El Iberá se hace más grande
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Sumaron una “reserva natural silvestre” al parque nacional Iberá
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Con la característica específica de tratarse de un área muy poco alterada, con la diversidad biológica y su ambiente natural particularmente significativa, otras más de 10.000 hectáreas pasaron a formar parte desde este fin de semana del parque nacional Iberá, uno de los últimos en crearse en territorio argentino y que funciona inmerso en el inmenso suelo de los esteros correntinos.
La notificación se dio a conocer a través del Boletín Oficial, donde se comunicó el Decreto Nº 517/2019 rubricado por el presidente Mauricio Macri, a través del cual se crea formalmente la “Reserva Natural Silvestre Cambyretá”.
Esta área, que vincula por tierra a los otros dos núcleos que ya conforman el parque nacional Iberá (Cambyretá en el Norte, cercano a Ituzaingó, y San Nicolás, en el centro de la provincia, cercano a San Miguel) fue donada por su propietaria, Teresita María Iturralde, en su carácter de apoderada de la Fundación Flora y Fauna Argentina.
Se trata de dos fracciones de campos, que suman casi 12.000 hectáreas en total, que no están habitadas y que, bajo la figura de reserva silvestre, se añaden al ya existente parque Iberá bajo la administración del Estado nacional.
Esta categoría de Reserva Natural Silvestre responde a una “extensión considerable, que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales y vegetales valiosas”. En este caso, su principal valor es la función de estos terrenos como “conectores entre los núcleos Cambyretá y San Nicolás, y entre las unidades de conservación nacional y provincial.
Vale recordar que el parque nacional Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes, posee una superficie de 183.500 hectáreas pertenecientes a la ecorregión de los esteros del Iberá.
Las tierras fueron cedidas por Conservation Land Trust y Fundación Flora y Fauna a través de un proceso gradual de donación a Parques Nacionales que comenzó en noviembre de 2016. La ley de creación del área protegida, Nº 27481, sancionada el 5 de diciembre de 2018 y promulgada el 21 de diciembre de 2018, establece la protección de los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Con la característica específica de tratarse de un área muy poco alterada, con la diversidad biológica y su ambiente natural particularmente significativa, otras más de 10.000 hectáreas pasaron a formar parte desde este fin de semana del parque nacional Iberá, uno de los últimos en crearse en territorio argentino y que funciona inmerso en el inmenso suelo de los esteros correntinos.
La notificación se dio a conocer a través del Boletín Oficial, donde se comunicó el Decreto Nº 517/2019 rubricado por el presidente Mauricio Macri, a través del cual se crea formalmente la “Reserva Natural Silvestre Cambyretá”.
Esta área, que vincula por tierra a los otros dos núcleos que ya conforman el parque nacional Iberá (Cambyretá en el Norte, cercano a Ituzaingó, y San Nicolás, en el centro de la provincia, cercano a San Miguel) fue donada por su propietaria, Teresita María Iturralde, en su carácter de apoderada de la Fundación Flora y Fauna Argentina.
Se trata de dos fracciones de campos, que suman casi 12.000 hectáreas en total, que no están habitadas y que, bajo la figura de reserva silvestre, se añaden al ya existente parque Iberá bajo la administración del Estado nacional.
Esta categoría de Reserva Natural Silvestre responde a una “extensión considerable, que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales y vegetales valiosas”. En este caso, su principal valor es la función de estos terrenos como “conectores entre los núcleos Cambyretá y San Nicolás, y entre las unidades de conservación nacional y provincial.
Vale recordar que el parque nacional Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes, posee una superficie de 183.500 hectáreas pertenecientes a la ecorregión de los esteros del Iberá.
Las tierras fueron cedidas por Conservation Land Trust y Fundación Flora y Fauna a través de un proceso gradual de donación a Parques Nacionales que comenzó en noviembre de 2016. La ley de creación del área protegida, Nº 27481, sancionada el 5 de diciembre de 2018 y promulgada el 21 de diciembre de 2018, establece la protección de los recursos naturales y culturales de los esteros correntinos.
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Variantes del 2,4D prohibidas
El Senasa prohíbe la comercialización y el uso del 2,4D
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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San Juan: advierten de incremento de caza ilegal
Aumentó la caza ilegal de fauna autóctona en San Juan
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: San Juan
El dato se obtiene en comparación con la misma tarea desarrollada el año pasado. El incremento se produjo gracias al creciente control en toda la provincia.
Las tareas de control y fiscalización crecieron y llegan a todos los rincones de la provincia, hecho que se refleja en la creciente cantidad de actas labradas por incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
A través de la Subsecretaría y la Dirección de Conservación, se desarrollan tareas de investigación para dar con depredadores de flora y fauna, trabajando, además, junto a la Policía Ecológica, Policía de San Juan y Gendarmería.
También, los centros operativos de cada área protegida son un importante punto de control. A esto se suman equipos de inspectores que recorren toda la provincia, especialmente las zonas críticas donde se registra el mayor número de infracciones.
En este contexto, el año pasado, entre enero y junio fueron realizadas 80 actas de infracción, mientras que, en el mismo periodo de este año, ya se han labrado 106 actas. El mayor número de infracciones registradas se debe a la captura de aves (82 aves en total), pesca (147 piezas), fauna (20 mamíferos) y flora (16 piezas entre leña, cactus y cardones entre otros).
De acuerdo a los índices elaborados en la Secretaría de Ambiente, se registra una mayor actividad de depredación de flora y fauna en el periodo invernal, motivo por el cual los controles son intensificados en esta época del año.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: San Juan
El dato se obtiene en comparación con la misma tarea desarrollada el año pasado. El incremento se produjo gracias al creciente control en toda la provincia.
Las tareas de control y fiscalización crecieron y llegan a todos los rincones de la provincia, hecho que se refleja en la creciente cantidad de actas labradas por incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
A través de la Subsecretaría y la Dirección de Conservación, se desarrollan tareas de investigación para dar con depredadores de flora y fauna, trabajando, además, junto a la Policía Ecológica, Policía de San Juan y Gendarmería.
También, los centros operativos de cada área protegida son un importante punto de control. A esto se suman equipos de inspectores que recorren toda la provincia, especialmente las zonas críticas donde se registra el mayor número de infracciones.
En este contexto, el año pasado, entre enero y junio fueron realizadas 80 actas de infracción, mientras que, en el mismo periodo de este año, ya se han labrado 106 actas. El mayor número de infracciones registradas se debe a la captura de aves (82 aves en total), pesca (147 piezas), fauna (20 mamíferos) y flora (16 piezas entre leña, cactus y cardones entre otros).
De acuerdo a los índices elaborados en la Secretaría de Ambiente, se registra una mayor actividad de depredación de flora y fauna en el periodo invernal, motivo por el cual los controles son intensificados en esta época del año.
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La falta de licencia social de Vaca Muerta
Vaca Muerta: entre la licencia ambiental y la licencia social
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia
Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia
Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Rio Negro: oficinas públicas tratan sus RAEEs
Recolección de residuos electrónicos en oficinas públicas
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Se realizó en esta capital una nueva recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), que fueron trasladados en dos camiones con destino a Darwin, donde a través de la empresa Ferrosur serán son enviados a una empresa recicladora ubicada en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
El reciclado de estos elementos se desarrolla mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia y el Municipio de Viedma, con el objetivo de dar respuesta a la problemática generada por la importante cantidad de este tipo de residuos que se encuentran en desuso en las oficinas públicas provinciales en primer término y en la comunidad.
El destino es a la empresa bonaerense, con más de 10 años de experiencia en el rubro, que se dedica a reciclar los materiales eléctricos y electrónicos, luego de haber sido desarmados y clasificados sus componentes, para que estos puedan ser reutilizados en nuevos procesos industriales. Los materiales sin posibilidades de recuperarse son enviados a disposición final.
Los RAEEs son residuos derivados de los aparatos eléctricos y electrónicos descartados al finalizar su vida útil, que por sus características hacen que sea necesario ser sometidos a un manejo especial y que gestionados de manera adecuada pueden ser reincorporados al proceso productivo.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: ADN Rio Negro
Provincia/Región: Rio Negro
Se realizó en esta capital una nueva recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), que fueron trasladados en dos camiones con destino a Darwin, donde a través de la empresa Ferrosur serán son enviados a una empresa recicladora ubicada en Quilmes, provincia de Buenos Aires.
El reciclado de estos elementos se desarrolla mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia y el Municipio de Viedma, con el objetivo de dar respuesta a la problemática generada por la importante cantidad de este tipo de residuos que se encuentran en desuso en las oficinas públicas provinciales en primer término y en la comunidad.
El destino es a la empresa bonaerense, con más de 10 años de experiencia en el rubro, que se dedica a reciclar los materiales eléctricos y electrónicos, luego de haber sido desarmados y clasificados sus componentes, para que estos puedan ser reutilizados en nuevos procesos industriales. Los materiales sin posibilidades de recuperarse son enviados a disposición final.
Los RAEEs son residuos derivados de los aparatos eléctricos y electrónicos descartados al finalizar su vida útil, que por sus características hacen que sea necesario ser sometidos a un manejo especial y que gestionados de manera adecuada pueden ser reincorporados al proceso productivo.
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Entre Ríos inicia el programa Producción Más Limpia
La Provincia lanzó un plan para disminuir el impacto ambiental de industrias
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores
Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Anuncian oficialmente la segunda Botnia en Uruguay
Botnia anuncia oficialmente que construirá su segunda pastera en Uruguay
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
Estará ubicada a orillas del río Negro y sus efluentes necesariamente llegarán al río Uruguay el cual se verá afectado.
Con un comunicado emitido simultáneamente en Helsinki y Montevideo a las 6 de la mañana de este martes 23 de julio, la corporación finlandesa UPM infomó que ha tomado la decisión de invertir en la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay, con capacidad de 2,1 millones de toneladas y que estará ubicada en la localidad de Pueblo Centenario, a orillas del río Negro (Departamento de Durazno).
La inversión será, según afirma la empresa, de 2.700 millones de dólares en la planta industrial propiamente dicha, otros 350 millones de dólares en una terminal portuaria en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros.
El funcionamiento de la nueva planta está programado para la segunda mitad del año 2022 y Botnia tendrá el 91 por ciento de participación en el proyecto y el restante 9 por ciento pertenecerá a un grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos.
Según el comunicado dado a conocer en Helsinki, “los pre requisitos para la inversión se han preparado cuidadosamente en cooperación con el Estado uruguayo. Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial. Reconozco humildemente la determinación con que los tomadores de decisión han avanzado en el desarrollo económico del país”, afirmaron desde UPM.
El presidente y CEO de la corporación, Jussi Pessonen sostuvo que “la decisión de hoy brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada en la zona centro, que beneficiará a miles de uruguayos en las próximas décadas".
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Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
Estará ubicada a orillas del río Negro y sus efluentes necesariamente llegarán al río Uruguay el cual se verá afectado.
Con un comunicado emitido simultáneamente en Helsinki y Montevideo a las 6 de la mañana de este martes 23 de julio, la corporación finlandesa UPM infomó que ha tomado la decisión de invertir en la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay, con capacidad de 2,1 millones de toneladas y que estará ubicada en la localidad de Pueblo Centenario, a orillas del río Negro (Departamento de Durazno).
La inversión será, según afirma la empresa, de 2.700 millones de dólares en la planta industrial propiamente dicha, otros 350 millones de dólares en una terminal portuaria en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros.
El funcionamiento de la nueva planta está programado para la segunda mitad del año 2022 y Botnia tendrá el 91 por ciento de participación en el proyecto y el restante 9 por ciento pertenecerá a un grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM Fray Bentos.
Según el comunicado dado a conocer en Helsinki, “los pre requisitos para la inversión se han preparado cuidadosamente en cooperación con el Estado uruguayo. Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial. Reconozco humildemente la determinación con que los tomadores de decisión han avanzado en el desarrollo económico del país”, afirmaron desde UPM.
El presidente y CEO de la corporación, Jussi Pessonen sostuvo que “la decisión de hoy brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada en la zona centro, que beneficiará a miles de uruguayos en las próximas décadas".
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Nueva idea para frenar el atropello de fauna misionera
Nueva propuesta para terminar con la muerte de fauna silvestre en rutas misioneras
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Ya murieron unos 5 Yaguaretés atropellados. Se estima que 3.000 animales silvestres mueren por año bajo las ruedas de los vehículos, que según estudios efectuados con radares, violan en un 95% la velocidad máxima establecida.
La propuesta de Red Yaguareté consiste en la instalación de portales de acceso en los extremos del tramo a controlar equipados con un Sistema Automático de Identificación de Patentes (conocido internacionalmente como ALPR o “automatic licence plate recognition”) que identifica la patente, toma una fotografía, y registra la hora exacta en que un vehículo atraviesa el portal.
Un software calcula el tiempo de paso entre los dos portales separados por una determinada distancia conocida, y de manera indirecta la velocidad media, como cociente entre la distancia y el tiempo. Cuando detecta violaciones al límite establecido, envía una alerta el centro de monitoreo desde donde se envían las multas correspondientes.
Las ventajas de este sistema respecto a los sistemas tradicionales de control de velocidad son los siguientes:
1. Como ventaja superlativa, se obliga al conductor a controlar la velocidad a lo largo de la totalidad del tramo de interés, y no solamente en un punto determinado. Esto es justamente el efecto que se busca en cualquier sistema de control de velocidad y especialmente en este caso donde la extensión del tramo de ruta que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í lo amerita.
2. No requiere -a diferencia de los radares móviles- de recursos humanos apostados en el lugar de medición, ya que la tecnología permite que funcione las 24 hs.
3. No solo se reducirá el atropellamiento de animales silvestres, sino que también se reducirá la cantidad de siniestros viales, de todo tipo.
En virtud de que aproximadamente en el centro del tramo de ruta en cuestión se encuentra el puesto Uruzú, donde muchos turistas o visitantes se detienen, se diagramó un sistema con dos portales que permita contemplar esta situación.
La propuesta fue presentada el día 27 de junio de 2019 al gobernador Hugo Passalacqua con copias al Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Juan Manuel Díaz. También fue presentada al presidente Mauricio Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.
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Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Ya murieron unos 5 Yaguaretés atropellados. Se estima que 3.000 animales silvestres mueren por año bajo las ruedas de los vehículos, que según estudios efectuados con radares, violan en un 95% la velocidad máxima establecida.
La propuesta de Red Yaguareté consiste en la instalación de portales de acceso en los extremos del tramo a controlar equipados con un Sistema Automático de Identificación de Patentes (conocido internacionalmente como ALPR o “automatic licence plate recognition”) que identifica la patente, toma una fotografía, y registra la hora exacta en que un vehículo atraviesa el portal.
Un software calcula el tiempo de paso entre los dos portales separados por una determinada distancia conocida, y de manera indirecta la velocidad media, como cociente entre la distancia y el tiempo. Cuando detecta violaciones al límite establecido, envía una alerta el centro de monitoreo desde donde se envían las multas correspondientes.
Las ventajas de este sistema respecto a los sistemas tradicionales de control de velocidad son los siguientes:
1. Como ventaja superlativa, se obliga al conductor a controlar la velocidad a lo largo de la totalidad del tramo de interés, y no solamente en un punto determinado. Esto es justamente el efecto que se busca en cualquier sistema de control de velocidad y especialmente en este caso donde la extensión del tramo de ruta que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í lo amerita.
2. No requiere -a diferencia de los radares móviles- de recursos humanos apostados en el lugar de medición, ya que la tecnología permite que funcione las 24 hs.
3. No solo se reducirá el atropellamiento de animales silvestres, sino que también se reducirá la cantidad de siniestros viales, de todo tipo.
En virtud de que aproximadamente en el centro del tramo de ruta en cuestión se encuentra el puesto Uruzú, donde muchos turistas o visitantes se detienen, se diagramó un sistema con dos portales que permita contemplar esta situación.
La propuesta fue presentada el día 27 de junio de 2019 al gobernador Hugo Passalacqua con copias al Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Juan Manuel Díaz. También fue presentada al presidente Mauricio Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones
Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Sica insistió con la minería en Chubut
Sica sostuvo que llegó el momento de que Chubut discuta la minería
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, mantuvo un diálogo exclusivo con EL CHUBUT y aseguró que la provincia tiene un gran potencial para desarrollar la minería lejos de los grandes centros urbanos, al tiempo que dio detalles sobre el acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Aclaró que hace tiempo que no dialoga con su par chubutense Hernán Alonso.
En torno a uno de los temas tabú en Chubut y que genera una fuerte grieta entre los diferentes actores políticos, económicos, ambientales y en la propia ciudadanía, Sica fue categórico y dijo que Chubut debe debatir seriamente la minería.
«Las pymes han tenido un impacto muy fuerte por la crisis. Chubut es una provincia que tiene mucha potencialidad, en donde no solamente están las actividades tradicionales, sino que hay mucho para avanzar», subrayó Sica.
Lejos de rodeos y expresiones políticamente correctas, Sica se metió de lleno en el debate por la minería, que fue «archivado» en medio de las elecciones provinciales.
«Hubo toda una discusión en su momento sobre el tema de la minería. Creo que la Provincia debería en algún momento empezar a discutir seriamente la minería en la Meseta, que está alejada de los centros urbanos y que se podría llevar a cabo con un fuerte impacto económico», ratificó Sica a diario EL CHUBUT.
Destacó que Chubut «tiene un gran potencial para aprovechar la minería» y advirtió que sin importar la decisión final, el debate debe materializarse.
Por otra parte, graficó que con el ministro Alonso «no hemos hablado en los últimos tiempos», a pesar de que «participó hace unos días en el Consejo de Producción, donde dimos información con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur».
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, mantuvo un diálogo exclusivo con EL CHUBUT y aseguró que la provincia tiene un gran potencial para desarrollar la minería lejos de los grandes centros urbanos, al tiempo que dio detalles sobre el acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Aclaró que hace tiempo que no dialoga con su par chubutense Hernán Alonso.
En torno a uno de los temas tabú en Chubut y que genera una fuerte grieta entre los diferentes actores políticos, económicos, ambientales y en la propia ciudadanía, Sica fue categórico y dijo que Chubut debe debatir seriamente la minería.
«Las pymes han tenido un impacto muy fuerte por la crisis. Chubut es una provincia que tiene mucha potencialidad, en donde no solamente están las actividades tradicionales, sino que hay mucho para avanzar», subrayó Sica.
Lejos de rodeos y expresiones políticamente correctas, Sica se metió de lleno en el debate por la minería, que fue «archivado» en medio de las elecciones provinciales.
«Hubo toda una discusión en su momento sobre el tema de la minería. Creo que la Provincia debería en algún momento empezar a discutir seriamente la minería en la Meseta, que está alejada de los centros urbanos y que se podría llevar a cabo con un fuerte impacto económico», ratificó Sica a diario EL CHUBUT.
Destacó que Chubut «tiene un gran potencial para aprovechar la minería» y advirtió que sin importar la decisión final, el debate debe materializarse.
Por otra parte, graficó que con el ministro Alonso «no hemos hablado en los últimos tiempos», a pesar de que «participó hace unos días en el Consejo de Producción, donde dimos información con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur».
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Cementerio de autos cercano al Riachuelo eliminado
Eliminaron un cementerio de autos abandonados a metros del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
Ya sacaron 30 vehículos judicializados que contaminaban. Ahora los vecinos piden que la Comuna de Lomas de Zamora haga allí un espacio verde.
En la calle El Plumerillo, a metros del curso del Riachuelo, un predio generaba enorme malestar entre los vecinos de Villa Fiorito, uno de los barrios más carenciados de Lomas de Zamora, en el Sur del GBA. En ese lugar, que pertenece al Municipio local pero que desde hace años empezó a ser utilizado por la Provincia, se acumulaban decenas de autos judicializados. Como todos estaban en estado de abandono, algunos calcinados o convertidos en chatarra, la gente de la zona lo veía como un peligroso foco de infecciones.
Finalmente y después de muchos pedidos, el lugar fue limpiado. El próximo objetivo que ya persigue la gente de los alrededores es que el predio sea recuperado y convertido en un espacio verde. Del terreno, la Comuna sacó unos 30 autos, la mayoría de ellos destrozados. En lo que va del año se habían registrado en ese lugar tres incendios, según difundieron medios locales poco después de la limpieza.
En este tiempo se acumularon también reclamos de los vecinos hechos ante diferentes organismos y una acción de amparo de la Defensoría General de la Nación. “Nos alegró mucho saber que estaban limpiando esto porque era un peligro a todo nivel. No sólo por los incendios que ya ocurrieron, sino porque este tipo de depósitos improvisados contaminan mucho el suelo y generan un foco infeccioso permanente de ratas”, destaca una de las vecinas que encaró los reclamos.
Ahora piden que la Municipalidad de Lomas de Zamora elabore algún proyecto para convertir este espacio vacío en una plaza o zona de esparcimiento para el barrio. En el lugar todavía quedan algunos patrulleros que no fueron retirados ya que de eso debe encargarse la Policía Bonaerense. Según trascendió, los sacarían en los próximos días.
“Nos gustaría que se recupere este lugar para tener un espacio donde al menos poder ir a hacer un picnic o que haya juegos para los chicos. El barrio necesita de este tipo de lugares”, sostuvo Ricardo Verón, vecino de Villa Fiorito.
“También sería bueno que retiren los autos que están frente a la comisaría de Puente La Noria y al costado de las vías en Fiorito”, remarcó Elena Torres, otra vecina.
Según se supo, la decisión final para limpiar el predio se dio porque esta zona fue alcanzada por la llamada “causa Mendoza”, un fallo histórico de 2008 que estableció tareas que deben realizarse a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo para su saneamiento.
Desde el Municipio de Lomas de Zamora no respondieron al Zonal si hay algún proyecto previsto para recuperar ese lugar.
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Alertan por el nuevo Código Penal en cuestiones ambientales
"El nuevo Código Penal consagra la impunidad ambiental"
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino - Rebelión
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y expertos alertan por la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos. El proyecto de reforma pretende reemplazarla por una norma que obligue a probar la relación causal entre las empresas extractivistas que contaminan y las víctimas de ese delito.
Impunidad ambiental. Esa es la amenaza latente que, según alertan organizaciones y expertos, activaría la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno. Lo dijo con total claridad y contundencia el fiscal federal Gustavo Gómez, con jurisdicción en Catamarca y Tucumán, durante la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el 27 de junio pasado: "Una cosa es 'poner en peligro la salud del ambiente' y otra es probar que se causaron 'daños graves' al ambiente. Hasta hoy, el delito de contaminación ambiental tipificado en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de peligro abstracto. Eso quiere decir que el sólo hecho de volcar mercurio a un río es suficiente. No tengo que salir a buscar a un chico que haya tomado agua de ese río. El nuevo Código elimina este artículo y propone otro que obliga a probar la relación causal entre el contaminador y la víctima, lo que se llama "delito de resultado". Esta diferencia es lo más grave. Es como pedirme que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína".
El artículo 444 del proyecto de Reforma del Código Penal cambia diametralmente el enfoque de la tipificación del delito, penando a quien, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales que protegen el ambiente, "provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause daños graves al aire, el suelo o las aguas, o la flora o fauna".
La alarma ya se encendió entre las organizaciones que protegen el ambiente. Denuncian que el proyecto apunta a consolidar una herramienta jurídica que garantice la impunidad del extractivismo.
"Actualmente, la Ley de Residuos Peligrosos es bastante progresiva respecto a la protección del ambiente, porque alcanza con que se genere el peligro de un daño a la salud. No necesita muertos para que se conforme el delito. Basta con la posibilidad de que alguien pueda ser afectado en su salud. El gobierno quiere eliminar esto y propone una nueva ley en la que haya que probar el daño. En cuestiones ambientales no se puede aplicar el mismo criterio que en el Derecho Penal, donde hay una bala que mata a alguien. En medio ambiente son muchas las balas: la fábrica que arroja residuos, las antenas de celular, la contaminación del agua, del aire. ¿Cómo probás cuál fue la 'bala' que contaminó? Es una ley para que las fábricas, los fumigadores, las mineras queden eximidas de culpa", explica Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La presente normativa sobre residuos peligrosos entró en vigencia en 1992, durante la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Ambiente, en un contexto de presiones internacionales que, luego de la Cumbre de la Tierra realizada ese año en Río de Janeiro, impulsaba a alcanzar acuerdos básicos sobre protección ambiental. Dicha ley establece en su artículo 55 penas para quien, utilizando ese tipo de residuos, "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
La Comisión que diseñó el proyecto de reforma, presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, argumentó que la normativa existente tutela dos bienes jurídicos distintos: el ambiente y la salud pública. Y adujo que, con la reforma, se pasa a proteger "al ambiente en sí mismo", con eventuales agravantes si el hecho conllevara potencialmente una afectación a la salud humana.
Para Ávila Vázquez, de aprobarse la derogación de esa norma en el nuevo Código, se violaría "no sólo el principio de prevención en el Derecho Ambiental, sino también el principio de la no regresión ambiental, que establece que las legislaciones siempre tienen que ir por más protección y nunca retroceder en lo que ya se había establecido, nunca desandar el camino avanzado en la protección del ambiente y las poblaciones".
"¿Qué pasa cuando una ley del Congreso deroga artículos de delitos? –se preguntó Gómez– ¿Qué pasa con todas las causas penales en donde incluso se obtuvo condena? Se archivan. Estamos hablando de más de 120 expedientes que pasarían directamente al archivo".
A medida de las empresas
Otra preocupación que genera la propuesta oficial entre los ambientalistas apunta a la redacción del nuevo artículo, más precisamente, cuando habla de infringir "leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente".
"Esta ley –remarcó Gómez– le da competencia a las provincias para absolver a aquellos a quienes se les inicia una causa penal por contaminación. Todos sabemos las presiones a las que son sometidos los jueces y fiscales provinciales cuando de inversiones económicas se trata. Cualquier provincia va a poder elevar los niveles autorizados de contaminación y eso va a resultar en prueba imposible a la hora de imputar a los que contaminan".
En ese sentido, el fiscal recordó el caso de la minera La Alumbrera, en Catamarca. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la firma, como "partícipe primario" en la contaminación ambiental con metales pesados, y le trabó un embargo de 500 mil pesos (ver recuadro). La ley por la que se lo condena sería derogada. "Si se aprueba esta reforma, el que puede infringir la ley es un peón de campo, hasta un gerente, pero nunca el responsable va a ser el dueño o el CEO de una empresa", remarcó Gómez.
La actual normativa ha permitido, además, el inicio de causas judiciales y hasta condenas contra fumigadores en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
"La derogación de la ley actual es una petición de las compañías extractivistas, tan vinculadas al gobierno, y en especial, las del agronegocio, como Monsanto, enmarcadas dentro de estos delitos. Aplican agroquímicos, pero en la planta sólo queda el 20%, y el 80% restante va al ambiente –advierte Ávila–. Con el nuevo Código, las grandes empresas podrán contaminar impunemente".
El ex CEO de La Alumbrera, el primer procesado
Julián Patricio Rooney es prácticamente un desconocido. Sin embargo, fue un hombre muy poderoso y quizás lo siga siendo: fue CEO de la minera La Alumbrera y miembro del comité ejecutivo de la empresa durante 17 años, entre 1996 y 2013. Precisamente por su gestión en ese proyecto, pionero en la megaminería a cielo abierto en la Argentina, está procesado por la justicia federal de Tucumán, que le trabó un embargo de medio millón de pesos por daños ambientales. El fallo del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia se convirtió en el primero del país en avanzar en contra de un alto ejecutivo de una empresa, en consonancia con la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos sancionada en 1991. Si se aprueba la modificación del Código Penal tal como está dispuesta, Rooney podría eludir su responsabilidad.
La resolución judicial se conoció a principios de mayo y fue apelada por la defensa de Rooney, a cargo de la abogada Roxana Piña. Ahora, el caso es analizado en la Cámara Federal. La causa lleva unos 20 años de instrucción y entró en un barro judicial que al día de hoy no tiene sentencia firme. Vale aclarar que en 2016 el Ejecutivo había sido sobreseído, pero tras la apelación del grupo ecologista Pro Eco, el expediente fue revisado y se solicitaron más medidas de prueba.
La investigación comenzó en 1999, buscando determinar si los residuos extraídos de las mina en Catamarca y tratados en una planta que la empresa tiene en Tucumán, podía generar contaminación de los cursos de agua y daños a la salud de las personas y al ambiente. La justicia estableció que el exCEO no podía desconocer esos peligros. De acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos, se consideró que estos delitos son de acción permanente, a pesar de que no se hubieran registrado daños concretos.
Según el fallo, Rooney tendría que "haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible".
Rooney también fue vicepresidente de Glencore Xstrata y hoy es socio de una consultora de pomposo nombre: Minería es Desarrollo.
El yaguareté fue a la Corte Suprema
Por primera vez, una especie (y no un ejemplar determinado) demanda por sus derechos. A través de una acción impulsada por Greenpeace y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el yaguareté, habitante de la ecorregión del Gran Chaco argentino, "presentó" este viernes un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y contra cuatro provincias (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero), la Administración de Parques Nacionales y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley de Protección de Bosques Nativos, y para que se "permita que dicha especie pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad de los últimos menos de 20 sujetos vulnerables". La medida reclama una política de "deforestación cero" en el hábitat del yaguareté.
En efecto, quedan como mucho 20 yaguaretés en la región chaqueña, además de unos 230 que habitan las yungas y la selva paranaense. "A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional, no se está protegiendo su territorio y esto pone en serio peligro su subsistencia", dice Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace Andino.
"Se estima que en la Argentina, en los últimos dos siglos, el territorio en el que vive quedó reducido a un 5% de la superficie original", explica Enrique Viale, titular de la entidad que nuclea a los abogados ambientalistas. "Se reconocen derechos a las empresas, que son entes abstractos, pero hasta ahora no se los reconocen a la Naturaleza y sus especies, que son reales, vivos y tangibles".
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Hostigaron, atropellaron y mataron un guanaco
Iniciaron acciones legales y multarán a los jóvenes que se filmaron atropellando un guanaco
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Dirección General de Fauna intervino en el caso teniendo presente la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal.
El Gobierno de Santa Cruz a través de la Dirección General de Fauna, comunicó, que ante los hechos de público conocimiento sobre el hostigamiento, atropellamiento y muerte con perros de ejemplares de guanaco publicado en redes sociales por los propios autores, de la localidad de Puerto San Julián, las denuncias pueden efectuarse en las delegaciones locales del CAP.
Además, desde el Consejo Agrario Provincial se informó que esos procederes se encuadran en infracciones a la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal, motivo por el cual se han iniciado las acciones legales que corresponde y se tramitan las multas con los valores actuales concernientes a cada infracción.
Las denuncias de este tenor se reciben en la siguiente dirección de email: faunacap@gmail.com y también pueden hacerse efectivas en las delegaciones del Consejo Agrario Provincial ubicadas en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz.
Se filmaron atropellando un guanaco y luego lo devoran dos perros
Ocurrió en San Julián, cuando jóvenes a bordo de un buggy cross persiguen al animal y lo atropellan. Luego, en otro video, se ve a dos canes atacando un guanaco. Subieron los videos a las redes y se produjo indignación.
Indignación en las redes sociales luego de que comience a circular un video en el cual un grupo de jóvenes se filmaron atropellando un guanaco en la costa de San Julián.
En la filmación, compartida por uno de los sujetos a través de Instagram, graban mientras persiguen de atrás al ya malherido guanaco y, entre risas, comienzan a cantar “este pasito se baila como tú quieres”, para luego uno incentivar al conductor a chocarlo.
Seguidamente, se ve al animal tirado en el piso, sin poder levantarse al tiempo que le llegue el agua del mar. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, se oye que uno de ellos canta.
Pero eso no fue todo, ya que en otro video que subió el mismo usuario, se ve a dos perros atacando salvajemente a un guanaco.
Viralizada la filmación, desde los grupos proteccionistas repudiaron el actuar de los jóvenes y piden que se aplique la Ley 14.346, donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
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Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Dirección General de Fauna intervino en el caso teniendo presente la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal.
El Gobierno de Santa Cruz a través de la Dirección General de Fauna, comunicó, que ante los hechos de público conocimiento sobre el hostigamiento, atropellamiento y muerte con perros de ejemplares de guanaco publicado en redes sociales por los propios autores, de la localidad de Puerto San Julián, las denuncias pueden efectuarse en las delegaciones locales del CAP.
Además, desde el Consejo Agrario Provincial se informó que esos procederes se encuadran en infracciones a la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal, motivo por el cual se han iniciado las acciones legales que corresponde y se tramitan las multas con los valores actuales concernientes a cada infracción.
Las denuncias de este tenor se reciben en la siguiente dirección de email: faunacap@gmail.com y también pueden hacerse efectivas en las delegaciones del Consejo Agrario Provincial ubicadas en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz.
Se filmaron atropellando un guanaco y luego lo devoran dos perros
Ocurrió en San Julián, cuando jóvenes a bordo de un buggy cross persiguen al animal y lo atropellan. Luego, en otro video, se ve a dos canes atacando un guanaco. Subieron los videos a las redes y se produjo indignación.
Indignación en las redes sociales luego de que comience a circular un video en el cual un grupo de jóvenes se filmaron atropellando un guanaco en la costa de San Julián.
En la filmación, compartida por uno de los sujetos a través de Instagram, graban mientras persiguen de atrás al ya malherido guanaco y, entre risas, comienzan a cantar “este pasito se baila como tú quieres”, para luego uno incentivar al conductor a chocarlo.
Seguidamente, se ve al animal tirado en el piso, sin poder levantarse al tiempo que le llegue el agua del mar. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, se oye que uno de ellos canta.
Pero eso no fue todo, ya que en otro video que subió el mismo usuario, se ve a dos perros atacando salvajemente a un guanaco.
Viralizada la filmación, desde los grupos proteccionistas repudiaron el actuar de los jóvenes y piden que se aplique la Ley 14.346, donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
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Lograron frenar desmonte en Pampa del Infierno
Desmonte ilegal: detienen a una persona y secuestran una topadora en Pampa del Infierno
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Un nuevo procedimiento contra la tala ilegal de montes nativos fue realizado esta siesta por efectivos de la Sección Rural de Pampa del Infierno y Pampa Los Guanacos, junto a personal de la Dirección de Bosques. Los efectivos rurales allanaron un campo, donde detectaron desmonte ilegal de un área protegida, denominada “Zona Amarilla”
En la ocasión demoraron a un hombre quien fue sorprendido realizando esta actividad forestal ilícita por policías rurales y agentes de la oficina que resguarda los bosques chaqueños. Los agentes realizaron el allanamiento en un campo de Pampa del Infierno – jurisdicción del Departamento – Almirante Brown donde, por orden de la magistratura interviniente, secuestraron una topadora y demoraron al maquinista.
En zona protegida
Cuando los encargados de la seguridad rural llegaron notaron que una máquina estaba desmontando gran cantidad de hectáreas, sin permiso en una “zona amarilla”, área protegida, en un campo en la zona.
De inmediato, le dieron la voz de alto y ordenaron al maquinista, de 25 años, que parara la topadora, para seguir con la medida judicial.
El oficial a cargo, junto a personal de la Dirección de Bosques y, otros empleados rurales, realizó el operativo en el que finalmente demoró al infractor.
El joven fue notificado de su infracción a la ley Nº 350-R- y, junto a la maquinaria incautada, fue trasladado a la unidad. Las actuaciones quedaron a cargo de la Dirección de Bosques de la provincia.
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Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Un nuevo procedimiento contra la tala ilegal de montes nativos fue realizado esta siesta por efectivos de la Sección Rural de Pampa del Infierno y Pampa Los Guanacos, junto a personal de la Dirección de Bosques. Los efectivos rurales allanaron un campo, donde detectaron desmonte ilegal de un área protegida, denominada “Zona Amarilla”
En la ocasión demoraron a un hombre quien fue sorprendido realizando esta actividad forestal ilícita por policías rurales y agentes de la oficina que resguarda los bosques chaqueños. Los agentes realizaron el allanamiento en un campo de Pampa del Infierno – jurisdicción del Departamento – Almirante Brown donde, por orden de la magistratura interviniente, secuestraron una topadora y demoraron al maquinista.
En zona protegida
Cuando los encargados de la seguridad rural llegaron notaron que una máquina estaba desmontando gran cantidad de hectáreas, sin permiso en una “zona amarilla”, área protegida, en un campo en la zona.
De inmediato, le dieron la voz de alto y ordenaron al maquinista, de 25 años, que parara la topadora, para seguir con la medida judicial.
El oficial a cargo, junto a personal de la Dirección de Bosques y, otros empleados rurales, realizó el operativo en el que finalmente demoró al infractor.
El joven fue notificado de su infracción a la ley Nº 350-R- y, junto a la maquinaria incautada, fue trasladado a la unidad. Las actuaciones quedaron a cargo de la Dirección de Bosques de la provincia.
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