Se extiende el plazo de limpieza del Riachuelo
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Riachuelo: nuevo plazos de obra para la limpieza y allanamiento en Acumar
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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El INTA Santa Cruz será incluído en el informe del IPCC
El INTA Santa Cruz participará en la elaboración del próximo informe del IPCC
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Nuevo Dïa
Provincia/Región: Santa Cruz
El Dr. Pablo Peri, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, fue convocado a participar en la elaboración del sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Peri (INTA-UNPA-CONICET), responsable del grupo de Investigación Forestal Agrícola y Manejo del Agua, participará como autor principal del “Grupo II” que se ocupará de cuantificar el impacto del cambio climático y de la adaptación y la vulnerabilidad ante este fenómeno. En total el IPCC está conformado por tres grupos de trabajo: El Grupo de trabajo I se ocupará de las bases físicas del cambio climático y el Grupo III de la mitigación del cambio climático.
Según explican en el sitio web oficial “el IPCC es un órgano internacional creado en 1988 bajo la esfera de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, estimar sus potenciales repercusiones medioambientales y socioeconómicas, así como analizar alternativas para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos”.
El IPCC es un órgano científico que pública periódicamente informe de evaluación que examinan la más reciente evidencia climática y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Nuevo Dïa
Provincia/Región: Santa Cruz
El Dr. Pablo Peri, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, fue convocado a participar en la elaboración del sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Peri (INTA-UNPA-CONICET), responsable del grupo de Investigación Forestal Agrícola y Manejo del Agua, participará como autor principal del “Grupo II” que se ocupará de cuantificar el impacto del cambio climático y de la adaptación y la vulnerabilidad ante este fenómeno. En total el IPCC está conformado por tres grupos de trabajo: El Grupo de trabajo I se ocupará de las bases físicas del cambio climático y el Grupo III de la mitigación del cambio climático.
Según explican en el sitio web oficial “el IPCC es un órgano internacional creado en 1988 bajo la esfera de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, estimar sus potenciales repercusiones medioambientales y socioeconómicas, así como analizar alternativas para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos”.
El IPCC es un órgano científico que pública periódicamente informe de evaluación que examinan la más reciente evidencia climática y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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¿Originarios de la Meseta a favor de la minería en Chubut?
Referentes de pueblos originarios de la Meseta, a favor del desarrollo minero en Chubut
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Confirman que pesticidas mataron 70 millones de abejas
Confirmado: un pesticida mató a los 70 millones de abejas en Traslasierra
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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contaminación,
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Dos cachorros de yaguareté más
Nacieron dos cachorros de yaguareté en los Esteros del Iberá
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La madre había sido trasladada al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en la reserva privada de San Alonso, en los Esteros del Iberá, Corrientes.
El trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con Conservation Land Trust (CLT) dio como resultado el nacimiento de dos cachorros de yaguareté que fortalecen la conservación de esta especie en peligro de extinción.
Tania, la madre de los cachorros, es hija de Tobuna. Ambos ejemplares habían sido trasladados al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en el marco del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, que lleva adelante la cartera que encabeza el ministro Sergio Bergman. Chiqui, el padre, nació en vida libre y fue llevado al Refugio Faunístico Atinguy, después de que unos cazadores mataran a su madre. Tanto Tania como los cachorros están actualmente en una “paridera” de madera que se construyó dentro de un fragmento de bosque, de hectárea y media, desde donde son observados continuamente a través de un sistema de videovigilancia.
Lo sucedido cobra relevancia porque se estima que quedan menos de 250 individuos en el país, amenazados, entre otras causas, por la pérdida de su hábitat, la caza, la persecución para evitar ataques al ganado y los atropellamientos en rutas.
El yaguareté (Panthera onca)fue incluido como especie prioritaria en el Plan de Acción Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para su conservación. Con una inversión acumulada de $ 1.300.000, se encuentran en ejecución proyectos para abordar sus principales amenazas, que promueven buenas prácticas ganaderas para minimizar el conflicto del yaguareté con los pobladores de su área de distribución; se presta apoyo en tareas de control y fiscalización contra la caza furtiva y el comercio ilícito; se llevan a cabo actividades de educación ambiental y se realizan estrategias de comunicación y capacitación.
Asimismo, la cartera de Ambiente lleva adelante el “Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté”, saldando así una deuda institucional de 16 años. Para la implementación de esta iniciativa, se conformó un Comité de Gestión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales (APN), de cada una de las regiones del área de distribución de la especie (NEA, NOA y Chaco), de las organizaciones de la sociedad civil y del sector científico-académico.
El esfuerzo fue posible gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Conservation Land Trust (CLT); Criadouro Onça Pintada; Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO); Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Abastecimiento de Brasil (MAPA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Ministerio de Turismo de Corrientes.
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La madre había sido trasladada al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en la reserva privada de San Alonso, en los Esteros del Iberá, Corrientes.
El trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con Conservation Land Trust (CLT) dio como resultado el nacimiento de dos cachorros de yaguareté que fortalecen la conservación de esta especie en peligro de extinción.
Tania, la madre de los cachorros, es hija de Tobuna. Ambos ejemplares habían sido trasladados al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en el marco del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, que lleva adelante la cartera que encabeza el ministro Sergio Bergman. Chiqui, el padre, nació en vida libre y fue llevado al Refugio Faunístico Atinguy, después de que unos cazadores mataran a su madre. Tanto Tania como los cachorros están actualmente en una “paridera” de madera que se construyó dentro de un fragmento de bosque, de hectárea y media, desde donde son observados continuamente a través de un sistema de videovigilancia.
Lo sucedido cobra relevancia porque se estima que quedan menos de 250 individuos en el país, amenazados, entre otras causas, por la pérdida de su hábitat, la caza, la persecución para evitar ataques al ganado y los atropellamientos en rutas.
El yaguareté (Panthera onca)fue incluido como especie prioritaria en el Plan de Acción Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para su conservación. Con una inversión acumulada de $ 1.300.000, se encuentran en ejecución proyectos para abordar sus principales amenazas, que promueven buenas prácticas ganaderas para minimizar el conflicto del yaguareté con los pobladores de su área de distribución; se presta apoyo en tareas de control y fiscalización contra la caza furtiva y el comercio ilícito; se llevan a cabo actividades de educación ambiental y se realizan estrategias de comunicación y capacitación.
Asimismo, la cartera de Ambiente lleva adelante el “Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté”, saldando así una deuda institucional de 16 años. Para la implementación de esta iniciativa, se conformó un Comité de Gestión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales (APN), de cada una de las regiones del área de distribución de la especie (NEA, NOA y Chaco), de las organizaciones de la sociedad civil y del sector científico-académico.
El esfuerzo fue posible gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Conservation Land Trust (CLT); Criadouro Onça Pintada; Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO); Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Abastecimiento de Brasil (MAPA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Ministerio de Turismo de Corrientes.
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Absa deberá dejar de contaminar el Arroyo Maldonado
Fallo judicial le ordena a Absa que deje de contaminar el Arroyo Maldonado
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado de Faltas Nº 2 hizo lugar a una cautelar. Determinó que se vuelcan efluentes sin tratamiento en la zona de 1 y 92. La polución “supera ampliamente los límites legales”, afirman. Harán una denuncia penal
Insuficientes en cantidad y capacidad, abandonadas o con mantenimiento mínimo, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales son en nuestra región meros reservorios que los concentran, canalizan y vierten en diferentes arroyos. Concebidas para purificar, hacen lo contrario. Vecinos de Villa Elvira damnificados por recurrentes desbordes de aguas servidas acaban de ser beneficiados por un fallo de la Justicia de Faltas local, que ordena a Absa regularizar la situación en las viviendas, y además dejar de contaminar el curso inferior del arroyo Maldonado.
Concretamente, el Juzgado de Faltas Nº2 platense, con competencia en defensa del consumidor, dictó una medida cautelar contra la empresa estatal que provee de agua potable y acceso a la red cloacal a los habitantes de la Región -y subsidiariamente, por lo tanto también contra la Provincia de Buenos Aires-, intimándola a instalar un grupo electrógeno para asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90, y a garantizar la atención de las eventuales emergencias por su mal funcionamiento.
Al mismo tiempo, el juez Dante Rusconi determinó que en plazo de treinta días deberá cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos por la normativa de aplicación” en el Maldonado, pasante a sólo cien metros de las instalaciones de bombeo que además de la impulsión cloacal incluyen un pozo de extracción con dispositivos potabilizadores.
La Justicia de Faltas llegó a estas conclusiones tras corroborar que “las conductas de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima consisten en, por un lado, el presunto incumplimiento de la prestación del servicio público de desagües cloacales a su cargo y la falta de atención de las emergencias relacionadas con el mismo; y por otro, el bombeo de efluentes cloacales sin tratar y por encima de los parámetros legales desde una estación de su propiedad ubicada en 1 y 90, que son vertidos al curso del arroyo Maldonado, con un aparente impacto sanitario y ambiental de gravedad”.
Voceros de la firma intimada manifestaron anoche que “llegadas las notificaciones oficiales, se están analizando los pasos a seguir”. En su descargo oficial, según consta en el expediente de la causa, Absa había indicado que realizó varias obras para mejorar el funcionamiento de las cloacas en la zona y que los desbordes era consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico paralizaban y obligaban a reiniciar la planta.
Nuestra ciudad cuenta con varias estaciones de rebombeo cloacal, que recogen las aguas servidas de diferentes zonas; algunas de ellas están en 9 y 35 -maneja el caudal de la parte noroeste del casco histórico-; 122 y 66 -encauza los líquidos del sudeste del casco y su periferia-; 115 y 514 -cubre a las localidades del norte platense-; y 1 y 90, que sirve a amplios sectores del este y sudeste, incluyendo a Villa Elvira.
La planta de Ringuelet está desde hace tiempo en la mira de los vecinos, ambientalistas y la Justicia, por vuelcos en el arroyo El Gato; el emisario cloacal de avenida 66 (Río de La Plata) vierte toneladas de desechos crudos en las costas berissenses, y el de 1 y 90 en el Maldonado, que desagua en una amplia zona de bañados y luego en el Plata, a la altura de Los Talas.
En los últimos años, sus falencias fueron denunciadas una y otra vez por los vecinos de una localidad cada vez más poblada, y con asentamientos formados sobre tierras usurpadas que crecen a ritmo vertiginoso. De hecho, la “pluma” de contaminación que dibuja sobre la superficie del agua se ve claramente en las plataformas de mapas satelitales que ofrecen diferentes sitios de Internet.
El colapso de las estaciones elevadoras y purificadoras de efluentes cloacales es responsabilidad de sus operadores pero además, en parte, es una manifestación de problemas mayores como la densificación urbana descontrolada, las conexiones clandestinas y los acciones antirreglamentarias de miles de vecinos que conectan los desagües pluviales de sus viviendas a las cámaras sépticas.
En abril de 2016, Barrio Jardín y Villa Elvira se quedaron sin agua, y Absa adujo que la estación elevadora había sido “vandalizada”; en otra oportunidad, la firma explicó que “ante las intensas lluvias”, el lugar había colapsado, “en gran medida por la cantidad de viviendas que tienen conectados en forma indebida los desagües pluviales directamente a la red cloacal”.
Desde la Justicia de Faltas se precisó que “al detectarse vertido de efluentes sin tratar directamente en el arroyo Maldonado se dio intervención a la Justicia Penal Federal y se dispusieron medidas para diagnosticar el daño ambiental y la recomposición que deba realizarse en el futuro; mientras el límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, se verificaron valores entre 43.000 y 46.000, por dar apenas un ejemplo”.
Límite
Veinte veces más contaminación que la permitida hay en el arroyo Maldonado, cerca de la planta de bombeo cloacal de ABSA en 1 y 90. El límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, y se verificaron valores entre 43.000 y 46.000
Treinta
Días tiene ABSA para hacer cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos”. Además se la intimó a instalar un grupo electrógeno para “asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90”
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado de Faltas Nº 2 hizo lugar a una cautelar. Determinó que se vuelcan efluentes sin tratamiento en la zona de 1 y 92. La polución “supera ampliamente los límites legales”, afirman. Harán una denuncia penal
Insuficientes en cantidad y capacidad, abandonadas o con mantenimiento mínimo, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales son en nuestra región meros reservorios que los concentran, canalizan y vierten en diferentes arroyos. Concebidas para purificar, hacen lo contrario. Vecinos de Villa Elvira damnificados por recurrentes desbordes de aguas servidas acaban de ser beneficiados por un fallo de la Justicia de Faltas local, que ordena a Absa regularizar la situación en las viviendas, y además dejar de contaminar el curso inferior del arroyo Maldonado.
Concretamente, el Juzgado de Faltas Nº2 platense, con competencia en defensa del consumidor, dictó una medida cautelar contra la empresa estatal que provee de agua potable y acceso a la red cloacal a los habitantes de la Región -y subsidiariamente, por lo tanto también contra la Provincia de Buenos Aires-, intimándola a instalar un grupo electrógeno para asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90, y a garantizar la atención de las eventuales emergencias por su mal funcionamiento.
Al mismo tiempo, el juez Dante Rusconi determinó que en plazo de treinta días deberá cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos por la normativa de aplicación” en el Maldonado, pasante a sólo cien metros de las instalaciones de bombeo que además de la impulsión cloacal incluyen un pozo de extracción con dispositivos potabilizadores.
La Justicia de Faltas llegó a estas conclusiones tras corroborar que “las conductas de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima consisten en, por un lado, el presunto incumplimiento de la prestación del servicio público de desagües cloacales a su cargo y la falta de atención de las emergencias relacionadas con el mismo; y por otro, el bombeo de efluentes cloacales sin tratar y por encima de los parámetros legales desde una estación de su propiedad ubicada en 1 y 90, que son vertidos al curso del arroyo Maldonado, con un aparente impacto sanitario y ambiental de gravedad”.
Voceros de la firma intimada manifestaron anoche que “llegadas las notificaciones oficiales, se están analizando los pasos a seguir”. En su descargo oficial, según consta en el expediente de la causa, Absa había indicado que realizó varias obras para mejorar el funcionamiento de las cloacas en la zona y que los desbordes era consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico paralizaban y obligaban a reiniciar la planta.
Nuestra ciudad cuenta con varias estaciones de rebombeo cloacal, que recogen las aguas servidas de diferentes zonas; algunas de ellas están en 9 y 35 -maneja el caudal de la parte noroeste del casco histórico-; 122 y 66 -encauza los líquidos del sudeste del casco y su periferia-; 115 y 514 -cubre a las localidades del norte platense-; y 1 y 90, que sirve a amplios sectores del este y sudeste, incluyendo a Villa Elvira.
La planta de Ringuelet está desde hace tiempo en la mira de los vecinos, ambientalistas y la Justicia, por vuelcos en el arroyo El Gato; el emisario cloacal de avenida 66 (Río de La Plata) vierte toneladas de desechos crudos en las costas berissenses, y el de 1 y 90 en el Maldonado, que desagua en una amplia zona de bañados y luego en el Plata, a la altura de Los Talas.
En los últimos años, sus falencias fueron denunciadas una y otra vez por los vecinos de una localidad cada vez más poblada, y con asentamientos formados sobre tierras usurpadas que crecen a ritmo vertiginoso. De hecho, la “pluma” de contaminación que dibuja sobre la superficie del agua se ve claramente en las plataformas de mapas satelitales que ofrecen diferentes sitios de Internet.
El colapso de las estaciones elevadoras y purificadoras de efluentes cloacales es responsabilidad de sus operadores pero además, en parte, es una manifestación de problemas mayores como la densificación urbana descontrolada, las conexiones clandestinas y los acciones antirreglamentarias de miles de vecinos que conectan los desagües pluviales de sus viviendas a las cámaras sépticas.
En abril de 2016, Barrio Jardín y Villa Elvira se quedaron sin agua, y Absa adujo que la estación elevadora había sido “vandalizada”; en otra oportunidad, la firma explicó que “ante las intensas lluvias”, el lugar había colapsado, “en gran medida por la cantidad de viviendas que tienen conectados en forma indebida los desagües pluviales directamente a la red cloacal”.
Desde la Justicia de Faltas se precisó que “al detectarse vertido de efluentes sin tratar directamente en el arroyo Maldonado se dio intervención a la Justicia Penal Federal y se dispusieron medidas para diagnosticar el daño ambiental y la recomposición que deba realizarse en el futuro; mientras el límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, se verificaron valores entre 43.000 y 46.000, por dar apenas un ejemplo”.
Límite
Veinte veces más contaminación que la permitida hay en el arroyo Maldonado, cerca de la planta de bombeo cloacal de ABSA en 1 y 90. El límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, y se verificaron valores entre 43.000 y 46.000
Treinta
Días tiene ABSA para hacer cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos”. Además se la intimó a instalar un grupo electrógeno para “asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90”
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UPM: amplian monitoreo luego de 8 años de La Haya
Ocho años después de un fallo por las pasteras, Argentina y Uruguay amplían el monitoreo del río
Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El plan es completar el control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya.
Buenos Aires y Montevideo aprovecharon el Día Mundial del Medio Ambiente para anunciar que comenzarán a implementar el llamado Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay. Este completará un control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya tras el juicio por el conflicto por la instalación de una procesadora de pasta de papel en Fray Bentos. En realidad, el anuncio se hizo a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de vigilar los emprendimientos en ese río.
"Este monitoreo abarca los 500 km de jurisdicción compartida entre Argentina y Uruguay, desde Monte Caseros – Bella Unión hasta su desembocadura en el Río de la Plata, el cual será ejecutado por del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay", señaló la información oficial.
La parte que ahora se pactó para monitorear completará el acuerdo puesto en marcha a partir del fallo de los tribunales de las Naciones Unidas en 2010, y el intercambio de notas entre los ex cancilleres de Cristina Kirchner (Héctor Timerman) y José Mujica (Luis Almagro). Estos funcionarios establecieron la creación de un comité científico, que en principio se puso a monitorear las áreas de impacto medioambiental de la pastera que en principio se conoció como Orion, luego tomó el nombre de la finlandesa Botnia, y hoy está en manos de UPM. El monitoreo también debía abarcar la zona de influencia de la pastera y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el río Uruguay. Esos estudios se hacían aguas superficiales.
Luego de un reclamo de ambientalistas entrerrianos, el gobierno de Néstor Kirchner nacionalizó la causa y se enfrentó con el presidente Tabaré Vázquez, cuando los monitoreos de la zona se hacían puntualmente y a través de campañas conocidas como Procon. Hubo por ejemplo, una "campaña" en 2003 y otra en 2005, el año en que empezó a agudizarse la tensión que tuvo momentos de grave enfrentamiento verbal entre los dos presidentes.
Después, aunque Cristina Kirchner y Mujica tuvieron cruces, los dos presidentes buscaron remontar el vínculo y encarrilar la cuestión del monitoreo en cumplimiento con lo dictaminado por la Haya. Según supo Clarín, se han detectado rastros de contaminación que la CARU reporta a sus respectivas cancillerías (los científicos son tanto uruguayos como argentinos). Por ejemplo, la ex Botnia (hoy UPM) mostró una alta concentración de sólidos sedimentables en dos momentos, se informó a este diario
Los que se lanzó ahora es un programa de monitoreo integral del Río Uruguay a lo largo de 500 kilómetros de orillas compartidas. Pero además, se integran todas las matrices ambientales (el agua, los sedimentos y la biota, u organismos vivos). Por otro lado, se hará un estudio de costas y luego se agregarán otros aspectos, hasta llegar a un total de siete programas
"El monitoreo se llevará a cabo con tres equipos de técnicos que tomaran muestras y realizarán otras mediciones in situ. Las mismas se realizarán simultáneamente durante dos días en las zonas norte, centro y sur a lo largo de los 500 km de río compartido", afirmó la CARU.
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Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El plan es completar el control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya.
Buenos Aires y Montevideo aprovecharon el Día Mundial del Medio Ambiente para anunciar que comenzarán a implementar el llamado Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay. Este completará un control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya tras el juicio por el conflicto por la instalación de una procesadora de pasta de papel en Fray Bentos. En realidad, el anuncio se hizo a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de vigilar los emprendimientos en ese río.
"Este monitoreo abarca los 500 km de jurisdicción compartida entre Argentina y Uruguay, desde Monte Caseros – Bella Unión hasta su desembocadura en el Río de la Plata, el cual será ejecutado por del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay", señaló la información oficial.
La parte que ahora se pactó para monitorear completará el acuerdo puesto en marcha a partir del fallo de los tribunales de las Naciones Unidas en 2010, y el intercambio de notas entre los ex cancilleres de Cristina Kirchner (Héctor Timerman) y José Mujica (Luis Almagro). Estos funcionarios establecieron la creación de un comité científico, que en principio se puso a monitorear las áreas de impacto medioambiental de la pastera que en principio se conoció como Orion, luego tomó el nombre de la finlandesa Botnia, y hoy está en manos de UPM. El monitoreo también debía abarcar la zona de influencia de la pastera y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el río Uruguay. Esos estudios se hacían aguas superficiales.
Luego de un reclamo de ambientalistas entrerrianos, el gobierno de Néstor Kirchner nacionalizó la causa y se enfrentó con el presidente Tabaré Vázquez, cuando los monitoreos de la zona se hacían puntualmente y a través de campañas conocidas como Procon. Hubo por ejemplo, una "campaña" en 2003 y otra en 2005, el año en que empezó a agudizarse la tensión que tuvo momentos de grave enfrentamiento verbal entre los dos presidentes.
Después, aunque Cristina Kirchner y Mujica tuvieron cruces, los dos presidentes buscaron remontar el vínculo y encarrilar la cuestión del monitoreo en cumplimiento con lo dictaminado por la Haya. Según supo Clarín, se han detectado rastros de contaminación que la CARU reporta a sus respectivas cancillerías (los científicos son tanto uruguayos como argentinos). Por ejemplo, la ex Botnia (hoy UPM) mostró una alta concentración de sólidos sedimentables en dos momentos, se informó a este diario
Los que se lanzó ahora es un programa de monitoreo integral del Río Uruguay a lo largo de 500 kilómetros de orillas compartidas. Pero además, se integran todas las matrices ambientales (el agua, los sedimentos y la biota, u organismos vivos). Por otro lado, se hará un estudio de costas y luego se agregarán otros aspectos, hasta llegar a un total de siete programas
"El monitoreo se llevará a cabo con tres equipos de técnicos que tomaran muestras y realizarán otras mediciones in situ. Las mismas se realizarán simultáneamente durante dos días en las zonas norte, centro y sur a lo largo de los 500 km de río compartido", afirmó la CARU.
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En el Día del Ambiente, Bergman promociona lo forestal
En el Día Mundial del Ambiente, el Gobierno nacional lanzó ForestAR 2030
Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental.
En la celebración del Día Mundial del Ambiente, el Gobierno nacional presentó ForestAR 2030, una estrategia interministerial desarrollada junto a los sectores clave para generar el crecimiento de una economía forestal sustentable en Argentina. El lanzamiento, realizado en Casa de Gobierno, estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, junto a sus pares de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; de Educación, Alejandro Finocchiaro; y el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
Durante el acto, los funcionarios firmaron una carta de intención y de trabajo colaborativo por la cual acordaron aunar esfuerzos a fin promover la industria forestal sustentable en sus distintas áreas de incumbencia. Además se comprometieron a posicionar al país dentro del contexto forestal internacional. Cabe señalar que la iniciativa, encabezada por la cartera nacional de Ambiente, es impulsada también por los ministerios de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
“Forestar 2030 es un proyecto de todos los argentinos, una plataforma nacional y federal, coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, e implica ya un logro de trabajo articulado y compromiso global”, aseguró Bergman. “Tenemos que traducir el problema del cambio climático en una oportunidad; el impulso a una economía de múltiple efecto, a partir de la comunicación y educación respecto a los beneficios ecosistémicos del bosque y de la cadena de valor de la madera, de planes de inversión, de la generación de nuevos negocios y de la creación de puestos de trabajo”, agregó.
En el salón Pueblos Originarios de Casa de Gobierno Bergman aseguró: “No solo deforestar cero es nuestra meta, sino que también lo es la reforestación mediante un trabajo convergente y sinérgico, donde encontramos la trazabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cabe destacar que en materia de reforestación de especies nativas el Ministerio de Ambiente lleva a cabo el Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados (PNRBND), que promueve la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de estos ecosistemas con diferentes grados de degradación. Asimismo, fomenta el restablecimiento de la biodiversidad, la regulación hídrica, la conservación del suelo y la calidad del agua, la fijación de los gases con efecto invernadero y la recuperación de los medios de sustento para las poblaciones locales.
De acuerdo con el aporte científico de la organización ambiental global TNC, la forestación es una de las principales soluciones naturales y de bajo costo para mitigar el cambio climático, y permite también dar cumplimiento a los Objetivos de un Desarrollo Sustentable (ODS). En ese sentido, ForestAR 2030 se inscribe en el marco de las acciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
La plataforma ForestAR apunta además al fortalecimiento de una economía de mercado, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Mesa Foresto Industrial, que reúne a distintas carteras del Gabinete y a productores, representantes de industrias y sindicatos del comercio de la madera, el papel y sus derivados. En ese ámbito, la meta propuesta al 2030 es alcanzar dos millones de hectáreas forestadas en todo el país.
“Celebro la iniciativa de Forestar 2030, esta plataforma interministerial que nos permitirá trabajar de forma mancomunada hacia el objetivo de ser un país con mejor ambiente, con más inversión y mejora del empleo. La foresto industria argentina involucra más de 100 mil empleos directos e intervienen unas 7000 pymes de distinto nivel de transformación de la madera. Si el sector crece esto puede multiplicarse, generando mayor trabajo para todos los argentinos”, dijo el ministro de Agroindustria.
Por su parte, el titular de la cartera de Educación de la Nación señaló: “La única manera de encarar una verdadera transformación es poner el foco en un desarrollo económico, social y ambiental sostenible y el primer paso es la educación. Esta gestión piensa en el futuro. Nuestros chicos necesitan aprender que son los dueños de ese futuro y convertirse en ciudadanos del mundo responsables. Solo es factible crecer con una visión a largo plazo; ForestAR 2030 se inscribe dentro de las políticas públicas que piensan la Argentina hacia delante y puede ser una piedra angular del cambio cultural que nuestra nación necesita”.
Para finalizar, Quintana aseguró: “Nos toca honrar este mandato de cambio que la sociedad nos pide. Y tenemos que llevarlo adelante construyendo un país más equitativo, más sustentable y pensando en particular en los más vulnerables, y hacerlo cuidándolos a ellos y a la Casa común”.
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Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental.
En la celebración del Día Mundial del Ambiente, el Gobierno nacional presentó ForestAR 2030, una estrategia interministerial desarrollada junto a los sectores clave para generar el crecimiento de una economía forestal sustentable en Argentina. El lanzamiento, realizado en Casa de Gobierno, estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, junto a sus pares de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; de Educación, Alejandro Finocchiaro; y el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
Durante el acto, los funcionarios firmaron una carta de intención y de trabajo colaborativo por la cual acordaron aunar esfuerzos a fin promover la industria forestal sustentable en sus distintas áreas de incumbencia. Además se comprometieron a posicionar al país dentro del contexto forestal internacional. Cabe señalar que la iniciativa, encabezada por la cartera nacional de Ambiente, es impulsada también por los ministerios de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
“Forestar 2030 es un proyecto de todos los argentinos, una plataforma nacional y federal, coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, e implica ya un logro de trabajo articulado y compromiso global”, aseguró Bergman. “Tenemos que traducir el problema del cambio climático en una oportunidad; el impulso a una economía de múltiple efecto, a partir de la comunicación y educación respecto a los beneficios ecosistémicos del bosque y de la cadena de valor de la madera, de planes de inversión, de la generación de nuevos negocios y de la creación de puestos de trabajo”, agregó.
En el salón Pueblos Originarios de Casa de Gobierno Bergman aseguró: “No solo deforestar cero es nuestra meta, sino que también lo es la reforestación mediante un trabajo convergente y sinérgico, donde encontramos la trazabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cabe destacar que en materia de reforestación de especies nativas el Ministerio de Ambiente lleva a cabo el Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados (PNRBND), que promueve la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de estos ecosistemas con diferentes grados de degradación. Asimismo, fomenta el restablecimiento de la biodiversidad, la regulación hídrica, la conservación del suelo y la calidad del agua, la fijación de los gases con efecto invernadero y la recuperación de los medios de sustento para las poblaciones locales.
De acuerdo con el aporte científico de la organización ambiental global TNC, la forestación es una de las principales soluciones naturales y de bajo costo para mitigar el cambio climático, y permite también dar cumplimiento a los Objetivos de un Desarrollo Sustentable (ODS). En ese sentido, ForestAR 2030 se inscribe en el marco de las acciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
La plataforma ForestAR apunta además al fortalecimiento de una economía de mercado, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Mesa Foresto Industrial, que reúne a distintas carteras del Gabinete y a productores, representantes de industrias y sindicatos del comercio de la madera, el papel y sus derivados. En ese ámbito, la meta propuesta al 2030 es alcanzar dos millones de hectáreas forestadas en todo el país.
“Celebro la iniciativa de Forestar 2030, esta plataforma interministerial que nos permitirá trabajar de forma mancomunada hacia el objetivo de ser un país con mejor ambiente, con más inversión y mejora del empleo. La foresto industria argentina involucra más de 100 mil empleos directos e intervienen unas 7000 pymes de distinto nivel de transformación de la madera. Si el sector crece esto puede multiplicarse, generando mayor trabajo para todos los argentinos”, dijo el ministro de Agroindustria.
Por su parte, el titular de la cartera de Educación de la Nación señaló: “La única manera de encarar una verdadera transformación es poner el foco en un desarrollo económico, social y ambiental sostenible y el primer paso es la educación. Esta gestión piensa en el futuro. Nuestros chicos necesitan aprender que son los dueños de ese futuro y convertirse en ciudadanos del mundo responsables. Solo es factible crecer con una visión a largo plazo; ForestAR 2030 se inscribe dentro de las políticas públicas que piensan la Argentina hacia delante y puede ser una piedra angular del cambio cultural que nuestra nación necesita”.
Para finalizar, Quintana aseguró: “Nos toca honrar este mandato de cambio que la sociedad nos pide. Y tenemos que llevarlo adelante construyendo un país más equitativo, más sustentable y pensando en particular en los más vulnerables, y hacerlo cuidándolos a ellos y a la Casa común”.
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Pascua-Lama: ¿los chinos podrán?
Creen que Shandong sí podrá hacer el proyecto binacional Pascua Lama
Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A fin de año, la firma china le presentará al Ejecutivo un informe sobre la viabilidad del proyecto. Hay entusiasmo.
En el Ejecutivo están entusiasmados, pero son cautos. Estiman que no hay impedimento para que la empresa china, Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, pueda hacerse cargo del proyecto binacional Pascua Lama, como anticipó DIARIO DE CUYO el domingo pasado. La expectativa surge porque la firma canadiense fue multada y sancionada a clausurar el proyecto en Chile. Pero además, Barrick ya les indicó a sus accionistas que el proyecto no cumple con los criterios de inversión de la compañía y lo dejó como "una opción para el desarrollo en el futuro si la economía mejora". Por eso, el Ejecutivo local le pedirá a la empresa que lleve adelante el cierre de la mina, medida que puede allanar el camino para la participación de la firma oriental. Para conocer si puede llevar adelante el proyecto binacional, Shandong realizará un informe que, según confirmó ayer el gobernador Sergio Uñac, será presentado por las autoridades chinas antes de fin de año.
Fuentes oficiales indicaron que el ingreso de otra empresa que no sea Barrick para ejecutar el proyecto es clave. Es que entienden que la firma canadiense no tuvo buenos resultados a ambos lados de la cordillera y que "si cambian los personajes, podemos comenzar a transitar un camino nuevo", sostuvieron. Es más, no descartan que pueda haber tratativas con las autoridades nacionales de ambos países para que el proyecto tenga el visto bueno y se pueda avanzar con su objetivo original, que sea binacional.
La iniciativa en Pascua Lama contemplaba la extracción de oro a cielo abierto, pero las autoridades y la Justicia del vecino país paralizaron el proyecto porque en la construcción se afectó tanto un río con aguas ácidas y fauna y flora de la zona, entre otros puntos. Por eso la empresa fue multada con 11,5 millones de pesos y con la clausura total y definitiva del proyecto. Así surgió la alternativa subterránea, que partiría del lado argentino, pero eso quedó frenado por completo por la empresa, decisión que fue anunciada en abril en la presentación de su informe financiero.
Sin el desarrollo de tareas en un futuro cercano, el ministro de Minería Alberto Hensel confirmó que le solicitarán a la empresa canadiense el cierre del proyecto, lo que implica tareas de remediación del lugar donde están instalados quipos, campamentos y estructuras que fueron edificadas. Incluso las fuentes indicaron que esa solicitud será enviada en las próximas semanas a la empresa para que se detalle cómo realizarán los trabajos, la mano de obra requerida, el tiempo que demorarán en el cierre y el monto a destinar.
Según dijo ayer Uñac, al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el viernes con el presidente de Shandong Gold, Chen Yumin, "hacia fin de año me van a presentar un informe y están mirando si puede ser Lama o Lama- Pascua, teniendo en cuenta que también pueden hacer minería subterránea".
Sobre las expectativas que genera la participación china, el ministro Hensel sostuvo que "esto puede generar nuevas instancias de negociación". Además, aseguró que "por las conversaciones que hemos tenido, siempre entendimos que Shandong tiene un objetivo más amplio que su participación en Veladero, sobre todo mirando al Valle del Cura y el potencial minero que tiene San Juan".
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Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A fin de año, la firma china le presentará al Ejecutivo un informe sobre la viabilidad del proyecto. Hay entusiasmo.
En el Ejecutivo están entusiasmados, pero son cautos. Estiman que no hay impedimento para que la empresa china, Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, pueda hacerse cargo del proyecto binacional Pascua Lama, como anticipó DIARIO DE CUYO el domingo pasado. La expectativa surge porque la firma canadiense fue multada y sancionada a clausurar el proyecto en Chile. Pero además, Barrick ya les indicó a sus accionistas que el proyecto no cumple con los criterios de inversión de la compañía y lo dejó como "una opción para el desarrollo en el futuro si la economía mejora". Por eso, el Ejecutivo local le pedirá a la empresa que lleve adelante el cierre de la mina, medida que puede allanar el camino para la participación de la firma oriental. Para conocer si puede llevar adelante el proyecto binacional, Shandong realizará un informe que, según confirmó ayer el gobernador Sergio Uñac, será presentado por las autoridades chinas antes de fin de año.
Fuentes oficiales indicaron que el ingreso de otra empresa que no sea Barrick para ejecutar el proyecto es clave. Es que entienden que la firma canadiense no tuvo buenos resultados a ambos lados de la cordillera y que "si cambian los personajes, podemos comenzar a transitar un camino nuevo", sostuvieron. Es más, no descartan que pueda haber tratativas con las autoridades nacionales de ambos países para que el proyecto tenga el visto bueno y se pueda avanzar con su objetivo original, que sea binacional.
La iniciativa en Pascua Lama contemplaba la extracción de oro a cielo abierto, pero las autoridades y la Justicia del vecino país paralizaron el proyecto porque en la construcción se afectó tanto un río con aguas ácidas y fauna y flora de la zona, entre otros puntos. Por eso la empresa fue multada con 11,5 millones de pesos y con la clausura total y definitiva del proyecto. Así surgió la alternativa subterránea, que partiría del lado argentino, pero eso quedó frenado por completo por la empresa, decisión que fue anunciada en abril en la presentación de su informe financiero.
Sin el desarrollo de tareas en un futuro cercano, el ministro de Minería Alberto Hensel confirmó que le solicitarán a la empresa canadiense el cierre del proyecto, lo que implica tareas de remediación del lugar donde están instalados quipos, campamentos y estructuras que fueron edificadas. Incluso las fuentes indicaron que esa solicitud será enviada en las próximas semanas a la empresa para que se detalle cómo realizarán los trabajos, la mano de obra requerida, el tiempo que demorarán en el cierre y el monto a destinar.
Según dijo ayer Uñac, al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el viernes con el presidente de Shandong Gold, Chen Yumin, "hacia fin de año me van a presentar un informe y están mirando si puede ser Lama o Lama- Pascua, teniendo en cuenta que también pueden hacer minería subterránea".
Sobre las expectativas que genera la participación china, el ministro Hensel sostuvo que "esto puede generar nuevas instancias de negociación". Además, aseguró que "por las conversaciones que hemos tenido, siempre entendimos que Shandong tiene un objetivo más amplio que su participación en Veladero, sobre todo mirando al Valle del Cura y el potencial minero que tiene San Juan".
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Restauración hidrológica de turberas en el sur
Logran la restauración hidrológica de humedales impactados por actividades productivas
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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La venta de información del Estado hacia las mineras
Venden información confidencial del Estado para negocio minero
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública, y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio. Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.
Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina. ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país. Que peligro para la patria.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública, y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio. Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.
Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina. ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país. Que peligro para la patria.
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Proyectan un corredor ecológico en la Ruta 114 de Corrientes
Proyectan crear un corredor ecológico en la Ruta 114 para proteger la flora y fauna
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
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Minería: la meseta central chubutense también preocupada
"Estamos tensos y preocupados por la embestida megaminera"
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. "En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo", dijo los antimineros "son dejados de lado".
El Padre Tono Sánchez se hizo reconocido en el resto de la provincia cuando consiguió alzar su voz en la cumbre minera organizada en Telsen. Desde entonces, es reconocido por su militancia a favor de la vida y del cuidado de los recursos naturales. Ahora, se manifestó preocupado por la cantidad de intereses que impulsan la discusión minera en la meseta y el regadero de consecuencias sociales que eso trae aparejado.
En la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado", sintetizó. "Estamos altamente nerviosos, preocupados y tensos por toda la embestida megaminera de nuevo en Chubut".
En este sentido, describió que se vive frente " a una presión ¿virulenta del Gobierno Nacional, no solo de los sectores promineros sino de toda la actividad política nacional, que quieren imponer en cualquier lugar, y no solo en Chubut, la megaminería. Según ellos es una fuente de salvación". Dijo que el despliegue es en toda la Meseta y en la Provincia "y no solo en el área central y norte".
El párroco recordó que "en 2013 hubo una embestida de propaganda y de querer influir en todos los espíritus de la Meseta. Hace unos 20 días, después de la experiencia que tuvieron en Puerto Madryn -la reunión en el Ecocentro organizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina- de comenzar con una bolsa de trabajo para las empresas megamineras; después siguieron por la Meseta Central y la Meseta Norte comenzando por Paso de Indios; Paso del Sapo; Lagunita Salada; Gastre; Gan Gan y en Telsen".
El cura reflexionó que el trabajo minero "es una promesa en el aire y en el tiempo porque dicen que ahora no pero en algún momento se va a abrir la megaminería. Es una falacia, ya que es una actividad por ahora ilegal. Pensando mal, esto es una presión contra pobres. Es una presión psicológica más fuerte que antes" y agregó que "el mensaje es ¿qué están haciendo ustedes que dejan sin la posibilidad de trabajo a cinco mil familias?".
Asimismo, Tono Sández en diálogo con Radio Cadena 3 aseguró que se trata de "una lucha desigual, no solo contra Pan American Silver (Proyecto Navidad) y otras multinacionales o gremios o asociaciones sino también contra el poder político"
Manifestó el padre Tono que "Acá en la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado. En una comuna, que estaba cercana a la comunidad, porque es muy cristiana, porque el cura no es prominero dijeron entonces que no hay ninguna colaboración y ninguna ayuda, no solo para una actividad eclesial sino social. Es por defender la no megaminería".
Precisó que "en Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo porque el cura estuvo presente en la famosa cumbre pro minera (a la que asistió el ministro de Energía, Juan José Aranguren). No castigan al cura pero sí a la comunidad cristiana".
"En la Meseta no son todos promineros – advirtió - Que no presenten esa bandera porque no es cierta. Hay un montón de gente que está en desacuerdo".
Además se preguntó "¿Cuándo los jefes comunales se reunieron en defensa y en promoción del campo?. Sólo se han reunido cuando ha venido la (empresa) minera o el Gobierno Nacional, entonces son un cuerpo que está favor de la actividad megaminera", concluyó.
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. "En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo", dijo los antimineros "son dejados de lado".
El Padre Tono Sánchez se hizo reconocido en el resto de la provincia cuando consiguió alzar su voz en la cumbre minera organizada en Telsen. Desde entonces, es reconocido por su militancia a favor de la vida y del cuidado de los recursos naturales. Ahora, se manifestó preocupado por la cantidad de intereses que impulsan la discusión minera en la meseta y el regadero de consecuencias sociales que eso trae aparejado.
En la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado", sintetizó. "Estamos altamente nerviosos, preocupados y tensos por toda la embestida megaminera de nuevo en Chubut".
En este sentido, describió que se vive frente " a una presión ¿virulenta del Gobierno Nacional, no solo de los sectores promineros sino de toda la actividad política nacional, que quieren imponer en cualquier lugar, y no solo en Chubut, la megaminería. Según ellos es una fuente de salvación". Dijo que el despliegue es en toda la Meseta y en la Provincia "y no solo en el área central y norte".
El párroco recordó que "en 2013 hubo una embestida de propaganda y de querer influir en todos los espíritus de la Meseta. Hace unos 20 días, después de la experiencia que tuvieron en Puerto Madryn -la reunión en el Ecocentro organizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina- de comenzar con una bolsa de trabajo para las empresas megamineras; después siguieron por la Meseta Central y la Meseta Norte comenzando por Paso de Indios; Paso del Sapo; Lagunita Salada; Gastre; Gan Gan y en Telsen".
El cura reflexionó que el trabajo minero "es una promesa en el aire y en el tiempo porque dicen que ahora no pero en algún momento se va a abrir la megaminería. Es una falacia, ya que es una actividad por ahora ilegal. Pensando mal, esto es una presión contra pobres. Es una presión psicológica más fuerte que antes" y agregó que "el mensaje es ¿qué están haciendo ustedes que dejan sin la posibilidad de trabajo a cinco mil familias?".
Asimismo, Tono Sández en diálogo con Radio Cadena 3 aseguró que se trata de "una lucha desigual, no solo contra Pan American Silver (Proyecto Navidad) y otras multinacionales o gremios o asociaciones sino también contra el poder político"
Manifestó el padre Tono que "Acá en la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado. En una comuna, que estaba cercana a la comunidad, porque es muy cristiana, porque el cura no es prominero dijeron entonces que no hay ninguna colaboración y ninguna ayuda, no solo para una actividad eclesial sino social. Es por defender la no megaminería".
Precisó que "en Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo porque el cura estuvo presente en la famosa cumbre pro minera (a la que asistió el ministro de Energía, Juan José Aranguren). No castigan al cura pero sí a la comunidad cristiana".
"En la Meseta no son todos promineros – advirtió - Que no presenten esa bandera porque no es cierta. Hay un montón de gente que está en desacuerdo".
Además se preguntó "¿Cuándo los jefes comunales se reunieron en defensa y en promoción del campo?. Sólo se han reunido cuando ha venido la (empresa) minera o el Gobierno Nacional, entonces son un cuerpo que está favor de la actividad megaminera", concluyó.
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Se desifla el plan nuclear por cuestiones económicas nomás
El plan nuclear se queda sin energía
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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