Riachuelo: una década perdida
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Diez años de un fallo histórico que quedó sumergido en la nada
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
.
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
.
Jáchal: ordenan análisis a la población por la Barrick
Ordenan análisis de sangre y orina a la población de Jáchal por la mina de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: San Juan
El juez federal Sebastián Casanello tomó la medida para determinar si los habitantes de esa zona de San Juan tienen restos de contaminación en sus organismo producto de la actividad minera. También estudiarán la red de agua potable y especies de flora y fauna.
En el marco de la causa que investiga a ex funcionarios nacionales por la violación de la Ley de Glaciares, el juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes un estudio de orina y sangre sobre pobladores de las localidades sanjuaninas de Iglesia y Jáchal, cercanas al yacimiento Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold a fin de determinar si tienen restos de contaminación en sus organismos producto de la actividad minera. También se analizará la red de agua potable y a especies vegetales y animales de la zona.
"Deberá consignarse cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren" y "para ello, deberán extraerse muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso, dónde y los diagnósticos realizados", dispuso el juez.
Casanello ordenó además un estudio sobre el agua de red y de los pozos utilizados por los pobladores en distintas localidades de la zona para detectar si hay presencia de mercurio, aluminio, manganeso y "demás metales pesados que podrían relacionarse con la actividad minera; así como también detectar, si es posible, la presencia de hipoclorito de sodio".
También analizar tomando diferentes muestras de especies vegetales y animales de esas mismas comunidades para detectar la presencia de metales cuyos niveles "podrían comprometer la vida animal y vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies".
El estudio será realizado por la Universidad de Cuyo y la Policía Federal con el control de la querella que asumió la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca". La misma institución educativa ya determinó en un análisis de las aguas de la cuenca del río Jáchal niveles de contaminación que superaban ampliamente los parámetros permitidos así como también los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le sucedieron otros dos.
En la causa están procesados los ex secretarios de Ambiente Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi por violación a la ley de Glaciares a raíz de la contaminación producto de la actividad de la multinacional con sede en Toronto.
La medida –justificó el juez- "deviene necesaria ya que las sospechas aquí generadas deben ser despejadas, principalmente, para garantizar el derecho a la salud de las presuntas víctimas y la protección del medio ambiente".
.
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: San Juan
El juez federal Sebastián Casanello tomó la medida para determinar si los habitantes de esa zona de San Juan tienen restos de contaminación en sus organismo producto de la actividad minera. También estudiarán la red de agua potable y especies de flora y fauna.
En el marco de la causa que investiga a ex funcionarios nacionales por la violación de la Ley de Glaciares, el juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes un estudio de orina y sangre sobre pobladores de las localidades sanjuaninas de Iglesia y Jáchal, cercanas al yacimiento Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold a fin de determinar si tienen restos de contaminación en sus organismos producto de la actividad minera. También se analizará la red de agua potable y a especies vegetales y animales de la zona.
"Deberá consignarse cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren" y "para ello, deberán extraerse muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso, dónde y los diagnósticos realizados", dispuso el juez.
Casanello ordenó además un estudio sobre el agua de red y de los pozos utilizados por los pobladores en distintas localidades de la zona para detectar si hay presencia de mercurio, aluminio, manganeso y "demás metales pesados que podrían relacionarse con la actividad minera; así como también detectar, si es posible, la presencia de hipoclorito de sodio".
También analizar tomando diferentes muestras de especies vegetales y animales de esas mismas comunidades para detectar la presencia de metales cuyos niveles "podrían comprometer la vida animal y vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies".
El estudio será realizado por la Universidad de Cuyo y la Policía Federal con el control de la querella que asumió la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca". La misma institución educativa ya determinó en un análisis de las aguas de la cuenca del río Jáchal niveles de contaminación que superaban ampliamente los parámetros permitidos así como también los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le sucedieron otros dos.
En la causa están procesados los ex secretarios de Ambiente Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi por violación a la ley de Glaciares a raíz de la contaminación producto de la actividad de la multinacional con sede en Toronto.
La medida –justificó el juez- "deviene necesaria ya que las sospechas aquí generadas deben ser despejadas, principalmente, para garantizar el derecho a la salud de las presuntas víctimas y la protección del medio ambiente".
.
Etiquetas:
Barrick Gold,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
minería,
San Juan
|
0
comentarios
Argentina y los vaivenes de las energías
Argentina todavía no se convence de apostar por energías limpias
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
A mitad de camino entre el sueño de ser una potencia mundial de los hidrocarburos no convencionales de esquisto y las promesas todavía incumplidas de desarrollar las fuentes renovables, Argentina parece marchar sin un rumbo claro en materia energética.
Este país sudamericano está aprovechando la presidencia del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes, que ocupa este año, para presentarse en el escenario internacional como un impulsor de sistemas de energía limpias a nivel internacional, pero las políticas internas no van en la misma dirección, o al menos no de manera consistente.
“Es cierto que Argentina está en un proceso que busca diversificar su matriz energética, pero no lo hace para encarar una transición hacia una generación libre de emisiones, sino para asegurar la estabilidad del sistema”, consideró Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Todavía le da muchísimo dinero en subsidio a las empresas petroleras y sigue parado en un paradigma que muchos países del mundo están abandonando, cuando sólo con el potencial de sus vientos en el sur del país podría generar energía para abastecer a toda Sudamérica”, agregó en diálogo con IPS.
El gobierno de Mauricio Macri presenta como un triunfo cada inversión que se anuncia en Vaca Muerta, las formación geológica que se extiende por cuatro provincias del sudoeste del país, que colocan a Argentina como el segundo y cuarto país en el mundo con mayores reservas de gas y petróleo de esquisto, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
El último gran impacto en ese sentido la dio la compañía petrolero estadounidense Exxon Mobil en octubre último, cuando anunció el desembolso de 200 millones de dólares para ampliar su producción en Vaca Muerta. De todas maneras, las noticias de esa índole son mucho menos comunes de lo que el gobierno quisiera.
Al mismo tiempo, como anfitrión este año del G20, Argentina recibió en junio a los ministros de Energía de las mayores economías del planeta y fue el principal impulsor de un comunicado conjunto que puso en primer plano “la necesidad de transformar nuestros sistemas energéticos en congruencia con el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas no quedaron del todo conformes, porque el texto no recomienda a aquellos países que decidan seguir utilizando combustibles fósiles que avancen en su eliminación, sino que exploren tecnologías que permitan reducir las emisiones y mitigar el impacto ambiental.
“Es entendible que Argentina, como economía emergente, defienda su derecho a alcanzar el desarrollo a partir de los recursos con los que cuenta, como en otra época lo hicieron Canadá o Estados Unidos”, dijo Ramiro Fernández, especialista en energía y cambio climático de la Fundación Avina.
“Sin embargo, en el mundo de hoy, apostar a Vaca Muerta solo es aceptable si se consigue que la extracción de los hidrocarburos no dependan de subsidios oficiales y si se entiende que el gas natural no es una energía limpia, sino apenas una herramienta de transición, gracias a que genera menos emisiones que otros combustibles fósiles”, agregó a IPS.
El tema de los subsidios a energías contaminantes es particularmente delicado en Argentina ya que, aunque están bajando, siguen siendo multimillonarios.
Un trabajo presentado en junio por la FARN indicó que en 2017 el Estado destinó 9.487 millones de dólares a la producción de combustibles fósiles y en 2018, de acuerdo al presupuesto, 6.901 millones. Se trata 1,74 y 1,26 por ciento del producto interno bruto (PIB), respectivamente.
La contrapartida de esa reducción son exorbitantes aumentos en las tarifas de electricidad y gas que pagan los usuarios, que en los últimos dos años han superado 500 por ciento y que han generado descontento social con el gobierno.
El gobierno argentino quiso dar una señal de que apuesta a las energías limpias en ocasión de la reunión de ministros de Energía del G20, cuando firmó con Canadá un convenio para que expertos revisen los subsidios de ambos países a los combustibles fósiles.
De todas maneras, mientras Canadá asumió el compromiso de eliminarlos en 2025, el Ministerio de Energía argentino eligió una terminología más ambigua y prometió hacerlo “en el mediano plazo”.
El petróleo y el gas natural son los grandes reyes del tablero argentino ya que en conjunto son responsables de 84 por ciento de la matriz energética primaria y también son el combustible que alimenta a las centrales térmicas que producen 64 por ciento de la oferta eléctrica.
A pesar de ello, la producción de hidrocarburos no deja de caer en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales, en 2017 se produjo un seis por ciento menos de petróleo que en 2016 y, en los dos primeros meses de este año, se gastaron 114 millones de dólares en su importación.
El economista especializado en energía Gerardo Rabinovich consideró a IPS que “las enormes dificultades para diseñar una política energética de largo plazo tienen que ver con la inestabilidad económica y financiera del país”.
“Lo deseable sería que se pongan en marcha en serio las energías renovables y que al mismo tiempo se generen las condiciones para que lleguen masivamente inversiones a Vaca Muerta, ya que el gas natural puede ser una excelente fuente durante el tiempo de transición”, dijo Rabinovich, vicepresidente del Instituto de Energía Enrique Mosconi, un centro de investigación con sede en Buenos Aires.
Pero este experto se mostró escéptico: “En dos años, Uruguay puso en funcionamiento 1.500 megavatios de energías renovables. Argentina, en el mismo lapso, no consiguió poner ni 200”.
Efectivamente, desde 2016 se puso en marcha el primer plan oficial para impulsar las energías renovables.
En el contexto de esa iniciativa, de acuerdo a los últimos datos oficiales, en los últimos dos años el estado adjudicó 147 proyectos (la mayor parte, eólicos y solares) en 21 de las 23 provincias del país por un total de 4.455 megavatios (MW).
Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que hoy el sistema eléctrico nacional tiene una capacidad instalada de unos 30.000 MW.
Sin embargo, al día de hoy, las energías renovables siguen teniendo un peso insignificante.
“Si bien es destacable el éxito que tuvieron las licitaciones, especialmente en solar y eólica, el país necesita que el consenso sobre las renovables sea real”, dijo Diego Luzuriaga, director de la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Luzuriaga agregó a IPS que “en algún momento se tendrán que terminar los subsidios a los combustibles fósiles, para poner el foco en incentivos tendientes a operar una verdadera infraestructura de renovables, ya que hoy se piensa solo en generación y no, por ejemplo, en redes inteligentes de distribución”.
Justamente el ITBA, junto a la Fundación Avina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, participa desde junio en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, bajo el título “Hacia una visión compartida de la transición energética Argentina al 2050”.
Se trata de un plazo que en Argentina parece ciencia ficción.
.
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
A mitad de camino entre el sueño de ser una potencia mundial de los hidrocarburos no convencionales de esquisto y las promesas todavía incumplidas de desarrollar las fuentes renovables, Argentina parece marchar sin un rumbo claro en materia energética.
Este país sudamericano está aprovechando la presidencia del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes, que ocupa este año, para presentarse en el escenario internacional como un impulsor de sistemas de energía limpias a nivel internacional, pero las políticas internas no van en la misma dirección, o al menos no de manera consistente.
“Es cierto que Argentina está en un proceso que busca diversificar su matriz energética, pero no lo hace para encarar una transición hacia una generación libre de emisiones, sino para asegurar la estabilidad del sistema”, consideró Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Todavía le da muchísimo dinero en subsidio a las empresas petroleras y sigue parado en un paradigma que muchos países del mundo están abandonando, cuando sólo con el potencial de sus vientos en el sur del país podría generar energía para abastecer a toda Sudamérica”, agregó en diálogo con IPS.
El gobierno de Mauricio Macri presenta como un triunfo cada inversión que se anuncia en Vaca Muerta, las formación geológica que se extiende por cuatro provincias del sudoeste del país, que colocan a Argentina como el segundo y cuarto país en el mundo con mayores reservas de gas y petróleo de esquisto, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
El último gran impacto en ese sentido la dio la compañía petrolero estadounidense Exxon Mobil en octubre último, cuando anunció el desembolso de 200 millones de dólares para ampliar su producción en Vaca Muerta. De todas maneras, las noticias de esa índole son mucho menos comunes de lo que el gobierno quisiera.
Al mismo tiempo, como anfitrión este año del G20, Argentina recibió en junio a los ministros de Energía de las mayores economías del planeta y fue el principal impulsor de un comunicado conjunto que puso en primer plano “la necesidad de transformar nuestros sistemas energéticos en congruencia con el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas no quedaron del todo conformes, porque el texto no recomienda a aquellos países que decidan seguir utilizando combustibles fósiles que avancen en su eliminación, sino que exploren tecnologías que permitan reducir las emisiones y mitigar el impacto ambiental.
“Es entendible que Argentina, como economía emergente, defienda su derecho a alcanzar el desarrollo a partir de los recursos con los que cuenta, como en otra época lo hicieron Canadá o Estados Unidos”, dijo Ramiro Fernández, especialista en energía y cambio climático de la Fundación Avina.
“Sin embargo, en el mundo de hoy, apostar a Vaca Muerta solo es aceptable si se consigue que la extracción de los hidrocarburos no dependan de subsidios oficiales y si se entiende que el gas natural no es una energía limpia, sino apenas una herramienta de transición, gracias a que genera menos emisiones que otros combustibles fósiles”, agregó a IPS.
El tema de los subsidios a energías contaminantes es particularmente delicado en Argentina ya que, aunque están bajando, siguen siendo multimillonarios.
Un trabajo presentado en junio por la FARN indicó que en 2017 el Estado destinó 9.487 millones de dólares a la producción de combustibles fósiles y en 2018, de acuerdo al presupuesto, 6.901 millones. Se trata 1,74 y 1,26 por ciento del producto interno bruto (PIB), respectivamente.
La contrapartida de esa reducción son exorbitantes aumentos en las tarifas de electricidad y gas que pagan los usuarios, que en los últimos dos años han superado 500 por ciento y que han generado descontento social con el gobierno.
El gobierno argentino quiso dar una señal de que apuesta a las energías limpias en ocasión de la reunión de ministros de Energía del G20, cuando firmó con Canadá un convenio para que expertos revisen los subsidios de ambos países a los combustibles fósiles.
De todas maneras, mientras Canadá asumió el compromiso de eliminarlos en 2025, el Ministerio de Energía argentino eligió una terminología más ambigua y prometió hacerlo “en el mediano plazo”.
El petróleo y el gas natural son los grandes reyes del tablero argentino ya que en conjunto son responsables de 84 por ciento de la matriz energética primaria y también son el combustible que alimenta a las centrales térmicas que producen 64 por ciento de la oferta eléctrica.
A pesar de ello, la producción de hidrocarburos no deja de caer en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales, en 2017 se produjo un seis por ciento menos de petróleo que en 2016 y, en los dos primeros meses de este año, se gastaron 114 millones de dólares en su importación.
El economista especializado en energía Gerardo Rabinovich consideró a IPS que “las enormes dificultades para diseñar una política energética de largo plazo tienen que ver con la inestabilidad económica y financiera del país”.
“Lo deseable sería que se pongan en marcha en serio las energías renovables y que al mismo tiempo se generen las condiciones para que lleguen masivamente inversiones a Vaca Muerta, ya que el gas natural puede ser una excelente fuente durante el tiempo de transición”, dijo Rabinovich, vicepresidente del Instituto de Energía Enrique Mosconi, un centro de investigación con sede en Buenos Aires.
Pero este experto se mostró escéptico: “En dos años, Uruguay puso en funcionamiento 1.500 megavatios de energías renovables. Argentina, en el mismo lapso, no consiguió poner ni 200”.
Efectivamente, desde 2016 se puso en marcha el primer plan oficial para impulsar las energías renovables.
En el contexto de esa iniciativa, de acuerdo a los últimos datos oficiales, en los últimos dos años el estado adjudicó 147 proyectos (la mayor parte, eólicos y solares) en 21 de las 23 provincias del país por un total de 4.455 megavatios (MW).
Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que hoy el sistema eléctrico nacional tiene una capacidad instalada de unos 30.000 MW.
Sin embargo, al día de hoy, las energías renovables siguen teniendo un peso insignificante.
“Si bien es destacable el éxito que tuvieron las licitaciones, especialmente en solar y eólica, el país necesita que el consenso sobre las renovables sea real”, dijo Diego Luzuriaga, director de la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Luzuriaga agregó a IPS que “en algún momento se tendrán que terminar los subsidios a los combustibles fósiles, para poner el foco en incentivos tendientes a operar una verdadera infraestructura de renovables, ya que hoy se piensa solo en generación y no, por ejemplo, en redes inteligentes de distribución”.
Justamente el ITBA, junto a la Fundación Avina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, participa desde junio en una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, bajo el título “Hacia una visión compartida de la transición energética Argentina al 2050”.
Se trata de un plazo que en Argentina parece ciencia ficción.
.
Proteger las aguas de la Patagonia esencial para las aves
Proteger las aguas de la Patagonia conservaría el 20 % de aves marinas
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Patagonia
La protección de 300.000 kilómetros de aguas de la Patagonia podría contribuir a mejorar la conservación de un 20% de la población de aves marinas y de su hábitat natural, es la conclusión de un estudio dirigido por un experto de la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Conservation Biology.
Según ha informado la UB, se trata de un estudio que presenta una aproximación multidisciplinaria para definir áreas marinas de especial interés en conservación en esta zona del planeta.
La investigación ha sido dirigida por un experto de la facultad de Biología y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la UB, Francisco Martínez, y firmada por varios profesionales de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
Los ecosistemas marinos de la Patagonia argentina son regiones que destacan por su biodiversidad y producción biológica, pero a su vez son unas de las zonas de aguas más amenazadas del mundo, tanto por la acción humana como el calentamiento global.
En el marco de esta investigación, los expertos han estudiado las poblaciones de catorce especies de aves marinas, el grupo de aves más amenazado del mundo, que conviven a lo largo de 3.000 kilómetros de la costa de la Patagonia.
Entre las especies más amenazadas en esta zona del planeta se encuentran la gaviota Olrog, el cormorán gris y el pingüino de Magallanes, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Conservación de las aves
El estudio dirigido por Martínez abre la puerta a la identificación de áreas clave para conservar a las especies de aves marinas, a través de una organización el espacio marino para identificar qué áreas permitirían proteger a más de 2 millones de estas aves, un 20 % de la población
En particular, el estudio considera el efecto de las corrientes marinas para planificar la situación de las áreas protegidas y su posterior gestión.
“Es preciso revisar de periódicamente las áreas marinas protegidas que se proponen para mejorar las herramientas de gestión medioambiental”, ha explicado Ramírez sobre la motivación del estudio.
Esta reconfiguración de los espacios protegidos es “un proceso dinámico y adaptativo en que hay que integrar a todos los agentes implicados, desde los pescadores a las entidades conservacionistas”, ha concluido el investigador.
.
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Patagonia
La protección de 300.000 kilómetros de aguas de la Patagonia podría contribuir a mejorar la conservación de un 20% de la población de aves marinas y de su hábitat natural, es la conclusión de un estudio dirigido por un experto de la Universidad de Barcelona y publicado en la revista Conservation Biology.
Según ha informado la UB, se trata de un estudio que presenta una aproximación multidisciplinaria para definir áreas marinas de especial interés en conservación en esta zona del planeta.
La investigación ha sido dirigida por un experto de la facultad de Biología y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la UB, Francisco Martínez, y firmada por varios profesionales de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
Los ecosistemas marinos de la Patagonia argentina son regiones que destacan por su biodiversidad y producción biológica, pero a su vez son unas de las zonas de aguas más amenazadas del mundo, tanto por la acción humana como el calentamiento global.
En el marco de esta investigación, los expertos han estudiado las poblaciones de catorce especies de aves marinas, el grupo de aves más amenazado del mundo, que conviven a lo largo de 3.000 kilómetros de la costa de la Patagonia.
Entre las especies más amenazadas en esta zona del planeta se encuentran la gaviota Olrog, el cormorán gris y el pingüino de Magallanes, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Conservación de las aves
El estudio dirigido por Martínez abre la puerta a la identificación de áreas clave para conservar a las especies de aves marinas, a través de una organización el espacio marino para identificar qué áreas permitirían proteger a más de 2 millones de estas aves, un 20 % de la población
En particular, el estudio considera el efecto de las corrientes marinas para planificar la situación de las áreas protegidas y su posterior gestión.
“Es preciso revisar de periódicamente las áreas marinas protegidas que se proponen para mejorar las herramientas de gestión medioambiental”, ha explicado Ramírez sobre la motivación del estudio.
Esta reconfiguración de los espacios protegidos es “un proceso dinámico y adaptativo en que hay que integrar a todos los agentes implicados, desde los pescadores a las entidades conservacionistas”, ha concluido el investigador.
.
Otra denuncia de matanza de fauna en Mendoza
Denuncian matanza de perros, zorros y otros animales autóctonos en Tupungato
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Entre los ejemplares muertos también hay aguiluchos y cimarrones. Temen que sea un envenenamiento.
Un nuevo caso de ataque contra la fauna autóctona parece haberse perpetrado en las últimas horas en Tupungato. La publicación de imágenes que muestran gran cantidad de animales muertos es un caso que hace recordar a la matanza de cóndores con agrotóxicos ocurrida en 2017.
La noticia se difundió esta tarde a través de Facebook, en un posteo perteneciente al grupo proteccionista “Perritos Perdidos de Tupungato” y compartida en Mendocinos en Alerta. A través de las imágenes subidas a la red social se denuncia la matanza indiscriminada de zorros adultos y pequeños, así como también de aguiluchos y perros cimarrones.
Según los propios denunciantes, el incidente ocurrió en la estancia Silva, una propiedad ubicada a unos 20 kilómetros al Oeste de Tupungato y muy cercano al Río de las Tunas. Temen que las víctimas hayan sido envenenadas intencionalmente.
Asimismo, desde la Dirección de Fauna detallaron que se desplazarán al lugar para desnaturalizar los cadáveres, es decir, evitar que más animales carroñeros se sigan alimentando de los restos probablemente contaminados. Además, buscarán datos entre los pobladores para identificar posibles responsables.
.
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Entre los ejemplares muertos también hay aguiluchos y cimarrones. Temen que sea un envenenamiento.
Un nuevo caso de ataque contra la fauna autóctona parece haberse perpetrado en las últimas horas en Tupungato. La publicación de imágenes que muestran gran cantidad de animales muertos es un caso que hace recordar a la matanza de cóndores con agrotóxicos ocurrida en 2017.
La noticia se difundió esta tarde a través de Facebook, en un posteo perteneciente al grupo proteccionista “Perritos Perdidos de Tupungato” y compartida en Mendocinos en Alerta. A través de las imágenes subidas a la red social se denuncia la matanza indiscriminada de zorros adultos y pequeños, así como también de aguiluchos y perros cimarrones.
Según los propios denunciantes, el incidente ocurrió en la estancia Silva, una propiedad ubicada a unos 20 kilómetros al Oeste de Tupungato y muy cercano al Río de las Tunas. Temen que las víctimas hayan sido envenenadas intencionalmente.
Asimismo, desde la Dirección de Fauna detallaron que se desplazarán al lugar para desnaturalizar los cadáveres, es decir, evitar que más animales carroñeros se sigan alimentando de los restos probablemente contaminados. Además, buscarán datos entre los pobladores para identificar posibles responsables.
.
San Luis crea su propia policía ambiental
Crearon una división policial para cuidar el medio ambiente
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
Fecha de Publicación: 09/07/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
El cuerpo especial dependerá del subjefe de la Policía y tendrá a cargo el control y la prevención de la contaminación ambiental en la provincia. Contará con los recursos de la ex Brigada Rural.
Con menos de doce horas como titular de la Jefatura Central de la Policía provincial, el nuevo responsable de la fuerza, comisario mayor Fabricio Portela, ordenó la creación de la Policía de Medio Ambiente, que tendrá como función específica el control y la prevención para asegurar la protección medioambiental de San Luis. La medida fue resuelta a última hora del lunes, por un pedido específico del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La resolución indica que la nueva división policial ya cuenta con los recursos humanos y materiales de la ex Brigada de Delitos Rurales (dependiente de la Policía Caminera), una estructura que ahora ampliará su campo de acción, "procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y alteración" del medio ambiente.
"Va a depender directamente del subjefe de la Policía (Claudio Latini), para que tenga el impacto necesario y se trabaje con la profesionalización que pidió el Gobernador. Eso nos posicionaría como la primera fuerza del país en crear una división de esas características", explicó Portela a El Diario de la República.
Además, el titular de la Jefatura indicó que la Policía de Medio Ambiente va estar abocada a la prevención de incendios, cuidado de los recursos hídricos, "para educar a la ciudadanía de lo que se tiene que evitar la contaminación del suelo, el aire y el agua".
Al frente de la nueva repartición estará Cristian Lucero, quien dijo que contarán con un total de 25 efectivos y las 4 camionetas Ford Ranger que pertenecían a la Brigada Rural, con sus respectivos trailers para transportar animales de gran porte.
"El pedido concreto del Gobernador fue trabajar para combatir los incendios forestales, la contaminación en los ríos y el suelo, como también el problema de la Cuenca del Morro que generó el nacimiento de un nuevo afluente", explicó Lucero, quien hasta la semana pasada se desempeñó como subjefe de la Comisaría de San Jerónimo. Dijo también que previo a la asunción de Portela al frente de la fuerza, la ex Brigada de Delitos Rurales recibió una capacitación con los temas generales relacionados a medio ambiente, a partir de ahora profundizarán para cumplir con la misión encomendada por el jefe de Estado puntano.
Además, el subjefe de la Policía de San Luis indicó que las tareas que tendrá a cargo la nueva repartición demandará un gran despliegue en la logística, ya que el trabajo tendrá un fuerte hincapié en la prevención.
"Vamos a continuar con la protección de la flora y la fauna pero procuraremos también que cada campo cuente con las picadas antifuego, que cuenten con los anillos de seguridad en cada una de las localidades con el desmalezado para que en la época de incendios no lleguen hasta las viviendas, como nos tocó el año pasado en La Punta y en Suyuque", señaló Latini.
.
Con menos de doce horas como titular de la Jefatura Central de la Policía provincial, el nuevo responsable de la fuerza, comisario mayor Fabricio Portela, ordenó la creación de la Policía de Medio Ambiente, que tendrá como función específica el control y la prevención para asegurar la protección medioambiental de San Luis. La medida fue resuelta a última hora del lunes, por un pedido específico del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La resolución indica que la nueva división policial ya cuenta con los recursos humanos y materiales de la ex Brigada de Delitos Rurales (dependiente de la Policía Caminera), una estructura que ahora ampliará su campo de acción, "procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y alteración" del medio ambiente.
"Va a depender directamente del subjefe de la Policía (Claudio Latini), para que tenga el impacto necesario y se trabaje con la profesionalización que pidió el Gobernador. Eso nos posicionaría como la primera fuerza del país en crear una división de esas características", explicó Portela a El Diario de la República.
Además, el titular de la Jefatura indicó que la Policía de Medio Ambiente va estar abocada a la prevención de incendios, cuidado de los recursos hídricos, "para educar a la ciudadanía de lo que se tiene que evitar la contaminación del suelo, el aire y el agua".
Al frente de la nueva repartición estará Cristian Lucero, quien dijo que contarán con un total de 25 efectivos y las 4 camionetas Ford Ranger que pertenecían a la Brigada Rural, con sus respectivos trailers para transportar animales de gran porte.
"El pedido concreto del Gobernador fue trabajar para combatir los incendios forestales, la contaminación en los ríos y el suelo, como también el problema de la Cuenca del Morro que generó el nacimiento de un nuevo afluente", explicó Lucero, quien hasta la semana pasada se desempeñó como subjefe de la Comisaría de San Jerónimo. Dijo también que previo a la asunción de Portela al frente de la fuerza, la ex Brigada de Delitos Rurales recibió una capacitación con los temas generales relacionados a medio ambiente, a partir de ahora profundizarán para cumplir con la misión encomendada por el jefe de Estado puntano.
Además, el subjefe de la Policía de San Luis indicó que las tareas que tendrá a cargo la nueva repartición demandará un gran despliegue en la logística, ya que el trabajo tendrá un fuerte hincapié en la prevención.
"Vamos a continuar con la protección de la flora y la fauna pero procuraremos también que cada campo cuente con las picadas antifuego, que cuenten con los anillos de seguridad en cada una de las localidades con el desmalezado para que en la época de incendios no lleguen hasta las viviendas, como nos tocó el año pasado en La Punta y en Suyuque", señaló Latini.
.
Desde la UBA advierten sobre los feedlots
Alertan por el fósforo que generan los feedlots: podrían contaminar las napas
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Buenos Aires
Las miles de toneladas de estiércol que se generan en un feedlot podrían significar un problema para el ambiente debido a las grandes concentraciones de nutrientes, sales, anitbióticos y compuestos orgánicos que implican.
Un estudio elaborado en el ámbito de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) advirtió acerca de las cantidades elevadas de fósforo que impactan de forma negativa sobre napas, suelos y aguas superficiales.
“Las consecuencias del volumen generado de estiércol y de efluentes sobre el ambiente aumentan al coexistir con precipitaciones anuales elevadas y con napas cercanas a la superficie. En este contexto, los establecimientos se convierten en fuentes de contaminación de aguas superficiales y subsuperficiales, y de los suelos sobre los cuales se ubican”, señaló Ileana Ciapparelli, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la Fauba.
“En nuestros estudios recientes, observamos que el fósforo avanzó hacia las napas mucho más rápido de lo que pensábamos. La movilidad de este nutriente en forma vertical está poco estudiada en la Argentina, pero tiene una relevancia especial ya que los cursos de agua de la Pampa Húmeda están interconectados y las napas pueden estar a pocos metros de profundidad”, agregó.
Además, resaltó que el exceso de fósforo en las aguas superficiales puede provocar el crecimiento de algas que enturbian el agua, y que se pueden liberar toxinas si existen cianobacterias dominando el sistema. Incluso, puede derivar en una situación de falta de oxígeno en la que los peces, entre otras formas de vida acuática, no logran sobrevivir.
Factores
Ciapparelli explicó que los animales no pueden asimilar todo el fósforo suministrado en la dieta. “Por esa razón, sus excrementos tienen una carga alta de fósforo. Entonces, cuando estos residuos son depositados en exceso sobre la superficie del suelo, se puede saturar la capacidad de retención de fósforo y se favorece su movilidad con las precipitaciones”, mencionó.
Precisamente, añadió que “los efluentes producidos por las escorrentías luego de una lluvia, generalmente son dirigidos hacia lagunas de acumulación, aunque no todos los establecimientos cuentan con ellas o no siempre se encuentran bien diseñadas. En cuanto a los residuos sólidos, no se sabe muy bien dónde ubicarlos, por lo que se acumulan en grandes pilas. En ambos casos, representan un foco de contaminación”.
Según la experta, hay un vacío legal y una falta de criterios para guiar a los productores sobre cómo disponer de los residuos. “No se establecieron los criterios técnicos para que el productor o los profesionales que asesoran al establecimiento sepan cómo tratar y disponer estos residuos sólidos adecuadamente. No se tiene claro si conviene compostarlo o si aplicarlo al campo como fertilizante”, señaló.
Además, expuso que el movimiento vertical es menos conocido. “Las partículas del suelo tienen sitios disponibles para retener –técnicamente, adsorber– el nutriente, pero los ácidos orgánicos del estiércol ocupan aquellos sitios y compiten con el fósforo. Entonces, al no quedar retenido, queda expuesto a que el agua lo movilice. Ambos movimientos –escorrentía superficial y lixiviación o dinámica vertical hacia abajo– se intensifican con la alta concentración de fósforo que caracteriza a los excrementos de estos animales”.
Como fertilizantes, cuidado
En este contexto, Ciapparelli sugirió que la idea de utilizar los excrementos como fertilizantes es buena, pero debe estar bien estudiada, para no aportar a suelos y cultivos más fósforo del que realmente necesitan
“Es posible utilizar como fertilizante los residuos orgánicos de los feedlots, pero es necesario continuar realizando estudios sitio-específicos, ya que un exceso puede traducirse en contaminación de napas y cuerpos de agua superficiales, como también puede generar pérdidas de productividad”, manifestó.
Para Ciapparelli, hay que tener en cuenta específicamente “un plan de manejo de nutrientes que considere los requerimientos del cultivo, las condiciones climáticas del sitio, el aporte de nutrientes de los residuos, la frecuencia de aplicación deseada y la rotación de cultivos planificada, entre otros aspectos”.
También consideró “importante resaltar que los establecimientos que no planifican la disposición final de estos residuos están perdiendo una cantidad importante de fósforo que puede ser útil a nivel productivo y económico”.
.
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Buenos Aires
Las miles de toneladas de estiércol que se generan en un feedlot podrían significar un problema para el ambiente debido a las grandes concentraciones de nutrientes, sales, anitbióticos y compuestos orgánicos que implican.
Un estudio elaborado en el ámbito de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) advirtió acerca de las cantidades elevadas de fósforo que impactan de forma negativa sobre napas, suelos y aguas superficiales.
“Las consecuencias del volumen generado de estiércol y de efluentes sobre el ambiente aumentan al coexistir con precipitaciones anuales elevadas y con napas cercanas a la superficie. En este contexto, los establecimientos se convierten en fuentes de contaminación de aguas superficiales y subsuperficiales, y de los suelos sobre los cuales se ubican”, señaló Ileana Ciapparelli, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la Fauba.
“En nuestros estudios recientes, observamos que el fósforo avanzó hacia las napas mucho más rápido de lo que pensábamos. La movilidad de este nutriente en forma vertical está poco estudiada en la Argentina, pero tiene una relevancia especial ya que los cursos de agua de la Pampa Húmeda están interconectados y las napas pueden estar a pocos metros de profundidad”, agregó.
Además, resaltó que el exceso de fósforo en las aguas superficiales puede provocar el crecimiento de algas que enturbian el agua, y que se pueden liberar toxinas si existen cianobacterias dominando el sistema. Incluso, puede derivar en una situación de falta de oxígeno en la que los peces, entre otras formas de vida acuática, no logran sobrevivir.
Factores
Ciapparelli explicó que los animales no pueden asimilar todo el fósforo suministrado en la dieta. “Por esa razón, sus excrementos tienen una carga alta de fósforo. Entonces, cuando estos residuos son depositados en exceso sobre la superficie del suelo, se puede saturar la capacidad de retención de fósforo y se favorece su movilidad con las precipitaciones”, mencionó.
Precisamente, añadió que “los efluentes producidos por las escorrentías luego de una lluvia, generalmente son dirigidos hacia lagunas de acumulación, aunque no todos los establecimientos cuentan con ellas o no siempre se encuentran bien diseñadas. En cuanto a los residuos sólidos, no se sabe muy bien dónde ubicarlos, por lo que se acumulan en grandes pilas. En ambos casos, representan un foco de contaminación”.
Según la experta, hay un vacío legal y una falta de criterios para guiar a los productores sobre cómo disponer de los residuos. “No se establecieron los criterios técnicos para que el productor o los profesionales que asesoran al establecimiento sepan cómo tratar y disponer estos residuos sólidos adecuadamente. No se tiene claro si conviene compostarlo o si aplicarlo al campo como fertilizante”, señaló.
Además, expuso que el movimiento vertical es menos conocido. “Las partículas del suelo tienen sitios disponibles para retener –técnicamente, adsorber– el nutriente, pero los ácidos orgánicos del estiércol ocupan aquellos sitios y compiten con el fósforo. Entonces, al no quedar retenido, queda expuesto a que el agua lo movilice. Ambos movimientos –escorrentía superficial y lixiviación o dinámica vertical hacia abajo– se intensifican con la alta concentración de fósforo que caracteriza a los excrementos de estos animales”.
Como fertilizantes, cuidado
En este contexto, Ciapparelli sugirió que la idea de utilizar los excrementos como fertilizantes es buena, pero debe estar bien estudiada, para no aportar a suelos y cultivos más fósforo del que realmente necesitan
“Es posible utilizar como fertilizante los residuos orgánicos de los feedlots, pero es necesario continuar realizando estudios sitio-específicos, ya que un exceso puede traducirse en contaminación de napas y cuerpos de agua superficiales, como también puede generar pérdidas de productividad”, manifestó.
Para Ciapparelli, hay que tener en cuenta específicamente “un plan de manejo de nutrientes que considere los requerimientos del cultivo, las condiciones climáticas del sitio, el aporte de nutrientes de los residuos, la frecuencia de aplicación deseada y la rotación de cultivos planificada, entre otros aspectos”.
También consideró “importante resaltar que los establecimientos que no planifican la disposición final de estos residuos están perdiendo una cantidad importante de fósforo que puede ser útil a nivel productivo y económico”.
.
Piden 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos
Piden a Senasa 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
.
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
.
Incinerar basura es una mala decisión en Capital Federal
Por qué incinerar basura es una mala decisión
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Hace más de un mes, la Legislatura de Buenos Aires tomó una decisión errónea y lamentable. Los legisladores decidieron priorizar una tecnología contaminante, como la incineración, en vez de promover el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos, contemplados en la ley de basura cero. Al aprobar esta ley en 2005, Buenos Aires se puso a la vanguardia de las ciudades más progresistas del mundo, al igual que San Francisco, en California, que propone una visión de que el siglo XXI necesita una transformación que vaya de una sociedad descartable a una sociedad sostenible.
Durante los últimos 32 años, antes y luego de mi jubilación como profesor de química ambiental y toxicología, me he opuesto activamente a la construcción de incineradores y he investigado formas sostenibles de gestionar los recursos descartables para evitar la incineración y los rellenos sanitarios. En mi libro La Solución Basura Cero. Limpiando el Planeta de Basura comunidad a comunidad, describo 10 pasos para alcanzar Basura Cero. Estos son: separación en origen; recolección puerta a puerta; compostaje; reciclaje; centros comunitarios de reutilización y reparación; multas a quienes no separen residuos; otras iniciativas de reducción de desechos; instalaciones para separar y seleccionar la fracción residual; centros de investigación de basura cero para un mejor diseño industrial, y rellenos sanitarios temporales para el material orgánico. Entre 1985 y 1995, como director de Work on Waste USA, ayudé a las comunidades a frenar la construcción de aproximadamente trescientas plantas de incineración en los Estados Unidos y Canadá. Desde 1997, solo se construyó una planta en los Estados Unidos.
La decisión de Buenos Aires de construir siete incineradores (uno en la ciudad y otros seis en la provincia) implicará miles de millones de dólares de inversión, por lo que el país quedará cautivo en una deuda durante los próximos 25-30 años. Tal deuda solo podrá pagarse haciendo uso de las incineradoras al máximo, eliminando así cualquier posibilidad de desarrollar alternativas sustentables, como el reciclaje. Además, para esta enorme inversión se crearán muy pocos empleos locales. Se perderán valiosos recursos materiales. A su vez, la comunidad tendrá que lidiar con la contaminación del aire generada por la incineración. Este negocio puede ser muy redituable para un grupo reducido de personas, pero para la gran mayoría de los ciudadanos será una pesadilla económica y de salud pública.
A pesar de los avances tecnológicos, los incineradores emiten muchas sustancias tóxicas. Estas incluyen metales tóxicos, dioxinas y compuestos relacionados. En el caso de estos últimos, son persistentes y altamente perjudiciales para la salud. Estas emisiones tienen forma de nanopartículas, que al ser tan pequeñas atraviesan los dispositivos de control de contaminación del aire. A su vez, ingresan fácilmente al organismo y pueden cruzar de forma rápida las membranas del pulmón. En ciudades como Buenos Aires, muchas enfermedades y muertes pueden atribuirse a la contaminación del aire. Este impacto combinado a las plantas de incineración empeorará la situación.
Por otro lado, la incineración no elimina la necesidad de contar con rellenos sanitarios. Por cada cuatro toneladas de residuos quemados que se produce, al menos una tonelada se transforma en cenizas tóxicas. Irónicamente, cuanto mejor sea el incinerador, más tóxica será la ceniza.
Los principios de basura cero, que incluyen programas de separación y reciclaje, fomentan la creación de empleos para lograr estos objetivos. Si la incineración se introduce en Buenos Aires, los trabajadores del sector del reciclaje tendrán su trabajo permanentemente en riesgo. Está demostrado que estas plantas generan poco empleo. Por ejemplo, uno de los incineradores más importantes de Italia, construido en la ciudad de Brescia, costó alrededor de quinientos mil millones de dólares, pero solo produjo 80 puestos de trabajo. He comparado este caso con lo sucedido en Nueva Escocia, en Canadá, que al evitar la incineración creó mil puestos de trabajo directos en la recolección y manejo de residuos, y otros dos mil empleos en las industrias que utilizaron los materiales reciclados.
Buenos Aires todavía tiene la oportunidad de detener esta mala decisión. No solo la incineración es mala para la ciudad, es mala para el planeta.
Nuestra tarea en el siglo XXI no es encontrar mejores formas de destruir los materiales desechados sino dejar de fabricar productos para que sean posteriormente eliminados. Tenemos que convertir una economía lineal en una economía circular. Para hacer eso, necesitamos un mejor diseño industrial y no una mejor destrucción. Este es el imperativo clave detrás de una verdadera estrategia de basura cero. Necesitamos que Buenos Aires sea un mejor ejemplo para América Latina y el resto del mundo.
Por Paul Connett
El autor es fundador de la teoría de basura cero.
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Hace más de un mes, la Legislatura de Buenos Aires tomó una decisión errónea y lamentable. Los legisladores decidieron priorizar una tecnología contaminante, como la incineración, en vez de promover el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos, contemplados en la ley de basura cero. Al aprobar esta ley en 2005, Buenos Aires se puso a la vanguardia de las ciudades más progresistas del mundo, al igual que San Francisco, en California, que propone una visión de que el siglo XXI necesita una transformación que vaya de una sociedad descartable a una sociedad sostenible.
Durante los últimos 32 años, antes y luego de mi jubilación como profesor de química ambiental y toxicología, me he opuesto activamente a la construcción de incineradores y he investigado formas sostenibles de gestionar los recursos descartables para evitar la incineración y los rellenos sanitarios. En mi libro La Solución Basura Cero. Limpiando el Planeta de Basura comunidad a comunidad, describo 10 pasos para alcanzar Basura Cero. Estos son: separación en origen; recolección puerta a puerta; compostaje; reciclaje; centros comunitarios de reutilización y reparación; multas a quienes no separen residuos; otras iniciativas de reducción de desechos; instalaciones para separar y seleccionar la fracción residual; centros de investigación de basura cero para un mejor diseño industrial, y rellenos sanitarios temporales para el material orgánico. Entre 1985 y 1995, como director de Work on Waste USA, ayudé a las comunidades a frenar la construcción de aproximadamente trescientas plantas de incineración en los Estados Unidos y Canadá. Desde 1997, solo se construyó una planta en los Estados Unidos.
La decisión de Buenos Aires de construir siete incineradores (uno en la ciudad y otros seis en la provincia) implicará miles de millones de dólares de inversión, por lo que el país quedará cautivo en una deuda durante los próximos 25-30 años. Tal deuda solo podrá pagarse haciendo uso de las incineradoras al máximo, eliminando así cualquier posibilidad de desarrollar alternativas sustentables, como el reciclaje. Además, para esta enorme inversión se crearán muy pocos empleos locales. Se perderán valiosos recursos materiales. A su vez, la comunidad tendrá que lidiar con la contaminación del aire generada por la incineración. Este negocio puede ser muy redituable para un grupo reducido de personas, pero para la gran mayoría de los ciudadanos será una pesadilla económica y de salud pública.
A pesar de los avances tecnológicos, los incineradores emiten muchas sustancias tóxicas. Estas incluyen metales tóxicos, dioxinas y compuestos relacionados. En el caso de estos últimos, son persistentes y altamente perjudiciales para la salud. Estas emisiones tienen forma de nanopartículas, que al ser tan pequeñas atraviesan los dispositivos de control de contaminación del aire. A su vez, ingresan fácilmente al organismo y pueden cruzar de forma rápida las membranas del pulmón. En ciudades como Buenos Aires, muchas enfermedades y muertes pueden atribuirse a la contaminación del aire. Este impacto combinado a las plantas de incineración empeorará la situación.
Por otro lado, la incineración no elimina la necesidad de contar con rellenos sanitarios. Por cada cuatro toneladas de residuos quemados que se produce, al menos una tonelada se transforma en cenizas tóxicas. Irónicamente, cuanto mejor sea el incinerador, más tóxica será la ceniza.
Los principios de basura cero, que incluyen programas de separación y reciclaje, fomentan la creación de empleos para lograr estos objetivos. Si la incineración se introduce en Buenos Aires, los trabajadores del sector del reciclaje tendrán su trabajo permanentemente en riesgo. Está demostrado que estas plantas generan poco empleo. Por ejemplo, uno de los incineradores más importantes de Italia, construido en la ciudad de Brescia, costó alrededor de quinientos mil millones de dólares, pero solo produjo 80 puestos de trabajo. He comparado este caso con lo sucedido en Nueva Escocia, en Canadá, que al evitar la incineración creó mil puestos de trabajo directos en la recolección y manejo de residuos, y otros dos mil empleos en las industrias que utilizaron los materiales reciclados.
Buenos Aires todavía tiene la oportunidad de detener esta mala decisión. No solo la incineración es mala para la ciudad, es mala para el planeta.
Nuestra tarea en el siglo XXI no es encontrar mejores formas de destruir los materiales desechados sino dejar de fabricar productos para que sean posteriormente eliminados. Tenemos que convertir una economía lineal en una economía circular. Para hacer eso, necesitamos un mejor diseño industrial y no una mejor destrucción. Este es el imperativo clave detrás de una verdadera estrategia de basura cero. Necesitamos que Buenos Aires sea un mejor ejemplo para América Latina y el resto del mundo.
Por Paul Connett
El autor es fundador de la teoría de basura cero.
Escuelas rurales bonaerenses a merced de los fumigadores
Agroquímicos: el drama de las escuelas rurales bonaerenses que son fumigadas
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
.
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
.
El contaminado vertedero de Salta en la justicia
Contaminación en el Vertedero: una vecina le contó al juez los dramas que viven
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se realizó una audiencia en el Poder Judicial en la que la Provincia reconoció que hay metales pesados.
En la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial se llevó a cabo una audiencia en la causa que investiga la posible contaminación del Vertedero San Javier. Entre las partes presentes, estuvieron los vecinos que iniciaron las acciones y aprovecharon para relatar los dramas que viven a diario.
Una vecina que vive en la segunda manzana del barrio Justicia, a unas cinco cuadras del Vertedero, en una casa que ya le fue preadjudicada por Tierra y Hábitat, contó que ella y todos los vecinos sufren la presencia de ratas y olores insoportables.
“Los chicos tienen problemas en la piel, les salen hongos en el cuero cabelludo y los médicos dicen que es por la tierra, porque juegan en el piso”, relató la mujer al juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Marcelo Domínguez.
Entre otros dramas que suelen padecer, la mujer mencionó que la basura se vuela por el viento constantemente y que, sobre todo en verano, los olores son muy fuertes.
Cuestionamientos a la infraestructura y a los controles
Quien también hizo uso de la palabra fue Hugo Rodríguez, un ex trabajador de Obras Sanitarias de Salta que se dedicaba a hacer inspecciones. Resaltó que desde que se privatizaron los servicios, los controles dejaron de funcionar como corresponde y que por eso hoy la contaminación es grande y letal, apuntando contra lo hecho por Aguas de Salta, Aguas del Norte y contra el Ente Regulador por hacer los controles suficientes.
“La evaporación de los líquidos lixiviados hace que la contaminación esté en el aire, por eso no alcanza con lavarse las manos”, señaló.
Luego de destacar la importancia social del agua, afirmó que la ciudad no cuenta con una buena infraestructura en la materia.
La audiencia se celebró por la acción que fue promovida en contra del municipio capitalino, la empresa Agrotécnica Fueguina, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Por eso estuvieron representantes de todas las partes y mientras Agrotécinca defendió su gestión, los emisarios provinciales reconocieron que en el Vertedero hay metales pesados.
Los representantes tanto de la municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
Los representantes tanto de la Municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
El juez resolvió ampliar los puntos de medición del estudio que le exigió a la empresa y advirtió que analizara hacer una inspección ocular en el lugar.
.
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se realizó una audiencia en el Poder Judicial en la que la Provincia reconoció que hay metales pesados.
En la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial se llevó a cabo una audiencia en la causa que investiga la posible contaminación del Vertedero San Javier. Entre las partes presentes, estuvieron los vecinos que iniciaron las acciones y aprovecharon para relatar los dramas que viven a diario.
Una vecina que vive en la segunda manzana del barrio Justicia, a unas cinco cuadras del Vertedero, en una casa que ya le fue preadjudicada por Tierra y Hábitat, contó que ella y todos los vecinos sufren la presencia de ratas y olores insoportables.
“Los chicos tienen problemas en la piel, les salen hongos en el cuero cabelludo y los médicos dicen que es por la tierra, porque juegan en el piso”, relató la mujer al juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Marcelo Domínguez.
Entre otros dramas que suelen padecer, la mujer mencionó que la basura se vuela por el viento constantemente y que, sobre todo en verano, los olores son muy fuertes.
Cuestionamientos a la infraestructura y a los controles
Quien también hizo uso de la palabra fue Hugo Rodríguez, un ex trabajador de Obras Sanitarias de Salta que se dedicaba a hacer inspecciones. Resaltó que desde que se privatizaron los servicios, los controles dejaron de funcionar como corresponde y que por eso hoy la contaminación es grande y letal, apuntando contra lo hecho por Aguas de Salta, Aguas del Norte y contra el Ente Regulador por hacer los controles suficientes.
“La evaporación de los líquidos lixiviados hace que la contaminación esté en el aire, por eso no alcanza con lavarse las manos”, señaló.
Luego de destacar la importancia social del agua, afirmó que la ciudad no cuenta con una buena infraestructura en la materia.
La audiencia se celebró por la acción que fue promovida en contra del municipio capitalino, la empresa Agrotécnica Fueguina, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Por eso estuvieron representantes de todas las partes y mientras Agrotécinca defendió su gestión, los emisarios provinciales reconocieron que en el Vertedero hay metales pesados.
Los representantes tanto de la municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
Los representantes tanto de la Municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
El juez resolvió ampliar los puntos de medición del estudio que le exigió a la empresa y advirtió que analizara hacer una inspección ocular en el lugar.
.
A una década del "fallo Mendoza"
Analizan avances en el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
Con motivo de cumplirse una década del histórico "fallo Mendoza", sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en la causa iniciada con la demanda entablada por un grupo de vecinos por los daños y perjuicios derivados de la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, la diputada de la Ciudad Carolina Estebarena (Vamos Juntos) organizó un evento que tendrá lugar este miércoles a las 18 en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
El panel convocado cuenta como expositores al consejero directivo de ACUMAR por Nación, Pablo Bereciartua; al consejero directivo de ACUMAR por la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; a la Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola, y al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.
Sobre el evento, la legisladora Estebarena declaró: "Luego de muchos años de no hacerse nada, el fallo de la CSJN logró que en esta última década se dieran visibles avances tanto en el saneamiento de la cuenca como en materia de prevención. Habida cuenta de la importancia de la difusión del estado actual, las acciones concluidas y los desafíos pendientes, organicé esta actividad para contribuir a informar la situación desde una mirada institucional en el plano local, nacional e internacional así como desde la sociedad civil".
.
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
Con motivo de cumplirse una década del histórico "fallo Mendoza", sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en la causa iniciada con la demanda entablada por un grupo de vecinos por los daños y perjuicios derivados de la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo, la diputada de la Ciudad Carolina Estebarena (Vamos Juntos) organizó un evento que tendrá lugar este miércoles a las 18 en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
El panel convocado cuenta como expositores al consejero directivo de ACUMAR por Nación, Pablo Bereciartua; al consejero directivo de ACUMAR por la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; a la Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola, y al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.
Sobre el evento, la legisladora Estebarena declaró: "Luego de muchos años de no hacerse nada, el fallo de la CSJN logró que en esta última década se dieran visibles avances tanto en el saneamiento de la cuenca como en materia de prevención. Habida cuenta de la importancia de la difusión del estado actual, las acciones concluidas y los desafíos pendientes, organicé esta actividad para contribuir a informar la situación desde una mirada institucional en el plano local, nacional e internacional así como desde la sociedad civil".
.
Golpe al tráfico de madera talada ilegalmente
Desarticularon una banda que talaba especies protegidas
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
.
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional
Los procedimientos se realizaron en Orán, Tartagal y en otras ciudades del país. Hubo 24 allanamientos simultáneos.
Personal de la Policía Federal Argentina desbarató a una banda delictiva con ramificaciones en distintos puntos del país, que se dedicaba a la tala ilegal de especies protegidas y a la venta ilegal de madera por una suma millonaria. Con tal motivo se realizaron 24 allanamientos en las ciudades de Orán y Tartagal, además en Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe) y Capital Federal.
Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Delitos Ambientales, quienes fueron especialmente destacados a los sitios previamente investigados. Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Sergio Torres. Las tareas de campo realizadas por el personal policial permitieron establecer que dicha organización operaba de manera sincronizada en los citados lugares, según consigna un cable de la agencia Noticias Argentinas.
De las investigaciones se pudo determinar que la banda plantaba especies protegidas y en peligro de extinción, luego las talaban y las exportaban a China. El mercado asiático es el más apetecible de los mercaderes de la madera, debido al alto precio que pagan por el palo santo, el quebracho colorado y otras especies autóctonas de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, en la provincia de Salta.
A raíz de ello el juez Torres ordenó los allanamientos en simultáneo en estudios jurídicos y contables, escribanías, campos, aserraderos y viviendas particulares. Con esta medida se evitó que el grupo pudiera hacer desaparecer las pruebas que lo comprometían.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron 125 toneladas de palo santo, 28 toneladas de esta especie en formato de madera para piso embaladas y listas para ser exportadas. En los sitios allanados por los federales la policía encontró depósitos perfectamente acondicionados para el acopio del producto. También se decomisaron ocho toneladas de pino del cerro (especie en peligro de extinción cuya explotación está prohibida) y más de 3.000 toneladas de palo santo talado. Como prueba del poder económico de la organización se verificó que tenía en producción 45.000 hectáreas de palo santo plantados en el lugar.
Hasta ayer los efectivos federales se encontraban recolectando pruebas en distintos empredimientos allanados. Si bien no se dio a conocer la cantidad de personas involucradas, se supo que la banda contaba con un grupo de contadores, abogados y escribanos para realizar las maniobras. La documentación secuestrada en los estudios fue determinante, dijo una fuente.
Desde el juzgado se informó que, además, se incautaron cinco armas de fuego, munición, una granada de gas, cuatro computadoras, 14 cuños para marcar la madera, una piel de yaguareté, 52 planchetas de cerámica que los canes antidrogas que asistieron en el lugar señalaron como sospechosas y documentación de todo tipo que prueba el delito.
Los investigadores pudieron verificar que la organización realizó, al menos, 430 operaciones ilegales de exportaciones de madera a China, por un valor de 6.000.000 de dólares. Se informó que en las requisas se lograron detectar que 15 lugareños de pueblos originarios, wichis, eran explotados laboralmente en la tala de árboles a cambio de comida.
.
Liberaron caimanes monitoreados en Entre Ríos
Liberaron 18 crías de caimanes con radiotransmisores para monitorearlos
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
Investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
En el Laboratorio de Ecología Animal del CICyTTP* (Conicet-Prov. E. R.-Uader), sito en Diamante (Entre Ríos), se llevan a cabo estudios en diversas especies de animales, pero más específicamente en caimanes. Los investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
Es en el marco del Proyecto "Yacaré", con bases de datos de más de 20 años, que de manera conjunta se realizan estimaciones, evaluaciones de dinámicas poblacionales (incluyendo estudios genéticos) y de los métodos de monitoreo utilizados para estos animales, además de innovar en el relevamiento de nidos y poblaciones de yacarés con el uso de drones. Pero los estudios no se limitan a la ecología ya que en el laboratorio se llevan adelante otras investigaciones aplicadas al manejo o cría de la especie en cautiverio (otra actividad muy importante del Proyecto Yacaré).
A comienzos de junio, se inició un estudio en la Reserva Manejada "El Fisco" (Departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe) en el que se liberaron 18 crías de caimanes con radiotransmisores, con el objeto de realizar su seguimiento durante un año, a fin de evaluar su conducta, dispersión y supervivencia en la naturaleza.
Dicho estudio se lleva a cabo como parte del trabajo de tesis doctoral de la bióloga Evangelina Viotto, bajo la supervisión del doctor Carlos Piña (director del CICyTTP) y del doctor Joaquín Navarro, y con la colaboración de los demás miembros del Laboratorio, del Proyecto Yacaré, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CSG/IUCN).
Ventajas que brinda el nuevo equipamiento
Sobre el estudio y las herramientas utilizadas, Viotto expresó: "El fundamento del uso de los radiotransmisores se debe a que Caiman latirostris –vulgarmente, "yacaré overo"– es una especie críptica, lo que dificulta su observación y poder seguir los animales en los esteros que suele habitar. Este trabajo ayudará a conocer sobre el uso del hábitat y la supervivencia de los neonatos. Sin embargo, se estima que la supervivencia durante el primer año sería menor al 10% de las crías nacidas en una temporada reproductiva".
En tanto, Leonardo Scarpa, técnico del CICyTTP, aseveró: "La implementación de tecnologías tales como el uso de radiotransmisores, sumadas al gran esfuerzo de trabajo de campo, nos permitirá brindar informaciones de gran utilidad para los programas de manejo y conservación de la especie". El conocer la supervivencia de los neonatos durante el primer invierno es crucial para entender la dinámica de las poblaciones, sobre todo cuando estas son manejadas, ya que en función de la supervivencia depende la cantidad de ejemplares que deberían ser reintroducidos por los programas de rancheo.
Por su parte, el subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Alejandro Larriera, manifestó: "En este estudio, el interés de la Subsecretaría a mi cargo es doble ya que, por un lado, el Proyecto Yacaré, en sus aspectos técnicos y conservacionistas, depende directamente de este organismo, y por el otro, este trabajo se desarrolla en una Reserva Natural manejada de 1.800 ha que integra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que es responsabilidad de esta unidad de organización y cuyo objeto de conservación prioritario son los yacarés. Con las informaciones producidas por este trabajo se podrá mejorar el Programa de Manejo de la provincia y de las demás provincias del país que se basan en el mismo sistema de manejo conservacionista".
Y la buena noticia es que, durante los primeros días y tras el seguimiento, Viotto pudo destacar: "A nuestros 18 yacarecitos los observamos en su medio, asoleándose y permaneciendo en grupo. Ahora, esperamos continuar monitoreándolos y aprendiendo de ellos por un largo tiempo más".
.
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
Investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
En el Laboratorio de Ecología Animal del CICyTTP* (Conicet-Prov. E. R.-Uader), sito en Diamante (Entre Ríos), se llevan a cabo estudios en diversas especies de animales, pero más específicamente en caimanes. Los investigadores y becarios estudian sobre la reproducción de estos animales, por ejemplo, cuál es la inversión que las hembras realizan en su progenie, cuánto y cómo cuidan sus nidos, y qué animales predan estos nidos.
Es en el marco del Proyecto "Yacaré", con bases de datos de más de 20 años, que de manera conjunta se realizan estimaciones, evaluaciones de dinámicas poblacionales (incluyendo estudios genéticos) y de los métodos de monitoreo utilizados para estos animales, además de innovar en el relevamiento de nidos y poblaciones de yacarés con el uso de drones. Pero los estudios no se limitan a la ecología ya que en el laboratorio se llevan adelante otras investigaciones aplicadas al manejo o cría de la especie en cautiverio (otra actividad muy importante del Proyecto Yacaré).
A comienzos de junio, se inició un estudio en la Reserva Manejada "El Fisco" (Departamento San Cristóbal, provincia de Santa Fe) en el que se liberaron 18 crías de caimanes con radiotransmisores, con el objeto de realizar su seguimiento durante un año, a fin de evaluar su conducta, dispersión y supervivencia en la naturaleza.
Dicho estudio se lleva a cabo como parte del trabajo de tesis doctoral de la bióloga Evangelina Viotto, bajo la supervisión del doctor Carlos Piña (director del CICyTTP) y del doctor Joaquín Navarro, y con la colaboración de los demás miembros del Laboratorio, del Proyecto Yacaré, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe y el Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CSG/IUCN).
Ventajas que brinda el nuevo equipamiento
Sobre el estudio y las herramientas utilizadas, Viotto expresó: "El fundamento del uso de los radiotransmisores se debe a que Caiman latirostris –vulgarmente, "yacaré overo"– es una especie críptica, lo que dificulta su observación y poder seguir los animales en los esteros que suele habitar. Este trabajo ayudará a conocer sobre el uso del hábitat y la supervivencia de los neonatos. Sin embargo, se estima que la supervivencia durante el primer año sería menor al 10% de las crías nacidas en una temporada reproductiva".
En tanto, Leonardo Scarpa, técnico del CICyTTP, aseveró: "La implementación de tecnologías tales como el uso de radiotransmisores, sumadas al gran esfuerzo de trabajo de campo, nos permitirá brindar informaciones de gran utilidad para los programas de manejo y conservación de la especie". El conocer la supervivencia de los neonatos durante el primer invierno es crucial para entender la dinámica de las poblaciones, sobre todo cuando estas son manejadas, ya que en función de la supervivencia depende la cantidad de ejemplares que deberían ser reintroducidos por los programas de rancheo.
Por su parte, el subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Alejandro Larriera, manifestó: "En este estudio, el interés de la Subsecretaría a mi cargo es doble ya que, por un lado, el Proyecto Yacaré, en sus aspectos técnicos y conservacionistas, depende directamente de este organismo, y por el otro, este trabajo se desarrolla en una Reserva Natural manejada de 1.800 ha que integra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, que es responsabilidad de esta unidad de organización y cuyo objeto de conservación prioritario son los yacarés. Con las informaciones producidas por este trabajo se podrá mejorar el Programa de Manejo de la provincia y de las demás provincias del país que se basan en el mismo sistema de manejo conservacionista".
Y la buena noticia es que, durante los primeros días y tras el seguimiento, Viotto pudo destacar: "A nuestros 18 yacarecitos los observamos en su medio, asoleándose y permaneciendo en grupo. Ahora, esperamos continuar monitoreándolos y aprendiendo de ellos por un largo tiempo más".
.
Rechazan planteo pro nuclear en Río Negro
Rechazan el planteo de Sierra Grande por la planta nuclear
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, emitió un dictamen que rechaza el planteo del Municipio de Sierra Grande en relación con la supuesta incostitucionalidad de ley provincial antinuclear. Su acción no es vinculante, pero podría influenciar en la definición judicial planteada.
Al respecto, Crespo explicó que la Ley 5227 fue “dictada merced a las facultades otorgadas por la Constitución Provincial al Poder Legislativo” y que “goza de la respectiva presunción de legitimidad y sobre la cual, en mi opinión, el accionante no ha evidenciado en el caso bajo análisis la hipotética colisión que podría tener con la carta fundamental”.
A su vez, descartó una “afectación de derechos” y manifestó que el actor que presenta el recurso “carece de legitimación activa para su interposición”, por lo que no podrá avanzar -según su opinión- la acción por esta vía.
Sin embargo, Crespo advirtió que “para el caso que ese cuerpo (STJ) estimara que el accionante se encuentra legitimado, considero de conformidad a lo antes manifestado que la acción resulta formalmente improcedente”.
La instalación de la planta nuclear en la provincia generó polémica el año pasado y, consecuentemente, idas y vueltas en el Ejecutivo. Finalmente, el gobernador Alberto Weretilneck decidió que el proyecto no se concretase en tierra rionegrina, generando las quejas del municipio de Sierra Grande, que pretendía que la planta se instalase allí.
.
Fecha de Publicación: 06/07/2018
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, emitió un dictamen que rechaza el planteo del Municipio de Sierra Grande en relación con la supuesta incostitucionalidad de ley provincial antinuclear. Su acción no es vinculante, pero podría influenciar en la definición judicial planteada.
Al respecto, Crespo explicó que la Ley 5227 fue “dictada merced a las facultades otorgadas por la Constitución Provincial al Poder Legislativo” y que “goza de la respectiva presunción de legitimidad y sobre la cual, en mi opinión, el accionante no ha evidenciado en el caso bajo análisis la hipotética colisión que podría tener con la carta fundamental”.
A su vez, descartó una “afectación de derechos” y manifestó que el actor que presenta el recurso “carece de legitimación activa para su interposición”, por lo que no podrá avanzar -según su opinión- la acción por esta vía.
Sin embargo, Crespo advirtió que “para el caso que ese cuerpo (STJ) estimara que el accionante se encuentra legitimado, considero de conformidad a lo antes manifestado que la acción resulta formalmente improcedente”.
La instalación de la planta nuclear en la provincia generó polémica el año pasado y, consecuentemente, idas y vueltas en el Ejecutivo. Finalmente, el gobernador Alberto Weretilneck decidió que el proyecto no se concretase en tierra rionegrina, generando las quejas del municipio de Sierra Grande, que pretendía que la planta se instalase allí.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios