La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
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En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Residuos, extender la responsabilidad al productor como opción
¿Quién se hace cargo de los envases?: se abrió el debate
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Congreso analiza la responsabilidad sobre botellas y paquetes. El plástico, uno de los residuos que más crece. Qué dice el Instituto Argentino del Envase sobre la responsabilidad de fabricantes y productores.
Los malos basurales gozan de buena salud y a Córdoba, como a todo el país, le cuesta encaminar políticas para un tratamiento más sustentable de los residuos. En esta provincia, menos del cinco por ciento de los habitantes tiene hoy servicios de recolección diferenciada. El porcentaje de los desechos que se recuperan para reciclar es también muy bajo. Mientras menos se recupera, más se entierra. O, peor, queda contaminando sin tratar.
En este marco, los envases –sobre todo derivados de plásticos– representan un dilema especial: cada vez hay más de ellos entre los residuos que desechamos. Hasta en los océanos son un problema por su acumulación.
En Argentina, hace años se promete discutir en el Congreso una “ley de envases” que ordene en esta materia. Para algunos sectores, el que pone en el mercado el envase debe hacerse cargo de su destino final (lo que se llama “responsabilidad extendida del productor”). Para otros, la cadena de responsabilidades es más compleja.
Ayer estuvo en Córdoba Roberto Sánchez, coordinador del área Medio Ambiente del Instituto Argentino del Envase. Participó de la jornada Reciclar, organizada por Green Drinks Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional. Antes de ese encuentro, habló con La Voz sobre lo que hoy se discute en torno a qué hacemos con tanto envase, aportando la perspectiva del sector industrial que representa.
Un asunto pendiente
El Instituto Argentino del Envase es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace medio siglo por empresas relacionadas con el empaquetamiento (del vidrio, el cartón, la madera, el plástico y otras). Casi 400 firmas de todos los rubros y materiales lo integran. “Tiene como misión el desarrollo de la industria del envase, apuntando a mejorar la calidad de vida de la gente y el cuidado del ambiente”, apuntó Sánchez.
“Los envases mejoraron la calidad de vida: consumir un yogur fabricado a 500 kilómetros y dos semanas después, en buenas condiciones, es un servicio que presta un envase. Pero a la vez, como todo lo que se hace, deja una huella ambiental, un impacto que empezamos a darnos cuenta de que es importante contemplar”, admitió.
Sánchez remarcó que esa institución analiza el impacto ambiental de los envases desde hace años. “Lo abordamos en su sentido más amplio: desde revisar cómo usar menos materia prima, o menos energía y agua para fabricarlos, a cómo reducir su presencia como residuo o cómo mejorar el circuito del reciclado”, apuntó.
Sobre la ley de envases, que suma proyectos en el Congreso, pero nunca termina de ser aprobada, Sánchez opinó: “Nosotros apoyamos la necesidad de una ley ordenadora. Creemos que la sociedad en su conjunto debe tomar cartas en ese asunto. Una buena ley ayudaría mucho. Hay aún discusiones, sobre matices”.
El gran bonete
–Lo más discutido es quién se hace cargo del envase como desecho. ¿El productor o fabricante no es su responsable final?
–Es lo que llaman la responsabilidad extendida del productor. Es un criterio que parecería aceptado y, con matices, se avanza hacia eso. Pero la discusión está en qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno. Toda la industria está de acuerdo en que hay que sacar una ley de envases. Algunos creen que la gestión debe ser privada, otros, estatal, y hay quienes prefieren algo mixto. El sector privado plantea que esto no debería transformarse en un nuevo impuesto, sino en un sistema para gestionar con eficiencia este tema. Algunos sostienen que la responsabilidad, y el costo, es para los dueños de las marcas que ponen los envases en el mercado. Otros piensan que la cosa debe ser más compartida con otros actores de la cadena, como los fabricantes del envase o de la materia prima. Y otros apuntan a lo que llaman la ‘percepción anticipada’, es decir que el fabricante de la materia prima ponga ese dinero y lo cargue en el precio de ese material, de manera que de allí en adelante se sostenga ese costo y no aparezcan otros adicionales. La industria de la materia prima apunta que no tiene cómo saber en qué se usa su producción, porque no todo va a envases. Todo eso está en debate.
–Chile fue el primer país de Sudamérica con ley de envases. Recién está empezando a aplicarla, pero admiten que un buen tratamiento implicaría un leve costo mayor para los consumidores, en cada compra…
–Es un debate que como país aún nos hemos negado. Hasta ahora, los consumidores nos hemos dado el lujo de trasladarle el costo del destino final del envase al Estado. Antes, cuando yo compraba aceite debía llevar la botella de vidrio vacía y el negocio la guardaba y entregaba al mayorista, que la regresaba al fabricante del aceite que, a su vez, debía lavarla y volverla a llenar. Así pasaba con tantos productos. Iban y venían los envases y el cajón de alambre o luego de plástico. En general, eso generaba menos residuos y menor impacto, aunque habría que hilar fino con los fletes y el lavado, por ejemplo. Pero, en general, el envase reutilizado es más sustentable en lo ambiental. Variaron los hábitos comerciales y de consumo y el envase descartable, más liviano, representa, por ejemplo, que no haya más tantos depósitos. Y el Estado se fue haciendo cargo de su destino: esos envases ya no volvían sino que terminaban en la recolección de basura de cada municipio. Y esa recolección, y tratamiento final, cuesta. Este modelo implica que toda la sociedad absorbe los costos de los que más consumen. El Estado se hace cargo de todo ese costo y no en proporción al consumo de envases de cada uno.
–Traducido: ¿que las empresas se hagan cargo, pero que los consumidores sean corresponsables? Que el que más descartable consume, más aporte para su tratamiento…
–Quiero decir que es legítimo si asignamos ese costo al que se beneficia por ese servicio. Tanto la empresa que hace el negocio con ese envase como el consumidor que los usa. Es el modelo que se aplica, en general, en los países donde funcionan leyes de envases. Adicionalmente, se impone que la comunidad asuma otra tarea para que todo tenga sentido: que separe los envases de los residuos en su hogar. Entonces, el costo se hace razonable. El cuidado que hay que tener es que esto no se transforme en una caja negra que nadie sabe qué sucede adentro. El Estado tiene déficit y los municipios tienen en la recolección de residuos su mayor gasto después de sueldos. Pero muchos recolectan seis días por semana, que es una exageración costosa. Habría que ahorrar ahí, para poder hacer por ejemplo una recolección diferenciada.
El hilo más delgado
–De lo macro que plantea, a lo micro: a los recuperadores de papel, plástico o vidrio, que apenas subsisten, se les paga muy poco. Si eso no mejora, es difícil afianzar un modelo razonable…
–Sí, es real. En general, la economía de las cooperativas de recuperadores se sostiene porque el Estado las subsidia. Hay tiempos en que lo que juntan vale más y otros en lo que vale menos. Pero siempre es muy básico. Hay que ir a un modelo que contemple eso. Si se pudieran reducir los enormes costos de recolección, podrían derivarse recursos a mejorar el circuito de los recuperadores. Otra cosa es ayudar a que esas cooperativas puedan acortar las cadenas de comercialización.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Congreso analiza la responsabilidad sobre botellas y paquetes. El plástico, uno de los residuos que más crece. Qué dice el Instituto Argentino del Envase sobre la responsabilidad de fabricantes y productores.
Los malos basurales gozan de buena salud y a Córdoba, como a todo el país, le cuesta encaminar políticas para un tratamiento más sustentable de los residuos. En esta provincia, menos del cinco por ciento de los habitantes tiene hoy servicios de recolección diferenciada. El porcentaje de los desechos que se recuperan para reciclar es también muy bajo. Mientras menos se recupera, más se entierra. O, peor, queda contaminando sin tratar.
En este marco, los envases –sobre todo derivados de plásticos– representan un dilema especial: cada vez hay más de ellos entre los residuos que desechamos. Hasta en los océanos son un problema por su acumulación.
En Argentina, hace años se promete discutir en el Congreso una “ley de envases” que ordene en esta materia. Para algunos sectores, el que pone en el mercado el envase debe hacerse cargo de su destino final (lo que se llama “responsabilidad extendida del productor”). Para otros, la cadena de responsabilidades es más compleja.
Ayer estuvo en Córdoba Roberto Sánchez, coordinador del área Medio Ambiente del Instituto Argentino del Envase. Participó de la jornada Reciclar, organizada por Green Drinks Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional. Antes de ese encuentro, habló con La Voz sobre lo que hoy se discute en torno a qué hacemos con tanto envase, aportando la perspectiva del sector industrial que representa.
Un asunto pendiente
El Instituto Argentino del Envase es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace medio siglo por empresas relacionadas con el empaquetamiento (del vidrio, el cartón, la madera, el plástico y otras). Casi 400 firmas de todos los rubros y materiales lo integran. “Tiene como misión el desarrollo de la industria del envase, apuntando a mejorar la calidad de vida de la gente y el cuidado del ambiente”, apuntó Sánchez.
“Los envases mejoraron la calidad de vida: consumir un yogur fabricado a 500 kilómetros y dos semanas después, en buenas condiciones, es un servicio que presta un envase. Pero a la vez, como todo lo que se hace, deja una huella ambiental, un impacto que empezamos a darnos cuenta de que es importante contemplar”, admitió.
Sánchez remarcó que esa institución analiza el impacto ambiental de los envases desde hace años. “Lo abordamos en su sentido más amplio: desde revisar cómo usar menos materia prima, o menos energía y agua para fabricarlos, a cómo reducir su presencia como residuo o cómo mejorar el circuito del reciclado”, apuntó.
Sobre la ley de envases, que suma proyectos en el Congreso, pero nunca termina de ser aprobada, Sánchez opinó: “Nosotros apoyamos la necesidad de una ley ordenadora. Creemos que la sociedad en su conjunto debe tomar cartas en ese asunto. Una buena ley ayudaría mucho. Hay aún discusiones, sobre matices”.
El gran bonete
–Lo más discutido es quién se hace cargo del envase como desecho. ¿El productor o fabricante no es su responsable final?
–Es lo que llaman la responsabilidad extendida del productor. Es un criterio que parecería aceptado y, con matices, se avanza hacia eso. Pero la discusión está en qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno. Toda la industria está de acuerdo en que hay que sacar una ley de envases. Algunos creen que la gestión debe ser privada, otros, estatal, y hay quienes prefieren algo mixto. El sector privado plantea que esto no debería transformarse en un nuevo impuesto, sino en un sistema para gestionar con eficiencia este tema. Algunos sostienen que la responsabilidad, y el costo, es para los dueños de las marcas que ponen los envases en el mercado. Otros piensan que la cosa debe ser más compartida con otros actores de la cadena, como los fabricantes del envase o de la materia prima. Y otros apuntan a lo que llaman la ‘percepción anticipada’, es decir que el fabricante de la materia prima ponga ese dinero y lo cargue en el precio de ese material, de manera que de allí en adelante se sostenga ese costo y no aparezcan otros adicionales. La industria de la materia prima apunta que no tiene cómo saber en qué se usa su producción, porque no todo va a envases. Todo eso está en debate.
–Chile fue el primer país de Sudamérica con ley de envases. Recién está empezando a aplicarla, pero admiten que un buen tratamiento implicaría un leve costo mayor para los consumidores, en cada compra…
–Es un debate que como país aún nos hemos negado. Hasta ahora, los consumidores nos hemos dado el lujo de trasladarle el costo del destino final del envase al Estado. Antes, cuando yo compraba aceite debía llevar la botella de vidrio vacía y el negocio la guardaba y entregaba al mayorista, que la regresaba al fabricante del aceite que, a su vez, debía lavarla y volverla a llenar. Así pasaba con tantos productos. Iban y venían los envases y el cajón de alambre o luego de plástico. En general, eso generaba menos residuos y menor impacto, aunque habría que hilar fino con los fletes y el lavado, por ejemplo. Pero, en general, el envase reutilizado es más sustentable en lo ambiental. Variaron los hábitos comerciales y de consumo y el envase descartable, más liviano, representa, por ejemplo, que no haya más tantos depósitos. Y el Estado se fue haciendo cargo de su destino: esos envases ya no volvían sino que terminaban en la recolección de basura de cada municipio. Y esa recolección, y tratamiento final, cuesta. Este modelo implica que toda la sociedad absorbe los costos de los que más consumen. El Estado se hace cargo de todo ese costo y no en proporción al consumo de envases de cada uno.
–Traducido: ¿que las empresas se hagan cargo, pero que los consumidores sean corresponsables? Que el que más descartable consume, más aporte para su tratamiento…
–Quiero decir que es legítimo si asignamos ese costo al que se beneficia por ese servicio. Tanto la empresa que hace el negocio con ese envase como el consumidor que los usa. Es el modelo que se aplica, en general, en los países donde funcionan leyes de envases. Adicionalmente, se impone que la comunidad asuma otra tarea para que todo tenga sentido: que separe los envases de los residuos en su hogar. Entonces, el costo se hace razonable. El cuidado que hay que tener es que esto no se transforme en una caja negra que nadie sabe qué sucede adentro. El Estado tiene déficit y los municipios tienen en la recolección de residuos su mayor gasto después de sueldos. Pero muchos recolectan seis días por semana, que es una exageración costosa. Habría que ahorrar ahí, para poder hacer por ejemplo una recolección diferenciada.
El hilo más delgado
–De lo macro que plantea, a lo micro: a los recuperadores de papel, plástico o vidrio, que apenas subsisten, se les paga muy poco. Si eso no mejora, es difícil afianzar un modelo razonable…
–Sí, es real. En general, la economía de las cooperativas de recuperadores se sostiene porque el Estado las subsidia. Hay tiempos en que lo que juntan vale más y otros en lo que vale menos. Pero siempre es muy básico. Hay que ir a un modelo que contemple eso. Si se pudieran reducir los enormes costos de recolección, podrían derivarse recursos a mejorar el circuito de los recuperadores. Otra cosa es ayudar a que esas cooperativas puedan acortar las cadenas de comercialización.
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Despiden docente que se opone a las fumigaciones rurales
Denuncian que echaron a docente por su oposición a fumigaciones
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.
Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.
Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.
Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.
Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un profesor de la Escuela de la Familia Agrícola "Colonias Unidas" Nº 8.248 de Totoras denunció que fue despedido del establecimiento educativo como consecuencia de su "militancia en el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Vida" de esa localidad, organización que brega por evitar la fumigación en inmediaciones de los centros poblados y escuelas rurales en defensa de la salud y el ambiente.
La escuela donde hasta el miércoles último trabajaba Daniel Mangold, está ubicada a 5 kilómetros de la zona urbana y funciona en un predio que pertenece a productores agropecuarios que siembran soja en los terrenos linderos.
Para el profesor, el despido está relacionado a su participación en el colectivo de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras.
"También a mi militancia en favor de las ordenanzas que restringen las fumigaciones, por haber sido amparista en un recurso interpuesto por el mismo tema contra la municipalidad local y quizás además por mi forma de ejercer la docencia vinculada a la educación libre y orientada hacia el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroecológicas, el bienestar animal, la agricultura familiar y por denunciar fumigaciones ilegales en el ámbito de la escuela", señaló.
Amparo y reacción
El docente, quien trabajó durante tres años en la Escuela de la Familia Agrícola, contó a La Capital que el amparo interpuesto "tuvo dos instancias. La primera fue validada por el juez de Cañada de Gómez pero al ser apelada por la Municipalidad, se elevó a segunda instancia, en la Cámara de Rosario quien resolvió a favor de los vecinos en tres de los cuatros puntos que figuraban en el recurso de amparo".
Con ese amparo se limitaron las aspersiones a una distancia de 500 metros a contar desde el inmueble rural y de algunos puntos y barrios de la ciudad y de las escuelas rurales.
"Esa situación hizo que el lobby sojero local reaccione contra el cuerpo de concejales y los vecinos autoconvocados y generaron presiones para que las ordenanzas sancionadas sean totalmente regresivas, como la sancionada durante la mañana del jueves último, y desobedeciendo lo que el juez dictaminó en segunda instancia. A la par se dio la exclusión de mi trabajo", explicó Mangold.
Sin argumentos
"Formalmente no tengo ningún tipo de explicación que motive el cese de mis funciones en la escuela. Me enviaron una carta documento donde sólo se me dice que no necesitan más de mis servicios, sin ningún tipo de explicación", indicó el docente.
La escuela es de gestión privada pero los sueldos son pagados por el Estado provincial. La carta de despido está firmada por el representante legal de la entidad propietaria de la Escuela de la Familia Agrícola.
"Entiendo que esto es un acto discriminatorio, una persecución ideológica por mi militancia en este tema de las fumigaciones. De acuerdo al gremio de los docentes privados (Sadop), este es un caso totalmente inédito por lo menos que haya sido denunciado formalmente".
Tras ser despedido, Mangold inició acciones desde el gremio que lo ampara como docente y en primer lugar se solicitó su reincorporación, algo que todavía no fue atendido por los directivos de la escuela.
La escuela cuenta con unos 300 alumnos y una veintena de docentes. Hasta el día jueves, los encargados del establecimiento se habían negado a dialogar con Mangold, pero en las últimas horas se concretó una reunión entre Sadop y el representante legal del establecimiento.
Reclamo de Sadop
Al respecto, el secretario gremial de Sadop, Gustavo Monduzzi, expresó que "ayer al mediodía fuimos recibidos por el representante legal y miembros del concejo directivo escolar. Fuimos confiados por la apertura de un espacio de diálogo para solicitar la reincorporación del compañero pero recibimos la negativa y si bien ellos no lo reconocen, la militancia de Mangold en pos de fumigaciones controladas y la presión de la gente del agro que solicitaron que se tomen medidas con este docente desencadenaron su despido".
Sobre el futuro inmediato, Monduzzi indicó que "al no lograr la reincorporación continuaremos con las acciones gremiales que deban realizarse y nos solidarizamos con Daniel quien es el primer despedido sin causa tras la sanción de la ley contra los despidos arbitrarios hace un año y medio".
Por otro lado, el representante gremial indicó que "ya solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia el retiro del subsidio por 18 meses correspondiente a las horas que pertenecían al compañero en la institución, que es una multa que deben pagar las patronales que despiden sin causa de acuerdo a la ley vigente".
Entre las irregularidades que rodean el despido de Mangold, el Ministerio de Educación ratificó ante Sadop que "no existe un sumario previo" como dicta la norma, por lo tanto, para el gremialista se trata de "un despido sin causa, arbitrario y que indudablemente tiene que ver con la militancia del compañero".
"Además vamos a denunciar una serie de irregularidades estructurales que ponen de manifiesto las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los docentes del establecimiento", agregó el dirigente de Sadop.
Repudio
Desde los Vecinos Autoconvocados, muchos particulares, así como diferentes organizaciones de todo el país expresaron su solidaridad con el profesor y manifestaron su repudio por redes sociales y medios de prensa. "Lo que más indigna es que hayan dejado sin trabajo a una persona por pensar distinto", comentó Mangold.
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Incineración: dinero para cambiar la opinión de periodistas
Incineración de basura: “El dinero de todos es para disciplinar periodistas”
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35, a cargo de Celsa Ramírez, de la Unidad Fiscal Sur determinó que el material de estrategias de manipulación pública y la entrega de pauta oficial para cambiar la posición de periodistas sobre la incineración de residuos, salió de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se había iniciado por una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por parte del abogado Alejandro Viale, la legisladora Myriam Bregman y el ex diputado de la Ciudad, Facundo Di Filippo.
A partir de este peritaje, Viale sostuvo que se evidenció la utilización del dinero de los ciudadanos “para disciplinar periodistas”. De hecho, consideró que pone sobre la mesa por qué no existen investigaciones periodísticas respecto a la cantidad de negocios con obras y tierras públicas. “Todo eso se mantiene en lugares subterráneo”, planteó sobre el blindaje al alcalde de la Ciudad.
“El Gobierno nunca los cuestionó (sobre las pruebas presentadas) porque sabía que eran verdaderos”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado marcó que podrían configurarse tres delitos: abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: CABA
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº35, a cargo de Celsa Ramírez, de la Unidad Fiscal Sur determinó que el material de estrategias de manipulación pública y la entrega de pauta oficial para cambiar la posición de periodistas sobre la incineración de residuos, salió de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se había iniciado por una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por parte del abogado Alejandro Viale, la legisladora Myriam Bregman y el ex diputado de la Ciudad, Facundo Di Filippo.
A partir de este peritaje, Viale sostuvo que se evidenció la utilización del dinero de los ciudadanos “para disciplinar periodistas”. De hecho, consideró que pone sobre la mesa por qué no existen investigaciones periodísticas respecto a la cantidad de negocios con obras y tierras públicas. “Todo eso se mantiene en lugares subterráneo”, planteó sobre el blindaje al alcalde de la Ciudad.
“El Gobierno nunca los cuestionó (sobre las pruebas presentadas) porque sabía que eran verdaderos”, expresó. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado marcó que podrían configurarse tres delitos: abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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El Estado neoliberal con políticas ambientales débiles
De Ministerios a MiniEstado
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La devaluación de diez ministerios nacionales a secretarias decidida por el presidente Mauricio Macri tiene una implicancia cristalina, que salta a la vista con el solo trámite de revisar en la historia el momento y los motivos por lo que fueron creados. Cada ministerio que se cierra o se desjerarquiza, es una política pública que se jibariza. No son casuales las permanentes alusiones del presidente a la ineficiencia del estado en los últimos setenta años. Con solo agarrar una calculadora, si le restamos esos años al presente 2018, nos trasladamos a 1948, y le pegamos de lleno al primer gobierno peronista. Fue con la reforma constitucional de 1949 que se crearon los ministerios de Trabajo, y el de Salud entre otros, y se separó el de Educación del de Justicia. Crear ministerios no era cosa de todos los días, eran apuestas a nuevas políticas.
La Constitución Nacional de 1853 estableció que el Poder Ejecutivo debía contar con cinco ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse: Agricultura https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agroindustria_(Argentina), Obras Públicas y se escindió Marina del Ministerio de Guerra. No volvió a haber cambios hasta 1949 por lo que tenemos en casi cien años una sola modificación.
El disuelto y rebajado ministerio de Trabajo, fue el fruto de un largo proceso histórico. La primera vez que el Estado tuvo un interés profundo por saber la situación de los trabajadores fue en 1904, se le encomendó al médico y abogado, Juan Bialet Massé, un informe sobre la situación de las clases obreras, quien luego de viajar durante meses por los lugares más recónditos del país, entregó 1500 páginas estremecedoras. Se creó en 1907 una Dirección del Trabajo que fue la que Juan Domingo Perón convirtió en Secretaría en 1945 y luego en ministerio. La idea era que el Estado sea árbitro en los conflictos entre el capital y los trabajadores, pero sobre todo, cumplió la función de vigilar que todas las nuevas leyes laborales se cumplan. Por eso este ministerio molestó tanto a las elites. A partir de 1955 le cambiaron sus funciones, el máximo ejemplo de ese nuevo rumbo fue el nombramiento al frente de Trabajo del ultraliberal, Ingeniero Alvaro Alsogaray. Devaluar el ministerio de Trabajo es achicar la intervención del Estado y dejar inermes a los laburantes y sus sindicatos frente a los grandes empresarios.
No muy diferente es el significado del paso del Ministerio de Salud a secretaría. En 1945 Perón le escribió a Ramón Carrillo la carta que ha circulado en forma viral por las redes: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente”. Carrillo pasó a ser el primero en ocupar ese ministerio, y su labor en el fortalecimiento de la salud pública fue inigualable. A modo de ejemplo basta con decir que Argentina erradicó el paludismo antes que EEUU. En el mejor sentido de la palabra Carrillo politizó la medicina: “la peor enfermedad es la pobreza”. No le perdonaron su audacia, después del golpe de 1955 lo acusaron de enriquecerse, de ser un corrupto. Lo cierto es que murió al año siguiente en medio de grandes penurias económicas en un pueblo perdido de Brasil.
Están claras las prioridades de un gobierno si se le baja la categoría al Ministerio de Salud, y se fortalece el de Transporte.
En diciembre de 2007, al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, una de las decisiones que tomó fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Su misión era orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. Fue en el contexto en el que se hicieron grandes esfuerzos por repatriar científicos que se habían ido al exterior en cada una de las recurrentes crisis que constituyen nuestro modus vivendi. El primer y único ministro que ocupó el cargo fue Lino Barañao, quien se aferró con éxito a su cargo a pesar del cambio copernicano que el gobierno de Cambiemos decidió darle al desarrollo científico. El ahogo presupuestario, el corte de becas y de ingresos a la investigación fueron denunciados desde 2016. El paradigma científico actual difiere largamente del que estaba vigente al crearse el ministerio. Se ha priorizado traer desde el exterior todo lo que podría haberse desarrollado con recursos nacionales. En su camino a la degradación recuerdo cuando Barañao dijo en la revista Noticias que el Conicet no debería financiar el estudio de la Edad Media, sin darse cuenta que se estaba echando tierra encima. No se han escuchado palabras del ex ministro, tal vez preocupado por no convertirse también en ex secretario.
En esta línea de “defensa de la soberanía extranjera”, no puede asombrar que el Ministerio de Cultura de la Nación vuelva a ser una secretaría. Creado en mayo de 2014, su corta vida es solo una muestra más del derrotero pendular de la historia argentina. La función que se le había asignado en el momento de su creación era: “planificar y ejecutar estrategias para la promoción, rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio cultural de Argentina”. En aquel momento parecía lógica la apuesta, solo cuatro años después pareciera que hablamos de otra era geológica.
El que fuera hasta hace unos días el ministro de Medio Ambiente hace mucho tiempo que no está en la palestra pública. Una de las últimas veces que se lo vio estaba disfrazado de árbol intentando transmitir un mensaje que no fue entendido en su momento, ni en ningún otro. Tiempo después se lo vio trayendo televisores Leds desde Chile. El ministerio fue creado por el actual gobierno, y tal vez sea el de más corta existencia de nuestra historia. En su declaración de principios, el ministro rabino explicó que su principal objetivo era asistir al Presidente de la Nación y sus ministerios en el área, como así “coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional” . Tal vez no sea muy aventurado afirmar que este ministerio nunca existió.
Si la creación de cada uno de estos ministerios fue en su momento una apuesta por nuevas políticas, no cabe duda que su degradación, constituyen renuncias, un nuevo paso atrás del Estado, una mayor indefensión de la sociedad frente a eso que llaman mercado.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La devaluación de diez ministerios nacionales a secretarias decidida por el presidente Mauricio Macri tiene una implicancia cristalina, que salta a la vista con el solo trámite de revisar en la historia el momento y los motivos por lo que fueron creados. Cada ministerio que se cierra o se desjerarquiza, es una política pública que se jibariza. No son casuales las permanentes alusiones del presidente a la ineficiencia del estado en los últimos setenta años. Con solo agarrar una calculadora, si le restamos esos años al presente 2018, nos trasladamos a 1948, y le pegamos de lleno al primer gobierno peronista. Fue con la reforma constitucional de 1949 que se crearon los ministerios de Trabajo, y el de Salud entre otros, y se separó el de Educación del de Justicia. Crear ministerios no era cosa de todos los días, eran apuestas a nuevas políticas.
La Constitución Nacional de 1853 estableció que el Poder Ejecutivo debía contar con cinco ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse: Agricultura https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agroindustria_(Argentina), Obras Públicas y se escindió Marina del Ministerio de Guerra. No volvió a haber cambios hasta 1949 por lo que tenemos en casi cien años una sola modificación.
El disuelto y rebajado ministerio de Trabajo, fue el fruto de un largo proceso histórico. La primera vez que el Estado tuvo un interés profundo por saber la situación de los trabajadores fue en 1904, se le encomendó al médico y abogado, Juan Bialet Massé, un informe sobre la situación de las clases obreras, quien luego de viajar durante meses por los lugares más recónditos del país, entregó 1500 páginas estremecedoras. Se creó en 1907 una Dirección del Trabajo que fue la que Juan Domingo Perón convirtió en Secretaría en 1945 y luego en ministerio. La idea era que el Estado sea árbitro en los conflictos entre el capital y los trabajadores, pero sobre todo, cumplió la función de vigilar que todas las nuevas leyes laborales se cumplan. Por eso este ministerio molestó tanto a las elites. A partir de 1955 le cambiaron sus funciones, el máximo ejemplo de ese nuevo rumbo fue el nombramiento al frente de Trabajo del ultraliberal, Ingeniero Alvaro Alsogaray. Devaluar el ministerio de Trabajo es achicar la intervención del Estado y dejar inermes a los laburantes y sus sindicatos frente a los grandes empresarios.
No muy diferente es el significado del paso del Ministerio de Salud a secretaría. En 1945 Perón le escribió a Ramón Carrillo la carta que ha circulado en forma viral por las redes: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente”. Carrillo pasó a ser el primero en ocupar ese ministerio, y su labor en el fortalecimiento de la salud pública fue inigualable. A modo de ejemplo basta con decir que Argentina erradicó el paludismo antes que EEUU. En el mejor sentido de la palabra Carrillo politizó la medicina: “la peor enfermedad es la pobreza”. No le perdonaron su audacia, después del golpe de 1955 lo acusaron de enriquecerse, de ser un corrupto. Lo cierto es que murió al año siguiente en medio de grandes penurias económicas en un pueblo perdido de Brasil.
Están claras las prioridades de un gobierno si se le baja la categoría al Ministerio de Salud, y se fortalece el de Transporte.
En diciembre de 2007, al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, una de las decisiones que tomó fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Su misión era orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. Fue en el contexto en el que se hicieron grandes esfuerzos por repatriar científicos que se habían ido al exterior en cada una de las recurrentes crisis que constituyen nuestro modus vivendi. El primer y único ministro que ocupó el cargo fue Lino Barañao, quien se aferró con éxito a su cargo a pesar del cambio copernicano que el gobierno de Cambiemos decidió darle al desarrollo científico. El ahogo presupuestario, el corte de becas y de ingresos a la investigación fueron denunciados desde 2016. El paradigma científico actual difiere largamente del que estaba vigente al crearse el ministerio. Se ha priorizado traer desde el exterior todo lo que podría haberse desarrollado con recursos nacionales. En su camino a la degradación recuerdo cuando Barañao dijo en la revista Noticias que el Conicet no debería financiar el estudio de la Edad Media, sin darse cuenta que se estaba echando tierra encima. No se han escuchado palabras del ex ministro, tal vez preocupado por no convertirse también en ex secretario.
En esta línea de “defensa de la soberanía extranjera”, no puede asombrar que el Ministerio de Cultura de la Nación vuelva a ser una secretaría. Creado en mayo de 2014, su corta vida es solo una muestra más del derrotero pendular de la historia argentina. La función que se le había asignado en el momento de su creación era: “planificar y ejecutar estrategias para la promoción, rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio cultural de Argentina”. En aquel momento parecía lógica la apuesta, solo cuatro años después pareciera que hablamos de otra era geológica.
El que fuera hasta hace unos días el ministro de Medio Ambiente hace mucho tiempo que no está en la palestra pública. Una de las últimas veces que se lo vio estaba disfrazado de árbol intentando transmitir un mensaje que no fue entendido en su momento, ni en ningún otro. Tiempo después se lo vio trayendo televisores Leds desde Chile. El ministerio fue creado por el actual gobierno, y tal vez sea el de más corta existencia de nuestra historia. En su declaración de principios, el ministro rabino explicó que su principal objetivo era asistir al Presidente de la Nación y sus ministerios en el área, como así “coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional” . Tal vez no sea muy aventurado afirmar que este ministerio nunca existió.
Si la creación de cada uno de estos ministerios fue en su momento una apuesta por nuevas políticas, no cabe duda que su degradación, constituyen renuncias, un nuevo paso atrás del Estado, una mayor indefensión de la sociedad frente a eso que llaman mercado.
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Biocombustibles en Argentina con malas perspectivas
Biocombustibles en Argentina: impuestazo y mercados cerrados paralizan las exportaciones de biodiesel
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: biodiesel.com.ar
Provincia/Región: Nacional
La industria acusa de poco razonable el nuevo tributo, en medio del cierre de los principales mercados como Estados Unidos y Europa. El sector ya trabaja al 30%.
El nuevo marco de retenciones establecidas por el Gobierno nacional para hacer frente a la crisis económico-financiera le dio un nuevo golpe a la industria doméstica del biodiesel.
A los cierres de los principales mercados de exportación, como lo fueron el de los Estados Unidos y Europa este mismo año, se sumó, en las últimas horas, esta “nueva pérdida de competitividad”, tal como definieron algunas voces de esta industria.
A una retención ya subida meses atrás (a partir de julio, pasó de 8% al 15%, después de tener 0% el año pasado), se sumó la decisión de las últimas horas que ubicó al biocombustible entre los “productos primarios”, que lo dejó con una alícuota cercana al 12% o $ 4 por dólar exportado.
Eso, sumado al 15% que ya tributaba.
Con este panorama, el sector externo quedó “paralizado”, ya que, en estos días, se terminaron de embarcar los últimos barcos hacia Europa. “Lo que quedó funcionando es el sector de las pymes domésticas que abastecen al mercado interno. La industria grande exportadora está parada”, afirmó a El Cronista Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Otra fuente calculó que el sector en su totalidad (alrededor de 37 fábricas que disponen de una capacidad de 5000 millones de litros) trabaja, actualmente, al 30% de su capacidad total. En general, se asume como una realidad lo que adelantó el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) acerca de una fuerte caída de esta industria prevista para este año: los datos marcaron un baja estimada en la producción de alrededor del 15%, combinado con un desplome de las exportaciones cercanas al 30 por ciento.
Así, los envíos al exterior alcanzarán este año unos 1350 millones de litros, después de los 1875 millones que tuvo el año pasado (nivel más alto desde 2011). Mientras que la producción llegará a unos 2760 millones de litros, contra los 3260 millones del 2017. “Llamó la atención las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y que se haya ubicado el biodiesel entre los productos primarios. La verdad que no es muy razonable. Es una medida mala y un desincentivo al valor agregado”, afirmó Zubizarreta.
Respecto de la decisión de Europa de abrir un registro para las importaciones argentinas, tomada unos meses atrás, en medio de la investigación por supuestos subsidios a la industria local, que provocó la detención del flujo de envíos por temores a que los posibles aranceles sean retroactivos, el directivo manifestó que habrá novedades recién en noviembre de este año.
“Confiamos en que no pongan ningún arancel, pero también sabemos que en 2011 tuvimos que esperar cinco años para que nos den la razón”, comentó Zubizarreta (la Argentina le terminó ganando un panel en la Organización Mundial de Comercio luego de que Europa decidiera aplicar aranceles antidumping, en un mercado que representaba alrededor de u$s 1500 millones).
El bloqueo externo sí hará saltar al mercado doméstico. Esta demanda, según el USDA, aumentaría alcanzando un record histórico de 1480 millones de litros (un avance del 10,8% contra el año pasado, cuando se consumió internamente unos 1335 millones de litros), considerando que podría ser el primer año en que se alcance la tasa de corte oficial de 10% (mezcla gasoil con biodiesel).
En este sentido, se negocia para que dicho corte se eleve al 12%, aunque en la industria del biocombustible son poco optimistas.
También, comentaron que el sector trabaja para impulsar el uso de unidades de transporte público a base del biocombustible; por ejemplo, en Santa Fe ya existen tres unidades funcionando con el 100% y otra flota al 25%, pero todavía “son pruebas”.
En este sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) solicitó al Gobierno aumentar el corte obligatorio en las naftas hasta el 15% y posteriormente avanzar hasta el 20%; además de intensificar el uso de biodiesel en los equipos de transporte, de generación eléctrica existentes y en otros segmentos de consumo de gasoil mineral.
Hasta el momento, el Gobierno respondió con una suba de los precios utilizado para la mezcla, tanto del biodiesel como del etanol. Según publicó el lunes pasado en el Boletín Oficial, el ex Ministerio de Energía fijó un valor para el biodiesel de $ 22.589 (u$s 610,51) por tonelada, desde un precio de $ 22.095 del mes pasado.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: biodiesel.com.ar
Provincia/Región: Nacional
La industria acusa de poco razonable el nuevo tributo, en medio del cierre de los principales mercados como Estados Unidos y Europa. El sector ya trabaja al 30%.
El nuevo marco de retenciones establecidas por el Gobierno nacional para hacer frente a la crisis económico-financiera le dio un nuevo golpe a la industria doméstica del biodiesel.
A los cierres de los principales mercados de exportación, como lo fueron el de los Estados Unidos y Europa este mismo año, se sumó, en las últimas horas, esta “nueva pérdida de competitividad”, tal como definieron algunas voces de esta industria.
A una retención ya subida meses atrás (a partir de julio, pasó de 8% al 15%, después de tener 0% el año pasado), se sumó la decisión de las últimas horas que ubicó al biocombustible entre los “productos primarios”, que lo dejó con una alícuota cercana al 12% o $ 4 por dólar exportado.
Eso, sumado al 15% que ya tributaba.
Con este panorama, el sector externo quedó “paralizado”, ya que, en estos días, se terminaron de embarcar los últimos barcos hacia Europa. “Lo que quedó funcionando es el sector de las pymes domésticas que abastecen al mercado interno. La industria grande exportadora está parada”, afirmó a El Cronista Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Otra fuente calculó que el sector en su totalidad (alrededor de 37 fábricas que disponen de una capacidad de 5000 millones de litros) trabaja, actualmente, al 30% de su capacidad total. En general, se asume como una realidad lo que adelantó el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) acerca de una fuerte caída de esta industria prevista para este año: los datos marcaron un baja estimada en la producción de alrededor del 15%, combinado con un desplome de las exportaciones cercanas al 30 por ciento.
Así, los envíos al exterior alcanzarán este año unos 1350 millones de litros, después de los 1875 millones que tuvo el año pasado (nivel más alto desde 2011). Mientras que la producción llegará a unos 2760 millones de litros, contra los 3260 millones del 2017. “Llamó la atención las nuevas medidas tomadas por el Gobierno y que se haya ubicado el biodiesel entre los productos primarios. La verdad que no es muy razonable. Es una medida mala y un desincentivo al valor agregado”, afirmó Zubizarreta.
Respecto de la decisión de Europa de abrir un registro para las importaciones argentinas, tomada unos meses atrás, en medio de la investigación por supuestos subsidios a la industria local, que provocó la detención del flujo de envíos por temores a que los posibles aranceles sean retroactivos, el directivo manifestó que habrá novedades recién en noviembre de este año.
“Confiamos en que no pongan ningún arancel, pero también sabemos que en 2011 tuvimos que esperar cinco años para que nos den la razón”, comentó Zubizarreta (la Argentina le terminó ganando un panel en la Organización Mundial de Comercio luego de que Europa decidiera aplicar aranceles antidumping, en un mercado que representaba alrededor de u$s 1500 millones).
El bloqueo externo sí hará saltar al mercado doméstico. Esta demanda, según el USDA, aumentaría alcanzando un record histórico de 1480 millones de litros (un avance del 10,8% contra el año pasado, cuando se consumió internamente unos 1335 millones de litros), considerando que podría ser el primer año en que se alcance la tasa de corte oficial de 10% (mezcla gasoil con biodiesel).
En este sentido, se negocia para que dicho corte se eleve al 12%, aunque en la industria del biocombustible son poco optimistas.
También, comentaron que el sector trabaja para impulsar el uso de unidades de transporte público a base del biocombustible; por ejemplo, en Santa Fe ya existen tres unidades funcionando con el 100% y otra flota al 25%, pero todavía “son pruebas”.
En este sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) solicitó al Gobierno aumentar el corte obligatorio en las naftas hasta el 15% y posteriormente avanzar hasta el 20%; además de intensificar el uso de biodiesel en los equipos de transporte, de generación eléctrica existentes y en otros segmentos de consumo de gasoil mineral.
Hasta el momento, el Gobierno respondió con una suba de los precios utilizado para la mezcla, tanto del biodiesel como del etanol. Según publicó el lunes pasado en el Boletín Oficial, el ex Ministerio de Energía fijó un valor para el biodiesel de $ 22.589 (u$s 610,51) por tonelada, desde un precio de $ 22.095 del mes pasado.
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Chubut: afirman que buscarán la licencia social para la minería
Jerónimo: «Tenemos que lograr licencia social para una minería sustentable»
Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El jefe de la bancada del Chusoto, Jerónimo García, fue designado por el gobernador Mariano Arcioni para mantener conversaciones con el sector minero.
Dejó en claro que sólo se podrá avanzar con la actividad si se alcanza la licencia social y se cumple con ciertos parámetros para una minería sustentable y que resulte beneficiosa para la provincia.
Sostuvo el legislador en el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT, que «están muy apurados» desde Pan American Silver y también desde el Gobierno macional. Planteó que en la Legislatura es donde se debe dar el debate.
El Gobernador «sigue sosteniendo que nosotros tenemos que obtener el tema de la licencia social, obtener una minería sustentable, un marco beneficioso para la provincia», y si esto no se consigue ahora bajo estas condiciones «no se va a habilitar la actividad a gusto y piacere de las empresas». Así definió García la posición del Gobierno de Chubut en torno a un posible avance de la zonificación minera.
El diputado fue designado por Mariano Arcioni para el contacto con el sector minero, pero insistió en que «éstas son las condiciones para poder avanzar con la discusión. Sin eso no hay ninguna instancia de diálogo».
El diputado García afirmó que «hay mucho interés del Estado nacional por hacer la apertura» de la minería en Chubut. Pero «a mí la instrucción que me dio el Gobernador es tratar de conseguir un esquema que favorezca a la provincia, después de cumplir los pasos de lo que él establece, siempre que se trata este tema, de producir el necesario debate, de que toda la opinión pública esté informada y que se contemple un aspecto primordial, que es obtener la licencia social. Lo que pasa es que del otro lado hay mucho apuro».
En ese apuro incluyó también a la minera Pan American Silver, concesionaria del Proyecto Navidad en la Meseta.
Y dijo además que en cada reunión con representantes del sector «te nombran a funcionarios nacionales y que ya está todo, pero no está nada». Citó incluso que «no hay reunión que hagas en Nación en que los funcionarios no te hablen de minería; vas a hablar de la cría del pingüino antártico y te dicen: pero ustedes tienen minería».
Al insistir en esas presiones para habilitar la actividad, García remarcó que «el Gobernador lo sabe, y el primero que resiste la presión es él, por eso deriva hacia otro que lo ayude a llevar la sandía».
«Hace dos años y medio» que hay presiones, sostuvo el diputado. «Me pasó cuando fui ministro coordinador de Mario Das Neves; lo que pasa es que ellos creen que en un año electoral es un tema que no se puede debatir, y lo que yo les digo es que el año electoral ya empezó.
Lo que no hay es una situación de un marco de discusión para hacer posible y racional una actividad que hoy se encuentra vedada en la provincia», agregó el legislador.
«No hay una valoración del contexto que le tocó al gobernador Arcioni»
Jerónimo García consideró que en la vorágine actual no se pone en valor la tarea que le tocó asumir a Mariano Arcioni en un contexto muy complicado de Chubut.
«Lo que ha pasado en Chubut es muy fuerte: perder a un gobernador en ejercicio de sus funciones, lo que le pasó al partido de gobierno de perder un liderazgo, son situaciones muy graves», graficó el diputado García, a lo que debería sumarse las causas por presunta corrupción que golpean al Gobierno.
Insistió en la implicancia que tuvo para Arcioni «el hecho de tener que hacerse cargo del Gobierno en un momento muy álgido», lo que hace que «la tarea que desarrolla el gobernador Arcioni no es menor». Y agregó García que «por ahí estamos en la vorágine todos los días y no hay una valoración de lo que es el contexto en que tenés que actuar».
Pese a todo ello, valoró que el Gobernador «fue encontrando una solución de la mano de algunas cosas favorables, como es el incremento del valor del petróleo que aumentó la actividad».
No tomó partido de un posible intento reeleccionista de Arcioni al considerar que «si se le da el crédito tendrá que manifestarlo él». Y si la sociedad le reconoce méritos «se va a demostrar en el caso de que se presente cuando haya elecciones».
«Hay cosas que no tienen sustento»
«Yo tengo una opinión formada pero no la voy a dar hasta que se resuelva, hay que dejar que continúe la Justicia», sostuvo ayer el jefe de la bancada del Chusoto en Legislatura, Jerónimo García, sobre las causas por presunta corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la actual gestión.
Reconoció el legislador en declaraciones a FM EL CHUBUT que «hay cosas que duelen y que me parecen que no tienen sustento», pero prefiere esperar a que haya definiciones en la Justicia «porque todo lo que diga cualquiera puede descalificarlo diciendo: éste es parcial porque es amigo de fulano».
Consideró «entendible» el enojo que provoca en la sociedad este tipo de casos. Pero en su parecer «también hay un manejo de todos los comunicadores que se les nota su corazoncito para dónde está establecido. Pero es el juego de la política».
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Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El jefe de la bancada del Chusoto, Jerónimo García, fue designado por el gobernador Mariano Arcioni para mantener conversaciones con el sector minero.
Dejó en claro que sólo se podrá avanzar con la actividad si se alcanza la licencia social y se cumple con ciertos parámetros para una minería sustentable y que resulte beneficiosa para la provincia.
Sostuvo el legislador en el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT, que «están muy apurados» desde Pan American Silver y también desde el Gobierno macional. Planteó que en la Legislatura es donde se debe dar el debate.
El Gobernador «sigue sosteniendo que nosotros tenemos que obtener el tema de la licencia social, obtener una minería sustentable, un marco beneficioso para la provincia», y si esto no se consigue ahora bajo estas condiciones «no se va a habilitar la actividad a gusto y piacere de las empresas». Así definió García la posición del Gobierno de Chubut en torno a un posible avance de la zonificación minera.
El diputado fue designado por Mariano Arcioni para el contacto con el sector minero, pero insistió en que «éstas son las condiciones para poder avanzar con la discusión. Sin eso no hay ninguna instancia de diálogo».
El diputado García afirmó que «hay mucho interés del Estado nacional por hacer la apertura» de la minería en Chubut. Pero «a mí la instrucción que me dio el Gobernador es tratar de conseguir un esquema que favorezca a la provincia, después de cumplir los pasos de lo que él establece, siempre que se trata este tema, de producir el necesario debate, de que toda la opinión pública esté informada y que se contemple un aspecto primordial, que es obtener la licencia social. Lo que pasa es que del otro lado hay mucho apuro».
En ese apuro incluyó también a la minera Pan American Silver, concesionaria del Proyecto Navidad en la Meseta.
Y dijo además que en cada reunión con representantes del sector «te nombran a funcionarios nacionales y que ya está todo, pero no está nada». Citó incluso que «no hay reunión que hagas en Nación en que los funcionarios no te hablen de minería; vas a hablar de la cría del pingüino antártico y te dicen: pero ustedes tienen minería».
Al insistir en esas presiones para habilitar la actividad, García remarcó que «el Gobernador lo sabe, y el primero que resiste la presión es él, por eso deriva hacia otro que lo ayude a llevar la sandía».
«Hace dos años y medio» que hay presiones, sostuvo el diputado. «Me pasó cuando fui ministro coordinador de Mario Das Neves; lo que pasa es que ellos creen que en un año electoral es un tema que no se puede debatir, y lo que yo les digo es que el año electoral ya empezó.
Lo que no hay es una situación de un marco de discusión para hacer posible y racional una actividad que hoy se encuentra vedada en la provincia», agregó el legislador.
«No hay una valoración del contexto que le tocó al gobernador Arcioni»
Jerónimo García consideró que en la vorágine actual no se pone en valor la tarea que le tocó asumir a Mariano Arcioni en un contexto muy complicado de Chubut.
«Lo que ha pasado en Chubut es muy fuerte: perder a un gobernador en ejercicio de sus funciones, lo que le pasó al partido de gobierno de perder un liderazgo, son situaciones muy graves», graficó el diputado García, a lo que debería sumarse las causas por presunta corrupción que golpean al Gobierno.
Insistió en la implicancia que tuvo para Arcioni «el hecho de tener que hacerse cargo del Gobierno en un momento muy álgido», lo que hace que «la tarea que desarrolla el gobernador Arcioni no es menor». Y agregó García que «por ahí estamos en la vorágine todos los días y no hay una valoración de lo que es el contexto en que tenés que actuar».
Pese a todo ello, valoró que el Gobernador «fue encontrando una solución de la mano de algunas cosas favorables, como es el incremento del valor del petróleo que aumentó la actividad».
No tomó partido de un posible intento reeleccionista de Arcioni al considerar que «si se le da el crédito tendrá que manifestarlo él». Y si la sociedad le reconoce méritos «se va a demostrar en el caso de que se presente cuando haya elecciones».
«Hay cosas que no tienen sustento»
«Yo tengo una opinión formada pero no la voy a dar hasta que se resuelva, hay que dejar que continúe la Justicia», sostuvo ayer el jefe de la bancada del Chusoto en Legislatura, Jerónimo García, sobre las causas por presunta corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la actual gestión.
Reconoció el legislador en declaraciones a FM EL CHUBUT que «hay cosas que duelen y que me parecen que no tienen sustento», pero prefiere esperar a que haya definiciones en la Justicia «porque todo lo que diga cualquiera puede descalificarlo diciendo: éste es parcial porque es amigo de fulano».
Consideró «entendible» el enojo que provoca en la sociedad este tipo de casos. Pero en su parecer «también hay un manejo de todos los comunicadores que se les nota su corazoncito para dónde está establecido. Pero es el juego de la política».
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Más fracking en Neuquén
Neuquén sumó otra concesión petrolera no convencional
Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El gobernador Omar Gutiérrez avaló el pedido por La Calera realizado por Pluspetrol e YPF. El acuerdo contempla una inversión total de 2.209 millones de dólares.
Con la firma en manos del gobernador Omar Gutiérrez del acuerdo para el desarrollo del yacimiento La Calera, la provincia de Neuquén otorgó ayer la vigésimo novena concesión hidrocarburífera no convencional. El bloque es considerado una de las joyas de Vaca Muerta por su ubicación en medio de una de las zonas de mayor productividad.
El área de 230 kilómetros cuadrados es operada por Pluspetrol en alianza con YPF, firmas a las que llegó tras la venta de los activos de Apache. Según precisó el mandatario la concesión contempla una inversión inicial de 180 millones de dólares.
El plan exploratorio está previsto que se extienda por dos años en los que las firmas realizarán 10 pozos. Pero las perspectivas para el área ubicada en la “zona caliente” de Vaca Muerta son mucho mayores.
De acuerdo al plan presentado al gobierno neuquino la operadora proyectan desarrollar 207 pozos con una inversión total de 2,209 millones de dólares. Pero la apuesta final podría ser aún mucho mayor dado que en junio fue el country manager para Argentina de Pluspetrol, Germán Macchi, quien reveló que la firma apuesta a desarrollar nada menos de 500 pozos en La Calera.
La firma de capitales nacional ya posee una concesión no convencional en su tradicional bloque Centenario Centro, pero es en los primeros pozos exploratorios que ha montado en La Calera que ensayó con más confianza las perforaciones horizontales, con ramas de entre 2.000 y 2.500 metros.
Es que el bloque orientado al shale gas no sólo tiene ya el visto bueno del gobierno neuquino para acceder al precio diferencial del nuevo Plan Gas, sino que también al ubicarse a apenas 20 kilómetros de la nave insignia de YPF en Vaca Muerta, Loma Campana, será una de las áreas que se beneficiarán con el nuevo gasoducto que por 250 millones de dólares lleva adelante TGS.
“Esto es más inversión, más producción y más trabajo”, señaló Gutiérrez tras la firma de la concesión que, por su tipo, se extiende por 35 años.
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Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El gobernador Omar Gutiérrez avaló el pedido por La Calera realizado por Pluspetrol e YPF. El acuerdo contempla una inversión total de 2.209 millones de dólares.
Con la firma en manos del gobernador Omar Gutiérrez del acuerdo para el desarrollo del yacimiento La Calera, la provincia de Neuquén otorgó ayer la vigésimo novena concesión hidrocarburífera no convencional. El bloque es considerado una de las joyas de Vaca Muerta por su ubicación en medio de una de las zonas de mayor productividad.
El área de 230 kilómetros cuadrados es operada por Pluspetrol en alianza con YPF, firmas a las que llegó tras la venta de los activos de Apache. Según precisó el mandatario la concesión contempla una inversión inicial de 180 millones de dólares.
El plan exploratorio está previsto que se extienda por dos años en los que las firmas realizarán 10 pozos. Pero las perspectivas para el área ubicada en la “zona caliente” de Vaca Muerta son mucho mayores.
De acuerdo al plan presentado al gobierno neuquino la operadora proyectan desarrollar 207 pozos con una inversión total de 2,209 millones de dólares. Pero la apuesta final podría ser aún mucho mayor dado que en junio fue el country manager para Argentina de Pluspetrol, Germán Macchi, quien reveló que la firma apuesta a desarrollar nada menos de 500 pozos en La Calera.
La firma de capitales nacional ya posee una concesión no convencional en su tradicional bloque Centenario Centro, pero es en los primeros pozos exploratorios que ha montado en La Calera que ensayó con más confianza las perforaciones horizontales, con ramas de entre 2.000 y 2.500 metros.
Es que el bloque orientado al shale gas no sólo tiene ya el visto bueno del gobierno neuquino para acceder al precio diferencial del nuevo Plan Gas, sino que también al ubicarse a apenas 20 kilómetros de la nave insignia de YPF en Vaca Muerta, Loma Campana, será una de las áreas que se beneficiarán con el nuevo gasoducto que por 250 millones de dólares lleva adelante TGS.
“Esto es más inversión, más producción y más trabajo”, señaló Gutiérrez tras la firma de la concesión que, por su tipo, se extiende por 35 años.
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Congreso mundial sobre energía renovable en Corrientes
Corrientes será sede de un congreso mundial sobre energía renovable
Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Profesionales a nivel internacional exhibirán proyectos en materia de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. Investigadores locales mostrarán avances en el sector productivo.
Desde marzo de este año, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) integra la Red Iberoamericana de Investigación, Desarrollo y Transferencia para la aplicación de Energías Renovables y el Cuidado del Ambiente. La doctora Noemí Sogari, docente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, es una de las coordinadoras que colaboró con la creación de este grupo que nuclea a investigadores de universidades de varios países de América, así como España y Portugal.
Sogari visitó ayer El Litoral para informar que los días 19 y 20 de octubre, en el salón auditorio de la Facultad de Derecho, se realizará el primer congreso de Energías Renovables, auspiciado por la Red. “Viene gente de distintos lugares del mundo a participar del intercambio no sólo de experiencias de investigación, sino también de transferencia tecnológica, es decir, de sistemas que se instalan en las comunidades o empresas”, relató.
En ese sentido, la doctora resaltó que si bien el encuentro estará protagonizado por los investigadores, también estará abierto para docentes, alumnos y público en general, “puesto que seguramente habrá interesados en conocer cómo calefaccionar el ambiente de su hogar usando energía solar, fundamentalmente con lo cara que está la energía eléctrica”.
En ese sentido, destacó que los científicos locales podrán exhibir los avances logrados en materia del “uso de la energía solar para deshidratación de productos hortícolas para calentamiento de agua, y la generación de biogás como tratamiento de afluentes”, entre otros tópicos. “También estamos trabajando desde el punto de vista educativo, en la difusión de uso de energía renovable a partir de la construcción de kits educativos con materiales reciclables, para poder proveer experiencias a escuelas que no cuentan con laboratorios instalados”, añadió.
La fecha para la presentación de trabajos culmina este viernes, y los interesados en participar del congreso podrán enviar sus producciones al correo electrónico ribera2018arg@gmail.com.
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Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Profesionales a nivel internacional exhibirán proyectos en materia de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. Investigadores locales mostrarán avances en el sector productivo.
Desde marzo de este año, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) integra la Red Iberoamericana de Investigación, Desarrollo y Transferencia para la aplicación de Energías Renovables y el Cuidado del Ambiente. La doctora Noemí Sogari, docente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, es una de las coordinadoras que colaboró con la creación de este grupo que nuclea a investigadores de universidades de varios países de América, así como España y Portugal.
Sogari visitó ayer El Litoral para informar que los días 19 y 20 de octubre, en el salón auditorio de la Facultad de Derecho, se realizará el primer congreso de Energías Renovables, auspiciado por la Red. “Viene gente de distintos lugares del mundo a participar del intercambio no sólo de experiencias de investigación, sino también de transferencia tecnológica, es decir, de sistemas que se instalan en las comunidades o empresas”, relató.
En ese sentido, la doctora resaltó que si bien el encuentro estará protagonizado por los investigadores, también estará abierto para docentes, alumnos y público en general, “puesto que seguramente habrá interesados en conocer cómo calefaccionar el ambiente de su hogar usando energía solar, fundamentalmente con lo cara que está la energía eléctrica”.
En ese sentido, destacó que los científicos locales podrán exhibir los avances logrados en materia del “uso de la energía solar para deshidratación de productos hortícolas para calentamiento de agua, y la generación de biogás como tratamiento de afluentes”, entre otros tópicos. “También estamos trabajando desde el punto de vista educativo, en la difusión de uso de energía renovable a partir de la construcción de kits educativos con materiales reciclables, para poder proveer experiencias a escuelas que no cuentan con laboratorios instalados”, añadió.
La fecha para la presentación de trabajos culmina este viernes, y los interesados en participar del congreso podrán enviar sus producciones al correo electrónico ribera2018arg@gmail.com.
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La polémica cría del salmón se acerca a Argentina
Cuestionada en Chile, la cría del salmón se acerca a Argentina
Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Cuestionada por su impacto ambiental y sanitario en Chile, donde es una de las principales actividades económicas del país, la cría de salmones prepara su llegada a Argentina de la mano de Noruega, primera potencia mundial en el sector.
La noticia ya despertó una fuerte reacción de organizaciones de la sociedad civil.
“Argentina hoy tiene la ventaja de que puede usar la experiencia chilena, que ha sido nefasta”, dijo a IPS desde Santiago de Chile el abogado Alex Muñoz, director del Programa Mares Prístinos de National Geographic para América Latina.
“En Chile hemos sufrido los impactos gravísimos de la actividad desarrollada tanto por empresas locales como noruegas. El salmón es nativo del hemisferio norte y existe evidencia científica clarísima de que no es sustentable su cría en el hemisferio sur”, agregó el especialista en Derecho Ambiental.
Muñoz es uno de los autores de un documento fuertemente crítico sobre el proyecto argentino que presentaron 23 organizaciones argentinas e internacionales –como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Oceana y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre- agrupadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
Se trata de una red formada en 2004 para promover el cuidado del océano Atlántico en el sur de Brasil, Uruguay y la Argentina y del océano Pacífico en Chile.
Fue la visita a Argentina en marzo de los reyes de Noruega, Harald y Sonia, quienes se reunieron con el presidente Mauricio Macri, la que dio impulso a la iniciativa.
Ella implicaría la introducción por primera vez de una especie exótica en el mar argentino, ya que este país sudamericano solo tiene hasta hoy peces introducidos en lagos y ríos.
En esa ocasión, Innovation Norway, la agencia del Estado escandinavo que promueve las inversiones en el mundo de capitales del país, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Agroindustria argentino, para estudiar la puesta en marcha de programas de “acuicultura sostenible” en esta nación suramericana.
La acuicultura es la cría de especies en mares, ríos y lagunas. En el caso de la llegada del salmón a Argentina, se están efectuando estudios de factibilidad en el extremo sur de la Patagonia, frente a las costas argentinas de Tierra del Fuego, la isla austral compartida con Chile.
Las consultas de IPS sobre el proyecto no fueron respondidas por las autoridades de Agricultura de la provincia de Tierra del Fuego ni en el Ministerio de Agroindustria, que el lunes 3 fue degradado a secretaría, como parte de un severo plan para recortar el gasto público, en medio del desplome económico que vive el país.
De todas formas, en marzo, el entonces ministro Luis Etchevere había dicho que “la relación con Noruega nos va a permitir beneficiarnos de más de 50 años de experiencia de este país” y agregó que “Tierra del Fuego puede ser pionera en el desarrollo dentro de la Argentina”.
Noruega, que tiene tanto salmón silvestre como cultivado, es el mayor productor mundial de esta especie que por su sabor y su valor alimenticio es consumida en todo el planeta.
En Chile, la cría de salmón en jaulas de cultivo en el mar comenzó hace más de 30 años en la isla de Chiloé, unos 1.100 al sur de Santiago, en la Región de Los Lagos, y desde allí creció y se extendió por toda la Patagonia, hacia las Regiones de Aysen y Magallanes.
Hoy el salmón es uno de los principales productos chilenos de exportación. Cifras oficiales indican que el sector está en expansión, ya que en 2017 sus ventas externas reportaron 4.159 millones de dólares, 20 por ciento más que el año anterior.
Así, representaron el año pasado más del 6 por ciento del total de las exportaciones del país.
Según la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, este año será aun mejor y las ventas a 75 mercados internacionales generarán más de 5.000 millones de dólares.
De acuerdo a la misma cámara empresarial, la actividad genera más de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
“Ningún crecimiento económico justifica la destrucción de los ecosistemas patagónicos”, dijo a IPS desde Santiago el chileno Max Bello, especialista en recursos naturales que desde hace 15 años trabaja en organizaciones dedicadas a la conservación marina.
Bello añadió: “Nunca han sido bien estudiados los efectos de una industria que se extiende por 2.000 kilómetros en la costa chilena. Han vertido químicos de todo tipo para prevenir enfermedades y han recargado el ecosistema de materia orgánica, por el alimento y la materia fecal de los salmones”.
“La salmonicultura se instaló de manera brutal en los últimos años, afectando no solo los recursos naturales sino también la cultura, ya que ha desplazado a otras actividades”, aseguró Bello.
En Argentina, un país donde su población de 44 millones es mayormente consumidora de carne, la pesca se dedica mayoritariamente a exportación.
En 2017, según cifras oficiales, se vendieron al exterior 706.000 toneladas, por un valor de 1.959 millones de dólares, y los productos principales son el langostino y el calamar, ambos nativos. En el mercado interno, el año pasado se consumieron 341.000 toneladas.
En el documento presentado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico se señala que, más allá del fuerte uso de antibióticos, el principal problema del cultivo de salmones es el frecuente escape de las jaulas de peces que terminan por ser una especie exótica que se introduce al ambiente natural.
De hecho, en julio, durante un temporal, se rompieron cuatro de las cinco jaulas de una granja salmonera que la compañía noruega Marine Harvest tiene en Calbuco, cerca de la ciudad de Puerto Montt, y salieron al mar 650.000 salmones.
“De acuerdo a la ley la empresa tiene que recuperar al menos 10 por ciento de los peces, ya que de lo contrario el daño ambiental se presume”, explicó a IPS la bióloga Flavia Liberona, directora ejecutiva de la fundación ambientalista chilena Terram.
En cuanto al uso de productos químicos, Liberona explicó desde el país vecino que “al no estar en su ambiente, en Chile los salmones son muy propensos a enfermedades y por eso utilizan más antibióticos que en Noruega”.
“En 2008 hubo una gran crisis de la industria por la propagación de un virus, que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo”, detalló desde Santiago.
La bióloga Alexandra Sapoznikow, profesora de Gestión de Recursos Naturales en la argentina Universidad Nacional de la Patagonia, dijo que “esta actividad tiene crisis frecuentes y nos preocupa que se lo vea como posibilidad de desarrollo económico. Tierra del Fuego recibe turistas que buscan naturaleza y esa es su oportunidad”.
En diálogo desde la ciudad patagónica de Puerto Madryn, Sapoznikow consideró también que la puesta en marcha de la salmonicultura también entraría en conflicto con el proyecto que organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando con el gobierno argentino, tendiente a la creación de áreas protegidas marinas en el Atlántico Sur.
En noviembre de 2017, el gobierno envió al legislativo Congreso Nacional un proyecto para la creación de dos áreas marinas protegidas cerca de Tierra del Fuego, que llevarían la superficie destinada a conservación de los actuales 28.000 kilómetros cuadrados a 155.000.
La iniciativa, sin embargo, todavía no comenzó a discutirse, mientras el Ministerio del Ambiente –que la elaboró en conjunto con la Administración de Parques Nacionales– fue disminuido el lunes 3 a una secretaría.
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Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Cuestionada por su impacto ambiental y sanitario en Chile, donde es una de las principales actividades económicas del país, la cría de salmones prepara su llegada a Argentina de la mano de Noruega, primera potencia mundial en el sector.
La noticia ya despertó una fuerte reacción de organizaciones de la sociedad civil.
“Argentina hoy tiene la ventaja de que puede usar la experiencia chilena, que ha sido nefasta”, dijo a IPS desde Santiago de Chile el abogado Alex Muñoz, director del Programa Mares Prístinos de National Geographic para América Latina.
“En Chile hemos sufrido los impactos gravísimos de la actividad desarrollada tanto por empresas locales como noruegas. El salmón es nativo del hemisferio norte y existe evidencia científica clarísima de que no es sustentable su cría en el hemisferio sur”, agregó el especialista en Derecho Ambiental.
Muñoz es uno de los autores de un documento fuertemente crítico sobre el proyecto argentino que presentaron 23 organizaciones argentinas e internacionales –como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Oceana y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre- agrupadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
Se trata de una red formada en 2004 para promover el cuidado del océano Atlántico en el sur de Brasil, Uruguay y la Argentina y del océano Pacífico en Chile.
Fue la visita a Argentina en marzo de los reyes de Noruega, Harald y Sonia, quienes se reunieron con el presidente Mauricio Macri, la que dio impulso a la iniciativa.
Ella implicaría la introducción por primera vez de una especie exótica en el mar argentino, ya que este país sudamericano solo tiene hasta hoy peces introducidos en lagos y ríos.
En esa ocasión, Innovation Norway, la agencia del Estado escandinavo que promueve las inversiones en el mundo de capitales del país, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Agroindustria argentino, para estudiar la puesta en marcha de programas de “acuicultura sostenible” en esta nación suramericana.
La acuicultura es la cría de especies en mares, ríos y lagunas. En el caso de la llegada del salmón a Argentina, se están efectuando estudios de factibilidad en el extremo sur de la Patagonia, frente a las costas argentinas de Tierra del Fuego, la isla austral compartida con Chile.
Las consultas de IPS sobre el proyecto no fueron respondidas por las autoridades de Agricultura de la provincia de Tierra del Fuego ni en el Ministerio de Agroindustria, que el lunes 3 fue degradado a secretaría, como parte de un severo plan para recortar el gasto público, en medio del desplome económico que vive el país.
De todas formas, en marzo, el entonces ministro Luis Etchevere había dicho que “la relación con Noruega nos va a permitir beneficiarnos de más de 50 años de experiencia de este país” y agregó que “Tierra del Fuego puede ser pionera en el desarrollo dentro de la Argentina”.
Noruega, que tiene tanto salmón silvestre como cultivado, es el mayor productor mundial de esta especie que por su sabor y su valor alimenticio es consumida en todo el planeta.
En Chile, la cría de salmón en jaulas de cultivo en el mar comenzó hace más de 30 años en la isla de Chiloé, unos 1.100 al sur de Santiago, en la Región de Los Lagos, y desde allí creció y se extendió por toda la Patagonia, hacia las Regiones de Aysen y Magallanes.
Hoy el salmón es uno de los principales productos chilenos de exportación. Cifras oficiales indican que el sector está en expansión, ya que en 2017 sus ventas externas reportaron 4.159 millones de dólares, 20 por ciento más que el año anterior.
Así, representaron el año pasado más del 6 por ciento del total de las exportaciones del país.
Según la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, este año será aun mejor y las ventas a 75 mercados internacionales generarán más de 5.000 millones de dólares.
De acuerdo a la misma cámara empresarial, la actividad genera más de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
“Ningún crecimiento económico justifica la destrucción de los ecosistemas patagónicos”, dijo a IPS desde Santiago el chileno Max Bello, especialista en recursos naturales que desde hace 15 años trabaja en organizaciones dedicadas a la conservación marina.
Bello añadió: “Nunca han sido bien estudiados los efectos de una industria que se extiende por 2.000 kilómetros en la costa chilena. Han vertido químicos de todo tipo para prevenir enfermedades y han recargado el ecosistema de materia orgánica, por el alimento y la materia fecal de los salmones”.
“La salmonicultura se instaló de manera brutal en los últimos años, afectando no solo los recursos naturales sino también la cultura, ya que ha desplazado a otras actividades”, aseguró Bello.
En Argentina, un país donde su población de 44 millones es mayormente consumidora de carne, la pesca se dedica mayoritariamente a exportación.
En 2017, según cifras oficiales, se vendieron al exterior 706.000 toneladas, por un valor de 1.959 millones de dólares, y los productos principales son el langostino y el calamar, ambos nativos. En el mercado interno, el año pasado se consumieron 341.000 toneladas.
En el documento presentado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico se señala que, más allá del fuerte uso de antibióticos, el principal problema del cultivo de salmones es el frecuente escape de las jaulas de peces que terminan por ser una especie exótica que se introduce al ambiente natural.
De hecho, en julio, durante un temporal, se rompieron cuatro de las cinco jaulas de una granja salmonera que la compañía noruega Marine Harvest tiene en Calbuco, cerca de la ciudad de Puerto Montt, y salieron al mar 650.000 salmones.
“De acuerdo a la ley la empresa tiene que recuperar al menos 10 por ciento de los peces, ya que de lo contrario el daño ambiental se presume”, explicó a IPS la bióloga Flavia Liberona, directora ejecutiva de la fundación ambientalista chilena Terram.
En cuanto al uso de productos químicos, Liberona explicó desde el país vecino que “al no estar en su ambiente, en Chile los salmones son muy propensos a enfermedades y por eso utilizan más antibióticos que en Noruega”.
“En 2008 hubo una gran crisis de la industria por la propagación de un virus, que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo”, detalló desde Santiago.
La bióloga Alexandra Sapoznikow, profesora de Gestión de Recursos Naturales en la argentina Universidad Nacional de la Patagonia, dijo que “esta actividad tiene crisis frecuentes y nos preocupa que se lo vea como posibilidad de desarrollo económico. Tierra del Fuego recibe turistas que buscan naturaleza y esa es su oportunidad”.
En diálogo desde la ciudad patagónica de Puerto Madryn, Sapoznikow consideró también que la puesta en marcha de la salmonicultura también entraría en conflicto con el proyecto que organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando con el gobierno argentino, tendiente a la creación de áreas protegidas marinas en el Atlántico Sur.
En noviembre de 2017, el gobierno envió al legislativo Congreso Nacional un proyecto para la creación de dos áreas marinas protegidas cerca de Tierra del Fuego, que llevarían la superficie destinada a conservación de los actuales 28.000 kilómetros cuadrados a 155.000.
La iniciativa, sin embargo, todavía no comenzó a discutirse, mientras el Ministerio del Ambiente –que la elaboró en conjunto con la Administración de Parques Nacionales– fue disminuido el lunes 3 a una secretaría.
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Avances en trabajos por áreas marinas protegidas
Avanzamos en la implementación de áreas marinas protegidas
Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable participó del taller para la implementación de áreas marinas protegidas que se desarrolló el 3 y 4 de septiembre en la Universidad de San Andrés. El encuentro contó con el auspicio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y fue facilitado por el Foro para la conservación del mar patagónico y áreas de influencia.
La actividad de la que participaron Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales y Javier García Espil, director nacional del Agua y los Ecosistemas Acuáticos se llevó a cabo en el marco del esfuerzo realizado para concretar la creación y gestión de nuevas áreas marinas protegidas durante los últimos años. Del mismo modo que la mayoría de las naciones del mundo, la Argentina se ha comprometido a través de convenios internacionales a alcanzar la protección del 10% del mar para el año 2020.
Para continuar este compromiso los representantes de Ambiente de la Nación, intercambiaron información con organizaciones de la sociedad civil y con más de 40 técnicos y expertos, pertenecientes a una veintena de organismos públicos y centros de investigación involucrados en la conservación marina en aguas nacionales.
La implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, creado en 2014, mediante la Ley N.º 27037 es el principal desafío de Argentina para contribuir a la conservación de la biodiversidad marina, fortalecer el ordenamiento espacial que integre protección y gestión de recursos marinos para favorecer la adaptación del ecosistema oceánico al cambio climático.
Participaron además expertos y técnicos en representación de la Administración de Parques Nacionales, Aves Argentinas, CADIC, Centro de investigación aplicada y transferencia tecnológica en recursos marinos, CLT, CONICET, INIDEP, FAO Argentina, Fundación Vida Silvestre, Secretaría de Agroindustria, Ministerio de Defensa, Secretaría de Energía, Prefectura Naval Argentina, Universidad del Comahue, Universidad de Mar del Plata, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, WCS, entre otros.
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Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable participó del taller para la implementación de áreas marinas protegidas que se desarrolló el 3 y 4 de septiembre en la Universidad de San Andrés. El encuentro contó con el auspicio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y fue facilitado por el Foro para la conservación del mar patagónico y áreas de influencia.
La actividad de la que participaron Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales y Javier García Espil, director nacional del Agua y los Ecosistemas Acuáticos se llevó a cabo en el marco del esfuerzo realizado para concretar la creación y gestión de nuevas áreas marinas protegidas durante los últimos años. Del mismo modo que la mayoría de las naciones del mundo, la Argentina se ha comprometido a través de convenios internacionales a alcanzar la protección del 10% del mar para el año 2020.
Para continuar este compromiso los representantes de Ambiente de la Nación, intercambiaron información con organizaciones de la sociedad civil y con más de 40 técnicos y expertos, pertenecientes a una veintena de organismos públicos y centros de investigación involucrados en la conservación marina en aguas nacionales.
La implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, creado en 2014, mediante la Ley N.º 27037 es el principal desafío de Argentina para contribuir a la conservación de la biodiversidad marina, fortalecer el ordenamiento espacial que integre protección y gestión de recursos marinos para favorecer la adaptación del ecosistema oceánico al cambio climático.
Participaron además expertos y técnicos en representación de la Administración de Parques Nacionales, Aves Argentinas, CADIC, Centro de investigación aplicada y transferencia tecnológica en recursos marinos, CLT, CONICET, INIDEP, FAO Argentina, Fundación Vida Silvestre, Secretaría de Agroindustria, Ministerio de Defensa, Secretaría de Energía, Prefectura Naval Argentina, Universidad del Comahue, Universidad de Mar del Plata, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, WCS, entre otros.
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La Reserva de la UNL cumplió dos décadas
La Reserva Natural de Ciudad Universitaria cumplió dos décadas
Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
"Debemos desarrollar las Reservas Naturales para que sean un laboratorio más donde estudiar el impacto del crecimiento de las ciudades en el ecosistema y cómo lograr desarrollo sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella, este miércoles, en el acto por los 20 años de la Reserva. En tanto, el ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, hizo entrega de un subsidio para encarar acciones de conservación del patrimonio natural en el espacio verde.
Con cartelería y señalética renovada para visitar sus senderos y conocer de cerca la flora y la fauna litoraleña, la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cumplió 20 años y lo festejó este miércoles con la visita de numerosos alumnos de escuelas primarias que llenaron el espacio con preguntas e inquietudes sobre la vida de las especies locales.
La celebración fue el marco para la entrega de un subsidio de 150 mil pesos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe para la constitución de un Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de la provincia de Santa Fe, un proyecto que llevarán adelante en forma conjunta con la UNL y Fundación Hábitat, organización que acompaña a la Universidad en el manejo de este espacio verde.
“Aula verde”
“Estamos celebrando estos 20 años de la Reserva y poniéndola en valor porque constituye un espacio académico más de la Universidad que se ha ganado el aprecio de la toda la comunidad. Por eso, nuestro compromiso como universitarios es no sólo conservar las dos Reservas Naturales de la UNL sino ayudar a desarrollarlas, hacerlas más sustentables, que sean un laboratorio más para estudiar el impacto del crecimiento de la ciudad en nuestro medio ambiente y cómo lograr desarrollo de manera sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella.
En tanto, el ministro de Medio Ambiente provincial Jacinto Speranza realizó un repaso de los logros legislativos en cuanto a protección del medio ambiente que ha registrado Santa Fe en estas dos décadas y destacó la constitución de un fondo para encarar acciones sustentables y de preservación del patrimonio natural.
En nombre de Fundación Hábitat, Fernando Ardura, recordó que esta reserva urbana es una de las pocas existentes en el país, que “al momento de su constitución en la década del 90 fue una instancia novedosa en Argentina y hoy se destaca por ser un área de conservación de las especies”.
Por su parte, Alba Imhof, coordinadora de las Reservas Ecológicas de la UNL y directora de la Licenciatura en Biodiversidad que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias, valoró el trabajo en conjunto con la Fundación Hábitat que permite encarar nuevas acciones de cuidado del espacio natural. Informó que cada año, son 10 mil las visitas formales que recibe la Reserva, además de otros visitantes, y destacó la inauguración de nueva cartelería financiada con fondos de Presupuesto Participativo 2017 de la UNL.
“Las Reservas a su vez han producido cambios dentro de la Universidad, hoy son parte de UNL Verde, es decir de las políticas sustentables de la institución, y dentro de ellas no solamente se enseña y se aprende, sino que desarrollamos proyectos de extensión, de investigación y de docencia: es un aula verde”, definió Alba Imhof.
Reconocimientos
A continuación, el rector de la UNL convocó a los estudiantes a convertirse en guías de la Reserva para reafirmar su compromiso con la ecología, estudiar e investigar sobre los ecosistemas locales. Los alumnos cantaron el feliz cumpleaños por las dos décadas de la Reserva Ecológica y a continuación se realizó un reconocimiento al primer guarda parque de la Reserva Ecológica, Juan Carlos Almirón; a la coordinadora del espacio, Alba Imhof, y en representación de todos los estudiantes que han trabajado como guías y viveristas a Sofía Pierini, profesora en Biología quien finalizó su pasantía de grado en la Reserva.
También estuvieron en el acto, el presidente de la Fundación Hábitat, Fernando Ardura; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Ana Canal; el secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo; autoridades universitarias, representantes de instituciones vinculadas al medio ambiente, alumnos y docentes de 3º grado del Colegio Nuestra señora del Huerto; guías, viveristas voluntarios y guarda parques de la Reserva Ecológica.
La UNL cuenta con dos reservas naturales, una en Ciudad Universitaria y la otra en Esperanza, son parte de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y uno de los pilares que dan vida a UNL Verde, el programa con el que la Universidad aborda las problemáticas ambientales y de uso eficiente de los recursos en todas sus políticas institucionales.
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Fecha de Publicación: 10/09/2018
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
"Debemos desarrollar las Reservas Naturales para que sean un laboratorio más donde estudiar el impacto del crecimiento de las ciudades en el ecosistema y cómo lograr desarrollo sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella, este miércoles, en el acto por los 20 años de la Reserva. En tanto, el ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, hizo entrega de un subsidio para encarar acciones de conservación del patrimonio natural en el espacio verde.
Con cartelería y señalética renovada para visitar sus senderos y conocer de cerca la flora y la fauna litoraleña, la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) cumplió 20 años y lo festejó este miércoles con la visita de numerosos alumnos de escuelas primarias que llenaron el espacio con preguntas e inquietudes sobre la vida de las especies locales.
La celebración fue el marco para la entrega de un subsidio de 150 mil pesos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe para la constitución de un Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de la provincia de Santa Fe, un proyecto que llevarán adelante en forma conjunta con la UNL y Fundación Hábitat, organización que acompaña a la Universidad en el manejo de este espacio verde.
“Aula verde”
“Estamos celebrando estos 20 años de la Reserva y poniéndola en valor porque constituye un espacio académico más de la Universidad que se ha ganado el aprecio de la toda la comunidad. Por eso, nuestro compromiso como universitarios es no sólo conservar las dos Reservas Naturales de la UNL sino ayudar a desarrollarlas, hacerlas más sustentables, que sean un laboratorio más para estudiar el impacto del crecimiento de la ciudad en nuestro medio ambiente y cómo lograr desarrollo de manera sustentable”, aseguró el rector de la UNL, Enrique Mammarella.
En tanto, el ministro de Medio Ambiente provincial Jacinto Speranza realizó un repaso de los logros legislativos en cuanto a protección del medio ambiente que ha registrado Santa Fe en estas dos décadas y destacó la constitución de un fondo para encarar acciones sustentables y de preservación del patrimonio natural.
En nombre de Fundación Hábitat, Fernando Ardura, recordó que esta reserva urbana es una de las pocas existentes en el país, que “al momento de su constitución en la década del 90 fue una instancia novedosa en Argentina y hoy se destaca por ser un área de conservación de las especies”.
Por su parte, Alba Imhof, coordinadora de las Reservas Ecológicas de la UNL y directora de la Licenciatura en Biodiversidad que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias, valoró el trabajo en conjunto con la Fundación Hábitat que permite encarar nuevas acciones de cuidado del espacio natural. Informó que cada año, son 10 mil las visitas formales que recibe la Reserva, además de otros visitantes, y destacó la inauguración de nueva cartelería financiada con fondos de Presupuesto Participativo 2017 de la UNL.
“Las Reservas a su vez han producido cambios dentro de la Universidad, hoy son parte de UNL Verde, es decir de las políticas sustentables de la institución, y dentro de ellas no solamente se enseña y se aprende, sino que desarrollamos proyectos de extensión, de investigación y de docencia: es un aula verde”, definió Alba Imhof.
Reconocimientos
A continuación, el rector de la UNL convocó a los estudiantes a convertirse en guías de la Reserva para reafirmar su compromiso con la ecología, estudiar e investigar sobre los ecosistemas locales. Los alumnos cantaron el feliz cumpleaños por las dos décadas de la Reserva Ecológica y a continuación se realizó un reconocimiento al primer guarda parque de la Reserva Ecológica, Juan Carlos Almirón; a la coordinadora del espacio, Alba Imhof, y en representación de todos los estudiantes que han trabajado como guías y viveristas a Sofía Pierini, profesora en Biología quien finalizó su pasantía de grado en la Reserva.
También estuvieron en el acto, el presidente de la Fundación Hábitat, Fernando Ardura; la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Ana Canal; el secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo; autoridades universitarias, representantes de instituciones vinculadas al medio ambiente, alumnos y docentes de 3º grado del Colegio Nuestra señora del Huerto; guías, viveristas voluntarios y guarda parques de la Reserva Ecológica.
La UNL cuenta con dos reservas naturales, una en Ciudad Universitaria y la otra en Esperanza, son parte de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y uno de los pilares que dan vida a UNL Verde, el programa con el que la Universidad aborda las problemáticas ambientales y de uso eficiente de los recursos en todas sus políticas institucionales.
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Agroquímicos sin control en Río Negro
Agroquímicos sin control, un riesgo para la salud en Valle Medio
Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Técnicos y funcionarios del área ambiental proponen crear un depósito de estos residuos contaminantes en la zona, ya que hoy existe un desmanejo en los envases por parte de los productores.
El correcto uso de agroquímicos y el posterior descarte de los envases utilizados sigue siendo una tarea pendiente. Si bien en Río Negro, existe una ley, aprobada hace 30 años, no se está aplicando por la falta de organismos que la ejecuten, por lo que muchos productores y profesionales agrícolas se muestran preocupados por lo que consideran una situación de desmanejo y descontrol de estos productos.
Aunque la aplicación de nuevas técnicas, principalmente en la fruticultura, ha hecho que se baje la cantidad de aplicaciones de productos químicos en los montes, en la horticultura, una actividad creciente en la zona, se mantiene su uso intensivo.
En el caso particular del Valle Medio, la ingeniera agrónoma Nazarena Sternone, realizó hace poco una propuesta para crear un centro regional de acopio de envases. Allí señala que “en el Valle Medio del Río Negro los envases vacíos de agroquímicos abandonados en el campo constituyen un verdadero riesgo para la salud humana y ambiental. Generalmente los envases vacíos quedan abandonados en las chacras o aún peor en cursos de agua, se entierran, queman o se lavan para su posterior reutilización. Ninguna de estas prácticas es recomendada. Por esta razón, para mitigar el riesgo ambiental que estas prácticas habituales constituyen, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, se vienen llevando adelante sucesivas campañas de recolección de envases vacíos de agroquímicos, previamente tratados con la técnica del triple lavado, para su posterior reciclado. La técnica del triple lavado asegura prácticamente un 100 % de la remoción del líquido remanente”.
Indicó –además– que “la Chacra Experimental de Luis Beltrán acompaña esta campaña actuando como Centro de Acopio Transitorio de dichos envases. Nos parece conveniente y apropiado poder contar en el predio de la chacra con instalaciones adecuadas y que cumplan con los requisitos básicos para la recepción de los bolsones” explica.
Más adelante, agrega que “se pretende en el marco de la campaña realizar en la región capacitaciones a productores y usuarios de los agroquímicos sobre medidas de seguridad, técnica del triple lavado e inutilización de envases vacíos”.
La posibilidad de contar con un sitio de estas características en Lamarque vendría a ordenar el acopio de envases de agroquímicos en la comarca.
En la última campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos en la provincia, se juntaron un total de 7 toneladas de residuos. Sin embargo , no hay controles sobre el manejo y uso de estos productos. Tras la desaparición de organismos que se encargaban de la aplicación de la ley provincial 2175, no hay entidades que se hayan encargado del tema.
Por caso, desde Medio Ambiente de la provincia no se dieron respuestas concretas a una serie de preguntas de este medio sobre cómo es actualmente el escenario de manejo de agroquímicos. Por otra parte, se señala que el organismo gubernamental actualmente sólo inspecciona los depósitos de envases. Pero no existen medidas de control sobre la utilización irregular de los agroquímicos en la provincia.
Modernización
Un comerciante de este tipo de productos de la zona del Valle Medio al ser consultado señaló “para horticultura lo que más se vende son los herbicidas. La fruticultura cada vez más va usando menos agroquímicos, porque va más hacia el sistema de feromonas de confusión sexual” que no son químicos. De este modo, los especialistas señalan que las aplicaciones en el monte de frutales han disminuido en la última década de manera considerable. Se pasó de un promedio de 8 a 10 aplicaciones a alrededor de sólo 2 ó 3.
Diana Fernández, técnica de la sede del INTA en Valle Medio asegura que hoy “no hay quien regule. Nosotros sólo damos las capacitaciones: decimos y explicamos la técnica del triple lavado, cómo deben ser los depósitos, el uso, todo lo que es la protección. Eso es lo que nosotros hacemos en las capacitaciones básicas con los pequeños productores y en los colegios para concientizar a los chicos”. Pero también desde los distintos ámbitos consultados por este medio se menciona que existe, sobre todo en los productores hortícolas, un alto grado de informalidad.
Se aplican productos sólo por la recomendación de otros productores y no de especialistas. O no se toman en cuenta las medidas de protección para la aplicación o para deshacerse de los envases. (ver infografía)
¿Cuánto se usa?
Por otra parte, es difícil establecer la cantidad de químicos que se utilizan en la zona.
Por ejemplo, la cantidad de productores totales en Valle Medio es y ha sido una materia pendiente sobre todo del estado provincial, dado que no se han realizado censos en la zona.
A pesar de ello desde la Agencia de Extensión del INTA del Valle Medio se dieron a conocer algunos detalles como la cantidad de hectáreas en producción: en nogales 450 hectáreas de vid 82, de pepita –manzana y pera– 2.200 hectáreas, y fruta de carozo unas 250 hectáreas.
Por otra parte, se indica que otras producciones como el tomate alcanzan las 500 hectáreas en producción.
En el caso de la horticultura cabe mencionar, como número de referencia que entre las ferias de Choele Choel, Beltrán y Lamarque participan alrededor de 50 productores.
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Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Técnicos y funcionarios del área ambiental proponen crear un depósito de estos residuos contaminantes en la zona, ya que hoy existe un desmanejo en los envases por parte de los productores.
El correcto uso de agroquímicos y el posterior descarte de los envases utilizados sigue siendo una tarea pendiente. Si bien en Río Negro, existe una ley, aprobada hace 30 años, no se está aplicando por la falta de organismos que la ejecuten, por lo que muchos productores y profesionales agrícolas se muestran preocupados por lo que consideran una situación de desmanejo y descontrol de estos productos.
Aunque la aplicación de nuevas técnicas, principalmente en la fruticultura, ha hecho que se baje la cantidad de aplicaciones de productos químicos en los montes, en la horticultura, una actividad creciente en la zona, se mantiene su uso intensivo.
En el caso particular del Valle Medio, la ingeniera agrónoma Nazarena Sternone, realizó hace poco una propuesta para crear un centro regional de acopio de envases. Allí señala que “en el Valle Medio del Río Negro los envases vacíos de agroquímicos abandonados en el campo constituyen un verdadero riesgo para la salud humana y ambiental. Generalmente los envases vacíos quedan abandonados en las chacras o aún peor en cursos de agua, se entierran, queman o se lavan para su posterior reutilización. Ninguna de estas prácticas es recomendada. Por esta razón, para mitigar el riesgo ambiental que estas prácticas habituales constituyen, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro, se vienen llevando adelante sucesivas campañas de recolección de envases vacíos de agroquímicos, previamente tratados con la técnica del triple lavado, para su posterior reciclado. La técnica del triple lavado asegura prácticamente un 100 % de la remoción del líquido remanente”.
Indicó –además– que “la Chacra Experimental de Luis Beltrán acompaña esta campaña actuando como Centro de Acopio Transitorio de dichos envases. Nos parece conveniente y apropiado poder contar en el predio de la chacra con instalaciones adecuadas y que cumplan con los requisitos básicos para la recepción de los bolsones” explica.
Más adelante, agrega que “se pretende en el marco de la campaña realizar en la región capacitaciones a productores y usuarios de los agroquímicos sobre medidas de seguridad, técnica del triple lavado e inutilización de envases vacíos”.
La posibilidad de contar con un sitio de estas características en Lamarque vendría a ordenar el acopio de envases de agroquímicos en la comarca.
En la última campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos en la provincia, se juntaron un total de 7 toneladas de residuos. Sin embargo , no hay controles sobre el manejo y uso de estos productos. Tras la desaparición de organismos que se encargaban de la aplicación de la ley provincial 2175, no hay entidades que se hayan encargado del tema.
Por caso, desde Medio Ambiente de la provincia no se dieron respuestas concretas a una serie de preguntas de este medio sobre cómo es actualmente el escenario de manejo de agroquímicos. Por otra parte, se señala que el organismo gubernamental actualmente sólo inspecciona los depósitos de envases. Pero no existen medidas de control sobre la utilización irregular de los agroquímicos en la provincia.
Modernización
Un comerciante de este tipo de productos de la zona del Valle Medio al ser consultado señaló “para horticultura lo que más se vende son los herbicidas. La fruticultura cada vez más va usando menos agroquímicos, porque va más hacia el sistema de feromonas de confusión sexual” que no son químicos. De este modo, los especialistas señalan que las aplicaciones en el monte de frutales han disminuido en la última década de manera considerable. Se pasó de un promedio de 8 a 10 aplicaciones a alrededor de sólo 2 ó 3.
Diana Fernández, técnica de la sede del INTA en Valle Medio asegura que hoy “no hay quien regule. Nosotros sólo damos las capacitaciones: decimos y explicamos la técnica del triple lavado, cómo deben ser los depósitos, el uso, todo lo que es la protección. Eso es lo que nosotros hacemos en las capacitaciones básicas con los pequeños productores y en los colegios para concientizar a los chicos”. Pero también desde los distintos ámbitos consultados por este medio se menciona que existe, sobre todo en los productores hortícolas, un alto grado de informalidad.
Se aplican productos sólo por la recomendación de otros productores y no de especialistas. O no se toman en cuenta las medidas de protección para la aplicación o para deshacerse de los envases. (ver infografía)
¿Cuánto se usa?
Por otra parte, es difícil establecer la cantidad de químicos que se utilizan en la zona.
Por ejemplo, la cantidad de productores totales en Valle Medio es y ha sido una materia pendiente sobre todo del estado provincial, dado que no se han realizado censos en la zona.
A pesar de ello desde la Agencia de Extensión del INTA del Valle Medio se dieron a conocer algunos detalles como la cantidad de hectáreas en producción: en nogales 450 hectáreas de vid 82, de pepita –manzana y pera– 2.200 hectáreas, y fruta de carozo unas 250 hectáreas.
Por otra parte, se indica que otras producciones como el tomate alcanzan las 500 hectáreas en producción.
En el caso de la horticultura cabe mencionar, como número de referencia que entre las ferias de Choele Choel, Beltrán y Lamarque participan alrededor de 50 productores.
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Municipios de Neuquén preocupados por costos de sanear ríos
Sanear los ríos les saldrá muy caro a los municipios
Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén.- Los municipios no están en condiciones de absorber financieramente los proyectos sanitarios para no contaminar los ríos. En Centenario, donde el año pasado se hizo una audiencia pública y hay funcionarios imputados en causas federales, el intendente Esteban Cimolai sostuvo que “sin ayuda del gobierno provincial es imposible mantener el sistema sanitario”, en el que ya invirtió más de $200 millones en dos años y medio.
La aclaración viene porque la semana pasada el gobernador Omar Gutiérrez reglamentó la Ley de Alerta Hídrica, que se sancionó luego de que se destapara la olla de la contaminación del río Limay y varios grupos se movilizaran para revertir esa situación.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado. En el texto, el mandatario provincial enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades, tanto de agua como de cloacas”.
Varios bajo la lupa
No sólo Centenario está en la mira en cuanto a la contaminación. También lo estuvieron Neuquén capital y la planta cloacal de Plottier. Hasta ahora, la comuna centenariense es la única que presentó un proyecto técnico, aunque con un alto costo financiero. Pero de esa planta cloacal depende el curso de agua que va hasta Neuquén capital, a la zona de los clubes y balnearios.
“Poner toda la responsabilidad en atender la contaminación de los ríos en los municipios es un poco complejo, porque no tienen presupuesto y mucho menos para poner en condiciones el sistema como son las cloacas y una planta de tratamiento”, expresó Cimolai.
Sostuvo que desde hace dos años y medio la comuna local invirtió más de $200 millones, desglosado en sueldos de personal específico, capacitaciones, materiales, recambio de cañerías y mantenimiento de los sistemas de rebombeo. Pero aclaró que con eso no alcanza, ya que para mejorar el sistema se necesita una inversión integral.
“Como primera medida nos propusimos que un municipio no puede arrojar líquidos al río sin tratar, y cuando asumimos trabajamos en cortar ese proceso. Aun así, tuvimos que responder en una causa judicial”, agregó el jefe comunal.
Los proyectos para no contaminar están en el Enohsa, y en este contexto de crisis será difícil que se aprueben. Así, la situación ambiental podría agravarse.
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Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén.- Los municipios no están en condiciones de absorber financieramente los proyectos sanitarios para no contaminar los ríos. En Centenario, donde el año pasado se hizo una audiencia pública y hay funcionarios imputados en causas federales, el intendente Esteban Cimolai sostuvo que “sin ayuda del gobierno provincial es imposible mantener el sistema sanitario”, en el que ya invirtió más de $200 millones en dos años y medio.
La aclaración viene porque la semana pasada el gobernador Omar Gutiérrez reglamentó la Ley de Alerta Hídrica, que se sancionó luego de que se destapara la olla de la contaminación del río Limay y varios grupos se movilizaran para revertir esa situación.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado. En el texto, el mandatario provincial enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades, tanto de agua como de cloacas”.
Varios bajo la lupa
No sólo Centenario está en la mira en cuanto a la contaminación. También lo estuvieron Neuquén capital y la planta cloacal de Plottier. Hasta ahora, la comuna centenariense es la única que presentó un proyecto técnico, aunque con un alto costo financiero. Pero de esa planta cloacal depende el curso de agua que va hasta Neuquén capital, a la zona de los clubes y balnearios.
“Poner toda la responsabilidad en atender la contaminación de los ríos en los municipios es un poco complejo, porque no tienen presupuesto y mucho menos para poner en condiciones el sistema como son las cloacas y una planta de tratamiento”, expresó Cimolai.
Sostuvo que desde hace dos años y medio la comuna local invirtió más de $200 millones, desglosado en sueldos de personal específico, capacitaciones, materiales, recambio de cañerías y mantenimiento de los sistemas de rebombeo. Pero aclaró que con eso no alcanza, ya que para mejorar el sistema se necesita una inversión integral.
“Como primera medida nos propusimos que un municipio no puede arrojar líquidos al río sin tratar, y cuando asumimos trabajamos en cortar ese proceso. Aun así, tuvimos que responder en una causa judicial”, agregó el jefe comunal.
Los proyectos para no contaminar están en el Enohsa, y en este contexto de crisis será difícil que se aprueben. Así, la situación ambiental podría agravarse.
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Santa Fe: anulan sobreseimiento empresario contaminador
Anularon el sobreseimiento de un empresario acusado por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La Sala III de la CFCP consideró suficientemente comprobada la contaminación ambiental producida por el ingenio azucarero Aguilares –administrado por el imputado- mediante el vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento en el cauce del Río Medina, en la provincia de Tucumán.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, anuló el sobreseimiento de un empresario imputado por delitos ambientales, los que habrían tenido lugar a partir del vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento por parte del ingenio azucarero Aguilares, administrado por el acusado. En base a las pruebas colectadas en el expediente, especialmente los informes y peritajes químicos ambientales, el tribunal de alzada consideró carente de debida fundamentación la resolución del juzgado federal -luego confirmada por la Cámara Federal de Tucumán en mayo de 2017- respecto a que los efluentes líquidos sin tratamientos que arrojaba el referido ingenio al cauce del Río Medina, no afectaron aunque sea potencialmente la salud pública.
“En efecto, la resolución puesta en crisis no analizó, ni dio razones para ello, del contenido del informe confeccionado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional de fs. 694/6, que concluyó que el exceso en la ‘demanda bioquímica de oxígeno’ y la ‘demanda química de oxígeno’ –como se verifica en la presente en la que se han excedido ampliamente los límites permitidos por las disposiciones que rigen la materia-, generó un medio no apto para la vida, favoreciendo la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis, algunas bacterias, virus y protozoarios que resultan perjudiciales para la salud”, sostuvo Mahiques en el voto que presidió el acuerdo.
La presente causa tuvo su origen en una investigación preliminar iniciada en agosto de 2008 por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo del fiscal Antonio Gustavo Gómez, por la presunta contaminación ambiental producida por el ingenio Aguilares mediante el vuelco de efluentes líquidos al cauce del Río Medina, cuyo curso de agua desemboca en el Río Salí, el que a su vez tiene como destino el Dique Frontal ubicado en la provincia de Santiago del Estero. El mencionado ingenio es explotado por la firma “Fericar S.A.”, donde el imputado Jorge Alberto Rocchia se desempeñaba como director.
En su recurso de casación, Gómez sostuvo que el sobreseimiento dictado en favor del imputado había sido adoptado desde una perspectiva “desatendida de la verdad objetivo y del factum conformado” de la causa. En este sentido, destacó el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se especifica que la demanda bioquímica y química de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que provoca un medio no apto para la vida y favorece la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud. Señaló, además, que la responsabilidad penal del imputado encuentra un sustento legal “indiscutible”, ya que el artículo 57 de la ley 24.051 establece con claridad los criterios de imputación de la responsabilidad penal a las personas físicas integrantes de personas jurídicas. En esa línea, recordó que la norma estatuye que cuando alguno de los delitos previstos en la ley se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de aquella que hubiesen intervenido en el hecho punible.
“De mantenerse el criterio jurisdiccional sostenido por las distintas instancias, se tergiversaría la finalidad consagrada en la protección de la Salud Pública. Dejar pendiente de sanción a la conducta del contaminador a estudios que demuestren ‘de manera fehaciente’ alteración de la salud de los habitantes, significaría actuar sobre la concreción del hecho que justamente se busca evitar y castigar. La afectación concreta de la salud de los habitantes, además, requiere de períodos prolongados pues los efectos de la acción dañina es acumulativa en el tiempo, lo que produciría daños que no pueden ser medidos razonablemente. Suponer lo contrario es reconocer en el legislador una voluntad perversa”, indicó Gómez. Y agregó: “El tribunal de apelación, con su pronunciamiento, echa por tierra el fin contemplado en el capítulo penal de la Ley de Residuos Peligrosos. Dar por sentado la entidad del hecho de contaminación del ambiente y aplicar sanción alguna hasta que se demuestre la relación directa con la salud de los seres humanos, es condenar a las víctimas de la contaminación a una exposición irracional e insisto, perversa”.
El titular de la Fiscalía General N°2 ante la CFCP, Raúl Pleé, acompañó los fundamentos expuestos por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y agregó que la resolución que confirmó el sobreseimiento del imputado resultaba “prematura” en tanto restaban producir nuevas pruebas. “No es lógico adoptar un juicio de certeza negativa sobre el rol del nombrado cuando la documentación colectada en las actuaciones, sustentaría la realización del hecho ilícito desde la empresa que estaba a cargo de Rocchia”, afirmó.
Daños y peligro ambiental
Al hacer lugar al planteo del MPF, Casación destacó que las disposiciones penales contenidas en la ley 24.051 se dirigen a la protección de la salud y del medio ambiente y, en consecuencia, no sólo debe verificarse una concreta lesión al medio ambiente sino también la creación de un peligro, aunque sea potencial a la salud de las personas, y reiteró el amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Por su parte, la jueza Liliana Catucci expresó en su voto que, al dictar el sobreseimiento, la Cámara Federal de Tucumán realizó “una selección probatoria antojadiza y por ende arbitraria tanto a lo hora de escoger las piezas a evaluar como al considerar su contenido, descartando sin razón aparente un importante cúmulo probatorio, circunstancia que deberá ser relevada en forma urgente por el juez de grado a los fines de avanzar en este aletargado proceso”.
De este modo, el tribunal anuló la resolución y dispuso que las actuaciones vuelvan al juzgado instructor a fin de que continúe la investigación.
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Fecha de Publicación: 09/09/2018
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
La Sala III de la CFCP consideró suficientemente comprobada la contaminación ambiental producida por el ingenio azucarero Aguilares –administrado por el imputado- mediante el vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento en el cauce del Río Medina, en la provincia de Tucumán.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, anuló el sobreseimiento de un empresario imputado por delitos ambientales, los que habrían tenido lugar a partir del vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento por parte del ingenio azucarero Aguilares, administrado por el acusado. En base a las pruebas colectadas en el expediente, especialmente los informes y peritajes químicos ambientales, el tribunal de alzada consideró carente de debida fundamentación la resolución del juzgado federal -luego confirmada por la Cámara Federal de Tucumán en mayo de 2017- respecto a que los efluentes líquidos sin tratamientos que arrojaba el referido ingenio al cauce del Río Medina, no afectaron aunque sea potencialmente la salud pública.
“En efecto, la resolución puesta en crisis no analizó, ni dio razones para ello, del contenido del informe confeccionado por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional de fs. 694/6, que concluyó que el exceso en la ‘demanda bioquímica de oxígeno’ y la ‘demanda química de oxígeno’ –como se verifica en la presente en la que se han excedido ampliamente los límites permitidos por las disposiciones que rigen la materia-, generó un medio no apto para la vida, favoreciendo la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis, algunas bacterias, virus y protozoarios que resultan perjudiciales para la salud”, sostuvo Mahiques en el voto que presidió el acuerdo.
La presente causa tuvo su origen en una investigación preliminar iniciada en agosto de 2008 por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo del fiscal Antonio Gustavo Gómez, por la presunta contaminación ambiental producida por el ingenio Aguilares mediante el vuelco de efluentes líquidos al cauce del Río Medina, cuyo curso de agua desemboca en el Río Salí, el que a su vez tiene como destino el Dique Frontal ubicado en la provincia de Santiago del Estero. El mencionado ingenio es explotado por la firma “Fericar S.A.”, donde el imputado Jorge Alberto Rocchia se desempeñaba como director.
En su recurso de casación, Gómez sostuvo que el sobreseimiento dictado en favor del imputado había sido adoptado desde una perspectiva “desatendida de la verdad objetivo y del factum conformado” de la causa. En este sentido, destacó el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se especifica que la demanda bioquímica y química de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que provoca un medio no apto para la vida y favorece la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud. Señaló, además, que la responsabilidad penal del imputado encuentra un sustento legal “indiscutible”, ya que el artículo 57 de la ley 24.051 establece con claridad los criterios de imputación de la responsabilidad penal a las personas físicas integrantes de personas jurídicas. En esa línea, recordó que la norma estatuye que cuando alguno de los delitos previstos en la ley se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de aquella que hubiesen intervenido en el hecho punible.
“De mantenerse el criterio jurisdiccional sostenido por las distintas instancias, se tergiversaría la finalidad consagrada en la protección de la Salud Pública. Dejar pendiente de sanción a la conducta del contaminador a estudios que demuestren ‘de manera fehaciente’ alteración de la salud de los habitantes, significaría actuar sobre la concreción del hecho que justamente se busca evitar y castigar. La afectación concreta de la salud de los habitantes, además, requiere de períodos prolongados pues los efectos de la acción dañina es acumulativa en el tiempo, lo que produciría daños que no pueden ser medidos razonablemente. Suponer lo contrario es reconocer en el legislador una voluntad perversa”, indicó Gómez. Y agregó: “El tribunal de apelación, con su pronunciamiento, echa por tierra el fin contemplado en el capítulo penal de la Ley de Residuos Peligrosos. Dar por sentado la entidad del hecho de contaminación del ambiente y aplicar sanción alguna hasta que se demuestre la relación directa con la salud de los seres humanos, es condenar a las víctimas de la contaminación a una exposición irracional e insisto, perversa”.
El titular de la Fiscalía General N°2 ante la CFCP, Raúl Pleé, acompañó los fundamentos expuestos por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y agregó que la resolución que confirmó el sobreseimiento del imputado resultaba “prematura” en tanto restaban producir nuevas pruebas. “No es lógico adoptar un juicio de certeza negativa sobre el rol del nombrado cuando la documentación colectada en las actuaciones, sustentaría la realización del hecho ilícito desde la empresa que estaba a cargo de Rocchia”, afirmó.
Daños y peligro ambiental
Al hacer lugar al planteo del MPF, Casación destacó que las disposiciones penales contenidas en la ley 24.051 se dirigen a la protección de la salud y del medio ambiente y, en consecuencia, no sólo debe verificarse una concreta lesión al medio ambiente sino también la creación de un peligro, aunque sea potencial a la salud de las personas, y reiteró el amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Por su parte, la jueza Liliana Catucci expresó en su voto que, al dictar el sobreseimiento, la Cámara Federal de Tucumán realizó “una selección probatoria antojadiza y por ende arbitraria tanto a lo hora de escoger las piezas a evaluar como al considerar su contenido, descartando sin razón aparente un importante cúmulo probatorio, circunstancia que deberá ser relevada en forma urgente por el juez de grado a los fines de avanzar en este aletargado proceso”.
De este modo, el tribunal anuló la resolución y dispuso que las actuaciones vuelvan al juzgado instructor a fin de que continúe la investigación.
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