Funcionarios "manchados" por la Barrick
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La mancha de la Barrick Gold llegó a los funcionarios
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan
La justicia Penal de San Juan condenó a funcionarios públicos por omitir sus responsabilidades de controlar y prevenir impactos ambientales producidos por la actividad minera.
En los autos "L. S. G. y otros s/ envenenamiento o adulteración de aguas", el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal condenó a funcionarios federales por omitir sus responsabilidades de controlar y prevenir impactos ambientales producidos por la actividad minera.
La demanda fue interpuesta por el Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, Mariano Aguilar, que denunció que vecinos de la localidad de San José de Jáchal, provincia de San Juan, habían advertido la rotura de un caño que la empresa “Barrick Gold” utilizaba para transportar cianuro en la mina Veladero, lo que habría ocasionado la contaminación de varios ríos hasta llegar el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias de San Luís y Mendoza.
Para los titulares del Juzgado, los funcionarios omitieron cumplir con sus obligaciones a fin de controlar y prevenir los impactos ambientales producidos por la actividad minera, "habiendo existido falta de precaución, principio fundamental que debe regir en materia ambiental".
"El delito de abuso de autoridad es una figura penal instituida con el objeto de preservar el correcto funcionamiento de la administración pública y la consecuente legalidad que deben revestir los actos administrativos que emanan de su seno", explicaron los magistrados.
En esa línea, añadieron que ante la falta de responsabilidad, se debe condenar al funcionario público que, a partir del mal desempeño de sus funciones, omite dar cumplimiento a sus deberes y opta por ejercer arbitrariamente la autoridad oportunamente a él conferida.
Por último, los juzgadores explicaron que el abuso de autoridad también consiste en una omisión: "no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere al funcionario, debiendo el hecho revestir los caracteres de malicia señalados para la figura general".
Los jueces condenaron a los Secretarios de Ambiente y Minería de la Nación y de San Juan por incumplimientos, falta de control y otras irregularidades con relación al derrame de cianuro por parte de la firma Barrick Gold en la mina Veladero.
Los funcionarios sufrieron el embargo de sus bienes por $2.000.000 y la justicia le pidió al Ministerio de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto para separarlos de sus cargos.
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San Juan monitorea los ecosistemas acuáticos
Medio Ambiente comenzó con un monitoreo a ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
En la jornada de hoy, el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, comenzó con una campaña de monitoreo ictícola en río Castaño.
Los monitoreos son campañas estacionales que permiten la obtención de muestras, con cuyo análisis se obtienen datos que permiten conocer los ecosistemas acuáticos, determinar predominancia de especies, dieta de cada una, evaluación de la cadena trófica, también se busca medir parámetros fisicoquímicos para determinar si se encuentran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreos, son procesados por especialistas de la Secretaría, que entre otros aspectos, permiten conocer los recursos pesqueros, es decir, si los ejemplares que se encuentran en cada cauce son juveniles o adultos, qué población predomina y realizar una evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se definirá el plan a ejecutar en los próximos meses.
Los monitoreos continuarán desarrollándose en diferentes ríos de San Juan para definir políticas que permitan mantener el equilibrio adecuado en los ecosistemas acuáticos.
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Campus de la UNNE Resistencia busca la eficiencia energética
Avanzan con un plan innovador de ahorro energético diseñado en la UNNE
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El pasado viernes 10 de Agosto parte del equipo del Consejo Asesor Consultivo del Ambiente de la UNNE (COOA) liderado por la ingeniera Indiana Basterra, presentó ante la Rectora Delfina Veiravé los avances de un trabajo innovador realizado en todo el Campus Resistencia en el marco del Plan de Uso Responsable de la Energía (PURE) que encara ésta Universidad.
La reunión informativa se realizó en el despacho de la Rectora Veiravé y contó con la presencia de la Secretaria General Administrativa de la UNNE, contadora Cristina Torres quién junto a la titular de la UNNE, siguieron atentamente la exposición del ingeniero Hugo Daniel Zurlo realizada con un soporte visual explicativo (powerpoint). Los presentes escucharon detalles específicos del gran trabajo de relevamiento realizado en todo el Campus Resistencia de la UNNE en éstas dos primeras etapas del Plan de Eficiencia Energética elaborado para la UNNE por el equipo del COOA integrado por profesionales representantes de cada Unidad Académica y dependencias de la UNNE.
La primera y segunda etapa concluidas y presentadas ante la Rectora abarcan el relevamiento, posterior diagnóstico y recomendaciones para mejoras de todo lo que tiene que ver con la matriz energética (maquinarias y usos) de todo el Campus Resistencia de la UNNE que sirven de base para iniciar a implementar una política de ahorro energético en toda la Universidad.
En la Etapa 1, los integrantes del COAA elaboraron las líneas de acción y metodología de trabajo. Para la Etapa 2 se designó un equipo de administradores energéticos y colaboradores para encarar la acción que contó con el financiamiento de la Secretaría General Administrativa de la UNNE.
Los resultados y recomendaciones fueron expuestos en la reunión mantenida días atrás con la Rectora Veiravé y la contadora Cristina Torres.
Acompañaron la presentación también en esa oportunidad la Directora del Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE-UNNE) y del COOA, ingeniera Indiana Basterra; María Cristina Inda de la Facultad de Humanidades; Erica Silvana Peralta de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Alina Noelia Peláez y Carolina Elizabet Barrios de la Facultad de Odontología; Aldo Ceferino Bernardis de la Facultad de Ciencias Agrarias; Laura Leyes de la Facultad de Medicina; de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Hugo Daniel Zurlo y Tatiana Karenina Yakimchuk; de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Viviana Bercheñi y Luis Ariel Pellegrino de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura.
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Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El pasado viernes 10 de Agosto parte del equipo del Consejo Asesor Consultivo del Ambiente de la UNNE (COOA) liderado por la ingeniera Indiana Basterra, presentó ante la Rectora Delfina Veiravé los avances de un trabajo innovador realizado en todo el Campus Resistencia en el marco del Plan de Uso Responsable de la Energía (PURE) que encara ésta Universidad.
La reunión informativa se realizó en el despacho de la Rectora Veiravé y contó con la presencia de la Secretaria General Administrativa de la UNNE, contadora Cristina Torres quién junto a la titular de la UNNE, siguieron atentamente la exposición del ingeniero Hugo Daniel Zurlo realizada con un soporte visual explicativo (powerpoint). Los presentes escucharon detalles específicos del gran trabajo de relevamiento realizado en todo el Campus Resistencia de la UNNE en éstas dos primeras etapas del Plan de Eficiencia Energética elaborado para la UNNE por el equipo del COOA integrado por profesionales representantes de cada Unidad Académica y dependencias de la UNNE.
La primera y segunda etapa concluidas y presentadas ante la Rectora abarcan el relevamiento, posterior diagnóstico y recomendaciones para mejoras de todo lo que tiene que ver con la matriz energética (maquinarias y usos) de todo el Campus Resistencia de la UNNE que sirven de base para iniciar a implementar una política de ahorro energético en toda la Universidad.
En la Etapa 1, los integrantes del COAA elaboraron las líneas de acción y metodología de trabajo. Para la Etapa 2 se designó un equipo de administradores energéticos y colaboradores para encarar la acción que contó con el financiamiento de la Secretaría General Administrativa de la UNNE.
Los resultados y recomendaciones fueron expuestos en la reunión mantenida días atrás con la Rectora Veiravé y la contadora Cristina Torres.
Acompañaron la presentación también en esa oportunidad la Directora del Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE-UNNE) y del COOA, ingeniera Indiana Basterra; María Cristina Inda de la Facultad de Humanidades; Erica Silvana Peralta de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Alina Noelia Peláez y Carolina Elizabet Barrios de la Facultad de Odontología; Aldo Ceferino Bernardis de la Facultad de Ciencias Agrarias; Laura Leyes de la Facultad de Medicina; de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Hugo Daniel Zurlo y Tatiana Karenina Yakimchuk; de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Viviana Bercheñi y Luis Ariel Pellegrino de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura.
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Las BPA son voluntarias; las leyes obligatorias
Las buenas prácticas son voluntarias; las leyes, obligatorias
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.
La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.
La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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La Picasa todavía en vías de buscar soluciones
Con una canalización quieren desagotar el agua de La Picasa hacia el río Paraná
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
Esta propuesta se debatió en un encuentro en Melincué sobre la crisis hídrica que atraviesan las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. “Se solucionarían tres problemas en una sola obra que está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación”, dijo Duhalde.
Días atrás se llevó a cabo una jornada de debate de trascendencia interprovincial sobre la crisis hídrica que atraviesa el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Con la mirada puesta esencialmente sobre las lagunas de Melincué y La Picasa, la Asociación Empresaria de la provincia de Santa Fe y el Concejo Empresario, junto al Comité de Cuenca eligieron Melincué como sede del encuentro que convocó a funcionarios provinciales, legisladores, intendentes, presidentes comunales e ingenieros.
Tras el encuentro, el presidente de la Cuenca, Juan Carlos Duhalde indicó que el proyecto principal es desviar el agua hacia el río Paraná, para desagotar a la Región, una zona que sufrió la última inundación de febrero de 2017, además con el corte total de la Ruta 7 y el terraplén del tren San Martín.
El presupuesto inicial del año pasado solo para la excavación de los tramos alcanzaba los US$ 248,9 millones. El Gobierno nacional estaba dispuesto a financiar el 70% de la obra, que costaría unos 10.000 millones de pesos, mientras que el resto estaría a cargo de las provincias.
“Concretamente estamos apoyando desde el Comité de Cuenca una salida de La Picasa hacia el río Paraná que permitiría solucionar el problema del agua en las lagunas La Picasa, de Quirno (Villa Cañas) y Melincué”, aseguró Duhalde.
“Se solucionarían los tres problemas en una sola obra importante que en principio está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación. En la reunión la intención era llegar el apoyo de esta idea por el resto de las autoridades de las provincias”, explicó.
“El encuentro salió bastante bien, ya que hablamos los productores y las autoridades en el mismo idioma porque dialogamos de este mismo objetivo. Un poco más lerdo es el tema del apoyo financiero a la obra, ya que hace nueve meses el dinero estaba disponible y ahora está destinado a otros trabajos”, aclaró.
“Un nuevo canal”
“Para el tema concreto de La Picasa se está trabajando y en no más de 60 días estará terminado un canal que permitirá una salida que también será parte de la solución. Si después se logra que se haga la obra hacia el Paraná creemos que es la solución definitiva”, agregó Duhalde.
“Hoy la cota está en 104,67. Esto significa que ha bajado más de un metro y estamos un poco menos ahogados. Antes nos llegaba a la nariz, ahora a la pera”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
Esta propuesta se debatió en un encuentro en Melincué sobre la crisis hídrica que atraviesan las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. “Se solucionarían tres problemas en una sola obra que está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación”, dijo Duhalde.
Días atrás se llevó a cabo una jornada de debate de trascendencia interprovincial sobre la crisis hídrica que atraviesa el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Con la mirada puesta esencialmente sobre las lagunas de Melincué y La Picasa, la Asociación Empresaria de la provincia de Santa Fe y el Concejo Empresario, junto al Comité de Cuenca eligieron Melincué como sede del encuentro que convocó a funcionarios provinciales, legisladores, intendentes, presidentes comunales e ingenieros.
Tras el encuentro, el presidente de la Cuenca, Juan Carlos Duhalde indicó que el proyecto principal es desviar el agua hacia el río Paraná, para desagotar a la Región, una zona que sufrió la última inundación de febrero de 2017, además con el corte total de la Ruta 7 y el terraplén del tren San Martín.
El presupuesto inicial del año pasado solo para la excavación de los tramos alcanzaba los US$ 248,9 millones. El Gobierno nacional estaba dispuesto a financiar el 70% de la obra, que costaría unos 10.000 millones de pesos, mientras que el resto estaría a cargo de las provincias.
“Concretamente estamos apoyando desde el Comité de Cuenca una salida de La Picasa hacia el río Paraná que permitiría solucionar el problema del agua en las lagunas La Picasa, de Quirno (Villa Cañas) y Melincué”, aseguró Duhalde.
“Se solucionarían los tres problemas en una sola obra importante que en principio está generada en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Nación. En la reunión la intención era llegar el apoyo de esta idea por el resto de las autoridades de las provincias”, explicó.
“El encuentro salió bastante bien, ya que hablamos los productores y las autoridades en el mismo idioma porque dialogamos de este mismo objetivo. Un poco más lerdo es el tema del apoyo financiero a la obra, ya que hace nueve meses el dinero estaba disponible y ahora está destinado a otros trabajos”, aclaró.
“Un nuevo canal”
“Para el tema concreto de La Picasa se está trabajando y en no más de 60 días estará terminado un canal que permitirá una salida que también será parte de la solución. Si después se logra que se haga la obra hacia el Paraná creemos que es la solución definitiva”, agregó Duhalde.
“Hoy la cota está en 104,67. Esto significa que ha bajado más de un metro y estamos un poco menos ahogados. Antes nos llegaba a la nariz, ahora a la pera”, concluyó.
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Más críticas a la política sobre biocombustibles
Siguen las críticas por el congelamiento de precios para los biocombustibles
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Bioetanol de Maíz se sumó al planteo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno por el virtual congelamiento del precio del combustible ecológico. La Asociación también apuntó a las versiones de un posible aumento de impuestos y al impacto de la última suba de retenciones al 15 por ciento, por ejemplo. Hasta ahora, el Ministerio de Energía no hizo comentarios.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, afirmó que el Gobierno dejó de publicar los precios: "Después de crear una nueva fórmula de precios para la industria, incumple con sus resoluciones sin dar explicación alguna". Desde enero de 2017 a hoy, el bioetanol de maíz aumentó alrededor del 20% frente a más del 50% de la nafta súper y 54% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
El precio del bioetanol de maíz es de US$54 centavos el litro, muy competitivo a nivel mundial. Adam planteó que, de haberse publicado el nuevo precio, la incidencia en el valor de la nafta hubiera sido menor al cuatro por mil, "por lo que no hay justificación alguna para la medida, salvo que exista la voluntad política de transferir más recursos desde nuestro sector hacia el de los combustibles contaminantes".
Los industriales coinciden en que a los valores actuales hay una transferencia de recursos de hasta $4 por litro vendido del sector del bioetanol hacia las petroleras, por lo que los distribuidores ganan "mucho más que los productores".
En esa línea indican que, de mantenerse el congelamiento, se afectará la capacidad de financiamiento y "se comprometerá la estabilidad de la fuerza laboral". En el país hay cinco plantas productoras de bioetanol de maíz con una capacidad instalada de 550.000 metros cúbicos anuales que captaron inversiones por unos US$400 millones. Generan 3800 empleos directos e indirectos en Córdoba (municipios de Alejandro Roca, Villa María y Río Cuarto), Santa Fe (Avellaneda) y San Luis (Villa Mercedes).
También desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) hay protestas por el congelamiento de los precios. En un comunicado calificaron la medida de "unilateral, arbitraria y discriminatoria" y señalaron que el Ministerio de Energía no cumple lo establecido en el marco regulatorio de la actividad.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Bioetanol de Maíz se sumó al planteo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno por el virtual congelamiento del precio del combustible ecológico. La Asociación también apuntó a las versiones de un posible aumento de impuestos y al impacto de la última suba de retenciones al 15 por ciento, por ejemplo. Hasta ahora, el Ministerio de Energía no hizo comentarios.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, afirmó que el Gobierno dejó de publicar los precios: "Después de crear una nueva fórmula de precios para la industria, incumple con sus resoluciones sin dar explicación alguna". Desde enero de 2017 a hoy, el bioetanol de maíz aumentó alrededor del 20% frente a más del 50% de la nafta súper y 54% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
El precio del bioetanol de maíz es de US$54 centavos el litro, muy competitivo a nivel mundial. Adam planteó que, de haberse publicado el nuevo precio, la incidencia en el valor de la nafta hubiera sido menor al cuatro por mil, "por lo que no hay justificación alguna para la medida, salvo que exista la voluntad política de transferir más recursos desde nuestro sector hacia el de los combustibles contaminantes".
Los industriales coinciden en que a los valores actuales hay una transferencia de recursos de hasta $4 por litro vendido del sector del bioetanol hacia las petroleras, por lo que los distribuidores ganan "mucho más que los productores".
En esa línea indican que, de mantenerse el congelamiento, se afectará la capacidad de financiamiento y "se comprometerá la estabilidad de la fuerza laboral". En el país hay cinco plantas productoras de bioetanol de maíz con una capacidad instalada de 550.000 metros cúbicos anuales que captaron inversiones por unos US$400 millones. Generan 3800 empleos directos e indirectos en Córdoba (municipios de Alejandro Roca, Villa María y Río Cuarto), Santa Fe (Avellaneda) y San Luis (Villa Mercedes).
También desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) hay protestas por el congelamiento de los precios. En un comunicado calificaron la medida de "unilateral, arbitraria y discriminatoria" y señalaron que el Ministerio de Energía no cumple lo establecido en el marco regulatorio de la actividad.
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Prohíben el clorpirifos en EEUU, ampliamente usado acá
Por generar daño cerebral, Estados Unidos prohíbe al insecticida de Dow más usado en el agro argentino
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Las exportaciones de biodiésel a la UE "desaparecerán"
Por una posible sanción, alertan que "desaparecerán" las ventas de biodiésel a Europa
Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las exportaciones de biodiésel a la Unión Europea "prácticamente" se reducirán a un mínimo este mes y luego directamente podrían desaparecer, según alertan en la industria del biocombustible, ante la posible aplicación de un arancel antisubsidio contra el producto local.
En enero pasado, la UE abrió una investigación contra el biodiésel a pedido de productores europeos que argumentaron que el biocombustible local, por el diferencial de retenciones (15% para el biodiésel, 23% para el aceite de soja), corre con ventaja para llegar a ese mercado.
En 2013, tras la expropiación de YPF a la española Repsol, Europa aplicó aranceles antidumping contra el biodiésel argentino y lo dejó afuera de ese mercado, que concentraba ventas por más de US$1500 millones y en volumen representaba más del 90% de las ventas totales.
La Argentina llevó a la UE a un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se lo ganó. En septiembre del año pasado, el bloque europeo bajó los aranceles-quedando una tasa efectiva total para el ingreso del 9 al 15%, según las empresas exportadoras- y el biodiésel argentino logró volver a ese mercado, compensando en parte el cierre que, a su vez, instrumentó Estados Unidos para el producto argentino unos meses antes. La industria argentina, agrupada en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), inclusive ganó un juicio y la Corte europea ordenó recalcular los derechos antidumping, que hoy están en 0% momentáneamente más allá del 6,5% que existe para la importación desde cualquier origen.
En 2017, con el impulso de la reapertura de Europa, las ventas al exterior de biodiésel terminaron en un récord de 1,68 millones de toneladas y más de 1250 millones de dólares. En 2018, en tanto, entre enero y mayo pasado, el sector exportó 622.779 toneladas, casi un 9% más, por US$436,5 millones, respecto de igual período de 2017.
Del volumen exportado, 294.670 toneladas fueron a los países del bloque europeo, en tanto que 258.909 toneladas a "Europa en tránsito", una clasificación que en el sector significan las ventas que van a Malta y que de allí luego son derivadas a África por los importadores del producto.
En medio de la investigación contra el biodiésel argentino en Europa, hace unos dos meses en ese bloque se abrió un registro para las importaciones argentinas. Eso hizo que se fueran frenando los nuevos negocios ante el temor de que, si el mes próximo o en octubre hay un arancel contra el biodiésel, este sea retroactivo.
En este sentido, ante una consulta de LA NACION, Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, alertó: "Ante el registro que implementó Europa, que podría aplicar aranceles retroactivos, las exportaciones prácticamente van a desaparecer a partir de agosto". Según el directivo, este mes podría contabilizarse un "resabio" de negocios ya cerrados en julio pasado, pero las ventas van a caer.
"El mes próximo será efectiva la sanción o a más tardar en octubre", dijo otra fuente consultada del negocio. Más allá de ese próximo arancel por subsidios, la fuente consultada trazó un panorama difícil una vez que Europa recalcule los derechos por antidumping y porque el mismo Gobierno afectó las exportaciones al subir del 8 al 15%, en mayo pasado, las retenciones.
"Europa va a recalcular las alícuotas de los aranceles antidumping y esto podría ser aplicado en los próximos dos meses. El fallo de la OMC (que ganó la Argentina) no estableció que la UE debía eliminar esos aranceles, sino recalcularlos, mientras que la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, a partir de una demanda privada iniciada por la industria argentina, dejó alguna luz para que Europa no termine eliminando esos aranceles. Ese recálculo, con independencia de la otra sanción que investiga (subsidios), dejaría igualmente fuera de carrera al biodiésel argentino", alertó la fuente. Agregó que con la suba de las retenciones, dispuesta por el Gobierno, el producto también quedará afuera de Europa.
Según alertan fuentes de la industria, el panorama será complicado y podría haber cierres de plantas.
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Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las exportaciones de biodiésel a la Unión Europea "prácticamente" se reducirán a un mínimo este mes y luego directamente podrían desaparecer, según alertan en la industria del biocombustible, ante la posible aplicación de un arancel antisubsidio contra el producto local.
En enero pasado, la UE abrió una investigación contra el biodiésel a pedido de productores europeos que argumentaron que el biocombustible local, por el diferencial de retenciones (15% para el biodiésel, 23% para el aceite de soja), corre con ventaja para llegar a ese mercado.
En 2013, tras la expropiación de YPF a la española Repsol, Europa aplicó aranceles antidumping contra el biodiésel argentino y lo dejó afuera de ese mercado, que concentraba ventas por más de US$1500 millones y en volumen representaba más del 90% de las ventas totales.
La Argentina llevó a la UE a un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se lo ganó. En septiembre del año pasado, el bloque europeo bajó los aranceles-quedando una tasa efectiva total para el ingreso del 9 al 15%, según las empresas exportadoras- y el biodiésel argentino logró volver a ese mercado, compensando en parte el cierre que, a su vez, instrumentó Estados Unidos para el producto argentino unos meses antes. La industria argentina, agrupada en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), inclusive ganó un juicio y la Corte europea ordenó recalcular los derechos antidumping, que hoy están en 0% momentáneamente más allá del 6,5% que existe para la importación desde cualquier origen.
En 2017, con el impulso de la reapertura de Europa, las ventas al exterior de biodiésel terminaron en un récord de 1,68 millones de toneladas y más de 1250 millones de dólares. En 2018, en tanto, entre enero y mayo pasado, el sector exportó 622.779 toneladas, casi un 9% más, por US$436,5 millones, respecto de igual período de 2017.
Del volumen exportado, 294.670 toneladas fueron a los países del bloque europeo, en tanto que 258.909 toneladas a "Europa en tránsito", una clasificación que en el sector significan las ventas que van a Malta y que de allí luego son derivadas a África por los importadores del producto.
En medio de la investigación contra el biodiésel argentino en Europa, hace unos dos meses en ese bloque se abrió un registro para las importaciones argentinas. Eso hizo que se fueran frenando los nuevos negocios ante el temor de que, si el mes próximo o en octubre hay un arancel contra el biodiésel, este sea retroactivo.
En este sentido, ante una consulta de LA NACION, Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, alertó: "Ante el registro que implementó Europa, que podría aplicar aranceles retroactivos, las exportaciones prácticamente van a desaparecer a partir de agosto". Según el directivo, este mes podría contabilizarse un "resabio" de negocios ya cerrados en julio pasado, pero las ventas van a caer.
"El mes próximo será efectiva la sanción o a más tardar en octubre", dijo otra fuente consultada del negocio. Más allá de ese próximo arancel por subsidios, la fuente consultada trazó un panorama difícil una vez que Europa recalcule los derechos por antidumping y porque el mismo Gobierno afectó las exportaciones al subir del 8 al 15%, en mayo pasado, las retenciones.
"Europa va a recalcular las alícuotas de los aranceles antidumping y esto podría ser aplicado en los próximos dos meses. El fallo de la OMC (que ganó la Argentina) no estableció que la UE debía eliminar esos aranceles, sino recalcularlos, mientras que la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, a partir de una demanda privada iniciada por la industria argentina, dejó alguna luz para que Europa no termine eliminando esos aranceles. Ese recálculo, con independencia de la otra sanción que investiga (subsidios), dejaría igualmente fuera de carrera al biodiésel argentino", alertó la fuente. Agregó que con la suba de las retenciones, dispuesta por el Gobierno, el producto también quedará afuera de Europa.
Según alertan fuentes de la industria, el panorama será complicado y podría haber cierres de plantas.
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Alertan sobre la calidad de aire en Capital Federal
Respirar hoy en la ciudad es una amenaza para la salud
Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: Prensa Greenpeace
Provincia/Región: CABA
La organización ambientalista confirmó, a través de mediciones científicas, que los valores de contaminación de aire en la ciudad superan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, según sus estudios realizados en distintos barrios porteños, hay locaciones que superan los niveles de exposición crónica hasta tres veces los parámetros de la OMS.(1)
“Los ciudadanos estamos expuestos a niveles de contaminación altísimos en Capital Federal. A pesar de que la contaminación es un tema crítico, el gobierno no es eficiente a la hora de realizar las mediciones. Los controles oficiales son limitados ya que la ciudad sólo cuenta con tres estaciones de monitoreo, cuando otras ciudades en Latinoamérica cuentan con más de 10. Además, el sistema del gobierno no mide algunos de los componentes más tóxicos y perjudiciales para la salud”, sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.
Entre los componentes tóxicos presentes en el estudio de Greenpeace se midió dióxido de nitrógeno (NO2) y Material Particulado 2.5 (PM2.5) (2) que provienen de la contaminación en el aire generada por el uso de derivados del petróleo, como el gasoil. La inhalación de ambos componentes es perjudicial para la salud, sobre todo la del PM2.5 ya que es el causante de enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
“Es hora que el gobierno se ponga del lado de la salud de las personas. La OMS declaró que 7 millones de personas mueren anualmente en el mundo por la contaminación de aire. Entre las causas, la OMS incluye al sector de transporte y la quema de combustibles fósiles como parte de los responsables. Los tóxicos en la contaminación de aire son asesinos invisibles, necesitamos respirar aire limpio ya”, afirmó Vidal.
Para Greenpeace, mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. La organización reclama al gobierno porteño que asuma su promesa ambiental como miembros del C40, red de megaciudades del mundo comprometidas por el cambio climático, y que trabaje en la promoción de una transición rápida hacia un transporte público a base de energías renovables.
Notas:
1) Informe: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/MONITOREO_CALIDAD_DEL_AIRE-Greenpeace.pdf
2) La OMS establece el límite de exposición crónica a PM2.5 de 10 ?µm/m3 promedio anual.
3) Mapa con resultados: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/GP_MapaContaminacion_1000x1000.jpg
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Fecha de Publicación: 18/08/2018
Fuente: Prensa Greenpeace
Provincia/Región: CABA
La organización ambientalista confirmó, a través de mediciones científicas, que los valores de contaminación de aire en la ciudad superan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, según sus estudios realizados en distintos barrios porteños, hay locaciones que superan los niveles de exposición crónica hasta tres veces los parámetros de la OMS.(1)
“Los ciudadanos estamos expuestos a niveles de contaminación altísimos en Capital Federal. A pesar de que la contaminación es un tema crítico, el gobierno no es eficiente a la hora de realizar las mediciones. Los controles oficiales son limitados ya que la ciudad sólo cuenta con tres estaciones de monitoreo, cuando otras ciudades en Latinoamérica cuentan con más de 10. Además, el sistema del gobierno no mide algunos de los componentes más tóxicos y perjudiciales para la salud”, sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.
Entre los componentes tóxicos presentes en el estudio de Greenpeace se midió dióxido de nitrógeno (NO2) y Material Particulado 2.5 (PM2.5) (2) que provienen de la contaminación en el aire generada por el uso de derivados del petróleo, como el gasoil. La inhalación de ambos componentes es perjudicial para la salud, sobre todo la del PM2.5 ya que es el causante de enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
“Es hora que el gobierno se ponga del lado de la salud de las personas. La OMS declaró que 7 millones de personas mueren anualmente en el mundo por la contaminación de aire. Entre las causas, la OMS incluye al sector de transporte y la quema de combustibles fósiles como parte de los responsables. Los tóxicos en la contaminación de aire son asesinos invisibles, necesitamos respirar aire limpio ya”, afirmó Vidal.
Para Greenpeace, mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. La organización reclama al gobierno porteño que asuma su promesa ambiental como miembros del C40, red de megaciudades del mundo comprometidas por el cambio climático, y que trabaje en la promoción de una transición rápida hacia un transporte público a base de energías renovables.
Notas:
1) Informe: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/MONITOREO_CALIDAD_DEL_AIRE-Greenpeace.pdf
2) La OMS establece el límite de exposición crónica a PM2.5 de 10 ?µm/m3 promedio anual.
3) Mapa con resultados: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2018/08/GP_MapaContaminacion_1000x1000.jpg
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Córdoba: en un pueblo 1 cada 2 personas muere de cáncer
Canals, el pueblo fumigado donde más de la mitad de las muertes del último año fueron por cáncer
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba
Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.
El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.
Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.
Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.
Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba
Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.
El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.
Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.
Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.
Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Red nacional de etiquetado de sustentabilidad de inmuebles
Arman una red nacional de etiquetado de energía y sustentabilidad de inmuebles
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) inició el armado de una red nacional de etiquetado de energía y sustentabilidad edilicia. Con base en un modelo cordobés, pretenden extender el uso de un sistema integral de auditoría y evaluación que busca ahorrar consumo energético en edificios -tanto en etapa de proyecto como existentes-. La presentación se hizo el viernes pasado y desde Córdoba, con la presencia de referentes de colegios profesionales de todo el país.
El modelo en cuestión es uno desarrollado por el Colegio de Arquitectos de Córdoba que ya fue utilizado, por ejemplo, en inmuebles públicos provinciales como el de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
“La intención del colegio de Córdoba es trasladar el know how que están teniendo ellos ahora hacia todo el país y hacer una red de etiquetado de energía. Es importante porque no lo está haciendo nadie en estos momentos y los gobiernos de todas las provincias están necesitando asistencia técnica específica en la temática. Para ello, los colegios de arquitectos estamos trabajando en capacitación para llevar adelante un proyecto tan ambicioso como este”, afirmó Martín Capobianco, presidente de Fadea, entidad que nuclea a 105.000 arquitectos de Argentina.
Precisó que el rol de los colegios profesionales sería la de realizar ese tipo de revisiones y auditorías mencionadas. “Son potestades del Estado que las delegan en instituciones como las nuestras, en este caso sería el control del consumo energético de los edificios en cuanto a ubicación de sistemas de calefacción, cerramientos, etcétera”, graficó.
Subrayó que el colegio local puso el sistema creado a disposición de las entidades pares de otras provincias. “La ventaja que tiene la federación es que le damos extensión territorial, porque llegamos a todas las provincias del país”, dijo Capobianco.
Finalmente, concluyó que la matriz energética del país está en crisis. “No tenemos aumento de producción de energía desde hace muchos años, entonces tenemos que empezar a proponer soluciones alternativas a la construcción, soluciones que van a permitir hacer un ahorro sustancial en la matriz energética. Y no sólo eso, tenemos que trabajar con los edificios que están actualmente, hacer la reconversión de edificios, como por ejemplo con la iluminación led y en aires acondicionados. Es un tema a trabajar con la sociedad y el Estado”.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) inició el armado de una red nacional de etiquetado de energía y sustentabilidad edilicia. Con base en un modelo cordobés, pretenden extender el uso de un sistema integral de auditoría y evaluación que busca ahorrar consumo energético en edificios -tanto en etapa de proyecto como existentes-. La presentación se hizo el viernes pasado y desde Córdoba, con la presencia de referentes de colegios profesionales de todo el país.
El modelo en cuestión es uno desarrollado por el Colegio de Arquitectos de Córdoba que ya fue utilizado, por ejemplo, en inmuebles públicos provinciales como el de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
“La intención del colegio de Córdoba es trasladar el know how que están teniendo ellos ahora hacia todo el país y hacer una red de etiquetado de energía. Es importante porque no lo está haciendo nadie en estos momentos y los gobiernos de todas las provincias están necesitando asistencia técnica específica en la temática. Para ello, los colegios de arquitectos estamos trabajando en capacitación para llevar adelante un proyecto tan ambicioso como este”, afirmó Martín Capobianco, presidente de Fadea, entidad que nuclea a 105.000 arquitectos de Argentina.
Precisó que el rol de los colegios profesionales sería la de realizar ese tipo de revisiones y auditorías mencionadas. “Son potestades del Estado que las delegan en instituciones como las nuestras, en este caso sería el control del consumo energético de los edificios en cuanto a ubicación de sistemas de calefacción, cerramientos, etcétera”, graficó.
Subrayó que el colegio local puso el sistema creado a disposición de las entidades pares de otras provincias. “La ventaja que tiene la federación es que le damos extensión territorial, porque llegamos a todas las provincias del país”, dijo Capobianco.
Finalmente, concluyó que la matriz energética del país está en crisis. “No tenemos aumento de producción de energía desde hace muchos años, entonces tenemos que empezar a proponer soluciones alternativas a la construcción, soluciones que van a permitir hacer un ahorro sustancial en la matriz energética. Y no sólo eso, tenemos que trabajar con los edificios que están actualmente, hacer la reconversión de edificios, como por ejemplo con la iluminación led y en aires acondicionados. Es un tema a trabajar con la sociedad y el Estado”.
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Un derrame en Necochea que pudo ser tragedia
Derrame toxico en Necochea: clausuran la empresa Marmetto por arrojar phostoxin en cloacas
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: La Nueva Comuna
Provincia/Región: Buenos Aires
Pudo haber sido una tragedia
Otra vez la utilización negligente de un producto altamente tóxico provocó un derrame que puso en alarma a todo un barrio y puso en acción los dispositivos de emergencia oficiales.
Ante la denuncia de un vecino, la Municipalidad intervino rápidamente y evitó una tragedia ambiental mayor. Hubo evacuados y alerta a los vecinos de la zona. Con mediciones, se pudo constatar que los tóxicos se habrían arrojado desde las alcantarillas de la empresa Evasio Marmetto, en Barrio Norte, procediendo a la clausura del lugar.
Durante la mañana, un vecino alertó sobre fuertes olores desde la red cloacal. Diversas reparticiones municipales junto a la Policía Ecológica actuaron de inmediato para evitar una tragedia como la ocurrida tiempo atrás en Quequén y que se llevara la vida de la joven Melisa Núñez.
Desde el municipio se dispuso un operativo en conjunto entre Obras Sanitarias y Defensa Civil, en articulación con la dependencia local de la Policía Ecológica. Se realizaron las alertas a los vecinos de la zona y se procedió a la medición de las cámaras cloacales así como de las rejillas domiciliarias del populoso Barrio Norte.
El foco del derrame
Las mediciones detectaron presencia de fosfina en alto grado, aunque variables en diferentes zonas del lugar. En los domicilios donde se advirtió mayor presencia del letal gas, se procedió a la inmediata evacuación.
En horas de la tarde, el OPDS y la Municipalidad procedieron a la clausura del presunto lugar de origen del derrame, allí donde las mediciones determinaron el mayor nivel de toxicidad: la empresa Evasio Marmetto S.A., ubicada en calle 78 N° 1968, entre 39 y 41. Fuentes de la firma, señalaron que pudo haber ocurrido el derrame en forma accidental en ocasión de haber lavado camiones que contenían restos del material.
Desde el municipio se anunció que durante la jornada de este domingo se realizarán acciones de limpieza profunda de cañerías y cámaras en toda la zona, así como su ventilación. También se sabe que desde temprano se revisarán minuciosamente los domicilios de la zona donde se detectó el potente gas.
Qué es la fosfina
El Phostoxin es el producto comercial utilizado habitualmente para combatir roedores en acopios y camiones, a pesar de estar prohibido en Argentina. El producto está compuesto por fosfuro de aluminio, generador de gas fosfina en contacto con el agua, el cual es extremadamente tóxico para cualquier ser vivo y que puede llevar a la muerte.
Hace tres años atrás, en Quequén, el manejo irresponsable del mismo producto tóxico produjo la muerte de la joven mujer Melisa Núñez y la intoxicación masiva de vecinos del lugar. El derrame se produjo cuando los responsables de la empresa Shippinsuarence S.A. apagaron con agua un foco ígneo en el lugar de acopio del producto. El agua en combinación con el tóxico comenzó a circular letalmente por los conductos cloacales y pluviales del barrio, ingresando en los domicilios cercanos en forma de gas.
Por este acto de irresponsabilidad, los hermanos Fernando y Emiliano Cañada fueron condenados recientemente por homicidio culposos a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, fueron sancionados con la inhabilitación por 10 años para manipular productos agroquímicos.
Un derrame contenido a tiempo
El derrame pudo haber sido una tragedia de no haberse actuado a tiempo. También se precisó que ocurrió durante la mañana del sábado, cuando no hay actividad escolar.
En la populosa zona, existen cuatro establecimientos educativos: El anexo del Centro Educativo Complementario N° 801 (78 entre 41 y 43, frente a la empresa Marmetto) y la Escuela Primaria N° 27 y Escuela de Educación Secundaria (39 entre 80 y 82).
Responsabilidad Social Empresaria
La empresa Evasio Marmetto S.A. se dedica al procesamiento de productos de descarte de la actividad agropecuaria, así como el acopio de cereales.
Merced a su actividad desde hace décadas en la zona, se le solicitó en repetidas oportunidades atenuar las emanaciones de olores nauseabundos (aunque no tóxicos) con tecnología moderna de remediación. También hubo pedidos para que la empresa se traslade hacia otro sector fuera de la zona urbana. Hasta el momento, no hubo respuestas positivas.
Este lamentable episodio, si se confirma la presunción de manejo negligente de estos productos altamente tóxicos, podría llevar a la Justicia a los dueños de la firma. Asimismo, debería ser motivo de clausura permanente del lugar.
Se vienen días de trabajo intenso para funcionarios municipales y concejales, sobretodo para los más experimentados en pedidos de informes y de control de situaciones irregulares.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: La Nueva Comuna
Provincia/Región: Buenos Aires
Pudo haber sido una tragedia
Otra vez la utilización negligente de un producto altamente tóxico provocó un derrame que puso en alarma a todo un barrio y puso en acción los dispositivos de emergencia oficiales.
Ante la denuncia de un vecino, la Municipalidad intervino rápidamente y evitó una tragedia ambiental mayor. Hubo evacuados y alerta a los vecinos de la zona. Con mediciones, se pudo constatar que los tóxicos se habrían arrojado desde las alcantarillas de la empresa Evasio Marmetto, en Barrio Norte, procediendo a la clausura del lugar.
Durante la mañana, un vecino alertó sobre fuertes olores desde la red cloacal. Diversas reparticiones municipales junto a la Policía Ecológica actuaron de inmediato para evitar una tragedia como la ocurrida tiempo atrás en Quequén y que se llevara la vida de la joven Melisa Núñez.
Desde el municipio se dispuso un operativo en conjunto entre Obras Sanitarias y Defensa Civil, en articulación con la dependencia local de la Policía Ecológica. Se realizaron las alertas a los vecinos de la zona y se procedió a la medición de las cámaras cloacales así como de las rejillas domiciliarias del populoso Barrio Norte.
El foco del derrame
Las mediciones detectaron presencia de fosfina en alto grado, aunque variables en diferentes zonas del lugar. En los domicilios donde se advirtió mayor presencia del letal gas, se procedió a la inmediata evacuación.
En horas de la tarde, el OPDS y la Municipalidad procedieron a la clausura del presunto lugar de origen del derrame, allí donde las mediciones determinaron el mayor nivel de toxicidad: la empresa Evasio Marmetto S.A., ubicada en calle 78 N° 1968, entre 39 y 41. Fuentes de la firma, señalaron que pudo haber ocurrido el derrame en forma accidental en ocasión de haber lavado camiones que contenían restos del material.
Desde el municipio se anunció que durante la jornada de este domingo se realizarán acciones de limpieza profunda de cañerías y cámaras en toda la zona, así como su ventilación. También se sabe que desde temprano se revisarán minuciosamente los domicilios de la zona donde se detectó el potente gas.
Qué es la fosfina
El Phostoxin es el producto comercial utilizado habitualmente para combatir roedores en acopios y camiones, a pesar de estar prohibido en Argentina. El producto está compuesto por fosfuro de aluminio, generador de gas fosfina en contacto con el agua, el cual es extremadamente tóxico para cualquier ser vivo y que puede llevar a la muerte.
Hace tres años atrás, en Quequén, el manejo irresponsable del mismo producto tóxico produjo la muerte de la joven mujer Melisa Núñez y la intoxicación masiva de vecinos del lugar. El derrame se produjo cuando los responsables de la empresa Shippinsuarence S.A. apagaron con agua un foco ígneo en el lugar de acopio del producto. El agua en combinación con el tóxico comenzó a circular letalmente por los conductos cloacales y pluviales del barrio, ingresando en los domicilios cercanos en forma de gas.
Por este acto de irresponsabilidad, los hermanos Fernando y Emiliano Cañada fueron condenados recientemente por homicidio culposos a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, fueron sancionados con la inhabilitación por 10 años para manipular productos agroquímicos.
Un derrame contenido a tiempo
El derrame pudo haber sido una tragedia de no haberse actuado a tiempo. También se precisó que ocurrió durante la mañana del sábado, cuando no hay actividad escolar.
En la populosa zona, existen cuatro establecimientos educativos: El anexo del Centro Educativo Complementario N° 801 (78 entre 41 y 43, frente a la empresa Marmetto) y la Escuela Primaria N° 27 y Escuela de Educación Secundaria (39 entre 80 y 82).
Responsabilidad Social Empresaria
La empresa Evasio Marmetto S.A. se dedica al procesamiento de productos de descarte de la actividad agropecuaria, así como el acopio de cereales.
Merced a su actividad desde hace décadas en la zona, se le solicitó en repetidas oportunidades atenuar las emanaciones de olores nauseabundos (aunque no tóxicos) con tecnología moderna de remediación. También hubo pedidos para que la empresa se traslade hacia otro sector fuera de la zona urbana. Hasta el momento, no hubo respuestas positivas.
Este lamentable episodio, si se confirma la presunción de manejo negligente de estos productos altamente tóxicos, podría llevar a la Justicia a los dueños de la firma. Asimismo, debería ser motivo de clausura permanente del lugar.
Se vienen días de trabajo intenso para funcionarios municipales y concejales, sobretodo para los más experimentados en pedidos de informes y de control de situaciones irregulares.
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Destruyeron bosques protegidos por dragar un río
Por trabajos de dragado en el Riachuelo destruyeron zonas protegidas
Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Profesionales de la conservación ambiental denunciaron trabajos de una empresa que estarían produciendo un importante daño ambiental y que abarcan terrenos del Parque Provincial San Cayetano. Aseguran que las obras están avanzando con el desmonte de bosques resguardados y afectando a espacios cuidados para la preservación de aves y otras especies.
Hace más de un año que una empresa se encuentra realizando obras hídricas en la ribera del arroyo Riachuelo con el fin de generar canales que eviten las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar y alrededores. Actualmente los trabajos están en su segunda etapa y según denunciaron ambientalistas, está produciendo un daño importante afectando también a terrenos del Parque Provincial San Cayetano.
En diálogo con ellitoral.com.ar, Sofía Zalazar quien es bióloga y parte del Club de Observadores de Aves (COA), informó que se trata de un desmonte desde el kilómetro 0 del Riachuelo hasta el 20 del parque provincial, en un área donde hay bosques nativos de clasificación roja y amarilla, es decir, de importante valor de conservación.
“Estas obras cuentan con la supervisión del ICAA que no realizó los informes correspondientes para trabajar en un área protegida violando legislaciones nacionales provinciales y tratados internacionales de conservación”, explicó.
En el espacio, además de estar el parque del cual la provincia tiene el mandato de asegurar su integridad ecológica, existe un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) una herramienta internacional que se centra en el cuidado e investigación de sitios para la protección de especies de aves y la biodiversidad.
Además es una zona sometido a trabajos de investigación de poblaciones de monos aulladores y otros mamíferos por parte del CONICET y la UNNE que también utiliza el lugar para trabajos de tesinas y salidas de campo.
La bióloga contó que las excavaciones realizadas por la empresa, que están planificadas abarcar hasta el kilómetro 40, sólo traerán una solución a corto plazo ya que la arena que es dragada es puesta a un costado y tras una lluvia o crecida podrá volver a tapar los canales. “No es una solución sustentable porque el río está en constante movimiento”, aseguró y agregó la necesidad de que se trabaje en actividades de planificación urbana para que el agua corra más rápido.
Ella junto a un grupo de profesionales e investigadores entregaron una nota al defensor del Pueblo de la provincia César Vallejos Tressens, donde detallaron los prejuicios del trabajo realizado sobre el arroyo y donde manifestaron que además del impacto ambiental, se “destruye el suelo, elimina el hábitat de especies nativas y mata un número enorme y desconocido de individuos de flora y fauna terrestre y acuática”.
En la nota solicitan a Vallejos Tressens que se detenga la obra inmediatamente; se rehabilite, recupere y restauren los ecosistemas afectados y se restablezcan la llanura de la inundación del arroyo.
Zalazar aclaró que si no hay una respuesta pronta de las autoridades y no se paralice las obras, se tomarán medidas judiciales al respecto. Por el momento, los profesionales organizados por el tema seguirán buscando adhesiones a través de petitorios a la comunidad y agotando las diferentes instancias de un trabajo que, según aseguraron, posee múltiples daños ambientales.
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Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Profesionales de la conservación ambiental denunciaron trabajos de una empresa que estarían produciendo un importante daño ambiental y que abarcan terrenos del Parque Provincial San Cayetano. Aseguran que las obras están avanzando con el desmonte de bosques resguardados y afectando a espacios cuidados para la preservación de aves y otras especies.
Hace más de un año que una empresa se encuentra realizando obras hídricas en la ribera del arroyo Riachuelo con el fin de generar canales que eviten las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar y alrededores. Actualmente los trabajos están en su segunda etapa y según denunciaron ambientalistas, está produciendo un daño importante afectando también a terrenos del Parque Provincial San Cayetano.
En diálogo con ellitoral.com.ar, Sofía Zalazar quien es bióloga y parte del Club de Observadores de Aves (COA), informó que se trata de un desmonte desde el kilómetro 0 del Riachuelo hasta el 20 del parque provincial, en un área donde hay bosques nativos de clasificación roja y amarilla, es decir, de importante valor de conservación.
“Estas obras cuentan con la supervisión del ICAA que no realizó los informes correspondientes para trabajar en un área protegida violando legislaciones nacionales provinciales y tratados internacionales de conservación”, explicó.
En el espacio, además de estar el parque del cual la provincia tiene el mandato de asegurar su integridad ecológica, existe un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) una herramienta internacional que se centra en el cuidado e investigación de sitios para la protección de especies de aves y la biodiversidad.
Además es una zona sometido a trabajos de investigación de poblaciones de monos aulladores y otros mamíferos por parte del CONICET y la UNNE que también utiliza el lugar para trabajos de tesinas y salidas de campo.
La bióloga contó que las excavaciones realizadas por la empresa, que están planificadas abarcar hasta el kilómetro 40, sólo traerán una solución a corto plazo ya que la arena que es dragada es puesta a un costado y tras una lluvia o crecida podrá volver a tapar los canales. “No es una solución sustentable porque el río está en constante movimiento”, aseguró y agregó la necesidad de que se trabaje en actividades de planificación urbana para que el agua corra más rápido.
Ella junto a un grupo de profesionales e investigadores entregaron una nota al defensor del Pueblo de la provincia César Vallejos Tressens, donde detallaron los prejuicios del trabajo realizado sobre el arroyo y donde manifestaron que además del impacto ambiental, se “destruye el suelo, elimina el hábitat de especies nativas y mata un número enorme y desconocido de individuos de flora y fauna terrestre y acuática”.
En la nota solicitan a Vallejos Tressens que se detenga la obra inmediatamente; se rehabilite, recupere y restauren los ecosistemas afectados y se restablezcan la llanura de la inundación del arroyo.
Zalazar aclaró que si no hay una respuesta pronta de las autoridades y no se paralice las obras, se tomarán medidas judiciales al respecto. Por el momento, los profesionales organizados por el tema seguirán buscando adhesiones a través de petitorios a la comunidad y agotando las diferentes instancias de un trabajo que, según aseguraron, posee múltiples daños ambientales.
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Mendoza, el fracking podría llegar al norte provincial
Si pasa la prueba, el fracking llegará al norte provincial
Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por primera vez, la empresa que realiza pruebas en 5 pozos de Malargüe abrió las puertas del Puesto Rojas.
En medio de los cerros, unos 30 kilómetros antes de ingresar a la ciudad de Malargüe, se ubica el Puesto Rojas. Este área petrolera que comenzó a operar en 1974 llegó a contar con 136 pozos y en la actualidad 98 están inactivos y 14 fueron cerrados definitivamente.
Pero como parte de la Cuenca Neuquina, la formación Vaca Muerta y otra menos conocida, Agrío, le abren una perspectiva productiva de magnitud con la explotación del petróleo no convencional. Y es ahí donde entra en juego el fracking.
Por primera vez la empresa El Trébol, concesionaria de la zona, abrió las puertas del yacimiento para mostrar como se desarrolla una técnica que genera amores y odios por igual.
“No se altera nada alrededor. Incluso después del proceso se retira el equipo de fractura y se coloca el equipo para extraer el petróleo como en cualquier otro pozo convencional”, explicó Marcelo Irusta, gerente del Activo Malargüe de El Trébol.
Si las pruebas tienen éxito, la metología podría extenderse a las formaciones convencionales de la Cuenca Cuyana, en el norte mendocino, concretamente a la formación Cacheuta-Potrerillos.
Así lo reconoció Emilio Giñazú, subsecretario de Energía y Minería, quien aclaró que ese sitio “no tiene nada que ver con las localidades del mismo nombre”.
“Si hay petróleo en formaciones convencionales, ese petróleo vino de una roca madre. Y potencialmente esa roca madre puede ser explotada. Así que si vemos que existe factibilidad técnica, económica y ambiental, iremos abriendo los horizontes no convencionales en toda la provincia”, aseguró el funcionario a los medios en la recorrida por los pozos malargüinos, donde la empresa mostró cómo es el proceso.
Agua reutilizable
Para descartar de plano uno de los principales cuestionamientos que genera la actividad, el uso de agua dulce en el proceso, la empresa desarrolló la forma de utilizar 100 % agua de formación, que es aquella que se extrae junto con el petróleo en los pozos convencionales y no puede tener ningún uso.
Lo común es que esa agua se inyecte nuevamente en pozos especiales a 1.700 metros de profundidad. En este caso, la almacenan en tres tanques con capacidad total para 11.000 metros cúbicos y así no es necesario emplear agua que puede ser potabilizada.
“En otras partes utilizan agua dulce, nosotros no. Investigamos y desarrollamos un proceso para poder utilizar esa agua que sino, no tiene otro destino que sea devuelta adonde vino, abajo, porque no puede tener ningún otro uso. Somos pioneros en este aspecto”, agregó el gerente de El Trébol.
Antes y después del proceso y cada mes, personal de la dirección de Medio Ambiente, de Irrigación y también de la fundación Cricyt toman muestras de agua que se envían a un laboratorio en Buenos Aires para cotejar la calidad del agua de los acuíferos subterráneos y superficiales.
“Hay que trabajar siguiendo las normas. Mendoza es pionera en regular la actividad, generando un decreto muy rígido que dice cómo trabajar en la provincia y que reduce los riesgos al mínimo. Después hay que controlar como corresponde”, sostuvo el secretario de Ambiente, Humberto Mignorance.
Estas pruebas piloto que se desarrollan en Puesto Rojas con miras a determinar la productividad de la zona, demandaron una inversión de 70 millones de dólares. Ya se realizó en cinco pozos, ahora será en cinco más (cuatro son nuevos y uno solo estaba entre los inactivos) y hacia fin de año la empresa prevé realizar el procedimiento de estimulación hidráulica en otros cinco pozos.
Si las pruebas arrojan resultados alentadores, la inversión podría ascender a los 1.000 millones de dólares y si hablamos de perspectivas por toda la explotación de la cuenca neuquina (Vaca Muerta), la producción petrolera en la provincia podrá saltar de 12.000 metros cúbicos de crudo por día al doble. Esto acompañado de un crecimiento de la misma magnitud en la mano de obra.
“Hoy el petróleo emplea a 14.000 personas, las proyecciones indican que se puede duplicar con el desarrollo de petróleo no convencional”, afirmó Giñazú.
Cómo se hace el proceso de fractura hidráulica
El procedimiento de fracking es de alta complejidad en cuanto al equipamiento que requiere pero simple en el proceso. Siete bombeadores inyectan -a 1.800 metros de profundidad y a una presión de 5.000 libras por pulgada cuadrada- los 300.000 litros de agua que se utilizan para provocar la estimulación.
En medio del proceso también ingresa arena que irá a depositarse entre la roca fracturada. Tanto el agua y la arena van acompañados de 6 aditivos.
La única señal de que el proceso de estimulación ha comenzado es la aceleración de los motores de las estaciones (camiones) de bombeo. A su alrededor, los técnicos siguen el avance en la computadora. El procedimiento de fractura puede extenderse entre 1.45 y 2 horas.
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Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por primera vez, la empresa que realiza pruebas en 5 pozos de Malargüe abrió las puertas del Puesto Rojas.
En medio de los cerros, unos 30 kilómetros antes de ingresar a la ciudad de Malargüe, se ubica el Puesto Rojas. Este área petrolera que comenzó a operar en 1974 llegó a contar con 136 pozos y en la actualidad 98 están inactivos y 14 fueron cerrados definitivamente.
Pero como parte de la Cuenca Neuquina, la formación Vaca Muerta y otra menos conocida, Agrío, le abren una perspectiva productiva de magnitud con la explotación del petróleo no convencional. Y es ahí donde entra en juego el fracking.
Por primera vez la empresa El Trébol, concesionaria de la zona, abrió las puertas del yacimiento para mostrar como se desarrolla una técnica que genera amores y odios por igual.
“No se altera nada alrededor. Incluso después del proceso se retira el equipo de fractura y se coloca el equipo para extraer el petróleo como en cualquier otro pozo convencional”, explicó Marcelo Irusta, gerente del Activo Malargüe de El Trébol.
Si las pruebas tienen éxito, la metología podría extenderse a las formaciones convencionales de la Cuenca Cuyana, en el norte mendocino, concretamente a la formación Cacheuta-Potrerillos.
Así lo reconoció Emilio Giñazú, subsecretario de Energía y Minería, quien aclaró que ese sitio “no tiene nada que ver con las localidades del mismo nombre”.
“Si hay petróleo en formaciones convencionales, ese petróleo vino de una roca madre. Y potencialmente esa roca madre puede ser explotada. Así que si vemos que existe factibilidad técnica, económica y ambiental, iremos abriendo los horizontes no convencionales en toda la provincia”, aseguró el funcionario a los medios en la recorrida por los pozos malargüinos, donde la empresa mostró cómo es el proceso.
Agua reutilizable
Para descartar de plano uno de los principales cuestionamientos que genera la actividad, el uso de agua dulce en el proceso, la empresa desarrolló la forma de utilizar 100 % agua de formación, que es aquella que se extrae junto con el petróleo en los pozos convencionales y no puede tener ningún uso.
Lo común es que esa agua se inyecte nuevamente en pozos especiales a 1.700 metros de profundidad. En este caso, la almacenan en tres tanques con capacidad total para 11.000 metros cúbicos y así no es necesario emplear agua que puede ser potabilizada.
“En otras partes utilizan agua dulce, nosotros no. Investigamos y desarrollamos un proceso para poder utilizar esa agua que sino, no tiene otro destino que sea devuelta adonde vino, abajo, porque no puede tener ningún otro uso. Somos pioneros en este aspecto”, agregó el gerente de El Trébol.
Antes y después del proceso y cada mes, personal de la dirección de Medio Ambiente, de Irrigación y también de la fundación Cricyt toman muestras de agua que se envían a un laboratorio en Buenos Aires para cotejar la calidad del agua de los acuíferos subterráneos y superficiales.
“Hay que trabajar siguiendo las normas. Mendoza es pionera en regular la actividad, generando un decreto muy rígido que dice cómo trabajar en la provincia y que reduce los riesgos al mínimo. Después hay que controlar como corresponde”, sostuvo el secretario de Ambiente, Humberto Mignorance.
Estas pruebas piloto que se desarrollan en Puesto Rojas con miras a determinar la productividad de la zona, demandaron una inversión de 70 millones de dólares. Ya se realizó en cinco pozos, ahora será en cinco más (cuatro son nuevos y uno solo estaba entre los inactivos) y hacia fin de año la empresa prevé realizar el procedimiento de estimulación hidráulica en otros cinco pozos.
Si las pruebas arrojan resultados alentadores, la inversión podría ascender a los 1.000 millones de dólares y si hablamos de perspectivas por toda la explotación de la cuenca neuquina (Vaca Muerta), la producción petrolera en la provincia podrá saltar de 12.000 metros cúbicos de crudo por día al doble. Esto acompañado de un crecimiento de la misma magnitud en la mano de obra.
“Hoy el petróleo emplea a 14.000 personas, las proyecciones indican que se puede duplicar con el desarrollo de petróleo no convencional”, afirmó Giñazú.
Cómo se hace el proceso de fractura hidráulica
El procedimiento de fracking es de alta complejidad en cuanto al equipamiento que requiere pero simple en el proceso. Siete bombeadores inyectan -a 1.800 metros de profundidad y a una presión de 5.000 libras por pulgada cuadrada- los 300.000 litros de agua que se utilizan para provocar la estimulación.
En medio del proceso también ingresa arena que irá a depositarse entre la roca fracturada. Tanto el agua y la arena van acompañados de 6 aditivos.
La única señal de que el proceso de estimulación ha comenzado es la aceleración de los motores de las estaciones (camiones) de bombeo. A su alrededor, los técnicos siguen el avance en la computadora. El procedimiento de fractura puede extenderse entre 1.45 y 2 horas.
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Nuevamente quema de cañaverales en Tucumán
Quema de cañaverales: la sequía y las heladas empeoraron la situación
Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El domingo se utilizó un avión de la Dirección de Aeronáutica para detectar focos de incendio en la provincia.
Alfredo Montalván, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, advirtió que este año, por las heladas y la sequía, los problemas relacionados con la quema de caña en la provincia se agravaron. Este año ya se labraron 170 actas por este tipo de prácticas.
El domingo, con un helicóptero Bell 429 de la Dirección de Aeronáutica, la provincia realizó un operativo para detectar focos de incendio. Montalván señaló que: "Trabajamos a destajo recorriendo rutas nacionales y provinciales, de forma permanente". "Este año se agravó la situación debido a la sequía y las fuertes heladas", advirtió.
Asimismo, el funcionario destacó que: "Buscamos avanzar en políticas claras para que en los próximos años tengamos una cosecha sin quema. Es importante destacar que todas nuestras acciones terminan en la Justicia. Es un trabajo conjunto entre Medio Ambiente, Defensa Civil y Seguridad".
"Estamos trabajando con la herramientas de Buenas Prácticas Agrícolas, para que los productores obtengan los certificados 'Localg.a.p'. "Ya tenemos 10 mil hectáreas bajo este programa", destacó el funcionario, que remarcó que solo se puede obtener si no se usa fuego en el campo. "Esto es importante para generar cambios culturales y esto se termine", señaló.
Localg.a.p. es un programa de GLOBALG.A.P. para los sectores minoristas y alimentarios y brinda una certificación que garantiza que el producto fue generado bajo prácticas sustentables.
Por su parte, Fernando Torres, titular de Defensa Civil destacó que: "Estamos trabajando junto con la policía, sobre todo en cuestiones preventivas, lo hacemos las 24 horas. Recibimos las emergencias, en algunos casos resolvemos y en otros si son cuestiones delictivas acudimos al 911 o Accidente Vehicular que es el 107, además de Bomberos".
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Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El domingo se utilizó un avión de la Dirección de Aeronáutica para detectar focos de incendio en la provincia.
Alfredo Montalván, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, advirtió que este año, por las heladas y la sequía, los problemas relacionados con la quema de caña en la provincia se agravaron. Este año ya se labraron 170 actas por este tipo de prácticas.
El domingo, con un helicóptero Bell 429 de la Dirección de Aeronáutica, la provincia realizó un operativo para detectar focos de incendio. Montalván señaló que: "Trabajamos a destajo recorriendo rutas nacionales y provinciales, de forma permanente". "Este año se agravó la situación debido a la sequía y las fuertes heladas", advirtió.
Asimismo, el funcionario destacó que: "Buscamos avanzar en políticas claras para que en los próximos años tengamos una cosecha sin quema. Es importante destacar que todas nuestras acciones terminan en la Justicia. Es un trabajo conjunto entre Medio Ambiente, Defensa Civil y Seguridad".
"Estamos trabajando con la herramientas de Buenas Prácticas Agrícolas, para que los productores obtengan los certificados 'Localg.a.p'. "Ya tenemos 10 mil hectáreas bajo este programa", destacó el funcionario, que remarcó que solo se puede obtener si no se usa fuego en el campo. "Esto es importante para generar cambios culturales y esto se termine", señaló.
Localg.a.p. es un programa de GLOBALG.A.P. para los sectores minoristas y alimentarios y brinda una certificación que garantiza que el producto fue generado bajo prácticas sustentables.
Por su parte, Fernando Torres, titular de Defensa Civil destacó que: "Estamos trabajando junto con la policía, sobre todo en cuestiones preventivas, lo hacemos las 24 horas. Recibimos las emergencias, en algunos casos resolvemos y en otros si son cuestiones delictivas acudimos al 911 o Accidente Vehicular que es el 107, además de Bomberos".
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