Proyecto de limitar los plásticos en Capital Federal
¿Chau plásticos?: la Legislatura busca prohibir los sorbetes y descartables
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Las restricciones al plástico podrían llegar a la ciudad de Buenos Aires. Como ya se legisló en Pinamar y a los intentos en Mar del Plata se suma ahora la Capital, que debate un proyecto de eliminación progresiva de sorbetes y utensilios plásticos descartables. La iniciativa replica prácticas que se concretan en varias ciudades del mundo y obedecen a la preocupación que las Naciones Unidas han manifestado respecto de los residuos que llegan a los mares y se han convertido en verdaderas islas flotantes.
"Los consumidores de pescado ingieren hoy por hoy hasta 11.000 micropartículas de plástico por año para entender que esta problemática ha llegado para instalarse. Nadie está ajeno a sufrir las consecuencias ambientales y sanitarias de la producción irresponsable de plásticos. Sabiendo que hoy se arroja el equivalente a un camión cargado de plástico por minuto a los océanos, que la producción y la demanda permanecen en constante aumento, y que el tiempo de degradación de estos materiales varía entre varias décadas a varios siglos, no tenemos más remedio que tomar medidas al respecto, por más que nos resulten incómodas o incluso drásticas", sostiene uno de los argumentos del proyecto que ingresó en la Legislatura porteña, autoría de Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos).
El proyecto, que hoy está en la comisión de Ambiente, también está siendo discutido con el sector del plástico, que se verá obligado a reconvertirse. En ese sentido, el diputado explicó a Infobae que la eliminación será progresiva. Los plazos establecidos en la normativa son:
2020: Prohibición de tener utensilios descartables y sorbetes a la vista en locales de comidas y restaurantes (deben ser entregados en línea de caja)
2022: Prohibición de los sorbetes plásticos que (son lo que mayor daño causan en todo esto),
2026: Prohibición del resto de los utensilios descartables que no sean 100% biodegradables, bajando el porcentaje de componentes de origen orgánico al 40%, a incrementarse gradualmente según plan de progresividad.
La única excepción establecida en el proyecto abarca los utensilios para uso terapéutico y los productos que traigan sorbetes o utensilios de fábrica.
En Ecoplas, una sociedad civil especializada en plásticos y ambiente, rechazan la iniciativa. La industria insiste con que el problema es el mal uso del material y la falta de responsabilidad de descartarlo en el ambiente. "Es más fácil prohibir que educar. Los plásticos de un solo uso de Poliestireno (PS), PET y Polipropileno (PP) son reciclables. Es necesario separarlos en el hogar junto con los otros residuos reciclables (papeles, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos) para que se conviertan en un recurso para la industria recicladora acompañando la economía circular. En Argentina se están reciclando 225.000 toneladas de plástico, con una capacidad ociosa del 50%, por la baja separación de residuos", expresó Verónica Ramos, Gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Ecoplas ante la requisitoria de Infobae.
Y agregaron que, en sintonía con la política de destino final de residuos que planifica el gobierno porteño con la termovalorización o incineración de los residuos, "los plásticos tradicionales tienen un alto poder calorífico por lo que son ideales para la recuperación energética que desarrollará el Gobierno de la Ciudad".
"No es necesario el reemplazo y prohibición que propone el proyecto de ley del diputado Ferraro; debería encauzarse hacia un mensaje positivo a la comunidad: uso responsable y reciclado de plásticos de un solo uso tras la separación en el hogar, junto con los otros residuos reciclables, tales como el papel, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos. Están aprobados por las autoridades competentes en la materia y son necesarios para preservar la salud y evitar contagios", prosiguió Ramos.
La Ciudad de Buenos Aires generó, en 2015, 1.153.38 tn de residuos y más de 143.000 toneladas fueron plásticos (el 13%), según un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y la ONU, cuya política este año es Un planeta sin plástico, indica que "si las formas de consumo y de gestionar los desechos no cambian, tendremos unos 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en el año 2050".
Sin embargo, el tema también genera polémica en el seno de las negociaciones internacionales. De hecho, hace un par de semanas el G7 y varios países invitados no llegaron a un acuerdo de reducción y eliminación de este tipo de materiales ni pudo establecerse un plazo. Los rechazos más fuertes a una iniciativa canadiense fueron los de Japón y de los Estados Unidos.
"Comparamos normativa y creemos que puede llegar al recinto este año. Estamos trabajando con los sectores planteando plazos razonables. La ley sigue, además, los lineamientos de ciudad verde que desarrolla el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño", indicó el diputado.
El 1° de enero de 2017 la Ciudad prohibió la entrega de bolsas de polietileno en mercados y supermercados y la gente comenzó a adoptar la costumbre de llevar su propia bolsa o carro. Según cifras oficiales, sólo en un año se redujo la entre de 400 millones de bolsas.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Las restricciones al plástico podrían llegar a la ciudad de Buenos Aires. Como ya se legisló en Pinamar y a los intentos en Mar del Plata se suma ahora la Capital, que debate un proyecto de eliminación progresiva de sorbetes y utensilios plásticos descartables. La iniciativa replica prácticas que se concretan en varias ciudades del mundo y obedecen a la preocupación que las Naciones Unidas han manifestado respecto de los residuos que llegan a los mares y se han convertido en verdaderas islas flotantes.
"Los consumidores de pescado ingieren hoy por hoy hasta 11.000 micropartículas de plástico por año para entender que esta problemática ha llegado para instalarse. Nadie está ajeno a sufrir las consecuencias ambientales y sanitarias de la producción irresponsable de plásticos. Sabiendo que hoy se arroja el equivalente a un camión cargado de plástico por minuto a los océanos, que la producción y la demanda permanecen en constante aumento, y que el tiempo de degradación de estos materiales varía entre varias décadas a varios siglos, no tenemos más remedio que tomar medidas al respecto, por más que nos resulten incómodas o incluso drásticas", sostiene uno de los argumentos del proyecto que ingresó en la Legislatura porteña, autoría de Maximiliano Ferraro (Vamos Juntos).
El proyecto, que hoy está en la comisión de Ambiente, también está siendo discutido con el sector del plástico, que se verá obligado a reconvertirse. En ese sentido, el diputado explicó a Infobae que la eliminación será progresiva. Los plazos establecidos en la normativa son:
2020: Prohibición de tener utensilios descartables y sorbetes a la vista en locales de comidas y restaurantes (deben ser entregados en línea de caja)
2022: Prohibición de los sorbetes plásticos que (son lo que mayor daño causan en todo esto),
2026: Prohibición del resto de los utensilios descartables que no sean 100% biodegradables, bajando el porcentaje de componentes de origen orgánico al 40%, a incrementarse gradualmente según plan de progresividad.
La única excepción establecida en el proyecto abarca los utensilios para uso terapéutico y los productos que traigan sorbetes o utensilios de fábrica.
En Ecoplas, una sociedad civil especializada en plásticos y ambiente, rechazan la iniciativa. La industria insiste con que el problema es el mal uso del material y la falta de responsabilidad de descartarlo en el ambiente. "Es más fácil prohibir que educar. Los plásticos de un solo uso de Poliestireno (PS), PET y Polipropileno (PP) son reciclables. Es necesario separarlos en el hogar junto con los otros residuos reciclables (papeles, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos) para que se conviertan en un recurso para la industria recicladora acompañando la economía circular. En Argentina se están reciclando 225.000 toneladas de plástico, con una capacidad ociosa del 50%, por la baja separación de residuos", expresó Verónica Ramos, Gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Ecoplas ante la requisitoria de Infobae.
Y agregaron que, en sintonía con la política de destino final de residuos que planifica el gobierno porteño con la termovalorización o incineración de los residuos, "los plásticos tradicionales tienen un alto poder calorífico por lo que son ideales para la recuperación energética que desarrollará el Gobierno de la Ciudad".
"No es necesario el reemplazo y prohibición que propone el proyecto de ley del diputado Ferraro; debería encauzarse hacia un mensaje positivo a la comunidad: uso responsable y reciclado de plásticos de un solo uso tras la separación en el hogar, junto con los otros residuos reciclables, tales como el papel, cartón, hojalata, vidrios y demás plásticos. Están aprobados por las autoridades competentes en la materia y son necesarios para preservar la salud y evitar contagios", prosiguió Ramos.
La Ciudad de Buenos Aires generó, en 2015, 1.153.38 tn de residuos y más de 143.000 toneladas fueron plásticos (el 13%), según un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y la ONU, cuya política este año es Un planeta sin plástico, indica que "si las formas de consumo y de gestionar los desechos no cambian, tendremos unos 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos en el año 2050".
Sin embargo, el tema también genera polémica en el seno de las negociaciones internacionales. De hecho, hace un par de semanas el G7 y varios países invitados no llegaron a un acuerdo de reducción y eliminación de este tipo de materiales ni pudo establecerse un plazo. Los rechazos más fuertes a una iniciativa canadiense fueron los de Japón y de los Estados Unidos.
"Comparamos normativa y creemos que puede llegar al recinto este año. Estamos trabajando con los sectores planteando plazos razonables. La ley sigue, además, los lineamientos de ciudad verde que desarrolla el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño", indicó el diputado.
El 1° de enero de 2017 la Ciudad prohibió la entrega de bolsas de polietileno en mercados y supermercados y la gente comenzó a adoptar la costumbre de llevar su propia bolsa o carro. Según cifras oficiales, sólo en un año se redujo la entre de 400 millones de bolsas.
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Las reservas y parques comienzan a sentir la crisis
El recorte afecta al parque Quebrada del Condorito
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Señalan riesgos para visitantes y en tareas de conservación. La situación abarca a otras áreas protegidas.
El recorte en los gastos del Estado nacional llegó a la Administración de Parques Nacionales (APN). Según empleados de esta dependencia, están en riesgo la seguridad de los visitantes de estas áreas protegidas y los planes de conservación.
Leonardo Barrios Caro, delegado nexo nacional del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que la situación es crítica al punto de no tener combustible para viajar hasta los parques para poder recorrerlos.
Barrios Caro es técnico en la Regional Centro de la APN que funciona en la ciudad de Córdoba. Esta sede incluye los parques nacionales Quebrada del Condorito de Córdoba y a Talampaya (La Rioja), Las Quijadas (San Luis), Leoncito y San Guillermo (San Juan).
“Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para poder asistir a las reuniones”, comentó. Y explicó que la delegación tiene 4,5 millones de pesos para funcionamiento y 24 empleados.
A su vez, cada parque maneja su presupuesto y personal. En el caso de Quebrada del Condorito, tiene 25 empleados, de los cuales la mitad está contratada y no saben si seguirán trabajando en 2019.
“Los parques tampoco pueden garantizarles seguridad a los visitantes. Si vas a Condorito y te perdés, hay que pedir asistencia porque no hay combustible”, comentó.
También está en riesgo la conservación de parques porque hay planes de manejo de especies exóticas y otras tareas que se están dejando de hacer por falta de fondos.
“En Condorito se retrasó el proyecto de reintroducción de guanacos. Se iba a traer otra tropilla de 30 ejemplares desde Buenos Aires, pero se pasó para 2019. Ahora sólo quedan 12 animales y está en riesgo la viabilidad de la población”, detalló Barrios Caro.
También explicó que retrasaron un plan de control del jabalí con trampas. Se trata de una especie invasora muy dañina para el ecosistema y que también puede transmitir enfermedades.
“Como los técnicos no tenemos herramientas de trabajo, no podemos realizar los informes. El directorio podría utilizar este argumento para decir que no trabajamos y no renovarnos el contrato”, graficó.
Desde ATE enviaron el miércoles una carta a Eugenio Breard, presidente de APN, con un detalle de estos reclamos. En ella, intiman a la autoridad a que resuelva la situación, porque de lo contrario comenzarán con medidas de fuerza.
“El recorte es del 30 por ciento al 45 por ciento respecto al dinero con el que se pensaba trabajar a inicios de año”, sintetizó Barrios Caro.
A inicios de 2018 se presupuestaron 1.736 millones de pesos para APN. Luego se ajustó a 1.932 millones. Hasta el momento fue pagado el 60 por ciento de ese monto, según el Ministerio de Hacienda.
Para 2019, APN prevé un presupuesto de 2.257 millones de pesos, un 30 por ciento más que los fondos iniciales de 2018. La Quebrada de Condorito pasará de 11,9 millones en 2018 a 14,9 millones para el próximo año. Esto es un incremento del 24,8 por ciento.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Señalan riesgos para visitantes y en tareas de conservación. La situación abarca a otras áreas protegidas.
El recorte en los gastos del Estado nacional llegó a la Administración de Parques Nacionales (APN). Según empleados de esta dependencia, están en riesgo la seguridad de los visitantes de estas áreas protegidas y los planes de conservación.
Leonardo Barrios Caro, delegado nexo nacional del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aseguró que la situación es crítica al punto de no tener combustible para viajar hasta los parques para poder recorrerlos.
Barrios Caro es técnico en la Regional Centro de la APN que funciona en la ciudad de Córdoba. Esta sede incluye los parques nacionales Quebrada del Condorito de Córdoba y a Talampaya (La Rioja), Las Quijadas (San Luis), Leoncito y San Guillermo (San Juan).
“Tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para poder asistir a las reuniones”, comentó. Y explicó que la delegación tiene 4,5 millones de pesos para funcionamiento y 24 empleados.
A su vez, cada parque maneja su presupuesto y personal. En el caso de Quebrada del Condorito, tiene 25 empleados, de los cuales la mitad está contratada y no saben si seguirán trabajando en 2019.
“Los parques tampoco pueden garantizarles seguridad a los visitantes. Si vas a Condorito y te perdés, hay que pedir asistencia porque no hay combustible”, comentó.
También está en riesgo la conservación de parques porque hay planes de manejo de especies exóticas y otras tareas que se están dejando de hacer por falta de fondos.
“En Condorito se retrasó el proyecto de reintroducción de guanacos. Se iba a traer otra tropilla de 30 ejemplares desde Buenos Aires, pero se pasó para 2019. Ahora sólo quedan 12 animales y está en riesgo la viabilidad de la población”, detalló Barrios Caro.
También explicó que retrasaron un plan de control del jabalí con trampas. Se trata de una especie invasora muy dañina para el ecosistema y que también puede transmitir enfermedades.
“Como los técnicos no tenemos herramientas de trabajo, no podemos realizar los informes. El directorio podría utilizar este argumento para decir que no trabajamos y no renovarnos el contrato”, graficó.
Desde ATE enviaron el miércoles una carta a Eugenio Breard, presidente de APN, con un detalle de estos reclamos. En ella, intiman a la autoridad a que resuelva la situación, porque de lo contrario comenzarán con medidas de fuerza.
“El recorte es del 30 por ciento al 45 por ciento respecto al dinero con el que se pensaba trabajar a inicios de año”, sintetizó Barrios Caro.
A inicios de 2018 se presupuestaron 1.736 millones de pesos para APN. Luego se ajustó a 1.932 millones. Hasta el momento fue pagado el 60 por ciento de ese monto, según el Ministerio de Hacienda.
Para 2019, APN prevé un presupuesto de 2.257 millones de pesos, un 30 por ciento más que los fondos iniciales de 2018. La Quebrada de Condorito pasará de 11,9 millones en 2018 a 14,9 millones para el próximo año. Esto es un incremento del 24,8 por ciento.
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Mendoza: propuesta para modificar la 7722
Abraham propone modificar la 7722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Fecha de Publicación: 03/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El senador del PJ presentó modificaciones a la ley de 2007 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Considera que los avances científicos permiten un mayor control, y que es indispensable para el desarrollo de Mendoza. Propone destinar regalías a Vivienda, Género y Discapacidad.
El senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que "el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor".
Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "Y otras sustancias similares", lo que ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
Sin embargo Abraham destaca que esta apertura de la actividad se haría con un mayor y estricto control tanto en la etapa previa de la explotación como durante la extracción.
"Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala en su proyecto el exintendente de Guaymallén.
"La ley 7722 ha apuntado a fijar controles y participación previa al desarrollo de la actividad pero poco dice respecto de los controles posteriores al inicio de la misma, en consecuencia la presente modificación viene a subsanar ese vacío legal haciendo posible la actividad pero debidamente controlada (...) El control debe ser amplio y multisectorial, no pudiendo quedar solo en manos del Poder Ejecutivo y entendemos que se tiene que hacer con la mayor participación de los distintos poderes del estado y de la ciudadanía en general", señala.
En este sentido, propone empoderar a la Policía Minera, a la Legislatura y a las ONG ambientalistas como entidades de control de la actividad.
Al mismo tiempo crea una "Tasa Especial Minera" que se destinaría a mejorar los canales de riego y los sistemas de agua potable de la provincia.
En cuanto a las regalías, especifica porcentajes destinados a: la construcción de viviendas a través del IPV, al financiamiento de políticas de género, y a programas de discapacidad, entre otras acciones sociales.
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Redescubrieron ranas marsupiales en las Yungas salteñas
Redescubrieron a la rana marsupial en las Yungas salteñas
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Un grupo de investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas encontraron en las Yungas salteñas ejemplares de ranas marsupiales del género Gastrotheca, una especie amenazada, lo que representa una posibilidad para su conservación, según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En las selvas de las Yungas del noroeste del país habitan tres especies endémicas de ranas marsupiales del género Gastrotheca.
"Estos anfibios resultan únicos dentro de la biodiversidad del país debido a que las hembras de estas ranas marsupiales llevan a sus renacuajos dentro de un saco de piel que tienen en sus espaldas, para luego liberarlos ya bastante desarrollados en vertientes temporarias donde completan la metamorfosis o directamente 'parir' a los juveniles ya formados, según la especie", indicó Conicet.
A pesar de su singularidad, estas especies se encuentran amenazadas de extinción y en el caso de la Rana Marsupial del Baritú (Gastrotheca chrysosticta) no se había vuelto a observar en su hábitat natural en las Yungas de la provincia de Salta desde el último registro confirmado en el año 1993.
A finales del mes de agosto, un grupo de científicos del Instituto de Ecorregiones Andinas, integrado por Mauricio Akmentins, Martín Boullhesen y Sofía Bardavid, acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) en calidad de asistentes a la investigación, Fernando Falke y personal de apoyo Clemente Espinoza, registraron ejemplares de Gastrotheca chrysosticta en el Parque Nacional Baritú.
El registro de una población saludable de esta especie desaparecida dentro del área de reserva natural estricta del parque Baritú (decreto 2.149/1990), representa una excelente chance para el futuro de la preservación a largo plazo de la rana marsupial del Baritú.
A su vez, la presencia de esta especie amenazada realza el valor de para la conservación de la biodiversidad de las selvas de las Yungas de este parque nacional.
Para más información, hacer clic en la nota científica publicada en el volumen 32 número 2 de la revista Cuadernos de Herpetología de la Asociación Herpetológica Argentina: Akmentins, M.S., M. Boullhesen, S. Bardavid, C.J. Espinoza & F. Falke. 2018. Rediscovery of Gastrotheca chrysosticta Laurent, 1976 (Anura: Hemiphractidae) in Baritú National Park, Salta, Argentina. Cuadernos de Herpetología: doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-021).
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Un grupo de investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas encontraron en las Yungas salteñas ejemplares de ranas marsupiales del género Gastrotheca, una especie amenazada, lo que representa una posibilidad para su conservación, según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En las selvas de las Yungas del noroeste del país habitan tres especies endémicas de ranas marsupiales del género Gastrotheca.
"Estos anfibios resultan únicos dentro de la biodiversidad del país debido a que las hembras de estas ranas marsupiales llevan a sus renacuajos dentro de un saco de piel que tienen en sus espaldas, para luego liberarlos ya bastante desarrollados en vertientes temporarias donde completan la metamorfosis o directamente 'parir' a los juveniles ya formados, según la especie", indicó Conicet.
A pesar de su singularidad, estas especies se encuentran amenazadas de extinción y en el caso de la Rana Marsupial del Baritú (Gastrotheca chrysosticta) no se había vuelto a observar en su hábitat natural en las Yungas de la provincia de Salta desde el último registro confirmado en el año 1993.
A finales del mes de agosto, un grupo de científicos del Instituto de Ecorregiones Andinas, integrado por Mauricio Akmentins, Martín Boullhesen y Sofía Bardavid, acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) en calidad de asistentes a la investigación, Fernando Falke y personal de apoyo Clemente Espinoza, registraron ejemplares de Gastrotheca chrysosticta en el Parque Nacional Baritú.
El registro de una población saludable de esta especie desaparecida dentro del área de reserva natural estricta del parque Baritú (decreto 2.149/1990), representa una excelente chance para el futuro de la preservación a largo plazo de la rana marsupial del Baritú.
A su vez, la presencia de esta especie amenazada realza el valor de para la conservación de la biodiversidad de las selvas de las Yungas de este parque nacional.
Para más información, hacer clic en la nota científica publicada en el volumen 32 número 2 de la revista Cuadernos de Herpetología de la Asociación Herpetológica Argentina: Akmentins, M.S., M. Boullhesen, S. Bardavid, C.J. Espinoza & F. Falke. 2018. Rediscovery of Gastrotheca chrysosticta Laurent, 1976 (Anura: Hemiphractidae) in Baritú National Park, Salta, Argentina. Cuadernos de Herpetología: doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-021).
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Mareomotriz: cordobeses gana beca para investigación
Tres argentinos ganaron una beca de investigación por un proyecto para la generación de energía mareomotriz
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Córdoba
Son oriundos de Córdoba y fueron distinguidos entre 50 profesionales a través de la beca LafargeHolcim, en el marco de los Premios Next Generation. Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.
Los primeros ganadores de la beca LafargeHolcim Research in Practice Grant (RPG), entre los que se encuentran tres argentinos, fueron anunciados por autoridades de la Fundación LafargeHolcim y profesores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo principal de la beca es asesorar y apoyar financieramente a profesionales emergentes para que lleven a cabo investigaciones de vanguardia relacionadas con prácticas sustentables.
Entre los equipos participantes se premió a tres jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont utilizarán su beca para impulsar un proyecto de infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de las corrientes de marea. Además, los integrantes del grupo recibirán soporte y acompañamiento de Holcim Argentina, la filial local de LafargeHolcim.
Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos, considerada como intervención arquitectónica en el paisaje. Esa especie de dique sobre el mar es también una valiosa pieza urbano-arquitectónica que intenta, como sucede en muchos diques, ser aprovechada como recurso turístico, matizada con miradores de aves, refugios, piletas dinámicas, conectores ecológicos y doble-sendas que permiten transitar al borde del agua de mar y de la laguna.
La propuesta fusiona infraestructura, paisaje y arquitectura en un medio natural impactante: los autores pensaron una gigantesca isla de agua en la costa patagónica que, aprovechando los 8 metros promedio de diferencia entre alta y baja mar, pueda producir energía.
Los participantes del Laboratorio Next Generation fueron previamente seleccionados como equipos ganadores de prestigiosos premios LafargeHolcim, realizados en 2017. El laboratorio ofreció una plataforma para el desarrollo de proyectos de vanguardia, intercambiando ideas visionarias sobre el futuro de la construcción sostenible.
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: Nuestro Mar
Provincia/Región: Córdoba
Son oriundos de Córdoba y fueron distinguidos entre 50 profesionales a través de la beca LafargeHolcim, en el marco de los Premios Next Generation. Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.
Los primeros ganadores de la beca LafargeHolcim Research in Practice Grant (RPG), entre los que se encuentran tres argentinos, fueron anunciados por autoridades de la Fundación LafargeHolcim y profesores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El objetivo principal de la beca es asesorar y apoyar financieramente a profesionales emergentes para que lleven a cabo investigaciones de vanguardia relacionadas con prácticas sustentables.
Entre los equipos participantes se premió a tres jóvenes egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Stefano Romagnoli, Juan Cruz Serafini y Tomás Pont utilizarán su beca para impulsar un proyecto de infraestructura y paisaje para la generación de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de las corrientes de marea. Además, los integrantes del grupo recibirán soporte y acompañamiento de Holcim Argentina, la filial local de LafargeHolcim.
Los autores proponen una infraestructura para la utilización de la energía producida por las mareas en el estuario de Punta Loyola, en Río Gallegos, considerada como intervención arquitectónica en el paisaje. Esa especie de dique sobre el mar es también una valiosa pieza urbano-arquitectónica que intenta, como sucede en muchos diques, ser aprovechada como recurso turístico, matizada con miradores de aves, refugios, piletas dinámicas, conectores ecológicos y doble-sendas que permiten transitar al borde del agua de mar y de la laguna.
La propuesta fusiona infraestructura, paisaje y arquitectura en un medio natural impactante: los autores pensaron una gigantesca isla de agua en la costa patagónica que, aprovechando los 8 metros promedio de diferencia entre alta y baja mar, pueda producir energía.
Los participantes del Laboratorio Next Generation fueron previamente seleccionados como equipos ganadores de prestigiosos premios LafargeHolcim, realizados en 2017. El laboratorio ofreció una plataforma para el desarrollo de proyectos de vanguardia, intercambiando ideas visionarias sobre el futuro de la construcción sostenible.
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Afirman tener los votos para habilitar la minería en Chubut
Estarían los votos para habilitar la minería en la meseta central
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco de una serie de reuniones que mantuvo entre el miércoles y este jueves con diputados provinciales en la Legislatura, el presidente de la comuna rural de Telsen, Leonardo Bowman, dijo que, en base a las conversaciones, “vemos que la mayoría” de los diputados provinciales está a favor de la zonificación minera en la Meseta del Chubut.
Las declaraciones de Bowman se produjeron luego de que el vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, Roddy Ingram, se expresara públicamente a favor de la zonificación, en sintonía con funcionarios del Gobierno como el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá. Este jueves, Bowman estuvo en la Legislatura junto a otro presidente comunal de la Meseta, Ricardo Sepúlveda, de Gan Gan, y el miércoles había mantenido reuniones con legisladores junto al titular de Paso de Indios, Mario Pichiñán.
“Estuvimos recorriendo despachos de algunos diputados de distintos bloques como para tener un panorama del tema y ver si podemos lograr que se avance definitivamente con la zonificación”, dijo Bowman en declaraciones formuladas en la misma Legislatura.
“Las reuniones en este caso han sido todas de manera individual. Nos hemos reunido con diputados de distintos bloques y tenemos un panorama mucho más claro de lo que pasa en este ámbito”, manifestó.
Comprensión
En este contexto aseguró que “los diputados, en todos los casos que hemos visto, manifiestan una comprensión de la situación de nuestra zona y también obviamente de la situación de la provincia, con la desocupación y demás. Entonces ven en este caso la salida en la actividad minera como un anexo a la producción que tiene la provincia”.
“Consideramos -enfatizó- que está cerca de concretarse e insistiremos para que esto pase antes de fin de año”. Consultado acerca del borrador en el que estaría trabajando el Gobierno del Chubut de acuerdo con publicaciones periodísticas, Bowman confirmó: “Sabemos que se está trabajando concretamente desde el Gobierno en un borrador o en una mejora del proyecto de zonificación. Buscamos el momento en que el Ejecutivo decida blanquear esta situación. Por nuestra parte buscamos en la Legislatura llegar a un punto de definición y poder avanzar con el tratamiento del tema en este ámbito”.
“Estimo que es una cuestión de decisión política porque, con las visitas que hemos hecho, notamos que la mayoría (de los diputados) está para que esto llegue a un punto definitorio positivo para nuestra región”, manifestó.
Por ello, estimó, “se deben charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la definición política, poder tratarlo, y llegar a buen puerto con este trabajo que estamos haciendo desde noviembre del año pasado”.
Primer paso
“Este es el primer paso que estamos buscando que se concrete. Después habrá otros pasos más, como el estudio de impacto ambiental y demás. Pero es el primer paso que necesitamos dar para saber la proyección que va a tener nuestra región”, dijo Bowman.
El jefe comunal de Telsen recordó que los referentes de la Meseta se reunieron la semana pasada con el gobernador Mariano Arcioni y que, según lo acordado en ese encuentro, para continuar el diálogo con los distintos sectores políticos, “ahora estamos aquí (por la Legislatura) para tener certeza de lo que pasa. Pediremos una nueva reunión con él o veremos la forma de que podamos avanzar”.
Por último, acerca de la manera en la que se vive en los pueblos de la Meseta la posibilidad de que se apruebe la zonificación minera explicó: “Nosotros venimos desde hace ya casi un año, 10 meses, con actividades en las distintas comunidades. Y al día de la fecha hemos llegado sin novedades concretas del tema”. Por ello “la gente tiene la expectativa puesta en esto porque la situación es muy compleja en todos los aspectos: en la proyección de cada familia, no hay trabajo, es difícil generar alternativas. También hay problemas con los servicios básicos y necesitamos soluciones definitivas para cada tema”.
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco de una serie de reuniones que mantuvo entre el miércoles y este jueves con diputados provinciales en la Legislatura, el presidente de la comuna rural de Telsen, Leonardo Bowman, dijo que, en base a las conversaciones, “vemos que la mayoría” de los diputados provinciales está a favor de la zonificación minera en la Meseta del Chubut.
Las declaraciones de Bowman se produjeron luego de que el vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, Roddy Ingram, se expresara públicamente a favor de la zonificación, en sintonía con funcionarios del Gobierno como el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá. Este jueves, Bowman estuvo en la Legislatura junto a otro presidente comunal de la Meseta, Ricardo Sepúlveda, de Gan Gan, y el miércoles había mantenido reuniones con legisladores junto al titular de Paso de Indios, Mario Pichiñán.
“Estuvimos recorriendo despachos de algunos diputados de distintos bloques como para tener un panorama del tema y ver si podemos lograr que se avance definitivamente con la zonificación”, dijo Bowman en declaraciones formuladas en la misma Legislatura.
“Las reuniones en este caso han sido todas de manera individual. Nos hemos reunido con diputados de distintos bloques y tenemos un panorama mucho más claro de lo que pasa en este ámbito”, manifestó.
Comprensión
En este contexto aseguró que “los diputados, en todos los casos que hemos visto, manifiestan una comprensión de la situación de nuestra zona y también obviamente de la situación de la provincia, con la desocupación y demás. Entonces ven en este caso la salida en la actividad minera como un anexo a la producción que tiene la provincia”.
“Consideramos -enfatizó- que está cerca de concretarse e insistiremos para que esto pase antes de fin de año”. Consultado acerca del borrador en el que estaría trabajando el Gobierno del Chubut de acuerdo con publicaciones periodísticas, Bowman confirmó: “Sabemos que se está trabajando concretamente desde el Gobierno en un borrador o en una mejora del proyecto de zonificación. Buscamos el momento en que el Ejecutivo decida blanquear esta situación. Por nuestra parte buscamos en la Legislatura llegar a un punto de definición y poder avanzar con el tratamiento del tema en este ámbito”.
“Estimo que es una cuestión de decisión política porque, con las visitas que hemos hecho, notamos que la mayoría (de los diputados) está para que esto llegue a un punto definitorio positivo para nuestra región”, manifestó.
Por ello, estimó, “se deben charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la definición política, poder tratarlo, y llegar a buen puerto con este trabajo que estamos haciendo desde noviembre del año pasado”.
Primer paso
“Este es el primer paso que estamos buscando que se concrete. Después habrá otros pasos más, como el estudio de impacto ambiental y demás. Pero es el primer paso que necesitamos dar para saber la proyección que va a tener nuestra región”, dijo Bowman.
El jefe comunal de Telsen recordó que los referentes de la Meseta se reunieron la semana pasada con el gobernador Mariano Arcioni y que, según lo acordado en ese encuentro, para continuar el diálogo con los distintos sectores políticos, “ahora estamos aquí (por la Legislatura) para tener certeza de lo que pasa. Pediremos una nueva reunión con él o veremos la forma de que podamos avanzar”.
Por último, acerca de la manera en la que se vive en los pueblos de la Meseta la posibilidad de que se apruebe la zonificación minera explicó: “Nosotros venimos desde hace ya casi un año, 10 meses, con actividades en las distintas comunidades. Y al día de la fecha hemos llegado sin novedades concretas del tema”. Por ello “la gente tiene la expectativa puesta en esto porque la situación es muy compleja en todos los aspectos: en la proyección de cada familia, no hay trabajo, es difícil generar alternativas. También hay problemas con los servicios básicos y necesitamos soluciones definitivas para cada tema”.
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Las energías renovables generarán miles de puestos de trabajo
Empleo: se prevé el ingreso de más de 17 mil personas al mercado de energías renovables
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de informes realizados por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Subsecretaría de Energías Renovables de la República Argentina, se puede concluir que el crecimiento del empleo en el sector renovable en Argentina en estos años se deberá principalmente al empleo generado por proyectos ganadores del programa RenovAr y MATER.
El incremento se traduce en pasar de 5.170 empleos disponibles en 2015 a unos 17.446 que deberían concretarse en los próximos años tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento de los proyectos renovables que inyectarán energía al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).
El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Empleo verde en la Argentina”, publicado en junio de 2017, indicó que tres años atrás se registraron al menos 10.000 empleos relacionados a la producción de biocombustibles junto a puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (ERNC). Aquellos representaron 15% del total de asalariados registrados en el sector de energía, dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
De allí, 5.170 empleos fueron los concretados exclusivamente para ERNC. La mayoría está constituida por trabajos para la generación de energía a partir de biomasa (2.640 puestos de trabajo); luego, 2.420 representaron a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH); y sólo 110 trabajos entre solar fotovoltaica y eólica.
Enfrentando aquellas cifras con las actuales, el reciente informe “Generación de empleo: energías renovables”, publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables este segundo semestre de 2018, marca como principal antecedente para el crecimiento del sector como política de estado a la sanción de la ley N° 27191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
La citada ley, que fue sancionada en octubre de 2015, junto a su correspondiente reglamentación en marzo de 2016, conformarían la normativa principal del sector para contribuir al alcance de las metas de diversificación de la matriz establecidas.
Entre los instrumentos que impulsarían el movimiento del sector se destacan el programa RenovAr (subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica de fuente renovable) y Mater (que otorga prioridad de despacho a proyectos desarrollados en el mercado a término entre privados).
A partir de éstos, el cálculo contempla la generación de 17.446 trabajos directos que demandarán los 201 proyectos renovables que surgieron de la Resolución N° 202/16 (10) y de los programas RenovAr (147) y Mater (44).
El informe especifica, además, que se proyectan 15.391 empleos para cubrir actividades de la etapa de construcción, así como 2.055 para la etapa de Operación y Mantenimiento de aquellos parques y centrales renovables.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de informes realizados por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Subsecretaría de Energías Renovables de la República Argentina, se puede concluir que el crecimiento del empleo en el sector renovable en Argentina en estos años se deberá principalmente al empleo generado por proyectos ganadores del programa RenovAr y MATER.
El incremento se traduce en pasar de 5.170 empleos disponibles en 2015 a unos 17.446 que deberían concretarse en los próximos años tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento de los proyectos renovables que inyectarán energía al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).
El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Empleo verde en la Argentina”, publicado en junio de 2017, indicó que tres años atrás se registraron al menos 10.000 empleos relacionados a la producción de biocombustibles junto a puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (ERNC). Aquellos representaron 15% del total de asalariados registrados en el sector de energía, dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
De allí, 5.170 empleos fueron los concretados exclusivamente para ERNC. La mayoría está constituida por trabajos para la generación de energía a partir de biomasa (2.640 puestos de trabajo); luego, 2.420 representaron a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH); y sólo 110 trabajos entre solar fotovoltaica y eólica.
Enfrentando aquellas cifras con las actuales, el reciente informe “Generación de empleo: energías renovables”, publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables este segundo semestre de 2018, marca como principal antecedente para el crecimiento del sector como política de estado a la sanción de la ley N° 27191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
La citada ley, que fue sancionada en octubre de 2015, junto a su correspondiente reglamentación en marzo de 2016, conformarían la normativa principal del sector para contribuir al alcance de las metas de diversificación de la matriz establecidas.
Entre los instrumentos que impulsarían el movimiento del sector se destacan el programa RenovAr (subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica de fuente renovable) y Mater (que otorga prioridad de despacho a proyectos desarrollados en el mercado a término entre privados).
A partir de éstos, el cálculo contempla la generación de 17.446 trabajos directos que demandarán los 201 proyectos renovables que surgieron de la Resolución N° 202/16 (10) y de los programas RenovAr (147) y Mater (44).
El informe especifica, además, que se proyectan 15.391 empleos para cubrir actividades de la etapa de construcción, así como 2.055 para la etapa de Operación y Mantenimiento de aquellos parques y centrales renovables.
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Córdoba trabaja en la reproducción de árboles nativos
Los árboles nativos tienen su lugar de reproducción
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
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Acuerdo regional sobre el acceso a la información ambiental
Argentina firmó el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
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legislación y derecho ambiental,
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Incendios: la bomba de tiempo que tiene Córdoba
El cementerio de pinos suma riesgos de fuego en Calamuchita
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental
Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte
Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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San Juan lanza créditos para calefones solares
Se vienen créditos para que los sanjuaninos pongan calefones solares
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Los instrumentará el Gobierno de San Juan a partir de fondos del CFI. Ultiman los detalles para la mecánica del plan.
Dentro de pocos días el Gobierno de San Juan firmará con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dos convenios por $40 millones en total, uno por $20 millones para financiar calefones solares y otro para financiar instalaciones domiciliarias de este sistema de energía renovable. Así, la gente de bajos recursos podrá acceder a un crédito muy conveniente para instalar esta tecnología en su casa.
Según dijo el presidente del CFI a Tiempo de San Juan, ya están asignados los fondos y sólo falta finiquitar detalles para que el financiamiento esté disponible en octubre a más tardar. La idea, dijo Ciácera, es establecer seriamente la mecánica para que “el solicitante sepa que cuando presenta la solicitud tendrá el crédito”.
“El financiamiento ya está asignado a San Juan, estamos terminando la operatoria que es amplia porque una vez que va la solicitud, el Ministerio correspondiente tiene que asignar un instalador, ver qué tipo de calefón va a seleccionar, tendrán prioridad por supuesto los calefones solares que tiene la provincia, en eso no interviene el CFI. Les damos el crédito en condiciones muy favorables, en dos años con uno de gracia, prácticamente el ahorro que tienen en energía va a pagar sobradamente la instalación”, explicó el titular de CFI en diálogo con Tiempo de San Juan.
“Ahora hemos avanzado en esa línea porque sabemos que es un insumo caro en el país, entonces nosotros estamos financiando sin olvidar que la responsabilidad es generar trabajo, mayor producción, mayor calidad y conquistar mercados externos”, aclaró.
Sobre cómo se instrumentará el plan de créditos para los sanjuaninos, expresó que “a través de los ministerios van a salir a proponer y van a tomar la solicitud, después van a ir a la unidad de financiamiento que tiene el Consejo donde van a ver el proyecto, si la persona cumple las condiciones para poner el calefón solar, es un trámite administrativo”.
Agregó que “sabemos que hay una lista de calefones solares que el Ministerio de Infraestructura nos va a proponer como prioridad, va a elegir el usuario y también va a haber una lista de instaladores, el que toma el crédito no podemos dejar que sea totalmente abierto porque sería una confusión muy grande, pero va a poder elegir su instalador y el calefón que quiere instalar”.
Ciácera valoró que “nosotros queremos que sea rápido, hace tres meses que lo estamos gestando pero queríamos que el banco tuviese hasta el último punto, somos muy serios, no queremos prometer lo que no podemos cumplir”.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Los instrumentará el Gobierno de San Juan a partir de fondos del CFI. Ultiman los detalles para la mecánica del plan.
Dentro de pocos días el Gobierno de San Juan firmará con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dos convenios por $40 millones en total, uno por $20 millones para financiar calefones solares y otro para financiar instalaciones domiciliarias de este sistema de energía renovable. Así, la gente de bajos recursos podrá acceder a un crédito muy conveniente para instalar esta tecnología en su casa.
Según dijo el presidente del CFI a Tiempo de San Juan, ya están asignados los fondos y sólo falta finiquitar detalles para que el financiamiento esté disponible en octubre a más tardar. La idea, dijo Ciácera, es establecer seriamente la mecánica para que “el solicitante sepa que cuando presenta la solicitud tendrá el crédito”.
“El financiamiento ya está asignado a San Juan, estamos terminando la operatoria que es amplia porque una vez que va la solicitud, el Ministerio correspondiente tiene que asignar un instalador, ver qué tipo de calefón va a seleccionar, tendrán prioridad por supuesto los calefones solares que tiene la provincia, en eso no interviene el CFI. Les damos el crédito en condiciones muy favorables, en dos años con uno de gracia, prácticamente el ahorro que tienen en energía va a pagar sobradamente la instalación”, explicó el titular de CFI en diálogo con Tiempo de San Juan.
“Ahora hemos avanzado en esa línea porque sabemos que es un insumo caro en el país, entonces nosotros estamos financiando sin olvidar que la responsabilidad es generar trabajo, mayor producción, mayor calidad y conquistar mercados externos”, aclaró.
Sobre cómo se instrumentará el plan de créditos para los sanjuaninos, expresó que “a través de los ministerios van a salir a proponer y van a tomar la solicitud, después van a ir a la unidad de financiamiento que tiene el Consejo donde van a ver el proyecto, si la persona cumple las condiciones para poner el calefón solar, es un trámite administrativo”.
Agregó que “sabemos que hay una lista de calefones solares que el Ministerio de Infraestructura nos va a proponer como prioridad, va a elegir el usuario y también va a haber una lista de instaladores, el que toma el crédito no podemos dejar que sea totalmente abierto porque sería una confusión muy grande, pero va a poder elegir su instalador y el calefón que quiere instalar”.
Ciácera valoró que “nosotros queremos que sea rápido, hace tres meses que lo estamos gestando pero queríamos que el banco tuviese hasta el último punto, somos muy serios, no queremos prometer lo que no podemos cumplir”.
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La Pampa planifica un comité de cuenca de acuífero
Proponen crear un comité de cuenca del Acuífero del Valle Argentino
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La iniciativa propone la creación de un ente interjurisdiccional entre La Pampa y Buenos Aires, con organismos de monitoreo integrados por representantes achenses, a los efectos de un manejo sustentable.
En medio de la puja con el Gobierno Provincial por las perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, el Concejo Deliberante de General Acha busca aprobar un proyecto de ordenanza para avanzar en la creación de un comité de cuenca “para el abordaje de la gestión interjurisdiccional (La Pampa Buenos Aires), de la Reserva Subterránea de Agua”, además de la creación de organismos de monitoreo permanente con representantes de la localidad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Cuello (UCR - Frepam) y girada a la Comisión de Acción Social, donde ya obtuvo dictamen por unanimidad.
El proyecto, en su parte resolutiva, propone “expresar la necesidad de cuidar y preservar la Reserva Subterránea de Agua, ‘Acuífero Valle Argentino’, ubicada en parte del territorio de la provincia de La Pampa y de la vecina provincia de Buenos Aires”.
Acto seguido se expresa la “conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial realice las acciones tendientes a la conformación de un comité de cuenca”, el que comprendería tanto a La Pampa como a la vecina provincia de Buenos Aires.
Argumentos
Entre sus fundamentos, se hace referencia a “la necesidad de cuidar y preservar el Ambiente en general y las reservas de aguas subterráneas (Acuíferos), en particular”.
“Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua dulce en la Provincia de La Pampa, y estas, si bien pueden utilizarse para consumo humano y también el desarrollo de una región en la actividad agrícola - ganadera o industrial, deben cuidarse y preservarse”, continúa el texto.
En ese sentido, su autor explica que “parte de nuestra provincia es atravesada por una Reserva de Agua Subterránea (Acuífero) denominada Valle Argentino, que se inicia en la zona de Chacharramendi y que finaliza en territorio de la provincia de Buenos Aires. Dicho Acuífero depende fundamentalmente de la recarga a partir de las distintas formas de precipitación”.
“La gestión y/o manejo del recurso repercute indudablemente en el contexto económico, político, ambiental y social de los pueblos ribereños y zona aledaña, en virtud de la importancia derivada de los estudios de los recursos disponibles en la proyección presente y futura de dichas comunidades”, advierte.
Asimismo se indica que “a los efectos del manejo apropiado de los acuíferos y este en particular, resulta indispensable la conformación de un Comité de Cuenca, cuya integración respete la interprovincialidad del recurso”, y que “es menester además, contar con la provisión de información permanente respecto de la dinámica y la evolución de esta reserva, siendo dicha información relevante al momento de definir una política de manejo sustentable del Acuífero”.
En “tales organismos deben participar, además de los representantes del Estado provincial respectivo; representantes del Municipio, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, garantizando de tal modo la participación ciudadana de las comunidades”, puntualiza el proyecto.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La iniciativa propone la creación de un ente interjurisdiccional entre La Pampa y Buenos Aires, con organismos de monitoreo integrados por representantes achenses, a los efectos de un manejo sustentable.
En medio de la puja con el Gobierno Provincial por las perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, el Concejo Deliberante de General Acha busca aprobar un proyecto de ordenanza para avanzar en la creación de un comité de cuenca “para el abordaje de la gestión interjurisdiccional (La Pampa Buenos Aires), de la Reserva Subterránea de Agua”, además de la creación de organismos de monitoreo permanente con representantes de la localidad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Cuello (UCR - Frepam) y girada a la Comisión de Acción Social, donde ya obtuvo dictamen por unanimidad.
El proyecto, en su parte resolutiva, propone “expresar la necesidad de cuidar y preservar la Reserva Subterránea de Agua, ‘Acuífero Valle Argentino’, ubicada en parte del territorio de la provincia de La Pampa y de la vecina provincia de Buenos Aires”.
Acto seguido se expresa la “conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial realice las acciones tendientes a la conformación de un comité de cuenca”, el que comprendería tanto a La Pampa como a la vecina provincia de Buenos Aires.
Argumentos
Entre sus fundamentos, se hace referencia a “la necesidad de cuidar y preservar el Ambiente en general y las reservas de aguas subterráneas (Acuíferos), en particular”.
“Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua dulce en la Provincia de La Pampa, y estas, si bien pueden utilizarse para consumo humano y también el desarrollo de una región en la actividad agrícola - ganadera o industrial, deben cuidarse y preservarse”, continúa el texto.
En ese sentido, su autor explica que “parte de nuestra provincia es atravesada por una Reserva de Agua Subterránea (Acuífero) denominada Valle Argentino, que se inicia en la zona de Chacharramendi y que finaliza en territorio de la provincia de Buenos Aires. Dicho Acuífero depende fundamentalmente de la recarga a partir de las distintas formas de precipitación”.
“La gestión y/o manejo del recurso repercute indudablemente en el contexto económico, político, ambiental y social de los pueblos ribereños y zona aledaña, en virtud de la importancia derivada de los estudios de los recursos disponibles en la proyección presente y futura de dichas comunidades”, advierte.
Asimismo se indica que “a los efectos del manejo apropiado de los acuíferos y este en particular, resulta indispensable la conformación de un Comité de Cuenca, cuya integración respete la interprovincialidad del recurso”, y que “es menester además, contar con la provisión de información permanente respecto de la dinámica y la evolución de esta reserva, siendo dicha información relevante al momento de definir una política de manejo sustentable del Acuífero”.
En “tales organismos deben participar, además de los representantes del Estado provincial respectivo; representantes del Municipio, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, garantizando de tal modo la participación ciudadana de las comunidades”, puntualiza el proyecto.
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