Capital Federal es la octava ciudad más ruidosa del mundo
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La ciudad de la furia
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La consultora ambiental CitiQuiet, de Nueva York, la ubicó entre las diez metrópolis con mayor nivel de ruido. Gran parte de la ciudad tiene casi 80 decibeles durante el día.
Buenos Aires es la octava ciudad más ruidosa del mundo. El dato se desprende de un estudio reciente de la consultora ambiental CitiQuiet, con sede en Nueva York. Además, es la única ciudad de América Latina que integra el ranking de las diez ciudades más ruidosas y que completan Bombay, Calcuta, El Cairo, Nueva Delhi, Tokio, Madrid, Nueva York, Shanghai y Karachi.
El caos vehicular, las permanentes obras en construcción, los cortes de calles y el ruido de bares y boliches convierten a Buenos Aires en la verdadera ciudad de la furia. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sonidos que superan los 70 decibeles son considerados molestos mientras que aquellos que están por encima de los 90 decibeles son dañinos, sobre todo si se trata de una exposición a largo plazo como ocurre, por ejemplo, entre aquellos que viven en las zonas cercanas a autopistas o los trabajadores del subte. Además, esa organización establece como “deseable” los 50 decibeles y recomienda no estar expuesto a más de 55 decibeles durante la noche ya que puede dañar la salud.
“La contaminación sonora impacta en la capacidad auditiva, pero también tiene consecuencias sobre la salud en otros niveles como el aumento del estrés, aumento de la presión arterial, fatiga crónica, trastornos del sueño y alteraciones respiratorias, entre otros”, dijo Eduardo Hocsman, médico otólogo de la Fundación Favaloro y jefe del sector de otología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Además, subrayó que “aunque los pacientes suelen decir que sí, el oído nunca se acostumbra al ruido”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la presión sonora está regulada por la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica, que clasifica a las distintas áreas de la ciudad según su sensibilidad acústica y establece rangos de entre 60 y 80 decibeles para el horario diurno y de entre 50 y 75, para el nocturno. Sin embargo, el Mapa del Ruido elaborado por el gobierno porteño muestra que gran parte de la ciudad se mantiene cerca de los 80 decibeles durante el día y que las diferencias entre los valores del día y la noche, mayoritariamente, no superan los 5 decibeles. Consultados por PáginaI12, desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad reconocieron “la superación de los límites máximos permisibles en un importante porcentaje de la ciudad” pero señalan que “en el momento en el que la ley fue reglamentada no existía un diagnóstico sobre la situación sonora de la ciudad, razón por la que los límites fueron establecidos de manera arbitraria”. Como es de esperar, las zonas con mayor caudal de tránsito son las más ruidosas y es por esto que desde dicho organismo aseguran que no se puede identificar barrios o comunas particularmente ruidosas sino “ejes viales con importantes emisiones sonoras”, como la avenida Corrientes o la General Paz.
Por su parte, según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo junto con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los puntos más ruidosos de la ciudad se destacan las intersecciones de la avenida 9 de Julio y Corrientes (76,18 db), Rivadavia y Callao (71,55 db), y Cabildo y Juramento (72,54 db). Estos resultados superan incluso las mediciones realizadas en las cercanías del Aeroparque Metropolitano, donde los resultados fueron de 69,45 db. El panorama es realmente ensordecedor.
“Si a todo ese ruido cotidiano, le sumamos el ruido de los boliches –que suelen estar entre 90 y 100 decibeles– y el permanente uso de auriculares, estamos viendo cada vez más jóvenes con oídos de viejos. Hoy vemos pacientes de 25 años con la audición de uno de 70”, contó Hocsman.
“Buenos Aires es una ciudad superruidosa. Toda la ciudad es una conjunción de situaciones de ruido permanente y esto tiene que ver con una combinación de factores: parques automotores que emiten mucho ruido y no están en condiciones, calles que no mejoran el tránsito, edificios que no están preparados para absorber el impacto sonoro, sistemas constructivos que no exigen eso ni prestan atención sobre lo que significa la insonorización, entre otros”, aseguró Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde el gobierno porteño aseguraron que “se han implementado medidas globales”, como la peatonalización del microcentro y la implementación del metrobús sobre avenidas principales, así como también medidas de intervención acústica y repavimentación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la contaminación sonora. Sin embargo, los especialistas no son tan optimistas. Napoli vinculó la problemática con la falta de espacios verdes, dato no menor si se tiene en cuenta que Buenos Aires cuenta con seis metros cuadrados de espacio verde por habitante, menos de lo que recomienda Naciones Unidas, y que se perdieron 300 hectáreas de espacio verde desde el desembarco del PRO en la jefatura de gobierno de la Ciudad. “Los espacios verdes absorben los impactos ambientales en general, tanto contaminación atmosférica como la sonora. Y el sonido es vibración, entonces, a medida que se le agrega cada vez más cemento y se venden espacios verdes, lo que se produce es que haya cada vez más reverberancia. Si seguimos en este camino, vamos a tener una ciudad cada vez más ruidosa”, manifestó el especialista en Derecho Ambiental.
En esa misma línea, señaló la falta de control estatal y las escasas políticas públicas para mejorar la situación. Además, subrayó que “cuando se realizan acciones judiciales por esta problemática, es muy difícil conseguir medidas de protección” y recordó la demanda iniciada por Pedro Barragán —”un quijote de la lucha contra la contaminación sonora”— por el ruido en la autopista 25 de Mayo. “Él logró una sentencia que obliga a AUSA y al gobierno porteño a llevar adelante las acciones necesarias para disminuir el ruido en la autopista 25 de Mayo. Ese fallo está incumplido y tenemos una justicia que entiende realmente muy poco del tema y tampoco se esfuerza mucho por entender. Entonces, no se avanza en estos procesos e incumplir la norma no parece tener ningún tipo de costo”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado señaló la necesidad de encontrar una “normativa adecuada” y aumentar el control del Estado. “La norma vigente no es adecuada ni para el control ni para las sanciones. Es necesario encontrar mecanismos en los que sea más grave incumplir las normas y eso tiene que ver con la falta de control. En la medida en que no exista control, va a ser difícil que esto se resuelva”, aseguró.
“Hay una idea generalizada de que como uno vive en una gran ciudad, hay que aguantarse el ruido. Es la misma explicación que uno puede recibir de alguien que vive en la vera del Riachuelo, que te dice siempre estuvo contaminado y lo naturaliza. Pero eso no es así y no tiene por qué ser así. La contaminación sonora es superinvisible, pero hay que tomar conciencia de que la situación existe y es grave”, concluyó Napoli.
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La Pampa impugna represa mendocina
Portezuelo: duro cruce en Coirco
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los representantes del gobierno pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado rechazaron formalmente el martes el Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto hidroeléctrico multipropósito Portezuelo del Viento que ese organismo encomendó a dos universidades nacionales. Con el rechazo pampeano, se generó un diferendo que de acuerdo al Estatuto del Coirco deben resolver los gobernadores de la cuenca en el seno del Consejo de Gobierno del comité. La objeción pampeana se basó en la auditoría realizada por profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El estudio deja mucho que desear”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, al fundamentar el rechazo pampeano al trabajo académico realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral. “Es un estudio que se hizo por partes, sin tener en cuenta la integralidad del proyecto ni aspectos fundamentales como es el trasvase del río Grande al río Atuel”, detalló el funcionario, que el martes llevó la voz cantante en la reunión del Coirco. “Fue una reunión bastante tensa, en la que cada uno dijo lo que tenía que decir, y muchas de nuestras objeciones no fueron respondidas”, acotó.
Junto con Schlegel, La Pampa estuvo representada en la reunión por el delegado alterno en Coirco, Juan Greco, y el procurador y delegado titular Hernán Pérez Araujo. Junto a ellos viajaron a Bahía Blanca -sede oficial del Coirco-, la asesora Luisina Grandón y el geólogo Fernando Tourn, este último en representación del equipo de la UNLPam que elaboró el informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental Regional.
El encuentro fue encabezado por el nuevo presidente del Coirco, el rionegrino Mario de Rege, que tomó formalmente posesión del cargo en nombre del Ministerio del Interior de la Nación; y contó con la presencia del representante de Buenos Aires, Mario Aragón, el de Río Negro, Daniel Petri, dos delegados de Mendoza y uno de Neuquén.
Rechazo
Portezuelo del Viento es una gran represa que el gobierno de Mendoza, con pleno apoyo del gobierno nacional, quiere construir sobre el río Grande, el más caudaloso de los aportantes del río Colorado. Es un proyecto que en un principio era solo de carácter hidroeléctrico pero que, ante los primeros reclamos de la provincia de La Pampa, Mendoza presentó como “aprovechamiento multipropósito”, aunque sin clarificar cuáles eran los nuevos alcances. Esta fue una de las falencias más fuertes detectadas por la UNLPam.
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Ambiental Regional se fundó en la auditoría realizada por los profesionales de la UNLPam, que durante meses analizaron la documentación técnica elevada por Mendoza al Coirco, los documentos generados dentro del comité de cuenca, y los informes parciales y el informe final entregado por las Universidades de La Plata y del Litoral.
El trabajo detectó gran cantidad de falencias técnicas, cuestionó la metodología utilizada por las Universidades para desarrollar su Estudio, advirtió por temas claves que no han sido analizados con la profundidad requerida, y concluyó en que no están cumplidos los objetivos para los cuales fue contratado, que eran principalmente hacer un buen diagnóstico de situación, analizar los eventuales impactos, y determinar acciones de atenuación.
“La calidad técnica del trabajo que han entregado las Universidades contratadas por el Coirco es baja, lo cual no es habitual en este organismo, cuyos estudios siempre fueron fuente de consulta”, sostuvo Greco al explicar a LA ARENA su opinión. “Creo que es un estudio lamentable para Coirco y que Coirco aún se debe un estudio real de la cuenca”, abundó.
Quiebre
Además de la auditoria realizada por la UNLPam, La Pampa fundó su rechazo en otros aspectos graves. “Consideramos que el Estudio no refleja ni los términos de referencia que acordamos ni el contrato firmado con la UTE de las universidades; cuestionamos que no está contemplado el trasvase; les reprochamos que hayan tomado como base la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la provincia de Mendoza por su cuenta y acotada a su territorio; y nos molesta que las Universidades no hayan consultado la opinión de los organismos y especialistas pampeanos, sabiendo que tienen muchos cuestionamientos a la obra”, enumeró el secretario Schlegel.
“A nuestro entender, la forma en que se ha procedido con Portezuelo del Viento ha quebrado una relación de confianza entre las provincias que siempre existió ahí dentro, porque vemos que hubo cosas que se decidieron a espaldas de nuestra provincia, y eso lo dijimos en la reunión”, acusó el funcionario. “Ellos lo niegan, pero nosotros estamos convencidos que a las Universidades para realizar el estudio se les marcaron pautas de trabajo sin consultarnos”, acusó.
Los representantes de las otras provincias consideraron que el Estudio refleja el trabajo encomendado y que sus resultados avalan la construcción de Portezuelo del Viento. “Ellos no tuvieron ninguna objeción”, sintetizó Schlegel.
Diferendo
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Integral Regional sobre el proyecto Portezuelo del Viento generó un diferendo que, según el Estatuto del comité de cuenca, obliga a elevar el tema al Consejo de Gobierno del Coirco, para que sean los gobernadores, es decir, la máxima autoridad de gobierno de la cuenca, los que decidan si lo aprueban o no.
Anticipando que, llegado ese momento, el gobernador pampeano respaldará la postura de sus delegados, y los otros gobernadores procederán de la misma forma con los suyos, es de prever que el tema llegará a manos del Presidente de la Nación, que actúa como instancia extraordinaria para la resolución de estos desencuentros. El Presidente que esté en funciones en ese momento deberá emitir su laudo, como hizo Mauricio Macri cuando La Pampa objetó la construcción de la represa.
“Ellos querían darlo aprobado por mayoría, pero Pérez Araujo marcó con claridad que al no haber unanimidad, deben ser los gobernadores los que tomen la decisión final”, concluyó el secretario.
Demanda por desaguadero
Hoy por la mañana, el gobierno pampeano presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ampliación de demanda que le solicitó ese órgano en la causa para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero. Esta presentación es consecuencia de una resolución tomada por la Corte a principios de mes, cuando aceptó el pedido pampeano de tomar en sus manos, ante la inacción y desinterés de Nación, la creación del organismo de cuenca. La resolución judicial es una luz de esperanza para los permanentes reclamos pampeanos de que las provincias de aguas arriba hagan un uso consensuado y federal de los ríos interprovinciales.
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Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los representantes del gobierno pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado rechazaron formalmente el martes el Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto hidroeléctrico multipropósito Portezuelo del Viento que ese organismo encomendó a dos universidades nacionales. Con el rechazo pampeano, se generó un diferendo que de acuerdo al Estatuto del Coirco deben resolver los gobernadores de la cuenca en el seno del Consejo de Gobierno del comité. La objeción pampeana se basó en la auditoría realizada por profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El estudio deja mucho que desear”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, al fundamentar el rechazo pampeano al trabajo académico realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral. “Es un estudio que se hizo por partes, sin tener en cuenta la integralidad del proyecto ni aspectos fundamentales como es el trasvase del río Grande al río Atuel”, detalló el funcionario, que el martes llevó la voz cantante en la reunión del Coirco. “Fue una reunión bastante tensa, en la que cada uno dijo lo que tenía que decir, y muchas de nuestras objeciones no fueron respondidas”, acotó.
Junto con Schlegel, La Pampa estuvo representada en la reunión por el delegado alterno en Coirco, Juan Greco, y el procurador y delegado titular Hernán Pérez Araujo. Junto a ellos viajaron a Bahía Blanca -sede oficial del Coirco-, la asesora Luisina Grandón y el geólogo Fernando Tourn, este último en representación del equipo de la UNLPam que elaboró el informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental Regional.
El encuentro fue encabezado por el nuevo presidente del Coirco, el rionegrino Mario de Rege, que tomó formalmente posesión del cargo en nombre del Ministerio del Interior de la Nación; y contó con la presencia del representante de Buenos Aires, Mario Aragón, el de Río Negro, Daniel Petri, dos delegados de Mendoza y uno de Neuquén.
Rechazo
Portezuelo del Viento es una gran represa que el gobierno de Mendoza, con pleno apoyo del gobierno nacional, quiere construir sobre el río Grande, el más caudaloso de los aportantes del río Colorado. Es un proyecto que en un principio era solo de carácter hidroeléctrico pero que, ante los primeros reclamos de la provincia de La Pampa, Mendoza presentó como “aprovechamiento multipropósito”, aunque sin clarificar cuáles eran los nuevos alcances. Esta fue una de las falencias más fuertes detectadas por la UNLPam.
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Ambiental Regional se fundó en la auditoría realizada por los profesionales de la UNLPam, que durante meses analizaron la documentación técnica elevada por Mendoza al Coirco, los documentos generados dentro del comité de cuenca, y los informes parciales y el informe final entregado por las Universidades de La Plata y del Litoral.
El trabajo detectó gran cantidad de falencias técnicas, cuestionó la metodología utilizada por las Universidades para desarrollar su Estudio, advirtió por temas claves que no han sido analizados con la profundidad requerida, y concluyó en que no están cumplidos los objetivos para los cuales fue contratado, que eran principalmente hacer un buen diagnóstico de situación, analizar los eventuales impactos, y determinar acciones de atenuación.
“La calidad técnica del trabajo que han entregado las Universidades contratadas por el Coirco es baja, lo cual no es habitual en este organismo, cuyos estudios siempre fueron fuente de consulta”, sostuvo Greco al explicar a LA ARENA su opinión. “Creo que es un estudio lamentable para Coirco y que Coirco aún se debe un estudio real de la cuenca”, abundó.
Quiebre
Además de la auditoria realizada por la UNLPam, La Pampa fundó su rechazo en otros aspectos graves. “Consideramos que el Estudio no refleja ni los términos de referencia que acordamos ni el contrato firmado con la UTE de las universidades; cuestionamos que no está contemplado el trasvase; les reprochamos que hayan tomado como base la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la provincia de Mendoza por su cuenta y acotada a su territorio; y nos molesta que las Universidades no hayan consultado la opinión de los organismos y especialistas pampeanos, sabiendo que tienen muchos cuestionamientos a la obra”, enumeró el secretario Schlegel.
“A nuestro entender, la forma en que se ha procedido con Portezuelo del Viento ha quebrado una relación de confianza entre las provincias que siempre existió ahí dentro, porque vemos que hubo cosas que se decidieron a espaldas de nuestra provincia, y eso lo dijimos en la reunión”, acusó el funcionario. “Ellos lo niegan, pero nosotros estamos convencidos que a las Universidades para realizar el estudio se les marcaron pautas de trabajo sin consultarnos”, acusó.
Los representantes de las otras provincias consideraron que el Estudio refleja el trabajo encomendado y que sus resultados avalan la construcción de Portezuelo del Viento. “Ellos no tuvieron ninguna objeción”, sintetizó Schlegel.
Diferendo
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Integral Regional sobre el proyecto Portezuelo del Viento generó un diferendo que, según el Estatuto del comité de cuenca, obliga a elevar el tema al Consejo de Gobierno del Coirco, para que sean los gobernadores, es decir, la máxima autoridad de gobierno de la cuenca, los que decidan si lo aprueban o no.
Anticipando que, llegado ese momento, el gobernador pampeano respaldará la postura de sus delegados, y los otros gobernadores procederán de la misma forma con los suyos, es de prever que el tema llegará a manos del Presidente de la Nación, que actúa como instancia extraordinaria para la resolución de estos desencuentros. El Presidente que esté en funciones en ese momento deberá emitir su laudo, como hizo Mauricio Macri cuando La Pampa objetó la construcción de la represa.
“Ellos querían darlo aprobado por mayoría, pero Pérez Araujo marcó con claridad que al no haber unanimidad, deben ser los gobernadores los que tomen la decisión final”, concluyó el secretario.
Demanda por desaguadero
Hoy por la mañana, el gobierno pampeano presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ampliación de demanda que le solicitó ese órgano en la causa para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero. Esta presentación es consecuencia de una resolución tomada por la Corte a principios de mes, cuando aceptó el pedido pampeano de tomar en sus manos, ante la inacción y desinterés de Nación, la creación del organismo de cuenca. La resolución judicial es una luz de esperanza para los permanentes reclamos pampeanos de que las provincias de aguas arriba hagan un uso consensuado y federal de los ríos interprovinciales.
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Mendoza: la ley 7.722, a salvo por ahora por las elecciones
Por las elecciones, no se tratarán los cambios a la ley antiminera
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
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Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
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Monsanto: condenado en EEUU, aquí lider de las BPA
Monsanto pierde en los tribunales de EE UU pero aquí lidera las "buenas prácticas"
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Mientras el fallo de un tribunal de California sostiene que el glifosato provoca cáncer, el lobby agroquímico en la Argentina goza de buena salud.
El glifosato que produce Monsato es un “factor sustancial” para desarrollar cáncer. El argumento se repite una y otra vez en estudios que las grandes multinacionales del sector agroquímico pretenden relativizar o sencillamente esconder, tarea para la cual cuentan con la anuencia de muchos gobiernos, entre ellos el argentino, que tiene entre sus filas a muchos ex gerentes de esas empresas. Pero esta vez, es un jurado federal de San Francisco, EE UU, el que considera probado que el herbicida Roundup ha precipitado el cáncer que sufre un hombre que manipuló ese producto durante décadas.
El de este martes es el segundo veredicto que apunta al glifosato de Monsanto como cancerígeno, luego de la condena que otro jurado estatal de California le impuso el año pasado a indemnizar en 289 millones de dólares –la cifra se redujo luego a 78 millones- al jardinero Dewayne Johson que estuvo largamente expuesto al producto.
Edwin Hardeman, de 70 años, contrajo el linfoma no Hodgkin por haber estado durante tres décadas expuesto al glifosato que usaba para quitar de hierbas su propiedad, tal es la conclusión a la que llegó el tribunal, que ahora deberá definir cuáles son los términos de la reparación que le impondrá a la megacorporación alemana Bayer, propietaria de Monsanto, cuyos voceros volvieron a negar la relación entre el herbicida y la enfermedad.
El fallo sienta jurisprudencia para otras 9 mil demandas similares que enfrenta Bayer en los Estados Unidos. Ahora, el juicio de Hardeman entra en una segunda etapa, que buscará demostrar si Monsanto conocía los riesgos y si los ocultó deliberadamente a los usuarios del herbicida. Luego de que se expresara el tribunal californiano, las acciones de Bayer cayeron este miércoles un 9,61% en la Bolsa de Frankfurt.
La sentencia contra Monsanto parece sellar un dilema que desvela a miles de comunidades “fumigadas” de la Argentina y de todo el mundo. No es una novedad para la Organización Mundial de la Salud, que desde 2015 considera al glifosato, el herbicida más utilizado, como “cancerígeno probable”. Sin embargo, son pocos los países que lo prohíben, presas de los fuertes intereses corporativos del agronegocio global.
En Europa, un amplio debate sobre el glifosato derivó en la renovación por cinco años (hasta 2022) de la licencia de uso del herbicida, aunque persiste la sospecha sobre la real independencia de las agencias científicas (particularmente la EFSA, European Food Safety Authority) que justificaron esa decisión.
En la Argentina, en tanto, la trágica historia del glifosato acumula cientos de muertes por cáncer que los vecinos de los “pueblos fumigados” adjudican al herbicida, y la lucha cotidiana de decenas de comunidades por establecer ordenanzas que impidan la utilización de esos peligrosos agroquímicos. El caso testigo ha sido Monte Maíz, la localidad a 290 kilómetros de Córdoba Capital donde los relevamientos arrojaron tasas de morbimortalidad hasta tres veces por encima de las nacionales, con decenas de casos de cáncer, sobre todo de pulmón, además de neumopatías, hipotiroidismo y otras enfermedades. Sólo en 2013, el 39% de los fallecimientos se debió al cáncer, en un pueblo de 8500 habitantes rodeados de cultivos de soja y maíz transgénicos.
El poder del agronegocio es tan grande que la discusión en la Argentina rara vez trata sobre la necesidad de prohibir el uso de ese peligroso herbicida. Sin una legislación nacional, el tópico que más se discute en los consejos deliberantes de los municipios es la distancia a la que se puede fumigar, respecto de zonas pobladas. Paraná, Gualeguaychú y Rosario son algunas de las ciudades que impulsaron ordenanzas prohibiendo su uso en el ejido urbano.
Todas estas iniciativas aisladas chocan contra el sólido respaldo del gobierno nacional a los agrotóxicos. En julio de 2018, cuatro ministros de Cambiemos (Sergio Bergman, de Ambiente; Lino Barañao, de Ciencia; Luis Etchevehere, de Agroindustria; y Adolfo Rubinstein, de Salud, luego degradados a secretarios) presentaron, sin investigación científica alguna que los avalara, una suerte de manual de “Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, hecho a la medida del lobby agroquímico, que elimina las distancias mínimas para fumigar con glifosato y otros herbicidas.
En diciembre del año pasado, el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, firmó una resolución que habilita la fumigación en las llamadas “zonas de amortiguamiento”, es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Antes de ser funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Sarquis fue gerente de Monsanto.
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Espectativa minera por la posible vuelta de Pascua Lama
Optimismo oficial por el fallo de Pascua Lama, incertidumbre en la Cámara Minera
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Santa Fe: se podrá denunciar por internet fumigaciones ilegales
Se podrán denunciar por internet las aplicaciones ilegales de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
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Reaparece el fantasma de la cuarta planta nuclear
Luz verde de Mauricio Macri: avanza la negociación con China para construir la cuarta planta nuclear del país
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se la planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, y estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
Una delegación compuesta por dos grupos de funcionarios y empresarios chinos se encuentran en el país para avanzar en las negociaciones que, por orden de Mauricio Macri, derivarán en la firma de un contrato con Beijing para finalmente construir la planta nuclear conocida como Atucha III.
?Esta forma parte de las decenas de acuerdos firmados en la gestión anterior, algunos de los cuales no se concretaron y que, tras idas y venidas, se reactivaron.
La que será la cuarta central, y que se planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
De cumplirse los plazos, que cobraron ahora nuevo impulso, entre abril y mayo los dos gobiernos sellarán el trato, para que en 2020 comiencen algunas "pequeñas" obras en el terreno (remoción del terreno, "adaptaciones" ambientales, drenajes) y en 2021 comience la titánica obra.
El año pasado, cuando la crisis financiera golpeó fuertemente a la Argentina y el Gobierno recurrió a un rescate financiero millonario del FMI, desde Economía frenaron iniciativas como esta de Atucha III. Para China, que a nivel interno y externo reactivó sus planes nucleares, esta fue siempre una prioridad. Y puso la central nuclear en todas las mesas de conversación.
Pero durante la visita de Estado que Xi Jinping hizo a la Argentina en el marco del G20 sobre fines del año pasado, Macri y el presidente chino conversaron sobre cómo reflotar el proyecto de Atucha III. Desde entonces el subsecretario de Energía de la Nación, Julián Gadano, aquí, y el embajador Diego Guelar, en Beijing, negocian estas nueva vía para resolver un factor fundamental que frenaba la planta, el que se sumaba a un cierto desinterés en Cambiemos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permite que el Estado sume deuda pública, que no se sume déficit público. La construcción de la planta sumaría U$S 1000 millones por año durante siete años.
De acuerdo a lo que ha podido saber este diario, aunque las negociaciones están aún abiertas, una posibilidad para eludir el problema del aumento de deuda es que esta se traslada a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Es una empresa del Estado pero para el Fondo Monetario, es una deuda que no se cargará sobre el Tesoro, sino que se pagará a través del préstamo chino y que, por cierto, se irá también saldando con los aumentos de tarifas en la energía eléctrica a los usuarios. Una vez que esté firmado el contrato, los desembolosos del préstamo vendrán en 2021.
Uno de los dos grupos técnicos de funcionarios y empresarios chinos que están en el país se dedicará ya a explorar las compras que harán y que se negocian con Gadano y miembros del Ministerio de Producción. La planta tendrá un 40 % de mano de obra local y el resto, de China. El segundo grupo es de CNNC, la empresa de combustibles nucleares chinos, que estará cargo de la construcción y en la que estarán la CNEA y posiblemente la argentina Perez Companc.
Si fue el ministerio de Hacienda el que a lo largo de 2018 puso fuertes reparos a la construcción de la planta nuclear con China, fue el propio Macri quien decidió avanzar con la titánica central. Quienes están cerca del Presidente saben que en su ADN está la meta de hacer obra pública. Entiende más que otros funcionarios de su gestión la relación con China, desde las gestiones privadas de su padre Franco Macria. Y esta planta se enmarca en un proyecto ambicioso que mueve grandes capitales. Y si bien no es anti ni pro nuclear, Macri se da cuenta de que la energía atómica es un "activo" muy desarrollado en la Argentina que no desea desmantelar.
En otro orden de las relaciones con Beijing, este jueves Argentina y China firmaron un acuerdo para posibilitar el ingreso de la miel argentina al mercado del país asiático. Macri recibió además al viceprime ministro del Consejo de Estado de China, el poderoso Hu Chunhua.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se la planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, y estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
Una delegación compuesta por dos grupos de funcionarios y empresarios chinos se encuentran en el país para avanzar en las negociaciones que, por orden de Mauricio Macri, derivarán en la firma de un contrato con Beijing para finalmente construir la planta nuclear conocida como Atucha III.
?Esta forma parte de las decenas de acuerdos firmados en la gestión anterior, algunos de los cuales no se concretaron y que, tras idas y venidas, se reactivaron.
La que será la cuarta central, y que se planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
De cumplirse los plazos, que cobraron ahora nuevo impulso, entre abril y mayo los dos gobiernos sellarán el trato, para que en 2020 comiencen algunas "pequeñas" obras en el terreno (remoción del terreno, "adaptaciones" ambientales, drenajes) y en 2021 comience la titánica obra.
El año pasado, cuando la crisis financiera golpeó fuertemente a la Argentina y el Gobierno recurrió a un rescate financiero millonario del FMI, desde Economía frenaron iniciativas como esta de Atucha III. Para China, que a nivel interno y externo reactivó sus planes nucleares, esta fue siempre una prioridad. Y puso la central nuclear en todas las mesas de conversación.
Pero durante la visita de Estado que Xi Jinping hizo a la Argentina en el marco del G20 sobre fines del año pasado, Macri y el presidente chino conversaron sobre cómo reflotar el proyecto de Atucha III. Desde entonces el subsecretario de Energía de la Nación, Julián Gadano, aquí, y el embajador Diego Guelar, en Beijing, negocian estas nueva vía para resolver un factor fundamental que frenaba la planta, el que se sumaba a un cierto desinterés en Cambiemos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permite que el Estado sume deuda pública, que no se sume déficit público. La construcción de la planta sumaría U$S 1000 millones por año durante siete años.
De acuerdo a lo que ha podido saber este diario, aunque las negociaciones están aún abiertas, una posibilidad para eludir el problema del aumento de deuda es que esta se traslada a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Es una empresa del Estado pero para el Fondo Monetario, es una deuda que no se cargará sobre el Tesoro, sino que se pagará a través del préstamo chino y que, por cierto, se irá también saldando con los aumentos de tarifas en la energía eléctrica a los usuarios. Una vez que esté firmado el contrato, los desembolosos del préstamo vendrán en 2021.
Uno de los dos grupos técnicos de funcionarios y empresarios chinos que están en el país se dedicará ya a explorar las compras que harán y que se negocian con Gadano y miembros del Ministerio de Producción. La planta tendrá un 40 % de mano de obra local y el resto, de China. El segundo grupo es de CNNC, la empresa de combustibles nucleares chinos, que estará cargo de la construcción y en la que estarán la CNEA y posiblemente la argentina Perez Companc.
Si fue el ministerio de Hacienda el que a lo largo de 2018 puso fuertes reparos a la construcción de la planta nuclear con China, fue el propio Macri quien decidió avanzar con la titánica central. Quienes están cerca del Presidente saben que en su ADN está la meta de hacer obra pública. Entiende más que otros funcionarios de su gestión la relación con China, desde las gestiones privadas de su padre Franco Macria. Y esta planta se enmarca en un proyecto ambicioso que mueve grandes capitales. Y si bien no es anti ni pro nuclear, Macri se da cuenta de que la energía atómica es un "activo" muy desarrollado en la Argentina que no desea desmantelar.
En otro orden de las relaciones con Beijing, este jueves Argentina y China firmaron un acuerdo para posibilitar el ingreso de la miel argentina al mercado del país asiático. Macri recibió además al viceprime ministro del Consejo de Estado de China, el poderoso Hu Chunhua.
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Agroquímicos en Entre Ríos sigue generando disputas legales
Agroquímicos: sigue una disputa en Entre Ríos y el campo pide rechazar un amparo
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Río Negro: exploran para minería de uranio y vanadio
Invertirían más de 35.500 millones de dólares para buscar uranio y vanadio en Río Negro
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Nuevo derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia
Derrame de petróleo en Bella Vista Norte llegó al arroyo Belgrano
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Mendoza tuvo menos hectáreas quemadas
Hubo 190 mil hectáreas quemadas menos que el año pasado en Mendoza
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En la temporada 2017/2018 hubo 269.000 hectáreas quemadas en el territorio mendocino, de las cuales casi 200 mil fueron en los incendios de General Alvear y San Rafael de enero del año pasado.
En tanto que la actual temporada a la que le queda poco para finalizar, se han quemado unas 79.000 hectáreas, de las cuales también la mayoría han sido en el sur provincial.
Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial del Manejo del fuego, en diálogo en la semana con FM VOS (91.5) se refirió a este tema.
“Las hectáreas afectadas han sido menores a las del año pasado, hemos tenido mayor cantidad de incendio a los del año pasado, por suerte los hemos podido contener mucho más rápido y eso ha evitado que se nos agrande, como muestra podemos decir que no tenemos ningún incendio que haya llegado a las 10 mil hectáreas este año”.
El funcionario añadió que “la media de hectáreas afectadas no superó las 5 mil hectáreas a pesar de que tuvimos incendios complicados como en el Cerro Nevado donde no tuvimos acceso con vehículo. El personal ha hecho una tarea impecable”.
Los números muestran que esta temporada de incendios se han registrado 135 episodios de quema de campos con un promedio de hectáreas afectadas de 585.
Esos mismos números la temporada pasada fueron de 199 incendios en total y un promedio de hectáreas afectadas de 1.356.
Las diferencias notables se deben a que en enero pasado se produjeron en Alvear y San Rafael los incendios más graves desde la temporada de 2000/2001. Se quemaron así en un período de unos quince días en el primer mes del 2018 más de 190.000 hectáreas entre ambos departamentos con los siniestros que tuvieron a maltraer muchos campos y poblaciones cercanas, y que obligaron a la intervención de distintos organismos y autoridades para combatir las llamas en los peores días.
Luego de esa temporada feroz se hizo mucho hincapié en que los productores tengan sus picadas cortafuegos en condiciones, aunque no todos han tomado nota de ello.
Estos meses de verano no hubo, al menos por largos períodos, el cúmulo de condiciones que favorecieron el fuego el año pasado, es decir, sequía prolongada, vegetación apta para la combustión y bolsones de baja humedad, además de otros factores que a veces inciden como días de viento y rayos descargados por tormentas.
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En la temporada 2017/2018 hubo 269.000 hectáreas quemadas en el territorio mendocino, de las cuales casi 200 mil fueron en los incendios de General Alvear y San Rafael de enero del año pasado.
En tanto que la actual temporada a la que le queda poco para finalizar, se han quemado unas 79.000 hectáreas, de las cuales también la mayoría han sido en el sur provincial.
Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial del Manejo del fuego, en diálogo en la semana con FM VOS (91.5) se refirió a este tema.
“Las hectáreas afectadas han sido menores a las del año pasado, hemos tenido mayor cantidad de incendio a los del año pasado, por suerte los hemos podido contener mucho más rápido y eso ha evitado que se nos agrande, como muestra podemos decir que no tenemos ningún incendio que haya llegado a las 10 mil hectáreas este año”.
El funcionario añadió que “la media de hectáreas afectadas no superó las 5 mil hectáreas a pesar de que tuvimos incendios complicados como en el Cerro Nevado donde no tuvimos acceso con vehículo. El personal ha hecho una tarea impecable”.
Los números muestran que esta temporada de incendios se han registrado 135 episodios de quema de campos con un promedio de hectáreas afectadas de 585.
Esos mismos números la temporada pasada fueron de 199 incendios en total y un promedio de hectáreas afectadas de 1.356.
Las diferencias notables se deben a que en enero pasado se produjeron en Alvear y San Rafael los incendios más graves desde la temporada de 2000/2001. Se quemaron así en un período de unos quince días en el primer mes del 2018 más de 190.000 hectáreas entre ambos departamentos con los siniestros que tuvieron a maltraer muchos campos y poblaciones cercanas, y que obligaron a la intervención de distintos organismos y autoridades para combatir las llamas en los peores días.
Luego de esa temporada feroz se hizo mucho hincapié en que los productores tengan sus picadas cortafuegos en condiciones, aunque no todos han tomado nota de ello.
Estos meses de verano no hubo, al menos por largos períodos, el cúmulo de condiciones que favorecieron el fuego el año pasado, es decir, sequía prolongada, vegetación apta para la combustión y bolsones de baja humedad, además de otros factores que a veces inciden como días de viento y rayos descargados por tormentas.
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Córdoba: idean un 'área campesina protegida'
Proponen crear un 'área campesina protegida' al norte de Mar Chiquita
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Creen que el Parque Nacional Ansenuza amenaza la tenencia de la tierra y su modo de producción. La propuesta del Movimiento Campesino Córdoba tendría unas 120 mil hectáreas.
Para la mayoría de los cordobeses, la creación de un parque nacional en la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce fue recibida como una buena noticia.
Pero para Zulema (70 años) fue una ingrata sorpresa. “Me pareció que se desmoronaba el mundo porque pensamos que no nos iban a dejar entrar el ganado y todo iba a pasar a ser parque nacional”, comenta esta campesina de La Rinconada, un paraje ubicado en el extremo noreste de la provincia de Córdoba.
En parte de la región que potencialmente formará el parque nacional viven campesinos como Zulema que realizan una ganadería trashumante desde hace varias décadas. Cada familia tiene sus animales y parcelas individuales, pero el ganado también se arrea hasta diferentes campos comunitarios.
El Movimiento Campesino Córdoba (MCC) entiende que este uso de la tierra y forma de producción están en riesgo por la creación del parque nacional. Días atrás, presentaron un informe en el que reclaman la creación de un área campesina protegida.
“Queremos un área campesina para poder seguir desarrollando la vida campesina con campos abiertos. Ahora han colocado alambres y a veces no tenemos acceso al agua del río”, comenta Zulema.
Victoria Gauna, abogada del MCC, asegura que la creación del parque va a profundizar la inseguridad en la tenencia de la tierra que hay en la zona. Explica que la mayoría de las familias campesinas no tienen títulos de la tierra, aunque la habitan desde hace años. “En su mayoría son comunidades indígenas que viven en asentamientos que son ancestrales”, dice.
Y agrega: “La creación del parque nacional puede ser una oportunidad para darle reconocimiento a estas familias y a su forma de producción, además darles seguridad en la tenencia de la tierra”.
El área campesina tendría unas 120 mil hectáreas y estaría conformada por la medialuna que abarca el norte de la laguna Mar Chiquita y que incluye los parajes de Isla Larga, Los Pozos, Campo Marull, El Zapallar sur, Pozo verde, Campo Alegre y Laguna La Paulina.
También la costa al oeste del río Dulce donde se encuentran los parajes La Rinconada, Los Eucaliptos, Cardones Altos, Isla Verde, Puesto del Medio, Las Tortugas, Los Espinillos, Mojón de Fierro y La Correntina.
Relevamiento
Investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizaron un relevamiento en el 80 por ciento de ese territorio. Allí detectaron que hay unas 119 unidades productivas y viven 369 personas.
“Un 30 por ciento de los campesinos entrevistados se reconocen como descendientes directos de pueblos originarios”, comenta Mariana Gamboa, coordinadora del Programa Ruralidades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
Y agrega: “Parece un área deshabitada que sólo tiene naturaleza, pero el hombre ha vivido allí desde hace tiempo”.
La docente asegura que así como se rescatan la importancia ambiental y la biodiversidad de la región, a su grupo le parece necesario aportar información sobre la gente que vive allí, en especial para la toma de decisiones.
Gamboa explica que fue un trabajo de tres años, con operativos de cuatro días para cubrir zonas de difícil acceso. Y rescata el trabajo que ha logrado de universidad de poder acercarse a esta región desconocida por muchas personas. Presentarán el informe en la Legislatura Unicameral.
Según datos de Senasa, el departamento Río Seco, donde se ubican la mayoría de estos parajes, es responsable del 2,3 por ciento de la producción ganadera de Córdoba.
Más demandas
El MCC demanda la reconversión productiva de los grandes productores que actualmente se encuentren dentro de la futura área campesina y que se levanten todos los alambrados que se hayan colocado en las zonas costeras que impiden el libre acceso al agua.
También reclaman que la gestión del futuro parque nacional se realice en conjunto entre las autoridades y los productores locales.
El relevamiento identificó 10 campos comunitarios: Mojón de Fierro, La Correntina Norte, La Correntina Sur, Las Tortugas, Simbolar Chico, Isla Larga, Laguna La Paulina, Campo Moyano, El Aguaraz y Campo del Río.
Para el MCC también es fundamental que se impulsen políticas públicas activas para mejorar y promocionar la producción campesina y el acceso al agua en el área de protección.
Qué será el Parque Nacional Ansenuza
Ya hay fondos internacionales para crear el área protegida.
Trabajo. La Provincia, Administración de Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas trabajan en la creación del parque, el cual abarcaría un sector cercano a Miramar (en la costa sur), la costa norte de la laguna y sectores de los Bañados del río Dulce.
Avances. A fines de octubre pasado se conoció una donación de la Fundación Wyss de 5,8 millones de dólares para llevar adelante este proyecto. Estos fondos servirían para sumar 26 mil hectáreas.
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Mendoza: una ordenanza antifracking que preocupa al poder
Lavalle blinda su ordenanza antifracking y temen efecto contagio
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El municipio comandado por Roberto Righi promulgó una ordenanza que declara al departamento "libre de la técnica denominada fractura hidráulica", en un territorio sin petróleo. Igualmente, temen que esto le abra la puerta a un camino restrictivo que podría replicarse en otros municipios con respecto a ésta y otras prácticas.
El departamento de Lavalle no se caracteriza por su actividad petrolera. Simplemente no la tiene. Sin embargo, el municipio que conduce el peronista Roberto Righi ha logrado preocupar al sector con una ordenanza que prohíbe la realización de fractura hidráulica en el territorio departamental. Si bien la decisión no mueve la aguja, el temor es que otros municipios sanciones normativas similares. Tanto es así que Fiscalía de Estado pidió a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a lo que el municipio retrucó sacando una nueva.
Desde el Gobierno equipararon la decisión de Lavalle con "prohibir la caza de ballenas en las Lagunas del Rosario" y aseguraron que se trata de "una medida de carácter puramente demagógico". Sin embargo, siguen de cerca la evolución de la causa judicial por temor a que la Corte le de luz verde a otros municipios a sacar ordenanzas similares.
El 14 de marzo, el intendente Righi firmó la promulgación de la ordenanza 1071. Se trata de una versión mejorada de la ordenanza 1065 y con el mismo objetivo: prohibir el fracking en el departamento. A raíz de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fiscalía de Estado, la respuesta de Lavalle fue sacar una nueva ordenanza que entienden está blindada jurídicamente.
La normativa 1065 prohibía el uso del bien común "agua" en todo tipo de actividad que pueda generar daños ambientales. "Particularmente se encuentra comprendido en el concepto precedente la llamada Fractura Hidráulica (Fracking), como así también cualquier futura técnica que asuma dichas características", argumentaba el artículo 2 de la ordenanza.
Para Fiscalía de Estado, ese párrafo "atribuye, sin justificación expresa en los considerandos, al Municipio, la potestad de prohibir actividades relacionadas con el Agua que resulten dañosas en relación con la técnica de Fractura en su jurisdicción". En este sentido, asegura que vulnera lo dispuesto en la ley de hidrocarburos, avanza sobre el régimen jurídico de preservación ambiental vigente y se arroga competencias sobre los recursos hídricos que no le competen.
"La Ordenanza Nº 1065/18 que se impugna dispone diversos aspectos que resultan inconstitucionales por violentar los principios de supremacía constitucional y federal, de competencia, de propiedad, de desarrollo sustentable, de igualdad, de libertad y de razonabilidad", sostienen desde el órgano de control. Específicamente, alegan que las regulaciones municipales no pueden, en este sentido, contradecir las normas constitucionales y aquellas legales que se dicten por la Legislatura.
A raíz de este planteo, la nueva ordenanza 1071 modifica el articulado de la ordenanza anterior, a la cual deroga. En concreto, enmarca la decisión en el ordenamiento territorial del municipio. "A los fines de ejercer la competencia territorial otorgada por la Ley N° 8051/09, prohíbase en el territorio del departamento Lavalle el uso industrial denominado 'extracción de hidrocarburos no convencionales' e incorpórese al plan de ordenamiento territorial municipal que la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica es incompatible con la vocación territorial de los suelos del departamento de Lavalle, a cuyo fin deberá especificarse a través de la sanción de Ordenanzas o Decretos del Departamento Ejecutivo específicos al ordenamiento legal municipal relativo a las habilitaciones comerciales y el ordenamiento territorial, en congruencia con la legislación provincial y nacional vigente", establece el artículo 4 de la nueva norma.
De esta manera, pretenden ponerle un freno a los planteos de Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, además de evitar nuevos pedidos de inconstitucionalidad.
Quien salió a celebrar lo ocurrido fue el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano. Ferviente defensor del medio ambiente, Romano publicó un video en las redes sociales en el que subraya que la nueva ordenanza de Lavalle contó con el asesoramiento legal de prestigiosos juristas que la blindaron legalmente.
Más allá de que Lavalle no tiene petróleo, el único departamento que podría prohibir el fracking y generar consecuencias prácticas es Malargüe, territorio donde se requiere de la fractura hidráulica para extraer petróleo no convencional (sólo allí llega la reserva de Vaca Muerta). El temor -arguyen- es que las eventuales restricciones municipales abarquen no sólo esta práctica, sino eventualmente otro tipo de explotaciones más frecuentes en la provincia.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El municipio comandado por Roberto Righi promulgó una ordenanza que declara al departamento "libre de la técnica denominada fractura hidráulica", en un territorio sin petróleo. Igualmente, temen que esto le abra la puerta a un camino restrictivo que podría replicarse en otros municipios con respecto a ésta y otras prácticas.
El departamento de Lavalle no se caracteriza por su actividad petrolera. Simplemente no la tiene. Sin embargo, el municipio que conduce el peronista Roberto Righi ha logrado preocupar al sector con una ordenanza que prohíbe la realización de fractura hidráulica en el territorio departamental. Si bien la decisión no mueve la aguja, el temor es que otros municipios sanciones normativas similares. Tanto es así que Fiscalía de Estado pidió a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a lo que el municipio retrucó sacando una nueva.
Desde el Gobierno equipararon la decisión de Lavalle con "prohibir la caza de ballenas en las Lagunas del Rosario" y aseguraron que se trata de "una medida de carácter puramente demagógico". Sin embargo, siguen de cerca la evolución de la causa judicial por temor a que la Corte le de luz verde a otros municipios a sacar ordenanzas similares.
El 14 de marzo, el intendente Righi firmó la promulgación de la ordenanza 1071. Se trata de una versión mejorada de la ordenanza 1065 y con el mismo objetivo: prohibir el fracking en el departamento. A raíz de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fiscalía de Estado, la respuesta de Lavalle fue sacar una nueva ordenanza que entienden está blindada jurídicamente.
La normativa 1065 prohibía el uso del bien común "agua" en todo tipo de actividad que pueda generar daños ambientales. "Particularmente se encuentra comprendido en el concepto precedente la llamada Fractura Hidráulica (Fracking), como así también cualquier futura técnica que asuma dichas características", argumentaba el artículo 2 de la ordenanza.
Para Fiscalía de Estado, ese párrafo "atribuye, sin justificación expresa en los considerandos, al Municipio, la potestad de prohibir actividades relacionadas con el Agua que resulten dañosas en relación con la técnica de Fractura en su jurisdicción". En este sentido, asegura que vulnera lo dispuesto en la ley de hidrocarburos, avanza sobre el régimen jurídico de preservación ambiental vigente y se arroga competencias sobre los recursos hídricos que no le competen.
"La Ordenanza Nº 1065/18 que se impugna dispone diversos aspectos que resultan inconstitucionales por violentar los principios de supremacía constitucional y federal, de competencia, de propiedad, de desarrollo sustentable, de igualdad, de libertad y de razonabilidad", sostienen desde el órgano de control. Específicamente, alegan que las regulaciones municipales no pueden, en este sentido, contradecir las normas constitucionales y aquellas legales que se dicten por la Legislatura.
A raíz de este planteo, la nueva ordenanza 1071 modifica el articulado de la ordenanza anterior, a la cual deroga. En concreto, enmarca la decisión en el ordenamiento territorial del municipio. "A los fines de ejercer la competencia territorial otorgada por la Ley N° 8051/09, prohíbase en el territorio del departamento Lavalle el uso industrial denominado 'extracción de hidrocarburos no convencionales' e incorpórese al plan de ordenamiento territorial municipal que la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica es incompatible con la vocación territorial de los suelos del departamento de Lavalle, a cuyo fin deberá especificarse a través de la sanción de Ordenanzas o Decretos del Departamento Ejecutivo específicos al ordenamiento legal municipal relativo a las habilitaciones comerciales y el ordenamiento territorial, en congruencia con la legislación provincial y nacional vigente", establece el artículo 4 de la nueva norma.
De esta manera, pretenden ponerle un freno a los planteos de Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, además de evitar nuevos pedidos de inconstitucionalidad.
Quien salió a celebrar lo ocurrido fue el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano. Ferviente defensor del medio ambiente, Romano publicó un video en las redes sociales en el que subraya que la nueva ordenanza de Lavalle contó con el asesoramiento legal de prestigiosos juristas que la blindaron legalmente.
Más allá de que Lavalle no tiene petróleo, el único departamento que podría prohibir el fracking y generar consecuencias prácticas es Malargüe, territorio donde se requiere de la fractura hidráulica para extraer petróleo no convencional (sólo allí llega la reserva de Vaca Muerta). El temor -arguyen- es que las eventuales restricciones municipales abarquen no sólo esta práctica, sino eventualmente otro tipo de explotaciones más frecuentes en la provincia.
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Optimizan el proceso productivo del biodiésel
Una innovación santafesina clave para darle más pureza al biodiésel
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Fe
Es un desarrollo de un investigador del Conicet y del Incape en Santa Fe que permite bajar la cantidad de monoglicéridos y extraer otras impurezas.
Una innovación tecnológica que se realizó en un instituto santafesino dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) resultó clave para reducir la cantidad de monoglicéridos en el biodiésel que se elabora en la planta de la compañía Louis Dreyfus, una de las más grandes del país.
Es un trabajo que que realizó Gustavo Mendow, investigador del Conicet e integrante del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape) de la ciudad de Santa Fe. Hace cinco años, cuando trabajaba en la producción de un coadyuvante agrícola descubrió que los monoglicéridos del producto alcanzaban un valor mucho más bajo que el esperado, y lo tomó como punto de partida para intentar bajar la cantidad de monogliceridos en el biodiésel, bajo la dirección de Carlos Querini, director del Incape.
Es un punto importante, porque la pureza del biodiésel es un requisito que demandan los mercados de exportación. “Es que estos compuestos, que son solubles en el aceite, se transforman químicamente durante el proceso de producción y se tornan insolubles, y esto provoca la formación de sólidos que precipitan. Cuando el biodiésel se mezcla con el gasoil, se precipitan aún más y se forman depósitos en los tanques de almacenamiento, en los tanques de combustibles de autos, especialmente en zonas frías. Y esto, es un problema”, explica el investigador en un material de difusión que elaboró el Conicet en Santa Fe.
En la investigación, los científicos del Incape también detectaron que el proceso, además de bajar los monoglicéridos, también extraía otras impurezas del biodiésel: los glucósidos esteroles. A partir de esta línea de trabajo, en 2014 su publicó una patente y en el 2016 se firmó un convenio con Dreyfus para llevar esta tecnología a la planta de General Lagos.
Los científicos trabajaron codo a codo con los ingenieros de la planta para llevar a esta tecnología del laboratorio del Incape a la escala industrial de una de las compañías internacionales más importantes del mundo. Les llevó unos tres meses lograr que el biodiésel “salga” con la calidad deseada.
“Al final, fuimos y pudimos hacer la prueba y ver que el comportamiento del proceso en la planta era muy similar a lo que habíamos visto en laboratorio, lo cual fue espectacular”, destacó Mendow. Desde entonces, la planta incorporó el proceso diseñado por los investigadores de Incape. El biodiésel obtenido es de mejor calidad y se logra con menor consumo de catalizador, un insumo que tiene un costo importante.
“Los monoglicéridos que obtiene esta empresa son los más bajos que produce una planta en todo el mundo. No hay una compañía que venda un biodiésel con monoglicérido a 0,2 % como lo venden ellos”, aseguró el investigador.
Por eso, la patente de los científicos santafesinos pueden ser muy relevante para todo el complejo que produce este biocombustible en las terminales aceiteras que están a la vera de la estratégica hidrovía del río Paraná y que comienzan a extenderse a otras partes del país.
En enero de 2019, por ejemplo, se firmó un convenio con la empresa Bionogoyá para utilizar la tecnología patentada en su planta de Nogoyá, en Entre Ríos.
“Nos encontramos en las etapas preliminares. A fines de febrero se puso en marcha la primera instancia del proyecto. Por otro lado, el grupo de trabajo estuvo en contacto con empresas de Colombia, también interesadas en esta tecnología”, contó Mendow.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Fe
Es un desarrollo de un investigador del Conicet y del Incape en Santa Fe que permite bajar la cantidad de monoglicéridos y extraer otras impurezas.
Una innovación tecnológica que se realizó en un instituto santafesino dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) resultó clave para reducir la cantidad de monoglicéridos en el biodiésel que se elabora en la planta de la compañía Louis Dreyfus, una de las más grandes del país.
Es un trabajo que que realizó Gustavo Mendow, investigador del Conicet e integrante del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape) de la ciudad de Santa Fe. Hace cinco años, cuando trabajaba en la producción de un coadyuvante agrícola descubrió que los monoglicéridos del producto alcanzaban un valor mucho más bajo que el esperado, y lo tomó como punto de partida para intentar bajar la cantidad de monogliceridos en el biodiésel, bajo la dirección de Carlos Querini, director del Incape.
Es un punto importante, porque la pureza del biodiésel es un requisito que demandan los mercados de exportación. “Es que estos compuestos, que son solubles en el aceite, se transforman químicamente durante el proceso de producción y se tornan insolubles, y esto provoca la formación de sólidos que precipitan. Cuando el biodiésel se mezcla con el gasoil, se precipitan aún más y se forman depósitos en los tanques de almacenamiento, en los tanques de combustibles de autos, especialmente en zonas frías. Y esto, es un problema”, explica el investigador en un material de difusión que elaboró el Conicet en Santa Fe.
En la investigación, los científicos del Incape también detectaron que el proceso, además de bajar los monoglicéridos, también extraía otras impurezas del biodiésel: los glucósidos esteroles. A partir de esta línea de trabajo, en 2014 su publicó una patente y en el 2016 se firmó un convenio con Dreyfus para llevar esta tecnología a la planta de General Lagos.
Los científicos trabajaron codo a codo con los ingenieros de la planta para llevar a esta tecnología del laboratorio del Incape a la escala industrial de una de las compañías internacionales más importantes del mundo. Les llevó unos tres meses lograr que el biodiésel “salga” con la calidad deseada.
“Al final, fuimos y pudimos hacer la prueba y ver que el comportamiento del proceso en la planta era muy similar a lo que habíamos visto en laboratorio, lo cual fue espectacular”, destacó Mendow. Desde entonces, la planta incorporó el proceso diseñado por los investigadores de Incape. El biodiésel obtenido es de mejor calidad y se logra con menor consumo de catalizador, un insumo que tiene un costo importante.
“Los monoglicéridos que obtiene esta empresa son los más bajos que produce una planta en todo el mundo. No hay una compañía que venda un biodiésel con monoglicérido a 0,2 % como lo venden ellos”, aseguró el investigador.
Por eso, la patente de los científicos santafesinos pueden ser muy relevante para todo el complejo que produce este biocombustible en las terminales aceiteras que están a la vera de la estratégica hidrovía del río Paraná y que comienzan a extenderse a otras partes del país.
En enero de 2019, por ejemplo, se firmó un convenio con la empresa Bionogoyá para utilizar la tecnología patentada en su planta de Nogoyá, en Entre Ríos.
“Nos encontramos en las etapas preliminares. A fines de febrero se puso en marcha la primera instancia del proyecto. Por otro lado, el grupo de trabajo estuvo en contacto con empresas de Colombia, también interesadas en esta tecnología”, contó Mendow.
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Protesta a favor de la minería en la Fiesta de la Vendimia
Continúan insistiendo por la minería metalífera
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
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