Ordenan cierre definitivo de Pascua Lama del lado chileno
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Tribunal ordenó el cierre definitivo de Pascua Lama
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: MDZ (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal ambiental chileno aprobó hoy por dos votos contra uno la clausura definitiva del proyecto minero aurífero de Pascua Lama, en la región de Atacama, unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
El controvertido proyecto enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, de la firma canadiense Barrick, fue cancelado por el tribunal porque no se efectuaron las mediciones que debieron realizarse para el monitoreo de los glaciares de la zona.
Fue el Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de la capital chilena, el que tomó la resolución en relación a una de las cinco infracciones cursadas a la Compañía Minera Nevada SpA (filial chilena de Barrick) por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que ya había ordenado su clausura en enero pasado.
Lo cierto es que la iniciativa, que comenzó sus obras en 2010, ya se encontraba paralizada desde 2013 por un fallo de la Corte Suprema y por la decisión de la propia minera de congelar las faenas, en medio de los crecientes costos y los cuestionamientos de los accionistas de Barrick.
El proyecto minero binacional Pascua Lama, se ubica a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, sobre el límite internacional chileno-argentino.
En vista de los problemas que ha enfrentado la iniciativa en Chile, Barrick resolvió comenzar a analizar la opción de desarrollar el proyecto solo por el lado argentino, para lo cual alcanzó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus socios chinos de Shandong Gold.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: MDZ (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal ambiental chileno aprobó hoy por dos votos contra uno la clausura definitiva del proyecto minero aurífero de Pascua Lama, en la región de Atacama, unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
El controvertido proyecto enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, de la firma canadiense Barrick, fue cancelado por el tribunal porque no se efectuaron las mediciones que debieron realizarse para el monitoreo de los glaciares de la zona.
Fue el Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de la capital chilena, el que tomó la resolución en relación a una de las cinco infracciones cursadas a la Compañía Minera Nevada SpA (filial chilena de Barrick) por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que ya había ordenado su clausura en enero pasado.
Lo cierto es que la iniciativa, que comenzó sus obras en 2010, ya se encontraba paralizada desde 2013 por un fallo de la Corte Suprema y por la decisión de la propia minera de congelar las faenas, en medio de los crecientes costos y los cuestionamientos de los accionistas de Barrick.
El proyecto minero binacional Pascua Lama, se ubica a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, sobre el límite internacional chileno-argentino.
En vista de los problemas que ha enfrentado la iniciativa en Chile, Barrick resolvió comenzar a analizar la opción de desarrollar el proyecto solo por el lado argentino, para lo cual alcanzó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus socios chinos de Shandong Gold.
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Criminal desalojo de campesino en Santiago del Estero
Brutal desalojo de tierras en el Norte: quemaron y balearon a un campesino
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Santiago del Estero
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo sucedió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Santiago del Estero
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo sucedió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
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Salta emplearábiodiésel en el transporte urbano
Salta utilizará biodiésel en el transporte urbano de pasajeros
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Salta
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. El ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
El gobernador Miguel Lifschitz, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, suscribieron en la capital de la provincia norteña, un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BioBus de Santa Fe para la implementación del uso de biodiésel en el transporte urbano de pasajeros salteño.
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. De esta manera se reducirían en un 15 por ciento las emisiones y el ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
Lifschitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo permitirá “confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el Estado provincial con operadores privados”.
El gobernador aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y “resultado exitoso”.
“Tenemos que promover las energías alternativas y limpias”, señaló, al tiempo que aseguró: “Estamos contribuyendo con el medio ambiente y con las economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.
Santa Fe impulsora
A su turno, Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables, y señaló: “Queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical, hay que trabajar a nivel horizontal”.
Urtubey anunció que a partir de este jueves se va a implementar el sistema Ecos Bus en Salta con un colectivo articulado que funcionará al ciento por ciento de biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento. En 6 meses se estima que la flota completa (620 unidades) llegue al 25 por ciento, y los articulados (10 unidades), al ciento por ciento.
Programa BioBus
En junio de 2018, Lifschitz firmó un convenio con representantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y a la Consultora ALG Ingeniería.
A partir de dicho acuerdo, más de 400 colectivos urbanos de las Empresas Mixtas y Semtur que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comenzaron a funcionar con un 25% de biodiésel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hacen con el 100%.
De esta manera, el gobierno de Santa Fe reafirma una vez más su compromiso para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esto que, desde octubre de 2017, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en ser parte de la Coalición de Estados Subnacionales “Under2”, cuyos integrantes se comprometen a trabajar colaborativamente en esta dirección y se expresó en esta firma de convenio.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Salta
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. El ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
El gobernador Miguel Lifschitz, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, suscribieron en la capital de la provincia norteña, un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BioBus de Santa Fe para la implementación del uso de biodiésel en el transporte urbano de pasajeros salteño.
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. De esta manera se reducirían en un 15 por ciento las emisiones y el ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
Lifschitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo permitirá “confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el Estado provincial con operadores privados”.
El gobernador aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y “resultado exitoso”.
“Tenemos que promover las energías alternativas y limpias”, señaló, al tiempo que aseguró: “Estamos contribuyendo con el medio ambiente y con las economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.
Santa Fe impulsora
A su turno, Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables, y señaló: “Queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical, hay que trabajar a nivel horizontal”.
Urtubey anunció que a partir de este jueves se va a implementar el sistema Ecos Bus en Salta con un colectivo articulado que funcionará al ciento por ciento de biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento. En 6 meses se estima que la flota completa (620 unidades) llegue al 25 por ciento, y los articulados (10 unidades), al ciento por ciento.
Programa BioBus
En junio de 2018, Lifschitz firmó un convenio con representantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y a la Consultora ALG Ingeniería.
A partir de dicho acuerdo, más de 400 colectivos urbanos de las Empresas Mixtas y Semtur que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comenzaron a funcionar con un 25% de biodiésel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hacen con el 100%.
De esta manera, el gobierno de Santa Fe reafirma una vez más su compromiso para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esto que, desde octubre de 2017, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en ser parte de la Coalición de Estados Subnacionales “Under2”, cuyos integrantes se comprometen a trabajar colaborativamente en esta dirección y se expresó en esta firma de convenio.
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Microplásticos en peces, un problema que crece
Cada vez hay más cantidad de microplásticos en peces de consumo humano
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Son las partículas que quedan en ríos y mares una vez que las bolsas y envases se desintegran.
¿Fabricar plástico con materiales más fácilmente biodegradables, disminuir su uso o promover su reciclaje? El tema es complejo, en especial para las especies que viven en el agua, el gran tacho de basura mundial.
Científicos españoles estiman que el 88% de la superficie oceánica contiene microplásticos, las partículas que quedan una vez que las bolsas y envases en ríos y mares se desintegran. Luego, crustáceos, bivalvos, moluscos y peces incorporan esas partículas. Algunos las defecan y a otros se les instalan en los músculos.
Una investigación de científicos portugueses publicada en la revista Marine Pollution Bulletin detalla que en los países donde el consumo de mariscos es menor, los consumidores estarían comiendo hasta 1.800 microplásticos por año. Y en donde el consumo es mayor, hasta 11.000 micropartículas anuales. El círculo es perfecto: quienes iniciaron el daño, los humanos, terminan padeciéndolo.
Mientras en esa misma revista se difundía hace poco más de un año que el fenómeno llegó al Río de la Plata (científicos de la UNLP-Conicet hallaron plástico en ejemplares de surubí, sábalo, patí, pejerrey y carpa), Clarín pudo confirmar que también especies marinas del Atlántico sur sufren el fenómeno.
Analía Perez, investigadora del Conicet-CEBBAD (Universidad Maimónides), trabaja con especies obtenidas del Canal de Beagle, en Tierra del Fuego: “Lo que hicimos fue evaluar algunos invertebrados y vertebrados. El estudio preliminar que hicimos nos permite asegurar que el 100% de los individuos analizados tenía microplásticos”. Por cierto, todas especies comestibles.
Rosana Di Mauro, bióloga del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de Mar del Plata, se sumó al debate: “Si bien desde los años 70 se sabe que hay plásticos en el mar, el problema se dimensionó hace poco. Hay muchísimo plástico, principalmente en las costas, donde hay más peces, más alimentación y más cría”.
La bióloga aportó un dato. “Aunque no es un proyecto formal todavía, analizamos agua que nos traen de distintas campañas que salen de la costa argentina. Hallamos más de 100 micropartículas de plástico por litro. Incluso, en una estación cercana a la costa cuantifiqué 700 micropartículas por litro”.
Quizás no falte mucho para que estos estudios, en Argentina, se hagan como en Europa: directamente en las góndolas.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Son las partículas que quedan en ríos y mares una vez que las bolsas y envases se desintegran.
¿Fabricar plástico con materiales más fácilmente biodegradables, disminuir su uso o promover su reciclaje? El tema es complejo, en especial para las especies que viven en el agua, el gran tacho de basura mundial.
Científicos españoles estiman que el 88% de la superficie oceánica contiene microplásticos, las partículas que quedan una vez que las bolsas y envases en ríos y mares se desintegran. Luego, crustáceos, bivalvos, moluscos y peces incorporan esas partículas. Algunos las defecan y a otros se les instalan en los músculos.
Una investigación de científicos portugueses publicada en la revista Marine Pollution Bulletin detalla que en los países donde el consumo de mariscos es menor, los consumidores estarían comiendo hasta 1.800 microplásticos por año. Y en donde el consumo es mayor, hasta 11.000 micropartículas anuales. El círculo es perfecto: quienes iniciaron el daño, los humanos, terminan padeciéndolo.
Mientras en esa misma revista se difundía hace poco más de un año que el fenómeno llegó al Río de la Plata (científicos de la UNLP-Conicet hallaron plástico en ejemplares de surubí, sábalo, patí, pejerrey y carpa), Clarín pudo confirmar que también especies marinas del Atlántico sur sufren el fenómeno.
Analía Perez, investigadora del Conicet-CEBBAD (Universidad Maimónides), trabaja con especies obtenidas del Canal de Beagle, en Tierra del Fuego: “Lo que hicimos fue evaluar algunos invertebrados y vertebrados. El estudio preliminar que hicimos nos permite asegurar que el 100% de los individuos analizados tenía microplásticos”. Por cierto, todas especies comestibles.
Rosana Di Mauro, bióloga del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de Mar del Plata, se sumó al debate: “Si bien desde los años 70 se sabe que hay plásticos en el mar, el problema se dimensionó hace poco. Hay muchísimo plástico, principalmente en las costas, donde hay más peces, más alimentación y más cría”.
La bióloga aportó un dato. “Aunque no es un proyecto formal todavía, analizamos agua que nos traen de distintas campañas que salen de la costa argentina. Hallamos más de 100 micropartículas de plástico por litro. Incluso, en una estación cercana a la costa cuantifiqué 700 micropartículas por litro”.
Quizás no falte mucho para que estos estudios, en Argentina, se hagan como en Europa: directamente en las góndolas.
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Mendoza: la sequía ahora es la norma
Irrigación: la sequía es la “nueva normalidad” en Mendoza
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Planificación de ciudades: presentación del proyecto GEF7
Reunión de avance del proyecto sobre planificación sustentable en ciudades argentinas
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco del trabajo que impulsa la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas, se llevó a cabo una reunión donde se presentó el marco lógico de trabajo y los resultados de la misión ONU Medio Ambiente del proyecto GEF7 sobre Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Argentinas. Del encuentro participaron el rabino Sergio Bergman, Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Nahuel Muñoz, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Ciudades Sustentables, y Agustín Matteri, de ONU Medio Ambiente.
Durante la reunión además se conversaron y validaron las acciones propuestas por parte de las ciudades piloto seleccionadas para participar en el proyecto: Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia. Y se trabajó en la elaboración de la ficha de identificación del proyecto (FIT o PIF por sus siglas en inglés), para su posterior presentación ante el Consejo del GEF, prevista para antes de fin de año.
Esta herramienta apunta a que las mencionadas ciudades puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Las mismas son centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El proyecto Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Sustentables Argentina es una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuya agencia de implementación es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), que – en caso de ser aprobado- contará con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Estuvieron presentes Javier García Espil, Director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Dolores Duvergés, Directora Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Ana Corbi, Asesora de la Unidad de Ciudades Sustentables; funcionarios de la Secretaría de Energía y representantes de las ciudades de Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco del trabajo que impulsa la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas, se llevó a cabo una reunión donde se presentó el marco lógico de trabajo y los resultados de la misión ONU Medio Ambiente del proyecto GEF7 sobre Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Argentinas. Del encuentro participaron el rabino Sergio Bergman, Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Nahuel Muñoz, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Ciudades Sustentables, y Agustín Matteri, de ONU Medio Ambiente.
Durante la reunión además se conversaron y validaron las acciones propuestas por parte de las ciudades piloto seleccionadas para participar en el proyecto: Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia. Y se trabajó en la elaboración de la ficha de identificación del proyecto (FIT o PIF por sus siglas en inglés), para su posterior presentación ante el Consejo del GEF, prevista para antes de fin de año.
Esta herramienta apunta a que las mencionadas ciudades puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Las mismas son centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El proyecto Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Sustentables Argentina es una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuya agencia de implementación es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), que – en caso de ser aprobado- contará con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Estuvieron presentes Javier García Espil, Director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Dolores Duvergés, Directora Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Ana Corbi, Asesora de la Unidad de Ciudades Sustentables; funcionarios de la Secretaría de Energía y representantes de las ciudades de Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia.
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Sancionan minera que realizó trabajos ilegales en Cafayate
Suspenden y multan a la minera que realizó exploraciones ilegales en Cafayate
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Un nuevo "no acuerdo" por el Río Atuel
Restitución del Río Atuel: La Pampa rechazó la propuesta de Nación
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Explotaciones “off shore” con resistencias
Odarda quiere evitar la actividad petrolera en el mar argentino
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Nacional
Reclamó contra el decreto que permite la exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima argentina.
El Gobierno Nacional decretó que habilita el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos “costa afuera”, denominados “off shore”, lo que significa impulsar la actividad petrolera en la plataforma marítima Argentina. La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, se manifestó en contra por el peligro para la biodiversidad marina de todo el país.
El decreto 872/18 firmado el 1° de octubre, instruye a la Secretaria de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito “costa Afuera” nacional, conforme el régimen de la ley 17.319 y sus modificatorias.
La Senadora rionegrina expresó que este decreto significa “poner en grave peligro la plataforma marina y con ello, nuestras costas, la biodiversidad, la pesca, el desarrollo del turismo. El mar no sabe de límites para explotar o no. Una actividad de alto riesgo ambiental como la hidrocarburífera en el mar, podría afectar irremediablemente las costas”.
Es importante destacar que en nuestro país existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, constituidas con un espíritu conservacionista. La presión de este tipo de actividad de alto riesgo afectaría irreversiblemente la biodiversidad marina en su conjunto, con consecuencias en la costa atlántica.
Odarda es autora del proyecto S 174/18, presentado inicialmente en 2016, que modifica la ley de hidrocarburos 17.319, suprimiendo las actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales y la explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera). De esta forma, dos actividades de gran impacto ambiental, muy resistidas por la población y las organizaciones sociales aquí y en el resto del mundo, quedarían fuera de operación.
Según exponen los especialistas, estas técnicas de explotación generan igual resistencia social. Pescadores artesanales de Santa Cruz, alertados por la posible explotación en el Golfo San Jorge en 2009, denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido las centollas y merluzas del caladero. En 2014 los pescadores se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Nacional
Reclamó contra el decreto que permite la exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima argentina.
El Gobierno Nacional decretó que habilita el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos “costa afuera”, denominados “off shore”, lo que significa impulsar la actividad petrolera en la plataforma marítima Argentina. La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, se manifestó en contra por el peligro para la biodiversidad marina de todo el país.
El decreto 872/18 firmado el 1° de octubre, instruye a la Secretaria de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito “costa Afuera” nacional, conforme el régimen de la ley 17.319 y sus modificatorias.
La Senadora rionegrina expresó que este decreto significa “poner en grave peligro la plataforma marina y con ello, nuestras costas, la biodiversidad, la pesca, el desarrollo del turismo. El mar no sabe de límites para explotar o no. Una actividad de alto riesgo ambiental como la hidrocarburífera en el mar, podría afectar irremediablemente las costas”.
Es importante destacar que en nuestro país existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, constituidas con un espíritu conservacionista. La presión de este tipo de actividad de alto riesgo afectaría irreversiblemente la biodiversidad marina en su conjunto, con consecuencias en la costa atlántica.
Odarda es autora del proyecto S 174/18, presentado inicialmente en 2016, que modifica la ley de hidrocarburos 17.319, suprimiendo las actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales y la explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera). De esta forma, dos actividades de gran impacto ambiental, muy resistidas por la población y las organizaciones sociales aquí y en el resto del mundo, quedarían fuera de operación.
Según exponen los especialistas, estas técnicas de explotación generan igual resistencia social. Pescadores artesanales de Santa Cruz, alertados por la posible explotación en el Golfo San Jorge en 2009, denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido las centollas y merluzas del caladero. En 2014 los pescadores se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense.
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La Cueva de las Manos nuevamente en manos del Estado
Una fundación dona 600 hectáreas para el parque Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Arcor acusado de contaminar la cuenca del río Salí-Dulce
Arcor en la mira de la justicia federal por contaminar Tucumán: indagarán a los directivos del ingenio La Providencia
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Las cloacas de Usuahia al Mar Argentino
Toneladas y toneladas de cloacas van a parar al Mar Argentino en Usuahia
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Dos organismos públicos de Tierra del Fuego denunciaron que Río Grande, la ciudad marítima más austral del país, cumplió diez años consecutivos de contaminación por efluentes cloacales que se vuelcan crudos sobre la costa, y que la situación ya se traduce en un "grave problema ambiental" y en un "riesgo sanitario latente".
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia inició un sumario contra el municipio riograndense por violación a la ley provincial de medio ambiente, con el objetivo de que las autoridades locales encaren un plan de obras y de remediación.
Por su parte, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) reveló que según un estudio efectuado por profesionales del propio organismo, el Mar Argentino presenta en la zona niveles de contaminación cloacal "de hasta 450 veces los límites permitidos".
El relevamiento del litoral marítimo verificó la rotura del principal dispersor con que los efluentes son enviados a mar abierto.
También se encontró "otro lugar de volcamiento de desechos crudos (sin ningún tipo de tratamiento), formado por dos acequias y un grupo de caños enterrados (") lo que representa una doble amenaza porque además se encuentra próximo a una plazoleta con juegos para niños", asevera el informe.
"La ciudad tiene dos grandes receptores de efluentes. Por un lado las aguas del río que atraviesa el ejido urbano. Y por el otro el Mar Argentino. Allí hay un emisario submarino roto, y los relevamientos fotográficos y fílmicos muestran más casos de volcamientos crudos a lo largo de la costa", explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.
El funcionario confirmó que tanto ese organismo como la Secretaría de Ambiente provincial realizaron estudios de laboratorio sobre muestras de agua y los resultados fueron coincidentes: "existe una alta concentración de coliformes fecales, que van de 500 mil a 9 millones de unidades, cuando el máximo permitido es de 5 mil en agua dulce y de 20 mil en agua salada", precisó Worman.
De acuerdo al titular de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego, la situación no es nueva: en 2008, la Asociación de Usuarios y Consumidores realizó una acción judicial y al año siguiente, la jueza Silvia Herráez condenó al municipio y al gobierno a remediar la situación luego de verificar "preocupantes signos de contaminación".
"Quiere decir que el problema lleva, por lo menos diez años consecutivos. Y que junto con la variable ambiental, aparece el riesgo sanitario. Los coliformes en el agua se asocian con la presencia de enfermedades infecciosas urinarias y grastrointestinales, más peligrosas todavía si quienes las padecen son niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, se reunió con concejales de Río Grande para ponerlos al tanto de la situación, mientras aguarda el descargo de las autoridades municipales en el marco del sumario iniciado por el organismo.
"Todos los funcionarios saben en qué lugares se efectúan estas descargas y desde qué momento. Analizamos posibles soluciones pero no se puede desconocer la gravedad de la situación", consideró Pérez Toscani en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, la secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Gabriela Castillo, dijo que el municipio "prepara un descargo" en el marco del sumario administrativo.
No obstante, la funcionaria reiteró ante la prensa local que "están tranquilos respecto de cómo el municipio lleva adelante el tratamiento de los efluentes".
"Se ha puesto bajo sospecha el sistema de manera maliciosa. Se intenta alertar a la población con publicaciones que no tienen asidero. Esto no solo tiene que ver con los desagües, sino con un sistema que implica cañerías, redes, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento", se defendió Castillo.
Para el presidente de Obras Sanitarias, la "única solución" es "poner en marcha un plan de obras que progresivamente vaya bajando los niveles de contaminación. Eso se puede hacer de manera autónoma o con apoyo de la Provincia y la Nación. Así lo hicimos en Ushuaia, por ejemplo, donde había una situación similar años atrás. Lo que no se puede es seguir contaminando", concluyó Worman.
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Dos organismos públicos de Tierra del Fuego denunciaron que Río Grande, la ciudad marítima más austral del país, cumplió diez años consecutivos de contaminación por efluentes cloacales que se vuelcan crudos sobre la costa, y que la situación ya se traduce en un "grave problema ambiental" y en un "riesgo sanitario latente".
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia inició un sumario contra el municipio riograndense por violación a la ley provincial de medio ambiente, con el objetivo de que las autoridades locales encaren un plan de obras y de remediación.
Por su parte, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) reveló que según un estudio efectuado por profesionales del propio organismo, el Mar Argentino presenta en la zona niveles de contaminación cloacal "de hasta 450 veces los límites permitidos".
El relevamiento del litoral marítimo verificó la rotura del principal dispersor con que los efluentes son enviados a mar abierto.
También se encontró "otro lugar de volcamiento de desechos crudos (sin ningún tipo de tratamiento), formado por dos acequias y un grupo de caños enterrados (") lo que representa una doble amenaza porque además se encuentra próximo a una plazoleta con juegos para niños", asevera el informe.
"La ciudad tiene dos grandes receptores de efluentes. Por un lado las aguas del río que atraviesa el ejido urbano. Y por el otro el Mar Argentino. Allí hay un emisario submarino roto, y los relevamientos fotográficos y fílmicos muestran más casos de volcamientos crudos a lo largo de la costa", explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.
El funcionario confirmó que tanto ese organismo como la Secretaría de Ambiente provincial realizaron estudios de laboratorio sobre muestras de agua y los resultados fueron coincidentes: "existe una alta concentración de coliformes fecales, que van de 500 mil a 9 millones de unidades, cuando el máximo permitido es de 5 mil en agua dulce y de 20 mil en agua salada", precisó Worman.
De acuerdo al titular de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego, la situación no es nueva: en 2008, la Asociación de Usuarios y Consumidores realizó una acción judicial y al año siguiente, la jueza Silvia Herráez condenó al municipio y al gobierno a remediar la situación luego de verificar "preocupantes signos de contaminación".
"Quiere decir que el problema lleva, por lo menos diez años consecutivos. Y que junto con la variable ambiental, aparece el riesgo sanitario. Los coliformes en el agua se asocian con la presencia de enfermedades infecciosas urinarias y grastrointestinales, más peligrosas todavía si quienes las padecen son niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, se reunió con concejales de Río Grande para ponerlos al tanto de la situación, mientras aguarda el descargo de las autoridades municipales en el marco del sumario iniciado por el organismo.
"Todos los funcionarios saben en qué lugares se efectúan estas descargas y desde qué momento. Analizamos posibles soluciones pero no se puede desconocer la gravedad de la situación", consideró Pérez Toscani en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, la secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Gabriela Castillo, dijo que el municipio "prepara un descargo" en el marco del sumario administrativo.
No obstante, la funcionaria reiteró ante la prensa local que "están tranquilos respecto de cómo el municipio lleva adelante el tratamiento de los efluentes".
"Se ha puesto bajo sospecha el sistema de manera maliciosa. Se intenta alertar a la población con publicaciones que no tienen asidero. Esto no solo tiene que ver con los desagües, sino con un sistema que implica cañerías, redes, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento", se defendió Castillo.
Para el presidente de Obras Sanitarias, la "única solución" es "poner en marcha un plan de obras que progresivamente vaya bajando los niveles de contaminación. Eso se puede hacer de manera autónoma o con apoyo de la Provincia y la Nación. Así lo hicimos en Ushuaia, por ejemplo, donde había una situación similar años atrás. Lo que no se puede es seguir contaminando", concluyó Worman.
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Programa “La Escuela se planta ante el cambio climático”
Destinarán más de un millón de pesos en restauración y conservación de áreas naturales con el programa “La Escuela se planta ante el cambio climático”
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Lo anunció el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz quien junto a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, presentó el programa destinado a escuelas de municipios de Profundidad, San Pedro, Fachinal, Pozo Azul y San Vicente entre otros. El mismo consiste en la creación y puesta a punto de viveros con plantas nativas para conservar áreas naturales y que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente. La inversión ronda el millón 200 mil pesos.
Ayer en el Ministerio de Educación se presentó formalmente el programa “La escuela se planta frente al cambio climático”. Se trata de una tarea en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del interior de Misiones. Es un trabajo que pretende desarrollar tareas que apunten a la sustentabilidad además del conocimiento que puedan adquirir los chicos.
Es un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ecología de la Provincia, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación a nivel nacional
Los ministros provinciales de Educación, Ivonne Aquino, y de Ecología, Juan Manuel Díaz, fueron los encargados de dar a conocer el plan de acción que en principio, consiste en la ejecución de viveros con plantas nativas en escuelas y áreas protegidas de la provincia.
Díaz anunció que en una primera etapa serán ocho los viveros financiados por el programa.
Estarán ubicados en la EFA 4064 de Fachinal, CEP 37 de Colonia Tobuna, Escuela provincial 586 de San Vicente y CEP 40 de Pozo Azul. Así también, en las áreas protegidas Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, Parque Cañadón de Profundidad, reserva de usos múltiples Cabureí, de Andresito, y parque Teyú Cuaré, de San Ignacio.
En el caso de los viveros ubicados en las áreas, también contarán con intervención de escuelas del municipio en cuestión.
Por su parte, la ministra de Educación dijo que es algo que se venía trabajando y que se presentó el año pasado para fortalecer líneas de trabajo con la actividad de viveros.
El ministro de Ecología explicó que entre los objetivos del programa se busca profundizar la formación de niños y docentes en contenidos vinculados al cambio climático y el desarrollo. El monto de financiación para los viveros es de 1.200.000 pesos, aproximadamente.
“En una primera instancia se generarán plantines de la especies nativas de cada zona, para luego utilizarlos en la restauración de las áreas protegidas”, detalló el titular de la cartera ecológica.
De la presentación participaron autoridades de las entidades educativas que van a participar del programa. Técnicos del Ministerio de Ecología harán el seguimiento de los proyectos y acompañarán en el desarrollo del trabajo de los chicos y sus docentes.
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Lo anunció el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz quien junto a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, presentó el programa destinado a escuelas de municipios de Profundidad, San Pedro, Fachinal, Pozo Azul y San Vicente entre otros. El mismo consiste en la creación y puesta a punto de viveros con plantas nativas para conservar áreas naturales y que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente. La inversión ronda el millón 200 mil pesos.
Ayer en el Ministerio de Educación se presentó formalmente el programa “La escuela se planta frente al cambio climático”. Se trata de una tarea en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del interior de Misiones. Es un trabajo que pretende desarrollar tareas que apunten a la sustentabilidad además del conocimiento que puedan adquirir los chicos.
Es un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ecología de la Provincia, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación a nivel nacional
Los ministros provinciales de Educación, Ivonne Aquino, y de Ecología, Juan Manuel Díaz, fueron los encargados de dar a conocer el plan de acción que en principio, consiste en la ejecución de viveros con plantas nativas en escuelas y áreas protegidas de la provincia.
Díaz anunció que en una primera etapa serán ocho los viveros financiados por el programa.
Estarán ubicados en la EFA 4064 de Fachinal, CEP 37 de Colonia Tobuna, Escuela provincial 586 de San Vicente y CEP 40 de Pozo Azul. Así también, en las áreas protegidas Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, Parque Cañadón de Profundidad, reserva de usos múltiples Cabureí, de Andresito, y parque Teyú Cuaré, de San Ignacio.
En el caso de los viveros ubicados en las áreas, también contarán con intervención de escuelas del municipio en cuestión.
Por su parte, la ministra de Educación dijo que es algo que se venía trabajando y que se presentó el año pasado para fortalecer líneas de trabajo con la actividad de viveros.
El ministro de Ecología explicó que entre los objetivos del programa se busca profundizar la formación de niños y docentes en contenidos vinculados al cambio climático y el desarrollo. El monto de financiación para los viveros es de 1.200.000 pesos, aproximadamente.
“En una primera instancia se generarán plantines de la especies nativas de cada zona, para luego utilizarlos en la restauración de las áreas protegidas”, detalló el titular de la cartera ecológica.
De la presentación participaron autoridades de las entidades educativas que van a participar del programa. Técnicos del Ministerio de Ecología harán el seguimiento de los proyectos y acompañarán en el desarrollo del trabajo de los chicos y sus docentes.
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Crean Sindicato de "Trabajadores Protectores Ambientales"
Se creó el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional autorizó este jueves la creación del Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales, que agrupará a aquellos que "prestan servicios en relación de dependencia en empleos verdes, en el ámbito estatal y privado".
La zona de actuación de la organización gremial abarca la ciudad de Córdoba; Capital Federal, y las ciudades misioneras de Cerro Azul, Campo Grande y San Ignacio.
A través de la Resolución 41/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo y Empleo ordenó que la flamante organización gremial sea inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una "asociación gremial de primer grado".
De acuerdo al texto de la medida, el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales también podrá agrupar "a los trabajadores jubilados que hubieren obtenido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación".
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional autorizó este jueves la creación del Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales, que agrupará a aquellos que "prestan servicios en relación de dependencia en empleos verdes, en el ámbito estatal y privado".
La zona de actuación de la organización gremial abarca la ciudad de Córdoba; Capital Federal, y las ciudades misioneras de Cerro Azul, Campo Grande y San Ignacio.
A través de la Resolución 41/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo y Empleo ordenó que la flamante organización gremial sea inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una "asociación gremial de primer grado".
De acuerdo al texto de la medida, el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales también podrá agrupar "a los trabajadores jubilados que hubieren obtenido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación".
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