La región boscosa del caldenal en peligro
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El caldenal pampeano en riesgo
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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OPDS impulsa la economía circular
OPDS y UIPBA impulsan la economía circular en Campana
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: Prensa OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Con representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y profesionales de entidades privadas, se llevó a cabo el primer encuentro para aplicar el proyecto "Diseño y optimización de la Economía Circular en el Partido de Campana", en el Salón Auditorio de Tenaris University.
La idea es integrar a los actores locales y regionales para aprovechar los recursos, identificados durante subproductos post industriales a través del reciclado y la reutilización.
"La economía circular se basa en esta premisa, que es la de no solo reciclar y reutilizar productos, sino también devolverlos al mercado como material comercial", subrayó Oscar Solís, director provincial para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del OPDS, quien agregó que "esto genera nuevos horizontes de empleo en materia de cooperativas recicladoras, cuyo trabajo es fundamental dentro del engranaje del sistema circular".
El proyecto busca impulsar políticas y acciones específicas para establecer un mapa de trabajo en el que se reunan actores tanto del ámbito público como privado. Contando con la coordinación de los encargados del programa de Economía Circular del OPDS, se llevarán a cabo reuniones semanales con todos los participantes para comenzar a aplicar el proyecto en el municipio.
Cabe recordar que este programa se enmarca dentro de la Mesa Ambiental Provincial, presentada en marzo por el OPDS, la cual propone el trabajo colectivo entre provincia y municipios en pos del uso sustentable y el cuidado del ambiente bonaerense.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: Prensa OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Con representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y profesionales de entidades privadas, se llevó a cabo el primer encuentro para aplicar el proyecto "Diseño y optimización de la Economía Circular en el Partido de Campana", en el Salón Auditorio de Tenaris University.
La idea es integrar a los actores locales y regionales para aprovechar los recursos, identificados durante subproductos post industriales a través del reciclado y la reutilización.
"La economía circular se basa en esta premisa, que es la de no solo reciclar y reutilizar productos, sino también devolverlos al mercado como material comercial", subrayó Oscar Solís, director provincial para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del OPDS, quien agregó que "esto genera nuevos horizontes de empleo en materia de cooperativas recicladoras, cuyo trabajo es fundamental dentro del engranaje del sistema circular".
El proyecto busca impulsar políticas y acciones específicas para establecer un mapa de trabajo en el que se reunan actores tanto del ámbito público como privado. Contando con la coordinación de los encargados del programa de Economía Circular del OPDS, se llevarán a cabo reuniones semanales con todos los participantes para comenzar a aplicar el proyecto en el municipio.
Cabe recordar que este programa se enmarca dentro de la Mesa Ambiental Provincial, presentada en marzo por el OPDS, la cual propone el trabajo colectivo entre provincia y municipios en pos del uso sustentable y el cuidado del ambiente bonaerense.
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Se creó la "Liga Bioenergética"
Liga Bioenergética: la crearon entre 4 provincias tras los cambios en las retenciones
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Salta reaccionaron así "en defensa del triple impacto ambiental, social y económico de la industrialización de los granos en las economías regionales".
Ministros de Producción, Ambiente y Energía de Santa Fe, Tucumán, Salta y Córdoba, crearon la Liga Bioenergética de Provincias. Tras la suspensión por 6 meses de la baja de retenciones a la harina y el aceite de soja, se reunieron el viernes en la capital mediterránea para articular una defensa estratégica de la producción de biodiesel y bioetanol.
La modificación de condiciones sobre industrialización de los granos y los rumores crecientes sobre cambios en la política nacional de biocombustibles generaron la inmediata reacción de los mandatarios. La iniciativa partió de la secretaria de Estado de la Energía santafesina, Verónica Geese, en sintonía con una idea que fue planteada cinco años atrás por la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
El encuentro tuvo como anfitrión al ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; y además de Geese; se sumaron el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini.
Participaron también de la reunión distintos actores que forman parte de la cadena de producción e industrialización de los biocombustibles, convencidos de que todos deben aportar su visión en un tema tan estratégico y con un potencial incalculable en la Argentina.
Las bioenergías son más sustentables, tienen un impacto social y económico positivo, y son menos agresivas con el ambiente y la salud, que las energías fósiles derivadas del petróleo. Ese triple impacto, ambiental, social y económico, que se derrama en las economías regionales, es el que la Liga busca sostener y potenciar. Porque también significa para el país una enorme oportunidad en un mundo en el que lo sustentable marca estrategias comerciales entre países y regiones.
“Argentina se debe aún la discusión de una estrategia a largo plazo en bioenergías, otorgando la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para que las inversiones se realicen, para que la industria sea aún más competitiva. Esta Liga se propone aportar a esa estrategia", explicó Geese.
Y consideró que "seguramente hay más actores, invitaremos a más provincias, porque el consenso debe ser la base para una estrategia a largo plazo en un tema tan importante como la energía. Así se logran políticas estables, algo que Argentina necesita para ser exitosa“.
De esta manera, la Liga de Bioenergías se inicia con la tarea de generar un Acuerdo de puntos en común que firmarán sus integrantes, como así también con un pedido de audiencia conjunta al ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, para exponerle, además, temas de la coyuntura.
Del encuentro participaron también representantes de Cámaras de Empresas PyME Regionales Elaboradoras del Biocombustible CEPREB, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara Argentina de Industria Sucro Alcoholera, la Cámara de Bioetanol de Maíz y de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO).
También estuvieron presentes el subsecretario de Energías Renovables de la provincia de Santa Fe, el Director de energías renovables y el secretario de agricultura de la provincia de Córdoba y el secretario de asuntos agrarios de la provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Salta reaccionaron así "en defensa del triple impacto ambiental, social y económico de la industrialización de los granos en las economías regionales".
Ministros de Producción, Ambiente y Energía de Santa Fe, Tucumán, Salta y Córdoba, crearon la Liga Bioenergética de Provincias. Tras la suspensión por 6 meses de la baja de retenciones a la harina y el aceite de soja, se reunieron el viernes en la capital mediterránea para articular una defensa estratégica de la producción de biodiesel y bioetanol.
La modificación de condiciones sobre industrialización de los granos y los rumores crecientes sobre cambios en la política nacional de biocombustibles generaron la inmediata reacción de los mandatarios. La iniciativa partió de la secretaria de Estado de la Energía santafesina, Verónica Geese, en sintonía con una idea que fue planteada cinco años atrás por la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
El encuentro tuvo como anfitrión al ministro de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; y además de Geese; se sumaron el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini.
Participaron también de la reunión distintos actores que forman parte de la cadena de producción e industrialización de los biocombustibles, convencidos de que todos deben aportar su visión en un tema tan estratégico y con un potencial incalculable en la Argentina.
Las bioenergías son más sustentables, tienen un impacto social y económico positivo, y son menos agresivas con el ambiente y la salud, que las energías fósiles derivadas del petróleo. Ese triple impacto, ambiental, social y económico, que se derrama en las economías regionales, es el que la Liga busca sostener y potenciar. Porque también significa para el país una enorme oportunidad en un mundo en el que lo sustentable marca estrategias comerciales entre países y regiones.
“Argentina se debe aún la discusión de una estrategia a largo plazo en bioenergías, otorgando la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para que las inversiones se realicen, para que la industria sea aún más competitiva. Esta Liga se propone aportar a esa estrategia", explicó Geese.
Y consideró que "seguramente hay más actores, invitaremos a más provincias, porque el consenso debe ser la base para una estrategia a largo plazo en un tema tan importante como la energía. Así se logran políticas estables, algo que Argentina necesita para ser exitosa“.
De esta manera, la Liga de Bioenergías se inicia con la tarea de generar un Acuerdo de puntos en común que firmarán sus integrantes, como así también con un pedido de audiencia conjunta al ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, para exponerle, además, temas de la coyuntura.
Del encuentro participaron también representantes de Cámaras de Empresas PyME Regionales Elaboradoras del Biocombustible CEPREB, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara Argentina de Industria Sucro Alcoholera, la Cámara de Bioetanol de Maíz y de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO).
También estuvieron presentes el subsecretario de Energías Renovables de la provincia de Santa Fe, el Director de energías renovables y el secretario de agricultura de la provincia de Córdoba y el secretario de asuntos agrarios de la provincia de Salta.
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Chubut: Universidad en contra de la Zonificación Minera
La Universidad se pronunció en contra del proyecto de Zonificación Minera
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Superior de la UNPSJB evaluó que el proyecto presentado por los diputados peronistas del Bloque Convergencia, en la Legislatura de Chubut, "es producto de presiones político-empresariales y ofreció estudios multidisciplinarios en la Meseta para hallar alternativas de desarrollo económico y social", indicaron.
El rechazo al proyecto de zonificación minera fue resuelto durante la sesión del viernes 17 de agosto, durante una reunión realizada en Comodoro Rivadavia. La iniciativa objetada por el órgano rector, ha sido impulsada por intendentes de la meseta y por funcionarios nacionales y provinciales.
La Universidad, además, ofrece al gobierno de la provincia la posibilidad de organizar y desarrollar estudios científicos multidisciplinarios en la región de la Meseta, con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas, sustentables a mediano y largo plazo.
El pronunciamiento tuvo en cuenta que la institución universitaria ya cuenta con trabajos de investigación sobre los acuíferos subterráneos y técnicas de forestación, en conjunto con el INTA, y estudios antropológicos e históricos referidos a los pueblos de la Meseta. Además, se piensa en una convocatoria a equipos de investigación de las sedes Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, y a movimientos sociales.
EL TEXTO DEL PRONUNCIAMIENTO APROBADO
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco expresa su rechazo al proyecto de zonificación minera ingresado a la Legislatura de Chubut, con las firmas de los diputados Di Filippo y Bruscoli.
Esta propuesta carece de proyección a largo plazo para la región de la Meseta y no cuenta con el respaldo de un análisis exahustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados. Del mismo modo, no considera el trabajo pasado, presente y proyectado por instituciones de reconocida trayectoria, como INTA, CONICET y UNPSJB, para el desarrollo de la región desde el fortalecimiento de actividades no extractivas, como las agrícolo-ganaderas o el turismo. Tampoco tiene en cuenta la cultura de los pobladores, su historia y sus expectativas.
El proyecto de zonificación, que destinaría aproximadamente el 64% de la superficie de Chubut a este tipo de actividad, es producto de presiones político-empresariales que no contemplan un tratamiento realmente democrático a un tema que tiene una gran importancia estratégica para el pueblo de la provincia.
Como universidad pública y nacional, entendemos que es necesario avanzar en la organización de una red interinstitucional orientada a un estudio multi e interdisciplinario para sistematizar y desarrollar alternativas productivas realmente sustentables.
Por esta razón, el Consejo solicita al gobierno provincial y a la Legislatura del Chubut que no dé tratamiento al proyecto de zonificación minera y articulen con las instituciones científico-tecnológicas y movimientos sociales un plan de trabajo integral, serio y a largo plazo, con el fin de promover un mejor futuro para todos los habitantes de la Meseta y de la provincia. Una instancia de este tipo debe ser previa a la toma de decisión sobre esta cuestión, ya que aportará más elementos de juicio a los representantes políticos y a los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Consejo Superior de la UNPSJB evaluó que el proyecto presentado por los diputados peronistas del Bloque Convergencia, en la Legislatura de Chubut, "es producto de presiones político-empresariales y ofreció estudios multidisciplinarios en la Meseta para hallar alternativas de desarrollo económico y social", indicaron.
El rechazo al proyecto de zonificación minera fue resuelto durante la sesión del viernes 17 de agosto, durante una reunión realizada en Comodoro Rivadavia. La iniciativa objetada por el órgano rector, ha sido impulsada por intendentes de la meseta y por funcionarios nacionales y provinciales.
La Universidad, además, ofrece al gobierno de la provincia la posibilidad de organizar y desarrollar estudios científicos multidisciplinarios en la región de la Meseta, con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas, sustentables a mediano y largo plazo.
El pronunciamiento tuvo en cuenta que la institución universitaria ya cuenta con trabajos de investigación sobre los acuíferos subterráneos y técnicas de forestación, en conjunto con el INTA, y estudios antropológicos e históricos referidos a los pueblos de la Meseta. Además, se piensa en una convocatoria a equipos de investigación de las sedes Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, y a movimientos sociales.
EL TEXTO DEL PRONUNCIAMIENTO APROBADO
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco expresa su rechazo al proyecto de zonificación minera ingresado a la Legislatura de Chubut, con las firmas de los diputados Di Filippo y Bruscoli.
Esta propuesta carece de proyección a largo plazo para la región de la Meseta y no cuenta con el respaldo de un análisis exahustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados. Del mismo modo, no considera el trabajo pasado, presente y proyectado por instituciones de reconocida trayectoria, como INTA, CONICET y UNPSJB, para el desarrollo de la región desde el fortalecimiento de actividades no extractivas, como las agrícolo-ganaderas o el turismo. Tampoco tiene en cuenta la cultura de los pobladores, su historia y sus expectativas.
El proyecto de zonificación, que destinaría aproximadamente el 64% de la superficie de Chubut a este tipo de actividad, es producto de presiones político-empresariales que no contemplan un tratamiento realmente democrático a un tema que tiene una gran importancia estratégica para el pueblo de la provincia.
Como universidad pública y nacional, entendemos que es necesario avanzar en la organización de una red interinstitucional orientada a un estudio multi e interdisciplinario para sistematizar y desarrollar alternativas productivas realmente sustentables.
Por esta razón, el Consejo solicita al gobierno provincial y a la Legislatura del Chubut que no dé tratamiento al proyecto de zonificación minera y articulen con las instituciones científico-tecnológicas y movimientos sociales un plan de trabajo integral, serio y a largo plazo, con el fin de promover un mejor futuro para todos los habitantes de la Meseta y de la provincia. Una instancia de este tipo debe ser previa a la toma de decisión sobre esta cuestión, ya que aportará más elementos de juicio a los representantes políticos y a los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de los recursos naturales.
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Un parque de Neuquén que poco a poco pierde hectáreas
El parque Bardas Norte ya perdió casi 30 hectáreas
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Además del viento y la lluvia, también erosiona el asfalto. Bardas Norte, el parque natural más antiguo y extenso de la ciudad, se está achicando a medida que avanza la urbanización. De las 300 hectáreas que se reservaron por ordenanza en 1990, cerca de 30 fueron arrasadas.
Cuando se creó Bardas Norte, se anexó un croquis a la legislación en el que se sombreó el área a resguardar. Además de tierra municipal, se incluyó el lote de la Universidad, que la comuna le había donado a Nación. La idea era que ambas jurisdicciones trabajaran juntas en preservar las bardas.
Fuera del terreno universitario, Bardas Norte se extiende desde Doctor Ramón y la bajada de Rincón de Emilio hasta el camino al Tercer Puente y desde la Ruta 7 a la calle América del Sur. Dentro de esa silueta, sólo se marcó como excepción el barrio 14 de Octubre-Copol.
Sin embargo, desde un primer momento, el parque nació mutilado. En el corazón del área protegida había 12 hectáreas cedidas con anterioridad al Motocross Club Neuquén. La asociación debía devolverlas unos meses después de crear la reserva, en mayo de 1991, pero se les permitió seguir allí hasta hoy.
En 1992, el Concejo Deliberante autorizó al barrio privado Rincón Club de Campo a ocupar 3,5 hectáreas del parque para ampliar su cancha de golf. En un exceso de confianza, el country se quedó con ocho, más del doble. Además de esa irregularidad, el préstamo se venció y nunca devolvieron el terreno.
Luego, al terminar la ruta al tercer puente, el cruce elevado sobre la Ruta 7 se “comió” una esquina de la reserva. También hubo controversias con edificios públicos y privados que se levantaron sobre la margen sur e invadieron el área protegida. Como están sobre la frontera del croquis, es difícil estimar la fracción que se perdió.
En 2016, vecinos de Rincón de Emilio y la Defensoría del Pueblo denunciaron el aplanamiento de otras 3 hectáreas junto al predio del Motocross Club. Tras idas y venidas judiciales, la cámara de apelaciones civil le ordenó al Municipio que informe por qué se arrasó la barda y que presente un plan de remediación. Tiene plazo hasta el mes que viene para responder.
El año pasado se aplanó otro sector frente al loteo Rincón del Río. Ahí se perdieron 3,5 hectáreas más. Con un segundo amparo, la Defensoría también frenó esa obra.
En ese caso, el Municipio informó que removieron el suelo para construir azudes, pero luego salió a la luz que en 1961 se les reconoció la propiedad privada de 10 hectáreas dentro de Bardas Norte a dos familias y esas tierras fueron pasando de mano en mano, hasta que en 2015 las compró la desarrolladora inmobiliaria Arco. La empresa declaró al momento de la adquisición que planea dividirlo en 50 lotes para construir viviendas multifamiliares.
También este año hubo polémica por la venta de lotes municipales que estarían dentro de los márgenes de Bardas Norte. En total, del croquis sombreado que está vigente, la ciudad ya erosionó alrededor de un 10 por ciento. La reserva perdió cerca de 30 hectáreas de barda natural, que difícilmente se vuelvan a recuperar.
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Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Además del viento y la lluvia, también erosiona el asfalto. Bardas Norte, el parque natural más antiguo y extenso de la ciudad, se está achicando a medida que avanza la urbanización. De las 300 hectáreas que se reservaron por ordenanza en 1990, cerca de 30 fueron arrasadas.
Cuando se creó Bardas Norte, se anexó un croquis a la legislación en el que se sombreó el área a resguardar. Además de tierra municipal, se incluyó el lote de la Universidad, que la comuna le había donado a Nación. La idea era que ambas jurisdicciones trabajaran juntas en preservar las bardas.
Fuera del terreno universitario, Bardas Norte se extiende desde Doctor Ramón y la bajada de Rincón de Emilio hasta el camino al Tercer Puente y desde la Ruta 7 a la calle América del Sur. Dentro de esa silueta, sólo se marcó como excepción el barrio 14 de Octubre-Copol.
Sin embargo, desde un primer momento, el parque nació mutilado. En el corazón del área protegida había 12 hectáreas cedidas con anterioridad al Motocross Club Neuquén. La asociación debía devolverlas unos meses después de crear la reserva, en mayo de 1991, pero se les permitió seguir allí hasta hoy.
En 1992, el Concejo Deliberante autorizó al barrio privado Rincón Club de Campo a ocupar 3,5 hectáreas del parque para ampliar su cancha de golf. En un exceso de confianza, el country se quedó con ocho, más del doble. Además de esa irregularidad, el préstamo se venció y nunca devolvieron el terreno.
Luego, al terminar la ruta al tercer puente, el cruce elevado sobre la Ruta 7 se “comió” una esquina de la reserva. También hubo controversias con edificios públicos y privados que se levantaron sobre la margen sur e invadieron el área protegida. Como están sobre la frontera del croquis, es difícil estimar la fracción que se perdió.
En 2016, vecinos de Rincón de Emilio y la Defensoría del Pueblo denunciaron el aplanamiento de otras 3 hectáreas junto al predio del Motocross Club. Tras idas y venidas judiciales, la cámara de apelaciones civil le ordenó al Municipio que informe por qué se arrasó la barda y que presente un plan de remediación. Tiene plazo hasta el mes que viene para responder.
El año pasado se aplanó otro sector frente al loteo Rincón del Río. Ahí se perdieron 3,5 hectáreas más. Con un segundo amparo, la Defensoría también frenó esa obra.
En ese caso, el Municipio informó que removieron el suelo para construir azudes, pero luego salió a la luz que en 1961 se les reconoció la propiedad privada de 10 hectáreas dentro de Bardas Norte a dos familias y esas tierras fueron pasando de mano en mano, hasta que en 2015 las compró la desarrolladora inmobiliaria Arco. La empresa declaró al momento de la adquisición que planea dividirlo en 50 lotes para construir viviendas multifamiliares.
También este año hubo polémica por la venta de lotes municipales que estarían dentro de los márgenes de Bardas Norte. En total, del croquis sombreado que está vigente, la ciudad ya erosionó alrededor de un 10 por ciento. La reserva perdió cerca de 30 hectáreas de barda natural, que difícilmente se vuelvan a recuperar.
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Un río de Córdoba casi sin vida por las cloacas de la capital
El Suquía ya casi no tiene peces aguas abajo de Bajo Grande
Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aguas abajo de la ciudad de Córdoba, el Suquía va camino a ser un río sin vida. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la presencia de agroquímicos no dejan que prospere ningún pez.
Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) de la Universidad Nacional de Córdoba y Conicet estudian este sector del río desde hace años. Para su trabajo necesitan realizar capturas con redes.
Entre 1998 y 2002, Andrea Hued, de esta institución, realizó un trabajo en toda la cuenca del río Suquía. En aquella época también se sentía la contaminación aguas abajo de Bajo Grande, pero la abundancia y diversidad de peces era mayor.
Las capturas incluían orilleros, mojarras, mojarritas, bagrecitos, limpiafondos y viejas del agua.
Y por supuesto también estaba presente el Gambusia affinis, el pez mosquito. Esta especie tiene una gran capacidad de resistencia a diferentes condiciones ambientales y está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En las últimas campañas realizadas por Hued, no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. “Fuimos el viernes pasado a Villa Corazón de María y Capilla de los Remedios y no encontramos peces. No sólo no encontramos la especie que nos interesa, sino que no hay ningún pez. Sacamos un lodo asqueroso con olor a podrido”, cuenta Hued.
La científica explica que hay tres especies de orilleros que siempre están presentes en los ríos a pesar de que estén contaminados. “El primero que desapareció fue el Jenynsia multidentata, después el Gambusia affinis y ahora el Cnesterodon decemmaculatus”, enumera.
Y agrega: “Estamos hablando de una extinción local de estas especies. No hay mortandad de peces como ocurre cuando hay algún vertido contaminante. Pero la población va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados”.
Problemas sexuales
Los investigadores pudieron completar a duras penas el último estudio sobre la especie Cnesterodon decemmaculatus. Este trabajo, publicado hace unas semana en la revista científica Science of the Total Environment, puede explicar en parte por qué los peces están desapareciendo.
El equipo –integrado por Micaela Zambrano, Gisela Rautenberg, Alejo Bonifacio, Iohanna Filippi, Valeria Amé y Rocío Bonansea– analizó el sistema reproductivo de los ejemplares machos capturados en este sector del río Suquía y los comparó con ejemplares recuperados en otros tres puntos aguas arriba de este curso de agua.
Los investigadores también analizaron la calidad de agua y elaboraron un índice. En el río Yuspe, este índice fue del 95 por ciento. En la zona de Casa Bamba, fue del 90,8 por ciento. En el puente Cantón, plena ciudad de Córdoba, fue del 72,3 por ciento, mientras que en Villa Corazón de María llegó al 50,9 por ciento.
El órgano copulatorio de los peces se llama gonopodio, el cual permite transferir el esperma hacia la hembra. El órgano se desarrolla por acción de hormonas masculinas.
“Pero si el individuo ha estado expuesto a sustancias que interrumpen la acción de estas hormonas u otras que imitan a las hormonas femeninas, puede verse afectado en su longitud o bien en las estructuras óseas internas que lo conforman”, explica Hued. Y si la especie no se puede reproducir, su supervivencia está en riesgo.
Los investigadores encontraron que aguas abajo de Bajo Grande los peces mostraban anormalidades en las estructuras del gonopodio.
Un ejemplo es lo que se conoce como el filamento gonopodial. En los peces capturados en el río Yuspe, tributario sin contaminación del Suquía, esta estructura medía 1,08 milímetros en promedio. En los ejemplares recolectados en Villa Corazón de María, el tamaño se redujo a 0,94 milímetros.
“Los cambios no llegan ni a milímetros, pero en proporción es mucho ya que son peces que tienen sólo dos centímetros. Un cambio milimétrico puede hacer la diferencia. También hay alteración en las forma de estas estructuras reproductivas que pueden provocar fallas durante la copulación”, explica Hued.
En la ciudad, también
Los investigadores también tomaron muestras de peces en el Puente Cantón, dentro de la ciudad de Córdoba.
A pesar de que este sector todavía no recibió los efluentes de Bajo Grande, los peces sienten la contaminación de la ciudad. “Este sector recibe las escorrentías de la zona central, que arrastran la contaminación de los vehículos. Además, el análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin”, dice el trabajo.
Peces como alarma
Hued explica que monitorear la contaminación del río a través de los peces tiene sus ventajas por sobre los clásicos análisis físico-químico y microbiológicos.
“Estos análisis son instantáneas de la contaminación del río. Es una foto de su calidad de agua de ese momento, la cual puede estar condicionada por una creciente u otro factor”, dice la científica.
Y agrega: “Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Puede haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la conserva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema morfológico”.
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Fecha de Publicación: 24/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aguas abajo de la ciudad de Córdoba, el Suquía va camino a ser un río sin vida. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la presencia de agroquímicos no dejan que prospere ningún pez.
Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea) de la Universidad Nacional de Córdoba y Conicet estudian este sector del río desde hace años. Para su trabajo necesitan realizar capturas con redes.
Entre 1998 y 2002, Andrea Hued, de esta institución, realizó un trabajo en toda la cuenca del río Suquía. En aquella época también se sentía la contaminación aguas abajo de Bajo Grande, pero la abundancia y diversidad de peces era mayor.
Las capturas incluían orilleros, mojarras, mojarritas, bagrecitos, limpiafondos y viejas del agua.
Y por supuesto también estaba presente el Gambusia affinis, el pez mosquito. Esta especie tiene una gran capacidad de resistencia a diferentes condiciones ambientales y está incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En las últimas campañas realizadas por Hued, no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. “Fuimos el viernes pasado a Villa Corazón de María y Capilla de los Remedios y no encontramos peces. No sólo no encontramos la especie que nos interesa, sino que no hay ningún pez. Sacamos un lodo asqueroso con olor a podrido”, cuenta Hued.
La científica explica que hay tres especies de orilleros que siempre están presentes en los ríos a pesar de que estén contaminados. “El primero que desapareció fue el Jenynsia multidentata, después el Gambusia affinis y ahora el Cnesterodon decemmaculatus”, enumera.
Y agrega: “Estamos hablando de una extinción local de estas especies. No hay mortandad de peces como ocurre cuando hay algún vertido contaminante. Pero la población va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados”.
Problemas sexuales
Los investigadores pudieron completar a duras penas el último estudio sobre la especie Cnesterodon decemmaculatus. Este trabajo, publicado hace unas semana en la revista científica Science of the Total Environment, puede explicar en parte por qué los peces están desapareciendo.
El equipo –integrado por Micaela Zambrano, Gisela Rautenberg, Alejo Bonifacio, Iohanna Filippi, Valeria Amé y Rocío Bonansea– analizó el sistema reproductivo de los ejemplares machos capturados en este sector del río Suquía y los comparó con ejemplares recuperados en otros tres puntos aguas arriba de este curso de agua.
Los investigadores también analizaron la calidad de agua y elaboraron un índice. En el río Yuspe, este índice fue del 95 por ciento. En la zona de Casa Bamba, fue del 90,8 por ciento. En el puente Cantón, plena ciudad de Córdoba, fue del 72,3 por ciento, mientras que en Villa Corazón de María llegó al 50,9 por ciento.
El órgano copulatorio de los peces se llama gonopodio, el cual permite transferir el esperma hacia la hembra. El órgano se desarrolla por acción de hormonas masculinas.
“Pero si el individuo ha estado expuesto a sustancias que interrumpen la acción de estas hormonas u otras que imitan a las hormonas femeninas, puede verse afectado en su longitud o bien en las estructuras óseas internas que lo conforman”, explica Hued. Y si la especie no se puede reproducir, su supervivencia está en riesgo.
Los investigadores encontraron que aguas abajo de Bajo Grande los peces mostraban anormalidades en las estructuras del gonopodio.
Un ejemplo es lo que se conoce como el filamento gonopodial. En los peces capturados en el río Yuspe, tributario sin contaminación del Suquía, esta estructura medía 1,08 milímetros en promedio. En los ejemplares recolectados en Villa Corazón de María, el tamaño se redujo a 0,94 milímetros.
“Los cambios no llegan ni a milímetros, pero en proporción es mucho ya que son peces que tienen sólo dos centímetros. Un cambio milimétrico puede hacer la diferencia. También hay alteración en las forma de estas estructuras reproductivas que pueden provocar fallas durante la copulación”, explica Hued.
En la ciudad, también
Los investigadores también tomaron muestras de peces en el Puente Cantón, dentro de la ciudad de Córdoba.
A pesar de que este sector todavía no recibió los efluentes de Bajo Grande, los peces sienten la contaminación de la ciudad. “Este sector recibe las escorrentías de la zona central, que arrastran la contaminación de los vehículos. Además, el análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin”, dice el trabajo.
Peces como alarma
Hued explica que monitorear la contaminación del río a través de los peces tiene sus ventajas por sobre los clásicos análisis físico-químico y microbiológicos.
“Estos análisis son instantáneas de la contaminación del río. Es una foto de su calidad de agua de ese momento, la cual puede estar condicionada por una creciente u otro factor”, dice la científica.
Y agrega: “Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Puede haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la conserva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema morfológico”.
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Decenas de papers contra el glifosato
Una recopilación de pruebas
Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Se llama Antología toxicológica del glifosato y es una respuesta a la defensa que hicieran del herbicida las empresas que lo producen y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Más de 100 de los trabajos son de universidades públicas.
“No hay pruebas de que el glifosato sea nocivo”, repiten una y otra vez los defensores del agro transgénico en referencia al herbicida más utilizado del mundo. “Es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Una reciente recopilación de investigaciones científicas, Antología toxicológica del glifosato, da cuenta de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta del químico y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
“Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación y resúmenes de congresos que han sido objeto de publicación en revistas científicas. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos”, explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet, cuenta con la descripción y link de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre “mecanismo de fisiopatología celular de cáncer”. El capítulo tres se dedica a “toxicidad en los sistemas orgánicos”, con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto “en la biodiversidad”, con 336 investigaciones.
“No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad”, alerta el trabajo. Y recuerda que en 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto), se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En la actualidad se utilizan hasta quince litros, incluso junto a otros agrotóxicos (como el 2-4D).
La recopilación, que contó con la colaboración y edición del abogado especializado en ambiente Fernando Cabaleiro (de la organización Naturaleza de Derechos), recuerda que Monsanto publicitó “con información falsa que el glifosato era biodegradable”. En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida “es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua”.
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología denuncia que la autorización de los agrotóxicos (llamado “fitosanitarios” por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, “Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores”. En base a ese estudio, la empresa definió que el herbicida no producía efectos adversos.
“Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores”, explica la recopilación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo estatal que evalúa y autoriza el uso de agrotóxicos. Es denunciado por los organizaciones socioambientales, ONG y por los propios trabajadores del Senasa de estar dominado por las grandes empresas del agronegocio. “La última revisión de seguridad ambiental e inocuidad alimentaria del glifosato en Argentina fue en el 2000. Para esa fecha no existían protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos”, denuncian los autores de la recopilación. Y exigen que el Senasa revalúe la autorización del glifosato, en base a estudios independientes (no de las empresas).
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Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Se llama Antología toxicológica del glifosato y es una respuesta a la defensa que hicieran del herbicida las empresas que lo producen y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Más de 100 de los trabajos son de universidades públicas.
“No hay pruebas de que el glifosato sea nocivo”, repiten una y otra vez los defensores del agro transgénico en referencia al herbicida más utilizado del mundo. “Es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Una reciente recopilación de investigaciones científicas, Antología toxicológica del glifosato, da cuenta de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta del químico y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
“Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación y resúmenes de congresos que han sido objeto de publicación en revistas científicas. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos”, explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet, cuenta con la descripción y link de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre “mecanismo de fisiopatología celular de cáncer”. El capítulo tres se dedica a “toxicidad en los sistemas orgánicos”, con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto “en la biodiversidad”, con 336 investigaciones.
“No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad”, alerta el trabajo. Y recuerda que en 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto), se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En la actualidad se utilizan hasta quince litros, incluso junto a otros agrotóxicos (como el 2-4D).
La recopilación, que contó con la colaboración y edición del abogado especializado en ambiente Fernando Cabaleiro (de la organización Naturaleza de Derechos), recuerda que Monsanto publicitó “con información falsa que el glifosato era biodegradable”. En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida “es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua”.
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología denuncia que la autorización de los agrotóxicos (llamado “fitosanitarios” por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, “Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores”. En base a ese estudio, la empresa definió que el herbicida no producía efectos adversos.
“Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores”, explica la recopilación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo estatal que evalúa y autoriza el uso de agrotóxicos. Es denunciado por los organizaciones socioambientales, ONG y por los propios trabajadores del Senasa de estar dominado por las grandes empresas del agronegocio. “La última revisión de seguridad ambiental e inocuidad alimentaria del glifosato en Argentina fue en el 2000. Para esa fecha no existían protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos”, denuncian los autores de la recopilación. Y exigen que el Senasa revalúe la autorización del glifosato, en base a estudios independientes (no de las empresas).
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En Santa Fe se debatió sobre los límites del agronegocio
Expertos debatieron sobre los límites del modelo agroindustrial
Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
¿Hay otro modelo agropecuario posible fuera del industrial pampeano? La respuesta es si. Posible, necesario y urgente. Esa es la síntesis de un panel de especialistas que congregó días atrás a una pequeña multitud en el hall de entrada del Concejo.
Convocados por el consejo asesor de la comisión de Ecología un mix de ingenieros agrónomos que hoy trabajan para el Estado y en el sector privado trazaron los límites del modelo agroindustrial químico dependiente y explicaron de qué manera se puede avanzar hacia una agricultura que sea rentable y también respetuosa con el suelo, la salud humana y el ambiente.
Dos datos sirvieron como "marco teórico" de la reunión: la normativa que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, y la noticia fresca de la sentencia contra Monsanto de un tribunal estadounidense que condenó a la multinacional a pagar 280 millones de dólares a un agricultor que la demandó por haberse enfermado de cáncer tras utilizar durante años ese herbicida.
"Tras la prohibición del glifosato quedó un debate abierto y la idea es comenzar a saldarlo con este panel" dijo el concejal Osvaldo Miatello, presidente de la comisión de Ecología.
Pero la transición hacia una agricultura enfocada en criterios ecológicos no es fácil ni se hace de un día para el otro: hace falta trabajar en semillas, regenerar el suelo, adaptar maquinarias y formar profesionales y productores con ese perfil.
"Sin políticas públicas claras por parte del Estado es muy difícil avanzar", sintetizó Antonio Lattuca, del programa de Agricultura Urbana de Rosario.
Hasta los años 80 el paisaje del sur provincial, originalmente cubierto por pastizales, era una combinación de chacras mixtas con cultivos que se rotaban según las estaciones.
En los 90, con la introducción del paquete tecnológico semillas modificadas + siembra directa + agroquímicos ese paisaje cambió y se volcó hacia el monocultivo de la soja, cuyo pico llegó en la primera década del siglo XXI de la mano de la suba de precios de los commodities agrícolas.
"Es tiempo que la chacra mixta vuelva a ser y para eso precisamos otra política y otros políticos que defiendan el consumo de cercanía y entiendan la necesidad de mercados de referencia" explicó el productor y dirigente agropecuario Pedro Peretti.
En una línea parecida avanzó Guillermo Montero, decano de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, quien hizo foco en la importancia de introducir herramientas para modificar el actual modelo agrícola pampeano como bordes de campos con vegetación espontánea y franjas de cultivos periurbanos.
"Debemos avanzar en la construcción de un sistema agrícola sustentable, y hay alternativas como mantener la vegetación espontánea, restaurar la biodiversidad o implementar ?escudos verdes?" afirmó Montero.
Eduardo Cerdá, referente de la agroecología en modelos de producción extensiva, relató la experiencia de Guaminí, localidad del sur de la provincia de Buenos Aires donde se trabajan 5 mil hectáreas sin agroquímicos con rindes similares a los de la agricultura química y con costos mucho más bajos.
"Nos han hecho creer que sólo existe la agricultura industrial y eso es una mentira. Hoy tenemos una agricultura drogadicta que cuesta cada vez más cara, y los productores se empiezan a dar cuenta" subrayó.
Tanto Lattuca como Raúl Terrile, de la Municipalidad, contaron los diversos planes de agricultura urbana y periurbana libre de agroquímicos que desde 2001 lleva adelante el gobierno local.
Las huertas urbanas nacieron como plan de contención social tras la crisis de 2001. Hoy -de la mano de una mayor conciencia sobre los beneficios de alimentos sanos y una demanda creciente- ya hay 30 hectáreas de parques-huerta más otras 35 hectáreas del Cinturón Verde. Unas 2400 familias viven de eso y venden su producción a través del circuito de ferias y en el local del Mercado del Patio.
"Hoy en Rosario tenemos acceso a alimentos agroecológicos de calidad. Hay que jerarquizar el oficio de agricultor, otra agricultura es posible y precisamos más y mejores políticas públicas para eso" dijo Lattuca.
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Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
¿Hay otro modelo agropecuario posible fuera del industrial pampeano? La respuesta es si. Posible, necesario y urgente. Esa es la síntesis de un panel de especialistas que congregó días atrás a una pequeña multitud en el hall de entrada del Concejo.
Convocados por el consejo asesor de la comisión de Ecología un mix de ingenieros agrónomos que hoy trabajan para el Estado y en el sector privado trazaron los límites del modelo agroindustrial químico dependiente y explicaron de qué manera se puede avanzar hacia una agricultura que sea rentable y también respetuosa con el suelo, la salud humana y el ambiente.
Dos datos sirvieron como "marco teórico" de la reunión: la normativa que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, y la noticia fresca de la sentencia contra Monsanto de un tribunal estadounidense que condenó a la multinacional a pagar 280 millones de dólares a un agricultor que la demandó por haberse enfermado de cáncer tras utilizar durante años ese herbicida.
"Tras la prohibición del glifosato quedó un debate abierto y la idea es comenzar a saldarlo con este panel" dijo el concejal Osvaldo Miatello, presidente de la comisión de Ecología.
Pero la transición hacia una agricultura enfocada en criterios ecológicos no es fácil ni se hace de un día para el otro: hace falta trabajar en semillas, regenerar el suelo, adaptar maquinarias y formar profesionales y productores con ese perfil.
"Sin políticas públicas claras por parte del Estado es muy difícil avanzar", sintetizó Antonio Lattuca, del programa de Agricultura Urbana de Rosario.
Hasta los años 80 el paisaje del sur provincial, originalmente cubierto por pastizales, era una combinación de chacras mixtas con cultivos que se rotaban según las estaciones.
En los 90, con la introducción del paquete tecnológico semillas modificadas + siembra directa + agroquímicos ese paisaje cambió y se volcó hacia el monocultivo de la soja, cuyo pico llegó en la primera década del siglo XXI de la mano de la suba de precios de los commodities agrícolas.
"Es tiempo que la chacra mixta vuelva a ser y para eso precisamos otra política y otros políticos que defiendan el consumo de cercanía y entiendan la necesidad de mercados de referencia" explicó el productor y dirigente agropecuario Pedro Peretti.
En una línea parecida avanzó Guillermo Montero, decano de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, quien hizo foco en la importancia de introducir herramientas para modificar el actual modelo agrícola pampeano como bordes de campos con vegetación espontánea y franjas de cultivos periurbanos.
"Debemos avanzar en la construcción de un sistema agrícola sustentable, y hay alternativas como mantener la vegetación espontánea, restaurar la biodiversidad o implementar ?escudos verdes?" afirmó Montero.
Eduardo Cerdá, referente de la agroecología en modelos de producción extensiva, relató la experiencia de Guaminí, localidad del sur de la provincia de Buenos Aires donde se trabajan 5 mil hectáreas sin agroquímicos con rindes similares a los de la agricultura química y con costos mucho más bajos.
"Nos han hecho creer que sólo existe la agricultura industrial y eso es una mentira. Hoy tenemos una agricultura drogadicta que cuesta cada vez más cara, y los productores se empiezan a dar cuenta" subrayó.
Tanto Lattuca como Raúl Terrile, de la Municipalidad, contaron los diversos planes de agricultura urbana y periurbana libre de agroquímicos que desde 2001 lleva adelante el gobierno local.
Las huertas urbanas nacieron como plan de contención social tras la crisis de 2001. Hoy -de la mano de una mayor conciencia sobre los beneficios de alimentos sanos y una demanda creciente- ya hay 30 hectáreas de parques-huerta más otras 35 hectáreas del Cinturón Verde. Unas 2400 familias viven de eso y venden su producción a través del circuito de ferias y en el local del Mercado del Patio.
"Hoy en Rosario tenemos acceso a alimentos agroecológicos de calidad. Hay que jerarquizar el oficio de agricultor, otra agricultura es posible y precisamos más y mejores políticas públicas para eso" dijo Lattuca.
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La Pampa: remedian zona petrolera
Realizan saneamiento ambiental en una zona petrolera de La Pampa
Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial está llevando adelante un trabajo de saneamiento ambiental en una zona petrolera que constituye un hecho de avanzada a nivel nacional. El yacimiento Medanito Sudeste, ubicado a 25 kilómetros de 25 de Mayo, es el área petrolera más antigua de La Pampa. Los primeros pozos de petróleo se empezaron a perforar en ese lugar hacia fines de la década del 60.
La actividad de tantos años generó derrames, o lo que profesionales del rubro denominan pasivos, que nunca fueron tratados ni saneados hasta la actualidad, cuando la provincia de La Pampa se convirtió en pionera en este tipo de cuidados al ambiente. El responsable del área de control ambiental de la actividad hidrocarburífera de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, Miguel Fantini, señaló que las políticas ambientales no exigían el saneamiento, “pero la normativa actual sí lo requiere. La nueva gestión del gobernador Carlos Verna inició, a través de la Subsecretaría de Ambiente, un plan de monitoreo y control que terminó con el saneamiento de más de 250 sitios afectados, con una superficie de 500.000 m2 y un volumen de suelos retirados y acopiados de aproximadamente 250.000 m3”.
Los trabajos están siendo realizados por la empresa Serma y constan de un tratamiento de los suelos que estaban contaminados con hidrocarburos, los cuales han sido extraídos a pedido de la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaria de Ambiente, y acopiados en un recinto para su tratamiento físico-químico.
“Esos suelos, una vez tratados, se reponen en el área donde fueron extraídos y así se crean todas las condiciones favorables para que la vegetación vuelva a desarrollarse y crecer. Todo esto implica una mejora de la calidad del ambiente”, precisó Fantini.
El proceso comenzó en 2016 mediante un plan de inspección de sitios, de valoración y cuantificación, que incluyó casi la totalidad de los 800 pozos que existen en el área. “El proceso estará finalizando aproximadamente en noviembre, cuando todos los suelos acopiados vuelvan a ser reintegrados a los sitios de donde fueron extraídos”.
Este es un desafío muy grande, “que se está concretando en dos años de gestión. Vamos a dejar un área con mucho mejor calidad y los sitios que fueron muy afectados en el pasado, hoy en día van a quedar en mejores condiciones ambientales de lo que estaban”, afirmó.
Fantini consideró que la envergadura de este logro, sitúa a La Pampa como una provincia pionera dentro del ámbito nacional “por la magnitud del trabajo que se está haciendo, ya que se va a sanear el 90% del área”.
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Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial está llevando adelante un trabajo de saneamiento ambiental en una zona petrolera que constituye un hecho de avanzada a nivel nacional. El yacimiento Medanito Sudeste, ubicado a 25 kilómetros de 25 de Mayo, es el área petrolera más antigua de La Pampa. Los primeros pozos de petróleo se empezaron a perforar en ese lugar hacia fines de la década del 60.
La actividad de tantos años generó derrames, o lo que profesionales del rubro denominan pasivos, que nunca fueron tratados ni saneados hasta la actualidad, cuando la provincia de La Pampa se convirtió en pionera en este tipo de cuidados al ambiente. El responsable del área de control ambiental de la actividad hidrocarburífera de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, Miguel Fantini, señaló que las políticas ambientales no exigían el saneamiento, “pero la normativa actual sí lo requiere. La nueva gestión del gobernador Carlos Verna inició, a través de la Subsecretaría de Ambiente, un plan de monitoreo y control que terminó con el saneamiento de más de 250 sitios afectados, con una superficie de 500.000 m2 y un volumen de suelos retirados y acopiados de aproximadamente 250.000 m3”.
Los trabajos están siendo realizados por la empresa Serma y constan de un tratamiento de los suelos que estaban contaminados con hidrocarburos, los cuales han sido extraídos a pedido de la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaria de Ambiente, y acopiados en un recinto para su tratamiento físico-químico.
“Esos suelos, una vez tratados, se reponen en el área donde fueron extraídos y así se crean todas las condiciones favorables para que la vegetación vuelva a desarrollarse y crecer. Todo esto implica una mejora de la calidad del ambiente”, precisó Fantini.
El proceso comenzó en 2016 mediante un plan de inspección de sitios, de valoración y cuantificación, que incluyó casi la totalidad de los 800 pozos que existen en el área. “El proceso estará finalizando aproximadamente en noviembre, cuando todos los suelos acopiados vuelvan a ser reintegrados a los sitios de donde fueron extraídos”.
Este es un desafío muy grande, “que se está concretando en dos años de gestión. Vamos a dejar un área con mucho mejor calidad y los sitios que fueron muy afectados en el pasado, hoy en día van a quedar en mejores condiciones ambientales de lo que estaban”, afirmó.
Fantini consideró que la envergadura de este logro, sitúa a La Pampa como una provincia pionera dentro del ámbito nacional “por la magnitud del trabajo que se está haciendo, ya que se va a sanear el 90% del área”.
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Volvieron las quemas ilegales en las islas del Litoral
Rosario vuelve a padecer las quemas ilegales que se multiplican en las islas
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.
Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".
Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El fuego y el humo afectan el ambiente y potencian el peligro de la ruta a Victoria. No hay pedidos de autorización para estas acciones
Desde hace al menos dos semanas se multiplican las quemas ilegales de pastizales en el humedal frente a Rosario, una práctica cada vez más frecuente que genera al menos tres graves problemas en simultáneo: destruye un área natural protegida perjudicando a la flora y la fauna del lugar, empeora las condiciones de tránsito de la ruta a Victoria y genera malestar y problemas de salud en buena parte de los rosarinos por el humo que, según sople el viento, afecta a la ciudad.
Esta práctica, que es muy antigua, se volvió descontrolada después de la apertura de la conexión vial a Victoria en 2003, que facilitó el acceso a esas tierras bajas a productores ganaderos que, a su vez desertaron de sus prácticas productivas en el "continente" con el corrimiento de la frontera agropecuaria y el boom sojero.
Ese cúmulo de tensiones ambientales explota cuando el río está bajo y los pastos secos, un escenario que aplica perfecto a la postal que entrega hoy el humedal. Y si bien existe una exigencia legal que obliga a los productores a pedir autorización para llevar adelante quemas "controladas", lo cierto es que la Municipalidad de Victoria no recibió al menos hasta ayer ningún pedido en ese sentido.
Así lo confirmó el secretario de gobierno de esa ciudad entrerriana, Sergio Naboni, quien afirmó ayer: "Hasta el momento no se ha presentado nadie a pedir autorización, lo que quiere decir que son quemas ilegales para nosotros".
Desde la agrupación ambientalista El Parana No Se Toca (EPNST) hace semanas que vienen denunciando las quemas. "Se ven proliferar las nefastas quemas de pastizales provocadas para generar pasturas ganaderas" señalaron.
"Resulta imposible encontrar una justificación a este acto de barbarie ambiental que beneficia a unos pocos amparados por legislaciones a medida, falta de control y nulas sanciones" agregaron desde esa agrupación.
Ni recursos ni control
En diálogo con La Ocho, Naboni recordó que la Municipalidad de Victoria tiene un ejido urbano muy particular que abarca 270 mil hectáreas, ya que también tiene jurisdicción sobre una porción de las islas. "Es muy difícil controlar todo en todo momento", reconoció, para admitir que muchas veces no alcanzan los recursos con los que disponen para monitorear semejante superficie.
En relación a las quemas, explicó que el dueño o el tenedor de las tierras es el que debe iniciar el trámite en la delegación de Islas, tras lo cual el gobierno de Victoria deriva el pedido a Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos que es el a´rea que autoriza y sanciona, llegado el caso.
"De esto se tiene de encargar la provincia, en Victoria sólo se inicia el trámite para pedir permiso para las quemas. En estos días hemos mandado gente donde se ven los focos ígneos y hemos remitido la información a Medio Ambiente" explicó el funcionario, quien agregó que, con la bajante, "todos quieren tener campo para arrendar para el pastoreo de animales".
Piden que Rosario coordine acciones
El concejal Pablo Javkin, integrante de la comisión de Ecología del Concejo rosarino, pidió ayer al Ejecutivo municipal que "coordine y gestione acciones" junto a Nación, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y Victoria para "desarrollar un plan de combate contra los incendios que se están generando por la quema de pastizales mediante un enfoque regional". Demandó una gestión "urgente" para que intervenga el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno entrerriano "para combatir los focos que se están produciendo bajo su jurisdicción". También exigió que se realicen denuncias penales contra los responsables de las quemas intencionales, así como la identificación de los propietarios de los lotes señalados como focos de ignición.
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Alerta: proyecto minero en San Juan que duplica Pascua Lama
Expectativa en San Juan por un proyecto binacional minero de u$s 25.000 millones
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: El Invesor Energético y Minero
Provincia/Región: San Juan
Pascua Lama es un mega proyecto minero, pero Del Carmen Alturas lo duplica. Pascua Lama tiene reservas por 18 millones de onzas de oro. Del Carmen Alturas, por 35 millones. Pascua Lama está a 4600 msnm y se extiende por 6700 hectáreas. Del Carmen Alturas se emplaza a 5200 msnm y con una extensión de 15000 hectáreas. Fueron algunos de los conceptos manifestados por Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan ante el flamante embajador de Chile en la Argentina, Sergio Urrejola Monckeberg.
El diplomático eligió San Juan para iniciar su gira por el país y en el salón Cruce de Los Andes se reunió con ministros de Turismo, Producción y Minería de San Juan para conocer la oferta económica. “Si Pascua Lama es importante, Del Carmen Alturas mucho más”, aseguró Hensel, proyecto al que se accede a través del camino a Veladero. Y agregó que San Juan ha generado la infraestructura de energía necesaria para la minería. Se construyeron más de 800 kilómetros de líneas de electricidad convencional. Además, es la provincia líder en energías renovables.
Otra ventaja para el trabajo binacional en este caso es que se trata de la misma compañía, de un lado y del otro de la cordillera. “Tenemos acuerdos comunes que tratamos de impulsar para generar trabajo e inversión conjunta”, argumentó Hensel ante el embajador chileno.
Sobre Pascua Lama, el Ministro señaló que “para nosotros es muy importante que a máximo nivel, entre la Argentina y Chile, se busque una salida para avanzar en este proyecto. Del lado argentino hay inversiones en instalaciones por unos 3.500 millones de dólares. Es un negocio que probablemente supere los 25.000 millones de dólares, con la consideración de que el 75 % de la mineralización está del lado chileno”, dijo el ministro.
El proyecto binacional quedó paralizado por orden de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. “Ordenó el cierre, pero no dejó sin efecto el permiso ambiental. Nos hace pensar que desde el punto de vista ambiental están autorizados y faltaría adecuar el proyecto. Con Chile nos une una gran historia y un enorme futuro”, concluyó Hensel.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: El Invesor Energético y Minero
Provincia/Región: San Juan
Pascua Lama es un mega proyecto minero, pero Del Carmen Alturas lo duplica. Pascua Lama tiene reservas por 18 millones de onzas de oro. Del Carmen Alturas, por 35 millones. Pascua Lama está a 4600 msnm y se extiende por 6700 hectáreas. Del Carmen Alturas se emplaza a 5200 msnm y con una extensión de 15000 hectáreas. Fueron algunos de los conceptos manifestados por Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan ante el flamante embajador de Chile en la Argentina, Sergio Urrejola Monckeberg.
El diplomático eligió San Juan para iniciar su gira por el país y en el salón Cruce de Los Andes se reunió con ministros de Turismo, Producción y Minería de San Juan para conocer la oferta económica. “Si Pascua Lama es importante, Del Carmen Alturas mucho más”, aseguró Hensel, proyecto al que se accede a través del camino a Veladero. Y agregó que San Juan ha generado la infraestructura de energía necesaria para la minería. Se construyeron más de 800 kilómetros de líneas de electricidad convencional. Además, es la provincia líder en energías renovables.
Otra ventaja para el trabajo binacional en este caso es que se trata de la misma compañía, de un lado y del otro de la cordillera. “Tenemos acuerdos comunes que tratamos de impulsar para generar trabajo e inversión conjunta”, argumentó Hensel ante el embajador chileno.
Sobre Pascua Lama, el Ministro señaló que “para nosotros es muy importante que a máximo nivel, entre la Argentina y Chile, se busque una salida para avanzar en este proyecto. Del lado argentino hay inversiones en instalaciones por unos 3.500 millones de dólares. Es un negocio que probablemente supere los 25.000 millones de dólares, con la consideración de que el 75 % de la mineralización está del lado chileno”, dijo el ministro.
El proyecto binacional quedó paralizado por orden de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. “Ordenó el cierre, pero no dejó sin efecto el permiso ambiental. Nos hace pensar que desde el punto de vista ambiental están autorizados y faltaría adecuar el proyecto. Con Chile nos une una gran historia y un enorme futuro”, concluyó Hensel.
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Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Avanza la implementación del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Para los sojeros todo, para la agricultura familiar nada
La Agricultura Familiar, entre el vaciamiento y la disputa campesina por la tierra
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.
A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.
El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.
La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.
A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.
El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.
La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Polémica autovía en Córdoba sería autorizada con cambios
Autovía de Punilla: inminente dictamen a favor, aunque con varios cambios
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El proyecto de la nueva autovía de Punilla, para el tramo entre el dique San Roque y Cosquín, se encamina a obtener la licencia ambiental, paso imprescindible para que la Provincia quede liberada para licitar y construir esa obra vial.
Tal como adelantó este diario el 27 de mayo pasado, al proyecto original se le harán algunas modificaciones y se sumarán precisiones.
El trazado tendría variaciones que no serán significativas en términos geográficos, porque el nuevo dibujo pasaría en esos tramos a no más de 300 metros del anterior. Pero, a la vez, asoman como destacadas porque esos retoques involucran a más del 40 por ciento de los 14,3 kilómetros en discusión.
En las últimas semanas, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y que debe emitir dictamen sobre el proyecto, sugirió ajustes y adecuaciones al equipo que diseñó el proyecto y elaboró el estudio de impacto ambiental, por encargo de Vialidad Provincial.
El Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la UNC, fue incorporando las adaptaciones sugeridas. Su titular, Francisco Delgadino, confirmó a La Voz las variantes sobre las que se estuvo trabajando y dijo creer que ya no habría otras.
“No se trata de grandes modificaciones, porque si no sería otro proyecto distinto. Son ajustes y mejoras a lo que había, que nos fue pidiendo la CTI y que surgieron por el debate que se dio”, señaló.
Qué retocarán
En el trazado, habría modificaciones en dos zonas. Una, a la altura de Barrancas Bermejas, sobre Bialet Massé, donde la autovía se correrá unos 120 metros hacia el este, para tomar mayor distancia de un área natural, conocida por su riqueza en aves. “Es un cambio muy puntual”, acotó el ingeniero Delgadino. Según el mapa disponible, el recorrido tendría allí una variación de casi 1,5 kilómetros.
La otra sería sobre el punto más controvertido del proyecto: su paso por el yacimiento de uranio Rodolfo, entre Santa María y Cosquín. El director del Iispi señaló que hubo adaptaciones para asegurar el compromiso asumido de que no haya movimientos de suelos en ese tramo de casi cuatro kilómetros. La traza se correría al oeste (hacia las zonas urbanas, no hacia las montañas).
Delgadino apuntó que la variación no comprende a todo ese tramo. El mapa del nuevo, comparado con el original, muestra que varía, aunque a escasa distancia, en la mayor parte del recorrido.
El titular del Iispi acotó que además se ajustó en ese sector el ancho disponible para la obra, reduciendo los espacios laterales.
De quedar confirmados esos cambios, la traza se recostaría más hacia las zonas urbanas y requeriría algunas expropiaciones hasta ahora no contempladas, más sobre lotes que sobre inmuebles, en Santa María y en Cosquín. Según Delgadino, se tuvo en cuenta la indicación de que esas variaciones no implicaran más desmontes.
Desde el Iispi confirmaron que los retoques en el trazado no variarían el recorrido total, que se mantendría en los 14,3 kilómetros entre la comuna de San Roque y la ciudad de Cosquín.
Otros ajustes
Otro retoque estaría ligado al plan de reforestación. El proyecto contemplaba el criterio de que por cada árbol nativo extraído se debían plantar tres nuevos. Pero desde organizaciones ambientalistas se cuestionó la ausencia de precisiones sobre el modo en que se ejecutaría.
Delgadino señaló que el proyecto fija que serían 135 las hectáreas de monte a extraer para la obra y que ahora se agregaron “precisiones al plan de reforestación”. Apuntó que habría 450 hectáreas reforestadas, y que la mayor parte de esas plantaciones se concentrará en campos cercanos a Cosquín, hoy sin esa cobertura.
Otro punto que quedaría modificado: se ampliarían todas las alcantarillas previstas, para llevarlas a dos metros.
El proceso de revisión no está aún formalmente cerrado. Por las indicaciones de ajustes, se interpreta que se encamina a su aprobación, en pocos días. Tras ese paso, el siguiente sería que la Secretaría de Ambiente otorgue la licencia ambiental.
El expediente tiene unos 20 tomos. Tres se agregaron entre julio y agosto. Varios más se sumaron entre mayo y junio, tras la concurrida audiencia pública que en mayo debatió el proyecto en Santa María de Punilla.
Ambientalistas
La necesidad de crear una autovía que reemplace en Punilla a la colapsada ruta nacional 38 nunca fue discutida. En cambio, generó una muy fuerte polémica el trazado elegido, sobre el pie del cordón montañoso de las Sierras Chicas. Organizaciones ambientalistas e investigadores en ecología han advertido que de todas las vías posibles, esta era la que más afectaba el ecosistema serrano.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que ahora deberá evaluarse “hasta qué punto estas modificaciones mejoran el proyecto”. Tras acceder a la documentación con los ajustes incorporados por el Iispi, marcó que “la traza sometida a audiencia pública fue variada en un 45 por ciento”, y que su análisis “debiera tener una instancia de participación abierta a la comunidad”. No descartó, en ese caso, que se pueda reclamar una audiencia pública complementaria.
En una primera vista, Kopta apuntó que los cambios reducirían la zona de bosque nativo afectada del 76 al 68 por ciento, y que se evitaría ya el paso por buena parte del yacimiento de uranio. “Pero hay que revisar cómo quedará al final y los detalles que faltan”, planteó.
El costo de la obra ya no será el planificado
La inflación y los cambios harán subir el monto.
Cuando el proyecto de autovía fue anunciado, Vialidad Provincial planteó un presupuesto de tres mil millones de pesos para los 14,3 kilómetros a ejecutar. Varios meses después, devaluación e inflación mediante, ese valor merecerá actualizaciones evidentes. Además, desde el Iispi se anticipó que los ajustes incorporados encarecerán el proyecto. Por caso, la necesidad de traer suelos de otras zonas para rellenar el tramo del yacimiento de uranio por atravesar.
La obra vial que mayor discusión previa generó en Córdoba
Aunque la ruta nacional 38 que atraviesa el Valle de Punilla es nacional, la Provincia anunció la ejecución, por su cuenta, de una autovía, más ágil y segura, que corra paralela en los 50 kilómetros entre el dique San Roque y la ciudad de La Cumbre.
Un primer tramo entre la autopista Córdoba-Carlos Paz y el dique San Roque está en ejecución desde hace meses, incluyendo un nuevo puente sobre ese embalse.
El segundo tramo, de casi 15 kilómetros entre San Roque y Cosquín, es el que generó la mayor controversia, sobre todo respecto del trazado por elegir. Para la Provincia, el que defiende es el más corto, seguro y económico. Para sectores ambientalistas, resulta el que más afectaría al ecosistema serrano.
Para los tramos desde Cosquín a La Cumbre no hay por ahora ni proyectos en elaboración.
El debate por el tramo de San Roque a Cosquín incluyó, en mayo pasado, la audiencia pública ambiental más concurrida desde que en 2004 una ley exige ese paso en Córdoba. Hubo más de 900 inscriptos, con finalmente 355 oradores, en siete días consecutivos.
Entre medio, hasta la Universidad Nacional de Córdoba entró en los tironeos: debió salir a aclarar que el diseño de obra realizado para Vialidad Provincial por uno de sus institutos -el Iispi- no representaba la opinión de la UNC, mientras otros centros de investigación de la misma casa -como el Imbiv- planteaban públicamente su rechazo al proyecto.
El Gobierno resolvió ya por decreto que sea la empresa provincial Caminos de las Sierras la que licitará la obras de la nueva autovía. Es la misma que está a cargo de las obras y los peajes en la red de accesos a la Capital.
Una duda que asoma es si habrá recursos para encararla, en el nuevo contexto económico del país.
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Acuerdan financiación para estudio de cuencas rionegrinas
Lebed firmó acuerdo con Nación que asegura financiación al estudio integral de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El titular de la AIC, Haroldo Lebed, y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Pablo Bereciartua, firmaron un convenio de cooperación y financiación para la ejecución del estudio “Planificación del aprovechamiento integral y gestión sustentable del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”.
Se debe recordar que este trabajo permitirá una definición técnica de los cupos que le corresponden a cada provincia integrante de la cuenca.
Lebed había adelantado días atrás a APP que este convenio se encontraba próximo a la firma y que garantiza el financiamiento de poco más de 5 millones de pesos para completar el estudio.
Rechazó “las especulaciones o expresiones demagógicas” respecto a que esto abra las puertas al trasvase de aguas del Negro al Colorado, señalando que una vez definido el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires por el tramo de poco más de 50 kilómetros de la jurisdicción sobre el río los mandatarios de la cuenca definirán los usos.
Lebed indicó que más allá del acuerdo con Nación para asegurar la financiación con la Fundación Bariloche ya se pusieron en marcha algunas acciones relativas al estudio.
Explicitó a APP que con la Fundación Bariloche “estamos entrenando a técnicos de la AIC”, de manera que “haya un estudio acabado y evitar discusiones estériles interprovinciales; que cuando esté el estudio podamos llevar el informe a los gobernadores de la cuenca y éstos definan los caminos a seguir”.
Rechazó las especulaciones o expresiones demagógicas respecto a los cupos que les corresponde a cada jurisdicción, señalando que “el día que esté el estudio vamos a saber el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y veremos allí cómo seguimos adelante”.
Hay que señalar que en su momento se generaron muchas declaraciones críticas, sobre todo de Río Negro y Neuquén, de las pretensiones de la Provincia de Buenos Aires de un cupo del río Negro en principio muy superior a lo que se prevé le puede tocar. Esto se relacionó con el proyecto que periódicamente se reflota desde el área de CORFO y Bahía Blanca de hacer el trasvase de aguas del río Negro al Colorado.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El titular de la AIC, Haroldo Lebed, y el secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Pablo Bereciartua, firmaron un convenio de cooperación y financiación para la ejecución del estudio “Planificación del aprovechamiento integral y gestión sustentable del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”.
Se debe recordar que este trabajo permitirá una definición técnica de los cupos que le corresponden a cada provincia integrante de la cuenca.
Lebed había adelantado días atrás a APP que este convenio se encontraba próximo a la firma y que garantiza el financiamiento de poco más de 5 millones de pesos para completar el estudio.
Rechazó “las especulaciones o expresiones demagógicas” respecto a que esto abra las puertas al trasvase de aguas del Negro al Colorado, señalando que una vez definido el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires por el tramo de poco más de 50 kilómetros de la jurisdicción sobre el río los mandatarios de la cuenca definirán los usos.
Lebed indicó que más allá del acuerdo con Nación para asegurar la financiación con la Fundación Bariloche ya se pusieron en marcha algunas acciones relativas al estudio.
Explicitó a APP que con la Fundación Bariloche “estamos entrenando a técnicos de la AIC”, de manera que “haya un estudio acabado y evitar discusiones estériles interprovinciales; que cuando esté el estudio podamos llevar el informe a los gobernadores de la cuenca y éstos definan los caminos a seguir”.
Rechazó las especulaciones o expresiones demagógicas respecto a los cupos que les corresponde a cada jurisdicción, señalando que “el día que esté el estudio vamos a saber el cupo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y veremos allí cómo seguimos adelante”.
Hay que señalar que en su momento se generaron muchas declaraciones críticas, sobre todo de Río Negro y Neuquén, de las pretensiones de la Provincia de Buenos Aires de un cupo del río Negro en principio muy superior a lo que se prevé le puede tocar. Esto se relacionó con el proyecto que periódicamente se reflota desde el área de CORFO y Bahía Blanca de hacer el trasvase de aguas del río Negro al Colorado.
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