Remediación de plomo postergada en Río Negro
Decisión judicial provoca una nueva demora en la remediación de plomo
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Cámara Federal revocó un recurso inicial que exigía inmediata respuesta de Nación frente a la contaminación de plomo.
La Justicia revocó un mandato inicial donde se exigía la inmediata remediación del espacio donde funcionaba la exempresa Geotécnica. Esta resolución agregó mayor confusión y dilación frente a la problemática de la contaminación del plomo.
Otro presente de criterios encontrados. Es que, por un lado, el secretario de minería de Río Negro, Juan Pablo Espínola informó que Carolina Sánchez, su flamante par nacional, manifestó que está dispuesta a propiciar la “culminación inmediata de las tareas en las cuadras (del sector)”. Pero, por otro, la Cámara Federal de General Roca revocó aquella cautelar que exigía una inmediata remediación de parte de Nación.
Esa apelación, que según especuló Espínola fue realizada “antes de la asunción de Sánchez”, no sólo fue aceptada por la Cámara, sino que ésta lo hizo aplicando un efecto suspensivo sobre la cautelar. Por lo cual hasta tanto no se expidan sobre el tema de fondo el Estado no se verá obligado a sanear las calles y veredas en cuestión. Una decisión cuestionable, además, porque se opone al espíritu utilizado por el juzgado federal, que al dictar la medida se fundó en “el peligro en la demora” que “no admite dudas” por tratarse de la “salud de la población”.
Ahora, es la propia cámara la que, con su decisión, provocaría la dilación de la reparación ambiental de ese sector puntual, ya que según Espínola la funcionaria nacional alegó que, pese a que habría que destrabarlos, habría fondos para realizar las tareas. “El silencio y el retraso (desde Nación) tienen que ver con el cambio de autoridades, pero además con la reasignación de la cartera de minería que pasó del Ministerio de energía al de producción, con lo cual se producen una serie de dificultades en términos administrativos que están demorando poder ejecutar esa decisión” explicó.
La información fue obtenida por Espínola en el marco de un encuentro que a fines de la semana pasada mantuvo en Buenos Aires con Sánchez.
El funcionario rionegrino aseguró también que su par nacional le ratificó la decisión de dar “continuidad a la remediación (total) comenzando a posteriori de estas tareas (en la zona de la fundición) con la búsqueda de financiamiento”. Sin embargo, ninguno de estos compromisos tendría plazo. “No mencionó fechas de ningún tipo” dijo el secretario de minería rionegrino.
Cabe recordar que el plomo y los otros metales pesados que se encuentran acopiados en el acceso a la ciudad se difunden junto al polvo en suspensión generando un grave perjuicio sobre la salud de la población. Comenzaron a remediarse mediante un crédito de un Bid, pero meses atrás se suspendió la obra sin llegar a sanearlos en su totalidad, alegando que el dinero comprometido resultó insuficiente para finalizar la obra.
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Cámara Federal revocó un recurso inicial que exigía inmediata respuesta de Nación frente a la contaminación de plomo.
La Justicia revocó un mandato inicial donde se exigía la inmediata remediación del espacio donde funcionaba la exempresa Geotécnica. Esta resolución agregó mayor confusión y dilación frente a la problemática de la contaminación del plomo.
Otro presente de criterios encontrados. Es que, por un lado, el secretario de minería de Río Negro, Juan Pablo Espínola informó que Carolina Sánchez, su flamante par nacional, manifestó que está dispuesta a propiciar la “culminación inmediata de las tareas en las cuadras (del sector)”. Pero, por otro, la Cámara Federal de General Roca revocó aquella cautelar que exigía una inmediata remediación de parte de Nación.
Esa apelación, que según especuló Espínola fue realizada “antes de la asunción de Sánchez”, no sólo fue aceptada por la Cámara, sino que ésta lo hizo aplicando un efecto suspensivo sobre la cautelar. Por lo cual hasta tanto no se expidan sobre el tema de fondo el Estado no se verá obligado a sanear las calles y veredas en cuestión. Una decisión cuestionable, además, porque se opone al espíritu utilizado por el juzgado federal, que al dictar la medida se fundó en “el peligro en la demora” que “no admite dudas” por tratarse de la “salud de la población”.
Ahora, es la propia cámara la que, con su decisión, provocaría la dilación de la reparación ambiental de ese sector puntual, ya que según Espínola la funcionaria nacional alegó que, pese a que habría que destrabarlos, habría fondos para realizar las tareas. “El silencio y el retraso (desde Nación) tienen que ver con el cambio de autoridades, pero además con la reasignación de la cartera de minería que pasó del Ministerio de energía al de producción, con lo cual se producen una serie de dificultades en términos administrativos que están demorando poder ejecutar esa decisión” explicó.
La información fue obtenida por Espínola en el marco de un encuentro que a fines de la semana pasada mantuvo en Buenos Aires con Sánchez.
El funcionario rionegrino aseguró también que su par nacional le ratificó la decisión de dar “continuidad a la remediación (total) comenzando a posteriori de estas tareas (en la zona de la fundición) con la búsqueda de financiamiento”. Sin embargo, ninguno de estos compromisos tendría plazo. “No mencionó fechas de ningún tipo” dijo el secretario de minería rionegrino.
Cabe recordar que el plomo y los otros metales pesados que se encuentran acopiados en el acceso a la ciudad se difunden junto al polvo en suspensión generando un grave perjuicio sobre la salud de la población. Comenzaron a remediarse mediante un crédito de un Bid, pero meses atrás se suspendió la obra sin llegar a sanearlos en su totalidad, alegando que el dinero comprometido resultó insuficiente para finalizar la obra.
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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados
Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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El Puente Paraná-Santa Fe sigue sumando resistencias
Puente Paraná-Santa Fe: Organización ambiental pide la intervención del Defensor del Pueblo nacional
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: APDF
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Con la adhesión de más de 30 organizaciones, vecinales y ecologistas, la Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) elevó una queja al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención ante la falta de información pública ambiental respecto al proyecto de conexión fluvial Paraná-Santa Fe
Los avances en el proyecto del puente, dados a publicidad en medios masivos de comunicación, con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)-, junto a la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa, son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al Defensor del Pueblo de la Nación.
En el texto, la ONG –que es miembro del Movimiento Despierta Paraná– subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.
En ese sentido, advierten que “no se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe y/o barrios del distrito de la costa santafesina”.
Si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, “parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones”.
La ONG remarcó en su presentación que “a todas luces es claro que el Estado Nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa”.
También respecto a la traza identificada, Cauce planteó que “no resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectoria del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente”.
Es en ese marco que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio.
“Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes”, indican.
Tras manifestar una “profunda preocupación” compartida por más de 30 organizaciones respecto a lo que consideran “un reiterado ejercicio de la desinformación pública”, la fundación eleva la queja al Defensor del Pueblo y solicita su intervención frente a “actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes”.
En ese contexto, solicitan que el Defensor del Pueblo “se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos”. Así como también se reclaman que se den a conocer “resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como fundamentos y razones técnicas de la traza elegida”.
Además, se solicita que los organismos de política ambientales tomen directa intervención y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y al Congreso de la Nación.
Adhieren a la presente las siguientes organizaciones de Paraná: Movimiento Despierta Paraná, Foro Ecologista de Paraná, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Los Irrompibles E. R., Barrio Paraná XX, Barrio Paraná XXI, Barrio Jauretche, Barrio IAFAS, Barrio MUPCN, Barrio 80 Viviendas, Comisión Vecinal Santa Lucía, Comisión Vecinal De Las Américas, Comisión Vecinal Paracao, Comisión Vecinal San Francisco Javier, Comisión Vecinal Toma Vieja y de Santa Fe: Coordinadora de la Costa, Biblioteca de las Orillas, Tramas Derecho en Movimiento, Asociación Cultural de la Costa, Escuela Itinerante de Artes, Asociación Vecinal Alto Verde, Asociación Vecinal Colastiné Sur, Asociación Vecinal Colastiné Norte, Asociación Vecinal Villa California, Foro Metropolitano de Debate, Asociación Civil Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas Iniciativa Popular Rinconera, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío. (APFDigital)
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: APDF
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Con la adhesión de más de 30 organizaciones, vecinales y ecologistas, la Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) elevó una queja al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención ante la falta de información pública ambiental respecto al proyecto de conexión fluvial Paraná-Santa Fe
Los avances en el proyecto del puente, dados a publicidad en medios masivos de comunicación, con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)-, junto a la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa, son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al Defensor del Pueblo de la Nación.
En el texto, la ONG –que es miembro del Movimiento Despierta Paraná– subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.
En ese sentido, advierten que “no se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe y/o barrios del distrito de la costa santafesina”.
Si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, “parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones”.
La ONG remarcó en su presentación que “a todas luces es claro que el Estado Nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa”.
También respecto a la traza identificada, Cauce planteó que “no resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectoria del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente”.
Es en ese marco que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio.
“Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes”, indican.
Tras manifestar una “profunda preocupación” compartida por más de 30 organizaciones respecto a lo que consideran “un reiterado ejercicio de la desinformación pública”, la fundación eleva la queja al Defensor del Pueblo y solicita su intervención frente a “actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes”.
En ese contexto, solicitan que el Defensor del Pueblo “se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos”. Así como también se reclaman que se den a conocer “resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como fundamentos y razones técnicas de la traza elegida”.
Además, se solicita que los organismos de política ambientales tomen directa intervención y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y al Congreso de la Nación.
Adhieren a la presente las siguientes organizaciones de Paraná: Movimiento Despierta Paraná, Foro Ecologista de Paraná, Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Los Irrompibles E. R., Barrio Paraná XX, Barrio Paraná XXI, Barrio Jauretche, Barrio IAFAS, Barrio MUPCN, Barrio 80 Viviendas, Comisión Vecinal Santa Lucía, Comisión Vecinal De Las Américas, Comisión Vecinal Paracao, Comisión Vecinal San Francisco Javier, Comisión Vecinal Toma Vieja y de Santa Fe: Coordinadora de la Costa, Biblioteca de las Orillas, Tramas Derecho en Movimiento, Asociación Cultural de la Costa, Escuela Itinerante de Artes, Asociación Vecinal Alto Verde, Asociación Vecinal Colastiné Sur, Asociación Vecinal Colastiné Norte, Asociación Vecinal Villa California, Foro Metropolitano de Debate, Asociación Civil Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas Iniciativa Popular Rinconera, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío. (APFDigital)
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Salta lava su cara con la "Agencia de Protección Ambiental"
Ya funciona la Agencia de Protección Ambiental de Salta
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Piden frenan desmontes costeros en Corrientes
Solicitan que se detenga el desmonte en la zona del arroyo Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Exploraciones petroleras 'off shore' en planificación
Avanza un decreto para convocar a petroleras a exploraciones 'off shore'
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
En los próximos días, Macri instruirá al Ministerio de Energía para concursar permisos de exploración de petróleo y gas en el Mar Argentino
Con el objetivo de ampliar las reservas de petróleo y gas, por fuera de lo que pueda ofrecer Vaca Muerta, en los próximos días el presidente Mauricio Macri firmará un decreto para instruir al ministro de Energía, Javier Iguacel, a convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional para adjudicar permisos de exploración off shore en 38 bloques ubicados en el Mar Argentino, que totalizarán unos 200.000 kilómetros cuadrados.
Será la primera vez en casi tres décadas en que el Estado nacional promoverá la exploración petrolera masiva, luego de años en los que la producción -obviamente- y la escasa búsqueda en las distintas cuentas productivas restaron reservas. La última vez había sucedido en el año 1991.
Al ser consultadas sobre cifras, las distintas fuentes involucradas prefieren guardar silencio mientras continúe el proceso de decisión. Las inversiones en exploración vienen en franca declinación en los últimos años y es una de las principales causas que derivaron en una caída en la producción el año pasado hasta niveles de 1991 -en los últimos meses comenzó el rebote-. Según informó Jefatura de Gabinete, se prevén unos u$s 497,7 millones en inversiones para exploración de hidrocarburos, de los cerca de u$s 8000 millones de desembolsos petroleros. En 2015, se habían invertido u$s 1022 millones en la búsqueda de campos productivos de petróleo y gas.
Aunque la licitación ya había sido anunciada el año pasado por el entonces ministro Juan José Aranguren para ser efectivizada en julio, su reemplazo por Iguacel a mediados de junio demoró unas semanas los planes. Una vez firmado el decreto y publicado en el Boletín Oficial, días más tarde saldrá una resolución del Ministerio de Energía con todas las bases y condiciones, explicaron a El Cronista fuentes del sector. La mejora superior a un 60% interanual en el precio del petróleo desde mediados del año pasado hace viable el proyecto.
Gigantes petroleras del mundo, como las estadounidenses ExxonMobil y Anadarko Petroleum, la británica BP (ex British Petroleum), la angloholandesa Shell, la francesa Total, la estatal noruega Equinor (ex Statoil), la china CNOOC, la malaya Petronas, la italiana ENI y la propia YPF ya consultaron en diversas ocasiones información sísmica y de pozos y manifestaron su intención de participar en la licitación. Cerca de 25 empresas se encuentran trabajando alrededor de este proyecto, para el cual la compañía Schlumberger ganó en marzo un contrato por $ 14,9 millones para proveer servicios de datos.
El Gobierno adjudicará los permisos a quienes ofrezcan la mayor inversión, plantearon en la industria, luego de evaluar las consistencias técnicas y económicas de las propuestas. En una primera etapa, se otorgarán hasta cuatro años para explorar, sin obligación de hacer perforaciones. Luego, de ser necesario, se abrirá una extensión de otros cuatro años, pero con compromisos de perforación para producir hidrocarburos.
En YPF prefirieron guardar silencio. Shell, por su parte, comunicó que está "constantemente revisando oportunidades costa afuera en distintos lugares del mundo". "El proceso en la Argentina se encuentra en una etapa temprana. Shell se encuentra aún evaluando una potencial participación en la ronda", agregó la empresa.
Frente a las costas de la provincia de Buenos Aires y hasta el norte de Río Negro, en aguas profundas (entre 500 y 1500 metros) y ultraprofundas (más de 1500 metros), serían licitados 14 bloques en un área de 100.000 km2. Allí, en la Cuenca Argentina Norte, nunca se hizo un pozo petrolero. Ya en la Patagonia, se licitarán otros seis bloques que suman en conjunto 86.000 km2 en la Cuenca Austral (frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego) en aguas someras -estiman que sería menos de 100 metros de profundidad-; y 18 bloques más que totalizan 14.000 km2 en la Cuenca Malvinas Oeste, en aguas profundas.
En 2017, la firma noruega Spectrum Asa obtuvo del Gobierno la autorización para hacer una campaña de sísmica 2D en el Mar Argentino, en la que invirtieron unos u$s 75 millones.
Solamente dos empresas operan yacimientos hidrocarburíferos mar adentro en Argentina. En el primer semestre de 2018, la francesa Total Austral extrajo 20.636 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) de gas natural y 6191 barriles por día (bpd) de petróleo junto a sus socios Wintershall y Pan American Energy en Vega Pléyade. En tanto, la chilena ENAP produjo junto a YPF en Magallanes 2988 MMm3d de gas y 3758 bpd de petróleo.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
En los próximos días, Macri instruirá al Ministerio de Energía para concursar permisos de exploración de petróleo y gas en el Mar Argentino
Con el objetivo de ampliar las reservas de petróleo y gas, por fuera de lo que pueda ofrecer Vaca Muerta, en los próximos días el presidente Mauricio Macri firmará un decreto para instruir al ministro de Energía, Javier Iguacel, a convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional para adjudicar permisos de exploración off shore en 38 bloques ubicados en el Mar Argentino, que totalizarán unos 200.000 kilómetros cuadrados.
Será la primera vez en casi tres décadas en que el Estado nacional promoverá la exploración petrolera masiva, luego de años en los que la producción -obviamente- y la escasa búsqueda en las distintas cuentas productivas restaron reservas. La última vez había sucedido en el año 1991.
Al ser consultadas sobre cifras, las distintas fuentes involucradas prefieren guardar silencio mientras continúe el proceso de decisión. Las inversiones en exploración vienen en franca declinación en los últimos años y es una de las principales causas que derivaron en una caída en la producción el año pasado hasta niveles de 1991 -en los últimos meses comenzó el rebote-. Según informó Jefatura de Gabinete, se prevén unos u$s 497,7 millones en inversiones para exploración de hidrocarburos, de los cerca de u$s 8000 millones de desembolsos petroleros. En 2015, se habían invertido u$s 1022 millones en la búsqueda de campos productivos de petróleo y gas.
Aunque la licitación ya había sido anunciada el año pasado por el entonces ministro Juan José Aranguren para ser efectivizada en julio, su reemplazo por Iguacel a mediados de junio demoró unas semanas los planes. Una vez firmado el decreto y publicado en el Boletín Oficial, días más tarde saldrá una resolución del Ministerio de Energía con todas las bases y condiciones, explicaron a El Cronista fuentes del sector. La mejora superior a un 60% interanual en el precio del petróleo desde mediados del año pasado hace viable el proyecto.
Gigantes petroleras del mundo, como las estadounidenses ExxonMobil y Anadarko Petroleum, la británica BP (ex British Petroleum), la angloholandesa Shell, la francesa Total, la estatal noruega Equinor (ex Statoil), la china CNOOC, la malaya Petronas, la italiana ENI y la propia YPF ya consultaron en diversas ocasiones información sísmica y de pozos y manifestaron su intención de participar en la licitación. Cerca de 25 empresas se encuentran trabajando alrededor de este proyecto, para el cual la compañía Schlumberger ganó en marzo un contrato por $ 14,9 millones para proveer servicios de datos.
El Gobierno adjudicará los permisos a quienes ofrezcan la mayor inversión, plantearon en la industria, luego de evaluar las consistencias técnicas y económicas de las propuestas. En una primera etapa, se otorgarán hasta cuatro años para explorar, sin obligación de hacer perforaciones. Luego, de ser necesario, se abrirá una extensión de otros cuatro años, pero con compromisos de perforación para producir hidrocarburos.
En YPF prefirieron guardar silencio. Shell, por su parte, comunicó que está "constantemente revisando oportunidades costa afuera en distintos lugares del mundo". "El proceso en la Argentina se encuentra en una etapa temprana. Shell se encuentra aún evaluando una potencial participación en la ronda", agregó la empresa.
Frente a las costas de la provincia de Buenos Aires y hasta el norte de Río Negro, en aguas profundas (entre 500 y 1500 metros) y ultraprofundas (más de 1500 metros), serían licitados 14 bloques en un área de 100.000 km2. Allí, en la Cuenca Argentina Norte, nunca se hizo un pozo petrolero. Ya en la Patagonia, se licitarán otros seis bloques que suman en conjunto 86.000 km2 en la Cuenca Austral (frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego) en aguas someras -estiman que sería menos de 100 metros de profundidad-; y 18 bloques más que totalizan 14.000 km2 en la Cuenca Malvinas Oeste, en aguas profundas.
En 2017, la firma noruega Spectrum Asa obtuvo del Gobierno la autorización para hacer una campaña de sísmica 2D en el Mar Argentino, en la que invirtieron unos u$s 75 millones.
Solamente dos empresas operan yacimientos hidrocarburíferos mar adentro en Argentina. En el primer semestre de 2018, la francesa Total Austral extrajo 20.636 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) de gas natural y 6191 barriles por día (bpd) de petróleo junto a sus socios Wintershall y Pan American Energy en Vega Pléyade. En tanto, la chilena ENAP produjo junto a YPF en Magallanes 2988 MMm3d de gas y 3758 bpd de petróleo.
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Parque solar de San Luis comienza a producir electricidad
Comenzó a producir electricidad el primer parque solar del plan Renovar
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Luis
El primer parque de energía solar surgido del programa Renovar, impulsado por el Gobierno nacional, se puso en funcionamiento hoy en San Luis.
Se trata de Caldenes del Oeste, ubicado en las afuertas de la capital provincial, y es el octavo proyecto operativo del programa implementado por el Ministerio de Energía de la Nación (Minem).
Esta central, desarrollado por la empresa Total Eren, genera electricidad a partir de la radiación solar. Tiene 24,75 MW de potencia instalada, el 5 por ciento de la capacidad instalada que tiene la Central Bicentenario de Pilar, en Córdoba.
Tras una inversión de 35 millones de dólares, se instalaron 94.394 paneles marca BYD, de una potencia individual de 325 Wp, y 10 inversores marca Sungrow de 2,5 MW.
Caldenes del Oeste, que firmó su contrato con Cammesa (el administrador del sistema eléctrico nacional) en mayo del año pasado, puede abastecer a 17 mil hogares.
En la actualidad, hay un total 77 proyectos capaces de generar 3.005,955 MW a través de fuentes alternativas, sumando además del programa RenovAr, la Resolución 202 y el régimen Mater. De estos, 68 están en obra y nueve restantes están en generando electricidad.
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Luis
El primer parque de energía solar surgido del programa Renovar, impulsado por el Gobierno nacional, se puso en funcionamiento hoy en San Luis.
Se trata de Caldenes del Oeste, ubicado en las afuertas de la capital provincial, y es el octavo proyecto operativo del programa implementado por el Ministerio de Energía de la Nación (Minem).
Esta central, desarrollado por la empresa Total Eren, genera electricidad a partir de la radiación solar. Tiene 24,75 MW de potencia instalada, el 5 por ciento de la capacidad instalada que tiene la Central Bicentenario de Pilar, en Córdoba.
Tras una inversión de 35 millones de dólares, se instalaron 94.394 paneles marca BYD, de una potencia individual de 325 Wp, y 10 inversores marca Sungrow de 2,5 MW.
Caldenes del Oeste, que firmó su contrato con Cammesa (el administrador del sistema eléctrico nacional) en mayo del año pasado, puede abastecer a 17 mil hogares.
En la actualidad, hay un total 77 proyectos capaces de generar 3.005,955 MW a través de fuentes alternativas, sumando además del programa RenovAr, la Resolución 202 y el régimen Mater. De estos, 68 están en obra y nueve restantes están en generando electricidad.
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Cámara Minera insiste con modificar la Ley de Glaciares
Con nueva dirigencia, la Cámara Minera insiste con modificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Mario Hernández, de Yamana Gold, es el flamante presidente y promete mejorar la comunicación con la gente.
Después de 26 años, Jaime Bergé dejó la presidencia de la Cámara Minera de San Juan y en su reemplazo fue elegido el lunes por la noche Mario Hernández, de Yamana Gold. El nuevo presidente dijo que su gran desafío será mejorar la comunicación con la gente y señaló que la principal traba para la llegada de inversiones que le den impulso a la minería es la Ley de Glaciares, que tiene "zonas grises e imprecisiones" que desalientan el desarrollo de otros proyectos.
Hernández es un jachallero de 57 años que está a cargo de las relaciones comunitarias e institucionales de la compañía no sólo en San Juan sino también en Catamarca, Chubut y Santa Cruz y lidera el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera). En su gestión en la cámara será acompañado por Raúl Cabanay (Caleras San Juan) y Ricardo Martínez, consultor minero. La entidad nuclea a unas 50 compañías que trabajan en la provincia pertenecientes a las distintas actividades.
El nuevo presidente expresó que el "problema de la mala comunicación es que incluso puede llegar a generar una crisis" y por esto sostuvo que se propone "generar el mayor contacto posible desde la cámara con la gente".
Sobre la situación actual de las empresas mineras en la provincia manifestó que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para mantener las fuentes laborales. No estamos hablando de crear nuevos puestos sino de mantener los actuales".
La Ley de Glaciares, que es motivo no sólo de preocupación en el sector empresario sino también en el Gobierno provincial, es un tema sobre el que Hernández dijo que "la norma como está redactada genera mucha incertidumbre y hasta que no sea precisa no se podrá avanzar". Habló en un contexto en el que en la provincia los grandes proyectos mineros están más cerca de finalizar y todavía no se ven nuevos emprendimientos a la vista. "Hay que definir bien, por ejemplo, lo que es el ambiente periglaciar", precisó.
La suba del dólar y sus efectos en la actividad fue otra cuestión analizada por el presidente. Sostuvo que "no hay negocio que se pueda desarrollar bien en un contexto de clima de inestabilidad" y más adelante dijo que si bien puede favorecer al sector metalífero que exporta "hay muchos insumos en dólares, el combustible es un ejemplo porque depende del valor de esa moneda".
En cuanto a la nueva secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, quien asumió en el puesto a principios del mes pasado, expresó que "en lo que hemos podido hablar con ella se ha mostrado como una persona muy interesada en la actividad y si no era conocida en el sector empresario es una cuestión que no importa".
Sobre el tema de la licencia social, Hernández dijo que prefiere hablar de aceptación social. "Creo que no podemos hablar de aceptación social de la minería en general sino de cada empresa e incluso de cada proyecto en particular". Y agregó que "cada proyecto debe generar sus propias condiciones sociales".
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Mario Hernández, de Yamana Gold, es el flamante presidente y promete mejorar la comunicación con la gente.
Después de 26 años, Jaime Bergé dejó la presidencia de la Cámara Minera de San Juan y en su reemplazo fue elegido el lunes por la noche Mario Hernández, de Yamana Gold. El nuevo presidente dijo que su gran desafío será mejorar la comunicación con la gente y señaló que la principal traba para la llegada de inversiones que le den impulso a la minería es la Ley de Glaciares, que tiene "zonas grises e imprecisiones" que desalientan el desarrollo de otros proyectos.
Hernández es un jachallero de 57 años que está a cargo de las relaciones comunitarias e institucionales de la compañía no sólo en San Juan sino también en Catamarca, Chubut y Santa Cruz y lidera el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera). En su gestión en la cámara será acompañado por Raúl Cabanay (Caleras San Juan) y Ricardo Martínez, consultor minero. La entidad nuclea a unas 50 compañías que trabajan en la provincia pertenecientes a las distintas actividades.
El nuevo presidente expresó que el "problema de la mala comunicación es que incluso puede llegar a generar una crisis" y por esto sostuvo que se propone "generar el mayor contacto posible desde la cámara con la gente".
Sobre la situación actual de las empresas mineras en la provincia manifestó que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para mantener las fuentes laborales. No estamos hablando de crear nuevos puestos sino de mantener los actuales".
La Ley de Glaciares, que es motivo no sólo de preocupación en el sector empresario sino también en el Gobierno provincial, es un tema sobre el que Hernández dijo que "la norma como está redactada genera mucha incertidumbre y hasta que no sea precisa no se podrá avanzar". Habló en un contexto en el que en la provincia los grandes proyectos mineros están más cerca de finalizar y todavía no se ven nuevos emprendimientos a la vista. "Hay que definir bien, por ejemplo, lo que es el ambiente periglaciar", precisó.
La suba del dólar y sus efectos en la actividad fue otra cuestión analizada por el presidente. Sostuvo que "no hay negocio que se pueda desarrollar bien en un contexto de clima de inestabilidad" y más adelante dijo que si bien puede favorecer al sector metalífero que exporta "hay muchos insumos en dólares, el combustible es un ejemplo porque depende del valor de esa moneda".
En cuanto a la nueva secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, quien asumió en el puesto a principios del mes pasado, expresó que "en lo que hemos podido hablar con ella se ha mostrado como una persona muy interesada en la actividad y si no era conocida en el sector empresario es una cuestión que no importa".
Sobre el tema de la licencia social, Hernández dijo que prefiere hablar de aceptación social. "Creo que no podemos hablar de aceptación social de la minería en general sino de cada empresa e incluso de cada proyecto en particular". Y agregó que "cada proyecto debe generar sus propias condiciones sociales".
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Misiones: nuevas medidas por atropellamiento de fauna
Proponen batería de medidas para combatir el atropellamiento de fauna
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Estrictos controles de tránsito encabezan un proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados de Misiones.
Estrictas medidas de fiscalización en las rutas que bordeen o atraviesen las zonas protegidas de toda Misiones son la propuesta planteada en la Legislatura provincial para mitigar el constante atropellamiento de animales de la fauna autóctona -en muchos casos en riesgo de extinción, como el yaguareté- que lamentablemente se sucede sin pausa en el último tiempo.
Casillas o garitas de control a la entrada y salida de los parques (en el caso de que las atraviesen) y en el punto de inicio y final del área protegida (en caso de que las bordeen), que funcionen las 24 horas los 365 días del año, son el eje central de un proyecto de ley presentado ante sus pares por el diputado Isaac Lenguaza (PAyS) y que estudia la comisión de Recursos Naturales.
El “Programa Provincial de Prevención del Atropellamiento de Fauna Silvestre en Áreas Naturales Protegidas” establece un sistema de tarjetas con datos básicos que deberá aportar cada vehículo que ingrese en jurisdicción de una reserva y entregar a la salida, donde agentes de la autoridad de aplicación (en principio, el Ministerio de Ecología) realizarían exhaustivas revisiones.
Entre esos datos figuraría el tiempo estimado de recorrido con sujeción a la velocidad máxima exigida, que al término del trayecto se verificará y podrá ser mayor al indicado, pero nunca menor.
Además, prevé la instalación de al menos dos radares o instrumentos similares de control de velocidad en cada tramo comprendido entre las casillas de control.
Por último propone una “prueba piloto” de esta batería de medidas en el ingreso y egreso del Parque Provincial Urugua-í, sobre la ruta 19, donde ya hay apostados guardaparques y garitas de control.
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Estrictos controles de tránsito encabezan un proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados de Misiones.
Estrictas medidas de fiscalización en las rutas que bordeen o atraviesen las zonas protegidas de toda Misiones son la propuesta planteada en la Legislatura provincial para mitigar el constante atropellamiento de animales de la fauna autóctona -en muchos casos en riesgo de extinción, como el yaguareté- que lamentablemente se sucede sin pausa en el último tiempo.
Casillas o garitas de control a la entrada y salida de los parques (en el caso de que las atraviesen) y en el punto de inicio y final del área protegida (en caso de que las bordeen), que funcionen las 24 horas los 365 días del año, son el eje central de un proyecto de ley presentado ante sus pares por el diputado Isaac Lenguaza (PAyS) y que estudia la comisión de Recursos Naturales.
El “Programa Provincial de Prevención del Atropellamiento de Fauna Silvestre en Áreas Naturales Protegidas” establece un sistema de tarjetas con datos básicos que deberá aportar cada vehículo que ingrese en jurisdicción de una reserva y entregar a la salida, donde agentes de la autoridad de aplicación (en principio, el Ministerio de Ecología) realizarían exhaustivas revisiones.
Entre esos datos figuraría el tiempo estimado de recorrido con sujeción a la velocidad máxima exigida, que al término del trayecto se verificará y podrá ser mayor al indicado, pero nunca menor.
Además, prevé la instalación de al menos dos radares o instrumentos similares de control de velocidad en cada tramo comprendido entre las casillas de control.
Por último propone una “prueba piloto” de esta batería de medidas en el ingreso y egreso del Parque Provincial Urugua-í, sobre la ruta 19, donde ya hay apostados guardaparques y garitas de control.
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Se cae RenovAr 3
Por financiamiento más caro, suspenden por este año licitaciones de energías renovables
Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
En conversaciones con privados, el Gobierno deslizó que la ronda 3 de licitaciones de energías renovables no se realizará este año, tal como había anunciado Aranguren
Las licitaciones de energías renovables que traerán, en teoría, aparejadas una consecuente baja en los costos del sistema eléctrico y millonarias inversiones, deberán esperar. Por las condiciones actuales del mercado, el Gobierno postergará sin fecha definida la ronda 3 del programa RenovAr, que se especulaba que sería a fin de este año. En cambio, impulsará los proyectos privados que desemboquen en contratos entre las empresas generadoras de electricidad y los grandes usuarios industriales.
En base a lo que trasciende en la Casa Rosada y lo que el ministro de Energía, Javier Iguacel, le expresó a algunos actores privados, El Cronista pudo saber que la estrategia oficial ahora es "masticar el asado" cocinado en las rondas 1, 1.5 y 2, entre 2016 y 2017, que permitió bajar en un 15% el precio promedio ponderado de las licitaciones y acelerar en el cumplimiento de la ley, que establece una creciente participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Eso significa que la ronda 3 no será este año ni, en principio, en 2019. Las razones más tangibles son económicas: no hay capacidad de transporte disponible y escasea el financiamiento, lo que redundaría en precios más altos.
De acuerdo a un importante ejecutivo de una empresa líder en el sector, la decisión del Gobierno es lógica. "Ya fueron asignadas en las rondas anteriores las mejores ubicaciones, que son las que tienen el mejor recurso eólico y solar y las que están más cerca de las redes de transmisión eléctrica ya construidas", analizó. Ahora en la red queda capacidad disponible lejos de los centros de consumo y allí donde no se pueden aprovechar los mejores vientos o la mayor intensidad de energía fotovoltaica (menor factor de carga).
En este sentido, en Energía planean "limpiar el mercado", a la espera de que ingresen al sistema masivamente grandes proyectos que están en plena etapa de construcción (en especial, parques solares en el noroeste del país) y se cumpla, tardíamente, con la meta de incrementar el peso de las energías renovables hasta un 8% en la matriz eléctrica nacional, objetivo que primero fue pautado para fines de 2017, luego se postergó un año y, finalmente, se calcula que se empezará a cumplir -y se superaría- a mediados de 2019. A la espera de que se liciten vía proyectos de Participación Pública-Privada (PPP) siete líneas de transmisión, avanzará el Mercado a Término de Energías Renovables, con contratos entre privados.
La Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía de la Nación adjudicó entre fines de 2016 y los últimos días de 2017 147 proyectos por 4466,5 MW a un precio promedio ponderado de u$s 54,72 por MWh. 7 de ellos ya se encuentran entregando electricidad al sistema; unos 60 están en proceso de construcción; cerca de 40 ya firmaron su contrato de abastecimiento (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) pero no empezaron; otros tantos 40 todavía faltan suscribir su PPA; mientras que otros 2 fueron cancelados por el Gobierno por "reiterados incumplimientos en los hitos".
Aunque en la ronda 2 se consiguió el proyecto con el precio más competitivo (u$s 37,3 por MWh, ofrecido por Eipor S.A. para el Parque Eólico Energética I en la provincia de Buenos Aires), la Ley 27.191 establece un mandato de federalización y diversificación de tecnologías de los proyectos, con lo que se obliga al sistema a contratar energía renovable de proyectos pequeños de biomasa o biogás, más caros por su pequeña escala y su distancia de la red y los grandes centros de consumo.
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Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
En conversaciones con privados, el Gobierno deslizó que la ronda 3 de licitaciones de energías renovables no se realizará este año, tal como había anunciado Aranguren
Las licitaciones de energías renovables que traerán, en teoría, aparejadas una consecuente baja en los costos del sistema eléctrico y millonarias inversiones, deberán esperar. Por las condiciones actuales del mercado, el Gobierno postergará sin fecha definida la ronda 3 del programa RenovAr, que se especulaba que sería a fin de este año. En cambio, impulsará los proyectos privados que desemboquen en contratos entre las empresas generadoras de electricidad y los grandes usuarios industriales.
En base a lo que trasciende en la Casa Rosada y lo que el ministro de Energía, Javier Iguacel, le expresó a algunos actores privados, El Cronista pudo saber que la estrategia oficial ahora es "masticar el asado" cocinado en las rondas 1, 1.5 y 2, entre 2016 y 2017, que permitió bajar en un 15% el precio promedio ponderado de las licitaciones y acelerar en el cumplimiento de la ley, que establece una creciente participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Eso significa que la ronda 3 no será este año ni, en principio, en 2019. Las razones más tangibles son económicas: no hay capacidad de transporte disponible y escasea el financiamiento, lo que redundaría en precios más altos.
De acuerdo a un importante ejecutivo de una empresa líder en el sector, la decisión del Gobierno es lógica. "Ya fueron asignadas en las rondas anteriores las mejores ubicaciones, que son las que tienen el mejor recurso eólico y solar y las que están más cerca de las redes de transmisión eléctrica ya construidas", analizó. Ahora en la red queda capacidad disponible lejos de los centros de consumo y allí donde no se pueden aprovechar los mejores vientos o la mayor intensidad de energía fotovoltaica (menor factor de carga).
En este sentido, en Energía planean "limpiar el mercado", a la espera de que ingresen al sistema masivamente grandes proyectos que están en plena etapa de construcción (en especial, parques solares en el noroeste del país) y se cumpla, tardíamente, con la meta de incrementar el peso de las energías renovables hasta un 8% en la matriz eléctrica nacional, objetivo que primero fue pautado para fines de 2017, luego se postergó un año y, finalmente, se calcula que se empezará a cumplir -y se superaría- a mediados de 2019. A la espera de que se liciten vía proyectos de Participación Pública-Privada (PPP) siete líneas de transmisión, avanzará el Mercado a Término de Energías Renovables, con contratos entre privados.
La Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía de la Nación adjudicó entre fines de 2016 y los últimos días de 2017 147 proyectos por 4466,5 MW a un precio promedio ponderado de u$s 54,72 por MWh. 7 de ellos ya se encuentran entregando electricidad al sistema; unos 60 están en proceso de construcción; cerca de 40 ya firmaron su contrato de abastecimiento (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) pero no empezaron; otros tantos 40 todavía faltan suscribir su PPA; mientras que otros 2 fueron cancelados por el Gobierno por "reiterados incumplimientos en los hitos".
Aunque en la ronda 2 se consiguió el proyecto con el precio más competitivo (u$s 37,3 por MWh, ofrecido por Eipor S.A. para el Parque Eólico Energética I en la provincia de Buenos Aires), la Ley 27.191 establece un mandato de federalización y diversificación de tecnologías de los proyectos, con lo que se obliga al sistema a contratar energía renovable de proyectos pequeños de biomasa o biogás, más caros por su pequeña escala y su distancia de la red y los grandes centros de consumo.
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El NEA debatió sobre educación ambiental
Provincias del Noreste Argentino y Litoral debatieron sobre educación ambiental
Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Región NEA
Entre Ríos fue sede del encuentro de educación ambiental de la Región NEA Litoral, del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde cada provincia expuso sus experiencias en territorio para fortalecerlas y replicarlas. “Estamos muy contentos de poder desarrollar este encuentro en Paraná y con mucha expectativa de que, al finalizar la jornada, las provincias nos llevemos mucho material y experiencias para trabajar”, dijo Martín Barbieri, secretario de Ambiente de la provincia. “La educación ambiental es uno de los ejes de nuestra gestión”, aseguró. Barbieri, junto al subsecretario de Ambiente Lucio Amavet, participaron del encuentro junto al ministro de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Etchepare; la referente del Programa de Educación ambiental del CGE, Cristina Martínez; y representantes de las áreas de Ambiente y Educación de las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco y Santa Fé.
“Que hoy estemos presentes las provincias del NEA moviliza y motiva nuestro trabajo y permitirá que volvamos a nuestros lugares con nuevas experiencias para desandar nuevos caminos”, resaltó. Dijo que “Entre Ríos viene trabajando fuerte en la educación ambiental pero aún queda mucho por hacer, en las escuelas que es donde están los niños que son los que llevarán adelante el mensaje de cuidado del ambiente y en todos los ámbitos”.
Sobre la importancia del encuentro, la referente del Programa de Educación Ambiental que depende del Consejo General de Educación, Cristina Martínez, manifestó: “La riqueza de este encuentro es que nos permitió compartir lo realizado por la provincia de Entre Ríos y conocer los avances de la región NEA y región Litoral. También pensar propuestas articuladas de políticas de educación ambiental para el 2019”.
La educación ambiental ha tomado un lugar destacado en la educación de la provincia, ante lo cual Martínez, señaló que “la provincia de Entre Ríos tiene líneas de acción y de capacitaciones destinadas a docentes y alumnos, además, de eventos de participación masiva y elaboración de materiales didácticos específicos para nuestra currícula, dado que los diseños curriculares se han pensado con la incorporación de la educación ambiental como una dimensión transversal. Estas son algunas de las estrategias didácticas para impactar en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades.”
Barbieri, mencionó el plan piloto que se está comenzando a desarrollar en Concordia que consiste en un trabajo conjunto de concientización ambiental con escuelas y centros de salud de algunos barrios vinculado a la separación de residuos en origen. “En el caso de que dé un buen resultado la idea es trasladarlo al resto de la provincia”, indicó.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe destacó la importancia de “trabajar sobre las experiencias que tienen las provincias del NEA y de las que podemos nutrirnos y fortalecer cada uno sus acciones”.
“Hablar de ambiente es hablar de vida y hablar de vida es hablar de futuro, con lo cual es un tema transversal que no está encorsetado en una estructura de gobierno sino que la comunidad lo tiene que asumir como propio”, consideró el ministro santafesino.
Y añadió que “los gobiernos locales tienen un rol fundamental e importante por eso a través de la educación ambiental tenemos que seguir trabajando y dándole los espacios de debate y para accionar y llevar adelante políticas de estado que nos sirvan como comunidad”.
Todo el trabajo realizado en el encuentro de la región será presentado en Cofema.
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Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Región NEA
Entre Ríos fue sede del encuentro de educación ambiental de la Región NEA Litoral, del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde cada provincia expuso sus experiencias en territorio para fortalecerlas y replicarlas. “Estamos muy contentos de poder desarrollar este encuentro en Paraná y con mucha expectativa de que, al finalizar la jornada, las provincias nos llevemos mucho material y experiencias para trabajar”, dijo Martín Barbieri, secretario de Ambiente de la provincia. “La educación ambiental es uno de los ejes de nuestra gestión”, aseguró. Barbieri, junto al subsecretario de Ambiente Lucio Amavet, participaron del encuentro junto al ministro de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Etchepare; la referente del Programa de Educación ambiental del CGE, Cristina Martínez; y representantes de las áreas de Ambiente y Educación de las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco y Santa Fé.
“Que hoy estemos presentes las provincias del NEA moviliza y motiva nuestro trabajo y permitirá que volvamos a nuestros lugares con nuevas experiencias para desandar nuevos caminos”, resaltó. Dijo que “Entre Ríos viene trabajando fuerte en la educación ambiental pero aún queda mucho por hacer, en las escuelas que es donde están los niños que son los que llevarán adelante el mensaje de cuidado del ambiente y en todos los ámbitos”.
Sobre la importancia del encuentro, la referente del Programa de Educación Ambiental que depende del Consejo General de Educación, Cristina Martínez, manifestó: “La riqueza de este encuentro es que nos permitió compartir lo realizado por la provincia de Entre Ríos y conocer los avances de la región NEA y región Litoral. También pensar propuestas articuladas de políticas de educación ambiental para el 2019”.
La educación ambiental ha tomado un lugar destacado en la educación de la provincia, ante lo cual Martínez, señaló que “la provincia de Entre Ríos tiene líneas de acción y de capacitaciones destinadas a docentes y alumnos, además, de eventos de participación masiva y elaboración de materiales didácticos específicos para nuestra currícula, dado que los diseños curriculares se han pensado con la incorporación de la educación ambiental como una dimensión transversal. Estas son algunas de las estrategias didácticas para impactar en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades.”
Barbieri, mencionó el plan piloto que se está comenzando a desarrollar en Concordia que consiste en un trabajo conjunto de concientización ambiental con escuelas y centros de salud de algunos barrios vinculado a la separación de residuos en origen. “En el caso de que dé un buen resultado la idea es trasladarlo al resto de la provincia”, indicó.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe destacó la importancia de “trabajar sobre las experiencias que tienen las provincias del NEA y de las que podemos nutrirnos y fortalecer cada uno sus acciones”.
“Hablar de ambiente es hablar de vida y hablar de vida es hablar de futuro, con lo cual es un tema transversal que no está encorsetado en una estructura de gobierno sino que la comunidad lo tiene que asumir como propio”, consideró el ministro santafesino.
Y añadió que “los gobiernos locales tienen un rol fundamental e importante por eso a través de la educación ambiental tenemos que seguir trabajando y dándole los espacios de debate y para accionar y llevar adelante políticas de estado que nos sirvan como comunidad”.
Todo el trabajo realizado en el encuentro de la región será presentado en Cofema.
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Ambiente busca proteger el palo santo
Ambiente favorece el manejo sustentable del palo santo
Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Para esto, aumentó las exigencias a los exportadores de madera de la especie, elabora un segundo inventario de bosque nativo y trabaja en el sistema SACVeFor, de gestión y control forestal, entre otras acciones.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable mantiene numerosas acciones que fortalecen la implementación de una estrategia integral de manejo sustentable del palo santo. La estrategia fue presentada el año pasado ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y permite el uso de la especie, asegurando el desarrollo local y respetando la persistencia de este árbol en nuestro territorio.
En tal sentido, en 2017 la cartera ambiental modificó los requisitos requeridos para las presentaciones de solicitudes del certificado CITES. La modificación significó el aumento en las exigencias a los exportadores de palo santo (deben estar debidamente registrados); aprobó un protocolo de control y verificación de productos madereros de la especie que determina que las cargas de madera sean fiscalizadas; y estableció para emitir habilitaciones de exportación que la venta, cesión o donación de productos deberá haber sido informada al Ministerio dentro de los cinco días hábiles de realizado el acto.
Otra de las principales acciones se vincula al manejo de la especie mediante el Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor). Se trata de un sistema de implementación interjurisdiccional que permitirá fortalecer los sistemas de gestión y control forestal a nivel federal. Esto será posible mediante tecnología que favorecerá la agilización de trámites de comercio y transporte de productores y empresas, la simplificación administrativa de los organismos gubernamentales, la trazabilidad de los productos forestales y la mejora de la competitividad del sector forestal nativo. Todo esto contribuirá al manejo sustentable propiciado por la Ley N.° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Este sistema asegurará la emisión de autorizaciones por parte de personal autorizado de las autoridades provinciales facilitando su control y transparencia. En el presente, 16 provincias están trabajando en su implementación.
Asimismo, desde junio del año pasado, la cartera de Ambiente impulsa un proyecto de resolución para la creación del Plan Nacional de Manejo Sustentable de Palo Santo. Para esto, desde la Dirección Nacional de Bosques se trabaja con las provincias de Salta, Formosa y Chaco a fin de unificar criterios técnicos y legales y lograr el consenso para la elaboración del plan, a la vez que se busca el intercambio técnico con Brasil, Paraguay y Bolivia capaz de asegurar un abordaje regional de manejo de la especie.
Fue así que la semana pasada tuvo lugar en la Ciudad de Formosa, la 4° Reunión Plan Regional de Manejo Sustentable del Palo Santo (PRMSPS) con participación de técnicos de la cartera de Ambiente, autoridades de Chaco, Salta, Formosa, con el objetivo de trabajar en la unificación del marco procedimental, legal y técnico del Plan Regional.
Como complemento a estas acciones, el Ministerio trabaja en el proyecto denominado “Bases para la gestión sostenible del palo santo, Bulnesia sarmientoi, en la región del Gran Chaco de Argentina”, que fue seleccionado por CITES y recibirá una donación de USD 250 mil. El proyecto tiene el objetivo de generar condiciones para la gestión, ordenamiento territorial y manejo de los bosques con presencia de la especie de manera que sean optimizados, y así fomentar el desarrollo regional y la conservación del árbol.
Finalmente, desde la cartera de Ambiente nacional se elabora el Segundo Inventario Nacional de Bosque Nativo de Argentina, el que se espera que arroje como resultado la actualización del estado de situación del palo santo y amplíe el conocimiento teórico de la especie.
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Políticas al servicio de los agroquímicos
Ministros de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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agricultura industrial,
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Nacional,
política ambiental
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Ambiente idea centros urbanos sostenibles
Rumbo a la planificación sostenible en ciudades de nuestro país
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera nacional de Ambiente busca impulsar la realización de un programa integrado de centros urbanos sostenibles que incluya apoyo financiero internacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en la elaboración de un proyecto orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas. Lo hace a través de la Unidad de Ciudades Sustentables, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), para lo que se busca el posible apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
El objetivo será que un grupo de ciudades que formarán parte del programa —Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia—, ubicadas en diferentes regiones geográficas y climáticas, puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Se trata en estos casos de centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y el incremento del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El programa —en preparación— tendrá tres componentes. El primero, orientado a la planificación urbana y territorial sostenible e integrada, que atienda los problemas mencionados. Para esto, las ciudades, según el caso, se enfocarán en distintos tipos de planificaciones: metropolitana, turística y costera u orientada a la conservación.
Otro de los componentes que se pretende incluir estará centrado en la inversión en proyectos pilotos integrados para descarbonizar la urbanización y la infraestructura, con mejoramiento del espacio público y la calidad de vida de la población. Los pilotos buscarán poner a prueba tecnologías innovadoras basadas en inversiones existentes como sistemas de iluminación y bombeo de agua eficientes; de energía solar fotovoltaica; flotas eléctricas de transporte; adaptación basada en ecosistemas para incrementar la resiliencia; economía circular local y simbiosis agroindustrial.
El tercer componente buscará la construcción de una plataforma de ciudades sostenibles en Argentina, sobre la base del trabajo realizado por la Unidad de Ciudades Sustentables de la cartera de Ambiente nacional. Su objetivo consistirá en facilitar la toma de decisiones en base a datos, apoyar los procesos de planificación y el desarrollo de las capacidades de actores locales, además de promover el intercambio de experiencias. De concretarse, se incluirá además el desarrollo de un sello verde que defina indicadores de sostenibilidad para las ciudades, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y con indicadores de metabolismo urbano.
Para implementar las acciones que se preparan, la iniciativa prevé facilitar el acceso a fuentes innovadoras de financiamiento internas y externas, incluido el sector privado.
Cabe señalar que para avanzar en la elaboración del perfil de proyecto (PIF) se inició a fines de julio una ronda de reuniones en diferentes localidades que incluyeron, en la Provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible, y en los municipios de Mendoza y Salta a autoridades municipales, junto a otras áreas de los respectivos gobiernos provinciales. Asimismo, entre hoy y el miércoles, se realizarán nuevos encuentros de definición de líneas de trabajo con los municipios de General Pueyrredón y Ushuaia.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera nacional de Ambiente busca impulsar la realización de un programa integrado de centros urbanos sostenibles que incluya apoyo financiero internacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en la elaboración de un proyecto orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas. Lo hace a través de la Unidad de Ciudades Sustentables, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), para lo que se busca el posible apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
El objetivo será que un grupo de ciudades que formarán parte del programa —Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia—, ubicadas en diferentes regiones geográficas y climáticas, puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Se trata en estos casos de centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y el incremento del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El programa —en preparación— tendrá tres componentes. El primero, orientado a la planificación urbana y territorial sostenible e integrada, que atienda los problemas mencionados. Para esto, las ciudades, según el caso, se enfocarán en distintos tipos de planificaciones: metropolitana, turística y costera u orientada a la conservación.
Otro de los componentes que se pretende incluir estará centrado en la inversión en proyectos pilotos integrados para descarbonizar la urbanización y la infraestructura, con mejoramiento del espacio público y la calidad de vida de la población. Los pilotos buscarán poner a prueba tecnologías innovadoras basadas en inversiones existentes como sistemas de iluminación y bombeo de agua eficientes; de energía solar fotovoltaica; flotas eléctricas de transporte; adaptación basada en ecosistemas para incrementar la resiliencia; economía circular local y simbiosis agroindustrial.
El tercer componente buscará la construcción de una plataforma de ciudades sostenibles en Argentina, sobre la base del trabajo realizado por la Unidad de Ciudades Sustentables de la cartera de Ambiente nacional. Su objetivo consistirá en facilitar la toma de decisiones en base a datos, apoyar los procesos de planificación y el desarrollo de las capacidades de actores locales, además de promover el intercambio de experiencias. De concretarse, se incluirá además el desarrollo de un sello verde que defina indicadores de sostenibilidad para las ciudades, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y con indicadores de metabolismo urbano.
Para implementar las acciones que se preparan, la iniciativa prevé facilitar el acceso a fuentes innovadoras de financiamiento internas y externas, incluido el sector privado.
Cabe señalar que para avanzar en la elaboración del perfil de proyecto (PIF) se inició a fines de julio una ronda de reuniones en diferentes localidades que incluyeron, en la Provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible, y en los municipios de Mendoza y Salta a autoridades municipales, junto a otras áreas de los respectivos gobiernos provinciales. Asimismo, entre hoy y el miércoles, se realizarán nuevos encuentros de definición de líneas de trabajo con los municipios de General Pueyrredón y Ushuaia.
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Toyota empleará energía 100% renovable en Zárate
Toyota comenzará a producir sus vehículos con energía 100% renovable
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Ello a partir de un acuerdo con YPF Luz, que suministrará energía eólica para las operaciones de la planta automotriz en Zárate (provincia de Buenos Aires) por un plazo de 10 años
Los presidentes de Toyota Argentina, Daniel Herrero, y de YPF, Miguel Gutiérrez, anunciaron ayer que, como parte de un acuerdo marco entre ambas empresas, la automotriz comenzará a producir en su planta de Zárate con energía renovable generada por YPF Luz.
De este modo, en sólo un año y medio la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires –cuya producción en 2017 representó 26% de la producción y 41% de las exportaciones totales de la industria automotriz argentina- producirá sus vehículos con energía 100% renovable. La acción responde a las iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de la empresa japonesa en su planta de Zárate, que el año pasado superó 125.000 unidades y este año apunta a conseguir un nuevo récord de producción por encima de las 140.000 vehículos.
Desafío ambiental
El contrato de provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable, y una segunda etapa a partir de 2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas, equivalentes a 76.000 MWh/año, provendrán de fuentes renovables.
“Esta iniciativa forma parte del desafío ambiental que en Toyota nos propusimos alcanzar para 2050, y que apunta a reducir a cero el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos. La disminución de emisiones de CO2 y la introducción de energías renovables son la base de nuestro plan de Acción Ambiental quinquenal. Esta iniciativa nos permitirá superar ampliamente nuestras metas globales al producir con un 100% de energías limpias a partir de 2020”, aseguró Herrero.
Por su parte, Gutiérrez dijo: “Es un orgullo para YPF ser el proveedor de energía renovable elegido por Toyota. YPF comenzó a participar en la provisión de energía eléctrica hace tan sólo cinco años y hoy YPF Luz es protagonista en el mercado de energía renovable y es el socio confiable elegido por clientes industriales de primera línea mundial”.
YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Toyota en su planta de Zárate desde el Parque Eólico Manantiales Behr, de 100MW de potencia, que se inaugurará próximamente en Chubut, y del Parque Eólico Los Teros, de 122 MW de potencia, ubicado en la localidad bonaerense de Azul, cuya inauguración se espera a fines de 2019. YPF Luz se focaliza en proveer a clientes industriales como Toyota de soluciones de energía confiables, eficientes y sustentables, con esquemas que se adaptan a sus necesidades.
Con esta iniciativa, Toyota ahorrará anualmente una provisión de energía que sería equivalente a 7.068 m3 de gasoil o a los 11,9 millones de m3 de gas natural, que se requerirían para generar esa energía en una planta termoeléctrica. Esto equivale a un ahorro de CO2 de 40.660 toneladas.
La energía que utilizará la automotriz equivale a 15,9 MW de potencia instalada, es decir. la generación de más de cuatro aerogeneradores estarán destinados a abastecer su demanda, lo que es el equivalente al consumo de 21.111 hogares.
La planta produce en Argentina y en el mundo guiada por una ambiciosa serie de objetivos ambientales que deberán ser alcanzados en el año 2050 con el fin de contribuir a la sustentabilidad global.
Frente a desafíos mundiales claves como el cambio climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Ello a partir de un acuerdo con YPF Luz, que suministrará energía eólica para las operaciones de la planta automotriz en Zárate (provincia de Buenos Aires) por un plazo de 10 años
Los presidentes de Toyota Argentina, Daniel Herrero, y de YPF, Miguel Gutiérrez, anunciaron ayer que, como parte de un acuerdo marco entre ambas empresas, la automotriz comenzará a producir en su planta de Zárate con energía renovable generada por YPF Luz.
De este modo, en sólo un año y medio la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires –cuya producción en 2017 representó 26% de la producción y 41% de las exportaciones totales de la industria automotriz argentina- producirá sus vehículos con energía 100% renovable. La acción responde a las iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de la empresa japonesa en su planta de Zárate, que el año pasado superó 125.000 unidades y este año apunta a conseguir un nuevo récord de producción por encima de las 140.000 vehículos.
Desafío ambiental
El contrato de provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable, y una segunda etapa a partir de 2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas, equivalentes a 76.000 MWh/año, provendrán de fuentes renovables.
“Esta iniciativa forma parte del desafío ambiental que en Toyota nos propusimos alcanzar para 2050, y que apunta a reducir a cero el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos. La disminución de emisiones de CO2 y la introducción de energías renovables son la base de nuestro plan de Acción Ambiental quinquenal. Esta iniciativa nos permitirá superar ampliamente nuestras metas globales al producir con un 100% de energías limpias a partir de 2020”, aseguró Herrero.
Por su parte, Gutiérrez dijo: “Es un orgullo para YPF ser el proveedor de energía renovable elegido por Toyota. YPF comenzó a participar en la provisión de energía eléctrica hace tan sólo cinco años y hoy YPF Luz es protagonista en el mercado de energía renovable y es el socio confiable elegido por clientes industriales de primera línea mundial”.
YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Toyota en su planta de Zárate desde el Parque Eólico Manantiales Behr, de 100MW de potencia, que se inaugurará próximamente en Chubut, y del Parque Eólico Los Teros, de 122 MW de potencia, ubicado en la localidad bonaerense de Azul, cuya inauguración se espera a fines de 2019. YPF Luz se focaliza en proveer a clientes industriales como Toyota de soluciones de energía confiables, eficientes y sustentables, con esquemas que se adaptan a sus necesidades.
Con esta iniciativa, Toyota ahorrará anualmente una provisión de energía que sería equivalente a 7.068 m3 de gasoil o a los 11,9 millones de m3 de gas natural, que se requerirían para generar esa energía en una planta termoeléctrica. Esto equivale a un ahorro de CO2 de 40.660 toneladas.
La energía que utilizará la automotriz equivale a 15,9 MW de potencia instalada, es decir. la generación de más de cuatro aerogeneradores estarán destinados a abastecer su demanda, lo que es el equivalente al consumo de 21.111 hogares.
La planta produce en Argentina y en el mundo guiada por una ambiciosa serie de objetivos ambientales que deberán ser alcanzados en el año 2050 con el fin de contribuir a la sustentabilidad global.
Frente a desafíos mundiales claves como el cambio climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos.
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