La Cueva de las Manos nuevamente en manos del Estado
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Una fundación dona 600 hectáreas para el parque Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Arcor acusado de contaminar la cuenca del río Salí-Dulce
Arcor en la mira de la justicia federal por contaminar Tucumán: indagarán a los directivos del ingenio La Providencia
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Las cloacas de Usuahia al Mar Argentino
Toneladas y toneladas de cloacas van a parar al Mar Argentino en Usuahia
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Dos organismos públicos de Tierra del Fuego denunciaron que Río Grande, la ciudad marítima más austral del país, cumplió diez años consecutivos de contaminación por efluentes cloacales que se vuelcan crudos sobre la costa, y que la situación ya se traduce en un "grave problema ambiental" y en un "riesgo sanitario latente".
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia inició un sumario contra el municipio riograndense por violación a la ley provincial de medio ambiente, con el objetivo de que las autoridades locales encaren un plan de obras y de remediación.
Por su parte, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) reveló que según un estudio efectuado por profesionales del propio organismo, el Mar Argentino presenta en la zona niveles de contaminación cloacal "de hasta 450 veces los límites permitidos".
El relevamiento del litoral marítimo verificó la rotura del principal dispersor con que los efluentes son enviados a mar abierto.
También se encontró "otro lugar de volcamiento de desechos crudos (sin ningún tipo de tratamiento), formado por dos acequias y un grupo de caños enterrados (") lo que representa una doble amenaza porque además se encuentra próximo a una plazoleta con juegos para niños", asevera el informe.
"La ciudad tiene dos grandes receptores de efluentes. Por un lado las aguas del río que atraviesa el ejido urbano. Y por el otro el Mar Argentino. Allí hay un emisario submarino roto, y los relevamientos fotográficos y fílmicos muestran más casos de volcamientos crudos a lo largo de la costa", explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.
El funcionario confirmó que tanto ese organismo como la Secretaría de Ambiente provincial realizaron estudios de laboratorio sobre muestras de agua y los resultados fueron coincidentes: "existe una alta concentración de coliformes fecales, que van de 500 mil a 9 millones de unidades, cuando el máximo permitido es de 5 mil en agua dulce y de 20 mil en agua salada", precisó Worman.
De acuerdo al titular de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego, la situación no es nueva: en 2008, la Asociación de Usuarios y Consumidores realizó una acción judicial y al año siguiente, la jueza Silvia Herráez condenó al municipio y al gobierno a remediar la situación luego de verificar "preocupantes signos de contaminación".
"Quiere decir que el problema lleva, por lo menos diez años consecutivos. Y que junto con la variable ambiental, aparece el riesgo sanitario. Los coliformes en el agua se asocian con la presencia de enfermedades infecciosas urinarias y grastrointestinales, más peligrosas todavía si quienes las padecen son niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, se reunió con concejales de Río Grande para ponerlos al tanto de la situación, mientras aguarda el descargo de las autoridades municipales en el marco del sumario iniciado por el organismo.
"Todos los funcionarios saben en qué lugares se efectúan estas descargas y desde qué momento. Analizamos posibles soluciones pero no se puede desconocer la gravedad de la situación", consideró Pérez Toscani en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, la secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Gabriela Castillo, dijo que el municipio "prepara un descargo" en el marco del sumario administrativo.
No obstante, la funcionaria reiteró ante la prensa local que "están tranquilos respecto de cómo el municipio lleva adelante el tratamiento de los efluentes".
"Se ha puesto bajo sospecha el sistema de manera maliciosa. Se intenta alertar a la población con publicaciones que no tienen asidero. Esto no solo tiene que ver con los desagües, sino con un sistema que implica cañerías, redes, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento", se defendió Castillo.
Para el presidente de Obras Sanitarias, la "única solución" es "poner en marcha un plan de obras que progresivamente vaya bajando los niveles de contaminación. Eso se puede hacer de manera autónoma o con apoyo de la Provincia y la Nación. Así lo hicimos en Ushuaia, por ejemplo, donde había una situación similar años atrás. Lo que no se puede es seguir contaminando", concluyó Worman.
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Dos organismos públicos de Tierra del Fuego denunciaron que Río Grande, la ciudad marítima más austral del país, cumplió diez años consecutivos de contaminación por efluentes cloacales que se vuelcan crudos sobre la costa, y que la situación ya se traduce en un "grave problema ambiental" y en un "riesgo sanitario latente".
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia inició un sumario contra el municipio riograndense por violación a la ley provincial de medio ambiente, con el objetivo de que las autoridades locales encaren un plan de obras y de remediación.
Por su parte, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) reveló que según un estudio efectuado por profesionales del propio organismo, el Mar Argentino presenta en la zona niveles de contaminación cloacal "de hasta 450 veces los límites permitidos".
El relevamiento del litoral marítimo verificó la rotura del principal dispersor con que los efluentes son enviados a mar abierto.
También se encontró "otro lugar de volcamiento de desechos crudos (sin ningún tipo de tratamiento), formado por dos acequias y un grupo de caños enterrados (") lo que representa una doble amenaza porque además se encuentra próximo a una plazoleta con juegos para niños", asevera el informe.
"La ciudad tiene dos grandes receptores de efluentes. Por un lado las aguas del río que atraviesa el ejido urbano. Y por el otro el Mar Argentino. Allí hay un emisario submarino roto, y los relevamientos fotográficos y fílmicos muestran más casos de volcamientos crudos a lo largo de la costa", explicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.
El funcionario confirmó que tanto ese organismo como la Secretaría de Ambiente provincial realizaron estudios de laboratorio sobre muestras de agua y los resultados fueron coincidentes: "existe una alta concentración de coliformes fecales, que van de 500 mil a 9 millones de unidades, cuando el máximo permitido es de 5 mil en agua dulce y de 20 mil en agua salada", precisó Worman.
De acuerdo al titular de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego, la situación no es nueva: en 2008, la Asociación de Usuarios y Consumidores realizó una acción judicial y al año siguiente, la jueza Silvia Herráez condenó al municipio y al gobierno a remediar la situación luego de verificar "preocupantes signos de contaminación".
"Quiere decir que el problema lleva, por lo menos diez años consecutivos. Y que junto con la variable ambiental, aparece el riesgo sanitario. Los coliformes en el agua se asocian con la presencia de enfermedades infecciosas urinarias y grastrointestinales, más peligrosas todavía si quienes las padecen son niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, se reunió con concejales de Río Grande para ponerlos al tanto de la situación, mientras aguarda el descargo de las autoridades municipales en el marco del sumario iniciado por el organismo.
"Todos los funcionarios saben en qué lugares se efectúan estas descargas y desde qué momento. Analizamos posibles soluciones pero no se puede desconocer la gravedad de la situación", consideró Pérez Toscani en declaraciones a medios fueguinos.
En tanto, la secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Gabriela Castillo, dijo que el municipio "prepara un descargo" en el marco del sumario administrativo.
No obstante, la funcionaria reiteró ante la prensa local que "están tranquilos respecto de cómo el municipio lleva adelante el tratamiento de los efluentes".
"Se ha puesto bajo sospecha el sistema de manera maliciosa. Se intenta alertar a la población con publicaciones que no tienen asidero. Esto no solo tiene que ver con los desagües, sino con un sistema que implica cañerías, redes, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento", se defendió Castillo.
Para el presidente de Obras Sanitarias, la "única solución" es "poner en marcha un plan de obras que progresivamente vaya bajando los niveles de contaminación. Eso se puede hacer de manera autónoma o con apoyo de la Provincia y la Nación. Así lo hicimos en Ushuaia, por ejemplo, donde había una situación similar años atrás. Lo que no se puede es seguir contaminando", concluyó Worman.
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Programa “La Escuela se planta ante el cambio climático”
Destinarán más de un millón de pesos en restauración y conservación de áreas naturales con el programa “La Escuela se planta ante el cambio climático”
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Lo anunció el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz quien junto a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, presentó el programa destinado a escuelas de municipios de Profundidad, San Pedro, Fachinal, Pozo Azul y San Vicente entre otros. El mismo consiste en la creación y puesta a punto de viveros con plantas nativas para conservar áreas naturales y que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente. La inversión ronda el millón 200 mil pesos.
Ayer en el Ministerio de Educación se presentó formalmente el programa “La escuela se planta frente al cambio climático”. Se trata de una tarea en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del interior de Misiones. Es un trabajo que pretende desarrollar tareas que apunten a la sustentabilidad además del conocimiento que puedan adquirir los chicos.
Es un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ecología de la Provincia, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación a nivel nacional
Los ministros provinciales de Educación, Ivonne Aquino, y de Ecología, Juan Manuel Díaz, fueron los encargados de dar a conocer el plan de acción que en principio, consiste en la ejecución de viveros con plantas nativas en escuelas y áreas protegidas de la provincia.
Díaz anunció que en una primera etapa serán ocho los viveros financiados por el programa.
Estarán ubicados en la EFA 4064 de Fachinal, CEP 37 de Colonia Tobuna, Escuela provincial 586 de San Vicente y CEP 40 de Pozo Azul. Así también, en las áreas protegidas Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, Parque Cañadón de Profundidad, reserva de usos múltiples Cabureí, de Andresito, y parque Teyú Cuaré, de San Ignacio.
En el caso de los viveros ubicados en las áreas, también contarán con intervención de escuelas del municipio en cuestión.
Por su parte, la ministra de Educación dijo que es algo que se venía trabajando y que se presentó el año pasado para fortalecer líneas de trabajo con la actividad de viveros.
El ministro de Ecología explicó que entre los objetivos del programa se busca profundizar la formación de niños y docentes en contenidos vinculados al cambio climático y el desarrollo. El monto de financiación para los viveros es de 1.200.000 pesos, aproximadamente.
“En una primera instancia se generarán plantines de la especies nativas de cada zona, para luego utilizarlos en la restauración de las áreas protegidas”, detalló el titular de la cartera ecológica.
De la presentación participaron autoridades de las entidades educativas que van a participar del programa. Técnicos del Ministerio de Ecología harán el seguimiento de los proyectos y acompañarán en el desarrollo del trabajo de los chicos y sus docentes.
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Lo anunció el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz quien junto a la ministra de Educación, Ivonne Aquino, presentó el programa destinado a escuelas de municipios de Profundidad, San Pedro, Fachinal, Pozo Azul y San Vicente entre otros. El mismo consiste en la creación y puesta a punto de viveros con plantas nativas para conservar áreas naturales y que los chicos vayan adquiriendo conocimientos y conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente. La inversión ronda el millón 200 mil pesos.
Ayer en el Ministerio de Educación se presentó formalmente el programa “La escuela se planta frente al cambio climático”. Se trata de una tarea en la cual participan alumnos de diferentes establecimientos del interior de Misiones. Es un trabajo que pretende desarrollar tareas que apunten a la sustentabilidad además del conocimiento que puedan adquirir los chicos.
Es un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ecología de la Provincia, además de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación a nivel nacional
Los ministros provinciales de Educación, Ivonne Aquino, y de Ecología, Juan Manuel Díaz, fueron los encargados de dar a conocer el plan de acción que en principio, consiste en la ejecución de viveros con plantas nativas en escuelas y áreas protegidas de la provincia.
Díaz anunció que en una primera etapa serán ocho los viveros financiados por el programa.
Estarán ubicados en la EFA 4064 de Fachinal, CEP 37 de Colonia Tobuna, Escuela provincial 586 de San Vicente y CEP 40 de Pozo Azul. Así también, en las áreas protegidas Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, Parque Cañadón de Profundidad, reserva de usos múltiples Cabureí, de Andresito, y parque Teyú Cuaré, de San Ignacio.
En el caso de los viveros ubicados en las áreas, también contarán con intervención de escuelas del municipio en cuestión.
Por su parte, la ministra de Educación dijo que es algo que se venía trabajando y que se presentó el año pasado para fortalecer líneas de trabajo con la actividad de viveros.
El ministro de Ecología explicó que entre los objetivos del programa se busca profundizar la formación de niños y docentes en contenidos vinculados al cambio climático y el desarrollo. El monto de financiación para los viveros es de 1.200.000 pesos, aproximadamente.
“En una primera instancia se generarán plantines de la especies nativas de cada zona, para luego utilizarlos en la restauración de las áreas protegidas”, detalló el titular de la cartera ecológica.
De la presentación participaron autoridades de las entidades educativas que van a participar del programa. Técnicos del Ministerio de Ecología harán el seguimiento de los proyectos y acompañarán en el desarrollo del trabajo de los chicos y sus docentes.
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Crean Sindicato de "Trabajadores Protectores Ambientales"
Se creó el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales
Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional autorizó este jueves la creación del Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales, que agrupará a aquellos que "prestan servicios en relación de dependencia en empleos verdes, en el ámbito estatal y privado".
La zona de actuación de la organización gremial abarca la ciudad de Córdoba; Capital Federal, y las ciudades misioneras de Cerro Azul, Campo Grande y San Ignacio.
A través de la Resolución 41/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo y Empleo ordenó que la flamante organización gremial sea inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una "asociación gremial de primer grado".
De acuerdo al texto de la medida, el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales también podrá agrupar "a los trabajadores jubilados que hubieren obtenido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación".
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Fecha de Publicación: 14/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional autorizó este jueves la creación del Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales, que agrupará a aquellos que "prestan servicios en relación de dependencia en empleos verdes, en el ámbito estatal y privado".
La zona de actuación de la organización gremial abarca la ciudad de Córdoba; Capital Federal, y las ciudades misioneras de Cerro Azul, Campo Grande y San Ignacio.
A través de la Resolución 41/2018, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo y Empleo ordenó que la flamante organización gremial sea inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores como una "asociación gremial de primer grado".
De acuerdo al texto de la medida, el Sindicato de Trabajadores Protectores Ambientales también podrá agrupar "a los trabajadores jubilados que hubieren obtenido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación".
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Es una realidad el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
Un nuevo Parque Nacional a una paso de la ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
El Senado de la Nación acaba de aprobar la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que abarca más de 5 mil hectáreas de las reservas naturales Otamendi y Río Luján, en el partido de Campana.
Más de 5 mil hectáreas de tierras vírgenes de la provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 67,5 de la ruta 9 Panamericana -donde conviven 309 especies de aves y 49 variedades de mamíferos-, pasaron a integrar el sistema nacional de áreas protegidas. La Cámara de Senadores sancionó la ley de creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en un área del partido de Campana que abarca la Reserva Natural Otamendi y el sector de Delta e islas del Paraná donde se extiende la Reserva Natural Río Luján.
Inaugurada en 1990 a orillas del río Paraná de las Palmas, la Reserva Otamendi protege un vasto humedal que abarca pastizales característicos de la pampa ondulada, selva ribereña, áreas inundables al pie de una barranca natural, talares, canales, bañados y las lagunas Grande y Del Pescado.
Los bajos inundables de este valioso ecosistema son frecuentados por la mayor parte de las especies de fauna en peligro de extinción de la zona, como el ciervo de los pantanos, un herbívoro que se alimenta con pastos de ambientes acuáticos. Se lo suele ver por las noches, cuando asoma desde el pastizal en procura de alimento.
La acelerada reducción de la población de ciervo de los pantanos en los últimos años (quedan alrededor de 800 ejemplares) se debe a la acción devastadora de los cazadores furtivos, sumada a los accidentes vehiculares, obras hidráulicas, la descontrolada contaminación del río por residuos sólidos y efluentes líquidos de origen industrial y agrícola, nuevas construcciones, desnutrición y el hurto de animales para transformarlos en mascotas.
La Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi fue declarada “Sitio Ramsar” en 2008, además de haber sido designada “Área Importante para la Conservación de las Aves”.
A su vez, la Reserva Natural Río Luján, creada en 1994, ofrece un reparador paisaje dominado por palmeras pindó, donde también se pueden apreciar ejemplares de ciervo de los pantanos.
Los distintos ecosistemas de Otamendi brindan un paseo por los senderos Recuperando lo Nuestro (conduce hasta un vivero de especies nativas), Historias del Pastizal, Guardianes de la Barranca y Laguna Grande. A lo largo de esas relajadas caminatas, el cambiante marco natural alterna sauces criollos, alisos de río, ceibos, curupíes, palmeras, juncos, ombúes, cortaderas y totoras.
El paso de los visitantes puede ser interrumpido por la súbita aparición de un ciervo, algún gato montés, una pava de monte, una comadreja o un inquietante murciélago orejas de ratón.
El proyecto para la creación del nuevo Parque Nacional surgió después de la promulgación de la Ley 15006 en diciembre de 2017 por parte de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que determina la cesión de tierras fiscales a la Nación.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
El Senado de la Nación acaba de aprobar la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que abarca más de 5 mil hectáreas de las reservas naturales Otamendi y Río Luján, en el partido de Campana.
Más de 5 mil hectáreas de tierras vírgenes de la provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 67,5 de la ruta 9 Panamericana -donde conviven 309 especies de aves y 49 variedades de mamíferos-, pasaron a integrar el sistema nacional de áreas protegidas. La Cámara de Senadores sancionó la ley de creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en un área del partido de Campana que abarca la Reserva Natural Otamendi y el sector de Delta e islas del Paraná donde se extiende la Reserva Natural Río Luján.
Inaugurada en 1990 a orillas del río Paraná de las Palmas, la Reserva Otamendi protege un vasto humedal que abarca pastizales característicos de la pampa ondulada, selva ribereña, áreas inundables al pie de una barranca natural, talares, canales, bañados y las lagunas Grande y Del Pescado.
Los bajos inundables de este valioso ecosistema son frecuentados por la mayor parte de las especies de fauna en peligro de extinción de la zona, como el ciervo de los pantanos, un herbívoro que se alimenta con pastos de ambientes acuáticos. Se lo suele ver por las noches, cuando asoma desde el pastizal en procura de alimento.
La acelerada reducción de la población de ciervo de los pantanos en los últimos años (quedan alrededor de 800 ejemplares) se debe a la acción devastadora de los cazadores furtivos, sumada a los accidentes vehiculares, obras hidráulicas, la descontrolada contaminación del río por residuos sólidos y efluentes líquidos de origen industrial y agrícola, nuevas construcciones, desnutrición y el hurto de animales para transformarlos en mascotas.
La Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi fue declarada “Sitio Ramsar” en 2008, además de haber sido designada “Área Importante para la Conservación de las Aves”.
A su vez, la Reserva Natural Río Luján, creada en 1994, ofrece un reparador paisaje dominado por palmeras pindó, donde también se pueden apreciar ejemplares de ciervo de los pantanos.
Los distintos ecosistemas de Otamendi brindan un paseo por los senderos Recuperando lo Nuestro (conduce hasta un vivero de especies nativas), Historias del Pastizal, Guardianes de la Barranca y Laguna Grande. A lo largo de esas relajadas caminatas, el cambiante marco natural alterna sauces criollos, alisos de río, ceibos, curupíes, palmeras, juncos, ombúes, cortaderas y totoras.
El paso de los visitantes puede ser interrumpido por la súbita aparición de un ciervo, algún gato montés, una pava de monte, una comadreja o un inquietante murciélago orejas de ratón.
El proyecto para la creación del nuevo Parque Nacional surgió después de la promulgación de la Ley 15006 en diciembre de 2017 por parte de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que determina la cesión de tierras fiscales a la Nación.
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Minería en Mendoza, Cornejo dice que no tienen posicion
Cornejo se refirió a los proyectos para modificar la ley de minería: “No tenemos posición tomada”
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Conflicto por el Atuel: Nación propuso solución
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Senasa prohibió cinco agroquímicos
Prohíben la fabricación y venta de cinco plaguicidas riesgosos para la salud
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
A partir de este martes, las sustancias carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol no podrán ser elaboradas o importadas. El plazo para retirarlos totalmente del mercado es de un año.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 263/2018, por la cual prohibió la fabricación, importación y comercialización de cinco principios activos que actualmente se usan en Argentina para el combate contra plagas de insectos.
“Se prohíbe, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados”, señala el texto elaborado por el Senasa.
Y añade que, para el caso de la venta, la prohibición comenzará a regir a partir de un año, para darle tiempo a las empresas a poder eliminar el stock disponible de estos productos. A tal fin, las firmas que posean dicho stock, deberán declararlo ante el Senasa dentro de los próximos 30 días, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
No obstante, la medida aclara que hay una sustancia que podrá seguir elaborándose y comercializándose: la formulación en gránulos de carburan al 10 por ciento, “como única alternativa de aptitud insecticida y nematicida en los cultivos de papa y ajo”.
Fundamentos
En los considerandos de la normativa, el Senasa explica que “existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas”.
Asimismo, remarca que “existe una creciente preocupación a nivel internacional por la producción, uso y comercialización de productos que podrían poner en grave riesgo la salud del ser humano y el medio ambiente”.
Además, recuerda que “existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces (a los que se prohíben), cuyo manejo y utilización resulta en menor riesgo para la salud humana y el ambiente”.
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Escuelas de la Puna jujeña suman equipos fotovoltaicos
Más de 30 escuelas de la Puna contarán con iluminación fotovoltaica
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: Jujuy Online
Provincia/Región: Jujuy
La iniciativa incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
El secretario de Energía, Mario Pizarro, junto al coordinador general de Argentina del PERMER, Marc Benhamou y el director de Energías Renovables, Marcelo Nieder, presentaron el Plan de repotenciación de 33 escuelas con la instalación de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) para la obtención de energía renovable y redes hibridas para las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, incluidos en el programa “Pueblos Solares”.
En ese sentido, Pizarro indicó que junto al PERMER viene trabajando a través de la Dirección de Energías Renovables y Eficiencia Energética, en distintos proyectos que tienen que ver con los denominados “Pueblos Solares” y la repotenciación del sistema de energía fotovoltaica en escuelas en nuestra provincia.
Indicó que ellos son los responsables de que nosotros podamos llevar adelante estos desafíos que venimos anunciando desde el inicio de nuestra gestión en materia de energías renovables para luchar contra el efecto invernadero y el cambio climático y a la vez, otorgar calidad de vida y mejores servicios a toda la población.
Se trata, dijo, de proyectos que ya tienen licitación y adjudicación, cumpliendo actualmente el período de espera para la firma del contrato que permitirá llevar adelante obras en Cátua, San Juan de Quillaque y El Toro.
Asimismo, está próximo a la firma de contrato, el proyecto para la repotenciación de 33 escuelas con un monto aproximado a 2.300.000,oo dólares con financiamiento del Banco Mundial.
Por su parte, Marc Benhamou, integrante del PERMER detalló que “el proyecto está costeado un 80% por el Banco Mundial y un 20% por el Ministerio de Educación de la Nación. Comprende la instalación de sistemas fotovoltaicos en 33 escuelas jujeñas, en donde algunos cuentan con un alcance limitado en términos de prestaciones y otros no tienen aún. Estos sistemas van a dar energía suficiente para abastecer todas las actividades que las instituciones brindan, sobre todo en los que cumple funciones de albergue”.
Puntualizó que se encuentran en la etapa previa a la firma de los contratos, ya está adjudicado a una empresa que traerá los equipos e instalarlos “llave en mano” en las escuelas, y esperamos poder iniciar los trabajos en el primer trimestre del año 2019.
En cuanto a el proyecto “Pueblos Solares”, indicó, PERMER trabaja con la provincia en las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, iniciativa que incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
Explicó que hoy esas comunas cuentas con equipo con generación diésel o domiciliarias que cubren unas pocas horas días.
Finalmente, señaló “estamos terminando el diseño de los proyectos, consensuando con la Provincia, EJESA y en Ente Regulador para buscar la mejor solución adaptada al contexto y responda a la demanda tanto de los hogares, edificios públicos, como al potencial productivo de esas comunidades”, concluyó.
Por último, Marcelo Nieder, amplió datos en el tema y explicó que “los equipo viejos que obtengamos de estas repotenciaciones serán donados a los Centros de asistencia comunitarios. Desde la dirección ya veníamos trabajando en escuelas con la provisión de calefones, cocinas y paneles solares, pero desde otros programas. Esta vez será de mayor impacto”.
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Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: Jujuy Online
Provincia/Región: Jujuy
La iniciativa incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
El secretario de Energía, Mario Pizarro, junto al coordinador general de Argentina del PERMER, Marc Benhamou y el director de Energías Renovables, Marcelo Nieder, presentaron el Plan de repotenciación de 33 escuelas con la instalación de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) para la obtención de energía renovable y redes hibridas para las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, incluidos en el programa “Pueblos Solares”.
En ese sentido, Pizarro indicó que junto al PERMER viene trabajando a través de la Dirección de Energías Renovables y Eficiencia Energética, en distintos proyectos que tienen que ver con los denominados “Pueblos Solares” y la repotenciación del sistema de energía fotovoltaica en escuelas en nuestra provincia.
Indicó que ellos son los responsables de que nosotros podamos llevar adelante estos desafíos que venimos anunciando desde el inicio de nuestra gestión en materia de energías renovables para luchar contra el efecto invernadero y el cambio climático y a la vez, otorgar calidad de vida y mejores servicios a toda la población.
Se trata, dijo, de proyectos que ya tienen licitación y adjudicación, cumpliendo actualmente el período de espera para la firma del contrato que permitirá llevar adelante obras en Cátua, San Juan de Quillaque y El Toro.
Asimismo, está próximo a la firma de contrato, el proyecto para la repotenciación de 33 escuelas con un monto aproximado a 2.300.000,oo dólares con financiamiento del Banco Mundial.
Por su parte, Marc Benhamou, integrante del PERMER detalló que “el proyecto está costeado un 80% por el Banco Mundial y un 20% por el Ministerio de Educación de la Nación. Comprende la instalación de sistemas fotovoltaicos en 33 escuelas jujeñas, en donde algunos cuentan con un alcance limitado en términos de prestaciones y otros no tienen aún. Estos sistemas van a dar energía suficiente para abastecer todas las actividades que las instituciones brindan, sobre todo en los que cumple funciones de albergue”.
Puntualizó que se encuentran en la etapa previa a la firma de los contratos, ya está adjudicado a una empresa que traerá los equipos e instalarlos “llave en mano” en las escuelas, y esperamos poder iniciar los trabajos en el primer trimestre del año 2019.
En cuanto a el proyecto “Pueblos Solares”, indicó, PERMER trabaja con la provincia en las localidades de San Juan de Quillaques, El Toro y Cátua, iniciativa que incluye la instalación de una micro red hibrida fotovoltaica que permita abastecer la demanda energética de esas comunidades las 24 horas.
Explicó que hoy esas comunas cuentas con equipo con generación diésel o domiciliarias que cubren unas pocas horas días.
Finalmente, señaló “estamos terminando el diseño de los proyectos, consensuando con la Provincia, EJESA y en Ente Regulador para buscar la mejor solución adaptada al contexto y responda a la demanda tanto de los hogares, edificios públicos, como al potencial productivo de esas comunidades”, concluyó.
Por último, Marcelo Nieder, amplió datos en el tema y explicó que “los equipo viejos que obtengamos de estas repotenciaciones serán donados a los Centros de asistencia comunitarios. Desde la dirección ya veníamos trabajando en escuelas con la provisión de calefones, cocinas y paneles solares, pero desde otros programas. Esta vez será de mayor impacto”.
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Denuncian desmonte en emblemático cerro tucumano
Denuncian el desmonte de una hectárea de bosque nativo en el cerro San Javier
Fecha de Publicación: 12/10/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Integrantes de la organización "No destruyan mi Cerro" registraron cómo quedó el lugar luego de que sacaran ejemplares de árboles autóctonos para extender fincas de limones.
"Me largué a llorar por ver tanto daño", confiesa Estela Figueroa, integrante de la organización "No Destruyan Mi Cerro", en diálogo con eltucumano.com. Esa sensación de angustia le causó ver alrededor de una hectárea completamente desmontada en la margen noroeste del río Anta Yacu para extender fincas de limones y aumentar la productividad.
Si bien los cálculos no son exactos, Estela estima que alrededor de una hectárea -que previamente contaba con árboles autóctonos como tipas y lapachos-, fue arrasada por los dueños de una finca aledaña.
"Siempre me voy a correr por el cerro y hace tiempo que no pasaba por ese lugar. Cuando he visto todo lo han hecho me he puesto a pensar cómo hago para llegar al dueño de la finca, no tengo idea de quiénes son", relata.
La organización "No destruyan mi Cerro" fue creada en el año 2011 justamente para evitar el avance del desmonte, no sólo en el pedemonte, sino también sobre las márgenes del río. "Es un peligro, porque cuando llueva y ese río traiga agua se va a inundar todo", agrega.
Según el relato de Estela, "el daño es muy grande" y han utilizado hasta el último centímetro del margen del río para establecer cultivos. "Si mal no recuerdo, por ley debe haber una distancia entre la margen del rio y la siembra", puntualiza. "Todo lo que han arrasado del monte, está puesto contra el barranco. Si vas por el río, ves la montaña de troncos y madera tirada que eran árboles con raíces. Cuando llueva, yo no sé que va a pasar. Por lógica, lo que han hecho está mal", concluyó.
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Un nuevo satélite con herramientas de gestión ambiental
El SAOCOM A1 ayudará a detectar suelos con riesgo de incendios
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional
La misión comprende atender las necesidades de información de los sectores socio productivos y la gestión de emergencias.
Después del lanzamiento y puesta en órbita del Satélite Argentino de Observación con Microondas SAOCOM 1A, la misión se propone atender las necesidades de información de los sectores socio productivos considerados en el Plan Espacial Nacional, e integrar en forma operacional el Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), resultado de la cooperación vigente entre las agencias espaciales de Argentina CONAE y de Italia ASI.
Entre las múltiples aplicaciones asociadas a la información que producirá el SAOCOM 1A, se destacan:
- Gestión de Emergencias: identificar zonas en riesgo de inundación y dar alertas tempranas, detectar suelos muy secos con riesgo de incendios.
- Agroindustria: generar mapas de humedad del suelo diariamente, producir mapas de riesgo de enfermedades de cultivos y evaluar escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización.
- Medioambiente: conocer la cantidad de agua disponible en nieve húmeda para riego, obtener mapas de desplazamiento de glaciares, mapas de desplazamiento del terreno y mapas de pendientes y alturas, entre otras aplicaciones.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional
La misión comprende atender las necesidades de información de los sectores socio productivos y la gestión de emergencias.
Después del lanzamiento y puesta en órbita del Satélite Argentino de Observación con Microondas SAOCOM 1A, la misión se propone atender las necesidades de información de los sectores socio productivos considerados en el Plan Espacial Nacional, e integrar en forma operacional el Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), resultado de la cooperación vigente entre las agencias espaciales de Argentina CONAE y de Italia ASI.
Entre las múltiples aplicaciones asociadas a la información que producirá el SAOCOM 1A, se destacan:
- Gestión de Emergencias: identificar zonas en riesgo de inundación y dar alertas tempranas, detectar suelos muy secos con riesgo de incendios.
- Agroindustria: generar mapas de humedad del suelo diariamente, producir mapas de riesgo de enfermedades de cultivos y evaluar escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización.
- Medioambiente: conocer la cantidad de agua disponible en nieve húmeda para riego, obtener mapas de desplazamiento de glaciares, mapas de desplazamiento del terreno y mapas de pendientes y alturas, entre otras aplicaciones.
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Mendoza lleva 100 procedimientos por caza furtiva
Más de 100 procedimientos por caza furtiva en los primeros meses
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En los primeros meses del año se han realizado más de un centenar de procedimientos por infracción a la Ley de Fauna. Hasta agosto el promedio arroja unos 15 procedimientos mensuales por las leyes 4.602 y 22.421.
La caza furtiva es en la región Sur un problema grave pues muchas personas, pese a saber de las prohibiciones, eligen ir a cazar al campo distintos animales como choiques o piches, por ejemplo.
En los últimos tiempos, destacaron desde la Policía Rural, la diferencia es que con el apoyo de la justicia en varios procedimientos, los infractores detectados, además del proceso judicial de rigor y la multa, han tenido que soportar incautaciones del vehículo en el que se dirigían, algo que antes no ocurría.
Con datos estadísticos al mes de agosto, se han realizado en el departamento algo más de 100 procedimientos por la ley de Fauna y más de 200 por la ley de Ganadería (6.773). En tanto que fueron unos 15 por la ley Senasa (27.233), ya que la Rural no sólo se dedica a luchar contra el tráfico o caza de animales, sino a controles que tienen que ver con temas fitosanitarios y de leyes como la del transporte de ganado.
Por la ley de Flora también se hicieron unos 20 procedimientos, al igual que por la ley federal de Carnes, que tiene que ver con las condiciones de traslado, aspecto en el que se labraron seis actas.
Otro punto importante en los controles es el de hacer cumplir la ley de Pesca y en este sentido se han labrado hasta agosto 25 procedimientos. En cuanto al abigeato, que es el hurto de ganado, fueron más de 10 los procedimientos. En tanto que por distintas infracciones al Código Alimentario Argentino se han hecho alrededor de 150 procesos.
En cuanto a la caza furtiva, vale la pena recordar que desde la Fundación Cullunche se presentó un proyecto para que se aumenten las penas mínimas a quienes dañen o atenten contra la fauna.
La idea es que quienes cacen animales o trafiquen con ellos tengan penas de prisión de 1 a 4 años y en caso de comprobarse que se trata de una organización delictiva dedicada a eso, que la pena se eleve a 8 años.
Desde esta ONG consideran que hay mucho esfuerzo en recuperar la fauna, en operativos del Estado, pero son muy bajas las penas. Así, los infractores pagan una multa mínima y siguen delinquiendo.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En los primeros meses del año se han realizado más de un centenar de procedimientos por infracción a la Ley de Fauna. Hasta agosto el promedio arroja unos 15 procedimientos mensuales por las leyes 4.602 y 22.421.
La caza furtiva es en la región Sur un problema grave pues muchas personas, pese a saber de las prohibiciones, eligen ir a cazar al campo distintos animales como choiques o piches, por ejemplo.
En los últimos tiempos, destacaron desde la Policía Rural, la diferencia es que con el apoyo de la justicia en varios procedimientos, los infractores detectados, además del proceso judicial de rigor y la multa, han tenido que soportar incautaciones del vehículo en el que se dirigían, algo que antes no ocurría.
Con datos estadísticos al mes de agosto, se han realizado en el departamento algo más de 100 procedimientos por la ley de Fauna y más de 200 por la ley de Ganadería (6.773). En tanto que fueron unos 15 por la ley Senasa (27.233), ya que la Rural no sólo se dedica a luchar contra el tráfico o caza de animales, sino a controles que tienen que ver con temas fitosanitarios y de leyes como la del transporte de ganado.
Por la ley de Flora también se hicieron unos 20 procedimientos, al igual que por la ley federal de Carnes, que tiene que ver con las condiciones de traslado, aspecto en el que se labraron seis actas.
Otro punto importante en los controles es el de hacer cumplir la ley de Pesca y en este sentido se han labrado hasta agosto 25 procedimientos. En cuanto al abigeato, que es el hurto de ganado, fueron más de 10 los procedimientos. En tanto que por distintas infracciones al Código Alimentario Argentino se han hecho alrededor de 150 procesos.
En cuanto a la caza furtiva, vale la pena recordar que desde la Fundación Cullunche se presentó un proyecto para que se aumenten las penas mínimas a quienes dañen o atenten contra la fauna.
La idea es que quienes cacen animales o trafiquen con ellos tengan penas de prisión de 1 a 4 años y en caso de comprobarse que se trata de una organización delictiva dedicada a eso, que la pena se eleve a 8 años.
Desde esta ONG consideran que hay mucho esfuerzo en recuperar la fauna, en operativos del Estado, pero son muy bajas las penas. Así, los infractores pagan una multa mínima y siguen delinquiendo.
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15 años después condenan a ex directivos de una petrolera
Condenan a ex directivos de una petrolera por contaminación
Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Justicia Federal de Mendoza condenó a tres ex directivos de la petrolera Vintage Oil por un derrame ocurrido en Tupungato hace 15 años. La pena es a tres años de prisión por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en riesgo la salud.
Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condenas contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación.
La contaminación se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas, de Tupungato. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Torton. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vingage Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga, que contenía petróleo y metales pesados. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó.
La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en 2008. Pero recién este año se realizó el debate, que se inició el 5 de septiembre, hace justo un mes. En los 15 años que pasaron, por ejemplo, la empresa dejó de operar y el área está en manos de otra petrolera. Originalmente la empresa Pecon tuvo la concesión. Luego pasó a manos de Vintage Oil, luego a Oxi y finalmente a Sinopec, la firma que actualmente opera el área.
El Tribunal Oral formado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. En particular consideraron que el hecho quedó enmarcado en lo que dice el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que sanciona a quien “utilizando los residuos… envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, con el agravante de haber contaminado “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La acusación quedó a cargo de la fiscal federal Gloria André.
El área impactada tiene una alta actividad petrolera en Tupungato. Incluso está cerca de un sector que ha sido revalorizado en la última licitación realizada por el gobierno.
El caso
En su momento el derrame fue denunciado por Cesar Biritos, quien era inspector de cauce, y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán.
Los testigos que declararon confirmaron las denuncias de ese momento. Entre ellos hubo representantes de Irrigación y de la Dirección de Protección Ambiental. En su momento el DGI confirmó “la existencia de contamianción por aguas de purga emanadas por el pozo PCO 15 de Vingage Oil. “Se constató el impacto de aguas de coproducción, iniciado en las inmediaciones a la locación del pozo inyector PCO15…en el punto de vuelco de este fluido al lecho del cauce aluvional….A escasos metros y sobre las paredes de un barranco orientado de oeste a sureste se han detectado distintos lugares de surgencia de agua con fuerte olor a hidrocarburos y contenido salino por su efecto sobre la flora existente sobre el curso del fluido orientado hacia un arroyo colector de aporte al Arroyo de los Pozos…encontrándose en las inmediaciones de la zona afectada vacunos muetos”, indicaban las actas. En otro pozo se detectaron pérdidas de agua contaminada. En una de las actas quedó plasmado que “se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona”. En los análisis de agua realizada se halló “un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones y cationes matoritarios, en especial cloruros y dodios, compuestos predominantes en las aguas de formación. Hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y tilio, valores que no se encuentran normalmente en las aguias subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y o aguas de purga luego de la extracción de petróleo”.
“Es la primera vez que hay una condena así. Es una bocanada de aire fresco para la justicia federal. Fue muy bueno el trabajo del Ministerio Público, de la fiscal Gloria André. Este caso fue emblemático porque la contaminación era evidente”, dijo el abogado José Rubio, quien patrocinó a los denunciantes originales en la causa.
El contexto en el que se produce la sentencia es particular por el reimpulso a la actividad petrolera y minera y la exigencia de mayor control ambiental. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el Tribunal impuso a los tres pautas de conducta específicas.
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Fecha de Publicación: 11/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Justicia Federal de Mendoza condenó a tres ex directivos de la petrolera Vintage Oil por un derrame ocurrido en Tupungato hace 15 años. La pena es a tres años de prisión por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en riesgo la salud.
Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condenas contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación.
La contaminación se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas, de Tupungato. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Torton. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vingage Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga, que contenía petróleo y metales pesados. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó.
La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en 2008. Pero recién este año se realizó el debate, que se inició el 5 de septiembre, hace justo un mes. En los 15 años que pasaron, por ejemplo, la empresa dejó de operar y el área está en manos de otra petrolera. Originalmente la empresa Pecon tuvo la concesión. Luego pasó a manos de Vintage Oil, luego a Oxi y finalmente a Sinopec, la firma que actualmente opera el área.
El Tribunal Oral formado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. En particular consideraron que el hecho quedó enmarcado en lo que dice el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que sanciona a quien “utilizando los residuos… envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, con el agravante de haber contaminado “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La acusación quedó a cargo de la fiscal federal Gloria André.
El área impactada tiene una alta actividad petrolera en Tupungato. Incluso está cerca de un sector que ha sido revalorizado en la última licitación realizada por el gobierno.
El caso
En su momento el derrame fue denunciado por Cesar Biritos, quien era inspector de cauce, y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán.
Los testigos que declararon confirmaron las denuncias de ese momento. Entre ellos hubo representantes de Irrigación y de la Dirección de Protección Ambiental. En su momento el DGI confirmó “la existencia de contamianción por aguas de purga emanadas por el pozo PCO 15 de Vingage Oil. “Se constató el impacto de aguas de coproducción, iniciado en las inmediaciones a la locación del pozo inyector PCO15…en el punto de vuelco de este fluido al lecho del cauce aluvional….A escasos metros y sobre las paredes de un barranco orientado de oeste a sureste se han detectado distintos lugares de surgencia de agua con fuerte olor a hidrocarburos y contenido salino por su efecto sobre la flora existente sobre el curso del fluido orientado hacia un arroyo colector de aporte al Arroyo de los Pozos…encontrándose en las inmediaciones de la zona afectada vacunos muetos”, indicaban las actas. En otro pozo se detectaron pérdidas de agua contaminada. En una de las actas quedó plasmado que “se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona”. En los análisis de agua realizada se halló “un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones y cationes matoritarios, en especial cloruros y dodios, compuestos predominantes en las aguas de formación. Hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y tilio, valores que no se encuentran normalmente en las aguias subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y o aguas de purga luego de la extracción de petróleo”.
“Es la primera vez que hay una condena así. Es una bocanada de aire fresco para la justicia federal. Fue muy bueno el trabajo del Ministerio Público, de la fiscal Gloria André. Este caso fue emblemático porque la contaminación era evidente”, dijo el abogado José Rubio, quien patrocinó a los denunciantes originales en la causa.
El contexto en el que se produce la sentencia es particular por el reimpulso a la actividad petrolera y minera y la exigencia de mayor control ambiental. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el Tribunal impuso a los tres pautas de conducta específicas.
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