Los costos de la megaminería
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Los costos de la megaminería
Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: TSS - Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
“De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45% del cobre, el 15% del hierro, el 20% del oro, el 51% de la plata, el 19% de la bauxita, el 21% del zinc, el 10% del níquel, el 14% del plomo, el 19% del estaño y el 29% del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4% de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 % del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país, que participaron de la elaboración y difusión de un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.
“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36% de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la Unicversidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.
Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.
El documento elaborado por los científicos y científicas del CONICET se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.
Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del INDEC plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1% del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.
“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos mega proyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.
“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y acido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (IFIBYNE-UBA/CONICET) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprimarizacion de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1% de lo que se llevan en material”, puntualiza.
Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.
“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y cumplia con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.
“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.
Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plesbicito, la sancion de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en mineria, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.
“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
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Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: TSS - Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
“De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45% del cobre, el 15% del hierro, el 20% del oro, el 51% de la plata, el 19% de la bauxita, el 21% del zinc, el 10% del níquel, el 14% del plomo, el 19% del estaño y el 29% del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4% de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 % del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país, que participaron de la elaboración y difusión de un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.
“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36% de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la Unicversidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.
Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.
El documento elaborado por los científicos y científicas del CONICET se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.
Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del INDEC plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1% del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.
“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos mega proyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.
“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y acido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (IFIBYNE-UBA/CONICET) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprimarizacion de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1% de lo que se llevan en material”, puntualiza.
Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.
“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y cumplia con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.
“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.
Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plesbicito, la sancion de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en mineria, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.
“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
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Aprietes contra docente opocitora a acueducto minero
Denuncian persecución a una docente de Antofagasta
Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) denunció que una de sus integrantes y docente de la escuela de El Peñón sufre persecución debido a la lucha que mantiene en contra de las mineras.
Según afirmaron, la víctima es Patricia Reynoso, quien mantiene una activa lucha por la defensa del río Los Patos. La docente habría recibido un pre-sumario en donde se le indica que podría perder su cargo de docente y no se le da motivos claros.
La organización acusa a los gobiernos provincial y municipal y a la empresa minera Livent como quienes impulsaron este sumario.
“Con testimonios imprecisos y dudosos de personas involucradas con la minera Livent y el gobierno municipal, le han impuesto una sanción incoherente con la vaga acusación que se adjudica, suspendiéndola del cargo y de sus haberes sin haber tenido derecho a una defensa. La docente declara que los hechos narrados fueron tergiversados para poder inventar alguna excusa para sacarla del ámbito escolar y presionarla para que deje de defender el río Los Patos”, dice en un documento.
Malestar
El Ancasti dialogó con la docente quien cuestionó la separación preventiva del cargo, sin goce de haberes, sin haber tenido la posibilidad de ejercer su defensa ante la situación.
"Dicen que es una medida preventiva pero ya me sancionan de antemano sin saber si las acusaciones responden a la verdad o no".
Ramírez contó que es profesora de Educación Física en dos escuelas secundarias de Antofagasta. Según relató, una de las acusaciones es por un supuesto abandono de servicio con el objeto de participar de una reunión por el acueducto. "Dicen que yo dejé de participar en una reunión en la que estaba el supervisor, cuando ya terminaba la reunión le pregunto si me otorgaba el permiso para poder asistir a otro encuentro en la que se iba a tratar el tema del acueducto y él me dio autorización y ahora me juzgan por un supuesto abandono del servicio, dicen que abandoné mi postura como docente al haberme retirado, pero yo
tenía autorización", expresó.
Otro de los cargos del Ministerio de Educación es por una presentación de dos tutores que la denunciaron por exigirles realizar actividad física a dos alumnas que tendrían certificado médico. Ramírez desmintió esa acusación y otra en la que la sindicaron por instar a que los alumnos concurran a las protestas en contra de la construcción del acueducto del río Los Patos.
"Todo es falso y se puede corroborar que no existieron esos hechos", señaló y dijo que hay directivos que ayudaron para separarla del cargo porque están en connivencia con las empresas mineras. "Fueron los de Asuntos Jurídicos, pero soy la única docente que fueron a investigar cuando hay muchas irregularidades dentro de la escuela que no investigaron", manifestó.
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Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) denunció que una de sus integrantes y docente de la escuela de El Peñón sufre persecución debido a la lucha que mantiene en contra de las mineras.
Según afirmaron, la víctima es Patricia Reynoso, quien mantiene una activa lucha por la defensa del río Los Patos. La docente habría recibido un pre-sumario en donde se le indica que podría perder su cargo de docente y no se le da motivos claros.
La organización acusa a los gobiernos provincial y municipal y a la empresa minera Livent como quienes impulsaron este sumario.
“Con testimonios imprecisos y dudosos de personas involucradas con la minera Livent y el gobierno municipal, le han impuesto una sanción incoherente con la vaga acusación que se adjudica, suspendiéndola del cargo y de sus haberes sin haber tenido derecho a una defensa. La docente declara que los hechos narrados fueron tergiversados para poder inventar alguna excusa para sacarla del ámbito escolar y presionarla para que deje de defender el río Los Patos”, dice en un documento.
Malestar
El Ancasti dialogó con la docente quien cuestionó la separación preventiva del cargo, sin goce de haberes, sin haber tenido la posibilidad de ejercer su defensa ante la situación.
"Dicen que es una medida preventiva pero ya me sancionan de antemano sin saber si las acusaciones responden a la verdad o no".
Ramírez contó que es profesora de Educación Física en dos escuelas secundarias de Antofagasta. Según relató, una de las acusaciones es por un supuesto abandono de servicio con el objeto de participar de una reunión por el acueducto. "Dicen que yo dejé de participar en una reunión en la que estaba el supervisor, cuando ya terminaba la reunión le pregunto si me otorgaba el permiso para poder asistir a otro encuentro en la que se iba a tratar el tema del acueducto y él me dio autorización y ahora me juzgan por un supuesto abandono del servicio, dicen que abandoné mi postura como docente al haberme retirado, pero yo
tenía autorización", expresó.
Otro de los cargos del Ministerio de Educación es por una presentación de dos tutores que la denunciaron por exigirles realizar actividad física a dos alumnas que tendrían certificado médico. Ramírez desmintió esa acusación y otra en la que la sindicaron por instar a que los alumnos concurran a las protestas en contra de la construcción del acueducto del río Los Patos.
"Todo es falso y se puede corroborar que no existieron esos hechos", señaló y dijo que hay directivos que ayudaron para separarla del cargo porque están en connivencia con las empresas mineras. "Fueron los de Asuntos Jurídicos, pero soy la única docente que fueron a investigar cuando hay muchas irregularidades dentro de la escuela que no investigaron", manifestó.
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Jujuy: reunión para gestionar ambientalmente una ruta
Plan de Gestión Ambiental de la ruta nacional 34
Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Los equipos técnicos que llevan adelante el Plan de Gestión Ambiental de la ruta 34 se reunieron en San Pedro de Jujuy para analizar las acciones encaradas en la región de enormes valores en términos de biodiversidad en las Yungas jujeñas. Participaron miembros de la empresa Girsu Jujuy, de los municipios de Libertador General San Martín, San Pedro, Fraile Pintado; Dirección Nacional de Vialidad, Parque Nacional Calilegua, empresa Ledesma, Fundación ProYungas y Mesa de Gestión de Calilegua.
En la oportunidad se repasaron también los diferentes ejes de trabajo con cada una de las acciones llevadas a cabo por los distintos organismos. En materia de saneamiento, el representante de Vialidad Nacional informó que se realizará otra limpieza de mantenimiento en la ruta, desde San Pedro hasta el límite con Salta. Por otra parte la empresa Ledesma y la Municipalidad de Libertador concretaron acciones de forestación en el acceso a la ciudad cabecera del departamento, como parte del eje estratégico de puesta en valor. Además, desde el Ministerio de Ambiente con la colaboración de la empresa Ledesma se instaló cartelería en distintos sectores del circuito, como ser en la entrada al Parque Nacional Calilegua, en la salida de Libertador, en el acceso al basural de Fraile Pintado y acceso al basural de San Pedro para prevenir la disposición de residuos en esos sectores.
El municipio de Fraile Pintado comunicó también que se efectuaron obras en la entrada y salida del pueblo para habilitar dos campings recreacionales en sitios donde las personas antes vertían residuos
Desde Girsu se brindaron detalles sobre la Estación de Transferencia y Clasificación de RSU de San Pedro, informando que en las próximas semanas empezará a operar al 100% con la clasificación de los residuos de la región. También se precisó que las ventajas de la puesta en funcionamiento de sistema Girsu con la Estación y el Centro Ambiental Jujuy en marcha, redunda en beneficio para la situación de la ruta 34 y la comunidad de la zona. Vale destacar que la Estación de San Pedro está operando progresivamente desde el 15 de diciembre del 2019. Luego se delinearon acciones a seguir en un corto y mediano plazo, entre ellas se fortalecerán los procesos de fiscalización de los vertidos ilegales en la ruta. El Ministerio de Ambiente brindarán capacitaciones a los grupos de voluntarios locales y se fortalecerá la comunicación local.
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Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Los equipos técnicos que llevan adelante el Plan de Gestión Ambiental de la ruta 34 se reunieron en San Pedro de Jujuy para analizar las acciones encaradas en la región de enormes valores en términos de biodiversidad en las Yungas jujeñas. Participaron miembros de la empresa Girsu Jujuy, de los municipios de Libertador General San Martín, San Pedro, Fraile Pintado; Dirección Nacional de Vialidad, Parque Nacional Calilegua, empresa Ledesma, Fundación ProYungas y Mesa de Gestión de Calilegua.
En la oportunidad se repasaron también los diferentes ejes de trabajo con cada una de las acciones llevadas a cabo por los distintos organismos. En materia de saneamiento, el representante de Vialidad Nacional informó que se realizará otra limpieza de mantenimiento en la ruta, desde San Pedro hasta el límite con Salta. Por otra parte la empresa Ledesma y la Municipalidad de Libertador concretaron acciones de forestación en el acceso a la ciudad cabecera del departamento, como parte del eje estratégico de puesta en valor. Además, desde el Ministerio de Ambiente con la colaboración de la empresa Ledesma se instaló cartelería en distintos sectores del circuito, como ser en la entrada al Parque Nacional Calilegua, en la salida de Libertador, en el acceso al basural de Fraile Pintado y acceso al basural de San Pedro para prevenir la disposición de residuos en esos sectores.
El municipio de Fraile Pintado comunicó también que se efectuaron obras en la entrada y salida del pueblo para habilitar dos campings recreacionales en sitios donde las personas antes vertían residuos
Desde Girsu se brindaron detalles sobre la Estación de Transferencia y Clasificación de RSU de San Pedro, informando que en las próximas semanas empezará a operar al 100% con la clasificación de los residuos de la región. También se precisó que las ventajas de la puesta en funcionamiento de sistema Girsu con la Estación y el Centro Ambiental Jujuy en marcha, redunda en beneficio para la situación de la ruta 34 y la comunidad de la zona. Vale destacar que la Estación de San Pedro está operando progresivamente desde el 15 de diciembre del 2019. Luego se delinearon acciones a seguir en un corto y mediano plazo, entre ellas se fortalecerán los procesos de fiscalización de los vertidos ilegales en la ruta. El Ministerio de Ambiente brindarán capacitaciones a los grupos de voluntarios locales y se fortalecerá la comunicación local.
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Que el virus no te impida ver el bosque
Del virus al bosque nativo
Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Tras cuatro años de saqueo y mentiras, el desastre sanitario y el desabastecimiento de vacunas que produjeron Mauricio Macri y sus mafias, hicieron que después de 19 años sin sarampión, hoy el sarampión volviera a ser epidemia y ha causado ya algunas muertes. Y la eliminación criminal del escudo epidemiológico contra el dengue que hasta 2015 protegía a millones de argentinos en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil, hoy ya produce muertes por dengue en nuestro país.
Y es que más allá del miedo y el desquicio presentes, son las condiciones ambientales del planeta las que vienen siendo alteradas en todos los órdenes y en todos los continentes, y en consecuencia el peligro para la humanidad va mucho más allá de cepas y contagios. En realidad, las autoridades planetarias de casi todos los países, y especialmente del hipercapitalismo hegemónico, siguen estropeando el medio ambiente de manera irresponsable y atentatoria contra la paz mundial. Lo que es más letal y sigiloso que todos los virus del mundo.
La contradicción está servida y a la vista, porque cuantos más satisfactores tienen los casi 8.000 millones de habitantes del hiperpoblado planeta Tierra, más atentados contra el medio ambiente se producen y más prenuncian exterminios.
La cuestión ambiental –tema recurrente de esta columna– es uno de los más severos problemas desatendidos de la Argentina del siglo 21. El deterioro medioambiental de nuestro país parece indetenible, y se agrava día a día por la irresponsabiidad de los grandes productores agropecuarios y la ya proverbial inacción de autoridades que gobierno tras gobierno claudican en el control del cumplimiento de las leyes.
Los hechos son elocuentes: en menos de 25 años se han vertido más de 500 millones de litros de agrotóxicos y nada detiene este crimen de lesa humanidad; el abuso de monocultivos como la soja han pervertido vastos territorios y hoy las napas de agua, que dieron fama a la pampa húmeda argentina, ya no están a diez metros de profundidad sino a dos metros, y ésa es la causa principal de las inundaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y la Ley 26331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, es en los hechos letra muerta.
Sancionada por el Congreso en 2007 y reglamentada en febrero de 2009, esta ley establece que el ordenamiento territorial y cuidado de los bosques nativos estará a cargo de las provincias, y a la vez categoriza los usos posibles de los bosques naturales. Pero la experiencia concreta de la década de vigencia de esta ley permite calificar los resultados como desastrosos. Producto quizás de falsas concepciones de federalismo, en los hechos cada gobierno provincial ha descuidado tanto sus bosques que hoy provincias milenariamente riquísimas en bosques naturales son pampas sojeras.
Y todo agravado porque las selvas autóctonas del norte argentino fueron siempre, y siguen siendo las que quedan, bosques con gente. Con seres humanos de etnias originarias que pueblan esos bosques donde producen la mejor miel de exportación pero están siendo desplazados. Y acusados de vagos o indolentes porque son "indios" y morenos y pretenden quedarse en sus tierras ancestrales que les fueron robadas en los papeles desde que la "civilización" se apropió de sus territorios con leyes y títulos de propiedad a medida de las oligarquías que forman hoy el consorcio latifundista seguramente más concentrado del mundo.
Sabido es también que la expansión agrícola, en beneficio de unas pocas familias y empresas, ha vaciado de pobladores casi 600 pueblos del interior; producido el cierre de decenas de escuelas rurales y gestado migraciones no planificadas hacia las periferias de las grandes ciudades (con sus secuelas de desempleo, violencia, devastación educativa y crisis habitacionales, de salud y de servicios). Y es que los conurbanos no son sólo el bonaerense, como piensan en Buenos Aires; también son ultraproblemáticos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Resistencia y otras ciudades.
Provincias enteras como Santiago del Estero o Salta, casi toda Córdoba, la mitad norte de Santa Fe, y dos tercios del Chaco han sido arrasados --y siguen siéndolo mientras se escribe esta nota, hora a hora-- por la tala de bosques nativos que la lucha de decenas de ONGs no han conseguido detener. El mapa de bosques argentinos es hoy patético, con varios millones de hectáreas en categorías Roja (está prohibido cualquier uso) y Amarilla (se permiten intervenciones acotadas), y es evidencia palmaria que hoy la soja y sus agresivos modos de cultivo son los reyes del "campo" –otrora bosques– y con los emprendimientos madereros irresponsables (que no reforestan los territorios talados) están condenando a la mitad de la Argentina a ser un desierto dentro 30 a 40 años.
Aunque se acuse a este texto de exagerado, así está la cuestión, e incluso en estos días con tremendas presiones sobre el gobernador de mi provincia, Jorge Capitanich, que fue el intendente de Resistencia que más árboles plantó, y quien al asumir en diciembre pasado anunció su decisión de traspasar el control de aplicación de la Ley de Bosques en el Chaco, del Ministerio de Producción a la Subsecretaría de Ambiente. Medida largamente esperada debido a infinitas presunciones de corrupción por el constante otorgamiento de "permisos" para talar bosques que están prácticamente devastando el otrora tesoro natural conocido como El Impenetrable.
Decidido a traspasar el ordenamiento territorial y la fiscalización del uso del bosque a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente (a cargo de Marta Soneira, una reconocida luchadora ambiental), en los últimos días se evidenciaron duras presiones sobre el gobernador, que es notorio que estaría siendo hostigado por empresas tanineras y cierta prensa local debido a denuncias de desmonte ilegales. Siete predios fueron denunciados por Greenpeace, por uso de topadoras en áreas no permitidas.
Fue esperanzadora, días atrás, la ratificación que hizo Capitanich de su decisión inicial, en una reunión con más de 30 ONGs socioambientales, y en el sentido de actualizar a la brevedad el ordenamiento, poniendo de una vez la fiscalización a cargo de Soneira, así como crear un Consejo Ambiental Provincial que es imperativo si el Chaco quiere seguir siendo una provincia boscosa, pulmonar para la república.
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Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Tras cuatro años de saqueo y mentiras, el desastre sanitario y el desabastecimiento de vacunas que produjeron Mauricio Macri y sus mafias, hicieron que después de 19 años sin sarampión, hoy el sarampión volviera a ser epidemia y ha causado ya algunas muertes. Y la eliminación criminal del escudo epidemiológico contra el dengue que hasta 2015 protegía a millones de argentinos en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil, hoy ya produce muertes por dengue en nuestro país.
Y es que más allá del miedo y el desquicio presentes, son las condiciones ambientales del planeta las que vienen siendo alteradas en todos los órdenes y en todos los continentes, y en consecuencia el peligro para la humanidad va mucho más allá de cepas y contagios. En realidad, las autoridades planetarias de casi todos los países, y especialmente del hipercapitalismo hegemónico, siguen estropeando el medio ambiente de manera irresponsable y atentatoria contra la paz mundial. Lo que es más letal y sigiloso que todos los virus del mundo.
La contradicción está servida y a la vista, porque cuantos más satisfactores tienen los casi 8.000 millones de habitantes del hiperpoblado planeta Tierra, más atentados contra el medio ambiente se producen y más prenuncian exterminios.
La cuestión ambiental –tema recurrente de esta columna– es uno de los más severos problemas desatendidos de la Argentina del siglo 21. El deterioro medioambiental de nuestro país parece indetenible, y se agrava día a día por la irresponsabiidad de los grandes productores agropecuarios y la ya proverbial inacción de autoridades que gobierno tras gobierno claudican en el control del cumplimiento de las leyes.
Los hechos son elocuentes: en menos de 25 años se han vertido más de 500 millones de litros de agrotóxicos y nada detiene este crimen de lesa humanidad; el abuso de monocultivos como la soja han pervertido vastos territorios y hoy las napas de agua, que dieron fama a la pampa húmeda argentina, ya no están a diez metros de profundidad sino a dos metros, y ésa es la causa principal de las inundaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y la Ley 26331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, es en los hechos letra muerta.
Sancionada por el Congreso en 2007 y reglamentada en febrero de 2009, esta ley establece que el ordenamiento territorial y cuidado de los bosques nativos estará a cargo de las provincias, y a la vez categoriza los usos posibles de los bosques naturales. Pero la experiencia concreta de la década de vigencia de esta ley permite calificar los resultados como desastrosos. Producto quizás de falsas concepciones de federalismo, en los hechos cada gobierno provincial ha descuidado tanto sus bosques que hoy provincias milenariamente riquísimas en bosques naturales son pampas sojeras.
Y todo agravado porque las selvas autóctonas del norte argentino fueron siempre, y siguen siendo las que quedan, bosques con gente. Con seres humanos de etnias originarias que pueblan esos bosques donde producen la mejor miel de exportación pero están siendo desplazados. Y acusados de vagos o indolentes porque son "indios" y morenos y pretenden quedarse en sus tierras ancestrales que les fueron robadas en los papeles desde que la "civilización" se apropió de sus territorios con leyes y títulos de propiedad a medida de las oligarquías que forman hoy el consorcio latifundista seguramente más concentrado del mundo.
Sabido es también que la expansión agrícola, en beneficio de unas pocas familias y empresas, ha vaciado de pobladores casi 600 pueblos del interior; producido el cierre de decenas de escuelas rurales y gestado migraciones no planificadas hacia las periferias de las grandes ciudades (con sus secuelas de desempleo, violencia, devastación educativa y crisis habitacionales, de salud y de servicios). Y es que los conurbanos no son sólo el bonaerense, como piensan en Buenos Aires; también son ultraproblemáticos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Resistencia y otras ciudades.
Provincias enteras como Santiago del Estero o Salta, casi toda Córdoba, la mitad norte de Santa Fe, y dos tercios del Chaco han sido arrasados --y siguen siéndolo mientras se escribe esta nota, hora a hora-- por la tala de bosques nativos que la lucha de decenas de ONGs no han conseguido detener. El mapa de bosques argentinos es hoy patético, con varios millones de hectáreas en categorías Roja (está prohibido cualquier uso) y Amarilla (se permiten intervenciones acotadas), y es evidencia palmaria que hoy la soja y sus agresivos modos de cultivo son los reyes del "campo" –otrora bosques– y con los emprendimientos madereros irresponsables (que no reforestan los territorios talados) están condenando a la mitad de la Argentina a ser un desierto dentro 30 a 40 años.
Aunque se acuse a este texto de exagerado, así está la cuestión, e incluso en estos días con tremendas presiones sobre el gobernador de mi provincia, Jorge Capitanich, que fue el intendente de Resistencia que más árboles plantó, y quien al asumir en diciembre pasado anunció su decisión de traspasar el control de aplicación de la Ley de Bosques en el Chaco, del Ministerio de Producción a la Subsecretaría de Ambiente. Medida largamente esperada debido a infinitas presunciones de corrupción por el constante otorgamiento de "permisos" para talar bosques que están prácticamente devastando el otrora tesoro natural conocido como El Impenetrable.
Decidido a traspasar el ordenamiento territorial y la fiscalización del uso del bosque a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente (a cargo de Marta Soneira, una reconocida luchadora ambiental), en los últimos días se evidenciaron duras presiones sobre el gobernador, que es notorio que estaría siendo hostigado por empresas tanineras y cierta prensa local debido a denuncias de desmonte ilegales. Siete predios fueron denunciados por Greenpeace, por uso de topadoras en áreas no permitidas.
Fue esperanzadora, días atrás, la ratificación que hizo Capitanich de su decisión inicial, en una reunión con más de 30 ONGs socioambientales, y en el sentido de actualizar a la brevedad el ordenamiento, poniendo de una vez la fiscalización a cargo de Soneira, así como crear un Consejo Ambiental Provincial que es imperativo si el Chaco quiere seguir siendo una provincia boscosa, pulmonar para la república.
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Buenos Aires: Justicia pide informes sobre agroquímicos
La Justicia quiere saber el real uso de agroquímicos en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires
Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires
El fiscal Matías Di Lello solicitó a 6 municipios del norte provincial información sobre sus ordenanzas, protocolos y estadísticas de salud. El trámite forma parte de una investigación por contaminación de la napa de agua
El fiscal federal Matías Di Lello pidió conocer cómo trabajan con agroquímicos en seis ciudades al sur de Santa Fe. En el marco de una causa federal por contaminación y afectación a la salud ya recibió detalles de cómo lo hacen en Ramallo y Arrecifes. Restan entregar la información Capitán Sarmiento, San Nicolás, Colón y San Pedro, donde este jueves en el Concejo Deliberante crearon un Comité de Cáncer. En diálogo con El Ciudadano, el fiscal explicó: “Está probado que el uso de pesticidas y herbicidas afecta el agua y a las personas. Queremos saber si y cómo funcionan las zonas de exclusión, cómo trabajan con los productores agrícolas, entre otros detalles”.
El principio
Di Lello lleva adelante una causa en Pergamino, cerca de las localidades del norte bonaerense, para restringir el uso de agroquímicos en los cultivos de la provincia. Según contó, esa causa entra en el fuero federal a pesar de que generalmente ese tipo de reclamo se gestiona en los juzgados provinciales. “Es una causa federal porque afecta al agua y porque quien produce y quien autoriza el uso (Senasa) es utilizado en todo el país”, señaló el fiscal.
Según Di Lello, en Pergamino un grupo de peritos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Conicet tomaron muestras de suelo, agua y sangre de las personas. Descubrieron contaminación y fueron a la raíz común: la napa de agua que se extiende por el territorio pampeano.
Para continuar con esa línea de investigación sobre los efectos del uso de agroquímicos, el fiscal giró oficios a los gobiernos vecinos. “Queremos saber cómo y si funcionan ordenanzas que definen límites de fumigación en cada lugar. También si tienen protocolos de aplicación con productores. Y si tienen relevamiento del impacto en la salud de cada población. Hemos tenido muy buena aceptación de intendentes hasta ahora”, resaltó.
En San Pedro, por ejemplo, este jueves el bloque de Frente de Todos presentó un proyecto que se aprobó en el Concejo Deliberante local: la creación del Comité del Cáncer. Ediles, funcionarios del Ejecutivo, profesionales –de la salud y otras disciplinas, como geología– y entidades intermedias –entre ellas la Asociación de Lucha contra el Cáncer (Alucec)– ya llevan tres encuentros para la conformación del cuerpo.
Y también pidieron, como el fiscal, conocer los análisis del agua de la ciudad y su área rural.
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Santa Cruz: debate en la legislatura por pasivo ambiental
Diputados recién se acuerdan del pasivo ambiental y el FPV se negó a convocar al responsable de la CSS para dar explicaciones
Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Ayer se llevó a cabo la primera sesión en la Legislatura provincial, en un marco de absoluto dominio del oficialismo, como lo redactamos en nuestra nota situacional sobre la nueva composición política de la Cámara provincial.
Los diputados provinciales aprobaron por unanimidad una resolución para exigirle a la Secretaría de Medio Ambiente provincial el detalle de la situación ambiental en el territorio, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 2.658 – de Impacto Ambiental.
Allí, la autoridad ambiental santacruceña debe remitir anualmente un informe a la legislatura sobre el impacto de las actividades productivas como la minería, hidrocarburos, pesca, agricultura y ganadería, entre otros.
A su vez, la Secretaría de Estado de Minería y al Consejo Agrario Provincial, como autoridades de aplicación en materia de minería y manejo de suelos, fauna, aguas y áreas protegidas, deberán enviar un informe sobre el estado de sustentabilidad ambiental, en cuanto a lo económico, ecológico y social, y las labores desarrolladas desde 2015.
El pasivo ambiental de la provincia es algo que, especialmente de nuestro medio, se ha criticado e investigado en varias oportunidades y negado sistemáticamente (con excusas o silencios) por parte de los sucesivos gobiernos desde el año 2004. Daniel Peralta llegó a contabilizar y reclamar más de 3.500 millones de dólares en perjuicio por parte de YPF en más de 40 años, pero cuando el gobierno cayó en manos del kirchnerismo, los reclamos desaparecieron. Hoy, el Ejecutivo recordó el desastre ambiental en Santa Cruz.
La primera sesión ordinaria estuvo presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga y tuvo la ausencia del diputado por el pueblo de Los Antiguos, César Ormeño.
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Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Ayer se llevó a cabo la primera sesión en la Legislatura provincial, en un marco de absoluto dominio del oficialismo, como lo redactamos en nuestra nota situacional sobre la nueva composición política de la Cámara provincial.
Los diputados provinciales aprobaron por unanimidad una resolución para exigirle a la Secretaría de Medio Ambiente provincial el detalle de la situación ambiental en el territorio, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 2.658 – de Impacto Ambiental.
Allí, la autoridad ambiental santacruceña debe remitir anualmente un informe a la legislatura sobre el impacto de las actividades productivas como la minería, hidrocarburos, pesca, agricultura y ganadería, entre otros.
A su vez, la Secretaría de Estado de Minería y al Consejo Agrario Provincial, como autoridades de aplicación en materia de minería y manejo de suelos, fauna, aguas y áreas protegidas, deberán enviar un informe sobre el estado de sustentabilidad ambiental, en cuanto a lo económico, ecológico y social, y las labores desarrolladas desde 2015.
El pasivo ambiental de la provincia es algo que, especialmente de nuestro medio, se ha criticado e investigado en varias oportunidades y negado sistemáticamente (con excusas o silencios) por parte de los sucesivos gobiernos desde el año 2004. Daniel Peralta llegó a contabilizar y reclamar más de 3.500 millones de dólares en perjuicio por parte de YPF en más de 40 años, pero cuando el gobierno cayó en manos del kirchnerismo, los reclamos desaparecieron. Hoy, el Ejecutivo recordó el desastre ambiental en Santa Cruz.
La primera sesión ordinaria estuvo presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga y tuvo la ausencia del diputado por el pueblo de Los Antiguos, César Ormeño.
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Incendio en depósito de Monsanto
Se incendia un depósito de la fábrica Monsanto en el partido bonaerense de Zárate
Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Telam - Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Al menos cinco dotaciones de bomberos intentaban controlar pasadas las 13 un incendio en un depósito de la fábrica Monsanto Argentina ubicado en el partido bonaerense de Zárate, informaron fuentes policiales.
El fuego se inició pasadas las 11 en la fábrica ubicada en el kilómetro 83 de la ruta 6, en un predio de la empresa de agroquímicos que es lindera con la empresa Pampa Energía.
Según las fuentes, solo ingresaron cinco dotaciones de bomberos de Zárate, que trabajan junto al personal de la empresa, y hasta el momento se desconoce que había dentro del sector incendiado.
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Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Telam - Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Al menos cinco dotaciones de bomberos intentaban controlar pasadas las 13 un incendio en un depósito de la fábrica Monsanto Argentina ubicado en el partido bonaerense de Zárate, informaron fuentes policiales.
El fuego se inició pasadas las 11 en la fábrica ubicada en el kilómetro 83 de la ruta 6, en un predio de la empresa de agroquímicos que es lindera con la empresa Pampa Energía.
Según las fuentes, solo ingresaron cinco dotaciones de bomberos de Zárate, que trabajan junto al personal de la empresa, y hasta el momento se desconoce que había dentro del sector incendiado.
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San Juan: capacitarán a fuerzas de seguridad en ambiente
Uñac firmó un convenio para fomentar el cuidado del medioambiente en las fuerzas de seguridad
Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El convenio tiene como eje principal brindar capacitaciones que les permitan establecer un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
En la jornada de este jueves, el gobernador Sergio Uñac firmó un convenio de asistencia y cooperación entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Secretaria de Ambiente y de Desarrollo Sustentable y la Escuela de Seguridad Dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. El acto tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno y contó con la presencia además del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; el subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, Eduardo Gallastegui; el jefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez; el rector de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea; el director de la Escuela de Seguridad dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, Carlos Fleury y demás autoridades provinciales.
La necesidad de generar acciones que permitan evitar y/o mitigar ciertas problemáticas ambientales encontradas en la provincia, permitiendo la conservación y protección de los recursos naturales provinciales y la generación de conciencia en la comunidad local, llevó a estas entidades a firmar el mencionado convenio de asistencia y cooperación.
El objetivo es brindarle a las fuerzas de seguridad herramientas que les permitan construir una cultura ambiental que fomente el cuidado y la preservación del ambiente provincial, capacitando a sus integrantes y estableciendo un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
Las capacitaciones de desarrollarán en la Escuela de Capacitación Policial, a través del dictado de un curso por área, lugar y competencia policial, con los protocolos de acción correspondiente, además de dos talleres prácticos. Las temáticas sobre la que se trabajará, incluyen Flora y Fauna Autóctona y Exótica, Áreas Protegidas, Arbolado Público, Bosque Nativo; Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; Residuos Peligrosos y Sustancias Peligrosas; entre otros.
Durante el acto, Uñac destacó el trabajo mancomunado para la realización de este convenio: “Siempre les pedí a los ministros y secretarios que interactuaran entre ellos. Es muy fácil de expresar, quizás más difícil de cumplir. Las secretarías y ministerios no pueden manejarse como compartimientos separados en cada una de las naturales operaciones que depara la función. Si se interrelacionan, si establecen estás líneas de trabajo que vemos en la mañana de hoy entre la Universidad Católica de Cuyo y las secretarías de Seguridad y de Ambiente, vamos a conseguir mejores resultados. Reitero, se puede tomar un camino y establecer políticas de Estado, pero contra más asesoramiento y más confluencia de conocimientos se pueda lograr, vamos a optimizar el desarrollo de la gestión y vamos a hacer una gestión más moderna de cara a los intereses de la propia sociedad sanjuanina”, manifestó Uñac.
Por su parte, Munisaga destacó la importancia de lo logrado con el convenio firmado: “Para nosotros es muy importante este convenio porque en San Juan tenemos una legislación de protección ambiental relevante y frondosa. Es una obligación articular acciones. Es por eso que tomamos la decisión, junto con el secretario de Ambiente, de construir mancomunadamente un sistema de ejecución, de fiscalización y de control de las conductas y acciones que tienen que ver con el cuidado del medioambiente”, expresó Munisaga.
Acto seguido, Tello compartió la política del trabajo mancomunado entre los ministerios: “Todos los ministerios debemos trabajar de manera articulada para tratar de esta manera producir un ahorro en el gasto público y también ser más eficiente en estas articulaciones”.
A su turno, Larrea puso de relieve la política implementada por el gobernador: “Creo que su política es un ejemplo. Son muy pocas las provincias que han dejado la formación de agentes de seguridad a instituciones educativas en conjunto con la Escuela de Policía, que siempre existió. Este convenio nos va permitir incluir contenidos en los planes de estudio de la diplomatura, tecnicatura y la licenciatura sobre el cuidado del medioambiente porque son ustedes los agentes que están en contacto con los ciudadanos y los encargados de transmitir estos contenidos a toda la ciudadanía de la provincia de San Juan”, expuso Larrea.
A continuación expresó: “Sin lugar a dudas el tema ambiental va tomando distintas dimensiones, por lo cual es de mayor interés tomarlo como política de Estado. Esta es una política ecológica que necesita ser desarrollada con la cual tenemos que seguir trabajando juntos con el apoyo de nuestras fuerzas que tiene que irse incrementando”, cerró Tello.
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Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El convenio tiene como eje principal brindar capacitaciones que les permitan establecer un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
En la jornada de este jueves, el gobernador Sergio Uñac firmó un convenio de asistencia y cooperación entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Secretaria de Ambiente y de Desarrollo Sustentable y la Escuela de Seguridad Dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. El acto tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno y contó con la presencia además del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; el subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, Eduardo Gallastegui; el jefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez; el rector de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea; el director de la Escuela de Seguridad dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, Carlos Fleury y demás autoridades provinciales.
La necesidad de generar acciones que permitan evitar y/o mitigar ciertas problemáticas ambientales encontradas en la provincia, permitiendo la conservación y protección de los recursos naturales provinciales y la generación de conciencia en la comunidad local, llevó a estas entidades a firmar el mencionado convenio de asistencia y cooperación.
El objetivo es brindarle a las fuerzas de seguridad herramientas que les permitan construir una cultura ambiental que fomente el cuidado y la preservación del ambiente provincial, capacitando a sus integrantes y estableciendo un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
Las capacitaciones de desarrollarán en la Escuela de Capacitación Policial, a través del dictado de un curso por área, lugar y competencia policial, con los protocolos de acción correspondiente, además de dos talleres prácticos. Las temáticas sobre la que se trabajará, incluyen Flora y Fauna Autóctona y Exótica, Áreas Protegidas, Arbolado Público, Bosque Nativo; Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; Residuos Peligrosos y Sustancias Peligrosas; entre otros.
Durante el acto, Uñac destacó el trabajo mancomunado para la realización de este convenio: “Siempre les pedí a los ministros y secretarios que interactuaran entre ellos. Es muy fácil de expresar, quizás más difícil de cumplir. Las secretarías y ministerios no pueden manejarse como compartimientos separados en cada una de las naturales operaciones que depara la función. Si se interrelacionan, si establecen estás líneas de trabajo que vemos en la mañana de hoy entre la Universidad Católica de Cuyo y las secretarías de Seguridad y de Ambiente, vamos a conseguir mejores resultados. Reitero, se puede tomar un camino y establecer políticas de Estado, pero contra más asesoramiento y más confluencia de conocimientos se pueda lograr, vamos a optimizar el desarrollo de la gestión y vamos a hacer una gestión más moderna de cara a los intereses de la propia sociedad sanjuanina”, manifestó Uñac.
Por su parte, Munisaga destacó la importancia de lo logrado con el convenio firmado: “Para nosotros es muy importante este convenio porque en San Juan tenemos una legislación de protección ambiental relevante y frondosa. Es una obligación articular acciones. Es por eso que tomamos la decisión, junto con el secretario de Ambiente, de construir mancomunadamente un sistema de ejecución, de fiscalización y de control de las conductas y acciones que tienen que ver con el cuidado del medioambiente”, expresó Munisaga.
Acto seguido, Tello compartió la política del trabajo mancomunado entre los ministerios: “Todos los ministerios debemos trabajar de manera articulada para tratar de esta manera producir un ahorro en el gasto público y también ser más eficiente en estas articulaciones”.
A su turno, Larrea puso de relieve la política implementada por el gobernador: “Creo que su política es un ejemplo. Son muy pocas las provincias que han dejado la formación de agentes de seguridad a instituciones educativas en conjunto con la Escuela de Policía, que siempre existió. Este convenio nos va permitir incluir contenidos en los planes de estudio de la diplomatura, tecnicatura y la licenciatura sobre el cuidado del medioambiente porque son ustedes los agentes que están en contacto con los ciudadanos y los encargados de transmitir estos contenidos a toda la ciudadanía de la provincia de San Juan”, expuso Larrea.
A continuación expresó: “Sin lugar a dudas el tema ambiental va tomando distintas dimensiones, por lo cual es de mayor interés tomarlo como política de Estado. Esta es una política ecológica que necesita ser desarrollada con la cual tenemos que seguir trabajando juntos con el apoyo de nuestras fuerzas que tiene que irse incrementando”, cerró Tello.
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Piden imputar a ex intendente por contaminación
Pidieron imputar a Ramón Mestre por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Radio Mitre
Provincia/Región: Córdoba
La fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk solicitó su imputación. Ocurre en el marco de la causa por el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al Río Suquía.
La Justicia Federal solicitó imputar al ex intendente Ramón Mestre por el delito de contaminación ambiental en cumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido fue solicitado por la fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk, quien ha pedido que el ex mandatario sea imputado en una causa donde se investigan los volcamientos de líquidos cloacales no tratados al Río Suquía.
En el marco de esta causa ya había 8 ex funcionarios de la municipalidad imputados por estos delitos.
Estos pedidos deberán ser avalados por el fiscal federal Hugo Vaca Narvaja.
Antecedentes
En julio de 2019, la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia presentó un informe a la Municipalidad que afirma que los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande tienen casi el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan.
De acuerdo al informe, que acredita reiterados incumplimientos por parte del municipio a la hora del tratamiento de los efluentes, Bajo Grande vuelca líquidos cloacales contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016 (aunque allí no registra los porcentajes de contaminación) y se encontraría en violación del artículo 46 de la ley provincial 7.343, que prohíbe la deposición de sustancias contaminantes en el río.
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Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Radio Mitre
Provincia/Región: Córdoba
La fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk solicitó su imputación. Ocurre en el marco de la causa por el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al Río Suquía.
La Justicia Federal solicitó imputar al ex intendente Ramón Mestre por el delito de contaminación ambiental en cumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido fue solicitado por la fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk, quien ha pedido que el ex mandatario sea imputado en una causa donde se investigan los volcamientos de líquidos cloacales no tratados al Río Suquía.
En el marco de esta causa ya había 8 ex funcionarios de la municipalidad imputados por estos delitos.
Estos pedidos deberán ser avalados por el fiscal federal Hugo Vaca Narvaja.
Antecedentes
En julio de 2019, la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia presentó un informe a la Municipalidad que afirma que los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande tienen casi el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan.
De acuerdo al informe, que acredita reiterados incumplimientos por parte del municipio a la hora del tratamiento de los efluentes, Bajo Grande vuelca líquidos cloacales contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016 (aunque allí no registra los porcentajes de contaminación) y se encontraría en violación del artículo 46 de la ley provincial 7.343, que prohíbe la deposición de sustancias contaminantes en el río.
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Represa Portezuelo: negociación “empantanada”
Está “empantanada” la discusión sobre Portezuelo del Viento en el COIRCO
Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Nacional
El pampeano Javier Schlegel debutó ayer como presidente del COIRCO, representando al gobierno nacional, en una reunión que se realizó en Bahía Blanca y que tuvo como tema central la represa Portezuelo del Viento. Uno de los representantes de Mendoza en el encuentro, el propio ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez Rosaz, planteó apartar a Schlegel de la presidencia porque “no acredita la independencia necesaria para ocupar el cargo”, y el pedido terminó teniendo curso formal y será elevado al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, aunque se prevé que esto no prosperará.
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, reconoció a APP que por la construcción de la represa la discusión “está empantanada, hay mucho trasfondo”. Indicó que “nosotros hemos solicitado, para darle más transparencia a este proceso, la unificación de todos los estudios de impacto ambiental que se han hecho hasta el momento (uno que hizo Mendoza de la obra propiamente dicho y otro encargado por el COIRCO de cómo impactará la obra en toda la cuenca del río Colorado)”.
Dijo que éste último fue presentado pero no lo aceptó el Consejo de Gobierno, “ya que La Pampa no lo aceptó, con lo cual requerimos que se presenten esos estudios al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y que haga un estudio de impacto ambiental”.
Informó que la cartera nacional pidió una unificación de esos dos estudios y una audiencia pública nacional, cuestión “que en principio lo había aceptado Mendoza pero ahora plantean que no están de acuerdo, argumentando que la situación está judicializada por la provincia de La Pampa, que presentó un amparo a la Corte Suprema, y al no tener ellos el traslado de la demanda a la provincia y no conocer los términos, dentro del COIRCO no se van a expedir del tema”.
Insistió que para Río Negro “el COIRCO es el ámbito para discutir esto, para que cada jurisdicción exponga su postura, defienda sus intereses y avanzar en puntos de acuerdo, pero esto no está ocurriendo”.
“Solicitamos una reunión el Consejo de Gobierno, donde están los cinco gobernadores presidida por el Ministro del Interior, para ver si se puede destrabar esta situación”, consignó.
Insistió que Río Negro, Buenos Aires y Neuquén coinciden en que hay que avanzar en la unificación de los estudios de impacto ambiental con una audiencia nacional.
En la reunión de ayer, la delegación mendocina informó que la licitación de la obra se postergó nuevamente, ahora para principios de julio, y ante la consulta del delegado pampeano Juan Greco sobre la cantidad de pliegos que han sido adquiridos, la respuesta fue reveladora: ninguno.
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Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Nacional
El pampeano Javier Schlegel debutó ayer como presidente del COIRCO, representando al gobierno nacional, en una reunión que se realizó en Bahía Blanca y que tuvo como tema central la represa Portezuelo del Viento. Uno de los representantes de Mendoza en el encuentro, el propio ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez Rosaz, planteó apartar a Schlegel de la presidencia porque “no acredita la independencia necesaria para ocupar el cargo”, y el pedido terminó teniendo curso formal y será elevado al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, aunque se prevé que esto no prosperará.
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, reconoció a APP que por la construcción de la represa la discusión “está empantanada, hay mucho trasfondo”. Indicó que “nosotros hemos solicitado, para darle más transparencia a este proceso, la unificación de todos los estudios de impacto ambiental que se han hecho hasta el momento (uno que hizo Mendoza de la obra propiamente dicho y otro encargado por el COIRCO de cómo impactará la obra en toda la cuenca del río Colorado)”.
Dijo que éste último fue presentado pero no lo aceptó el Consejo de Gobierno, “ya que La Pampa no lo aceptó, con lo cual requerimos que se presenten esos estudios al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y que haga un estudio de impacto ambiental”.
Informó que la cartera nacional pidió una unificación de esos dos estudios y una audiencia pública nacional, cuestión “que en principio lo había aceptado Mendoza pero ahora plantean que no están de acuerdo, argumentando que la situación está judicializada por la provincia de La Pampa, que presentó un amparo a la Corte Suprema, y al no tener ellos el traslado de la demanda a la provincia y no conocer los términos, dentro del COIRCO no se van a expedir del tema”.
Insistió que para Río Negro “el COIRCO es el ámbito para discutir esto, para que cada jurisdicción exponga su postura, defienda sus intereses y avanzar en puntos de acuerdo, pero esto no está ocurriendo”.
“Solicitamos una reunión el Consejo de Gobierno, donde están los cinco gobernadores presidida por el Ministro del Interior, para ver si se puede destrabar esta situación”, consignó.
Insistió que Río Negro, Buenos Aires y Neuquén coinciden en que hay que avanzar en la unificación de los estudios de impacto ambiental con una audiencia nacional.
En la reunión de ayer, la delegación mendocina informó que la licitación de la obra se postergó nuevamente, ahora para principios de julio, y ante la consulta del delegado pampeano Juan Greco sobre la cantidad de pliegos que han sido adquiridos, la respuesta fue reveladora: ninguno.
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Crean un catalizador que degrada los contaminantes
Crean un purificador para el aire contaminado
Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: San Luis
Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET buscarán comercializar un catalizador que degrada los contaminantes emitidos por las industrias y reducir así la polución en zonas urbanas.
Científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y del CONICET crearon un catalizador que elimina los contaminantes producidos por la actividad industrial y purifica el aire. Esa tecnología será facilitada a pequeñas y grandes industrias mediante una empresa de base tecnológica y mejorar así la calidad del ambiente y la salud de la población.
El conversor comenzó a gestarse en el Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI), con doble dependencia UNSL-CONICET. Este dispositivo es capaz de degradar por completo los compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por las industrias, lo que contribuye al aumento de contaminación del aire, principal responsable de muchas enfermedades respiratorias.
Un grupo multidisciplinar estuvo a cargo del proyecto, coordinado por el director del INTEQUI, Luis Cadus, y conformado por los investigadores especialistas en catálisis Roxana Morales, Fabiola Agüero, Flavia Durán y María Laura Rodríguez, el técnico Cristian Velasquez y el docente Marcelo Spina, junto con alumnos de grado de distintas facultades de la UNSL.
Según detalló Cadus al Suplemento Universidad, esta tecnología “alcanzó una performance similar” a los catalizadores que existen en países europeos y en Estados Unidos, pero fabricado territorio nacional con “elementos amigables al medio ambiente y muy baratos”. “La mayoría de los dispositivos comercializados son a base a metales preciosos. Nosotros los hacemos con metales comunes, como manganeso o cobre, con la ventaja de que tienen mayor durabilidad”, explicó.
Estos conversores pueden montarse en las líneas de venteo de un amplio rango de empresas, que incluye desde pequeñas localizadas en centros urbanos hasta grandes en parques industriales.
A través de este dispositivo, el aire contaminado pasa por el conversor, donde ocurre el precalentamiento de la masa de aire contaminado y la posterior degradación de los contaminantes por reacción química (mediante un reactor). El resultado es aire limpio.
“El inconveniente es la ausencia de una legislación que obligue a las industrias a utilizar este tipo de catalizadores, como sí pasa en otros países. Sin embargo, nos encontramos con empresas que tienen la decisión de tener un contrato ambientalmente amigable más allá de si son obligadas o no”, indicó el científico.
Para proveer esta tecnología a las empresas interesadas, la UNSL está desarrollando una empresa de base tecnológica, en articulación con el CONICET, que comprenderá un laboratorio de mediciones, un espacio de propuestas y soluciones para empresas, y un área de fabricación del reactor.
“Nuestras expectativas como investigadores es que mejore la calidad de vida con nuestro trabajo. Somos muchos quienes podemos aportar conocimiento, pero no todos tienen la impronta de batallar para lograr que los resultados de la investigación terminen en una solución de problemas”, afirmó Cadus y concluyó: “El Estado tiene la posibilidad de usar el conocimiento en beneficio de una economía con valor agregado, trabajo de calidad y generación de riqueza para beneficio de todos. El CONICET y la Universidad son herramientas importantes para ello”.
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Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: San Luis
Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET buscarán comercializar un catalizador que degrada los contaminantes emitidos por las industrias y reducir así la polución en zonas urbanas.
Científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y del CONICET crearon un catalizador que elimina los contaminantes producidos por la actividad industrial y purifica el aire. Esa tecnología será facilitada a pequeñas y grandes industrias mediante una empresa de base tecnológica y mejorar así la calidad del ambiente y la salud de la población.
El conversor comenzó a gestarse en el Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI), con doble dependencia UNSL-CONICET. Este dispositivo es capaz de degradar por completo los compuestos orgánicos volátiles (COVs) emitidos por las industrias, lo que contribuye al aumento de contaminación del aire, principal responsable de muchas enfermedades respiratorias.
Un grupo multidisciplinar estuvo a cargo del proyecto, coordinado por el director del INTEQUI, Luis Cadus, y conformado por los investigadores especialistas en catálisis Roxana Morales, Fabiola Agüero, Flavia Durán y María Laura Rodríguez, el técnico Cristian Velasquez y el docente Marcelo Spina, junto con alumnos de grado de distintas facultades de la UNSL.
Según detalló Cadus al Suplemento Universidad, esta tecnología “alcanzó una performance similar” a los catalizadores que existen en países europeos y en Estados Unidos, pero fabricado territorio nacional con “elementos amigables al medio ambiente y muy baratos”. “La mayoría de los dispositivos comercializados son a base a metales preciosos. Nosotros los hacemos con metales comunes, como manganeso o cobre, con la ventaja de que tienen mayor durabilidad”, explicó.
Estos conversores pueden montarse en las líneas de venteo de un amplio rango de empresas, que incluye desde pequeñas localizadas en centros urbanos hasta grandes en parques industriales.
A través de este dispositivo, el aire contaminado pasa por el conversor, donde ocurre el precalentamiento de la masa de aire contaminado y la posterior degradación de los contaminantes por reacción química (mediante un reactor). El resultado es aire limpio.
“El inconveniente es la ausencia de una legislación que obligue a las industrias a utilizar este tipo de catalizadores, como sí pasa en otros países. Sin embargo, nos encontramos con empresas que tienen la decisión de tener un contrato ambientalmente amigable más allá de si son obligadas o no”, indicó el científico.
Para proveer esta tecnología a las empresas interesadas, la UNSL está desarrollando una empresa de base tecnológica, en articulación con el CONICET, que comprenderá un laboratorio de mediciones, un espacio de propuestas y soluciones para empresas, y un área de fabricación del reactor.
“Nuestras expectativas como investigadores es que mejore la calidad de vida con nuestro trabajo. Somos muchos quienes podemos aportar conocimiento, pero no todos tienen la impronta de batallar para lograr que los resultados de la investigación terminen en una solución de problemas”, afirmó Cadus y concluyó: “El Estado tiene la posibilidad de usar el conocimiento en beneficio de una economía con valor agregado, trabajo de calidad y generación de riqueza para beneficio de todos. El CONICET y la Universidad son herramientas importantes para ello”.
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El Ministro de Ambiente recorrió el Atuel
Cabandié prometió que Nación será parte de las discusiones por el derecho del agua y el Atuel
Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que recorrió hoy junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el cauce seco del rio Atuel en Santa Isabel, y respecto al conflicto que la provincia tiene con Mendoza afirmó que "es necesario sentarse a dialogar en base a los principios de equidad y de protección de la biodiversidad".
"La Nación, se compromete a ser parte de las discusiones en el marco del federalismo, la equidad y el derecho al agua que establece la Constitución. "Es necesario sentarse a dialogar, en el marco del federalismo y la equidad", remarcó Cabandié en declaraciones periodísticas.
El ministro llegó hoy a Santa Rosa, donde fue recibido por el gobernador Ziliotto en su despacho y luego se trasladaron a Santa Isabel, distante 290 kilómetros en el extremo oeste de La Pampa, para recorrer la zona a la altura del puente "Los Vinchuqueros".
"Acá hay una cuestión como es la biodiversidad que es lo que se debe poner como primer elemento de análisis", sostuvo Cabandié para luego afirmar que su presencia en La Pampa tuvo el objetivo de "visibilizar un problema de muchos años", como es el corte del Río Atuel.
El funcionario mencionó el cambio climático que atraviesa al planeta, "que nos llevará en los próximos años a ver ríos cada vez más secos, lluvias cada vez más pronunciadas y eventos climáticos, que van a alterar la vida de las personas, en el mundo va a ser así y la única salida posible es la fraternidad entre los pueblos entre los ciudadanos, entre los vecinos".
Sostuvo que "visibilizando las problemáticas de los ríos Atuel y Colorado estamos dando el mensaje que tenemos que sentarnos a conversar y a dialogar entre todos, siendo justos y partiendo de los principios de equidad de protección de la biodiversidad con los que estamos interiorizados y comprometidos".
Por su parte Ziliotto, afirmó que la del río Atuel "es una causa de todos los pampeanos, más allá de las identificaciones políticas, sociales, económicas y culturales".
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Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: La Pampa
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que recorrió hoy junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el cauce seco del rio Atuel en Santa Isabel, y respecto al conflicto que la provincia tiene con Mendoza afirmó que "es necesario sentarse a dialogar en base a los principios de equidad y de protección de la biodiversidad".
"La Nación, se compromete a ser parte de las discusiones en el marco del federalismo, la equidad y el derecho al agua que establece la Constitución. "Es necesario sentarse a dialogar, en el marco del federalismo y la equidad", remarcó Cabandié en declaraciones periodísticas.
El ministro llegó hoy a Santa Rosa, donde fue recibido por el gobernador Ziliotto en su despacho y luego se trasladaron a Santa Isabel, distante 290 kilómetros en el extremo oeste de La Pampa, para recorrer la zona a la altura del puente "Los Vinchuqueros".
"Acá hay una cuestión como es la biodiversidad que es lo que se debe poner como primer elemento de análisis", sostuvo Cabandié para luego afirmar que su presencia en La Pampa tuvo el objetivo de "visibilizar un problema de muchos años", como es el corte del Río Atuel.
El funcionario mencionó el cambio climático que atraviesa al planeta, "que nos llevará en los próximos años a ver ríos cada vez más secos, lluvias cada vez más pronunciadas y eventos climáticos, que van a alterar la vida de las personas, en el mundo va a ser así y la única salida posible es la fraternidad entre los pueblos entre los ciudadanos, entre los vecinos".
Sostuvo que "visibilizando las problemáticas de los ríos Atuel y Colorado estamos dando el mensaje que tenemos que sentarnos a conversar y a dialogar entre todos, siendo justos y partiendo de los principios de equidad de protección de la biodiversidad con los que estamos interiorizados y comprometidos".
Por su parte Ziliotto, afirmó que la del río Atuel "es una causa de todos los pampeanos, más allá de las identificaciones políticas, sociales, económicas y culturales".
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Crisis del petróleo impacta en el biodiésel argentino
Cómo impacta la crisis del petróleo en el biodiésel argentino
Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La soja es una de las producciones que recibió las esquirlas de la bomba que representó para la economía mundial la mayor caída en el valor del petróleo desde 1991.
Si bien este martes recuperaba terreno tras caer hasta siete dólares por tonelada en el arranque de la semana, fue un golpe más para una cotización internacional de la oleaginosa que está en uno de sus valores más bajos en más de una década.
Paralelamente, esta crisis del petróleo también perjudica a uno de los principales subproductos que se obtienen con la industrialización de las semillas de soja: el biodiésel.
Este biocombustible es un sustituto del petróleo que pierde competitividad y prácticamente queda fuera de juego si el precio internacional del crudo se derrumba, como ocurrió el último domingo.
Durante una conferencia que ofreció junto con sus pares de las cadenas del maíz (Maizar), trigo (ArgenTrigo) y girasol (Asagir), en el marco de la feria Expoagro, dijo que constituye un dolor de cabeza en "un mundo que demanda sustentabilidad y en el que Argentina tiene un enorme potencial para vender energía 'verde'".
Externo e interno
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, coincidió con Zubizarreta sobre este panorama negativo y agregó que el impacto puede sentirse con más fuerza en las pequeñas y medianas empresas que procesan soja en el interior del país y les venden el biodiésel a las petroleras que operan en la Argentina, para que "corten" el 10 por ciento del gasoil.
"Hay que dividir esto en dos partes: el mercado de exportación va a seguir activo porque países importadores europeos, que son nuestro único mercado hoy, tienen la obligatoriedad de comprarlo todos los meses para cumplir un cupo, sin importar el precio del barril. Por lo tanto, las petroleras tendrán que asumir las pérdidas, pero en Europa", explicó Idígoras a La Voz.
De esta manera, es en el mercado interno donde surgen los problemas. "La fórmula que se utiliza para establecer el precio del biodiésel que se destina al corte del 10 por ciento puede hacer inviable la producción para las pequeñas y medianas empresas del interior", advirtió el titular de Ciara.
Esto es en lo inmediato. En una mirada de mediano y largo plazo, Idígoras consideró que las grandes procesadoras de soja ubicadas a la vera del Paraná, en el Gran Rosario, también sufrirían el impacto.
"Esto deteriora nuestras chances de exportación y reduce las posibilidades de volver a los mercados peruano y norteamericano (cerrados por denuncias de dumping), que por más gestiones que hagamos, tanto a nivel gubernamental como privado, van a tener menos interés en reabrirse por un producto que no puede competir con el petróleo en estas condiciones", añadió.
Ley en suspenso
Bajo este panorama, un problema adicional es que este año debe renovarse o modificarse la Ley de Biocombustibles. La Liga Bioenergética, que nuclea a la industria y a los gobiernos de provincias donde se elaboran biodiésel y bioetanol, propone aumentar los cupos de corte en naftas y en gasoil. Pero eso requiere de la aceptación por parte de las petroleras, que son las que deben comprar estos combustibles, y que están complicadas financieramente debido a la política del Gobierno de congelar los precios en el surtidor.
"El debate parlamentario será más difícil aún en un escenario de precios bajos del petróleo", reconoció Idígoras.
De todos modos, relató su expectativa de que esta crisis no se extienda demasiado. "La actual coyuntura no nos tiene que detener en el camino del futuro, que es hacia la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Además, esta coyuntura tiene más razones geopolíticas que económicas; por lo tanto, el precio debería volver a niveles normales, por encima de 50 dólares por barril. El problema es que no sabemos cuándo va a suceder eso", concluyó Idígoras.
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Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La soja es una de las producciones que recibió las esquirlas de la bomba que representó para la economía mundial la mayor caída en el valor del petróleo desde 1991.
Si bien este martes recuperaba terreno tras caer hasta siete dólares por tonelada en el arranque de la semana, fue un golpe más para una cotización internacional de la oleaginosa que está en uno de sus valores más bajos en más de una década.
Paralelamente, esta crisis del petróleo también perjudica a uno de los principales subproductos que se obtienen con la industrialización de las semillas de soja: el biodiésel.
Este biocombustible es un sustituto del petróleo que pierde competitividad y prácticamente queda fuera de juego si el precio internacional del crudo se derrumba, como ocurrió el último domingo.
Durante una conferencia que ofreció junto con sus pares de las cadenas del maíz (Maizar), trigo (ArgenTrigo) y girasol (Asagir), en el marco de la feria Expoagro, dijo que constituye un dolor de cabeza en "un mundo que demanda sustentabilidad y en el que Argentina tiene un enorme potencial para vender energía 'verde'".
Externo e interno
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, coincidió con Zubizarreta sobre este panorama negativo y agregó que el impacto puede sentirse con más fuerza en las pequeñas y medianas empresas que procesan soja en el interior del país y les venden el biodiésel a las petroleras que operan en la Argentina, para que "corten" el 10 por ciento del gasoil.
"Hay que dividir esto en dos partes: el mercado de exportación va a seguir activo porque países importadores europeos, que son nuestro único mercado hoy, tienen la obligatoriedad de comprarlo todos los meses para cumplir un cupo, sin importar el precio del barril. Por lo tanto, las petroleras tendrán que asumir las pérdidas, pero en Europa", explicó Idígoras a La Voz.
De esta manera, es en el mercado interno donde surgen los problemas. "La fórmula que se utiliza para establecer el precio del biodiésel que se destina al corte del 10 por ciento puede hacer inviable la producción para las pequeñas y medianas empresas del interior", advirtió el titular de Ciara.
Esto es en lo inmediato. En una mirada de mediano y largo plazo, Idígoras consideró que las grandes procesadoras de soja ubicadas a la vera del Paraná, en el Gran Rosario, también sufrirían el impacto.
"Esto deteriora nuestras chances de exportación y reduce las posibilidades de volver a los mercados peruano y norteamericano (cerrados por denuncias de dumping), que por más gestiones que hagamos, tanto a nivel gubernamental como privado, van a tener menos interés en reabrirse por un producto que no puede competir con el petróleo en estas condiciones", añadió.
Ley en suspenso
Bajo este panorama, un problema adicional es que este año debe renovarse o modificarse la Ley de Biocombustibles. La Liga Bioenergética, que nuclea a la industria y a los gobiernos de provincias donde se elaboran biodiésel y bioetanol, propone aumentar los cupos de corte en naftas y en gasoil. Pero eso requiere de la aceptación por parte de las petroleras, que son las que deben comprar estos combustibles, y que están complicadas financieramente debido a la política del Gobierno de congelar los precios en el surtidor.
"El debate parlamentario será más difícil aún en un escenario de precios bajos del petróleo", reconoció Idígoras.
De todos modos, relató su expectativa de que esta crisis no se extienda demasiado. "La actual coyuntura no nos tiene que detener en el camino del futuro, que es hacia la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Además, esta coyuntura tiene más razones geopolíticas que económicas; por lo tanto, el precio debería volver a niveles normales, por encima de 50 dólares por barril. El problema es que no sabemos cuándo va a suceder eso", concluyó Idígoras.
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Desestimación de planteo de desmontador en Chaco
El Superior Tribunal de Justicia desestimó el planteo de un productor multado por un desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El máximo tribunal chaqueño desestimó el recurso extraordinario de un productor forestal y dejó firme el rechazo a una medida cautelar que pretendía evitar la aplicación de una multa de la Dirección de Bosques por un desmonte ilegal.
Mientras sigue pendiente de resolución una acción de amparo impulsada por el Defensor del Pueblo del Chaco para suspender los permisos de desmonte en las zonas categorizadas como “Amarillas”, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme la desestimación a una medida cautelar impulsada por un productor forestal contra la multa que le impuso la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco por un desmonte ilegal en la zona del Departamento Güemes.
La resolución, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 3 de febrero pasado y lleva las firmas de los cuatro ministros del Superior Tribunal: Iride Grillo, Alberto Modi, Emilia Valle y Rolando Toledo. Fue en el expediente Nº 9538/18-SCA, caratulado: “P. S/MEDIDA CAUTELAR”.
Se trata de una medida cautelar que impulsó un productor forestal contra la multa por más de 17 millones de pesos que le impuso la Dirección de Bosques del Chaco por un desmonte ilegal en un predio de 300 hectáreas ubicado en el Departamento Güemes. La sanción del organismo provincial, de febrero de 2017, se debió a la infracción al artículo 6, inciso B1 de la entonces ley 7153 (hoy 2079-R), que estableció el Régimen de Sanciones para la Actividad Forestal, “por ejecutar un desmonte sin el permiso forestal correspondiente”.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa había desestimado la medida cautelar y también la demanda contra la sanción de la Dirección de Bosques. No obstante, hizo lugar al planteo para recalcular el monto de la multa luego de una resolución del STJ ante un recurso extraordinario de queja que el productor llevó ante ese tribunal.
“(…) el fallo cuenta con suficiente sustento y constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, no logrando el apelante extraordinario demostrar los desaciertos que pretende endilgarle”, sostiene en sus fundamentos el fallo del Superior Tribunal de Justicia.
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Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El máximo tribunal chaqueño desestimó el recurso extraordinario de un productor forestal y dejó firme el rechazo a una medida cautelar que pretendía evitar la aplicación de una multa de la Dirección de Bosques por un desmonte ilegal.
Mientras sigue pendiente de resolución una acción de amparo impulsada por el Defensor del Pueblo del Chaco para suspender los permisos de desmonte en las zonas categorizadas como “Amarillas”, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme la desestimación a una medida cautelar impulsada por un productor forestal contra la multa que le impuso la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco por un desmonte ilegal en la zona del Departamento Güemes.
La resolución, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 3 de febrero pasado y lleva las firmas de los cuatro ministros del Superior Tribunal: Iride Grillo, Alberto Modi, Emilia Valle y Rolando Toledo. Fue en el expediente Nº 9538/18-SCA, caratulado: “P. S/MEDIDA CAUTELAR”.
Se trata de una medida cautelar que impulsó un productor forestal contra la multa por más de 17 millones de pesos que le impuso la Dirección de Bosques del Chaco por un desmonte ilegal en un predio de 300 hectáreas ubicado en el Departamento Güemes. La sanción del organismo provincial, de febrero de 2017, se debió a la infracción al artículo 6, inciso B1 de la entonces ley 7153 (hoy 2079-R), que estableció el Régimen de Sanciones para la Actividad Forestal, “por ejecutar un desmonte sin el permiso forestal correspondiente”.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa había desestimado la medida cautelar y también la demanda contra la sanción de la Dirección de Bosques. No obstante, hizo lugar al planteo para recalcular el monto de la multa luego de una resolución del STJ ante un recurso extraordinario de queja que el productor llevó ante ese tribunal.
“(…) el fallo cuenta con suficiente sustento y constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, no logrando el apelante extraordinario demostrar los desaciertos que pretende endilgarle”, sostiene en sus fundamentos el fallo del Superior Tribunal de Justicia.
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Buenos Aires: reunión del Observatorio de Agroquímicos
Primera Reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: AgroSitio
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, llevó adelante la primera reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos, con el objetivo de vincular e intercambiar documentos científico-técnicos sobre la utilización de agroquímicos y su impacto en la salud, producción y el medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires...
El encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario Cristian Amarilla quien recordó que "el objetivo del Observatorio es recopilar y realizar una síntesis de la información generada en las diferentes instituciones científico-tecnológicas para luego ampliar la participación a colegios de profesionales, entidades de productores, y grupos civiles".
La primera reunión contó con la presencia del Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis y representantes de Universidades nacionales, provinciales, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), INTA y CONICET, que días atrás fueron convocados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.
En esta oportunidad más de diez grupos de trabajo presentaron los ejes que abordaron en cada uno de sus proyectos. Entre los institutos educativos participantes se encuentran la Universidad de Moreno, Hurlingham, 3 de Febrero, La Plata, San Martín, Mar del Plata, Buenos Aires, Avellaneda, Luján, General Sarmiento, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
Algunos de los temas giraron en torno al sistema de guiado responsable para aplicación, a la detección de residuos de agroquímicos en alimentos frescos, a la necesidad de cambiar los modelos de producción, y al impacto de los fitosanitarios sobre el suelo, napas y aguas.
Por parte de las autoridades provinciales se hicieron presentes el Director de Autoridad del Agua (ADA), Oscar Deina; la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba; los Directores Provinciales de Calidad y Control Técnico, Damian Costamagna, de Residuos Sólidos Urbanos, Francisco Suárez; y en representación de la Subsecretaría de Planificación y Control Sanitario del Ministerio de Salud, Damián Marino.
De la cartera agraria participaron la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio; y la Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente, María José Tesoro.
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Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: AgroSitio
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, llevó adelante la primera reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos, con el objetivo de vincular e intercambiar documentos científico-técnicos sobre la utilización de agroquímicos y su impacto en la salud, producción y el medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires...
El encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario Cristian Amarilla quien recordó que "el objetivo del Observatorio es recopilar y realizar una síntesis de la información generada en las diferentes instituciones científico-tecnológicas para luego ampliar la participación a colegios de profesionales, entidades de productores, y grupos civiles".
La primera reunión contó con la presencia del Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis y representantes de Universidades nacionales, provinciales, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), INTA y CONICET, que días atrás fueron convocados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.
En esta oportunidad más de diez grupos de trabajo presentaron los ejes que abordaron en cada uno de sus proyectos. Entre los institutos educativos participantes se encuentran la Universidad de Moreno, Hurlingham, 3 de Febrero, La Plata, San Martín, Mar del Plata, Buenos Aires, Avellaneda, Luján, General Sarmiento, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
Algunos de los temas giraron en torno al sistema de guiado responsable para aplicación, a la detección de residuos de agroquímicos en alimentos frescos, a la necesidad de cambiar los modelos de producción, y al impacto de los fitosanitarios sobre el suelo, napas y aguas.
Por parte de las autoridades provinciales se hicieron presentes el Director de Autoridad del Agua (ADA), Oscar Deina; la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba; los Directores Provinciales de Calidad y Control Técnico, Damian Costamagna, de Residuos Sólidos Urbanos, Francisco Suárez; y en representación de la Subsecretaría de Planificación y Control Sanitario del Ministerio de Salud, Damián Marino.
De la cartera agraria participaron la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio; y la Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente, María José Tesoro.
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