glifosato produce daño genético, indicador de enfermedades como el cáncer. Todos sus trabajos están citados en su propia página de internet (contaminantesambientales.ar ).
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Fecha de Publicación: 30/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La compilación da cuenta de los impactos que el herbicida provoca en la salud y el ambiente. La semana pasada Bayer ofertó 11 mil millones de indemnización por juicios.
Existen más de 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Están detallados en una reciente recopilación y dan cuenta del impacto sanitario del herbicida más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico. Más de 200 de esos trabajos científicos son de universidad públicas del país. En Argentina se utilizan más de 270 millones de litros cada año, los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y, desde hace décadas, se suman familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones.
“Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, es el título del trabajo, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos. Al inicio se aclara que los 1108 trabajos científicos citados fueron, todos, sometidos a revisión por un comité de científicos o pares, y aprobados para su publicación académica. Se consultaron bases de datos científicas hasta mediados de 2019 y en todos los casos están disponibles mediante un link de acceso en Internet.
En el primer capítulo de la Antología Toxicológica se precisan estudios que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. El capítulo dos aborda los mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. El tercer capítulo cita estudios de glifosato y su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.
La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional alemana ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico. Aún no se conocen los detalles del acuerdo. Tres condenas judiciales consecutivas (2018 y 2019) ya habían determinado la responsabilidad de la compañía y todas habían fijado resarcimientos millonarios.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow. No existen datos oficiales de cantidades de uso, pero la ONG Naturaleza de Derechos utilizó las cifras de las empresas: en 2018 se utilizaron unos 270 millones de litros. En 1996, cuando se aprobó la primera soja transgénica de Monsanto, se utilizan 50 millones de litros.
La recopilación también aborda el impacto del agrotóxico en peces, anfibios, aves y mamíferos. Todo un apartado refiere al impacto en el ambiente, clasificado en consecuencias en el aire, aguas y suelos, donde se confirma que el glifosato permanece en el ambiente por largos periodos de tiempo y se traslada por extensas distancias. El capítulo seis y siete abordan el impacto en alimentos, la “interferencia nutricional” y la presencia del químico en comestibles y bebidas.
Es el quinto trabajo de recopilación de estudios sobre glifosato que publica Eduardo Rossi y Naturaleza de Derechos. “En los juicios de Estados Unidos la empresa no pudo negar los correos internos de Monsanto, donde reconoce que desconocía la toxicidad real del Roundup (marca comercial del glifosato). Y en los mismos tribunales se conocieron estudios que vinculan claramente al agrotóxico con la afectación en el ADN y con mecanismos vinculados al cáncer”, afirmó Rossi.
Durante muchos años Monsanto argumentó que no había “pruebas” de las consecuencias del herbicida. Periodistas agropecuarios y funcionarios seguían la misma línea argumental. Ante la cantidad de estudios de las últimas décadas, el nuevo relato señala que “existen dos bibliotecas” respecto al glifosato. Eduardo Rossi rechazó ese argumento empresario y destacó que existen más de 200 trabajos científicos de universidades públicas de Argentina, investigadores del Conicet y de organismos públicos (como el INTA) que confirman los impactos negativos del químico. Mientras que los únicos trabajos que señalan las bondades del producto son los de las empresas que lo producen o de científicos que reciben financiamiento de esas mismas compañías.
En Argentina no son públicos los estudios del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que clasifican al glifosato como de “baja toxicidad”. Tampoco se tienen en cuenta los efectos crónicos (en largos periodos de tiempo).
Rossi destacó, entre otros trabajos, las investigaciones del grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que desde hace más de una década investiga los efectos de los agroquímicos. Y, mediante decenas de publicaciones, confirmó que el glifosato produce daño genético, indicador de enfermedades como el cáncer. Todos sus trabajos están citados en su propia página de internet (contaminantesambientales.ar ).
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Jujuy cerca de poner en funcionamiento sus parques solares
Con dos años de demora, Jujuy encara la recta final de sus parques solares
Fecha de Publicación: 30/06/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Jujuy
Los parque solares Cauchari I, II y III entraría en operación a fines de julio. Desde 2018 deberían estar entregando energía pero una polémica licitación nacional los demoró. Provincia busca reestructurar el bono verde que tomó.
Los tres parques solares que construyó Jujuy con fondos chinos en Cauchari, en plena Puna de la Argentina, podrían conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) eléctrica a fines de julio. Será uno de los hitos económicos de las dos gestiones del radical Gerardo Morales como gobernador, que llegará con dos años de demora.
Luego de ganar en octubre de 2016 los contratos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) mediante la ronda 1 del programa RenovAr, a un precio de 60 dólares por megavatio-hora (MWh), Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) tenía a mayo de 2018 como fecha de ingreso a la operación comercial para sus primeros 300 MW netos (100 MW por cada parque).
Sin embargo, las obras para que los parques solares Cauchari I, II y III pudieran entregar energía renovable al sistema eléctrico sufrieron severas demoras que llevaron a postergar primero hasta marzo de 2019 y ahora hasta julio de 2020 la operación comercial, mediante la que Jujuy devolverá en los primeros años los USD 331,5 millones que prestó el Exim Bank de China y luego podrá ingresar fondos a sus propias arcas.
En concreto, la Estación Transformadora (ET) del Altiplano fue energizada a principios de junio y, tras las pruebas, podrá conectar los 1.180.000 paneles fotovoltaicos de Cauchari al sistema
La obra llegó no sin poca polémica. La ET del Altiplano fue construida con fondos nacionales y no de JEMSE, como hubiera correspondido. Si ese costo se agregaba a la tarifa, tal cual pasó con otros proyectos, probablemente Jujuy no se hubiera quedado con los contratos.
La energía renovable de Cauchari, en el sudoeste de Jujuy, aportó trabajo privado en uno de los territorios del norte de la Argentina en donde hay más empleo público que privado. Antes de la pandemia, habían unos 85.000 trabajadores en el Estado provincial versus 50.000 en empresas privadas.
El proyecto jujeño está en el departamento de Susques, a escasos 60 kilómetros de la frontera con Chile y a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Se ubica en las cercanías de dos salares: el de Cauchari y el de Olaroz Chico, donde ya hay mineras extrayendo litio, mineral clave para producir baterías que puedan almacenar en un futuro las energías renovables.
El factor de carga de los parques es apenas superior al 30%. De las 8760 horas que tiene al año, Cauchari entregará energía al sistema apenas un poco más de 2600 horas (o el equivalente a casi 8 horas por día, entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde.
Recientemente, fuentes de la provincia declararon que quieren ampliar la capacidad hasta los 1000 MW.
Jujuy podría reestructurar el bono verde que tomó para las obras
Una de las fuentes de financiamiento de los parques solares Cauchari I, II y III fue un Bono Verde que emitió la provincia en septiembre de 2017 por USD 210 millones, con ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos, a una tasa de interés anual de 8,625%.
En medio de la profunda caída de los ingresos fiscales, tanto de la Nación como de las provincias, Jujuy analiza las opciones para reestructurar ese bono emitido para financiarse mientras duraba el período de gracia del préstamo del Exim Bank (5 años), según contaron fuentes oficiales a Energía On.
La amortización de capital será en septiembre de 2022 pero es probable que se estire en el tiempo, si la Legislatura de Jujuy aprobara en los próximos meses la reestructuración. Si no, en septiembre debe afrontar un pago semestral de intereses por USD 9 millones.
Nación, de hecho, creó en marzo una “Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial” para ayudar a las provincias en ese proceso.
No faltan las voces críticas en el Noroeste Argentino (NOA) sobre el endeudamiento de Jujuy. Es todo un símbolo que la obra por la que la provincia tomó riesgos externos recién empiece a entregar energía casi cuatro años después de obtener el contrato y el bono esté a punto de ser reestructurado. Como la deuda nacional, la idea es que “ahora sí” se pueda alcanzar la sostenibilidad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Jujuy
Los parque solares Cauchari I, II y III entraría en operación a fines de julio. Desde 2018 deberían estar entregando energía pero una polémica licitación nacional los demoró. Provincia busca reestructurar el bono verde que tomó.
Los tres parques solares que construyó Jujuy con fondos chinos en Cauchari, en plena Puna de la Argentina, podrían conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) eléctrica a fines de julio. Será uno de los hitos económicos de las dos gestiones del radical Gerardo Morales como gobernador, que llegará con dos años de demora.
Luego de ganar en octubre de 2016 los contratos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) mediante la ronda 1 del programa RenovAr, a un precio de 60 dólares por megavatio-hora (MWh), Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) tenía a mayo de 2018 como fecha de ingreso a la operación comercial para sus primeros 300 MW netos (100 MW por cada parque).
Sin embargo, las obras para que los parques solares Cauchari I, II y III pudieran entregar energía renovable al sistema eléctrico sufrieron severas demoras que llevaron a postergar primero hasta marzo de 2019 y ahora hasta julio de 2020 la operación comercial, mediante la que Jujuy devolverá en los primeros años los USD 331,5 millones que prestó el Exim Bank de China y luego podrá ingresar fondos a sus propias arcas.
En concreto, la Estación Transformadora (ET) del Altiplano fue energizada a principios de junio y, tras las pruebas, podrá conectar los 1.180.000 paneles fotovoltaicos de Cauchari al sistema
La obra llegó no sin poca polémica. La ET del Altiplano fue construida con fondos nacionales y no de JEMSE, como hubiera correspondido. Si ese costo se agregaba a la tarifa, tal cual pasó con otros proyectos, probablemente Jujuy no se hubiera quedado con los contratos.
La energía renovable de Cauchari, en el sudoeste de Jujuy, aportó trabajo privado en uno de los territorios del norte de la Argentina en donde hay más empleo público que privado. Antes de la pandemia, habían unos 85.000 trabajadores en el Estado provincial versus 50.000 en empresas privadas.
El proyecto jujeño está en el departamento de Susques, a escasos 60 kilómetros de la frontera con Chile y a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Se ubica en las cercanías de dos salares: el de Cauchari y el de Olaroz Chico, donde ya hay mineras extrayendo litio, mineral clave para producir baterías que puedan almacenar en un futuro las energías renovables.
El factor de carga de los parques es apenas superior al 30%. De las 8760 horas que tiene al año, Cauchari entregará energía al sistema apenas un poco más de 2600 horas (o el equivalente a casi 8 horas por día, entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde.
Recientemente, fuentes de la provincia declararon que quieren ampliar la capacidad hasta los 1000 MW.
Jujuy podría reestructurar el bono verde que tomó para las obras
Una de las fuentes de financiamiento de los parques solares Cauchari I, II y III fue un Bono Verde que emitió la provincia en septiembre de 2017 por USD 210 millones, con ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos, a una tasa de interés anual de 8,625%.
En medio de la profunda caída de los ingresos fiscales, tanto de la Nación como de las provincias, Jujuy analiza las opciones para reestructurar ese bono emitido para financiarse mientras duraba el período de gracia del préstamo del Exim Bank (5 años), según contaron fuentes oficiales a Energía On.
La amortización de capital será en septiembre de 2022 pero es probable que se estire en el tiempo, si la Legislatura de Jujuy aprobara en los próximos meses la reestructuración. Si no, en septiembre debe afrontar un pago semestral de intereses por USD 9 millones.
Nación, de hecho, creó en marzo una “Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial” para ayudar a las provincias en ese proceso.
No faltan las voces críticas en el Noroeste Argentino (NOA) sobre el endeudamiento de Jujuy. Es todo un símbolo que la obra por la que la provincia tomó riesgos externos recién empiece a entregar energía casi cuatro años después de obtener el contrato y el bono esté a punto de ser reestructurado. Como la deuda nacional, la idea es que “ahora sí” se pueda alcanzar la sostenibilidad.
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Tucumán: frenan desmontes en loteo
El Gobierno ordenó el cese de actividades de un loteo y evitó un desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 30/06/2020
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: Tucumán
A través del Programa Fiscalización, la Secretaría de Medio Ambiente ordenó el cese de actividades de un loteo ubicado en la zona de la autopista 25 de Mayo y Camino del Portezuelo.
Gracias a una inspección de rutina, la Secretaría de Medio Ambiente detectó que en un loteo ubicado sobre la autopista 25 de Mayo y Camino del Portezuelo, denominado “Vista Sol” se estaba por iniciar el desmonte de más de 30 hectáreas de bosque nativo sin ningún tipo de control ni autorización.
Se constató que el emprendimiento no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por lo que se interpuso una orden de paralización preventiva y precautoria de las actividades.
El cese de actividades fue dictado por el Programa Fiscalización bajo el Principio Precautorio de la Ley General del Ambiente y en concordancia con lo establecido en la Ley IX-0876-2013 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que en su artículo 5° prevé “ningún proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población podrá iniciar su ejecución sin el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
“La superficie total del emprendimiento son 44 hectáreas, de las cuales intervinieron 12,5, todas en categoría amarillo de Bosques Nativos, sobre la cual no están autorizados los cambios de uso de suelo y en la forma en que está planteado el proyecto, no es factible de ejecutar”, informaron.
Y agregaron: “Es por esta razón que preventivamente se procedió a clausurar el establecimiento hasta que se dé cumplimiento a la Ley de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
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Fecha de Publicación: 30/06/2020
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: Tucumán
A través del Programa Fiscalización, la Secretaría de Medio Ambiente ordenó el cese de actividades de un loteo ubicado en la zona de la autopista 25 de Mayo y Camino del Portezuelo.
Gracias a una inspección de rutina, la Secretaría de Medio Ambiente detectó que en un loteo ubicado sobre la autopista 25 de Mayo y Camino del Portezuelo, denominado “Vista Sol” se estaba por iniciar el desmonte de más de 30 hectáreas de bosque nativo sin ningún tipo de control ni autorización.
Se constató que el emprendimiento no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por lo que se interpuso una orden de paralización preventiva y precautoria de las actividades.
El cese de actividades fue dictado por el Programa Fiscalización bajo el Principio Precautorio de la Ley General del Ambiente y en concordancia con lo establecido en la Ley IX-0876-2013 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que en su artículo 5° prevé “ningún proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población podrá iniciar su ejecución sin el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
“La superficie total del emprendimiento son 44 hectáreas, de las cuales intervinieron 12,5, todas en categoría amarillo de Bosques Nativos, sobre la cual no están autorizados los cambios de uso de suelo y en la forma en que está planteado el proyecto, no es factible de ejecutar”, informaron.
Y agregaron: “Es por esta razón que preventivamente se procedió a clausurar el establecimiento hasta que se dé cumplimiento a la Ley de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
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Cumbre por Portezuelo: acuerdan nuevo EIA
La Pampa se impuso en la cumbre por Portezuelo y Suárez espera que interceda Alberto
Fecha de Publicación: 29/06/2020
Fuente: LPO
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
Cuatro provincias exigieron el estudio de impacto ambiental de la obra. El mendocino apuesta al "laudo presidencial". Las críticas de Sagasti.La Pampa logró imponer su postura en la cumbre que tuvieron este viernes cinco provincias por la represa de Portezuelo del Viento, cuya construcción iba a ser licitada por Mendoza en los próximos días.
En la cumbre del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) que convocó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa solicitaron la realización del estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y la realización de las audiencias públicas, como condición para aprobar la realización del proyecto.
El gobernador de La Pampa, ,Sergio Ziliotto, señaló a través de su cuenta de Twitter, que "el Consejo de Gobierno del Coirco aprobó realizar un estudio de impacto ambiental en todo el Río Colorado", medida que constituye "un enorme paso en la defensa de nuestros ríos, bandera irrenunciable de toda La Pampa. Y un gran reconocimiento a la solitaria lucha" del exgobernador pampeano Carlos Verna en este tema.
La gobernadora de Río Negro, a su vez, ratificó posteriormente en su cuenta de Twitter la necesidad de un estudio de impacto ambiental e integral sobre la represa, que sea realizado por una universidad pública, sumado a una convocatoria a audiencia pública nacional y la ampliación de facultades del Coirco, debido a "la crisis hídrica que afecta a la cuenca del río Colorado".
La moción avalada por cuatro de las provincias no contó con el apoyo del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que solicitó un laudo presidencial al considerar que existe un estudio realizado previamente.
Como adelantó LPO, Suárez no quiere compartir las regalías la represa, que es la mayor obra de ingeniería eléctrica de Mendoza, con una capacidad de generación prevista de 210 MW, y está emplazada sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia. Para superar la traba de las otras cuatro provincias, Suárez propuso crear un fondo de 5 millones de dólares para compensar posibles incidentes sin necesidad de litigar.
El eventual aritrio de Alberto es un interrogante. Por un lado, el presidente dijo a comienzos de junio que no iba a "financiar una obra que está cuestionada", en un claro mensaje contra el avance de la obra en manos de Mendoza. Pero por otro lado, padece las presiones internas en el Frente de Todos. La camporista Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza y muy cercana a Cristina Kirchner, apoya al radical Suárez en esta cruzada y salió a quejarse de la cumbre del viernes por Twitter.
"Es lamentable la decisión del COIRCO. Más plata y más burocracia para una obra que es la más estudiada de la historia. La necedad no puede retrasar el progreso. Seguiré junto a todos los mendocinos acompañando al gobernador en esta lucha siempre", tuiteó Sagasti.
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Fecha de Publicación: 29/06/2020
Fuente: LPO
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
Cuatro provincias exigieron el estudio de impacto ambiental de la obra. El mendocino apuesta al "laudo presidencial". Las críticas de Sagasti.La Pampa logró imponer su postura en la cumbre que tuvieron este viernes cinco provincias por la represa de Portezuelo del Viento, cuya construcción iba a ser licitada por Mendoza en los próximos días.
En la cumbre del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) que convocó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa solicitaron la realización del estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y la realización de las audiencias públicas, como condición para aprobar la realización del proyecto.
El gobernador de La Pampa, ,Sergio Ziliotto, señaló a través de su cuenta de Twitter, que "el Consejo de Gobierno del Coirco aprobó realizar un estudio de impacto ambiental en todo el Río Colorado", medida que constituye "un enorme paso en la defensa de nuestros ríos, bandera irrenunciable de toda La Pampa. Y un gran reconocimiento a la solitaria lucha" del exgobernador pampeano Carlos Verna en este tema.
La gobernadora de Río Negro, a su vez, ratificó posteriormente en su cuenta de Twitter la necesidad de un estudio de impacto ambiental e integral sobre la represa, que sea realizado por una universidad pública, sumado a una convocatoria a audiencia pública nacional y la ampliación de facultades del Coirco, debido a "la crisis hídrica que afecta a la cuenca del río Colorado".
La moción avalada por cuatro de las provincias no contó con el apoyo del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que solicitó un laudo presidencial al considerar que existe un estudio realizado previamente.
Como adelantó LPO, Suárez no quiere compartir las regalías la represa, que es la mayor obra de ingeniería eléctrica de Mendoza, con una capacidad de generación prevista de 210 MW, y está emplazada sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia. Para superar la traba de las otras cuatro provincias, Suárez propuso crear un fondo de 5 millones de dólares para compensar posibles incidentes sin necesidad de litigar.
El eventual aritrio de Alberto es un interrogante. Por un lado, el presidente dijo a comienzos de junio que no iba a "financiar una obra que está cuestionada", en un claro mensaje contra el avance de la obra en manos de Mendoza. Pero por otro lado, padece las presiones internas en el Frente de Todos. La camporista Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza y muy cercana a Cristina Kirchner, apoya al radical Suárez en esta cruzada y salió a quejarse de la cumbre del viernes por Twitter.
"Es lamentable la decisión del COIRCO. Más plata y más burocracia para una obra que es la más estudiada de la historia. La necedad no puede retrasar el progreso. Seguiré junto a todos los mendocinos acompañando al gobernador en esta lucha siempre", tuiteó Sagasti.
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Primeros signos de reproducción del guacamayo rojo
El guacamayo rojo volvió a poner huevos en suelo correntino
Fecha de Publicación: 29/06/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Corrientes
Luego de 150 años de ausencia en la provincia y 50 años en el país, se comienzan a ver los primeros signos de reproducción de la especie.
El Proyecto Guacamayo Rojo de Iberá comenzó en el año 2014 cuando arribaron aCorrientes los primeros individuos de la especie que serían liberados en el Portal Cambyretá, al norte de la provincia. Desde entonces, todas las etapas del proyecto estuvieron marcadas por un fuerte proceso de manejo adaptativo. Un proceso que implica ir aplicando distintas acciones de manejo de los guacamayos en base a lo aprendido sobre la marcha para adaptarnos y mejorar. Así ha pasado con las técnicas de rehabilitación de los guacamayos que ingresan al proyecto, el entrenamiento para vuelo, la liberación y el manejo posterior, el monitoreo y finalmente el diseño e instalación de nidos artificiales.
Pero no todo es color de rosa. Por citar algunos de los inconvenientes que nos fuimos encontrando con respecto a los nidos artificiales puedo nombrar, el excesivo peso de los primeros nidos que eran de polipropileno, la colonización de las cajas de madera por abejas y la utilización de las mismas por otras especies como lechuzas. Así entonces, por ejemplo, cambiamos el diseño y material de los primeros nidos, comenzamos a tratar a las cajas de madera con un repelente de abejas y agregamos una tapa de madera blanda fácilmente rompible para los guacamayos para evitar que otras especies aniden dentro. Muchas de estas ideas habían sido desarrolladas en otros proyectos de psitácidos, los cuales pudimos conocer personalmente o a través de intercambios de correos electrónicos. Uno de estos proyectos es elMacaw Society- Sociedad ProGuacamayos en Perú que tuve la oportunidad de conocer en 2019. Esa organización lleva más de 30 años trabajando con poblaciones silvestres de guacamayo rojo (/Ara chloroptera/), guacamayo escarlata (/Ara macao/) y guacamayo azul y amarillo (/Ara ararauna/) en una porción de selva amazónica dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Se dedican a la recolección de datos y generación de información sobre uso de hábitat y reproducción de esos psitácidos en la Reserva, además de la instalación de nidos artificiales y el manejo de los huevos y pichones en temporada reproductiva.
Un viaje de casi ocho horas en lancha río arriba del Tambopata, desde Puerto Maldonado, nos llevaría hasta las instalaciones del Centro de Investigaciones Tambopata dentro de la Reserva Nacional. A poco más de cuatro horas para llegar una bandada de unos 6 guacamayos nos aturdió con sus vocalizaciones. Esos son de los nuestros dijimos y los vimos cruzar de un lado al otro del río. Cuatro horas después ya sabríamos que esa era una escena típica en esa selva y que muchos otros colores y vocalizaciones la decoraban. En el centro de investigaciones nos esperaba Roshan Tailor, jefe de campo del proyecto que, sin perder tiempo, esa misma tarde nos llevó a los senderos dentro de la selva para ver algunas de las cajas nido de las que ellos instalan. Absorbimos toda la información que pudimos en los dos días que teníamos y partimos.
El regreso a Corrientes. Apenas dos días después de volver de Perú y con los ojos todavía llenos de asombro por haber visto semejante despliegue de guacamayos y exuberancia de la selva, fui con mi compañero Julio, en ese entonces voluntario en nuestro proyecto, a revisar la caja nido de Nioky y Sopa. Nioky y Sopa son, por lejos, los dos guacamayos más avistados en la zona de uso público del Portal Cambyretá, Corrientes, ya que muy cerca de ahí está el nido artificial que eligieron ocupar y defender de otros guacamayos e incluso de los monos carayá que viven en ese monte. Normalmente no subimos al árbol cuando los guacamayos están en las inmediaciones de la caja, pero ese día, simplemente decidimos revisar el nido a pesar del comportamiento territorial que estaban demostrando. A medida que iba ascendiendo, Nioky y Sopa perchados en la entrada de la caja comenzaron a vocalizar fuerte y a acercarse a los picotazos. Finalmente, se alejaron unos metros dándome la oportunidad de abrir la puerta inferior y visualizar los tres huevos. Rápidamente, entre emocionada y aturdida por los gritos de los padres, me bajé del árbol para abrazarme con mi compañero, los dos sabíamos bien lo que significaba y corrimos para dar la noticia a todo el equipo.
Para los días siguientes decidimos poner turnos de vigilancia debajo del nido. Con una silla plegable, un anotador y unos binoculares pasamos 12 horas viendo a Nioky y Sopa entrar y salir de la caja más de cincuenta veces por día, irse por ratos largos para forrajear y echar a los otros guacamayos que se acercaban al monte. Luego de unos cinco días siguiendo esa rutina, resolvimos aprovechar uno de los ratos en que Nioky y Sopa salieron para ir a forrajear y subimos para ver los huevos otra vez y nos encontramos con que los habían roto, estaban aplastados. La frustración fue grande porque las expectativas habían sido altas. Rápidamente me volví a poner en contacto con Gabriela Vigo, coordinadora de la Macaw Society- Sociedad ProGuacamayos, para contarle lo que había pasado buscando alguna explicación sobre lo que en ese momento consideramos un revés. Gabi, con tranquilidad, me explicó que ese era un suceso común en una pareja de principiantes como lo son Nioky y Sopa y que criar pichones que lleguen a salir de la caja e independizar requería de un proceso largo de aprendizaje por parte de la pareja. Ellos tenían que aprender a incubar los huevos, rotarlos y no aplastarlos en el intento y luego, a criar pichones, alimentarlos e incitarlos a salir de la caja para aprender a encontrar el alimento por sí mismos.
Rápidamente entendimos que nosotros sabíamos casi nada sobre manejo de huevos y pichones y sobre comportamiento de la pareja en la etapa de reproducción y por eso decidimos que necesitábamos volver a Tambopata para aprender de los que tenían más experiencia en el manejo de cajas nido, huevos y pichones.
La vuelta a Perú. Volvimos a Perú entonces mi compañero Alejandro y yo, en plena temporada reproductiva, ya con más tiempo y predispuestos a sacarle todo el jugo a la experiencia. En 15 días que pudimos pasar con el jefe de campo Roshan, la veterinaria Sophie y el encargado del soporte técnico para ascenso de los árboles Carlos, tuvimos la oportunidad de ascender a varios árboles-nido, tanto naturales como artificiales y tanto vacíos como con huevos o con pichones de edad avanzada. El trabajo consistía en revisar las cajas para valorar el estado de la misma, la ocupación por otras especies, la disponibilidad de sustrato y la presencia de huevos y pichones. En caso de haber pichones, se los retiraba del nido y mediante un balde se los bajaba para que la veterinaria pudiera hacer un chequeo sanitario general, tomar datos biométricos (peso, medidas del pico, alas, y patas y condición corporal) y quitar los ectoparásitos en caso de que tuvieran.
En la selva. El contraste entre ese ambiente y en el que nosotros trabajamos es muy marcado. Se trata de selva de linaje amazónico en la que abundan árboles de gran porte como las ceibas o el imponente chihuahuaco o iron-wood tree. La mayoría de nidos tanto artificiales como naturales se encuentran a alturas de entre 20 y 35 metros. Los obstáculos con los que lidian también son diferentes a los que ocurren en Iberá. Por ejemplo, si bien prácticamente no ocurren colonizaciones por abejas, sí existen grandes predadores tanto de huevos como de pichones (el principal es el tucán). Otro dato interesante es que sus cajas nido, que están siempre colgadas y no apuntaladas sobre el árbol como las que nosotros instalamos, sólo las ocupan parejas de la especie /Ara macao/. Por lo tanto, el hecho de que nosotros hayamos logrado que nuestros guacamayos anidaran en cajas artificiales fue una extrañeza para ellos.
Lo vivido en Tambopata durante esos 15 días fue definitivamente la experiencia que necesitábamos para poder encarar las siguientes temporadas reproductivas en Iberá. Haber tenido la oportunidad de manipular pichones en altura, conocer el comportamiento y lidiar con padres territoriales, e intercambiar conocimientos y experiencias con el equipo del Proyecto de Tambopata nos ayuda a conocer mejor a la especie con la que trabajamos y a hacernos más idóneos a la hora de plantear estrategias de manejo de los futuros pichones nacidos y criados en Iberá.
Y para no perder la racha, semanas después de volver de Perú por segunda vez, encontramos otro huevo, puesto por una pareja diferente, la de Kachito y Flor. Así, después de varias temporadas de probar diferentes diseños y materiales de nidos artificiales, diferentes localizaciones y de lidiar con diferentes especies invasoras de las cajas, otra pareja dio el primer paso. Y aunque ese huevo tampoco llegó a llegar a eclosionar, este suceso los consolida como la segunda pareja reproductiva y afianza su territorio alrededor del nido. Esto nos enseña que por más que en Iberá, los montes aún están empobrecidos tanto en especies que proveen alimento como de árboles de gran porte para anidar, es posible que los individuos se adapten, aprendan a conseguir su alimento y se reproduzcan. También nos alienta a seguir trabajando en nuevas liberaciones para que poco a poco se forme una población cada vez más estable y pueda ir afianzándose en su rol clave de dispersor de frutos y semillas de árboles nativos en el norte de Iberá.
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Fecha de Publicación: 29/06/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Corrientes
Luego de 150 años de ausencia en la provincia y 50 años en el país, se comienzan a ver los primeros signos de reproducción de la especie.
El Proyecto Guacamayo Rojo de Iberá comenzó en el año 2014 cuando arribaron aCorrientes los primeros individuos de la especie que serían liberados en el Portal Cambyretá, al norte de la provincia. Desde entonces, todas las etapas del proyecto estuvieron marcadas por un fuerte proceso de manejo adaptativo. Un proceso que implica ir aplicando distintas acciones de manejo de los guacamayos en base a lo aprendido sobre la marcha para adaptarnos y mejorar. Así ha pasado con las técnicas de rehabilitación de los guacamayos que ingresan al proyecto, el entrenamiento para vuelo, la liberación y el manejo posterior, el monitoreo y finalmente el diseño e instalación de nidos artificiales.
Pero no todo es color de rosa. Por citar algunos de los inconvenientes que nos fuimos encontrando con respecto a los nidos artificiales puedo nombrar, el excesivo peso de los primeros nidos que eran de polipropileno, la colonización de las cajas de madera por abejas y la utilización de las mismas por otras especies como lechuzas. Así entonces, por ejemplo, cambiamos el diseño y material de los primeros nidos, comenzamos a tratar a las cajas de madera con un repelente de abejas y agregamos una tapa de madera blanda fácilmente rompible para los guacamayos para evitar que otras especies aniden dentro. Muchas de estas ideas habían sido desarrolladas en otros proyectos de psitácidos, los cuales pudimos conocer personalmente o a través de intercambios de correos electrónicos. Uno de estos proyectos es elMacaw Society- Sociedad ProGuacamayos en Perú que tuve la oportunidad de conocer en 2019. Esa organización lleva más de 30 años trabajando con poblaciones silvestres de guacamayo rojo (/Ara chloroptera/), guacamayo escarlata (/Ara macao/) y guacamayo azul y amarillo (/Ara ararauna/) en una porción de selva amazónica dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Se dedican a la recolección de datos y generación de información sobre uso de hábitat y reproducción de esos psitácidos en la Reserva, además de la instalación de nidos artificiales y el manejo de los huevos y pichones en temporada reproductiva.
Un viaje de casi ocho horas en lancha río arriba del Tambopata, desde Puerto Maldonado, nos llevaría hasta las instalaciones del Centro de Investigaciones Tambopata dentro de la Reserva Nacional. A poco más de cuatro horas para llegar una bandada de unos 6 guacamayos nos aturdió con sus vocalizaciones. Esos son de los nuestros dijimos y los vimos cruzar de un lado al otro del río. Cuatro horas después ya sabríamos que esa era una escena típica en esa selva y que muchos otros colores y vocalizaciones la decoraban. En el centro de investigaciones nos esperaba Roshan Tailor, jefe de campo del proyecto que, sin perder tiempo, esa misma tarde nos llevó a los senderos dentro de la selva para ver algunas de las cajas nido de las que ellos instalan. Absorbimos toda la información que pudimos en los dos días que teníamos y partimos.
El regreso a Corrientes. Apenas dos días después de volver de Perú y con los ojos todavía llenos de asombro por haber visto semejante despliegue de guacamayos y exuberancia de la selva, fui con mi compañero Julio, en ese entonces voluntario en nuestro proyecto, a revisar la caja nido de Nioky y Sopa. Nioky y Sopa son, por lejos, los dos guacamayos más avistados en la zona de uso público del Portal Cambyretá, Corrientes, ya que muy cerca de ahí está el nido artificial que eligieron ocupar y defender de otros guacamayos e incluso de los monos carayá que viven en ese monte. Normalmente no subimos al árbol cuando los guacamayos están en las inmediaciones de la caja, pero ese día, simplemente decidimos revisar el nido a pesar del comportamiento territorial que estaban demostrando. A medida que iba ascendiendo, Nioky y Sopa perchados en la entrada de la caja comenzaron a vocalizar fuerte y a acercarse a los picotazos. Finalmente, se alejaron unos metros dándome la oportunidad de abrir la puerta inferior y visualizar los tres huevos. Rápidamente, entre emocionada y aturdida por los gritos de los padres, me bajé del árbol para abrazarme con mi compañero, los dos sabíamos bien lo que significaba y corrimos para dar la noticia a todo el equipo.
Para los días siguientes decidimos poner turnos de vigilancia debajo del nido. Con una silla plegable, un anotador y unos binoculares pasamos 12 horas viendo a Nioky y Sopa entrar y salir de la caja más de cincuenta veces por día, irse por ratos largos para forrajear y echar a los otros guacamayos que se acercaban al monte. Luego de unos cinco días siguiendo esa rutina, resolvimos aprovechar uno de los ratos en que Nioky y Sopa salieron para ir a forrajear y subimos para ver los huevos otra vez y nos encontramos con que los habían roto, estaban aplastados. La frustración fue grande porque las expectativas habían sido altas. Rápidamente me volví a poner en contacto con Gabriela Vigo, coordinadora de la Macaw Society- Sociedad ProGuacamayos, para contarle lo que había pasado buscando alguna explicación sobre lo que en ese momento consideramos un revés. Gabi, con tranquilidad, me explicó que ese era un suceso común en una pareja de principiantes como lo son Nioky y Sopa y que criar pichones que lleguen a salir de la caja e independizar requería de un proceso largo de aprendizaje por parte de la pareja. Ellos tenían que aprender a incubar los huevos, rotarlos y no aplastarlos en el intento y luego, a criar pichones, alimentarlos e incitarlos a salir de la caja para aprender a encontrar el alimento por sí mismos.
Rápidamente entendimos que nosotros sabíamos casi nada sobre manejo de huevos y pichones y sobre comportamiento de la pareja en la etapa de reproducción y por eso decidimos que necesitábamos volver a Tambopata para aprender de los que tenían más experiencia en el manejo de cajas nido, huevos y pichones.
La vuelta a Perú. Volvimos a Perú entonces mi compañero Alejandro y yo, en plena temporada reproductiva, ya con más tiempo y predispuestos a sacarle todo el jugo a la experiencia. En 15 días que pudimos pasar con el jefe de campo Roshan, la veterinaria Sophie y el encargado del soporte técnico para ascenso de los árboles Carlos, tuvimos la oportunidad de ascender a varios árboles-nido, tanto naturales como artificiales y tanto vacíos como con huevos o con pichones de edad avanzada. El trabajo consistía en revisar las cajas para valorar el estado de la misma, la ocupación por otras especies, la disponibilidad de sustrato y la presencia de huevos y pichones. En caso de haber pichones, se los retiraba del nido y mediante un balde se los bajaba para que la veterinaria pudiera hacer un chequeo sanitario general, tomar datos biométricos (peso, medidas del pico, alas, y patas y condición corporal) y quitar los ectoparásitos en caso de que tuvieran.
En la selva. El contraste entre ese ambiente y en el que nosotros trabajamos es muy marcado. Se trata de selva de linaje amazónico en la que abundan árboles de gran porte como las ceibas o el imponente chihuahuaco o iron-wood tree. La mayoría de nidos tanto artificiales como naturales se encuentran a alturas de entre 20 y 35 metros. Los obstáculos con los que lidian también son diferentes a los que ocurren en Iberá. Por ejemplo, si bien prácticamente no ocurren colonizaciones por abejas, sí existen grandes predadores tanto de huevos como de pichones (el principal es el tucán). Otro dato interesante es que sus cajas nido, que están siempre colgadas y no apuntaladas sobre el árbol como las que nosotros instalamos, sólo las ocupan parejas de la especie /Ara macao/. Por lo tanto, el hecho de que nosotros hayamos logrado que nuestros guacamayos anidaran en cajas artificiales fue una extrañeza para ellos.
Lo vivido en Tambopata durante esos 15 días fue definitivamente la experiencia que necesitábamos para poder encarar las siguientes temporadas reproductivas en Iberá. Haber tenido la oportunidad de manipular pichones en altura, conocer el comportamiento y lidiar con padres territoriales, e intercambiar conocimientos y experiencias con el equipo del Proyecto de Tambopata nos ayuda a conocer mejor a la especie con la que trabajamos y a hacernos más idóneos a la hora de plantear estrategias de manejo de los futuros pichones nacidos y criados en Iberá.
Y para no perder la racha, semanas después de volver de Perú por segunda vez, encontramos otro huevo, puesto por una pareja diferente, la de Kachito y Flor. Así, después de varias temporadas de probar diferentes diseños y materiales de nidos artificiales, diferentes localizaciones y de lidiar con diferentes especies invasoras de las cajas, otra pareja dio el primer paso. Y aunque ese huevo tampoco llegó a llegar a eclosionar, este suceso los consolida como la segunda pareja reproductiva y afianza su territorio alrededor del nido. Esto nos enseña que por más que en Iberá, los montes aún están empobrecidos tanto en especies que proveen alimento como de árboles de gran porte para anidar, es posible que los individuos se adapten, aprendan a conseguir su alimento y se reproduzcan. También nos alienta a seguir trabajando en nuevas liberaciones para que poco a poco se forme una población cada vez más estable y pueda ir afianzándose en su rol clave de dispersor de frutos y semillas de árboles nativos en el norte de Iberá.
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Los PN no emplearán plástico de un solo uso
Medio Ambiente: se prohíbe el plástico de un solo uso en los Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 29/06/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, una buena noticia para el cuidado del medio ambiente llegó a través del Boletín Oficial donde se publicó una resolución de la administración de Parque Nacionales que dispone "la reducción progresiva y la prohibición de los plásticos de un solo uso en las áreas protegidas" del país.
A través de la Resolución 19/2020 se estableció que los Parques Nacionales tendrán un plazo de seis meses desde su reapertura para adaptarse y podrán pedir una prórroga de seis meses más para alcanzar la meta de reducir al máximo el plástico.
Según el "Reglamento para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos en jurisdicción de la administración de Parques Nacionales", se considera plástico de un solo uso a todo aquel "producto desarrollado a partir de materiales plásticos destinados a ser empleados una sola vez y a ser desechados tras su primer uso; no son reutilizables y su reciclabilidad es baja por cuestiones técnicas y/o económicas".
Luego se establece la prohibición del "ofrecimiento a la vista, la entrega al consumidor final, la distribución y comercialización en todas las áreas protegidas sujetas a la jurisdicción de este organismo, de los siguientes productos plásticos de un solo uso".
Dentro de los incluidos en la norma se estipulan:
- Las botellas de bebidas, vajilla y utensilios plásticos descartables, comprendiendo vasos y sus accesorios, platos, tazas y sus accesorios, cubiertos, bandejas, recipientes alimentarios con sus accesorios, sorbetes, agitadores de bebidas y palillos o escarbadientes de plástico.
- Las varillas de plástico destinadas a ser adheridas o utilizadas como soporte de objetos descartables como globos y los soportes de plástico utilizados para el consumo de helados tipo "palito".
- Los hisopos y cotonetes realizados con plástico no compostable.
- Las bolsas plásticas no reutilizables, entendidas como bolsas de polietileno u otro material plástico convencional, no compostables, livianas, con un espesor menor a cincuenta micrones, tipo camiseta y tipo rectas conocidas también como "de arranque", destinadas a contener o transportar productos y bienes, que sean suministradas bajo cualquier título, en cualquier punto de venta o entrega.
- Envoltorios de plástico a ser utilizados para el transporte o entrega de diarios, revistas, facturas, recibos y otros objetos similares.
- Productos cosméticos y de higiene oral con micro perlas o micro esferas de plásticos.
Las excepciones contempladas son "los productos plásticos de un solo uso que, por cuestiones de profilaxis, asepsia, razones médicas, conservación o protección de determinados alimentos, no pudieren ser reemplazados por materiales alternativos".
El retiro del plástico que genera grandes focos de contaminación en el mundo, especialmente en los océanos y que afecta a la fauna y flora marina, alcanza a todos aquellos emprendimientos concesionados dentro de todos los Parques Nacionales del país.
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Fecha de Publicación: 29/06/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, una buena noticia para el cuidado del medio ambiente llegó a través del Boletín Oficial donde se publicó una resolución de la administración de Parque Nacionales que dispone "la reducción progresiva y la prohibición de los plásticos de un solo uso en las áreas protegidas" del país.
A través de la Resolución 19/2020 se estableció que los Parques Nacionales tendrán un plazo de seis meses desde su reapertura para adaptarse y podrán pedir una prórroga de seis meses más para alcanzar la meta de reducir al máximo el plástico.
Según el "Reglamento para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos en jurisdicción de la administración de Parques Nacionales", se considera plástico de un solo uso a todo aquel "producto desarrollado a partir de materiales plásticos destinados a ser empleados una sola vez y a ser desechados tras su primer uso; no son reutilizables y su reciclabilidad es baja por cuestiones técnicas y/o económicas".
Luego se establece la prohibición del "ofrecimiento a la vista, la entrega al consumidor final, la distribución y comercialización en todas las áreas protegidas sujetas a la jurisdicción de este organismo, de los siguientes productos plásticos de un solo uso".
Dentro de los incluidos en la norma se estipulan:
- Las botellas de bebidas, vajilla y utensilios plásticos descartables, comprendiendo vasos y sus accesorios, platos, tazas y sus accesorios, cubiertos, bandejas, recipientes alimentarios con sus accesorios, sorbetes, agitadores de bebidas y palillos o escarbadientes de plástico.
- Las varillas de plástico destinadas a ser adheridas o utilizadas como soporte de objetos descartables como globos y los soportes de plástico utilizados para el consumo de helados tipo "palito".
- Los hisopos y cotonetes realizados con plástico no compostable.
- Las bolsas plásticas no reutilizables, entendidas como bolsas de polietileno u otro material plástico convencional, no compostables, livianas, con un espesor menor a cincuenta micrones, tipo camiseta y tipo rectas conocidas también como "de arranque", destinadas a contener o transportar productos y bienes, que sean suministradas bajo cualquier título, en cualquier punto de venta o entrega.
- Envoltorios de plástico a ser utilizados para el transporte o entrega de diarios, revistas, facturas, recibos y otros objetos similares.
- Productos cosméticos y de higiene oral con micro perlas o micro esferas de plásticos.
Las excepciones contempladas son "los productos plásticos de un solo uso que, por cuestiones de profilaxis, asepsia, razones médicas, conservación o protección de determinados alimentos, no pudieren ser reemplazados por materiales alternativos".
El retiro del plástico que genera grandes focos de contaminación en el mundo, especialmente en los océanos y que afecta a la fauna y flora marina, alcanza a todos aquellos emprendimientos concesionados dentro de todos los Parques Nacionales del país.
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Argentina ya entró en deuda ambiental
La Argentina entró en default ambiental: a pesar de la pandemia ya consumió los recursos naturales que generó para un año
Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Aunque se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad, entendida como sus reservas en términos ecológicos, alcanzó el Día del Exceso de la Tierra más de un mes antes de lo calculado para el promedio mundial
La Argentina entró en default ambiental. Eso significa que, al día de hoy, el país ya consumió los recursos naturales que puede producir durante todo un año, tomando a préstamo los recursos futuros proporcionados por la Tierra. Si se hiciera una proyección, respecto de los servicios ecosistémicos para abastecer las necesidades de consumo de la población necesitaría un planeta y medio.
Estos datos, presentados ayer por la Fundación Vida Silvestre Argentina, están basados en datos de la Huella Ecológica, que mide los recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos.
Para el mundo, el overshooting day (como se lo llama en inglés) se retrasó, respecto del año pasado tres semanas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que castiga al planeta desde hace poco más de seis meses.
“La situación ambiental que estamos viviendo podemos compararla con pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Acumulamos deuda para más adelante y llega un momento en que se vuelve insostenible”, explica Manuel Jaramillo, director de la ONG.
El “Día del Exceso de la Tierra” es una iniciativa realizada por Global Footprint Network (GFN) que busca generar conciencia y señalar el exceso de velocidad con el que estamos “consumiendo el planeta”. A nivel global ese día se estima para el 22 de agosto, unas semanas después de lo que ocurrió en el 2019, pero ya teniendo en cuenta el parate de emisiones ocurrido durante la pandemia. Esta fecha se calcula a partir de comparar la suma de todas las demandas de consumo del mundo con los recursos naturales disponibles para solventar ese consumo y la capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas para reponer esos recursos.
Uno de los costos de nuestra deuda ecológica es el cambio climático, como consecuencia de que los gases de efecto invernadero se emiten más rápidamente de lo que pueden ser absorbidos por los bosques y los océanos. La pérdida de biodiversidad, la conversión del suelo, la deforestación, la sobrepesca, la escasez de agua y de alimentos, y la contaminación también están del lado del debe en la lista.
"Tenemos una cantidad de cosas que es irracional; hay algo que está mal en nuestra cultura de consumistas que está destruyendo el planeta. Hay que demostrar que la conservación es un beneficio económico para la sociedad: la naturaleza destruida es el caldo de cultivo para las pandemias" dice Yolanda Kakabadse, representante de la ONG internacional WWF para América latina refiriéndose al impacto de las zoonosis en la vida de las personas.
“Las actividades humanas y la sobreexplotación de los recursos afectan a los ecosistemas, su funcionamiento y a todas las especies asociadas, lo cual nos lleva a una reflexión urgente: la variable ambiental debe ser incluida en el desarrollo de un modelo social económico y productivo, que tenga en cuenta a la naturaleza y a las personas, para que sea justo y sostenible en el tiempo. La naturaleza nos ha dado indicadores de su capacidad de respuesta ante una reducción de nuestra huella ecológica, recordándonos que nosotros necesitamos mucho más al planeta, de lo que él necesita de nosotros”, agrega Jaramillo.
Según datos de GFN, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad -entendida como sus reservas en términos ecológicos- para producir recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, hay datos alarmantes de nuestro país que dan cuenta que aún hay mucho por hacer al respecto, considerando además que a pesar de nuestra alta biocapacidad estamos por encima de la media a nivel mundial, marcando en el calendario el 26 de junio como el Día del Exceso de la Tierra en la Argentina, más de un mes antes que la fecha global:
● Desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos y con ellos todos los beneficios asociados. El ritmo promedio ha sido de aproximadamente 300.000 hectáreas deforestadas por año, el equivalente a la superficie de CABA por mes.
● Nuestra matriz energética se basa, principalmente, en el uso de combustibles fósiles, cuya combustión emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera, que son los principales causantes del cambio climático y el calentamiento global.
● Se estima que de un 20% a un 30% de los recursos pesqueros en Argentina se descarta sin vida al mar.
“La única manera de retrasar esta fecha es un verdadero cambio en nuestra forma de vida. Desde el modo que consumimos y producimos los alimentos, la forma en que nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía e incluso en qué invertimos nuestro dinero. Si bien todas las personas podemos hacer algo para retrasar esta fecha, por supuesto también hacen falta cambios a gran escala desde los gobiernos y las empresas. Nuestro país, por ejemplo, tiene la posibilidad de aumentar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Podemos plantear un compromiso mucho más ambicioso de reducción de emisiones si buscamos enfrentar realmente el problema del cambio climático. Por ejemplo a través de la inversión en políticas de eficiencia energética o energías renovables, en el transporte, en la construcción e incluso en los sectores agropecuario y forestal”, señaló Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Aunque se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad, entendida como sus reservas en términos ecológicos, alcanzó el Día del Exceso de la Tierra más de un mes antes de lo calculado para el promedio mundial
La Argentina entró en default ambiental. Eso significa que, al día de hoy, el país ya consumió los recursos naturales que puede producir durante todo un año, tomando a préstamo los recursos futuros proporcionados por la Tierra. Si se hiciera una proyección, respecto de los servicios ecosistémicos para abastecer las necesidades de consumo de la población necesitaría un planeta y medio.
Estos datos, presentados ayer por la Fundación Vida Silvestre Argentina, están basados en datos de la Huella Ecológica, que mide los recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos.
Para el mundo, el overshooting day (como se lo llama en inglés) se retrasó, respecto del año pasado tres semanas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que castiga al planeta desde hace poco más de seis meses.
“La situación ambiental que estamos viviendo podemos compararla con pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Acumulamos deuda para más adelante y llega un momento en que se vuelve insostenible”, explica Manuel Jaramillo, director de la ONG.
El “Día del Exceso de la Tierra” es una iniciativa realizada por Global Footprint Network (GFN) que busca generar conciencia y señalar el exceso de velocidad con el que estamos “consumiendo el planeta”. A nivel global ese día se estima para el 22 de agosto, unas semanas después de lo que ocurrió en el 2019, pero ya teniendo en cuenta el parate de emisiones ocurrido durante la pandemia. Esta fecha se calcula a partir de comparar la suma de todas las demandas de consumo del mundo con los recursos naturales disponibles para solventar ese consumo y la capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas para reponer esos recursos.
Uno de los costos de nuestra deuda ecológica es el cambio climático, como consecuencia de que los gases de efecto invernadero se emiten más rápidamente de lo que pueden ser absorbidos por los bosques y los océanos. La pérdida de biodiversidad, la conversión del suelo, la deforestación, la sobrepesca, la escasez de agua y de alimentos, y la contaminación también están del lado del debe en la lista.
"Tenemos una cantidad de cosas que es irracional; hay algo que está mal en nuestra cultura de consumistas que está destruyendo el planeta. Hay que demostrar que la conservación es un beneficio económico para la sociedad: la naturaleza destruida es el caldo de cultivo para las pandemias" dice Yolanda Kakabadse, representante de la ONG internacional WWF para América latina refiriéndose al impacto de las zoonosis en la vida de las personas.
“Las actividades humanas y la sobreexplotación de los recursos afectan a los ecosistemas, su funcionamiento y a todas las especies asociadas, lo cual nos lleva a una reflexión urgente: la variable ambiental debe ser incluida en el desarrollo de un modelo social económico y productivo, que tenga en cuenta a la naturaleza y a las personas, para que sea justo y sostenible en el tiempo. La naturaleza nos ha dado indicadores de su capacidad de respuesta ante una reducción de nuestra huella ecológica, recordándonos que nosotros necesitamos mucho más al planeta, de lo que él necesita de nosotros”, agrega Jaramillo.
Según datos de GFN, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad -entendida como sus reservas en términos ecológicos- para producir recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, hay datos alarmantes de nuestro país que dan cuenta que aún hay mucho por hacer al respecto, considerando además que a pesar de nuestra alta biocapacidad estamos por encima de la media a nivel mundial, marcando en el calendario el 26 de junio como el Día del Exceso de la Tierra en la Argentina, más de un mes antes que la fecha global:
● Desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos y con ellos todos los beneficios asociados. El ritmo promedio ha sido de aproximadamente 300.000 hectáreas deforestadas por año, el equivalente a la superficie de CABA por mes.
● Nuestra matriz energética se basa, principalmente, en el uso de combustibles fósiles, cuya combustión emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera, que son los principales causantes del cambio climático y el calentamiento global.
● Se estima que de un 20% a un 30% de los recursos pesqueros en Argentina se descarta sin vida al mar.
“La única manera de retrasar esta fecha es un verdadero cambio en nuestra forma de vida. Desde el modo que consumimos y producimos los alimentos, la forma en que nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía e incluso en qué invertimos nuestro dinero. Si bien todas las personas podemos hacer algo para retrasar esta fecha, por supuesto también hacen falta cambios a gran escala desde los gobiernos y las empresas. Nuestro país, por ejemplo, tiene la posibilidad de aumentar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Podemos plantear un compromiso mucho más ambicioso de reducción de emisiones si buscamos enfrentar realmente el problema del cambio climático. Por ejemplo a través de la inversión en políticas de eficiencia energética o energías renovables, en el transporte, en la construcción e incluso en los sectores agropecuario y forestal”, señaló Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Siguen denunciando los desmontes en Salta
Campesinos de Orán denuncian atropellos y desmontes en sus tierras
Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Desde el gobierno de la provincia ya se inició un sumario dado que la destrucción de los montes se dio en una zona que se considera de alta conservación.
Desde diciembre pasado las seis familias que viven en la Comunidad Los Flores, ubicada en la banda norte del Río Blanco, a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Orán, vieron que algunos alambres habían sido dañados. Hace 15 días, no solo fue el alambrado, sino el desmonte sobre un espacio que sería de cien metros por cien metros, más un camino que desemboca en el mismo Río Blanco. La intromisión que destruyó la vegetación fue impulsada por una persona que dice ser dueña de las tierras. Los campesinos, en tanto, sostuvieron que es la primera vez en todos estos años que sufren un atropello como el acontecido.
En diálogo con Salta/12 los campesinos contaron que en un espacio de diez hectáreas viven las seis familias que siembran choclo, acelga, lechuga, naranjas, limones, y cuya cosecha es vendida en las ferias de la ciudad de Orán. Hace 15 días, parte de ese trabajo de siembra fue destruido por las máquinas. En la denuncia que hicieron ante la Policía culparon a Daniel Cornú, quien les dijo que era el dueño de las tierras porque las había comprado. Sin embargo, no mostró papel alguno de la supuesta propiedad o compra del lugar.
En la Dirección General de Inmuebles la matrícula que sufrió los daños se encuentra a nombre de la empresa Río Zenta SRL. En el plano oficial, esa misma matrícula coincide con el lugar que la Comunidad Los Flores señala como suyo.
En una nota que presentaron a las autoridades de Orán, los campesinos sostuvieron que la tierra se encuentra en su posesión desde hace más de 70 años “avalada por la Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
Afirmaron además que pese a querer dialogar con la persona que ingresó a sus tierras, esta “no entra en razón”. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo de Cornú es “construir una cantera” que “provocaría grandes daños y perjuicio a nuestra comunidad y al resto de los pobladores de la zona, provocando inundaciones por desborde del río, deforestación indiscriminada y otros daños ambientales que desde hace décadas venimos cuidando”.
“De algo sirvió la denuncia porque desde ese momento pararon los desmontes”, dijo uno de los campesinos. Sin embargo, afirmó que Cornú continúa yendo a las tierras “y entra caminando, diciendo que eso es suyo y que no lo toquemos”.
Los habitantes de la Comunidad temen la confrontación y no saben a quién recurrir por ayuda. “La gente de la Comunidad es miedosa pero duele tanta impotencia. Esta actitud psicológicamente los mató”, sobre todo a los más ancianos, afirmó el vocero.
La Ley Provincial 7658, de Regularización Dominial en tierras trabajadas por agricultores familiares y pequeños productores, prohíbe los desalojos de campesinos en el territorio de la provincia. Sin embargo, en la Comunidad desconocen de esta normativa, promulgada en 2010, y aseguran que nunca nadie se acercó en actitud de relevar su situación para poder regularizar sus tierras.
Sumario desde Ambiente
Aunque el desmonte se frenó con la denuncia policial, este miércoles en el sitio oficial del gobierno se informó que “de manera preventiva, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, ordenó la inmediata paralización de actividades de cambio de uso de suelo en zona categorizada como de muy alto valor de conservación, según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se llevaban adelante en inmediaciones a la comunidad Los Flores de Río Blanco banda norte de la ciudad de Orán”, indica el parte oficial.
La actuación llegó desde la Dirección de Fiscalización y Control, a raíz de una denuncia de pobladores de la zona. “Habiendo constatado mediante el análisis de imágenes satelitales el inicio del desmonte, tomó la determinación de tramitar el sumario administrativo y paralizar preventivamente el desmonte, en el marco del principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675”, se informó oficialmente.
La normativa establece que, en caso de que haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente “la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
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Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Desde el gobierno de la provincia ya se inició un sumario dado que la destrucción de los montes se dio en una zona que se considera de alta conservación.
Desde diciembre pasado las seis familias que viven en la Comunidad Los Flores, ubicada en la banda norte del Río Blanco, a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Orán, vieron que algunos alambres habían sido dañados. Hace 15 días, no solo fue el alambrado, sino el desmonte sobre un espacio que sería de cien metros por cien metros, más un camino que desemboca en el mismo Río Blanco. La intromisión que destruyó la vegetación fue impulsada por una persona que dice ser dueña de las tierras. Los campesinos, en tanto, sostuvieron que es la primera vez en todos estos años que sufren un atropello como el acontecido.
En diálogo con Salta/12 los campesinos contaron que en un espacio de diez hectáreas viven las seis familias que siembran choclo, acelga, lechuga, naranjas, limones, y cuya cosecha es vendida en las ferias de la ciudad de Orán. Hace 15 días, parte de ese trabajo de siembra fue destruido por las máquinas. En la denuncia que hicieron ante la Policía culparon a Daniel Cornú, quien les dijo que era el dueño de las tierras porque las había comprado. Sin embargo, no mostró papel alguno de la supuesta propiedad o compra del lugar.
En la Dirección General de Inmuebles la matrícula que sufrió los daños se encuentra a nombre de la empresa Río Zenta SRL. En el plano oficial, esa misma matrícula coincide con el lugar que la Comunidad Los Flores señala como suyo.
En una nota que presentaron a las autoridades de Orán, los campesinos sostuvieron que la tierra se encuentra en su posesión desde hace más de 70 años “avalada por la Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
Afirmaron además que pese a querer dialogar con la persona que ingresó a sus tierras, esta “no entra en razón”. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo de Cornú es “construir una cantera” que “provocaría grandes daños y perjuicio a nuestra comunidad y al resto de los pobladores de la zona, provocando inundaciones por desborde del río, deforestación indiscriminada y otros daños ambientales que desde hace décadas venimos cuidando”.
“De algo sirvió la denuncia porque desde ese momento pararon los desmontes”, dijo uno de los campesinos. Sin embargo, afirmó que Cornú continúa yendo a las tierras “y entra caminando, diciendo que eso es suyo y que no lo toquemos”.
Los habitantes de la Comunidad temen la confrontación y no saben a quién recurrir por ayuda. “La gente de la Comunidad es miedosa pero duele tanta impotencia. Esta actitud psicológicamente los mató”, sobre todo a los más ancianos, afirmó el vocero.
La Ley Provincial 7658, de Regularización Dominial en tierras trabajadas por agricultores familiares y pequeños productores, prohíbe los desalojos de campesinos en el territorio de la provincia. Sin embargo, en la Comunidad desconocen de esta normativa, promulgada en 2010, y aseguran que nunca nadie se acercó en actitud de relevar su situación para poder regularizar sus tierras.
Sumario desde Ambiente
Aunque el desmonte se frenó con la denuncia policial, este miércoles en el sitio oficial del gobierno se informó que “de manera preventiva, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, ordenó la inmediata paralización de actividades de cambio de uso de suelo en zona categorizada como de muy alto valor de conservación, según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se llevaban adelante en inmediaciones a la comunidad Los Flores de Río Blanco banda norte de la ciudad de Orán”, indica el parte oficial.
La actuación llegó desde la Dirección de Fiscalización y Control, a raíz de una denuncia de pobladores de la zona. “Habiendo constatado mediante el análisis de imágenes satelitales el inicio del desmonte, tomó la determinación de tramitar el sumario administrativo y paralizar preventivamente el desmonte, en el marco del principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675”, se informó oficialmente.
La normativa establece que, en caso de que haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente “la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
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Rechazan apelación para fumigar
Rechazan la apelación de la histórica cautelar que restringió las fumigaciones
Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: TeLeFe Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
En febrero un juez prohibió los agroquímicos a una distancia menor a 800 metros. El municipio y una productora cuestionaron la medida.
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la Municipalidad de Sastre y una productora agraria en relación a la medida cautelar que estableció la prohibición de asperjar cualquier tipo de agroquímico en un radio de 800 metros desde el fin de la zona urbana de Sastre, en el departamento San Martín.
La decisión judicial avaló además, en todos sus términos, la cautelar impuesta por el juez en lo Civil, Duilio Hail, quien en febrero de este año dictó esa disposición considerada histórica ya que es la primera vez que en la provincia se aplica una restricción para proteger a la población de toda una ciudad.
Tras los recursos opuestos únicamente por el municipio y la productora Marta del Carmen Alasino, la cámara de alzada desestimó la pretensión de dejar sin efecto la cautelar y revalidó la decisión del juez Hail. Los camaristas entendieron que quienes intentaron bajar la medida judicial de protección a los vecinos —el municipio y la productora— "pretendieron fundar el recurso de nulidad en falsas afirmaciones", para invalidar el curso de administración de justicia por vicios en el proceso".
En el análisis de los recursos de apelación la Cámara menciona los artículos Nº 41 y 43 de la Constitución Nacional, que establecen que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales". Los camaristas observaron que esta disposición "va ensamblada con el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física".
También invocan el principio de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles. Aclaran que "aplicando el principio precautorio debe entenderse que este supuesto se configura en el caso ya que, en principio y sin que signifique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, no puede dejar de señalarse que en esta instancia no hay información ni certeza de la inocuidad de los agroquímicos".
Además, la Cámara consideró que no corresponde apartar al juez de la causa por prejuzgamiento, porque "no se advierte que se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ya que sus manifestaciones son las indispensables para fundar la decisión que tomó".
Absurdo
"Es ofensivo y absurdo que se hayan asociado los poderes del Municipio, el económico de los productores y la representación de dos renombrados abogados como (Ivan) Cullen y (Domingo) Rondina para enfrentar a un grupo de vecinos que defienden su salud, la de sus hijos y la integridad del ambiente. Por eso es muy gratificante que la Justicia atienda nuestro reclamo cuando el poder político no aporta las soluciones necesarias para resguardar nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano", indicó Walter Bianchi, uno de los vecinos autoconvocados de Sastre que impulsaron el reclamo.
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Fecha de Publicación: 27/06/2020
Fuente: TeLeFe Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
En febrero un juez prohibió los agroquímicos a una distancia menor a 800 metros. El municipio y una productora cuestionaron la medida.
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la Municipalidad de Sastre y una productora agraria en relación a la medida cautelar que estableció la prohibición de asperjar cualquier tipo de agroquímico en un radio de 800 metros desde el fin de la zona urbana de Sastre, en el departamento San Martín.
La decisión judicial avaló además, en todos sus términos, la cautelar impuesta por el juez en lo Civil, Duilio Hail, quien en febrero de este año dictó esa disposición considerada histórica ya que es la primera vez que en la provincia se aplica una restricción para proteger a la población de toda una ciudad.
Tras los recursos opuestos únicamente por el municipio y la productora Marta del Carmen Alasino, la cámara de alzada desestimó la pretensión de dejar sin efecto la cautelar y revalidó la decisión del juez Hail. Los camaristas entendieron que quienes intentaron bajar la medida judicial de protección a los vecinos —el municipio y la productora— "pretendieron fundar el recurso de nulidad en falsas afirmaciones", para invalidar el curso de administración de justicia por vicios en el proceso".
En el análisis de los recursos de apelación la Cámara menciona los artículos Nº 41 y 43 de la Constitución Nacional, que establecen que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales". Los camaristas observaron que esta disposición "va ensamblada con el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física".
También invocan el principio de prevención del daño ambiental y de precaución ante la creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles. Aclaran que "aplicando el principio precautorio debe entenderse que este supuesto se configura en el caso ya que, en principio y sin que signifique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, no puede dejar de señalarse que en esta instancia no hay información ni certeza de la inocuidad de los agroquímicos".
Además, la Cámara consideró que no corresponde apartar al juez de la causa por prejuzgamiento, porque "no se advierte que se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ya que sus manifestaciones son las indispensables para fundar la decisión que tomó".
Absurdo
"Es ofensivo y absurdo que se hayan asociado los poderes del Municipio, el económico de los productores y la representación de dos renombrados abogados como (Ivan) Cullen y (Domingo) Rondina para enfrentar a un grupo de vecinos que defienden su salud, la de sus hijos y la integridad del ambiente. Por eso es muy gratificante que la Justicia atienda nuestro reclamo cuando el poder político no aporta las soluciones necesarias para resguardar nuestro derecho a la salud y a un ambiente sano", indicó Walter Bianchi, uno de los vecinos autoconvocados de Sastre que impulsaron el reclamo.
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El círculo vicioso del glifosato en Argentina
Bayer, Monsanto y el círculo vicioso del glifosato en Argentina
Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: Agencia DW
Provincia/Región: Nacional
DW analizó el impacto que puede tener en Argentina el acuerdo anunciado por Bayer con sus litigantes en EE. UU. por el glifosato.
Indemnización multimillonaria, pero sin aceptar responsabilidad alguna: así puede resumirse el acuerdo anunciado ayer por Bayer con más de cien mil demandantes afectados por cáncer en Estados Unidos, que atribuyen su enfermedad al uso del herbicida Roundup. El gigante alemán seguirá vendiendo el polémico producto heredado de Monsanto y, para ello, se remite a los informes de las distintas agencias regulatorias, que, de momento, no han avalado su peligrosidad.
Hasta ahora, solo el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la OMS, ha clasificado al Roundup como cancerígeno probable. Pero la ciencia también tendrá un lugar en el marco del acuerdo entre Bayer y sus litigantes, ya que se creará un comité científico independiente que decidirá si Roundup provoca cáncer de tiroides, la enfermedad habitualmente más vinculada con este herbicida.
La voz de la ciencia
En realidad, la ciencia lleva hablando décadas sobre el asunto. "Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato", dice a DW Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, e investigador del Conicet. Para Lajmanovich, director académico de varios de los artículos publicados en Argentina sobre el tema, el multimillonario acuerdo anunciado ayer por Bayer supone un "tácito reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato".
Según Damián Verzeñassi, director del del Instituto de Salud Socio Ambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza, el hecho de que Bayer no admita responsabilidad es tan solo parte de su "estrategia judicial", pero, en realidad, la empresa "está reconociendo que sus productos son dañinos" y eso va a tener un impacto sobre el sistema productivo. "Lamentablemente, no en Argentina a corto plazo, pero el acuerdo puede dar mucha fuerza a las organizaciones sociales, a los movimientos de vecinos y a los abogados inmersos en demandas por el uso de este pesticida".
Un modelo productivo no cuestionado
También el investigador Rafael Lajmanovich considera que el acuerdo anunciado ayer por Bayer podrá ser usado como argumento en la decena de causas judiciales abiertas en Argentina por el impacto de los agroquímicos en las poblaciones, en especial el glifosato. Sin embargo, no cree que vaya a cuestionarse el actual modelo de producción, en el que el glifosato juega un papel principal.
"Últimamente se está tratando de avanzar en la regulación de la distancia de las poblaciones humanas en la utilización de agroquímicos. Es algo que se ha logrado gracias a las movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientales y científicas, ya que estamos convencidos de que el actual modelo productivo intoxica el medioambiente y a las personas. Pero debería debatirse sobre el modelo productivo, y eso no se está haciendo", advierte el científico.
Un negocio redondo
Corría el año 1996 y Estados Unidos acababa de liberar la soja RR, resistente al glifosato. Sin llevar a cabo estudios sobre impacto ambiental, Argentina aprobó, a su vez, la liberación de este organismo modificado genéticamente, que facilita el cultivo de soja en cantidades masivas. "Argentina tuvo la desgracia de ser el segundo país del mundo en el que se liberó la soja RR", comenta Rafael Lajmanovich.
"Pero, en realidad, el negocio no estaba en las semillas. El gran negocio, que sigue hasta la actualidad, era el herbicida", prosigue Lajmanovich. "Probablemente fue una estrategia de las multinacionales: liberarlo acá en Argentina, sabiendo que este país tiene leyes laxas en muchos sentidos. Rápidamente, de contrabando, esta soja RR invadió países cercanos: se fue a Brasil, a Paraguay, a muchos países de la región", señala.
Entre 1980 y 2005, la superficie de cultivo de soja en Argentina pasó de 2 a 17 millones de hectáreas, un manto gigantesco sobre el que aplicar los productos de las multinacionales, fundamentalmente el glifosato. Y, durante décadas, las políticas de los distintos Gobiernos no han hecho sino reafirmar la expansión del agronegocio: "Argentina se vio, de alguna manera, condenada a proseguir con el cultivo de estos granos. Es un círculo del cual cuesta mucho salir", sentencia Lajmanovic.
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Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: Agencia DW
Provincia/Región: Nacional
DW analizó el impacto que puede tener en Argentina el acuerdo anunciado por Bayer con sus litigantes en EE. UU. por el glifosato.
Indemnización multimillonaria, pero sin aceptar responsabilidad alguna: así puede resumirse el acuerdo anunciado ayer por Bayer con más de cien mil demandantes afectados por cáncer en Estados Unidos, que atribuyen su enfermedad al uso del herbicida Roundup. El gigante alemán seguirá vendiendo el polémico producto heredado de Monsanto y, para ello, se remite a los informes de las distintas agencias regulatorias, que, de momento, no han avalado su peligrosidad.
Hasta ahora, solo el Centro Internacional contra el Cáncer, instancia de la OMS, ha clasificado al Roundup como cancerígeno probable. Pero la ciencia también tendrá un lugar en el marco del acuerdo entre Bayer y sus litigantes, ya que se creará un comité científico independiente que decidirá si Roundup provoca cáncer de tiroides, la enfermedad habitualmente más vinculada con este herbicida.
La voz de la ciencia
En realidad, la ciencia lleva hablando décadas sobre el asunto. "Entre 1980 y 2019 se publicaron en todo el mundo más de 1.200 trabajos que demuestran, de distintas formas y con distintos organismos, la toxicidad del glifosato", dice a DW Rafael Lajmanovich, profesor de ecotoxicología en la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, e investigador del Conicet. Para Lajmanovich, director académico de varios de los artículos publicados en Argentina sobre el tema, el multimillonario acuerdo anunciado ayer por Bayer supone un "tácito reconocimiento a lo que la ciencia independiente de gran parte del mundo lleva diciendo desde hace muchos años: el potencial carcinogénico que tienen los formulados comerciales del glifosato".
Según Damián Verzeñassi, director del del Instituto de Salud Socio Ambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza, el hecho de que Bayer no admita responsabilidad es tan solo parte de su "estrategia judicial", pero, en realidad, la empresa "está reconociendo que sus productos son dañinos" y eso va a tener un impacto sobre el sistema productivo. "Lamentablemente, no en Argentina a corto plazo, pero el acuerdo puede dar mucha fuerza a las organizaciones sociales, a los movimientos de vecinos y a los abogados inmersos en demandas por el uso de este pesticida".
Un modelo productivo no cuestionado
También el investigador Rafael Lajmanovich considera que el acuerdo anunciado ayer por Bayer podrá ser usado como argumento en la decena de causas judiciales abiertas en Argentina por el impacto de los agroquímicos en las poblaciones, en especial el glifosato. Sin embargo, no cree que vaya a cuestionarse el actual modelo de producción, en el que el glifosato juega un papel principal.
"Últimamente se está tratando de avanzar en la regulación de la distancia de las poblaciones humanas en la utilización de agroquímicos. Es algo que se ha logrado gracias a las movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientales y científicas, ya que estamos convencidos de que el actual modelo productivo intoxica el medioambiente y a las personas. Pero debería debatirse sobre el modelo productivo, y eso no se está haciendo", advierte el científico.
Un negocio redondo
Corría el año 1996 y Estados Unidos acababa de liberar la soja RR, resistente al glifosato. Sin llevar a cabo estudios sobre impacto ambiental, Argentina aprobó, a su vez, la liberación de este organismo modificado genéticamente, que facilita el cultivo de soja en cantidades masivas. "Argentina tuvo la desgracia de ser el segundo país del mundo en el que se liberó la soja RR", comenta Rafael Lajmanovich.
"Pero, en realidad, el negocio no estaba en las semillas. El gran negocio, que sigue hasta la actualidad, era el herbicida", prosigue Lajmanovich. "Probablemente fue una estrategia de las multinacionales: liberarlo acá en Argentina, sabiendo que este país tiene leyes laxas en muchos sentidos. Rápidamente, de contrabando, esta soja RR invadió países cercanos: se fue a Brasil, a Paraguay, a muchos países de la región", señala.
Entre 1980 y 2005, la superficie de cultivo de soja en Argentina pasó de 2 a 17 millones de hectáreas, un manto gigantesco sobre el que aplicar los productos de las multinacionales, fundamentalmente el glifosato. Y, durante décadas, las políticas de los distintos Gobiernos no han hecho sino reafirmar la expansión del agronegocio: "Argentina se vio, de alguna manera, condenada a proseguir con el cultivo de estos granos. Es un círculo del cual cuesta mucho salir", sentencia Lajmanovic.
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Quema de caña de azúcar: productores hacen su descargo
“Nos queman la caña de azúcar y después tenemos que pagar multas por daño ambiental”
Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Tucumán
Productores de Tucumán aseguran que el conflicto se repite todos los años. "Desde el gobierno saben bien que no quemamos y que eso nos perjudica el suelo", remarcan.
Productores tucumanos denuncian quemas de caña de azúcar en sus campos y aseguran que después reciben multas por parte del gobierno provincial que los responsabiliza de daños ambientales.
La situación, según le explicaron productores a Infocampo, se repite todos los años en época de zafra, y se extiende por varias semanas.
“Gran parte de la sociedad y el gobierno acusan a los productores y dicen que obtenemos un beneficio económico, pero eso es incorrecto, incluso porque esas prácticas son dañinas para las cepas posteriores, siendo un cultivo perenne“, remarcó un productor.
Mientras algunos no se atreven a asegurar que se trata de incendios intencionales – “podrían ser colillas de cigarrillos o travesuras de niños“, dicen-, otros aseguran que sí lo son. “Creemos que es gente de la zona o los mismos punteros políticos los que mandan a quemar”, deslizó otra productora que ya recibió multas de la Secretaría de Ambiente por más de $200 mil.
La cuestión que más preocupa a los cañeros es, sin dudas, la falta de protección legal para el sector agropecuario. En ese marco, aseguran que las actas de infracción que labran en Fiscalización Ambiental no cumplen con los principios de derecho penal a las que están sujetas y hasta mencionan mal las normativas.
“Desde Ambiente saben bien que los productores no quemamos y que eso nos perjudica el suelo. Pero, sin embargo, a fin de año informan todas las multas que nos hicieron ‘salvando al medio ambiente’“, se quejó la misma productora.
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Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Tucumán
Productores de Tucumán aseguran que el conflicto se repite todos los años. "Desde el gobierno saben bien que no quemamos y que eso nos perjudica el suelo", remarcan.
Productores tucumanos denuncian quemas de caña de azúcar en sus campos y aseguran que después reciben multas por parte del gobierno provincial que los responsabiliza de daños ambientales.
La situación, según le explicaron productores a Infocampo, se repite todos los años en época de zafra, y se extiende por varias semanas.
“Gran parte de la sociedad y el gobierno acusan a los productores y dicen que obtenemos un beneficio económico, pero eso es incorrecto, incluso porque esas prácticas son dañinas para las cepas posteriores, siendo un cultivo perenne“, remarcó un productor.
Mientras algunos no se atreven a asegurar que se trata de incendios intencionales – “podrían ser colillas de cigarrillos o travesuras de niños“, dicen-, otros aseguran que sí lo son. “Creemos que es gente de la zona o los mismos punteros políticos los que mandan a quemar”, deslizó otra productora que ya recibió multas de la Secretaría de Ambiente por más de $200 mil.
La cuestión que más preocupa a los cañeros es, sin dudas, la falta de protección legal para el sector agropecuario. En ese marco, aseguran que las actas de infracción que labran en Fiscalización Ambiental no cumplen con los principios de derecho penal a las que están sujetas y hasta mencionan mal las normativas.
“Desde Ambiente saben bien que los productores no quemamos y que eso nos perjudica el suelo. Pero, sin embargo, a fin de año informan todas las multas que nos hicieron ‘salvando al medio ambiente’“, se quejó la misma productora.
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Prinicipio para garantizar desarrollo sustentable de la pesca
Firman acuerdo para garantizar desarrollo sustentable de la pesca
Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
El Municipio de Camarones firmó un acta acuerdo con distintos sectores para garantizar el desarrollo sustentable de la pesca, respetando los criterios establecidos en los protocolos de bioseguridad.
Atento al inicio de la temporada de pesca nacional, donde la semana pasada arribó al puerto local un buque de prospección de Mar del Plata para evaluar las condiciones del lecho marino, el Ejecutivo ya avanzó con diversas tareas de fiscalización preventiva para impedir la actuación del Covid-19, resguardando la integridad de quienes participan directamente en la zafra.
En la rúbrica del documento, los interesados acuerdan y se obligan a la aceptación, implementación y cumplimiento con lo dispuesto en las normas reglamentarias, sanitarias y tributarias impuestas por el municipio y las que éste estime a futuro implementar, a efectos de desarrollar la actividad pesquera de temporada 2020 en contexto de Covid-19.
Además, se comprometen con el respeto y aplicación íntegra de todo lo inserto en las normas actuales o futuras a nivel provincial y administrativas Portuarias, que se contemplen en el Plan de Contingencia y Protocolo Sanitario Covid-19 Pesca 2020.
En el acta acuerdo, las partes se comprometieron a no exceder el máximo de embarcaciones que arriben a puerto, estableciéndose de manera inicial en cuatro por día, con posibilidad de ampliarse este número de acuerdo al desarrollo epidemiológico local, alcanzando una actividad equilibrada y en condiciones de salubridad.
También el municipio se compromete a la logística y al armado del trabajo de control, saneamiento, desinfección de los ingresos y egresos de todo vehículo o medio de transporte hacia el puerto de Camarones en el ejido municipal.
Por último, la Policía de control Portuaria, Prefectura Naval Argentina, Secretaría de Pesca, Dirección de Puerto y Sindicato de Trabajadores Portuarios se comprometen a intensificar los controles de la actividad dentro del ejido de su jurisdicción interna en el puerto, y de manera conjunta, coordinar las políticas de control a complementarse con el municipio.
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Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
El Municipio de Camarones firmó un acta acuerdo con distintos sectores para garantizar el desarrollo sustentable de la pesca, respetando los criterios establecidos en los protocolos de bioseguridad.
Atento al inicio de la temporada de pesca nacional, donde la semana pasada arribó al puerto local un buque de prospección de Mar del Plata para evaluar las condiciones del lecho marino, el Ejecutivo ya avanzó con diversas tareas de fiscalización preventiva para impedir la actuación del Covid-19, resguardando la integridad de quienes participan directamente en la zafra.
En la rúbrica del documento, los interesados acuerdan y se obligan a la aceptación, implementación y cumplimiento con lo dispuesto en las normas reglamentarias, sanitarias y tributarias impuestas por el municipio y las que éste estime a futuro implementar, a efectos de desarrollar la actividad pesquera de temporada 2020 en contexto de Covid-19.
Además, se comprometen con el respeto y aplicación íntegra de todo lo inserto en las normas actuales o futuras a nivel provincial y administrativas Portuarias, que se contemplen en el Plan de Contingencia y Protocolo Sanitario Covid-19 Pesca 2020.
En el acta acuerdo, las partes se comprometieron a no exceder el máximo de embarcaciones que arriben a puerto, estableciéndose de manera inicial en cuatro por día, con posibilidad de ampliarse este número de acuerdo al desarrollo epidemiológico local, alcanzando una actividad equilibrada y en condiciones de salubridad.
También el municipio se compromete a la logística y al armado del trabajo de control, saneamiento, desinfección de los ingresos y egresos de todo vehículo o medio de transporte hacia el puerto de Camarones en el ejido municipal.
Por último, la Policía de control Portuaria, Prefectura Naval Argentina, Secretaría de Pesca, Dirección de Puerto y Sindicato de Trabajadores Portuarios se comprometen a intensificar los controles de la actividad dentro del ejido de su jurisdicción interna en el puerto, y de manera conjunta, coordinar las políticas de control a complementarse con el municipio.
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