"Recomendaciones" para agroquímicos sin protección
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Presentaron recomendaciones para aplicar fitosanitarios, pero sin distancias
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Increíble: Ordenaza permite un barrio privado en una reserva
Permiten barrios privados en un área protegida de Berazategui y hay fuerte polémica
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay 900 hectáreas de la Costa de Berazategui que acaban de cambiar. Pero no se trata, por ahora, de un tema de paisaje o de alguna construcción monumental. Las transformaron “en papeles”, porque modificaron lo que se puede hacer en ellas. Pasaron de ser reserva natural a zona residencial, a partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos del oficialismo y aliados. En ellas ya comenzaron a construir un barrio cerrado, Lagoon Hudson, con lagunas artificiales, y dieron el permiso para hacer otros dos. Los vecinos podrían reclamar ante la Justicia.
La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de organizaciones locales, que temen tanto por la destrucción del ambiente como por el riesgo de inundaciones. Las hectáreas están en Hudson, en un rectángulo delimitado por la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Calle 63, el arroyo Baldovino y el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y que tradicionalmente marcó el comienzo del bosque húmedo de la ribera. Además incluye un triángulo de 18 hectáreas que está dentro de ese bosque, entre el Camino de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza es la N° 5594, aprobada el mes pasado. Es una continuación de otra de 2013, en la que también se trató la rezonificación de parte de la costa que era reserva. La nueva medida habilita la construcción de tres desarrollos inmobiliarios por etapas: una vez que completen el 70% de uno pueden empezar el segundo, y así sucesivamente. Hoy en esas tierras no hay prácticamente nada más que vegetación. Sólo construcciones a medio hacer en una porción del terreno, que es donde está Lagoon Hudson, sobre la Calle 63. Eso fue lo que se inició tras la ordenanza de 2013.
Ahora, la nueva aprobación del Concejo habilita que las 900 hectáreas corran el mismo destino: que comiencen a ser modificadas para que se conviertan en una zona residencial de barrios cerrados. “El principal problema es que esa zona de humedales es un valle de inundación. Contiene el agua de las crecidas del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arroyos al río. Si construyen ahí no solo van a afectar la biodiversidad, también puede generarse un riesgo de inundaciones”, explica Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
“Esta semana vamos a presentar un pedido de investigación en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que se determine cómo puede afectar la zona. Porque la Costa está dividida en tres zonas: verde, amarilla (donde solo se puede intervenir con determinados permisos) y roja (que debe preservarse totalmente), hay que ver qué va a pasar con esta protección, si se va a respetar o no. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a la Justicia”, afirma.
La ordenanza se aprobó con los votos del oficialismo y aliados, pero sin los de Cambiemos. El bloque tuvo dos ausentes y una abstención, y el resto se opuso. “Es una zona de mucho valor natural, como para que se utilice para un emprendimiento privado. Tenemos otros lugares donde se puede construir. No estamos de acuerdo con intervenir la costa así”, afirma la concejal Vanina Passalacqua, de Cambiemos, que votó en contra.
Por ahora, el único proyecto confirmado para ese predio es Lagoon Hudson, un barrio privado que ya se construye y que a partir de la aprobación podría ampliarse. Tendrá una laguna artificial. El proyecto pertenece al Grupo Monarca SA, que está haciendo uno similar en Pilar. Se espera que el mismo grupo sea el que inicie otro proyecto en el área.
Al lado del predio, en la Calle 63 y también en la franja costera, ya hay varios barrios cerrados similares, como Villalobos y Magallanes. La zona es muy buscada por inversores: está pegada al río y tiene acceso directo desde la Autopista Buenos Aires- La Plata. Apuestan a que ahí se puede formar un polo de countries similar a Nordelta y alrededores.
En el OPDS, el organismo bonaerense que tiene que determinar si las construcciones que puedan hacerse allí afectarán o no los humedales, explicaron que todavía deben hacer la evaluación de impacto ambiental. “Una vez que esté aprobado el cambio de uso de suelo (lo hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Infraestructura y luego la gobernadora María Eugenia Vidal debe emitir un decreto), el OPDS realizará la evaluación de impacto ambiental y se expedirá al respecto”, precisaron en el organismo. El Zonal se comunicó con el presidente del Concejo Deliberante y ex intendente Juan José Mussi, cuyo bloque aprobó la rezonificación del área de reserva, pero no quiso contestar sobre la ordenanza. En el Municipio tampoco dieron respuesta.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay 900 hectáreas de la Costa de Berazategui que acaban de cambiar. Pero no se trata, por ahora, de un tema de paisaje o de alguna construcción monumental. Las transformaron “en papeles”, porque modificaron lo que se puede hacer en ellas. Pasaron de ser reserva natural a zona residencial, a partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos del oficialismo y aliados. En ellas ya comenzaron a construir un barrio cerrado, Lagoon Hudson, con lagunas artificiales, y dieron el permiso para hacer otros dos. Los vecinos podrían reclamar ante la Justicia.
La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de organizaciones locales, que temen tanto por la destrucción del ambiente como por el riesgo de inundaciones. Las hectáreas están en Hudson, en un rectángulo delimitado por la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Calle 63, el arroyo Baldovino y el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y que tradicionalmente marcó el comienzo del bosque húmedo de la ribera. Además incluye un triángulo de 18 hectáreas que está dentro de ese bosque, entre el Camino de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza es la N° 5594, aprobada el mes pasado. Es una continuación de otra de 2013, en la que también se trató la rezonificación de parte de la costa que era reserva. La nueva medida habilita la construcción de tres desarrollos inmobiliarios por etapas: una vez que completen el 70% de uno pueden empezar el segundo, y así sucesivamente. Hoy en esas tierras no hay prácticamente nada más que vegetación. Sólo construcciones a medio hacer en una porción del terreno, que es donde está Lagoon Hudson, sobre la Calle 63. Eso fue lo que se inició tras la ordenanza de 2013.
Ahora, la nueva aprobación del Concejo habilita que las 900 hectáreas corran el mismo destino: que comiencen a ser modificadas para que se conviertan en una zona residencial de barrios cerrados. “El principal problema es que esa zona de humedales es un valle de inundación. Contiene el agua de las crecidas del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arroyos al río. Si construyen ahí no solo van a afectar la biodiversidad, también puede generarse un riesgo de inundaciones”, explica Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
“Esta semana vamos a presentar un pedido de investigación en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para que se determine cómo puede afectar la zona. Porque la Costa está dividida en tres zonas: verde, amarilla (donde solo se puede intervenir con determinados permisos) y roja (que debe preservarse totalmente), hay que ver qué va a pasar con esta protección, si se va a respetar o no. Si no tenemos respuesta, vamos a ir a la Justicia”, afirma.
La ordenanza se aprobó con los votos del oficialismo y aliados, pero sin los de Cambiemos. El bloque tuvo dos ausentes y una abstención, y el resto se opuso. “Es una zona de mucho valor natural, como para que se utilice para un emprendimiento privado. Tenemos otros lugares donde se puede construir. No estamos de acuerdo con intervenir la costa así”, afirma la concejal Vanina Passalacqua, de Cambiemos, que votó en contra.
Por ahora, el único proyecto confirmado para ese predio es Lagoon Hudson, un barrio privado que ya se construye y que a partir de la aprobación podría ampliarse. Tendrá una laguna artificial. El proyecto pertenece al Grupo Monarca SA, que está haciendo uno similar en Pilar. Se espera que el mismo grupo sea el que inicie otro proyecto en el área.
Al lado del predio, en la Calle 63 y también en la franja costera, ya hay varios barrios cerrados similares, como Villalobos y Magallanes. La zona es muy buscada por inversores: está pegada al río y tiene acceso directo desde la Autopista Buenos Aires- La Plata. Apuestan a que ahí se puede formar un polo de countries similar a Nordelta y alrededores.
En el OPDS, el organismo bonaerense que tiene que determinar si las construcciones que puedan hacerse allí afectarán o no los humedales, explicaron que todavía deben hacer la evaluación de impacto ambiental. “Una vez que esté aprobado el cambio de uso de suelo (lo hace la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Infraestructura y luego la gobernadora María Eugenia Vidal debe emitir un decreto), el OPDS realizará la evaluación de impacto ambiental y se expedirá al respecto”, precisaron en el organismo. El Zonal se comunicó con el presidente del Concejo Deliberante y ex intendente Juan José Mussi, cuyo bloque aprobó la rezonificación del área de reserva, pero no quiso contestar sobre la ordenanza. En el Municipio tampoco dieron respuesta.
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Chubut: la Meseta debatió sobre minería
La Meseta central debate sobre la zonificación minera
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
El sábado en dos turnos se realizó en Gan Gan y en Gastre una jornada informativa sobre la zonificación minera. Participaron vecinos, jefes comunales, especialistas en la actividad y representantes de Pan American Silver, titular del Proyecto Navidad ubicado en la Meseta.
En la jornada se expusieron aspectos de la realidad de la zona y características de la posible explotación, en particular del Proyecto Navidad.
El primero de los encuentros se realizó por la mañana en el SUM de Gan Gan y, el segundo, en las instalaciones de la Escuela Nº 30 de Gastre, en ambos casos con la presencia de vecinos de las mencionadas localidades y otros puntos de la región, como Blancuntre, Paso de Indios, Telsen, El Escorial y Lagunita Salada.
Además hubo jefes comunales, especialistas en temas mineros, el administrador del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios; Ramón Tello, supervisor de Compras de Pan American Silver, empresa auspiciante de la actividad y titular del Proyecto Navidad, la mayor reserva de plata del mundo sin explotar y ubicada entre ambas localidades; y el representante del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), Francisco Almenzar.
En los encuentros se abordaron cuestiones vinculadas a la política del proyecto hacia la comunidad, con proveedores locales y empleo local; el tratamiento del agua; el sistema de regalías y el fondo de desarrollo; y aspectos particulares sobre la zonificación minera que impulsan los jefes comunales de la Meseta y cuyo proyecto se encuentra con estado parlamentario en la Legislatura.
Entre los expositores estuvo el jefe comunal de Telsen, Leonardo Bowman, quien planteó ante los presentes: “Nuestra región tuvo en las últimas décadas una pérdida del 36% de la población. Y ese porcentaje seguramente se fue por falta de oportunidades”.
“Hay un promedio de edad que se ha elevado bastante en la población que queda, que en su mayoría son personas mayores. Esto quiere decir que la gente joven nuestra se va en busca de oportunidades. En el caso de los que tenemos la posibilidad de mandar a nuestros hijos a estudiar, lo hacemos; y otros lo hacen en busca de trabajo”, explicó.
Bowman añadió que actualmente “la mayoría se va a los centros urbanos más grandes que tiene Chubut como Trelew o Puerto Madryn. Y hace poco se difundió que estos lugares tienen una alta desocupación. Entonces nuestros jóvenes se están yendo donde hay menos oportunidades que en otras partes del país”.
En cuanto a la Meseta, dijo que “el sector productivo genuino que queda, por lo menos en mi Departamento, desde 2005 a la fecha se ha reducido un 70%, y eso teniendo en cuenta incluso que Telsen tiene bastantes bondades para la ganadería. Pero la ha afectado, entre otras cuestiones, la condición climática, con 7 a 10 años de sequía”.
Explicó que “el concepto de zonificación está vinculado al de sustentabilidad. Nosotros pretendemos que se dé. Que un proyecto minero en este caso sea sustentable significa que asegure las posibilidades de desarrollo para las generaciones futuras. Por eso pretendemos que la actividad se estire lo más posible en el tiempo”.
“Y, a su vez -continuó- no depender enteramente de la minería. No estamos buscando la minería para cerrar los campos, sino para que sea un motor y que se desarrollen otras cuestiones productivas, otras industrias de la mano de la minería”.
De manera complementaria planteó: “Además tenemos muchos problemas de servicios y, sin la minería, no tenemos muchas chances de contar con un interconectado eléctrico. Estamos buscando una posibilidad de desarrollo integral”.
Otro de los presentes que tomó la palabra fue Mario Ycasate, exjefe comunal de Lagunita Salada y actualmente enfermero en la comunidad. “De ahora en más es lo que tenemos que plantear al Gobierno de la Provincia a los señores del proyecto Navidad. Porque trabajo seguro que va a haber, tenemos que plantear esa necesidad, que son necesidades básicas”, indicó.
En tanto, Darío Urrutia, vecino de Gan Gan que trabajó en Manantial Espejo, la mina de plata y oro ubicada en Santa Cruz, expresó la necesidad de que este tipo de encuentros se repitan, con la presencia de otros actores, entre ellos gubernamentales. Y dijo que “para la zona, un proyecto como Navidad cambiaría la vida de la gente muchísimo”.
“A mí me cambió la vida ir a trabajar en minería porque pude capacitarme. Vengo del campo, no terminé la escuela primaria. Sin embargo hoy estoy operando un camión fuera de ruta, me capacité en perforación, sé perforar”, comentó.
“Sé lo que es la minería y la verdad es que en estos pueblos hay mucha gente, muchos jóvenes que podrían llegar a ser el día de mañana operadores profesionales de equipos”, indicó.
Acerca de las causas de quienes plantean oposición a la minería dijo: “La gente se opone por la falta de información básicamente. Al no haber en Chubut minería, la gente desconoce el tema. Y obviamente tiene miedo porque no sabe de qué se trata”.
“También hay gente que tiene intereses. Lamentablemente eso se ve y hay gente a la que la usan para esos intereses. Y es gente que no es de acá generalmente”, finalizó acerca de aquellos que tienen posturas antimineras.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
El sábado en dos turnos se realizó en Gan Gan y en Gastre una jornada informativa sobre la zonificación minera. Participaron vecinos, jefes comunales, especialistas en la actividad y representantes de Pan American Silver, titular del Proyecto Navidad ubicado en la Meseta.
En la jornada se expusieron aspectos de la realidad de la zona y características de la posible explotación, en particular del Proyecto Navidad.
El primero de los encuentros se realizó por la mañana en el SUM de Gan Gan y, el segundo, en las instalaciones de la Escuela Nº 30 de Gastre, en ambos casos con la presencia de vecinos de las mencionadas localidades y otros puntos de la región, como Blancuntre, Paso de Indios, Telsen, El Escorial y Lagunita Salada.
Además hubo jefes comunales, especialistas en temas mineros, el administrador del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios; Ramón Tello, supervisor de Compras de Pan American Silver, empresa auspiciante de la actividad y titular del Proyecto Navidad, la mayor reserva de plata del mundo sin explotar y ubicada entre ambas localidades; y el representante del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), Francisco Almenzar.
En los encuentros se abordaron cuestiones vinculadas a la política del proyecto hacia la comunidad, con proveedores locales y empleo local; el tratamiento del agua; el sistema de regalías y el fondo de desarrollo; y aspectos particulares sobre la zonificación minera que impulsan los jefes comunales de la Meseta y cuyo proyecto se encuentra con estado parlamentario en la Legislatura.
Entre los expositores estuvo el jefe comunal de Telsen, Leonardo Bowman, quien planteó ante los presentes: “Nuestra región tuvo en las últimas décadas una pérdida del 36% de la población. Y ese porcentaje seguramente se fue por falta de oportunidades”.
“Hay un promedio de edad que se ha elevado bastante en la población que queda, que en su mayoría son personas mayores. Esto quiere decir que la gente joven nuestra se va en busca de oportunidades. En el caso de los que tenemos la posibilidad de mandar a nuestros hijos a estudiar, lo hacemos; y otros lo hacen en busca de trabajo”, explicó.
Bowman añadió que actualmente “la mayoría se va a los centros urbanos más grandes que tiene Chubut como Trelew o Puerto Madryn. Y hace poco se difundió que estos lugares tienen una alta desocupación. Entonces nuestros jóvenes se están yendo donde hay menos oportunidades que en otras partes del país”.
En cuanto a la Meseta, dijo que “el sector productivo genuino que queda, por lo menos en mi Departamento, desde 2005 a la fecha se ha reducido un 70%, y eso teniendo en cuenta incluso que Telsen tiene bastantes bondades para la ganadería. Pero la ha afectado, entre otras cuestiones, la condición climática, con 7 a 10 años de sequía”.
Explicó que “el concepto de zonificación está vinculado al de sustentabilidad. Nosotros pretendemos que se dé. Que un proyecto minero en este caso sea sustentable significa que asegure las posibilidades de desarrollo para las generaciones futuras. Por eso pretendemos que la actividad se estire lo más posible en el tiempo”.
“Y, a su vez -continuó- no depender enteramente de la minería. No estamos buscando la minería para cerrar los campos, sino para que sea un motor y que se desarrollen otras cuestiones productivas, otras industrias de la mano de la minería”.
De manera complementaria planteó: “Además tenemos muchos problemas de servicios y, sin la minería, no tenemos muchas chances de contar con un interconectado eléctrico. Estamos buscando una posibilidad de desarrollo integral”.
Otro de los presentes que tomó la palabra fue Mario Ycasate, exjefe comunal de Lagunita Salada y actualmente enfermero en la comunidad. “De ahora en más es lo que tenemos que plantear al Gobierno de la Provincia a los señores del proyecto Navidad. Porque trabajo seguro que va a haber, tenemos que plantear esa necesidad, que son necesidades básicas”, indicó.
En tanto, Darío Urrutia, vecino de Gan Gan que trabajó en Manantial Espejo, la mina de plata y oro ubicada en Santa Cruz, expresó la necesidad de que este tipo de encuentros se repitan, con la presencia de otros actores, entre ellos gubernamentales. Y dijo que “para la zona, un proyecto como Navidad cambiaría la vida de la gente muchísimo”.
“A mí me cambió la vida ir a trabajar en minería porque pude capacitarme. Vengo del campo, no terminé la escuela primaria. Sin embargo hoy estoy operando un camión fuera de ruta, me capacité en perforación, sé perforar”, comentó.
“Sé lo que es la minería y la verdad es que en estos pueblos hay mucha gente, muchos jóvenes que podrían llegar a ser el día de mañana operadores profesionales de equipos”, indicó.
Acerca de las causas de quienes plantean oposición a la minería dijo: “La gente se opone por la falta de información básicamente. Al no haber en Chubut minería, la gente desconoce el tema. Y obviamente tiene miedo porque no sabe de qué se trata”.
“También hay gente que tiene intereses. Lamentablemente eso se ve y hay gente a la que la usan para esos intereses. Y es gente que no es de acá generalmente”, finalizó acerca de aquellos que tienen posturas antimineras.
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Caputo sigue sumando causas por desmontes ilegales
Otra denuncia contra Caputo, ahora por desmontes ilegales en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Una ordenanza anti fracking cae en la justicia
El fracking ganó la batalla judicial en Fernández Oro
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
La lucha de los ambientalistas contra el fracking sufrió un duro golpe. El Municipio de Fernández Oro perdió la batalla judicial por la ordenanza que prohibía ese método de extracción de hidrocarburos, lo que sienta un precedente para otras ciudades que se oponen a la actividad. En Cipolletti, el intendente Aníbal Tortoriello aseguró que no quiere ninguna forma de extracción, pero el fallo limitaría su poder de decisión en caso de que la Provincia concesione áreas de explotación de gas o petróleo.
El Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza aprobada por los concejales de Fernández Oro en la que declararon a la ciudad “libre de fracking”. Además, condenaron al Municipio a pagar casi $100 mil por los honorarios de los abogados de la petrolera que efectuó la demanda.
La ordenanza fue aprobada en el 2017 y pretendía prohibir la extracción de recursos energéticos en forma no convencional en el ejido de Oro, pero tras la demanda de la empresa YSUR -adquirida por la petrolera nacional YPF- la Justicia la declaró incompatible con la ley provincial. “El Superior Tribunal resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por YSUR Energía y declarar inconstitucional la ordenanza por resultar violatoria de los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y artículos 78, 79, 80, 84, 85, 225 y 229 de la Constitución Provincial”, indica en el fallo.
La Constitución estipula que los recursos son provinciales y no del municipio en el que se encuentran, por lo que la regulación sobre la actividad no puede ser fijada por una ciudad.
Además, la sentencia impuso el pago de los honorarios de los abogados estipulados en 90 JUS, alrededor de $100 mil.
Cipolletti
Los yacimientos de hidrocarburos en la ciudad están en zonas muy alejadas, tanto de la zona urbana como de las chacras, por lo que no hay conflictos. Tortoriello planteó su rechazo al avance de la actividad al responder al reclamo del Consorcio de Regantes.
El jefe comunal aseguró que la ciudad no tendrá actividad petrolera entre las chacras, pero el fallo que condenó a Fernández Oro rechaza que la autonomía de las ciudades permita prohibir la actividad.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
La lucha de los ambientalistas contra el fracking sufrió un duro golpe. El Municipio de Fernández Oro perdió la batalla judicial por la ordenanza que prohibía ese método de extracción de hidrocarburos, lo que sienta un precedente para otras ciudades que se oponen a la actividad. En Cipolletti, el intendente Aníbal Tortoriello aseguró que no quiere ninguna forma de extracción, pero el fallo limitaría su poder de decisión en caso de que la Provincia concesione áreas de explotación de gas o petróleo.
El Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza aprobada por los concejales de Fernández Oro en la que declararon a la ciudad “libre de fracking”. Además, condenaron al Municipio a pagar casi $100 mil por los honorarios de los abogados de la petrolera que efectuó la demanda.
La ordenanza fue aprobada en el 2017 y pretendía prohibir la extracción de recursos energéticos en forma no convencional en el ejido de Oro, pero tras la demanda de la empresa YSUR -adquirida por la petrolera nacional YPF- la Justicia la declaró incompatible con la ley provincial. “El Superior Tribunal resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por YSUR Energía y declarar inconstitucional la ordenanza por resultar violatoria de los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y artículos 78, 79, 80, 84, 85, 225 y 229 de la Constitución Provincial”, indica en el fallo.
La Constitución estipula que los recursos son provinciales y no del municipio en el que se encuentran, por lo que la regulación sobre la actividad no puede ser fijada por una ciudad.
Además, la sentencia impuso el pago de los honorarios de los abogados estipulados en 90 JUS, alrededor de $100 mil.
Cipolletti
Los yacimientos de hidrocarburos en la ciudad están en zonas muy alejadas, tanto de la zona urbana como de las chacras, por lo que no hay conflictos. Tortoriello planteó su rechazo al avance de la actividad al responder al reclamo del Consorcio de Regantes.
El jefe comunal aseguró que la ciudad no tendrá actividad petrolera entre las chacras, pero el fallo que condenó a Fernández Oro rechaza que la autonomía de las ciudades permita prohibir la actividad.
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Jujuy se prepara para la temporada de incendios
Incendios forestales: Comenzó la temporada de prevención y combate
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El cuerpo provincial de combate de incendios forestales, uno de los más capacitados a nivel país, se encuentra dispuesto para el abordaje de los incendios en las áreas boscosas durante el presente año.
Inició la temporada alta de incendios forestales en la provincia, motivo por el cual el equipo de la Brigada del Fuego que depende del Ministerio de Ambiente, se encuentra listo, equipado, y alerta. Y solicitan además a la comunidad, asumir las medidas de precaución y seguridad; y colaborar en la prevención a fin de evitar la ocurrencia y propagación de incendios, alertando a las autoridades correspondientes en el caso de detectar su existencia.
El cuerpo provincial de combate de incendios forestales, uno de los más capacitados a nivel país, se encuentra dispuesto para el abordaje de los incendios en las áreas boscosas durante el presente año. Equipado con herramientas de seguridad, manuales -también denominadas de Zapa- y mecanizadas, se apresta a la extinción de los incendios forestales en Jujuy y, en caso de ser necesario, en otros territorios nacionales.
Poseen también una planta automotriz importante constituida por 4 cuatriciclos, 2 camionetas Ranger 4 x4; equipadas con ataque rápido 1000 lts.; 2 Ranger base 4x 2; camiones autobomba 1500 lts., 4500 lts., y 7000 lts.; 1 camión cisterna 20000 lts.; y 1 camión de transporte.
Con tres bases de Incendios Forestales, una con asiento en Forestal Ruta Prov. Nº 56, a la altura de El Brete (Central), otra en la Localidad de Yuto, y la última en el Acceso Sur de San Pedro, la Brigada de Incendios Forestales de Jujuy cuenta con un plantel de 32 brigadistas, hombres y mujeres altamente calificados para la lucha contra los incendios de áreas boscosas.
Ocurrencia de incendios forestales
Según informaron desde la Brigada de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, la tendencia que muestra la curva de BUI (Disponibilidad de los Combustibles) es similar a la del año pasado. No obstante, en lo que va del año la precipitación acumulada fue mayor, y se traduce en una mayor carga (cantidad de combustible). Por esa razón se estima que la cantidad de incendios podría ser similar a la del 2017, pero con una superficie afectada mayor siempre y cuando no se tomen los recaudos necesarios.
Desde éste punto de vista, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego tiene como finalidad velar por la seguridad y la vida del combatiente y de la población, proteger los bienes y la diversidad biológica, haciendo cumplir la legislación vigente, y previniendo y combatiendo los incendios forestales de todo el territorio, minimizando los daños que los mismos ocasionan en la sociedad y en los ecosistemas.
En igual sentido, la Brigada de Incendios Forestales desarrolla actividades no sólo en temporada alta de incendios, que va del 1 de julio al 31 de diciembre, sino durante todo el año. Desarrollan campañas de prevención en pos de evitar y reducir la ocurrencia de incendios forestales y de campo; trabajan para lograr la más efectiva protección de nuestra riqueza forestal, en función de los recursos de que se dispone; se esfuerzan por optimizar el combate de los incendios, asegurando la seguridad del combatiente y disminuyendo los efectos destructivos, resguardando siempre el patrimonio público y privado; y coordinan con otras instituciones (oficiales y privadas) acciones tendientes a remediar ambientalmente las áreas afectadas, entre otras.
Permisos de quema
Desde la Brigada explicaron que es muy importante que la sociedad en general sepa que para realizar cualquier tipo de quema que involucre combustible forestal (todo material vegetal, vivo o muerto), debe solicitarse previamente autorización en la Base de la Brigada de Fuego, ubicada en Ruta Prov. N°56 Km 11 (El Brete, Palpalá), mediante un Plan o Permiso de quema, según lo estipula Ley Nacional N° 26.562.
Y, finalmente, explicaron que se encuentran prohibidas cualquier tipo de quemas sin la correspondiente autorización del organismo competente a tal efecto, que es el Ministerio de Ambiente, siendo plausible de las sanciones y/o multas que correspondiere.
Recomendaciones para prevenir los incendios forestales
No arroje colillas de cigarrillo encendidas, evitando de esta manera una posible propagación de fuego en las inmediaciones del lugar.
Si se vive en contacto con la naturaleza, debe mantener los alrededores de la casa libre de vegetación, para evitar comprometer la vivienda en un posible incendio forestal.
Evite la quema de pastizales sin el control correspondiente. Para realizar una quema controlada, debe solicitar con antelación la autorización correspondiente a la Brigada Provincial de Incendios Forestales (4314495/ servmanejodelfuego@ambientejujuy.com.ar).
Está prohibido quemar basura, restos de poda u hojas secas, etc., más aun si existe la presencia de “Viento Norte” intenso. El mismo hará que el fuego se torne incontrolable.
Si sale de paseo y prende un fuego o fogón, retire el material vegetal del suelo y trate de rodearlo con piedras. Esto se lo puede realizar sólo en lugares habilitados para ese fin. Al finalizar, debe apagarlo completamente.
Mantenga su forestación limpia y con los callejones corta fuegos correspondientes.
Evite arrojar residuos de vidrio y/o plástico en cualquier lugar.
En el caso de encontrarse en una situación de incendio, se puede alertar a través del 911 (Emergencias), 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil), las 24 h del día.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El cuerpo provincial de combate de incendios forestales, uno de los más capacitados a nivel país, se encuentra dispuesto para el abordaje de los incendios en las áreas boscosas durante el presente año.
Inició la temporada alta de incendios forestales en la provincia, motivo por el cual el equipo de la Brigada del Fuego que depende del Ministerio de Ambiente, se encuentra listo, equipado, y alerta. Y solicitan además a la comunidad, asumir las medidas de precaución y seguridad; y colaborar en la prevención a fin de evitar la ocurrencia y propagación de incendios, alertando a las autoridades correspondientes en el caso de detectar su existencia.
El cuerpo provincial de combate de incendios forestales, uno de los más capacitados a nivel país, se encuentra dispuesto para el abordaje de los incendios en las áreas boscosas durante el presente año. Equipado con herramientas de seguridad, manuales -también denominadas de Zapa- y mecanizadas, se apresta a la extinción de los incendios forestales en Jujuy y, en caso de ser necesario, en otros territorios nacionales.
Poseen también una planta automotriz importante constituida por 4 cuatriciclos, 2 camionetas Ranger 4 x4; equipadas con ataque rápido 1000 lts.; 2 Ranger base 4x 2; camiones autobomba 1500 lts., 4500 lts., y 7000 lts.; 1 camión cisterna 20000 lts.; y 1 camión de transporte.
Con tres bases de Incendios Forestales, una con asiento en Forestal Ruta Prov. Nº 56, a la altura de El Brete (Central), otra en la Localidad de Yuto, y la última en el Acceso Sur de San Pedro, la Brigada de Incendios Forestales de Jujuy cuenta con un plantel de 32 brigadistas, hombres y mujeres altamente calificados para la lucha contra los incendios de áreas boscosas.
Ocurrencia de incendios forestales
Según informaron desde la Brigada de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, la tendencia que muestra la curva de BUI (Disponibilidad de los Combustibles) es similar a la del año pasado. No obstante, en lo que va del año la precipitación acumulada fue mayor, y se traduce en una mayor carga (cantidad de combustible). Por esa razón se estima que la cantidad de incendios podría ser similar a la del 2017, pero con una superficie afectada mayor siempre y cuando no se tomen los recaudos necesarios.
Desde éste punto de vista, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego tiene como finalidad velar por la seguridad y la vida del combatiente y de la población, proteger los bienes y la diversidad biológica, haciendo cumplir la legislación vigente, y previniendo y combatiendo los incendios forestales de todo el territorio, minimizando los daños que los mismos ocasionan en la sociedad y en los ecosistemas.
En igual sentido, la Brigada de Incendios Forestales desarrolla actividades no sólo en temporada alta de incendios, que va del 1 de julio al 31 de diciembre, sino durante todo el año. Desarrollan campañas de prevención en pos de evitar y reducir la ocurrencia de incendios forestales y de campo; trabajan para lograr la más efectiva protección de nuestra riqueza forestal, en función de los recursos de que se dispone; se esfuerzan por optimizar el combate de los incendios, asegurando la seguridad del combatiente y disminuyendo los efectos destructivos, resguardando siempre el patrimonio público y privado; y coordinan con otras instituciones (oficiales y privadas) acciones tendientes a remediar ambientalmente las áreas afectadas, entre otras.
Permisos de quema
Desde la Brigada explicaron que es muy importante que la sociedad en general sepa que para realizar cualquier tipo de quema que involucre combustible forestal (todo material vegetal, vivo o muerto), debe solicitarse previamente autorización en la Base de la Brigada de Fuego, ubicada en Ruta Prov. N°56 Km 11 (El Brete, Palpalá), mediante un Plan o Permiso de quema, según lo estipula Ley Nacional N° 26.562.
Y, finalmente, explicaron que se encuentran prohibidas cualquier tipo de quemas sin la correspondiente autorización del organismo competente a tal efecto, que es el Ministerio de Ambiente, siendo plausible de las sanciones y/o multas que correspondiere.
Recomendaciones para prevenir los incendios forestales
No arroje colillas de cigarrillo encendidas, evitando de esta manera una posible propagación de fuego en las inmediaciones del lugar.
Si se vive en contacto con la naturaleza, debe mantener los alrededores de la casa libre de vegetación, para evitar comprometer la vivienda en un posible incendio forestal.
Evite la quema de pastizales sin el control correspondiente. Para realizar una quema controlada, debe solicitar con antelación la autorización correspondiente a la Brigada Provincial de Incendios Forestales (4314495/ servmanejodelfuego@ambientejujuy.com.ar).
Está prohibido quemar basura, restos de poda u hojas secas, etc., más aun si existe la presencia de “Viento Norte” intenso. El mismo hará que el fuego se torne incontrolable.
Si sale de paseo y prende un fuego o fogón, retire el material vegetal del suelo y trate de rodearlo con piedras. Esto se lo puede realizar sólo en lugares habilitados para ese fin. Al finalizar, debe apagarlo completamente.
Mantenga su forestación limpia y con los callejones corta fuegos correspondientes.
Evite arrojar residuos de vidrio y/o plástico en cualquier lugar.
En el caso de encontrarse en una situación de incendio, se puede alertar a través del 911 (Emergencias), 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil), las 24 h del día.
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Córdoba: 100 mil ha de bosque menos en 10 años
Por el fuego, Córdoba perdió 100 mil hectáreas de bosque nativo en 10 años
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Más de mil aves secuestradas en un allanamiento
Victoria: secuestran más de mil aves autóctonas en un allanamiento
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Más de mil ejemplares de especies autóctonas fueron halladas ayer en cautiverio, en un allanamiento efectuado por personal de la Dirección de Delitos Rurales de la provincia en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de Victoria. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del juez José A. Calleja, ya que en el domicilio requisado reside un hombre que estaría infringiendo disposiciones de la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. En el lugar, se hallaban aproximadamente 1.300 aves de diferentes especies autóctonas y exóticas que estaban alojadas en jaulas de metal y en extensos jaulones de siete metros por tres metros recubiertos con malla. Las aves secuestradas fueron trasladadas hoy a Paraná a una reserva natural, donde luego de una “cuarentena” bajo control veterinario y personas especializadas, serán liberadas en la zona del parque San Martín. El allanamiento para secuestrar más de 1.300 ejemplares de aves de especies autóctona y exóticas realizado en Victoria, fue ordenado por la Justicia y se cumplió en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de esa localidad.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor José A. Calleja y las aves encontradas, entre ellas cardenales, zorzales, corbatitas, reina mora, jilgueros, celestinos, juan chiviro y otras, fueron depositadas en la oficina de Flora y Fauna de Paraná, para ser clasificadas en principio y finalmente trasladadas al Parque General San Martín -La Picada-, adonde estarán monitoreadas por el biólogo Alfredo Berduc y quedarán en cuarentena hasta su aclimatación final y su posterior liberación bajo el cielo de ese establecimiento, consignó Paralelo 32.
En este caso intervino personal de la Dirección de Delitos Rurales de la Policía se Entre Ríos y de la Dirección General de Fiscalización de Paraná a cargo del inspector Cristián Ciarroca.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Más de mil ejemplares de especies autóctonas fueron halladas ayer en cautiverio, en un allanamiento efectuado por personal de la Dirección de Delitos Rurales de la provincia en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de Victoria. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del juez José A. Calleja, ya que en el domicilio requisado reside un hombre que estaría infringiendo disposiciones de la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. En el lugar, se hallaban aproximadamente 1.300 aves de diferentes especies autóctonas y exóticas que estaban alojadas en jaulas de metal y en extensos jaulones de siete metros por tres metros recubiertos con malla. Las aves secuestradas fueron trasladadas hoy a Paraná a una reserva natural, donde luego de una “cuarentena” bajo control veterinario y personas especializadas, serán liberadas en la zona del parque San Martín. El allanamiento para secuestrar más de 1.300 ejemplares de aves de especies autóctona y exóticas realizado en Victoria, fue ordenado por la Justicia y se cumplió en un domicilio del barrio Quinto Cuartel de esa localidad.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor José A. Calleja y las aves encontradas, entre ellas cardenales, zorzales, corbatitas, reina mora, jilgueros, celestinos, juan chiviro y otras, fueron depositadas en la oficina de Flora y Fauna de Paraná, para ser clasificadas en principio y finalmente trasladadas al Parque General San Martín -La Picada-, adonde estarán monitoreadas por el biólogo Alfredo Berduc y quedarán en cuarentena hasta su aclimatación final y su posterior liberación bajo el cielo de ese establecimiento, consignó Paralelo 32.
En este caso intervino personal de la Dirección de Delitos Rurales de la Policía se Entre Ríos y de la Dirección General de Fiscalización de Paraná a cargo del inspector Cristián Ciarroca.
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Argentina genera 9 kilos de RAEE por persona
Cada habitante genera 9 kilos de basura electrónica
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Argentina es el cuarto país de la región que más cantidad de residuos produce por persona y el tercero en general en América Latina. El que mayor volumen de basura desperdicia es Brasil, seguido por México
Smartphones viejos, notebooks, televisores rotos, computadoras, tablets en desuso son algunos de los dispositivos que los argentinos tiran cada año hasta llegar a un promedio de casi nueve kilos de desechos electrónicos por persona.
Así lo reveló un nuevo estudio realizado por la GSMA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó la cantidad promedio de desechos electrónicos personales, la “e-basura”, en los países de América Latina y el mundo.
Argentina es el cuarto país de la región que más residuos genera por habitante (8,7 kg); precedido por Uruguay (11,1 kg), Costa Rica (9,9 kg) y Chile, (9,1 kg).
Los desechos electrónicos generados globalmente alcanzaron 46.000 kilotoneladas (kt) en 2017, con América Latina representando nueve por ciento del total global, es decir 4.400 kt.
El podio de los desechos electrónicos en América latina tiene a Brasil al tope, con más de 1.500 kt, seguido por México, por encima de 1.000 kt. Argentina, por su parte, está tercera, con casi 500 kt registradas en 2017, de acuerdo con el reporte basado en datos de la Universidad Naciones Unidas y elaborado por GSMA Latinoamérica junto al Banco Interamericano de Desarrollo.
Comparado con el informe de 2016, este panorama no difiere a los registros del anterior período, que cuenta con cifras similares.
Inferior
El promedio de e-basura de América Latina es de 6 kilogramos, un número claramente inferior al de otras regiones como Asia, con más de 19 mil kt, y Europa con 12,4 mil kt.
“La industria de las TIC regional está tomando medidas para garantizar una producción sostenible de dispositivos e infraestructura de red y evitar impactos negativos en el medio ambiente relacionados con los desechos de productos electrónicos”, destacó el informe.
“No obstante, los gobiernos de la región deberían desarrollar mejores incentivos para reciclar y reutilizar los equipos eléctricos y electrónicos. Para continuar avanzando hacia una economía circular, es necesario que los países de América Latina implementen políticas adicionales en el sector de las TIC, como es el caso del enfoque de responsabilidad extendida del productor (REP)”, agregó.
Por rubro
Otro de los datos curiosos está vinculado con los smartphones: más allá del boom de los teléfonos en la mayoría de los países de la región, este rubro representa sólo uno por ciento de los dispositivos que se desechan, es decir, 46 kilotoneladas de e-basura.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Argentina es el cuarto país de la región que más cantidad de residuos produce por persona y el tercero en general en América Latina. El que mayor volumen de basura desperdicia es Brasil, seguido por México
Smartphones viejos, notebooks, televisores rotos, computadoras, tablets en desuso son algunos de los dispositivos que los argentinos tiran cada año hasta llegar a un promedio de casi nueve kilos de desechos electrónicos por persona.
Así lo reveló un nuevo estudio realizado por la GSMA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó la cantidad promedio de desechos electrónicos personales, la “e-basura”, en los países de América Latina y el mundo.
Argentina es el cuarto país de la región que más residuos genera por habitante (8,7 kg); precedido por Uruguay (11,1 kg), Costa Rica (9,9 kg) y Chile, (9,1 kg).
Los desechos electrónicos generados globalmente alcanzaron 46.000 kilotoneladas (kt) en 2017, con América Latina representando nueve por ciento del total global, es decir 4.400 kt.
El podio de los desechos electrónicos en América latina tiene a Brasil al tope, con más de 1.500 kt, seguido por México, por encima de 1.000 kt. Argentina, por su parte, está tercera, con casi 500 kt registradas en 2017, de acuerdo con el reporte basado en datos de la Universidad Naciones Unidas y elaborado por GSMA Latinoamérica junto al Banco Interamericano de Desarrollo.
Comparado con el informe de 2016, este panorama no difiere a los registros del anterior período, que cuenta con cifras similares.
Inferior
El promedio de e-basura de América Latina es de 6 kilogramos, un número claramente inferior al de otras regiones como Asia, con más de 19 mil kt, y Europa con 12,4 mil kt.
“La industria de las TIC regional está tomando medidas para garantizar una producción sostenible de dispositivos e infraestructura de red y evitar impactos negativos en el medio ambiente relacionados con los desechos de productos electrónicos”, destacó el informe.
“No obstante, los gobiernos de la región deberían desarrollar mejores incentivos para reciclar y reutilizar los equipos eléctricos y electrónicos. Para continuar avanzando hacia una economía circular, es necesario que los países de América Latina implementen políticas adicionales en el sector de las TIC, como es el caso del enfoque de responsabilidad extendida del productor (REP)”, agregó.
Por rubro
Otro de los datos curiosos está vinculado con los smartphones: más allá del boom de los teléfonos en la mayoría de los países de la región, este rubro representa sólo uno por ciento de los dispositivos que se desechan, es decir, 46 kilotoneladas de e-basura.
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Riachuelo: una década perdida
Diez años de un fallo histórico que quedó sumergido en la nada
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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Jáchal: ordenan análisis a la población por la Barrick
Ordenan análisis de sangre y orina a la población de Jáchal por la mina de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: San Juan
El juez federal Sebastián Casanello tomó la medida para determinar si los habitantes de esa zona de San Juan tienen restos de contaminación en sus organismo producto de la actividad minera. También estudiarán la red de agua potable y especies de flora y fauna.
En el marco de la causa que investiga a ex funcionarios nacionales por la violación de la Ley de Glaciares, el juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes un estudio de orina y sangre sobre pobladores de las localidades sanjuaninas de Iglesia y Jáchal, cercanas al yacimiento Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold a fin de determinar si tienen restos de contaminación en sus organismos producto de la actividad minera. También se analizará la red de agua potable y a especies vegetales y animales de la zona.
"Deberá consignarse cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren" y "para ello, deberán extraerse muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso, dónde y los diagnósticos realizados", dispuso el juez.
Casanello ordenó además un estudio sobre el agua de red y de los pozos utilizados por los pobladores en distintas localidades de la zona para detectar si hay presencia de mercurio, aluminio, manganeso y "demás metales pesados que podrían relacionarse con la actividad minera; así como también detectar, si es posible, la presencia de hipoclorito de sodio".
También analizar tomando diferentes muestras de especies vegetales y animales de esas mismas comunidades para detectar la presencia de metales cuyos niveles "podrían comprometer la vida animal y vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies".
El estudio será realizado por la Universidad de Cuyo y la Policía Federal con el control de la querella que asumió la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca". La misma institución educativa ya determinó en un análisis de las aguas de la cuenca del río Jáchal niveles de contaminación que superaban ampliamente los parámetros permitidos así como también los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le sucedieron otros dos.
En la causa están procesados los ex secretarios de Ambiente Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi por violación a la ley de Glaciares a raíz de la contaminación producto de la actividad de la multinacional con sede en Toronto.
La medida –justificó el juez- "deviene necesaria ya que las sospechas aquí generadas deben ser despejadas, principalmente, para garantizar el derecho a la salud de las presuntas víctimas y la protección del medio ambiente".
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Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: San Juan
El juez federal Sebastián Casanello tomó la medida para determinar si los habitantes de esa zona de San Juan tienen restos de contaminación en sus organismo producto de la actividad minera. También estudiarán la red de agua potable y especies de flora y fauna.
En el marco de la causa que investiga a ex funcionarios nacionales por la violación de la Ley de Glaciares, el juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes un estudio de orina y sangre sobre pobladores de las localidades sanjuaninas de Iglesia y Jáchal, cercanas al yacimiento Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold a fin de determinar si tienen restos de contaminación en sus organismos producto de la actividad minera. También se analizará la red de agua potable y a especies vegetales y animales de la zona.
"Deberá consignarse cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren" y "para ello, deberán extraerse muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso, dónde y los diagnósticos realizados", dispuso el juez.
Casanello ordenó además un estudio sobre el agua de red y de los pozos utilizados por los pobladores en distintas localidades de la zona para detectar si hay presencia de mercurio, aluminio, manganeso y "demás metales pesados que podrían relacionarse con la actividad minera; así como también detectar, si es posible, la presencia de hipoclorito de sodio".
También analizar tomando diferentes muestras de especies vegetales y animales de esas mismas comunidades para detectar la presencia de metales cuyos niveles "podrían comprometer la vida animal y vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies".
El estudio será realizado por la Universidad de Cuyo y la Policía Federal con el control de la querella que asumió la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca". La misma institución educativa ya determinó en un análisis de las aguas de la cuenca del río Jáchal niveles de contaminación que superaban ampliamente los parámetros permitidos así como también los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le sucedieron otros dos.
En la causa están procesados los ex secretarios de Ambiente Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi por violación a la ley de Glaciares a raíz de la contaminación producto de la actividad de la multinacional con sede en Toronto.
La medida –justificó el juez- "deviene necesaria ya que las sospechas aquí generadas deben ser despejadas, principalmente, para garantizar el derecho a la salud de las presuntas víctimas y la protección del medio ambiente".
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Barrick Gold,
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legislación y derecho ambiental,
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San Juan
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Argentina y los vaivenes de las energías
Argentina todavía no se convence de apostar por energías limpias
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
A mitad de camino entre el sueño de ser una potencia mundial de los hidrocarburos no convencionales de esquisto y las promesas todavía incumplidas de desarrollar las fuentes renovables, Argentina parece marchar sin un rumbo claro en materia energética.
Este país sudamericano está aprovechando la presidencia del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes, que ocupa este año, para presentarse en el escenario internacional como un impulsor de sistemas de energía limpias a nivel internacional, pero las políticas internas no van en la misma dirección, o al menos no de manera consistente.
“Es cierto que Argentina está en un proceso que busca diversificar su matriz energética, pero no lo hace para encarar una transición hacia una generación libre de emisiones, sino para asegurar la estabilidad del sistema”, consideró Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Todavía le da muchísimo dinero en subsidio a las empresas petroleras y sigue parado en un paradigma que muchos países del mundo están abandonando, cuando sólo con el potencial de sus vientos en el sur del país podría generar energía para abastecer a toda Sudamérica”, agregó en diálogo con IPS.
El gobierno de Mauricio Macri presenta como un triunfo cada inversión que se anuncia en Vaca Muerta, las formación geológica que se extiende por cuatro provincias del sudoeste del país, que colocan a Argentina como el segundo y cuarto país en el mundo con mayores reservas de gas y petróleo de esquisto, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
El último gran impacto en ese sentido la dio la compañía petrolero estadounidense Exxon Mobil en octubre último, cuando anunció el desembolso de 200 millones de dólares para ampliar su producción en Vaca Muerta. De todas maneras, las noticias de esa índole son mucho menos comunes de lo que el gobierno quisiera.
Al mismo tiempo, como anfitrión este año del G20, Argentina recibió en junio a los ministros de Energía de las mayores economías del planeta y fue el principal impulsor de un comunicado conjunto que puso en primer plano “la necesidad de transformar nuestros sistemas energéticos en congruencia con el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas no quedaron del todo conformes, porque el texto no recomienda a aquellos países que decidan seguir utilizando combustibles fósiles que avancen en su eliminación, sino que exploren tecnologías que permitan reducir las emisiones y mitigar el impacto ambiental.
“Es entendible que Argentina, como economía emergente, defienda su derecho a alcanzar el desarrollo a partir de los recursos con los que cuenta, como en otra época lo hicieron Canadá o Estados Unidos”, dijo Ramiro Fernández, especialista en energía y cambio climático de la Fundación Avina.
“Sin embargo, en el mundo de hoy, apostar a Vaca Muerta solo es aceptable si se consigue que la extracción de los hidrocarburos no dependan de subsidios oficiales y si se entiende que el gas natural no es una energía limpia, sino apenas una herramienta de transición, gracias a que genera menos emisiones que otros combustibles fósiles”, agregó a IPS.
El tema de los subsidios a energías contaminantes es particularmente delicado en Argentina ya que, aunque están bajando, siguen siendo multimillonarios.
Un trabajo presentado en junio por la FARN indicó que en 2017 el Estado destinó 9.487 millones de dólares a la producción de combustibles fósiles y en 2018, de acuerdo al presupuesto, 6.901 millones. Se trata 1,74 y 1,26 por ciento del producto interno bruto (PIB), respectivamente.
La contrapartida de esa reducción son exorbitantes aumentos en las tarifas de electricidad y gas que pagan los usuarios, que en los últimos dos años han superado 500 por ciento y que han generado descontento social con el gobierno.
El gobierno argentino quiso dar una señal de que apuesta a las energías limpias en ocasión de la reunión de ministros de Energía del G20, cuando firmó con Canadá un convenio para que expertos revisen los subsidios de ambos países a los combustibles fósiles.
De todas maneras, mientras Canadá asumió el compromiso de eliminarlos en 2025, el Ministerio de Energía argentino eligió una terminología más ambigua y prometió hacerlo “en el mediano plazo”.
El petróleo y el gas natural son los grandes reyes del tablero argentino ya que en conjunto son responsables de 84 por ciento de la matriz energética primaria y también son el combustible que alimenta a las centrales térmicas que producen 64 por ciento de la oferta eléctrica.
A pesar de ello, la producción de hidrocarburos no deja de caer en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales, en 2017 se produjo un seis por ciento menos de petróleo que en 2016 y, en los dos primeros meses de este año, se gastaron 114 millones de dólares en su importación.
El economista especializado en energía Gerardo Rabinovich consideró a IPS que “las enormes dificultades para diseñar una política energética de largo plazo tienen que ver con la inestabilidad económica y financiera del país”.
“Lo deseable sería que se pongan en marcha en serio las energías renovables y que al mismo tiempo se generen las condiciones para que lleguen masivamente inversiones a Vaca Muerta, ya que el gas natural puede ser una excelente fuente durante el tiempo de transición”, dijo Rabinovich, vicepresidente del Instituto de Energía Enrique Mosconi, un centro de investigación con sede en Buenos Aires.
Pero este experto se mostró escéptico: “En dos años, Uruguay puso en funcionamiento 1.500 megavatios de energías renovables. Argentina, en el mismo lapso, no consiguió poner ni 200”.
Efectivamente, desde 2016 se puso en marcha el primer plan oficial para impulsar las energías renovables.
En el contexto de esa iniciativa, de acuerdo a los últimos datos oficiales, en los últimos dos años el estado adjudicó 147 proyectos (la mayor parte, eólicos y solares) en 21 de las 23 provincias del país por un total de 4.455 megavatios (MW).
Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que hoy el sistema eléctrico nacional tiene una capacidad instalada de unos 30.000 MW.
Sin embargo, al día de hoy, las energías renovables siguen teniendo un peso insignificante.
“Si bien es destacable el éxito que tuvieron las licitaciones, especialmente en solar y eólica, el país necesita que el consenso sobre las renovables sea real”, dijo Diego Luzuriaga, director de la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Luzuriaga agregó a IPS que “en algún momento se tendrán que terminar los subsidios a los combustibles fósiles, para poner el foco en incentivos tendientes a operar una verdadera infraestructura de renovables, ya que hoy se piensa solo en generación y no, por ejemplo, en redes inteligentes de distribución”.
Justamente el ITBA, junto a la Fundación Avina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, participa desde junio en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, bajo el título “Hacia una visión compartida de la transición energética Argentina al 2050”.
Se trata de un plazo que en Argentina parece ciencia ficción.
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Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
A mitad de camino entre el sueño de ser una potencia mundial de los hidrocarburos no convencionales de esquisto y las promesas todavía incumplidas de desarrollar las fuentes renovables, Argentina parece marchar sin un rumbo claro en materia energética.
Este país sudamericano está aprovechando la presidencia del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes, que ocupa este año, para presentarse en el escenario internacional como un impulsor de sistemas de energía limpias a nivel internacional, pero las políticas internas no van en la misma dirección, o al menos no de manera consistente.
“Es cierto que Argentina está en un proceso que busca diversificar su matriz energética, pero no lo hace para encarar una transición hacia una generación libre de emisiones, sino para asegurar la estabilidad del sistema”, consideró Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Todavía le da muchísimo dinero en subsidio a las empresas petroleras y sigue parado en un paradigma que muchos países del mundo están abandonando, cuando sólo con el potencial de sus vientos en el sur del país podría generar energía para abastecer a toda Sudamérica”, agregó en diálogo con IPS.
El gobierno de Mauricio Macri presenta como un triunfo cada inversión que se anuncia en Vaca Muerta, las formación geológica que se extiende por cuatro provincias del sudoeste del país, que colocan a Argentina como el segundo y cuarto país en el mundo con mayores reservas de gas y petróleo de esquisto, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
El último gran impacto en ese sentido la dio la compañía petrolero estadounidense Exxon Mobil en octubre último, cuando anunció el desembolso de 200 millones de dólares para ampliar su producción en Vaca Muerta. De todas maneras, las noticias de esa índole son mucho menos comunes de lo que el gobierno quisiera.
Al mismo tiempo, como anfitrión este año del G20, Argentina recibió en junio a los ministros de Energía de las mayores economías del planeta y fue el principal impulsor de un comunicado conjunto que puso en primer plano “la necesidad de transformar nuestros sistemas energéticos en congruencia con el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas no quedaron del todo conformes, porque el texto no recomienda a aquellos países que decidan seguir utilizando combustibles fósiles que avancen en su eliminación, sino que exploren tecnologías que permitan reducir las emisiones y mitigar el impacto ambiental.
“Es entendible que Argentina, como economía emergente, defienda su derecho a alcanzar el desarrollo a partir de los recursos con los que cuenta, como en otra época lo hicieron Canadá o Estados Unidos”, dijo Ramiro Fernández, especialista en energía y cambio climático de la Fundación Avina.
“Sin embargo, en el mundo de hoy, apostar a Vaca Muerta solo es aceptable si se consigue que la extracción de los hidrocarburos no dependan de subsidios oficiales y si se entiende que el gas natural no es una energía limpia, sino apenas una herramienta de transición, gracias a que genera menos emisiones que otros combustibles fósiles”, agregó a IPS.
El tema de los subsidios a energías contaminantes es particularmente delicado en Argentina ya que, aunque están bajando, siguen siendo multimillonarios.
Un trabajo presentado en junio por la FARN indicó que en 2017 el Estado destinó 9.487 millones de dólares a la producción de combustibles fósiles y en 2018, de acuerdo al presupuesto, 6.901 millones. Se trata 1,74 y 1,26 por ciento del producto interno bruto (PIB), respectivamente.
La contrapartida de esa reducción son exorbitantes aumentos en las tarifas de electricidad y gas que pagan los usuarios, que en los últimos dos años han superado 500 por ciento y que han generado descontento social con el gobierno.
El gobierno argentino quiso dar una señal de que apuesta a las energías limpias en ocasión de la reunión de ministros de Energía del G20, cuando firmó con Canadá un convenio para que expertos revisen los subsidios de ambos países a los combustibles fósiles.
De todas maneras, mientras Canadá asumió el compromiso de eliminarlos en 2025, el Ministerio de Energía argentino eligió una terminología más ambigua y prometió hacerlo “en el mediano plazo”.
El petróleo y el gas natural son los grandes reyes del tablero argentino ya que en conjunto son responsables de 84 por ciento de la matriz energética primaria y también son el combustible que alimenta a las centrales térmicas que producen 64 por ciento de la oferta eléctrica.
A pesar de ello, la producción de hidrocarburos no deja de caer en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales, en 2017 se produjo un seis por ciento menos de petróleo que en 2016 y, en los dos primeros meses de este año, se gastaron 114 millones de dólares en su importación.
El economista especializado en energía Gerardo Rabinovich consideró a IPS que “las enormes dificultades para diseñar una política energética de largo plazo tienen que ver con la inestabilidad económica y financiera del país”.
“Lo deseable sería que se pongan en marcha en serio las energías renovables y que al mismo tiempo se generen las condiciones para que lleguen masivamente inversiones a Vaca Muerta, ya que el gas natural puede ser una excelente fuente durante el tiempo de transición”, dijo Rabinovich, vicepresidente del Instituto de Energía Enrique Mosconi, un centro de investigación con sede en Buenos Aires.
Pero este experto se mostró escéptico: “En dos años, Uruguay puso en funcionamiento 1.500 megavatios de energías renovables. Argentina, en el mismo lapso, no consiguió poner ni 200”.
Efectivamente, desde 2016 se puso en marcha el primer plan oficial para impulsar las energías renovables.
En el contexto de esa iniciativa, de acuerdo a los últimos datos oficiales, en los últimos dos años el estado adjudicó 147 proyectos (la mayor parte, eólicos y solares) en 21 de las 23 provincias del país por un total de 4.455 megavatios (MW).
Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que hoy el sistema eléctrico nacional tiene una capacidad instalada de unos 30.000 MW.
Sin embargo, al día de hoy, las energías renovables siguen teniendo un peso insignificante.
“Si bien es destacable el éxito que tuvieron las licitaciones, especialmente en solar y eólica, el país necesita que el consenso sobre las renovables sea real”, dijo Diego Luzuriaga, director de la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Luzuriaga agregó a IPS que “en algún momento se tendrán que terminar los subsidios a los combustibles fósiles, para poner el foco en incentivos tendientes a operar una verdadera infraestructura de renovables, ya que hoy se piensa solo en generación y no, por ejemplo, en redes inteligentes de distribución”.
Justamente el ITBA, junto a la Fundación Avina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, participa desde junio en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, bajo el título “Hacia una visión compartida de la transición energética Argentina al 2050”.
Se trata de un plazo que en Argentina parece ciencia ficción.
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Proteger las aguas de la Patagonia esencial para las aves
Proteger las aguas de la Patagonia conservaría el 20 % de aves marinas
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Patagonia
La protección de 300.000 kilómetros de aguas de la Patagonia podría contribuir a mejorar la conservación de un 20% de la población de aves marinas y de su hábitat natural, es la conclusión de un estudio dirigido por un experto de la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Conservation Biology.
Según ha informado la UB, se trata de un estudio que presenta una aproximación multidisciplinaria para definir áreas marinas de especial interés en conservación en esta zona del planeta.
La investigación ha sido dirigida por un experto de la facultad de Biología y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la UB, Francisco Martínez, y firmada por varios profesionales de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
Los ecosistemas marinos de la Patagonia argentina son regiones que destacan por su biodiversidad y producción biológica, pero a su vez son unas de las zonas de aguas más amenazadas del mundo, tanto por la acción humana como el calentamiento global.
En el marco de esta investigación, los expertos han estudiado las poblaciones de catorce especies de aves marinas, el grupo de aves más amenazado del mundo, que conviven a lo largo de 3.000 kilómetros de la costa de la Patagonia.
Entre las especies más amenazadas en esta zona del planeta se encuentran la gaviota Olrog, el cormorán gris y el pingüino de Magallanes, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Conservación de las aves
El estudio dirigido por Martínez abre la puerta a la identificación de áreas clave para conservar a las especies de aves marinas, a través de una organización el espacio marino para identificar qué áreas permitirían proteger a más de 2 millones de estas aves, un 20 % de la población
En particular, el estudio considera el efecto de las corrientes marinas para planificar la situación de las áreas protegidas y su posterior gestión.
“Es preciso revisar de periódicamente las áreas marinas protegidas que se proponen para mejorar las herramientas de gestión medioambiental”, ha explicado Ramírez sobre la motivación del estudio.
Esta reconfiguración de los espacios protegidos es “un proceso dinámico y adaptativo en que hay que integrar a todos los agentes implicados, desde los pescadores a las entidades conservacionistas”, ha concluido el investigador.
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Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Patagonia
La protección de 300.000 kilómetros de aguas de la Patagonia podría contribuir a mejorar la conservación de un 20% de la población de aves marinas y de su hábitat natural, es la conclusión de un estudio dirigido por un experto de la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Conservation Biology.
Según ha informado la UB, se trata de un estudio que presenta una aproximación multidisciplinaria para definir áreas marinas de especial interés en conservación en esta zona del planeta.
La investigación ha sido dirigida por un experto de la facultad de Biología y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la UB, Francisco Martínez, y firmada por varios profesionales de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
Los ecosistemas marinos de la Patagonia argentina son regiones que destacan por su biodiversidad y producción biológica, pero a su vez son unas de las zonas de aguas más amenazadas del mundo, tanto por la acción humana como el calentamiento global.
En el marco de esta investigación, los expertos han estudiado las poblaciones de catorce especies de aves marinas, el grupo de aves más amenazado del mundo, que conviven a lo largo de 3.000 kilómetros de la costa de la Patagonia.
Entre las especies más amenazadas en esta zona del planeta se encuentran la gaviota Olrog, el cormorán gris y el pingüino de Magallanes, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Conservación de las aves
El estudio dirigido por Martínez abre la puerta a la identificación de áreas clave para conservar a las especies de aves marinas, a través de una organización el espacio marino para identificar qué áreas permitirían proteger a más de 2 millones de estas aves, un 20 % de la población
En particular, el estudio considera el efecto de las corrientes marinas para planificar la situación de las áreas protegidas y su posterior gestión.
“Es preciso revisar de periódicamente las áreas marinas protegidas que se proponen para mejorar las herramientas de gestión medioambiental”, ha explicado Ramírez sobre la motivación del estudio.
Esta reconfiguración de los espacios protegidos es “un proceso dinámico y adaptativo en que hay que integrar a todos los agentes implicados, desde los pescadores a las entidades conservacionistas”, ha concluido el investigador.
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Otra denuncia de matanza de fauna en Mendoza
Denuncian matanza de perros, zorros y otros animales autóctonos en Tupungato
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Entre los ejemplares muertos también hay aguiluchos y cimarrones. Temen que sea un envenenamiento.
Un nuevo caso de ataque contra la fauna autóctona parece haberse perpetrado en las últimas horas en Tupungato. La publicación de imágenes que muestran gran cantidad de animales muertos es un caso que hace recordar a la matanza de cóndores con agrotóxicos ocurrida en 2017.
La noticia se difundió esta tarde a través de Facebook, en un posteo perteneciente al grupo proteccionista “Perritos Perdidos de Tupungato” y compartida en Mendocinos en Alerta. A través de las imágenes subidas a la red social se denuncia la matanza indiscriminada de zorros adultos y pequeños, así como también de aguiluchos y perros cimarrones.
Según los propios denunciantes, el incidente ocurrió en la estancia Silva, una propiedad ubicada a unos 20 kilómetros al Oeste de Tupungato y muy cercano al Río de las Tunas. Temen que las víctimas hayan sido envenenadas intencionalmente.
Asimismo, desde la Dirección de Fauna detallaron que se desplazarán al lugar para desnaturalizar los cadáveres, es decir, evitar que más animales carroñeros se sigan alimentando de los restos probablemente contaminados. Además, buscarán datos entre los pobladores para identificar posibles responsables.
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Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Entre los ejemplares muertos también hay aguiluchos y cimarrones. Temen que sea un envenenamiento.
Un nuevo caso de ataque contra la fauna autóctona parece haberse perpetrado en las últimas horas en Tupungato. La publicación de imágenes que muestran gran cantidad de animales muertos es un caso que hace recordar a la matanza de cóndores con agrotóxicos ocurrida en 2017.
La noticia se difundió esta tarde a través de Facebook, en un posteo perteneciente al grupo proteccionista “Perritos Perdidos de Tupungato” y compartida en Mendocinos en Alerta. A través de las imágenes subidas a la red social se denuncia la matanza indiscriminada de zorros adultos y pequeños, así como también de aguiluchos y perros cimarrones.
Según los propios denunciantes, el incidente ocurrió en la estancia Silva, una propiedad ubicada a unos 20 kilómetros al Oeste de Tupungato y muy cercano al Río de las Tunas. Temen que las víctimas hayan sido envenenadas intencionalmente.
Asimismo, desde la Dirección de Fauna detallaron que se desplazarán al lugar para desnaturalizar los cadáveres, es decir, evitar que más animales carroñeros se sigan alimentando de los restos probablemente contaminados. Además, buscarán datos entre los pobladores para identificar posibles responsables.
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San Luis crea su propia policía ambiental
Crearon una división policial para cuidar el medio ambiente
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
El cuerpo especial dependerá del subjefe de la Policía y tendrá a cargo el control y la prevención de la contaminación ambiental en la provincia. Contará con los recursos de la ex Brigada Rural.
Con menos de doce horas como titular de la Jefatura Central de la Policía provincial, el nuevo responsable de la fuerza, comisario mayor Fabricio Portela, ordenó la creación de la Policía de Medio Ambiente, que tendrá como función específica el control y la prevención para asegurar la protección medioambiental de San Luis. La medida fue resuelta a última hora del lunes, por un pedido específico del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La resolución indica que la nueva división policial ya cuenta con los recursos humanos y materiales de la ex Brigada de Delitos Rurales (dependiente de la Policía Caminera), una estructura que ahora ampliará su campo de acción, "procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y alteración" del medio ambiente.
"Va a depender directamente del subjefe de la Policía (Claudio Latini), para que tenga el impacto necesario y se trabaje con la profesionalización que pidió el Gobernador. Eso nos posicionaría como la primera fuerza del país en crear una división de esas características", explicó Portela a El Diario de la República.
Además, el titular de la Jefatura indicó que la Policía de Medio Ambiente va estar abocada a la prevención de incendios, cuidado de los recursos hídricos, "para educar a la ciudadanía de lo que se tiene que evitar la contaminación del suelo, el aire y el agua".
Al frente de la nueva repartición estará Cristian Lucero, quien dijo que contarán con un total de 25 efectivos y las 4 camionetas Ford Ranger que pertenecían a la Brigada Rural, con sus respectivos trailers para transportar animales de gran porte.
"El pedido concreto del Gobernador fue trabajar para combatir los incendios forestales, la contaminación en los ríos y el suelo, como también el problema de la Cuenca del Morro que generó el nacimiento de un nuevo afluente", explicó Lucero, quien hasta la semana pasada se desempeñó como subjefe de la Comisaría de San Jerónimo. Dijo también que previo a la asunción de Portela al frente de la fuerza, la ex Brigada de Delitos Rurales recibió una capacitación con los temas generales relacionados a medio ambiente, a partir de ahora profundizarán para cumplir con la misión encomendada por el jefe de Estado puntano.
Además, el subjefe de la Policía de San Luis indicó que las tareas que tendrá a cargo la nueva repartición demandará un gran despliegue en la logística, ya que el trabajo tendrá un fuerte hincapié en la prevención.
"Vamos a continuar con la protección de la flora y la fauna pero procuraremos también que cada campo cuente con las picadas antifuego, que cuenten con los anillos de seguridad en cada una de las localidades con el desmalezado para que en la época de incendios no lleguen hasta las viviendas, como nos tocó el año pasado en La Punta y en Suyuque", señaló Latini.
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Con menos de doce horas como titular de la Jefatura Central de la Policía provincial, el nuevo responsable de la fuerza, comisario mayor Fabricio Portela, ordenó la creación de la Policía de Medio Ambiente, que tendrá como función específica el control y la prevención para asegurar la protección medioambiental de San Luis. La medida fue resuelta a última hora del lunes, por un pedido específico del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La resolución indica que la nueva división policial ya cuenta con los recursos humanos y materiales de la ex Brigada de Delitos Rurales (dependiente de la Policía Caminera), una estructura que ahora ampliará su campo de acción, "procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y alteración" del medio ambiente.
"Va a depender directamente del subjefe de la Policía (Claudio Latini), para que tenga el impacto necesario y se trabaje con la profesionalización que pidió el Gobernador. Eso nos posicionaría como la primera fuerza del país en crear una división de esas características", explicó Portela a El Diario de la República.
Además, el titular de la Jefatura indicó que la Policía de Medio Ambiente va estar abocada a la prevención de incendios, cuidado de los recursos hídricos, "para educar a la ciudadanía de lo que se tiene que evitar la contaminación del suelo, el aire y el agua".
Al frente de la nueva repartición estará Cristian Lucero, quien dijo que contarán con un total de 25 efectivos y las 4 camionetas Ford Ranger que pertenecían a la Brigada Rural, con sus respectivos trailers para transportar animales de gran porte.
"El pedido concreto del Gobernador fue trabajar para combatir los incendios forestales, la contaminación en los ríos y el suelo, como también el problema de la Cuenca del Morro que generó el nacimiento de un nuevo afluente", explicó Lucero, quien hasta la semana pasada se desempeñó como subjefe de la Comisaría de San Jerónimo. Dijo también que previo a la asunción de Portela al frente de la fuerza, la ex Brigada de Delitos Rurales recibió una capacitación con los temas generales relacionados a medio ambiente, a partir de ahora profundizarán para cumplir con la misión encomendada por el jefe de Estado puntano.
Además, el subjefe de la Policía de San Luis indicó que las tareas que tendrá a cargo la nueva repartición demandará un gran despliegue en la logística, ya que el trabajo tendrá un fuerte hincapié en la prevención.
"Vamos a continuar con la protección de la flora y la fauna pero procuraremos también que cada campo cuente con las picadas antifuego, que cuenten con los anillos de seguridad en cada una de las localidades con el desmalezado para que en la época de incendios no lleguen hasta las viviendas, como nos tocó el año pasado en La Punta y en Suyuque", señaló Latini.
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