Fracking: para muesta basta Allen
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Enfermedades, contaminación y derrumbes en Allen, el pueblo en el que los cultivos conviven con el fracking
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Leucemia, viviendas derrumbadas, sonidos insoportables, emisiones de gases tóxicos, gastroenteritis, vómitos, derrames. El relato se repite de vecino a vecino. Solo cambian las formas, pero las vivencias y creencias son similares. Para las petroleras, en cambio, es un ejemplo de una industria que genera unos 3 mil puestos de trabajo en todo Río Negro y que el año pasado le dejó a la provincia 500 millones de pesos en regalías. Junto a un equipo de Greenpeace, Infobae visitó Allen, la capital nacional de la pera, en Vaca Muerta, donde los cultivos de frutas que se consumen en el resto del país conviven con los pozos de fracking.
Allen es parte del yacimiento Estación Fernández Oro, en el sector rionegrino de Vaca Muerta. La explotación de hidrocarburos tiene varias décadas en la zona, pero con la irrupción de la técnica del fracking los pozos se multiplicaron en el área, donde el tight gas es la vedette. Aunque ni siquiera están claras las consecuencias a largo plazo del fracking sobre la salud y el medio ambiente, no hubo debate previo. Alguien decidió que así iba a ser y la vida cambió para siempre. La mayoría de los vecinos no quiere hablar, pero la regla tiene varias excepciones. ¿Es posible la convivencia del fracking con los cultivos si el gas y el petróleo pagan 10 veces más por hectárea? ¿Afecta la salud de los vecinos? ¿Y el medio ambiente?
"Simulacros"
Los accidentes en los pozos de la zona están lejos de ser una excepción. La sucesión es notable y contrasta con las afirmaciones del gobierno de la vecina provincia de Neuquén, que tras el derrame de crudo que ocurrió el 19 de octubre en Bandurria Sur, informó que desde 2014 no había habido problemas en la "zona". Esa declaración tenía una intencionalidad: instalar la idea de que en todo Vaca Muerta no hubo accidentes en los últimos años, y así lo comunicó buena parte de la prensa local. Naturalmente, es mentira.
En el Observatorio Petrolero Sur armaron una línea de tiempo de los accidentes solo en Allen. En 2014 explotaron dos pozos y otro se incendió y provocó llamas de hasta 15 metros de altura. El 2015 fue el año de los derrames. Fueron cuatro. En uno de ellos, en julio, los fluidos terminaron en una laguna que se conecta con otras que, a su vez, desembocan en el río Negro. La empresa Yacimientos del Sur (YSUR, subsidiaria de YPF) les ofreció a una veintena de vecinos de Calle Ciega 10 una compensación de 44 mil pesos al año, pero les exigió a cambio una cláusula de confidencialidad, la colaboración con la empresa en caso de protestas y la renuncia a nuevos reclamos.
Ese año también hubo una sucesión de explosiones en el pozo EFO 280, pero para el gobierno rionegrino fue un mero "silbido". Tras la denuncia de los vecinos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen, fue contundente. "Estoy viendo en Google Earth y acá no hay ningún barrio", declaró.
Al año siguiente se produjo el accidente más importante que se conoce en la zona, cuando se fugaron 240 mil litros de la llamada "agua de formación" de los pozos 360 y 362. Murieron animales y árboles frutales.
Hubo más incidentes. La mayoría de las veces, según los vecinos, les dicen que son simulacros, lo que contrasta -de acuerdo a esos testimonios-, con la cara de pánico de los trabajadores.
La polémica se redobla cuando la encargada de controlar está íntimamente ligada a la industria petroquímica. La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, es una de las dueñas de Quinpe SRL, una empresa que se dedica al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de hidrocarburos; y entre sus clientes tiene a YPF, Petrobras, Halliburton, TGS y Schlumberger, de acuerdo a una denuncia por contaminación que presentó este año la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por pedido del presidente del Concejo Deliberante de Estación Fernández Oro, Claudio Correa.
Contaminación invisible
Más allá de los accidentes, la contaminación de los pozos de gas y petróleo muchas veces no se puede ver. Eso es lo que buscó demostrar la ONG Earthworks cuando visitó Estación Fernández Oro con una cámara infrarroja traída desde los Estados Unidos para registrar gases invisibles que son altamente tóxicos y potencialmente mortales, conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre los que se encuentran benceno, butano, etilbenceno, metano, propano, octano, tolueno y xileno.
"Las personas expuestas a la contaminación de COVs que hemos detectado en Argentina pueden sufrir consecuencias a la salud al corto y al largo plazo, incluyendo padecimientos de cáncer", explicó el ambientalista Pete Dronkers, de la ONG.
El siguiente video fue filmado el 29 de marzo en un pozo de fracking en el corazón de la zona productiva de Allen, cerca del Río Negro. Como se puede ver, en las primeras imágenes no se ve nada raro, porque la contaminación no es visible, pero una vez que se activa el sensor infrarrojo, la enorme pluma de compuestos orgánicos volátiles queda expuesta:
Sin registros
—¿De dónde sos?
—De Allen
—Yo también.
—Yo también.
El diálogo, simplificado en este artículo, se dio en una sala de espera de un hospital de Neuquén en la que varias madres se dieron cuenta de que tenían dos denominadores en común: conviven con el fracking y los agroquímicos, y sus hijos tienen leucemia. Entonces surgió una sospecha que luego fue admitida por el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, a una periodista de Roca, y por su secretario a los vecinos: que en Allen hay al menos 7 casos de leucemia, es decir, entre tres y cuatro veces más de lo que estadísticamente es esperable.
Poco después una médica que pidió mantener su identidad reservada engrosó la cifra y le confesó a los vecinos que en realidad eran 12 casos, pero que como la mayoría estaban siendo atendidos en Neuquén, las estadísticas de Río Negro no lo reflejaban. Oficialmente, para la Provincia, hubo cuatro muertes y cinco internaciones por leucemia en Allen entre 2013 y 2017.
Infobae solicitó los datos duros a la cartera sanitaria, pero se encontró con muy poca colaboración. Eso sí: no quisieron decir cuántos casos hay en total ni desmintieron los siete denunciados por los vecinos. "Desconozco", se limitó a aclarar un vocero. Al margen de que la información no se pudo chequear, lo que queda al descubierto es una constante de las zonas en las que hay proyectos extractivistas sospechados de contaminación: el secretismo de las estadísticas médicas.
Al respecto, Allen tiene otro caso paradigmático, el de Rubén Ibáñez, que vive con su esposa y uno de sus hijos en el barrio Costa Este. Era el casero del Vivero El Alto, que ahora está abandonado. La dueña -dice- aceptó una "ayuda" de YPF para que unas cañerías pasen por debajo de sus tierras y dejó de lado el camino productivo. Detrás de su casa, a unos 10 metros, hay un arroyo. Del otro lado hay instalaciones petroleras de cuya existencia la familia Ibáñez se enteró por el ruido, cuando levantaron la torre de fracking. Nadie le avisó.
En la familia Ibáñez están convencidos de que los problemas de salud de Rubén empezaron de la mano del pozo AP.RN.EFE 141, que explotó a las 21 horas del 19 de marzo de 2014. "Saltaron las válvulas y se produjo una llamarada. Todo alrededor tembló. Fueron muchas horas con los gases tóxicos saliendo. Nadie nos vino a ayudar. La médica que llegó después no quería ni bajarse de la ambulancia para verme", repasó Rubén. "Yo empecé con asma y problemas respiratorios, y al final me encontraron una mancha en el pulmón derecho, pese a que nunca fumé", contó.
La palabra cáncer no es parte de su relato. Pero su esposa es más cruda. "Tiene un tumor", lanzó Zulema Campos mientras miraba su celular gastado en la cocina de su casa. "El agua no sirve ni para regar las plantas, porque sale contaminada. Todo es un desastre acá", se quejó. Poco antes de recibir a Infobae habían sufrido otro accidente de gran magnitud.
A Rubén no le quisieron dar los resultados de sus estudios en el hospital de Allen y, según denunció, tuvo que impulsar una acción judicial para acceder a sus antecedentes. La fiscal Julieta Villa ordenó un allanamiento en el que solo encontró la tapa de su historia clínica. No había nada más. Alguien quiso ocultar el antecedente.
El caso de Allen recuerda al de Bothel, un pequeño municipio alemán del estado de Baja Sajonia en el que la tasa de cáncer duplica a la esperada en la zona. En uno de sus pueblos, Bellen, uno de cada cinco vecinos tiene cáncer. ¿Los más comunes? Leucemia y linfoma. ¿Las causas? No están claras, pero ante la consulta de Infobae el médico local Mathias Bantz dijo que sospechan de la extracción de gas a través de fracking.
Determinar las causas de los problemas de salud asociados al ambiente siempre es un desafío. Y en el caso de Allen hay "por lo menos tres líneas de acumulación" de contaminación, según advirtió a este medio la socióloga Maristella Svampa, que acaba de publicar Chacra 51 (Sudamericana) sobre las transformaciones en Allen. "La primera, que está ligada al uso de agroquímicos en la agricultura; la segunda es la primera avanzada petrolera de los setenta en adelante; y la tercera es el fracking, que es como el tiro del final", indicó.
Fracking y salud
Quizás la falta de claridad sobre la situación de la leucemia en Allen y el caso de Rubén Ibáñez tengan que ver con los estudios que vinculan al fracking con los problemas de salud. Lejos del discurso que rezan las petroleras, una de las investigaciones más importantes sobre el tema fue realizada por la Universidad de Yale en base a 624 pozos en el Condado de Washington, en Pensilvania, y concluyó que la frecuencia de los problemas de salud aumentan a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Las enfermedades que más encontraron fueron erupciones cutáneas y problemas en las vías respiratorias.
Esos resultados van en la misma línea de dos estudios que vinculan el fracking al aumento de la tasa de hospitalizaciones en Pensilvania. Hay también un estudio en Estados Unidos que detectó hasta un 600% de aumento en la mortalidad infantil en las zonas cercanas a los pozos, otro que relaciona el fracking con el bajo peso al nacer y un tercero que lo asocia a defectos congénitos de corazón y de tubo neural en recién nacidos. También hay una investigación de la Universidad de Massachusetts con ratones que lo vincula al cáncer de mama. Y en los Estados Unidos encontraron que aumentaron las enfermedades de los perros que viven en torno a las torres.
El propio Departamento de Salud de Nueva York emitió un dictamen antes de prohibir el fracking en el Estado de Nueva York que concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento hasta ahora, ya que los estudios son pocos y limitados, pero aclaró que los resultados son "sugerentes". Por eso la pregunta es si acaso en materia sanitaria la norma no debería ser la prevención.
Agua, derrumbes y sonidos insoportables
Aunque los activistas antifracking suelen subrayar entre sus argumentos los peligros del cambio climático, los vecinos no hablan de eso, sino de problemas concretos. Su preocupación es otra. Estela Sánchez vivía en Guerrico, a unos 12 kilómetros de Allen. Tuvo que abandonar su casa porque el agua salía literalmente negra. Los análisis solicitados por el Departamento Provincial de Aguas a los que accedió Infobae detectaron la presencia de 0,10 miligramos por litro de hidrocarburos en el agua que salía de sus canillas. También había algunos químicos que no deberían haber estado en el agua, como manganeso, hierro total y carbonatos. Otros valores dieron por encima de lo aconsejable, como dureza total, bicarbonatos, sulfatos y el PH, entre otros.
Estela cambió, entonces, la chacra en la que plantaba peras y manzanas por una casa en la ciudad de Allen. Sin embargo, como muchos de sus vecinos, sigue comprando agua embotellada.
Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen. Pero la vida, dice, ya no es igual. "Lo primero que empezamos a notar son los problemas de salud. Vómitos, dolores de estómago, dolor de cabeza, olor a azufre todo el tiempo; vecinos con pancreatitis, dolores muy seguido", repasó.
Su caso está entre los más extremos: su casa literalmente se vino abajo. Aclaró que no es la única y recordó su nefasta experiencia. Comentó que todo empezó cuando se hizo intenso el tránsito en la zona por los camiones. El piso se empezó a levantar y las paredes, a rajar. Luego arrancó el fracking y hace unos seis meses llegó su Día D. "Estábamos todos afuera, tomando mate. Adentro estaban mi nieto de 3 años y uno de mis hijos mirando la televisión cuando se cayó el techo de una pieza y de la mitad del living. Ellos por suerte estaban en la parte del comedor, si no los podría haber aplastado", advirtió.
A pesar de que todos los testimonios tienen muchos lugares comunes, a diferencia de otros sitios en los que hay conflictos ambientales, en Allen no hay una organización que nuclee a los vecinos. Uno de los pocos que impulsa algún tipo de lucha colectiva es Juan Carlos Ponce, miembro de la Asamblea por el Agua.
"Defiendo la tierra, porque me crié en las chacras", expuso Ponce, gasista matriculado de profesión. "Acá en verano no se puede respirar. Pero además de la contaminación, el ruido es insoportable. Nosotros con un recurso de amparo logramos una multa de 2,5 millones de pesos a unas torres por contaminación sonora", indicó.
RSE
Aunque para Juan Ponce "la responsabilidad social empresaria es una coima", en YPF la ven como una estrategia válida para relacionarse con la comunidad en la que desarrollan sus actividades "orientados a generar valor compartido, fortalecer la licencia social y el compromiso de los empleados de la compañía", según explicaron desde la empresa a Infobae.
La Fundación YPF trabajó en el desarrollo del Plan Allen Sostenible. Además, desde 2014 realizó 26 capacitaciones en la zona, de las que participaron 484 alumnos que se especializaron en distintas áreas como construcción, energía eléctrica y software.
Para los próximos cuatro años, además, la empresa acordó con el gobierno provincial y la municipalidad un plan de obras por más de 50 millones de pesos para la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la entrega de asfalto para pavimentación de calles y el mejoramiento de espacios verdes.
La petrolera, además, ya realizó la conexión de 115 viviendas del barrio Costa Este a la red troncal de gas. También entregó hornos, calefactores y termotanques. La inversión fue de 15 millones de pesos. Y planea construir un nuevo centro operativo de 1.200 metros cuadrados cubiertos para concentrar toda su operación de la provincia de Río Negro en Allen.
Petróleo en la comida
Sin embargo, la convivencia con los vecinos y la producción tiene sus límites. Con la premisa de que el fracking y el cultivo de frutas, verduras y hortalizas no son compatibles, en agosto de 2013, el Concejo Deliberante de Allen aprobó una ordenanza que prohibía el fracking en el ejido de la comuna y le pidió al gobierno provincial que impulse en la justicia una medida de no innovar. Pero tres meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la inconstitucionalidad de la norma, porque consideró que la provincia tiene "competencia exclusiva" en materia hidrocarburífera.
Según explicaron a Infobae tras un pedido de acceso a la información, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no mide la presencia de sustancias relacionadas con la producción de hidrocarburos en las frutas y hortalizas producidas en Allen, ya que sus controles se centran en residuos de agroquímicos. La pregunta es si los hidrocarburos o los elementos químicos que participan del proceso de extracción pueden contaminar la producción. Y si acaso el Senasa no debería controlarlo.
La Concerned Health Professionals de Nueva York publica desde hace años un compendio de hallazgos científicos sobre el fracking, cuyas autoras estuvieron el año pasado en Allen. Un capítulo entero del texto está destinado a las amenazas para la agricultura y la calidad del suelo en base a lo que ocurrió en algunas zonas de los Estados Unidos.
Algo que se encuentra muy seguido -y está documentado en California- es que varias compañías utilizan los pozos para eliminar las aguas residuales del fracking (flowback), que se conectan con fuentes de agua de calidad, en las que se detectaron arsénico, talio y nitratos. Esta técnica que se usa en casi la totalidad de los pozos en Vaca Muerta ha generado casos de contaminación, aunque las empresas aseguran que es un método seguro que está sometido a controles internos y externos.
"El porcentaje de agua que retorna luego de su inyección en el pozo es de entre un 25 y un 50%. La misma es sometida a un proceso físico químico de tratamiento para que alcance los valores del permiso de vertido -inyección en pozos sumideros- que otorga la autoridad de aplicación. Esto implica que el agua que se inyecta queda con una calidad de agua como la que existen en esas profundidades, que no es potable en su condición natural", explicaron desde YPF.
"Hoy casi la totalidad de las aguas de flowback de no convencional son vertidas en pozos sumideros muy profundos que en el caso de Vaca Muerta superan los 1200 mts de profundidad. Los cursos de agua potable se encuentran en esa zona por arriba de los 450 metros y se elige la formación que está a 1200 mts para inyección porque hay un sello geológico que la separa de los acuíferos usables. Por lo tanto es imposible que esas aguas se mezclen", abundaron desde YPF.
No obstante, no todos están de acuerdo con esa idea. "Cuando se haga la fractura hidráulica el hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces que haya 1700 metros de distancia [entre la formación y la fuente de agua] no es impedimento para que se contamine el agua, es solo cuestión de tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía se haya ido", advirtió el ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía, citado por el investigador Diego Rodil, en un estudio que fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Hay otros problemas detectados vinculados a la agricultura. Por ejemplo en Dakota del Norte, por los derrames, algunos niveles de cloruros fueron tan altos que superaron la capacidad de medición del Departamento de Salud. En Pensilvania, el Departamento de Protección Ambiental encontró que las fugas de las lagunas de aguas residuales contaminaron el suelo y las aguas subterráneas. En un tercer estudio, dos científicos de Colorado concluyeron que la restauración de las zonas en las que hay pozos requiere décadas e intensos esfuerzos. Por último está el problema de la contaminación lumínica, ya que los pozos están iluminados las 24 horas del día.
Producción
En 2015 se conoció una denuncia que tuvo amplia repercusión, cuando la productora de frutas orgánicas Jessica Lamperti, de Allen, contó en su cuenta de Facebook que un cliente del exterior le había dicho que quería "fruta libre de fracking" y que ya no le iba a comprar.
Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2008 en Allen se plantaron 6.453,3 hectáreas de peras y manzanas. El año pasado fueron 5.445 hectáreas, es decir, más de mil hectáreas menos.
La explicación, para Diego Rodil, es compleja. Dijo: "Hay multicausalidad, pero las malas políticas hacia las economías regionales y la vía libre al fracking, sin consulta a la ciudadanía, son las principales responsables".
.
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Leucemia, viviendas derrumbadas, sonidos insoportables, emisiones de gases tóxicos, gastroenteritis, vómitos, derrames. El relato se repite de vecino a vecino. Solo cambian las formas, pero las vivencias y creencias son similares. Para las petroleras, en cambio, es un ejemplo de una industria que genera unos 3 mil puestos de trabajo en todo Río Negro y que el año pasado le dejó a la provincia 500 millones de pesos en regalías. Junto a un equipo de Greenpeace, Infobae visitó Allen, la capital nacional de la pera, en Vaca Muerta, donde los cultivos de frutas que se consumen en el resto del país conviven con los pozos de fracking.
Allen es parte del yacimiento Estación Fernández Oro, en el sector rionegrino de Vaca Muerta. La explotación de hidrocarburos tiene varias décadas en la zona, pero con la irrupción de la técnica del fracking los pozos se multiplicaron en el área, donde el tight gas es la vedette. Aunque ni siquiera están claras las consecuencias a largo plazo del fracking sobre la salud y el medio ambiente, no hubo debate previo. Alguien decidió que así iba a ser y la vida cambió para siempre. La mayoría de los vecinos no quiere hablar, pero la regla tiene varias excepciones. ¿Es posible la convivencia del fracking con los cultivos si el gas y el petróleo pagan 10 veces más por hectárea? ¿Afecta la salud de los vecinos? ¿Y el medio ambiente?
"Simulacros"
Los accidentes en los pozos de la zona están lejos de ser una excepción. La sucesión es notable y contrasta con las afirmaciones del gobierno de la vecina provincia de Neuquén, que tras el derrame de crudo que ocurrió el 19 de octubre en Bandurria Sur, informó que desde 2014 no había habido problemas en la "zona". Esa declaración tenía una intencionalidad: instalar la idea de que en todo Vaca Muerta no hubo accidentes en los últimos años, y así lo comunicó buena parte de la prensa local. Naturalmente, es mentira.
En el Observatorio Petrolero Sur armaron una línea de tiempo de los accidentes solo en Allen. En 2014 explotaron dos pozos y otro se incendió y provocó llamas de hasta 15 metros de altura. El 2015 fue el año de los derrames. Fueron cuatro. En uno de ellos, en julio, los fluidos terminaron en una laguna que se conecta con otras que, a su vez, desembocan en el río Negro. La empresa Yacimientos del Sur (YSUR, subsidiaria de YPF) les ofreció a una veintena de vecinos de Calle Ciega 10 una compensación de 44 mil pesos al año, pero les exigió a cambio una cláusula de confidencialidad, la colaboración con la empresa en caso de protestas y la renuncia a nuevos reclamos.
Ese año también hubo una sucesión de explosiones en el pozo EFO 280, pero para el gobierno rionegrino fue un mero "silbido". Tras la denuncia de los vecinos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen, fue contundente. "Estoy viendo en Google Earth y acá no hay ningún barrio", declaró.
Al año siguiente se produjo el accidente más importante que se conoce en la zona, cuando se fugaron 240 mil litros de la llamada "agua de formación" de los pozos 360 y 362. Murieron animales y árboles frutales.
Hubo más incidentes. La mayoría de las veces, según los vecinos, les dicen que son simulacros, lo que contrasta -de acuerdo a esos testimonios-, con la cara de pánico de los trabajadores.
La polémica se redobla cuando la encargada de controlar está íntimamente ligada a la industria petroquímica. La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, es una de las dueñas de Quinpe SRL, una empresa que se dedica al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de hidrocarburos; y entre sus clientes tiene a YPF, Petrobras, Halliburton, TGS y Schlumberger, de acuerdo a una denuncia por contaminación que presentó este año la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por pedido del presidente del Concejo Deliberante de Estación Fernández Oro, Claudio Correa.
Contaminación invisible
Más allá de los accidentes, la contaminación de los pozos de gas y petróleo muchas veces no se puede ver. Eso es lo que buscó demostrar la ONG Earthworks cuando visitó Estación Fernández Oro con una cámara infrarroja traída desde los Estados Unidos para registrar gases invisibles que son altamente tóxicos y potencialmente mortales, conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre los que se encuentran benceno, butano, etilbenceno, metano, propano, octano, tolueno y xileno.
"Las personas expuestas a la contaminación de COVs que hemos detectado en Argentina pueden sufrir consecuencias a la salud al corto y al largo plazo, incluyendo padecimientos de cáncer", explicó el ambientalista Pete Dronkers, de la ONG.
El siguiente video fue filmado el 29 de marzo en un pozo de fracking en el corazón de la zona productiva de Allen, cerca del Río Negro. Como se puede ver, en las primeras imágenes no se ve nada raro, porque la contaminación no es visible, pero una vez que se activa el sensor infrarrojo, la enorme pluma de compuestos orgánicos volátiles queda expuesta:
Sin registros
—¿De dónde sos?
—De Allen
—Yo también.
—Yo también.
El diálogo, simplificado en este artículo, se dio en una sala de espera de un hospital de Neuquén en la que varias madres se dieron cuenta de que tenían dos denominadores en común: conviven con el fracking y los agroquímicos, y sus hijos tienen leucemia. Entonces surgió una sospecha que luego fue admitida por el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, a una periodista de Roca, y por su secretario a los vecinos: que en Allen hay al menos 7 casos de leucemia, es decir, entre tres y cuatro veces más de lo que estadísticamente es esperable.
Poco después una médica que pidió mantener su identidad reservada engrosó la cifra y le confesó a los vecinos que en realidad eran 12 casos, pero que como la mayoría estaban siendo atendidos en Neuquén, las estadísticas de Río Negro no lo reflejaban. Oficialmente, para la Provincia, hubo cuatro muertes y cinco internaciones por leucemia en Allen entre 2013 y 2017.
Infobae solicitó los datos duros a la cartera sanitaria, pero se encontró con muy poca colaboración. Eso sí: no quisieron decir cuántos casos hay en total ni desmintieron los siete denunciados por los vecinos. "Desconozco", se limitó a aclarar un vocero. Al margen de que la información no se pudo chequear, lo que queda al descubierto es una constante de las zonas en las que hay proyectos extractivistas sospechados de contaminación: el secretismo de las estadísticas médicas.
Al respecto, Allen tiene otro caso paradigmático, el de Rubén Ibáñez, que vive con su esposa y uno de sus hijos en el barrio Costa Este. Era el casero del Vivero El Alto, que ahora está abandonado. La dueña -dice- aceptó una "ayuda" de YPF para que unas cañerías pasen por debajo de sus tierras y dejó de lado el camino productivo. Detrás de su casa, a unos 10 metros, hay un arroyo. Del otro lado hay instalaciones petroleras de cuya existencia la familia Ibáñez se enteró por el ruido, cuando levantaron la torre de fracking. Nadie le avisó.
En la familia Ibáñez están convencidos de que los problemas de salud de Rubén empezaron de la mano del pozo AP.RN.EFE 141, que explotó a las 21 horas del 19 de marzo de 2014. "Saltaron las válvulas y se produjo una llamarada. Todo alrededor tembló. Fueron muchas horas con los gases tóxicos saliendo. Nadie nos vino a ayudar. La médica que llegó después no quería ni bajarse de la ambulancia para verme", repasó Rubén. "Yo empecé con asma y problemas respiratorios, y al final me encontraron una mancha en el pulmón derecho, pese a que nunca fumé", contó.
La palabra cáncer no es parte de su relato. Pero su esposa es más cruda. "Tiene un tumor", lanzó Zulema Campos mientras miraba su celular gastado en la cocina de su casa. "El agua no sirve ni para regar las plantas, porque sale contaminada. Todo es un desastre acá", se quejó. Poco antes de recibir a Infobae habían sufrido otro accidente de gran magnitud.
A Rubén no le quisieron dar los resultados de sus estudios en el hospital de Allen y, según denunció, tuvo que impulsar una acción judicial para acceder a sus antecedentes. La fiscal Julieta Villa ordenó un allanamiento en el que solo encontró la tapa de su historia clínica. No había nada más. Alguien quiso ocultar el antecedente.
El caso de Allen recuerda al de Bothel, un pequeño municipio alemán del estado de Baja Sajonia en el que la tasa de cáncer duplica a la esperada en la zona. En uno de sus pueblos, Bellen, uno de cada cinco vecinos tiene cáncer. ¿Los más comunes? Leucemia y linfoma. ¿Las causas? No están claras, pero ante la consulta de Infobae el médico local Mathias Bantz dijo que sospechan de la extracción de gas a través de fracking.
Determinar las causas de los problemas de salud asociados al ambiente siempre es un desafío. Y en el caso de Allen hay "por lo menos tres líneas de acumulación" de contaminación, según advirtió a este medio la socióloga Maristella Svampa, que acaba de publicar Chacra 51 (Sudamericana) sobre las transformaciones en Allen. "La primera, que está ligada al uso de agroquímicos en la agricultura; la segunda es la primera avanzada petrolera de los setenta en adelante; y la tercera es el fracking, que es como el tiro del final", indicó.
Fracking y salud
Quizás la falta de claridad sobre la situación de la leucemia en Allen y el caso de Rubén Ibáñez tengan que ver con los estudios que vinculan al fracking con los problemas de salud. Lejos del discurso que rezan las petroleras, una de las investigaciones más importantes sobre el tema fue realizada por la Universidad de Yale en base a 624 pozos en el Condado de Washington, en Pensilvania, y concluyó que la frecuencia de los problemas de salud aumentan a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Las enfermedades que más encontraron fueron erupciones cutáneas y problemas en las vías respiratorias.
Esos resultados van en la misma línea de dos estudios que vinculan el fracking al aumento de la tasa de hospitalizaciones en Pensilvania. Hay también un estudio en Estados Unidos que detectó hasta un 600% de aumento en la mortalidad infantil en las zonas cercanas a los pozos, otro que relaciona el fracking con el bajo peso al nacer y un tercero que lo asocia a defectos congénitos de corazón y de tubo neural en recién nacidos. También hay una investigación de la Universidad de Massachusetts con ratones que lo vincula al cáncer de mama. Y en los Estados Unidos encontraron que aumentaron las enfermedades de los perros que viven en torno a las torres.
El propio Departamento de Salud de Nueva York emitió un dictamen antes de prohibir el fracking en el Estado de Nueva York que concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento hasta ahora, ya que los estudios son pocos y limitados, pero aclaró que los resultados son "sugerentes". Por eso la pregunta es si acaso en materia sanitaria la norma no debería ser la prevención.
Agua, derrumbes y sonidos insoportables
Aunque los activistas antifracking suelen subrayar entre sus argumentos los peligros del cambio climático, los vecinos no hablan de eso, sino de problemas concretos. Su preocupación es otra. Estela Sánchez vivía en Guerrico, a unos 12 kilómetros de Allen. Tuvo que abandonar su casa porque el agua salía literalmente negra. Los análisis solicitados por el Departamento Provincial de Aguas a los que accedió Infobae detectaron la presencia de 0,10 miligramos por litro de hidrocarburos en el agua que salía de sus canillas. También había algunos químicos que no deberían haber estado en el agua, como manganeso, hierro total y carbonatos. Otros valores dieron por encima de lo aconsejable, como dureza total, bicarbonatos, sulfatos y el PH, entre otros.
Estela cambió, entonces, la chacra en la que plantaba peras y manzanas por una casa en la ciudad de Allen. Sin embargo, como muchos de sus vecinos, sigue comprando agua embotellada.
Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen. Pero la vida, dice, ya no es igual. "Lo primero que empezamos a notar son los problemas de salud. Vómitos, dolores de estómago, dolor de cabeza, olor a azufre todo el tiempo; vecinos con pancreatitis, dolores muy seguido", repasó.
Su caso está entre los más extremos: su casa literalmente se vino abajo. Aclaró que no es la única y recordó su nefasta experiencia. Comentó que todo empezó cuando se hizo intenso el tránsito en la zona por los camiones. El piso se empezó a levantar y las paredes, a rajar. Luego arrancó el fracking y hace unos seis meses llegó su Día D. "Estábamos todos afuera, tomando mate. Adentro estaban mi nieto de 3 años y uno de mis hijos mirando la televisión cuando se cayó el techo de una pieza y de la mitad del living. Ellos por suerte estaban en la parte del comedor, si no los podría haber aplastado", advirtió.
A pesar de que todos los testimonios tienen muchos lugares comunes, a diferencia de otros sitios en los que hay conflictos ambientales, en Allen no hay una organización que nuclee a los vecinos. Uno de los pocos que impulsa algún tipo de lucha colectiva es Juan Carlos Ponce, miembro de la Asamblea por el Agua.
"Defiendo la tierra, porque me crié en las chacras", expuso Ponce, gasista matriculado de profesión. "Acá en verano no se puede respirar. Pero además de la contaminación, el ruido es insoportable. Nosotros con un recurso de amparo logramos una multa de 2,5 millones de pesos a unas torres por contaminación sonora", indicó.
RSE
Aunque para Juan Ponce "la responsabilidad social empresaria es una coima", en YPF la ven como una estrategia válida para relacionarse con la comunidad en la que desarrollan sus actividades "orientados a generar valor compartido, fortalecer la licencia social y el compromiso de los empleados de la compañía", según explicaron desde la empresa a Infobae.
La Fundación YPF trabajó en el desarrollo del Plan Allen Sostenible. Además, desde 2014 realizó 26 capacitaciones en la zona, de las que participaron 484 alumnos que se especializaron en distintas áreas como construcción, energía eléctrica y software.
Para los próximos cuatro años, además, la empresa acordó con el gobierno provincial y la municipalidad un plan de obras por más de 50 millones de pesos para la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la entrega de asfalto para pavimentación de calles y el mejoramiento de espacios verdes.
La petrolera, además, ya realizó la conexión de 115 viviendas del barrio Costa Este a la red troncal de gas. También entregó hornos, calefactores y termotanques. La inversión fue de 15 millones de pesos. Y planea construir un nuevo centro operativo de 1.200 metros cuadrados cubiertos para concentrar toda su operación de la provincia de Río Negro en Allen.
Petróleo en la comida
Sin embargo, la convivencia con los vecinos y la producción tiene sus límites. Con la premisa de que el fracking y el cultivo de frutas, verduras y hortalizas no son compatibles, en agosto de 2013, el Concejo Deliberante de Allen aprobó una ordenanza que prohibía el fracking en el ejido de la comuna y le pidió al gobierno provincial que impulse en la justicia una medida de no innovar. Pero tres meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la inconstitucionalidad de la norma, porque consideró que la provincia tiene "competencia exclusiva" en materia hidrocarburífera.
Según explicaron a Infobae tras un pedido de acceso a la información, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no mide la presencia de sustancias relacionadas con la producción de hidrocarburos en las frutas y hortalizas producidas en Allen, ya que sus controles se centran en residuos de agroquímicos. La pregunta es si los hidrocarburos o los elementos químicos que participan del proceso de extracción pueden contaminar la producción. Y si acaso el Senasa no debería controlarlo.
La Concerned Health Professionals de Nueva York publica desde hace años un compendio de hallazgos científicos sobre el fracking, cuyas autoras estuvieron el año pasado en Allen. Un capítulo entero del texto está destinado a las amenazas para la agricultura y la calidad del suelo en base a lo que ocurrió en algunas zonas de los Estados Unidos.
Algo que se encuentra muy seguido -y está documentado en California- es que varias compañías utilizan los pozos para eliminar las aguas residuales del fracking (flowback), que se conectan con fuentes de agua de calidad, en las que se detectaron arsénico, talio y nitratos. Esta técnica que se usa en casi la totalidad de los pozos en Vaca Muerta ha generado casos de contaminación, aunque las empresas aseguran que es un método seguro que está sometido a controles internos y externos.
"El porcentaje de agua que retorna luego de su inyección en el pozo es de entre un 25 y un 50%. La misma es sometida a un proceso físico químico de tratamiento para que alcance los valores del permiso de vertido -inyección en pozos sumideros- que otorga la autoridad de aplicación. Esto implica que el agua que se inyecta queda con una calidad de agua como la que existen en esas profundidades, que no es potable en su condición natural", explicaron desde YPF.
"Hoy casi la totalidad de las aguas de flowback de no convencional son vertidas en pozos sumideros muy profundos que en el caso de Vaca Muerta superan los 1200 mts de profundidad. Los cursos de agua potable se encuentran en esa zona por arriba de los 450 metros y se elige la formación que está a 1200 mts para inyección porque hay un sello geológico que la separa de los acuíferos usables. Por lo tanto es imposible que esas aguas se mezclen", abundaron desde YPF.
No obstante, no todos están de acuerdo con esa idea. "Cuando se haga la fractura hidráulica el hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces que haya 1700 metros de distancia [entre la formación y la fuente de agua] no es impedimento para que se contamine el agua, es solo cuestión de tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía se haya ido", advirtió el ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía, citado por el investigador Diego Rodil, en un estudio que fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Hay otros problemas detectados vinculados a la agricultura. Por ejemplo en Dakota del Norte, por los derrames, algunos niveles de cloruros fueron tan altos que superaron la capacidad de medición del Departamento de Salud. En Pensilvania, el Departamento de Protección Ambiental encontró que las fugas de las lagunas de aguas residuales contaminaron el suelo y las aguas subterráneas. En un tercer estudio, dos científicos de Colorado concluyeron que la restauración de las zonas en las que hay pozos requiere décadas e intensos esfuerzos. Por último está el problema de la contaminación lumínica, ya que los pozos están iluminados las 24 horas del día.
Producción
En 2015 se conoció una denuncia que tuvo amplia repercusión, cuando la productora de frutas orgánicas Jessica Lamperti, de Allen, contó en su cuenta de Facebook que un cliente del exterior le había dicho que quería "fruta libre de fracking" y que ya no le iba a comprar.
Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2008 en Allen se plantaron 6.453,3 hectáreas de peras y manzanas. El año pasado fueron 5.445 hectáreas, es decir, más de mil hectáreas menos.
La explicación, para Diego Rodil, es compleja. Dijo: "Hay multicausalidad, pero las malas políticas hacia las economías regionales y la vía libre al fracking, sin consulta a la ciudadanía, son las principales responsables".
.
Etiquetas:
Jujuy convoca a conservación de bosques nativos
Jujuy: abren convocatoria 2019 para la conservación de bosques nativos
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente abrió la convocatoria 2019 de los Fondos para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331), para la presentación de planes y proyectos de manejo sustentable y de conservación de áreas boscosas de la provincia, a ejecutarse en predios incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las áreas boscosas de la provincia.
Mediante Resolución N° 135/2018 – MA, el Ministerio de Ambiente de Jujuy dispuso la apertura de la convocatoria de Bosques Nativos 2019, desde el 13 de noviembre hasta el 28 de diciembre del 2018, en el marco de la ley de presupuestos mínimos Nº 26.331.
Dicha norma establece recursos para la protección ambiental, el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que prestan.
De este modo, la convocatoria permitirá que se ejecuten fondos en los predios incorporados al Plan de Ordenamiento Territorial adaptativo para las áreas boscosas de la Provincia, y serán financiados por los fondos previstos en la propia Ley.
La implementación de las acciones constituye una de las prioridades en materia de política ambiental de la Provincia, que estableció la zonificación de los bosques nativos a través del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas.
Los interesados deberán registrarse en la página web del Ministerio de Ambiente: www.ambientejujuy.gob.ar, registrar el solicitante y el técnico responsable, cargándose los datos en forma digital. Los formularios a presentar, están disponibles en la misma web.
Cabe destacar que el soporte documental que debe presentarse para el cumplimiento de los requisitos formales exigidos, deberá ser ingresado por mesa de entrada de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, ubicado en calle República de Siria Nº 147, de San Salvador de Jujuy, con lo que la inscripción quedará formalizada.
.
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente abrió la convocatoria 2019 de los Fondos para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331), para la presentación de planes y proyectos de manejo sustentable y de conservación de áreas boscosas de la provincia, a ejecutarse en predios incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las áreas boscosas de la provincia.
Mediante Resolución N° 135/2018 – MA, el Ministerio de Ambiente de Jujuy dispuso la apertura de la convocatoria de Bosques Nativos 2019, desde el 13 de noviembre hasta el 28 de diciembre del 2018, en el marco de la ley de presupuestos mínimos Nº 26.331.
Dicha norma establece recursos para la protección ambiental, el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que prestan.
De este modo, la convocatoria permitirá que se ejecuten fondos en los predios incorporados al Plan de Ordenamiento Territorial adaptativo para las áreas boscosas de la Provincia, y serán financiados por los fondos previstos en la propia Ley.
La implementación de las acciones constituye una de las prioridades en materia de política ambiental de la Provincia, que estableció la zonificación de los bosques nativos a través del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas.
Los interesados deberán registrarse en la página web del Ministerio de Ambiente: www.ambientejujuy.gob.ar, registrar el solicitante y el técnico responsable, cargándose los datos en forma digital. Los formularios a presentar, están disponibles en la misma web.
Cabe destacar que el soporte documental que debe presentarse para el cumplimiento de los requisitos formales exigidos, deberá ser ingresado por mesa de entrada de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, ubicado en calle República de Siria Nº 147, de San Salvador de Jujuy, con lo que la inscripción quedará formalizada.
.
Un oso melero ofrecido por red social
Insólito: Se ofrecía en redes sociales oso melero
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el día de hoy se realizó un procedimiento para rescatar un oso melero (tamandúa tetradáctilo) el cual estaba a la venta a través de redes sociales.
Tras virilizarse imágenes del animal, Gendarmería recaudo información suficiente para dar con el paradero del mismo, que se encontraba en la casa de su captor en cercanías de zona Rural, Localidad Pinto, logrando rescatarlo del ciudadano que lo tenía en cautiverio.
Intervino Dirección de Fauna Provincial cumpliendo con la Ley Provincial 4.802 de protección de fauna silvestre, quienes liberarían más tarde al animal en un lugar seguro.
.
Fecha de Publicación: 19/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En el día de hoy se realizó un procedimiento para rescatar un oso melero (tamandúa tetradáctilo) el cual estaba a la venta a través de redes sociales.
Tras virilizarse imágenes del animal, Gendarmería recaudo información suficiente para dar con el paradero del mismo, que se encontraba en la casa de su captor en cercanías de zona Rural, Localidad Pinto, logrando rescatarlo del ciudadano que lo tenía en cautiverio.
Intervino Dirección de Fauna Provincial cumpliendo con la Ley Provincial 4.802 de protección de fauna silvestre, quienes liberarían más tarde al animal en un lugar seguro.
.
Multa histórica en Misiones por desmontes
Ecología aplicó multa de casi 4 millones de pesos por desmonte ilegal e intimó al infractor a restaurar la superficie desmontada
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la Dirección General de Bosques Nativos, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se procedió a sancionar al propietario de dos inmuebles radicados uno en el municipio de San Vicente y otro en el municipio de Bernardo de Irigoyen, por desmontar, en el primero una superficie total 82,50 has (categoría II-Amarillo de la Ley XVI N°105 de Bosques Nativos) en virtud del Acta de Constatación realizada en fecha 11 de Enero de 2017, y en el segundo caso por constatación realizada en fecha 05 de Abril de 2018, en que se detectó el cambio de uso de suelo de una superficie total de 205,52 has, desmonte sin autorización de la autoridad de aplicación conforme a lo establecido por el Art. 11 y 12 de la Ley XVI Nº 105, Decreto Reglamentario Nº 67/11 y Ley Nacional Nº 26331.
Habiéndose llevado adelante la etapa probatoria en ambos sumarios se procedió a establecer una sanción pecuniaria por un importe de total de tres millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos, ($ 3.832.984), monto que se encuentra en proceso administrativo de cobro y asimismo también se estableció como sanción accesoria la obligación de restauración, para lo cual fue intimado para que dentro del plazo de treinta días presente un Plan de Restauración de la superficie desmontada sobre suelo no apto para cambio de uso de suelo, a los fines de que la misma vuelva a contar con bosque nativo, y el cual será sometido a monitoreo por técnicos del Ministerio de Ecología y de RNR.
.
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la Dirección General de Bosques Nativos, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se procedió a sancionar al propietario de dos inmuebles radicados uno en el municipio de San Vicente y otro en el municipio de Bernardo de Irigoyen, por desmontar, en el primero una superficie total 82,50 has (categoría II-Amarillo de la Ley XVI N°105 de Bosques Nativos) en virtud del Acta de Constatación realizada en fecha 11 de Enero de 2017, y en el segundo caso por constatación realizada en fecha 05 de Abril de 2018, en que se detectó el cambio de uso de suelo de una superficie total de 205,52 has, desmonte sin autorización de la autoridad de aplicación conforme a lo establecido por el Art. 11 y 12 de la Ley XVI Nº 105, Decreto Reglamentario Nº 67/11 y Ley Nacional Nº 26331.
Habiéndose llevado adelante la etapa probatoria en ambos sumarios se procedió a establecer una sanción pecuniaria por un importe de total de tres millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos, ($ 3.832.984), monto que se encuentra en proceso administrativo de cobro y asimismo también se estableció como sanción accesoria la obligación de restauración, para lo cual fue intimado para que dentro del plazo de treinta días presente un Plan de Restauración de la superficie desmontada sobre suelo no apto para cambio de uso de suelo, a los fines de que la misma vuelva a contar con bosque nativo, y el cual será sometido a monitoreo por técnicos del Ministerio de Ecología y de RNR.
.
Avanza la inminente modificación de la 7722
Avanza proyecto del PJ para cambiar ley 7.722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
.
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
.
Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas
Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
.
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
.
Dictamen para avanzar en la ley de semillas del agronegocio
"Los semilleros" cosecharán su propia ley en el Congreso
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
.
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
.
La Barrick también acusada de evasora
En la causa por evasión, Barrick dijo que la AFIP cambió el criterio impositivo
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
La minera explicó que en 2010 y 2011 pagó todos los impuestos que hoy están bajo la lupa de la entidad fiscal.
La AFIP había salido con los tapones de punta contra la minera Barrick al denunciar a cinco exdirectivos y un ejecutivo en funciones por una evasión impositiva ocurrida en 2010 y 2011 de poco más de 543 millones de pesos, habían revelado fuentes calificadas. Ante la consulta de este medio, la empresa emitió ayer un comunicado en el que se defendió y remarcó que "seis años después de presentar sus declaraciones juradas, un cambio retroactivo en el criterio fiscal sumió a la compañía en un conflicto inesperado". En ese marco, en el escrito se destaca que la compañía "ha calculado, declarado y pagado correctamente todos los impuestos que corresponden en todos los períodos", además de resaltar que aplicaron las normas vigentes, "respetando los criterios oportunamente aceptados por la autoridad fiscal".
En líneas generales, la disputa estalló porque el organismo recaudador entiende que Barrick hizo pasar como préstamos aportes de capital de entidades extranjeras, bajo el control de la casa matriz Barrick Gold Corporation. ¿En qué incide esto? En que al registrarse como préstamos en el balance anual, figuran como pasivos que aumentan los gastos y cuando estos se restan de los ingresos que tiene la compañía, es menor la base imponible de donde se calcula el impuesto, por lo tanto, se paga menos de Ganancias. Esa mecánica es el que habría ocasionado el mayor volumen de la presunta evasión, según la AFIP.
Si bien la minera no lo señala en el comunicado, las fuentes explicaron que el cambio de criterio del fisco se produjo en 2016. Barrick sí señaló "que este reclamo retroactivo fue apelado oportunamente" y que "se encuentra aún pendiente de resolución". El organismo administrativo que tiene la causa es el Tribunal Fiscal de la Nación. En el escrito también resaltan que hay "puntos de vista contrapuestos entre nuestra empresa y AFIP" y que defenderán "el criterio aplicado por la compañía". Esto último significa, según se desprende, que apuntarán a que lo que recibieron de las compañías del exterior fueron préstamos y no aportes de capital. Además, agregaron que "en ningún momento la compañía ocultó información" al punto que "la información en que la autoridad impositiva fundó su reclamo es la que fue oportunamente presentada en forma voluntaria" y que la disputa encuadra en "una cuestión de interpretación normativa ajena al ámbito penal".
El tema no es menor porque, de comprobarse, se trataría de la evasión más grande de la historia local. El organismo recaudador no se anduvo con vueltas y radicó la denuncia en la Justicia Federal. El fiscal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que abra la investigación y este, luego de analizar el expediente, fijó las fechas para indagar a los presuntos responsables que trabajaron entre 2010 y 2011. El 12 de diciembre interrogará a los peruanos Igor Alcides Gonzáles Galindo, expresidente de la región de Sudamérica de Barrick, y a Dante Luis Vargas Ghersi, exgerente General de Veladero. El día siguiente se sentarán frente al magistrado Julio Claudeville, ex gerente de Asuntos Corporativos, y Jimena Daneri, ex gerente de Legales de Argentina. Y el 18 del mes que viene serán indagados Hernán Zaballa y Alejandro Minuto (hoy en funciones). Sus situaciones son delicadas, ya que por ahora están encuadrados en la figura de evasión agravada (por montos superiores a 15 millones de pesos), la cual tiene una escala penal que va de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Así, en el caso de recaer condena, esta no es excarcelable.
.
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
La minera explicó que en 2010 y 2011 pagó todos los impuestos que hoy están bajo la lupa de la entidad fiscal.
La AFIP había salido con los tapones de punta contra la minera Barrick al denunciar a cinco exdirectivos y un ejecutivo en funciones por una evasión impositiva ocurrida en 2010 y 2011 de poco más de 543 millones de pesos, habían revelado fuentes calificadas. Ante la consulta de este medio, la empresa emitió ayer un comunicado en el que se defendió y remarcó que "seis años después de presentar sus declaraciones juradas, un cambio retroactivo en el criterio fiscal sumió a la compañía en un conflicto inesperado". En ese marco, en el escrito se destaca que la compañía "ha calculado, declarado y pagado correctamente todos los impuestos que corresponden en todos los períodos", además de resaltar que aplicaron las normas vigentes, "respetando los criterios oportunamente aceptados por la autoridad fiscal".
En líneas generales, la disputa estalló porque el organismo recaudador entiende que Barrick hizo pasar como préstamos aportes de capital de entidades extranjeras, bajo el control de la casa matriz Barrick Gold Corporation. ¿En qué incide esto? En que al registrarse como préstamos en el balance anual, figuran como pasivos que aumentan los gastos y cuando estos se restan de los ingresos que tiene la compañía, es menor la base imponible de donde se calcula el impuesto, por lo tanto, se paga menos de Ganancias. Esa mecánica es el que habría ocasionado el mayor volumen de la presunta evasión, según la AFIP.
Si bien la minera no lo señala en el comunicado, las fuentes explicaron que el cambio de criterio del fisco se produjo en 2016. Barrick sí señaló "que este reclamo retroactivo fue apelado oportunamente" y que "se encuentra aún pendiente de resolución". El organismo administrativo que tiene la causa es el Tribunal Fiscal de la Nación. En el escrito también resaltan que hay "puntos de vista contrapuestos entre nuestra empresa y AFIP" y que defenderán "el criterio aplicado por la compañía". Esto último significa, según se desprende, que apuntarán a que lo que recibieron de las compañías del exterior fueron préstamos y no aportes de capital. Además, agregaron que "en ningún momento la compañía ocultó información" al punto que "la información en que la autoridad impositiva fundó su reclamo es la que fue oportunamente presentada en forma voluntaria" y que la disputa encuadra en "una cuestión de interpretación normativa ajena al ámbito penal".
El tema no es menor porque, de comprobarse, se trataría de la evasión más grande de la historia local. El organismo recaudador no se anduvo con vueltas y radicó la denuncia en la Justicia Federal. El fiscal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que abra la investigación y este, luego de analizar el expediente, fijó las fechas para indagar a los presuntos responsables que trabajaron entre 2010 y 2011. El 12 de diciembre interrogará a los peruanos Igor Alcides Gonzáles Galindo, expresidente de la región de Sudamérica de Barrick, y a Dante Luis Vargas Ghersi, exgerente General de Veladero. El día siguiente se sentarán frente al magistrado Julio Claudeville, ex gerente de Asuntos Corporativos, y Jimena Daneri, ex gerente de Legales de Argentina. Y el 18 del mes que viene serán indagados Hernán Zaballa y Alejandro Minuto (hoy en funciones). Sus situaciones son delicadas, ya que por ahora están encuadrados en la figura de evasión agravada (por montos superiores a 15 millones de pesos), la cual tiene una escala penal que va de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Así, en el caso de recaer condena, esta no es excarcelable.
.
Jujuy: lanzan campaña de educación sobre biodiversidad
Educación ambiental en biodiversidad
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), en el marco de la política de Educación Ambiental y en su misión de sensibilizar y concientizar a niños y jóvenes sobre el valor e importancia de la conservación y cuidado del ambiente y de los animales silvestres, recibió a 245 alumnos de establecimientos educativos de distintos niveles de capital y el interior, durante los últimos meses.
A través del proyecto “Construyendo Caminos”, el personal del CAFAJu brindó una serie de charlas sobre la fauna autóctona de la región, flora, eco regiones y medio ambiente, a diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Además de realizar visitas guiadas por el predio y ofrecer observación de algunos individuos de fauna silvestres que están siendo recuperados en el Centro.
Se trata de un espacio de diálogo y aprendizaje, por medio del cual se fortalece la articulación del Ministerio de Ambiente y los establecimientos educativos; además de facilitar el vínculo entre el CAFAJu y los docentes y alumnos, a partir de la demanda vinculada a la formación para el cuidado y preservación del medio natural.
Cabe destacar que la apertura representa además la posibilidad de trabajar desde los primeros años de las etapas educativas respecto a la valoración y concientización del cuidado y el respeto por todos los organismos que forman parte del ambiente. Más aun en una etapa clave para el desarrollo de capacidades y generación de conocimiento y conciencia ambiental en las personas.
En ese sentido el proyecto apunta a garantizar el acceso al conocimiento, con experiencias directas, a través de acciones conjuntas entre el CAFAJu e Instituciones Educativas de la provincia.
A partir de la información brindada a los niños, niñas y jóvenes, se busca que incorporen el conocimiento con el fin de que sean un efecto multiplicador de esta información tanto en sus hogares como en todo su entorno.
.
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Jujuy al Dia
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia, a través del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), en el marco de la política de Educación Ambiental y en su misión de sensibilizar y concientizar a niños y jóvenes sobre el valor e importancia de la conservación y cuidado del ambiente y de los animales silvestres, recibió a 245 alumnos de establecimientos educativos de distintos niveles de capital y el interior, durante los últimos meses.
A través del proyecto “Construyendo Caminos”, el personal del CAFAJu brindó una serie de charlas sobre la fauna autóctona de la región, flora, eco regiones y medio ambiente, a diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Además de realizar visitas guiadas por el predio y ofrecer observación de algunos individuos de fauna silvestres que están siendo recuperados en el Centro.
Se trata de un espacio de diálogo y aprendizaje, por medio del cual se fortalece la articulación del Ministerio de Ambiente y los establecimientos educativos; además de facilitar el vínculo entre el CAFAJu y los docentes y alumnos, a partir de la demanda vinculada a la formación para el cuidado y preservación del medio natural.
Cabe destacar que la apertura representa además la posibilidad de trabajar desde los primeros años de las etapas educativas respecto a la valoración y concientización del cuidado y el respeto por todos los organismos que forman parte del ambiente. Más aun en una etapa clave para el desarrollo de capacidades y generación de conocimiento y conciencia ambiental en las personas.
En ese sentido el proyecto apunta a garantizar el acceso al conocimiento, con experiencias directas, a través de acciones conjuntas entre el CAFAJu e Instituciones Educativas de la provincia.
A partir de la información brindada a los niños, niñas y jóvenes, se busca que incorporen el conocimiento con el fin de que sean un efecto multiplicador de esta información tanto en sus hogares como en todo su entorno.
.
La Pampa: pulverizadores no pueden ingresar a los pueblos
Prohibieron el ingreso de pulverizadores a los 80 pueblos de la provincia
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Diario Textual (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.
“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías, de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.
El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.
También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.
.
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Diario Textual (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.
“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías, de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.
El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.
También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.
.
Más adjudicaciones hidrocarburíferas en Río Negro
Río Negro adjudicó seis nuevas áreas hidrocarburíferas
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Las empresas President y Aconcagua se asociarán con la estatal EDHIPSA para explotar los recursos del subsuelo rionegrino.
El Gobierno Provincial adjudicó a las compañías President Petroleum y Petrolera Aconcagua Energía la concesión de explotación de seis áreas hidrocarburíferas con planes de inversión de 68.000.000 de dólares para el próximo quinquenio.
Se trata de las áreas Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, que fueron adjudicadas por decreto 1523/18 a Petrolera Aconcagua Energía; y Las Bases y Puesto Prado, a President Petroleum, por decreto 1507/18; ambas en el marco de una licitación pública internacional.
Los acuerdos establecen que la empresa provincial EDHIPSA tenga una participación en los bloques adjudicados en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedieron. Es por ello que el decreto prevé que en los próximos días, tanto President como Aconcagua deberán firmar un contrato de Unión Transitorio de Empresas (UTE) con EDHIPSA, lo cual les permitirá comenzar con la actividad.
Sobre el plan de inversiones que aprobó la Secretaría de Energía para las áreas, estará respaldado por una garantía de cumplimiento de los compromisos, que las empresas deberán entregar a la Provincia por cada bloque concesionado.
.
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Las empresas President y Aconcagua se asociarán con la estatal EDHIPSA para explotar los recursos del subsuelo rionegrino.
El Gobierno Provincial adjudicó a las compañías President Petroleum y Petrolera Aconcagua Energía la concesión de explotación de seis áreas hidrocarburíferas con planes de inversión de 68.000.000 de dólares para el próximo quinquenio.
Se trata de las áreas Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, que fueron adjudicadas por decreto 1523/18 a Petrolera Aconcagua Energía; y Las Bases y Puesto Prado, a President Petroleum, por decreto 1507/18; ambas en el marco de una licitación pública internacional.
Los acuerdos establecen que la empresa provincial EDHIPSA tenga una participación en los bloques adjudicados en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedieron. Es por ello que el decreto prevé que en los próximos días, tanto President como Aconcagua deberán firmar un contrato de Unión Transitorio de Empresas (UTE) con EDHIPSA, lo cual les permitirá comenzar con la actividad.
Sobre el plan de inversiones que aprobó la Secretaría de Energía para las áreas, estará respaldado por una garantía de cumplimiento de los compromisos, que las empresas deberán entregar a la Provincia por cada bloque concesionado.
.
Bombas de semillas para los biocorredores del Riachuelo
Alumnos sumaron bombas de semillas para los biocorredores de la Cuenca
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Pertenecen a la Escuela Especial 503 y a la Escuela 27 de Escobar. Para confeccionar las bombas fueron asistidos por personal de la Reserva Natural de Otamendi de la localidad de Campana. Las bombas formarán parte del programa de Recuperación, recomposición y desarrollo de Servicios Ecosistémicos para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo
En la última semana de octubre, un grupo de alumnos de Escobar, que asisten a la Escuela Especial 503 y a la Escuela 27, entregaron a las autoridades de ACUMAR una numerosa cantidad de bombas de semillas que elaboraron con plantas nativas para ser incorporadas en los biocorredores de la Cuenca Matanza Riachuelo que formarán parte del programa de Recuperación, recomposición y desarrollo de Servicios Ecosistémicos para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo llevado adelante por la Dirección de Impacto Ambiental de ACUMAR.
Las semillas pertenecen a especies nativas de la Cuenca como: Ceibo, Sesbania, Espinillo, Ombú, Timbo, Carpinchera, Sen del Campo y Algarrobo blanco, entre otras. Para desarrollar estas bombas, los estudiantes fueron asistidos por personal de la Reserva Natural de Otamendi de la localidad de Campana.
Jimena Vallone, directora general de Gestión Política y Social; Cristian Botana, director de Fortalecimiento Comunitario; y Carlos Nadra, director de Impacto Ambiental recibieron en nombre de ACUMAR este proyecto ambiental que será utilizado en el marco de los programas de Biocorredores y Mentah (Multiplicación de Especies Nativas y Talleres de Huerta).
El programa de Recuperación, recomposición y desarrollo de Servicios Ecosistémicos para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo apunta a una gestión responsable y planificada de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos (recarga de acuíferos, autodepuración de las aguas, regulación de la temperatura, regulación de inundaciones, formación de suelos, refugio y desarrollo de flora y fauna nativa, mayor resiliencia de poblaciones vulnerables, incremento de recursos para el desarrollo económico, ectétera) que contribuyan al saneamiento de la Cuenca; mejoren la calidad de vida de sus habitantes y reparen los niveles de seguridad alimentaria de la población.
El programa Mentah es ejecutado por la Dirección de Fortalecimiento Comunitario en conjunto con el programa Hacemos Futuro del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación. Está dirigido a la capacitación de cooperativistas para la multiplicación de especies nativas con el fin de ser instalarlas en áreas contaminadas de la Cuenca Matanza Riachuelo y para la realización de talleres de huerta con el fin de autoabastecerse o vender las semillas.
¿Qué es una bomba de semillas?
Es una técnica de cultivo sencilla, económica y eficiente a la hora de reforestar, reverdecer o regenerar suelos; desarrollada por el biólogo, agricultor y filósofo japonés Masanobu Fukuoka (1913-2008); que consiste en crear unas bolas de mezcla que incluirá las semillas además de algún abono natural como el humus; de leguminosas que fijen oxígeno; de pimienta para repeler a los roedores; y de otras plantas de rápida germinación para crear una fina capa que protege el suelo de la luz, evitando que crezcan malezas pero no lo que se desea cultivar. Es una técnica que no requiere de ningún trabajo previo sobre el suelo; y la probabilidad de éxito es alta, gracias a que la arcilla evita que los pájaros ingieran las semillas y las protege de las inclemencias meteorológicas.
.
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Pertenecen a la Escuela Especial 503 y a la Escuela 27 de Escobar. Para confeccionar las bombas fueron asistidos por personal de la Reserva Natural de Otamendi de la localidad de Campana. Las bombas formarán parte del programa de Recuperación, recomposición y desarrollo de Servicios Ecosistémicos para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo
En la última semana de octubre, un grupo de alumnos de Escobar, que asisten a la Escuela Especial 503 y a la Escuela 27, entregaron a las autoridades de ACUMAR una numerosa cantidad de bombas de semillas que elaboraron con plantas nativas para ser incorporadas en los biocorredores de la Cuenca Matanza Riachuelo que formarán parte del programa de Recuperación, recomposición y desarrollo de Servicios Ecosistémicos para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo llevado adelante por la Dirección de Impacto Ambiental de ACUMAR.
Las semillas pertenecen a especies nativas de la Cuenca como: Ceibo, Sesbania, Espinillo, Ombú, Timbo, Carpinchera, Sen del Campo y Algarrobo blanco, entre otras. Para desarrollar estas bombas, los estudiantes fueron asistidos por personal de la Reserva Natural de Otamendi de la localidad de Campana.
Jimena Vallone, directora general de Gestión Política y Social; Cristian Botana, director de Fortalecimiento Comunitario; y Carlos Nadra, director de Impacto Ambiental recibieron en nombre de ACUMAR este proyecto ambiental que será utilizado en el marco de los programas de Biocorredores y Mentah (Multiplicación de Especies Nativas y Talleres de Huerta).
El programa de Recuperación, recomposición y desarrollo de Servicios Ecosistémicos para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo apunta a una gestión responsable y planificada de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos (recarga de acuíferos, autodepuración de las aguas, regulación de la temperatura, regulación de inundaciones, formación de suelos, refugio y desarrollo de flora y fauna nativa, mayor resiliencia de poblaciones vulnerables, incremento de recursos para el desarrollo económico, ectétera) que contribuyan al saneamiento de la Cuenca; mejoren la calidad de vida de sus habitantes y reparen los niveles de seguridad alimentaria de la población.
El programa Mentah es ejecutado por la Dirección de Fortalecimiento Comunitario en conjunto con el programa Hacemos Futuro del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación. Está dirigido a la capacitación de cooperativistas para la multiplicación de especies nativas con el fin de ser instalarlas en áreas contaminadas de la Cuenca Matanza Riachuelo y para la realización de talleres de huerta con el fin de autoabastecerse o vender las semillas.
¿Qué es una bomba de semillas?
Es una técnica de cultivo sencilla, económica y eficiente a la hora de reforestar, reverdecer o regenerar suelos; desarrollada por el biólogo, agricultor y filósofo japonés Masanobu Fukuoka (1913-2008); que consiste en crear unas bolas de mezcla que incluirá las semillas además de algún abono natural como el humus; de leguminosas que fijen oxígeno; de pimienta para repeler a los roedores; y de otras plantas de rápida germinación para crear una fina capa que protege el suelo de la luz, evitando que crezcan malezas pero no lo que se desea cultivar. Es una técnica que no requiere de ningún trabajo previo sobre el suelo; y la probabilidad de éxito es alta, gracias a que la arcilla evita que los pájaros ingieran las semillas y las protege de las inclemencias meteorológicas.
.
Malestar en Acumar por el recorte presupuestario
Tensión en el Gobierno por el traspaso de la Acumar y un agujero millonario
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dependía de Ambiente y pasaría a Interior, pero con fuerte recorte.
Es uno de los coletazos menos conocido de la manoseada reducción de ministerios del Gabinete nacional que tuvo en vilo al círculo rojo del país aquel domingo 2 de septiembre. Como parte del recorte, Ambiente bajó de rango, a secretaría, y según la jerga del organigrama quedó “colgando” de Presidencia. Fue otro ajuste en la zona de acción del rabino Sergio Bergman. Con el cambio se decidió, además, sacar de allí a la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar) y pasarla al Ministerio del Interior. Esa mudanza se está negociando ahora. Con tensión y un agujero de 1.000 millones de pesos.
Clarín accedió a un informe interno que advierte sobre los problemas en el organismo. Primero recuerda el lastre que acarrea casi desde que fue creado, en 2006. Básicamente, no pudo cumplir con los objetivos que le planteó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que intervino y monitorea junto a dos jueces federales el tema ambiental de la cuenca.
Pero luego el informe asegura que “la gestión actual, a pesar de la homogeneidad en el color político de su administración (Cambiemos comanda Nación, Provincia y Ciudad, además de algunos municipios que integran el organismo) tampoco ha logrado grandes avances, recibiendo fuertes críticas por parte de la CSJN durante su audiencia Pública el 14 de marzo de este año”.
Luego, sigue con sus críticas: “El organismo, durante la actual gestión tuvo un incremento acumulado de su personal del 50%; pasando de menos de 500 empleados a más de 750. Sus cargos jerárquicos aumentaron un 25%, creando 12 nuevos Directivos, mientras que los números más sorprendentes se encuentran en las contrataciones de locaciones de servicios; de las 11 liquidadas al 30 de diciembre de 2015 incrementaron su cantidad en más de 200 contratos hasta el presente año”.
Y concluye: “Es claro que la mayor disposición de liquidez no ha redundado en mayores resultados. Es necesario aplicar un plan racional de saneamiento que permita resultados tangibles, tanto a la Justicia como a los ciudadanos”.
¿Cuáles son los números gruesos de Acumar que se manejan en la Rosada y que generan resistencia en el ministro Rogelio Frigerio? En el marco de los recortes previstos para el año próximo, el organismo pasaría de un presupuesto de 1.800 millones este año a sólo 800 millones el próximo. Un agujero de 1.000 millones.
“El recorte lo propuso ( Mario) Quintana, antes de irse. Era el que monitoreaba Acumar. Pero con 800 millones apenas si llegás a pagar el personal”, asegura una alta fuente oficial.
Además de los empleados, el otro gasto grueso de la Autoridad es un contrato con la Ceamse, de unos 800 millones, para que limpie los basurales que se forman a los costados del Riachuelo. “El objetivo de Quintana, que en la teoría no estaba mal, era que una vez que limpiabas los basurales luego los controlaran los intendentes. Hay 14 municipios involucrados en la Cuenca. Pero esto no pasó y es imposible plantearlo ahora para 2019”.
Una auditoría previa de Acumar, de la actual gestión, advertía que “el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales”. El área de influencia de la cuenca involucra a siete millones de personas.
“Acá hay dos jueces federales que controlan con la Corte el tema ambiental y la inversión pública. Uno de Morón, Jorge Rodríguez (ver más información en el recuadro) y uno de Comodoro Py (Sergio Torres). No podés dejar de limpiar. Y la otra opción de reducción es echar gente. ¿En un contexto recesivo y en un año electoral?”, amplía otra fuente que negocia el traspaso.
El tema ya fue planteado por Frigerio al Gabinete. El tiempo aprieta: en estos momentos se está armando un DNU para mover a la Acumar dentro del organigrama. Debe ser así porque fue creada por ley. E incluso deberá ser informado previamente a la Corte Suprema.
Pero más allá de los nombres (Frigerio quiere colocar allí a uno de sus secretarios de confianza) la discusión hoy en el Gobierno es otra. Por plata. Y mucha.
.
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dependía de Ambiente y pasaría a Interior, pero con fuerte recorte.
Es uno de los coletazos menos conocido de la manoseada reducción de ministerios del Gabinete nacional que tuvo en vilo al círculo rojo del país aquel domingo 2 de septiembre. Como parte del recorte, Ambiente bajó de rango, a secretaría, y según la jerga del organigrama quedó “colgando” de Presidencia. Fue otro ajuste en la zona de acción del rabino Sergio Bergman. Con el cambio se decidió, además, sacar de allí a la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar) y pasarla al Ministerio del Interior. Esa mudanza se está negociando ahora. Con tensión y un agujero de 1.000 millones de pesos.
Clarín accedió a un informe interno que advierte sobre los problemas en el organismo. Primero recuerda el lastre que acarrea casi desde que fue creado, en 2006. Básicamente, no pudo cumplir con los objetivos que le planteó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que intervino y monitorea junto a dos jueces federales el tema ambiental de la cuenca.
Pero luego el informe asegura que “la gestión actual, a pesar de la homogeneidad en el color político de su administración (Cambiemos comanda Nación, Provincia y Ciudad, además de algunos municipios que integran el organismo) tampoco ha logrado grandes avances, recibiendo fuertes críticas por parte de la CSJN durante su audiencia Pública el 14 de marzo de este año”.
Luego, sigue con sus críticas: “El organismo, durante la actual gestión tuvo un incremento acumulado de su personal del 50%; pasando de menos de 500 empleados a más de 750. Sus cargos jerárquicos aumentaron un 25%, creando 12 nuevos Directivos, mientras que los números más sorprendentes se encuentran en las contrataciones de locaciones de servicios; de las 11 liquidadas al 30 de diciembre de 2015 incrementaron su cantidad en más de 200 contratos hasta el presente año”.
Y concluye: “Es claro que la mayor disposición de liquidez no ha redundado en mayores resultados. Es necesario aplicar un plan racional de saneamiento que permita resultados tangibles, tanto a la Justicia como a los ciudadanos”.
¿Cuáles son los números gruesos de Acumar que se manejan en la Rosada y que generan resistencia en el ministro Rogelio Frigerio? En el marco de los recortes previstos para el año próximo, el organismo pasaría de un presupuesto de 1.800 millones este año a sólo 800 millones el próximo. Un agujero de 1.000 millones.
“El recorte lo propuso ( Mario) Quintana, antes de irse. Era el que monitoreaba Acumar. Pero con 800 millones apenas si llegás a pagar el personal”, asegura una alta fuente oficial.
Además de los empleados, el otro gasto grueso de la Autoridad es un contrato con la Ceamse, de unos 800 millones, para que limpie los basurales que se forman a los costados del Riachuelo. “El objetivo de Quintana, que en la teoría no estaba mal, era que una vez que limpiabas los basurales luego los controlaran los intendentes. Hay 14 municipios involucrados en la Cuenca. Pero esto no pasó y es imposible plantearlo ahora para 2019”.
Una auditoría previa de Acumar, de la actual gestión, advertía que “el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales”. El área de influencia de la cuenca involucra a siete millones de personas.
“Acá hay dos jueces federales que controlan con la Corte el tema ambiental y la inversión pública. Uno de Morón, Jorge Rodríguez (ver más información en el recuadro) y uno de Comodoro Py (Sergio Torres). No podés dejar de limpiar. Y la otra opción de reducción es echar gente. ¿En un contexto recesivo y en un año electoral?”, amplía otra fuente que negocia el traspaso.
El tema ya fue planteado por Frigerio al Gabinete. El tiempo aprieta: en estos momentos se está armando un DNU para mover a la Acumar dentro del organigrama. Debe ser así porque fue creada por ley. E incluso deberá ser informado previamente a la Corte Suprema.
Pero más allá de los nombres (Frigerio quiere colocar allí a uno de sus secretarios de confianza) la discusión hoy en el Gobierno es otra. Por plata. Y mucha.
.
Nuevamente Buenos Aires inundada
Más de 2200 evacuados en toda la provincia por las inundaciones
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El distrito más afectado por las intensas lluvias es La Matanza; muchos de los vecinos temen abandonar sus hogares por los robos; en la localidad de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado
A Norma Torrico el agua le llega casi hasta la cintura. Está en la cocina de su casa en el barrio Luján, en Gregorio de Laferrere , en una de las localidades del distrito más afectado por las inundaciones de los últimos días: La Matanza . No quiso irse de su hogar porque tiene miedo de volver del centro de evacuados y quedarse sin nada.
Ella es una de las casi 1000 personas que viven en este barrio que desde el sábado pasado ruega que baje la inundación. Aunque ayer no llovió, el agua sigue en las calles y en las casas. "No puedo salir, porque me da miedo que pasen para este lado y me saquen lo poco que tengo", dice Torrico.
En la localidad vecina de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado. Su madre, de 25 años, llamó al 911 apenas se dio cuenta, pero cuando los servicios de emergencia llegaron el niño ya no tenía signos vitales. La mujer fue trasladada a un hospital en estado de shock.
Los habitantes de Gregorio de Laferrere explican que la inundación se produjo por las intensas precipitaciones que cayeron en pocas horas. También porque las obras de los conductos que drenan el agua hacia los arroyos no están terminadas. De hecho, según cuentan, en lo que va del año se inundaron cinco veces.
En el barrio, todos saben que hay muchas familias evacuadas en las escuelas cercanas. En La Matanza hay ocho centros para contener y asistir a las 2000 personas que ya no pueden vivir en sus hogares. En total en la provincia hasta anoche eran 2298 los evacuados.
Ayer, la cuenca Matanza-Riachuelo estuvo estancada en el mismo nivel. Sin embargo, en Laferrere el agua parecía subir en unas zonas y bajar en otras.
Los que debieron quedarse en sus casas esperaban que diversas organizaciones sociales les proveyeran de comida. En otros barrios de Virrey del Pino, personal del Ministerio de Desarrollo Social ofrecía alimentos para los afectados.
Los barrios más perjudicados de Laferrere eran Luján, La Loma y Don Juan. Son los que están muy cerca del río Matanza y de varios arroyos.
A unas cuadras de Torrico está Pablo Alfonso, de 60 años, con su sobrina, el marido de ella y sus hijos. En los años que permanece en la zona, él debió superar 15 inundaciones. Sin embargo, desde 2015, dice, que no se inundaba así. Vive en la calle Luro, pero podría ser en cualquier otra. Todas parecen arroyos. Alfonso se arremanga el pantalón y camina deslizándose contra la corriente para llegar a su casa. Al hacerlo, corre el riesgo de ser picado por víboras o alacranes, o de cortarse con chapas, clavos y maderas que están sumergidas o que flotan.
Cuenta que los familiares de su sobrina están en un centro de evacuados en una escuela cercana. En donde vivían hasta ayer, solo quedaron las camas sumergidas y los juguetes y la ropa, que ahora flotan. De hecho, Alfonso usó cajones para elevar su cama.
Anteayer, relata, llegó personal de Defensa Civil para evacuar a una vecina, que está en silla de ruedas y que vive sola.
En el barrio La Loma, en una de las pocas esquinas adonde no llegó el agua, hay tres móviles de la Superintendencia Siniestral de la policía bonaerense. Ayer, señalan, evacuaron, con una lancha, a tres personas en esta zona y a otras 18 que viven justo al lado del río en el barrio Don Juan.
Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social asistió a los inundados en los municipios de Quilmes, Berisso, Cañuelas, La Plata, Luján, Pilar, Mercedes, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Saladillo, General Lavalle, Arrecifes, Avellaneda, General Rodríguez y La Matanza en coordinación con las áreas de emergencia locales y del gobierno provincial.Entregaron, tanto en casas como en centros de evacuados, 2740 colchones, 2500 frazadas, 2070 almohadas, 6750 kits de limpieza, 6000 velas, 100 pares de zapatillas, 38.863 litros de agua embotellada, 2184 pañales, 136.400 pastillas potabilizadoras, 12.886 unidades de alimentos, 500 clavaderas, 1300 tirantes y 900 chapas.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, informó que equipos de esa dependencia de la provincia y los municipios "trabajan en las zonas inundadas para asistir a los damnificados brindando agua potable, alimentos, colchones y otros elementos".
.
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El distrito más afectado por las intensas lluvias es La Matanza; muchos de los vecinos temen abandonar sus hogares por los robos; en la localidad de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado
A Norma Torrico el agua le llega casi hasta la cintura. Está en la cocina de su casa en el barrio Luján, en Gregorio de Laferrere , en una de las localidades del distrito más afectado por las inundaciones de los últimos días: La Matanza . No quiso irse de su hogar porque tiene miedo de volver del centro de evacuados y quedarse sin nada.
Ella es una de las casi 1000 personas que viven en este barrio que desde el sábado pasado ruega que baje la inundación. Aunque ayer no llovió, el agua sigue en las calles y en las casas. "No puedo salir, porque me da miedo que pasen para este lado y me saquen lo poco que tengo", dice Torrico.
En la localidad vecina de Virrey del Pino, un bebé de ocho meses murió ahogado. Su madre, de 25 años, llamó al 911 apenas se dio cuenta, pero cuando los servicios de emergencia llegaron el niño ya no tenía signos vitales. La mujer fue trasladada a un hospital en estado de shock.
Los habitantes de Gregorio de Laferrere explican que la inundación se produjo por las intensas precipitaciones que cayeron en pocas horas. También porque las obras de los conductos que drenan el agua hacia los arroyos no están terminadas. De hecho, según cuentan, en lo que va del año se inundaron cinco veces.
En el barrio, todos saben que hay muchas familias evacuadas en las escuelas cercanas. En La Matanza hay ocho centros para contener y asistir a las 2000 personas que ya no pueden vivir en sus hogares. En total en la provincia hasta anoche eran 2298 los evacuados.
Ayer, la cuenca Matanza-Riachuelo estuvo estancada en el mismo nivel. Sin embargo, en Laferrere el agua parecía subir en unas zonas y bajar en otras.
Los que debieron quedarse en sus casas esperaban que diversas organizaciones sociales les proveyeran de comida. En otros barrios de Virrey del Pino, personal del Ministerio de Desarrollo Social ofrecía alimentos para los afectados.
Los barrios más perjudicados de Laferrere eran Luján, La Loma y Don Juan. Son los que están muy cerca del río Matanza y de varios arroyos.
A unas cuadras de Torrico está Pablo Alfonso, de 60 años, con su sobrina, el marido de ella y sus hijos. En los años que permanece en la zona, él debió superar 15 inundaciones. Sin embargo, desde 2015, dice, que no se inundaba así. Vive en la calle Luro, pero podría ser en cualquier otra. Todas parecen arroyos. Alfonso se arremanga el pantalón y camina deslizándose contra la corriente para llegar a su casa. Al hacerlo, corre el riesgo de ser picado por víboras o alacranes, o de cortarse con chapas, clavos y maderas que están sumergidas o que flotan.
Cuenta que los familiares de su sobrina están en un centro de evacuados en una escuela cercana. En donde vivían hasta ayer, solo quedaron las camas sumergidas y los juguetes y la ropa, que ahora flotan. De hecho, Alfonso usó cajones para elevar su cama.
Anteayer, relata, llegó personal de Defensa Civil para evacuar a una vecina, que está en silla de ruedas y que vive sola.
En el barrio La Loma, en una de las pocas esquinas adonde no llegó el agua, hay tres móviles de la Superintendencia Siniestral de la policía bonaerense. Ayer, señalan, evacuaron, con una lancha, a tres personas en esta zona y a otras 18 que viven justo al lado del río en el barrio Don Juan.
Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social asistió a los inundados en los municipios de Quilmes, Berisso, Cañuelas, La Plata, Luján, Pilar, Mercedes, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Saladillo, General Lavalle, Arrecifes, Avellaneda, General Rodríguez y La Matanza en coordinación con las áreas de emergencia locales y del gobierno provincial.Entregaron, tanto en casas como en centros de evacuados, 2740 colchones, 2500 frazadas, 2070 almohadas, 6750 kits de limpieza, 6000 velas, 100 pares de zapatillas, 38.863 litros de agua embotellada, 2184 pañales, 136.400 pastillas potabilizadoras, 12.886 unidades de alimentos, 500 clavaderas, 1300 tirantes y 900 chapas.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, informó que equipos de esa dependencia de la provincia y los municipios "trabajan en las zonas inundadas para asistir a los damnificados brindando agua potable, alimentos, colchones y otros elementos".
.
Un acuerdo nuclear tambaleante
Peligra el acuerdo nuclear de Argentina con China por una fuerte pelea interna en el Gobierno
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Hacienda cuestionó la construcción de la central nuclear Atucha III y su elevado costo de producción; en la Secretaría de Energía rechazan las objeciones y sostienen la idea del proyecto con los chinos. Decide Macri
Una inusitada batalla de poderes internos desatados en la Casa Rosada entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía puso en riesgo el futuro de un eventual acuerdo entre China y la Argentina para la construcción de la central nuclear Atucha III que tendrá un costo estimado de 8.000 millones de dólares y será financiada por el gobierno chino.
La puja política entre Nicolás Dujovne y Javier Iguacel se profundizó en los últimos días ya que desde Beijing se pidió mayores detalles para el avance del acuerdo nuclear, con la idea de que este se pueda firmar en la reunión de los presidentes Mauricio Macri y Xi Jinping que se realizará en diciembre en Buenos Aires.
Durante el viaje que el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el director del BICE, Francisco Cabrera, acaban de realizar a China para obtener un swap de USD 9.000 millones se levantaron reclamos de la administración comunista por el acuerdo nuclear aún inconcluso. Pero ninguno de estos funcionarios del Gobierno pudo dar explicación alguna, ya que el tema lo debe definir Macri.
Según consignaron a Infobae cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada y de la Cancillería, la pelea entre Hacienda y Energía tiene un eje en debate en debate: la oportunidad o no de sumergir al Gobierno en estos momentos a un compromiso de pago financiero para una obra cuyos resultados concretos en términos de ahorro económico fueron puestos bajo severa discusión.
En el Ministerio de Hacienda circula un documento reservado que elaboró el equipo de Dujovne y que sostiene que "no sería conveniente hoy poner en un compromiso financiero a la Argentina" para la construcción de una central nuclear, cuya producción es más costosa que el resto de los sistemas energéticos que ya tiene el país.
De esta manera, Hacienda detalló en el informe que el costo de generación de un MW es de USD 170 para el caso de la energía nuclear que se pretende desarrollar con China, mientras que un MW de energía renovable implica un costo total de USD 70 y la producción de energía tradicional que se puede obtener por MW del yacimiento de Vaca Muerta tiene un costo de USD 50.
"Someter a la Argentina al pago de un crédito de USD 8.000 millones, por más que sea con tasas cómodas y mejores que en el resto del mercado, no sería un buen negocio si se miden los costos de producción de un MW. Esta es una ecuación que va más allá de la relación con China, que seguirá siendo buena", explicó a Infobae un funcionario allegado a Dujovne.
El mismo funcionario añadió que "la construcción de otra central nuclear sería fabulosa en una Argentina imaginaria que tenga recursos de sobra para pensar a futuro. Pero no es precisamente lo que hoy ocurre en una situación de crisis y ajuste".
Esta postura ya se la hizo notar el propio ministro de Hacienda al presidente Macri, al evaluar que sería "emitir una imagen contradictoria" de la Argentina pedirle dinero al FMI para afrontar una crisis y en paralelo pagar un crédito a China por "un negocio que no se ve rentable en su totalidad".
Como contrapartida, desde la Secretaría de Energía que lidera Iguacel, el Subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, defendió ante el Presidente el proyecto que hace 15 días acaban de negociar en Beijing con la administración de Xi Jinping.
Fuentes oficiales allegadas a Iguacel y a Gadano señalaron a Infobae que la explicación de Hacienda sobre el costo de un MW a 170 dólares es "totalmente falsa". Así, detallaron que el costo mundial de un MW por medio de energía nuclear no supera los 90 dólares.
A la vez, en las oficinas del Subsecretario de Energía Nuclear sostienen que el cálculo que realiza Hacienda para medir el costo de MW de energía nuclear está dado por lo que sale construir la central nuclear hoy, pero no por la vida útil de la misma en un espacio de 70 años. Es decir, que al entender de los funcionarios de Energía, el cálculo de Hacienda es fruto de la división costo por producción, cuando debería darse por el resultado energético en el largo plazo.
Tanto Gadano como Iguacel le dijeron a Macri que la mano de obra para la construcción de Atucha III con financiamiento chino será en más de un 40% local, con lo cual se dará empleo a miles de argentinos.
¿Qué ocurrirá ahora con el acuerdo de la central nuclear con China?
Nadie lo sabe de manera fehaciente. Lo único concreto es que la última palabra la tendrá el jefe de Estado argentino. Pero los tiempos corren y si se quiere sellar aunque sea un contrato financiero básico para cuando Xi Jinping se reuná con Macri en la Casa Rosada el 3 de diciembre, se deberá contar con una respuesta bien definida.
Tanto en Hacienda como en Energía tienen sus propias versiones de lo que hará Macri. Mientras que los allegados a Dujovne creen que el Presidente se mostrará "coherente" con la idea de una Argentina austera, desde la Secretaría de Energía aseguran que el Presidente está "completamente comprometido" con el proyecto nuclear con China y no dará un paso atrás.
En rigor, desde la Cancillería aseguran que por el avance de las negociaciones dar un paso atrás ahora sería una "muy mala señal" hacia Beijing.
Hay un antecedente no lejano que protagonizó el gobierno de Macri en términos de retracciones con China. En mayo pasado, el canciller Jorge Faurie tuvo que explicar a su para chino, Wang Yi, que la Argentina había decidido suspender por "problemas de restricción presupuestaria" el proyecto de construcción de la Central Atucha II, que tenía un costo de 9.000 millones de dólares.
El embajador argentino en China, Diego Guelar, está perplejo ante la disputa que se desató en Buenos Aires entre Hacienda y Energía por la construcción de la central nuclear Atucha III y ya no sabe qué explicaciones darle al gobierno de Xi Jinping.
Guelar fue, junto con Gadano, uno de los promotores del acuerdo nuclear y le hizo saber al canciller Faurie esta semana que dar marcha atrás en las negociaciones sería "una pésima señal de confiabilidad" que los chinos verían de muy mal agrado.
En tal caso, como eventual solución intermedia, el embajador propone una de las "peores hipótesis", según le comentó a un diplomático de carrera de la Cancillería. Este escenario consistiría en cerrar un acuerdo para que la central nuclear se empiece a construir recién en el 2022. Esta podría llegar a ser una fórmula intermedia para que la Argentina no quede mal con China y se postergue para adelante el pago de un crédito que hoy, según Hacienda, el país no puede afrontar. Pero lo allegados a Dujovne creen que esa idea sigue colisionando por la reiterada explicación del costo por MW de energía nuclear en comparación a la energía convencional o la renovable.
En esta disputa, un funcionario de la Casa Rosada deslizó una radiografía descarnada de lo que ocurre en términos políticos: "Aquí se desató una pelea entre Dujovne, que es un soldado de Washington, y Gulear, Iguacel y Gadano que son pro-chinos". Es decir, la idea de una batalla silenciosa entre Washington y Beijing por los recursos estratégicos en América Latina vuelve a estar sobre la mesa de discusiones.
Como ya adelantó Infobae hace un mes, el acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha III será sólo con tecnología de Beijing y se sustentará en una compleja ingeniería financiera para que la administración de Xi Jinping financie la totalidad de la obra con un crédito blando de 7.500 millones de dólares; la otra parte será en efectivo por unos USD 2.500 millones para obras de infraestructura.
Según se pudo saber, el crédito que le plantea ahora China a la Argentina para la central Atucha III es a más de 20 años a una tasa del 5% anual y bajo flexibles estamentos contractuales en el medio.
Como contrapartida, con este proyecto la administración de Xi Jinping dejó a un lado el proyecto de la central nuclear Atucha II que se iba a realizar con Canadá y China bajo tecnología CANDU. Macri tiene la última palabra.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios