A la justicia por la incineración
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Un amparo en contra de la incineración
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Para el abogado y ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.
Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.
La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.
La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.
Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.
Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.
“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos.
En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.
En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.
“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Para el abogado y ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.
Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.
La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.
La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.
Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.
Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.
“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos.
En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.
En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.
“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.
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Controles en la Cuenca Alta del Riachuelo por la Acumar
ACUMAR realizó controles y dos clausuras en Cañuelas
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: InfoCañuelas
Provincia/Región: Buenos Aires
En su recorrida semanal por la Cuenca Alta los inspectores concretaron la suspensión preventiva de dos establecimientos lindantes al arroyo Cebey.
Este viernes 1 de junio, durante una inspección de los técnicos de ACUMAR en la Cuenca Alta, se procedió a la clausura de dos establecimientos radicados en el partido de Cañuelas, lindantes a los arroyos Cebey (afluente del río Matanza Riachuelo), los cuales deberán trabajar en un Plan de Adecuación Ambiental.
El primer operativo se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Cañuelas, que tenía un permiso de cuatro días para probar un nuevo sistema de tratamiento de vuelcos. "Hoy se reimplantaron precintos para terminar de incorporar las mejoras en el predio donde se lava al ganado y durante la inspección se recolocó la faja sobre la bomba para filtros, los tableros electrónico y general, y el comando de bombas" explicaron desde el organismo ambiental.
Los corrales para el lavado de vacunos fueron clausurados en agosto del año pasado, oportunidad en que también fue sancionado un lavadero de camiones que volcaba sus rediduos líquidos al Cebey, sin tratamiento.
El segundo operativo de este viernes tuvo lugar en la empresa El Chillén SA (ex Frigo Cañuelas), donde se realizó una inspección general sobre todo el proceso productivo clausurado el mes pasado. Finalmente la clausura se mantuvo sobre ese sector del establecimiento hasta tanto haga las mejoras que se contemplaron en su Plan de Adecuación Ambiental.
Los actuales dueños de la empresa que se dedica a la faena del ganado bovino accedieron a dar una recorrida integral. El Chillén faena cerca de 10 mil cabezas de ganado, unas 500 por día, para terceros. Actualmente tiene más de 140 trabajadores entre producción, mantenimiento, logística, administración y control de calidad.
ACUMAR controla y exige a los establecimientos que cumplan la normativa pertinente a la prevención y gestión de los impactos negativos que generen en el ambiente. Para ello, realiza controles periódicos en los que puede sancionar, clausurar, iniciar acciones judiciales, intimar a realizar presentaciones, etcétera.
La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dio a conocer el monto y los establecimientos sancionados durante los primeros cinco meses de 2018. La cifra llega a los $ 4.921.109,37 y alcanza a 38 empresas dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: InfoCañuelas
Provincia/Región: Buenos Aires
En su recorrida semanal por la Cuenca Alta los inspectores concretaron la suspensión preventiva de dos establecimientos lindantes al arroyo Cebey.
Este viernes 1 de junio, durante una inspección de los técnicos de ACUMAR en la Cuenca Alta, se procedió a la clausura de dos establecimientos radicados en el partido de Cañuelas, lindantes a los arroyos Cebey (afluente del río Matanza Riachuelo), los cuales deberán trabajar en un Plan de Adecuación Ambiental.
El primer operativo se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Cañuelas, que tenía un permiso de cuatro días para probar un nuevo sistema de tratamiento de vuelcos. "Hoy se reimplantaron precintos para terminar de incorporar las mejoras en el predio donde se lava al ganado y durante la inspección se recolocó la faja sobre la bomba para filtros, los tableros electrónico y general, y el comando de bombas" explicaron desde el organismo ambiental.
Los corrales para el lavado de vacunos fueron clausurados en agosto del año pasado, oportunidad en que también fue sancionado un lavadero de camiones que volcaba sus rediduos líquidos al Cebey, sin tratamiento.
El segundo operativo de este viernes tuvo lugar en la empresa El Chillén SA (ex Frigo Cañuelas), donde se realizó una inspección general sobre todo el proceso productivo clausurado el mes pasado. Finalmente la clausura se mantuvo sobre ese sector del establecimiento hasta tanto haga las mejoras que se contemplaron en su Plan de Adecuación Ambiental.
Los actuales dueños de la empresa que se dedica a la faena del ganado bovino accedieron a dar una recorrida integral. El Chillén faena cerca de 10 mil cabezas de ganado, unas 500 por día, para terceros. Actualmente tiene más de 140 trabajadores entre producción, mantenimiento, logística, administración y control de calidad.
ACUMAR controla y exige a los establecimientos que cumplan la normativa pertinente a la prevención y gestión de los impactos negativos que generen en el ambiente. Para ello, realiza controles periódicos en los que puede sancionar, clausurar, iniciar acciones judiciales, intimar a realizar presentaciones, etcétera.
La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dio a conocer el monto y los establecimientos sancionados durante los primeros cinco meses de 2018. La cifra llega a los $ 4.921.109,37 y alcanza a 38 empresas dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Monitoreo conjunto de Santiago y Tucumán en Río Hondo
Monitoreo: recolectan muestras de agua en el embalse de Río Hondo
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
En procura de determinar la calidad actual del agua del embalse de Río Hondo, se llevó a cabo un nuevo monitoreo del cual formó parte el equipo técnico del Instituto de Hidrobiología y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (Sema).
Se trata de las labores del Grupo de gestión en tiempo real del Comité de Cuenca Salí - Dulce, oportunidad en la que se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se recolectaron muestras de bentos para su procesamiento y análisis complementarios en el laboratorio.
Tales actividades son de gran importancia en la determinación del estado de este cuerpo de agua. Estas acciones se llevaron adelante desde el Instituto de Hidrobiología, como resultados de la implementación de políticas ambientales por parte del Gobierno de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
En procura de determinar la calidad actual del agua del embalse de Río Hondo, se llevó a cabo un nuevo monitoreo del cual formó parte el equipo técnico del Instituto de Hidrobiología y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (Sema).
Se trata de las labores del Grupo de gestión en tiempo real del Comité de Cuenca Salí - Dulce, oportunidad en la que se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se recolectaron muestras de bentos para su procesamiento y análisis complementarios en el laboratorio.
Tales actividades son de gran importancia en la determinación del estado de este cuerpo de agua. Estas acciones se llevaron adelante desde el Instituto de Hidrobiología, como resultados de la implementación de políticas ambientales por parte del Gobierno de la Provincia.
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1,7 millón de pesos en aves incautadas
Traficaban guacamayos y cardenales valuados en más de $ 1,7 millón
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
"En el vivero de calle Casilda hay aves muy raras". Con ese llamado anónimo se inició una investigación que derivó en el secuestro de 153 aves exóticas, muchas extinguidas en Argentina o en peligro de desaparecer, que iban a ser vendidas en el mercado ilegal con una tasación millonaria.
El operativo lo realizó la Policía Federal en un vivero ubicado en la localidad de Roldán, próxima a Rosario. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (U.F.I.M.A) y contó con la colaboración de profesionales de la Subdirección General de Ecología de Santa Fe, quienes quedaron en shock al toparse con aves tan exóticas.
En las jaulas había especies protegidas provenientes de México, Venezuela, de toda la zona amazónica y de Centro América. Hasta había una variedad del sur de África que ninguno de los especialistas había visto en su vida.
Las aves iban a ser comercializadas en un mercado ilegal que mueve millones de pesos.
Según un primer cálculo, el cargamento total supera el 1.700.000 pesos. El dueño del vivero quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Según el parte de la Policía Federal, se rescataron 13 "híbridos de guacamayos" por un valor comercial aproximado de 40.000 pesos cada uno; un guacamayo "siete colores-armacao" (70.000 pesos); y 9 guacamayos rojos originarios del Amazonas que están extintos en Argentina (40.000 pesos cada ave).
En otra parte del vivero encontraron 6 cardenales amarillos, especie que se encuentra dentro del programa nacional Extinción Cero. Se trata de una de las ocho especies de animales con más riesgos de desaparecer del país.
En la jaula más grande había 12 guacamayos azules y amarillos originarios de Centro América. Hay quienes pagan más de 35 mil pesos por ejemplar en el mercado negro.
Una vez rescatadas, las aves fueron trasladadas a la Granja Esmeralda, de la ciudad de Santa Fe, para su preservación y resguardo.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
"En el vivero de calle Casilda hay aves muy raras". Con ese llamado anónimo se inició una investigación que derivó en el secuestro de 153 aves exóticas, muchas extinguidas en Argentina o en peligro de desaparecer, que iban a ser vendidas en el mercado ilegal con una tasación millonaria.
El operativo lo realizó la Policía Federal en un vivero ubicado en la localidad de Roldán, próxima a Rosario. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (U.F.I.M.A) y contó con la colaboración de profesionales de la Subdirección General de Ecología de Santa Fe, quienes quedaron en shock al toparse con aves tan exóticas.
En las jaulas había especies protegidas provenientes de México, Venezuela, de toda la zona amazónica y de Centro América. Hasta había una variedad del sur de África que ninguno de los especialistas había visto en su vida.
Las aves iban a ser comercializadas en un mercado ilegal que mueve millones de pesos.
Según un primer cálculo, el cargamento total supera el 1.700.000 pesos. El dueño del vivero quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Según el parte de la Policía Federal, se rescataron 13 "híbridos de guacamayos" por un valor comercial aproximado de 40.000 pesos cada uno; un guacamayo "siete colores-armacao" (70.000 pesos); y 9 guacamayos rojos originarios del Amazonas que están extintos en Argentina (40.000 pesos cada ave).
En otra parte del vivero encontraron 6 cardenales amarillos, especie que se encuentra dentro del programa nacional Extinción Cero. Se trata de una de las ocho especies de animales con más riesgos de desaparecer del país.
En la jaula más grande había 12 guacamayos azules y amarillos originarios de Centro América. Hay quienes pagan más de 35 mil pesos por ejemplar en el mercado negro.
Una vez rescatadas, las aves fueron trasladadas a la Granja Esmeralda, de la ciudad de Santa Fe, para su preservación y resguardo.
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Innovadora protesta en Salta por los desmontes
Con una enorme puesta en escena, Greenpeace cuestionó a Urtubey en la Facultad de Derecho
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Para el biodiésel si hay retenciones
Más retenciones al biodiésel
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno resolvió aumentar las retenciones a las exportaciones de biodiésel a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
En diciembre pasado, el Ejecutivo había eliminado un sistema de retenciones móviles para el biodiésel aplicado desde de la anterior gestión y los derechos de exportación, que en ese momento estaban en el 0 por ciento, pasaron al 8 por ciento en enero último.
Ahora, con el decreto 486, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Francisco Cabrera, de Energía, Juan José Aranguren, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, las retenciones al biodiésel serán del 15 por ciento.
Según la norma, el incremento es para "continuar propiciando la convergencia" entre los derechos de exportación del aceite de soja y el del biodiésel. Igual que el grano de soja, el derecho de exportación del aceite se viene reduciendo a razón de un 0,5 por ciento mensual desde enero pasado.
El decreto aclaró que el incremento de la retención al biocombustible se hará efectivo a partir del 1° de julio próximo. El aumento del tributo se registra en un momento en el que sigue cerrado el mercado de los Estados Unidos.
También avanza una investigación en Europa contra el producto argentino por supuestos subsidios. Entre enero y marzo pasado, las exportaciones del producto alcanzaron las 320 mil toneladas a mercados de Europa, Canadá y Perú.
Por otra parte, con el decreto 487 el Gobierno fijó en 10 por ciento la retención para ciertas mercaderías del sector aceitero, esto es de las posiciones 1507.90.11 y 1517.90.10 -mezclas de aceites refinados en envases con capacidad igual o inferior a 5 litros-.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno resolvió aumentar las retenciones a las exportaciones de biodiésel a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
En diciembre pasado, el Ejecutivo había eliminado un sistema de retenciones móviles para el biodiésel aplicado desde de la anterior gestión y los derechos de exportación, que en ese momento estaban en el 0 por ciento, pasaron al 8 por ciento en enero último.
Ahora, con el decreto 486, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Francisco Cabrera, de Energía, Juan José Aranguren, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, las retenciones al biodiésel serán del 15 por ciento.
Según la norma, el incremento es para "continuar propiciando la convergencia" entre los derechos de exportación del aceite de soja y el del biodiésel. Igual que el grano de soja, el derecho de exportación del aceite se viene reduciendo a razón de un 0,5 por ciento mensual desde enero pasado.
El decreto aclaró que el incremento de la retención al biocombustible se hará efectivo a partir del 1° de julio próximo. El aumento del tributo se registra en un momento en el que sigue cerrado el mercado de los Estados Unidos.
También avanza una investigación en Europa contra el producto argentino por supuestos subsidios. Entre enero y marzo pasado, las exportaciones del producto alcanzaron las 320 mil toneladas a mercados de Europa, Canadá y Perú.
Por otra parte, con el decreto 487 el Gobierno fijó en 10 por ciento la retención para ciertas mercaderías del sector aceitero, esto es de las posiciones 1507.90.11 y 1517.90.10 -mezclas de aceites refinados en envases con capacidad igual o inferior a 5 litros-.
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Universidades y la formación ambiental
Compromiso por naturaleza
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Frente al panorama poco alentador que enfrenta el mundo en relación al medioambiente, existen diversas propuestas universitarias que intentan brindar respuesta a la conservación de nuestro planeta. Ante la crisis medioambiental, el sistema universitario argentino ofrece múltiples carreras de grado, posgrado, maestrías, tecnicaturas y especializaciones vinculadas con el tema, al tiempo que desarrolla estrategias que impactan directamente en la comunidad.
La próxima semana se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido desde 1974 por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de junio. Cada año, la conmemoración se organiza en torno a un tema y esta vez le toca a “Sin Contaminación Por Plásticos” dada la realidad contundente que atraviesa el planeta: se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de ese material por año, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los ecosistemas naturales. Como siempre, la propuesta de la jornada es concientizar y cambiar hábitos para reducir la contaminación que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, es alarmante: en 2016, se vendieron 480 mil millones de botellas plásticas en todo el mundo, y cada año se usan 500 mil millones de bolsas plásticas y 17 millones de barriles de petróleo para producir botellas de agua.
Si bien estos datos dimensionan la crisis ambiental, el problema no se agota aquí dado que el plástico solo representa el 10% de todos los residuos que generamos. Indudablemente, el panorama que enfrenta el planeta de cara al futuro es poco motivador: la disminución de la biodiversidad, la escasez del agua, la contaminación urbana y la emisión de gases tóxicos son sólo algunas de las problemáticas que debemos resolver.
Frente a este escenario, las universidades se constituyen como actores fundamentales para lograr disminuir el impacto ambiental e intentar revertir la situación: buscar resolver los problemas de la sociedad es uno de sus objetivos fundamentales. Es por ello que incluyen, cada vez más, la dimensión ambiental en sus proyectos, políticas y acciones institucionales.
En nuestro país, la mayoría de las ofertas académicas se centran en la protección del entorno, la mejora de la calidad ambiental y la prevención de daños frente a diversas amenazas: la generación de residuos, el consumo no sostenible de los recursos y la contaminación del agua, los suelos y el aire. Además de numerosas tecnicaturas, especializaciones, posgrados y maestrías, las universidades ofrecen diversas opciones de carreras de grado: licenciaturas en Ambiente y Energías Renovables, en Ecología y Conservación del Ambiente, en Gestión Ambiental, en Ciencias del Ambiente, en Tecnología Ambiental, en Diagnóstico y Gestión Ambiental, en Información Ambiental, ingenierías en Recursos Naturales, en Medio Ambiente, en Recursos Naturales Renovables para zonas áridas, en Recursos Naturales Renovables, entre otras.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es una de las tantas instituciones que brindan la posibilidad de estudiar carreras de grado, especializaciones y maestrías vinculadas con esta temática. Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, y Guillermo Garaventta, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) del Departamento de Aeronáutica, describen la importancia de formar jóvenes conscientes del desarrollo sustentable: “El rol de las universidades es fundamental para fortalecer la conciencia medioambiental. La formación de profesionales fortalecidos en la problemática ecológica, en la conciencia del impacto que pueden generar los desarrollos tecnológicos, permitirá anticiparse a los mismos y minimizarlos, posibilitando generar, junto a la innovación o explotación tecnológica de un recurso, las soluciones amigables al ambiente con el que interactuará.”
“Desde que el hombre camina en dos “patas” –continúan- no ha dejado de depredar el medioambiente. Estamos devastando los recursos del planeta y contaminado su suelo, su aire y su agua, fundamentales para nuestra subsistencia. Por ello, no podemos permitirnos generar profesionales ajenos a la problemática ambiental, debemos enfocarnos en inculcarles y hacerles propios los desarrollos sustentables.”
Por su parte, Germán Cassetta, decano del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), también explica la importancia de contar con carreras vinculadas con el cuidado y la conservación del medioambiente: “Esta decisión responde a la necesidad de dar respuesta a las demandas del contexto que presentan una exigencia cada vez más alta y con una normativa más compleja. Además, el aspecto ambiental y energético comienza a constituirse como un factor de decisión política con un importante peso de decisión en la agenda pública”.
La UNVM tomó la iniciativa de sumar a su oferta académica la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, “una carrera –dice Cassetta- que aborda la temática, pero desde una mirada integral y partiendo del supuesto de que no se puede pensar en lo ambiental sin tratar lo energético y viceversa”.
“El sistema universitario argentino ha sabido dar respuesta a estas nuevas demandas a partir de la creación de nuevos trayectos de formación específica e incluyendo la temática en otras áreas de estudio. Por parte de la sociedad también se ha reflejado un aumento en el interés que, desde nuestro caso particular, se ha traducido en un incremento exponencial de la matrícula en los últimos dos años”, resume.
Marta Iturre, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), se suma a aquellos que destacan la necesidad de propuestas académicas que aborden la problemática en cuestión, como la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente que ofrece su institución: “Son importantes porque permiten formar profesionales con una amplitud de conocimientos y preparación generalista e interdisciplinaria para poder insertarse como cuadros técnicos de organismos de gobierno, ONG y sector privado, en actividades relacionadas con el cuidado y gestión sustentable de los recursos naturales, protección de la biodiversidad y mejoramiento del entorno humano”.
Asimismo, Iturre establece que el sistema universitario argentino ha aumentado en los últimos años su preocupación sobre el tema: “La prueba es el incremento en la oferta de este tipo de carreras en distintas universidades argentinas, es así que en los últimos 20 años han surgido carreras como Licenciaturas en Ecología, en Información Ambiental, en Gestión Ambiental e Ingenierías Ambientales, así como también carreras de posgrado específicas, dada la necesidad de contar con profesionales formados integralmente y que puedan aportar a la resolución de problemáticas ambientales, cambio climático, desertificación, pérdida de la biodiversidad, contaminación ambiental, entre otras.”
Uso de la energía renovable
Más allá de sus ofertas académicas, numerosas instituciones universitarias desarrollan proyectos vinculados con el cuidado del medioambiente que impactan directamente en la comunidad. Una de ellas es la UNLP que se convirtió en la primera institución de educación superior del país en utilizar energía sustentable.
En el año 2013 se instalaron 72 paneles solares que permiten abastecer gran parte de la energía que utiliza la Facultad de Informática. Con esta iniciativa, logra reducir los gastos de consumo eléctrico, además de aportar a la protección del medioambiente.
Además, en 2016 puso en marcha un ambicioso proyecto sobre energías renovables: un prototipo del concentrador óptico solar térmico con capacidad para abastecer de energía eléctrica a pequeñas ciudades, industrias, y hasta aplicable en viviendas y escuelas rurales. Desarrollado por el Laboratorio de Óptica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, el prototipo transforma la energía solar en energía mecánica, y ésta en eléctrica.
El mega proyecto se realizó en el marco de un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en conjunto con el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, la Universidad de Catamarca, la empresa IBSA, además de contar con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el laboratorio CEMECA.
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Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Frente al panorama poco alentador que enfrenta el mundo en relación al medioambiente, existen diversas propuestas universitarias que intentan brindar respuesta a la conservación de nuestro planeta. Ante la crisis medioambiental, el sistema universitario argentino ofrece múltiples carreras de grado, posgrado, maestrías, tecnicaturas y especializaciones vinculadas con el tema, al tiempo que desarrolla estrategias que impactan directamente en la comunidad.
La próxima semana se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido desde 1974 por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de junio. Cada año, la conmemoración se organiza en torno a un tema y esta vez le toca a “Sin Contaminación Por Plásticos” dada la realidad contundente que atraviesa el planeta: se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de ese material por año, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los ecosistemas naturales. Como siempre, la propuesta de la jornada es concientizar y cambiar hábitos para reducir la contaminación que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, es alarmante: en 2016, se vendieron 480 mil millones de botellas plásticas en todo el mundo, y cada año se usan 500 mil millones de bolsas plásticas y 17 millones de barriles de petróleo para producir botellas de agua.
Si bien estos datos dimensionan la crisis ambiental, el problema no se agota aquí dado que el plástico solo representa el 10% de todos los residuos que generamos. Indudablemente, el panorama que enfrenta el planeta de cara al futuro es poco motivador: la disminución de la biodiversidad, la escasez del agua, la contaminación urbana y la emisión de gases tóxicos son sólo algunas de las problemáticas que debemos resolver.
Frente a este escenario, las universidades se constituyen como actores fundamentales para lograr disminuir el impacto ambiental e intentar revertir la situación: buscar resolver los problemas de la sociedad es uno de sus objetivos fundamentales. Es por ello que incluyen, cada vez más, la dimensión ambiental en sus proyectos, políticas y acciones institucionales.
En nuestro país, la mayoría de las ofertas académicas se centran en la protección del entorno, la mejora de la calidad ambiental y la prevención de daños frente a diversas amenazas: la generación de residuos, el consumo no sostenible de los recursos y la contaminación del agua, los suelos y el aire. Además de numerosas tecnicaturas, especializaciones, posgrados y maestrías, las universidades ofrecen diversas opciones de carreras de grado: licenciaturas en Ambiente y Energías Renovables, en Ecología y Conservación del Ambiente, en Gestión Ambiental, en Ciencias del Ambiente, en Tecnología Ambiental, en Diagnóstico y Gestión Ambiental, en Información Ambiental, ingenierías en Recursos Naturales, en Medio Ambiente, en Recursos Naturales Renovables para zonas áridas, en Recursos Naturales Renovables, entre otras.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es una de las tantas instituciones que brindan la posibilidad de estudiar carreras de grado, especializaciones y maestrías vinculadas con esta temática. Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, y Guillermo Garaventta, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) del Departamento de Aeronáutica, describen la importancia de formar jóvenes conscientes del desarrollo sustentable: “El rol de las universidades es fundamental para fortalecer la conciencia medioambiental. La formación de profesionales fortalecidos en la problemática ecológica, en la conciencia del impacto que pueden generar los desarrollos tecnológicos, permitirá anticiparse a los mismos y minimizarlos, posibilitando generar, junto a la innovación o explotación tecnológica de un recurso, las soluciones amigables al ambiente con el que interactuará.”
“Desde que el hombre camina en dos “patas” –continúan- no ha dejado de depredar el medioambiente. Estamos devastando los recursos del planeta y contaminado su suelo, su aire y su agua, fundamentales para nuestra subsistencia. Por ello, no podemos permitirnos generar profesionales ajenos a la problemática ambiental, debemos enfocarnos en inculcarles y hacerles propios los desarrollos sustentables.”
Por su parte, Germán Cassetta, decano del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), también explica la importancia de contar con carreras vinculadas con el cuidado y la conservación del medioambiente: “Esta decisión responde a la necesidad de dar respuesta a las demandas del contexto que presentan una exigencia cada vez más alta y con una normativa más compleja. Además, el aspecto ambiental y energético comienza a constituirse como un factor de decisión política con un importante peso de decisión en la agenda pública”.
La UNVM tomó la iniciativa de sumar a su oferta académica la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, “una carrera –dice Cassetta- que aborda la temática, pero desde una mirada integral y partiendo del supuesto de que no se puede pensar en lo ambiental sin tratar lo energético y viceversa”.
“El sistema universitario argentino ha sabido dar respuesta a estas nuevas demandas a partir de la creación de nuevos trayectos de formación específica e incluyendo la temática en otras áreas de estudio. Por parte de la sociedad también se ha reflejado un aumento en el interés que, desde nuestro caso particular, se ha traducido en un incremento exponencial de la matrícula en los últimos dos años”, resume.
Marta Iturre, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), se suma a aquellos que destacan la necesidad de propuestas académicas que aborden la problemática en cuestión, como la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente que ofrece su institución: “Son importantes porque permiten formar profesionales con una amplitud de conocimientos y preparación generalista e interdisciplinaria para poder insertarse como cuadros técnicos de organismos de gobierno, ONG y sector privado, en actividades relacionadas con el cuidado y gestión sustentable de los recursos naturales, protección de la biodiversidad y mejoramiento del entorno humano”.
Asimismo, Iturre establece que el sistema universitario argentino ha aumentado en los últimos años su preocupación sobre el tema: “La prueba es el incremento en la oferta de este tipo de carreras en distintas universidades argentinas, es así que en los últimos 20 años han surgido carreras como Licenciaturas en Ecología, en Información Ambiental, en Gestión Ambiental e Ingenierías Ambientales, así como también carreras de posgrado específicas, dada la necesidad de contar con profesionales formados integralmente y que puedan aportar a la resolución de problemáticas ambientales, cambio climático, desertificación, pérdida de la biodiversidad, contaminación ambiental, entre otras.”
Uso de la energía renovable
Más allá de sus ofertas académicas, numerosas instituciones universitarias desarrollan proyectos vinculados con el cuidado del medioambiente que impactan directamente en la comunidad. Una de ellas es la UNLP que se convirtió en la primera institución de educación superior del país en utilizar energía sustentable.
En el año 2013 se instalaron 72 paneles solares que permiten abastecer gran parte de la energía que utiliza la Facultad de Informática. Con esta iniciativa, logra reducir los gastos de consumo eléctrico, además de aportar a la protección del medioambiente.
Además, en 2016 puso en marcha un ambicioso proyecto sobre energías renovables: un prototipo del concentrador óptico solar térmico con capacidad para abastecer de energía eléctrica a pequeñas ciudades, industrias, y hasta aplicable en viviendas y escuelas rurales. Desarrollado por el Laboratorio de Óptica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, el prototipo transforma la energía solar en energía mecánica, y ésta en eléctrica.
El mega proyecto se realizó en el marco de un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en conjunto con el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, la Universidad de Catamarca, la empresa IBSA, además de contar con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el laboratorio CEMECA.
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Visión política de la contaminación de ríos Neuquén y Limay
El daño en los ríos tiene una salida política
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén. El diputado provincial por el Frente Neuquino Mariano Mansilla sostuvo ayer que más allá de las causas judiciales que pesan por la contaminación de los ríos Neuquén y Limay, “dejar de contaminar es una decisión política en conjunto”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que se conociera ayer que vecinos de la localidad rionegrina de Cinco Saltos presentaran un amparo ambiental para solicitar el cese de vertidos crudos al río Neuquén. Pidieron un tratamiento similar a lo que ocurrió en Centenario, donde la Justicia lleva una causa penal contra funcionarios, pero además con la corrección de la planta de cloacas.
La resolución la tiene la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde el fiscal Mario Saba Herrera pidió que la causa vuelva al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, donde los vecinos de Centenario y Cinco Saltos presentaron el amparo.
Es que entiende que la contaminación del río Neuquén se da no sólo en un territorio, sino en las dos provincias, a través de los desperfectos de las plantas cloacales.
“Nosotros creemos que está muy bien seguir con las causas judiciales, de hecho las apoyamos, pero la decisión es política, por eso impulsamos el proyecto de vertido cero en un plazo de cinco años”, indicó el legislador a LM Neuquén.
Mansilla y el grupo del Frente Neuquino están más enfocados en la contaminación del Limay y han hecho distintas intervenciones en el espacio público para protestar contra el daño ambiental.
La semana pasada se conoció un informe de Prefectura Nacional, difundido por el diputado, donde se detectaron un número de bacterias coliformes fecales 75 veces mayor al permitido a la salida de la planta Tronador en el río Limay.
Pero los resultados fueron rechazados de plano por el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, y las denuncias de contaminación quedaron atrapadas en cruces políticos que desestimaron los informes técnicos.
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Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén. El diputado provincial por el Frente Neuquino Mariano Mansilla sostuvo ayer que más allá de las causas judiciales que pesan por la contaminación de los ríos Neuquén y Limay, “dejar de contaminar es una decisión política en conjunto”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que se conociera ayer que vecinos de la localidad rionegrina de Cinco Saltos presentaran un amparo ambiental para solicitar el cese de vertidos crudos al río Neuquén. Pidieron un tratamiento similar a lo que ocurrió en Centenario, donde la Justicia lleva una causa penal contra funcionarios, pero además con la corrección de la planta de cloacas.
La resolución la tiene la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde el fiscal Mario Saba Herrera pidió que la causa vuelva al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, donde los vecinos de Centenario y Cinco Saltos presentaron el amparo.
Es que entiende que la contaminación del río Neuquén se da no sólo en un territorio, sino en las dos provincias, a través de los desperfectos de las plantas cloacales.
“Nosotros creemos que está muy bien seguir con las causas judiciales, de hecho las apoyamos, pero la decisión es política, por eso impulsamos el proyecto de vertido cero en un plazo de cinco años”, indicó el legislador a LM Neuquén.
Mansilla y el grupo del Frente Neuquino están más enfocados en la contaminación del Limay y han hecho distintas intervenciones en el espacio público para protestar contra el daño ambiental.
La semana pasada se conoció un informe de Prefectura Nacional, difundido por el diputado, donde se detectaron un número de bacterias coliformes fecales 75 veces mayor al permitido a la salida de la planta Tronador en el río Limay.
Pero los resultados fueron rechazados de plano por el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, y las denuncias de contaminación quedaron atrapadas en cruces políticos que desestimaron los informes técnicos.
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Denuncian degradación de la cuenca del Salado
Más contaminación en la cuenca del Salado
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Al observar lo que se demora la implementación y puesta en marcha del comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó se advierte lo poco, o nada, que le ha interesado ese sistema fluvial al gobierno de la Nación, que privilegió el impulso de las provincias arribeñas antes que el desarrollo armónico de esa enorme porción central del país. En esa desidia también toleró, claro está, los disparates que esgrimieron los estados integrantes de la cuenca para justificar tamaño absurdo: río inexistente; sistema perimido; mero zanjón de desagüe… Esa falta de interés por un enfoque integral tarde o temprano tenía que evidenciarse en otros aspectos y el desempeño de un gobierno neoliberal ha sido el ideal para que ellos aparezcan.
Los últimos análisis de sus aguas han demostrado que el río La Palca, un afluente de tercer orden de la gran cuenca, situado en el noroeste de la provincia de San Juan, sufre un incremento exponencial de la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis fueron hechos por la Universidad Nacional de Cuyo y la causa de esos riesgos ciertos de envenenamiento para quienes se surten de su caudal está en la mina de oro Veladero, operada por la empresa Barrick Gold. El La Palca -al margen de un notable potencial hidroléctrico- representa un porcentaje de aporte al caudal del río Jáchal del orden del 70 por ciento, y los valores detectados no solamente son muy peligrosos para la salud humana sino que también están en el límite, o incluso lo transgreden, de algunos cultivos de la zona. Para que no queden dudas de la peligrosa irregularidad en los seis años anteriores de monitoreo del curso no hubo contaminación fuera de lo tenido legalmente por normal, pero desde el establecimiento de la compañía minera el aumento de algunos valores de riesgo fue del 5.000, 18.000 y 50.000 por ciento. Los grandes derrames al río, que se procuró ocultar, fueron de compuestos cianurados que se utilizan para la extracción de oro.
Ante semejante descubrimiento ¿qué está haciendo el Estado?: aceptar las falsedades de la compañía que procura ocultar los comprobados derrames de cianuro, y proteger a los infractores que en realidad están llevando a cabo acciones de extrema irresponsabilidad y muy peligrosos para la vida humana, animal y vegetal. Además hay que recordar que la explotación se encuentra en una zona prohibida por la Ley de Glaciares. Este instrumento jurídico-ambiental tuvo su origen en la necesidad de proteger la provisión de agua en los Andes Aridos pero el gobierno nacional no solamente no aplica la norma sino que intenta modificarla para avanzar con otros proyectos mineros que afectarían incluso el ambiente periglacial; la excusa utilizada forma parte de un repertorio conocido al sostener que obrando con semejante nivel de permisividad “se favorecerá la llegada de inversiones”.
Retomando las líneas iniciales de esta columna se advierte que la consideración integral de la cuenca no sólo sigue ignorada sino que su red de afluentes es agredida en función de intereses mucho más poderosos que los correspondientes a la tierra bajo riego a la cual se está poniendo bajo serios riesgos. Por no hablar de que la agresión ambiental se disimula con mentiras o, directamente, indiferencia.
En abierta complicidad, la Nación junto con el gobierno provincial y municipal sanjuaninos se empeñan en compartir el discurso de la compañía repitiendo que no hubo derrames y los ríos portan esos metales de “forma natural”. Despreciando los rotundos resultados de los análisis, comprobaciones y declaraciones el subsecretario de Minería de Nación, restó importancia al problema y en una postura muy parecida a la burla dijo que “el cianuro es una sal; lo pueden consumir los humanos y los animales”. Peor definición, imposible.
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Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Al observar lo que se demora la implementación y puesta en marcha del comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó se advierte lo poco, o nada, que le ha interesado ese sistema fluvial al gobierno de la Nación, que privilegió el impulso de las provincias arribeñas antes que el desarrollo armónico de esa enorme porción central del país. En esa desidia también toleró, claro está, los disparates que esgrimieron los estados integrantes de la cuenca para justificar tamaño absurdo: río inexistente; sistema perimido; mero zanjón de desagüe… Esa falta de interés por un enfoque integral tarde o temprano tenía que evidenciarse en otros aspectos y el desempeño de un gobierno neoliberal ha sido el ideal para que ellos aparezcan.
Los últimos análisis de sus aguas han demostrado que el río La Palca, un afluente de tercer orden de la gran cuenca, situado en el noroeste de la provincia de San Juan, sufre un incremento exponencial de la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis fueron hechos por la Universidad Nacional de Cuyo y la causa de esos riesgos ciertos de envenenamiento para quienes se surten de su caudal está en la mina de oro Veladero, operada por la empresa Barrick Gold. El La Palca -al margen de un notable potencial hidroléctrico- representa un porcentaje de aporte al caudal del río Jáchal del orden del 70 por ciento, y los valores detectados no solamente son muy peligrosos para la salud humana sino que también están en el límite, o incluso lo transgreden, de algunos cultivos de la zona. Para que no queden dudas de la peligrosa irregularidad en los seis años anteriores de monitoreo del curso no hubo contaminación fuera de lo tenido legalmente por normal, pero desde el establecimiento de la compañía minera el aumento de algunos valores de riesgo fue del 5.000, 18.000 y 50.000 por ciento. Los grandes derrames al río, que se procuró ocultar, fueron de compuestos cianurados que se utilizan para la extracción de oro.
Ante semejante descubrimiento ¿qué está haciendo el Estado?: aceptar las falsedades de la compañía que procura ocultar los comprobados derrames de cianuro, y proteger a los infractores que en realidad están llevando a cabo acciones de extrema irresponsabilidad y muy peligrosos para la vida humana, animal y vegetal. Además hay que recordar que la explotación se encuentra en una zona prohibida por la Ley de Glaciares. Este instrumento jurídico-ambiental tuvo su origen en la necesidad de proteger la provisión de agua en los Andes Aridos pero el gobierno nacional no solamente no aplica la norma sino que intenta modificarla para avanzar con otros proyectos mineros que afectarían incluso el ambiente periglacial; la excusa utilizada forma parte de un repertorio conocido al sostener que obrando con semejante nivel de permisividad “se favorecerá la llegada de inversiones”.
Retomando las líneas iniciales de esta columna se advierte que la consideración integral de la cuenca no sólo sigue ignorada sino que su red de afluentes es agredida en función de intereses mucho más poderosos que los correspondientes a la tierra bajo riego a la cual se está poniendo bajo serios riesgos. Por no hablar de que la agresión ambiental se disimula con mentiras o, directamente, indiferencia.
En abierta complicidad, la Nación junto con el gobierno provincial y municipal sanjuaninos se empeñan en compartir el discurso de la compañía repitiendo que no hubo derrames y los ríos portan esos metales de “forma natural”. Despreciando los rotundos resultados de los análisis, comprobaciones y declaraciones el subsecretario de Minería de Nación, restó importancia al problema y en una postura muy parecida a la burla dijo que “el cianuro es una sal; lo pueden consumir los humanos y los animales”. Peor definición, imposible.
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CABA: 6 de cada 10 frutas y verduras con agrotóxicos
No vivas de ensalada: al menos 6 de cada 10 frutas y verduras que se ofrecen en Capital vienen con agrotóxicos y se exporta lo sano
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Los excesos hídricos en Santa Fe lejos de finalizar
Alertan sobre la delicada situación de la laguna La Picasa
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un productor agrario de la localidad de Amenábar advirtió que la cota subió pese a que las lluvias ahora son menores al promedio histórico.
El productor agrario de Amenábar, e integrante de la Sociedad Rural de Rosario, Angel Carlos Borello, planteó un escenario complicado en torno a la solución a la problemática de la laguna La Picasa y responsabilizó a los gobiernos provinciales de los últimos 20 años "en no dar las soluciones correspondientes".
Según Borello "el Comité de Cuenca La Picasa y Alternativa Norte, creado hace unos siete años, fue convertido por decisión provincial , y con el acompañamiento de quienes lo dirigen, en el instrumento para manejar uno de los problemas hídricos e hidrológicos más graves no sólo de Santa Fe sino de toda la región que comprende a tres provincias".
En tal sentido, desligó de responsabilidad alguna al Comité de Cuenca, y señaló que "lejos está de la lógica y de las posibilidades técnicas que una entidad de estas características y destinada a atender situaciones determinadas de los productores, que con su aporte la sostienen, de hacerse cargo de obras estructurales y de llevar adelante políticas que en más de 20 años el gobierno de Santa Fe no pudo, no supo o no quiso ni resolver ni atenuar".
Para el productor de Amenábar "todo esto quedó evidenciado en la última asamblea plenaria del pasado martes 15 en Villa Cañás. Lo que nos contaron el presidente del comité y el técnico tiene aspectos curiosos: durante el prolongado período sin lluvias no se pudo concluir con las obras del modesto canal de cinco kilómetros que reemplazará el inexistente bombeo de la estación destruida de la Alternativa Norte".
Sólo dos alcantarillas
"La empresa contratada de manera directa para ejecutar cuatro alcantarillas, con aportes nacionales, sólo hizo dos y mal. Una ya fue demolida para reconstruirla. Mientras tanto, gracias a un aporte de dinero, se restableció el bombeo de la Sur . Aparentemente, las necesidades de las lagunas de Junín, con poca agua por la sequía, ni la movida política que eso generó fueron suficientes y productores de Santa Fe pusimos la plata para que arrancara".
En tono dramático dijo que "esto no es lo más grave. En el informe del estado del sistema, según los directivos y técnicos del comité, están saliendo de La Picasa 4,5 metros cúbicos por segundo por rebalse natural por la Alternativa Norte, y otros 4,5 por segundo por bombeo en la Alternativa Sur, es decir el 90 por ciento de lo convenido con Buenos Aires. Ahora bien, las lluvias de mayo, no sólo detuvieron el descenso del nivel, sino que creció nueve centímetros hasta la cota actual de 104,86 metros sobre el nivel del mar".
"Y eso sólo por efecto de la lluvia sobre la laguna, ya que según manifestaron no hay ingresos contradiciendo los dichos del presidente de la comuna de Aarón Castellanos. Ahora bien. Si esto es así, ya casi en el límite máximo de salida y con lluvias aún por debajo de los promedios, la laguna crece, queda evidenciado el fracaso de lo que se está haciendo, persistiendo en un error que lleva años y con distintos actores repite la misma estrategia. Puede ser este el motivo de que el proyecto de la nueva ruta nacional 7 sea en cota 107, o sea 2,20 metros más alta que la actual. Y del ferrocarril, nunca más", alertó el productor Borello.
Gravedad
Para el productor agropecuario "no sólo no se atenuará el problema regional, sino que la próxima inundación será aún más grave que las anteriores. Sabemos que el manejo discrecional que hace Buenos Aires del agua siguiendo los lineamientos de un increíble funcionario que encaramado por décadas en su puesto no sólo le ha marcado la cancha a varias administraciones sino que, lo peor, ha hecho escuela perjudicando no sólo a Santa Fe como también el noroeste de Buenos Aires, es una parte de esta historia".
Y acotó: "Unos porque no actúan, otros porque impiden y los santafesinos que hacemos poco, mal y tarde es que estamos en esta situación. En La Picasa y en varias cuencas más".
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un productor agrario de la localidad de Amenábar advirtió que la cota subió pese a que las lluvias ahora son menores al promedio histórico.
El productor agrario de Amenábar, e integrante de la Sociedad Rural de Rosario, Angel Carlos Borello, planteó un escenario complicado en torno a la solución a la problemática de la laguna La Picasa y responsabilizó a los gobiernos provinciales de los últimos 20 años "en no dar las soluciones correspondientes".
Según Borello "el Comité de Cuenca La Picasa y Alternativa Norte, creado hace unos siete años, fue convertido por decisión provincial , y con el acompañamiento de quienes lo dirigen, en el instrumento para manejar uno de los problemas hídricos e hidrológicos más graves no sólo de Santa Fe sino de toda la región que comprende a tres provincias".
En tal sentido, desligó de responsabilidad alguna al Comité de Cuenca, y señaló que "lejos está de la lógica y de las posibilidades técnicas que una entidad de estas características y destinada a atender situaciones determinadas de los productores, que con su aporte la sostienen, de hacerse cargo de obras estructurales y de llevar adelante políticas que en más de 20 años el gobierno de Santa Fe no pudo, no supo o no quiso ni resolver ni atenuar".
Para el productor de Amenábar "todo esto quedó evidenciado en la última asamblea plenaria del pasado martes 15 en Villa Cañás. Lo que nos contaron el presidente del comité y el técnico tiene aspectos curiosos: durante el prolongado período sin lluvias no se pudo concluir con las obras del modesto canal de cinco kilómetros que reemplazará el inexistente bombeo de la estación destruida de la Alternativa Norte".
Sólo dos alcantarillas
"La empresa contratada de manera directa para ejecutar cuatro alcantarillas, con aportes nacionales, sólo hizo dos y mal. Una ya fue demolida para reconstruirla. Mientras tanto, gracias a un aporte de dinero, se restableció el bombeo de la Sur . Aparentemente, las necesidades de las lagunas de Junín, con poca agua por la sequía, ni la movida política que eso generó fueron suficientes y productores de Santa Fe pusimos la plata para que arrancara".
En tono dramático dijo que "esto no es lo más grave. En el informe del estado del sistema, según los directivos y técnicos del comité, están saliendo de La Picasa 4,5 metros cúbicos por segundo por rebalse natural por la Alternativa Norte, y otros 4,5 por segundo por bombeo en la Alternativa Sur, es decir el 90 por ciento de lo convenido con Buenos Aires. Ahora bien, las lluvias de mayo, no sólo detuvieron el descenso del nivel, sino que creció nueve centímetros hasta la cota actual de 104,86 metros sobre el nivel del mar".
"Y eso sólo por efecto de la lluvia sobre la laguna, ya que según manifestaron no hay ingresos contradiciendo los dichos del presidente de la comuna de Aarón Castellanos. Ahora bien. Si esto es así, ya casi en el límite máximo de salida y con lluvias aún por debajo de los promedios, la laguna crece, queda evidenciado el fracaso de lo que se está haciendo, persistiendo en un error que lleva años y con distintos actores repite la misma estrategia. Puede ser este el motivo de que el proyecto de la nueva ruta nacional 7 sea en cota 107, o sea 2,20 metros más alta que la actual. Y del ferrocarril, nunca más", alertó el productor Borello.
Gravedad
Para el productor agropecuario "no sólo no se atenuará el problema regional, sino que la próxima inundación será aún más grave que las anteriores. Sabemos que el manejo discrecional que hace Buenos Aires del agua siguiendo los lineamientos de un increíble funcionario que encaramado por décadas en su puesto no sólo le ha marcado la cancha a varias administraciones sino que, lo peor, ha hecho escuela perjudicando no sólo a Santa Fe como también el noroeste de Buenos Aires, es una parte de esta historia".
Y acotó: "Unos porque no actúan, otros porque impiden y los santafesinos que hacemos poco, mal y tarde es que estamos en esta situación. En La Picasa y en varias cuencas más".
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Ambiente y CONICET trabajaron sobre ecosistemas acuáticos
Ambiente y CONICET trabajan por la preservación de los ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, realizó la apertura del taller sobre la “Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El encuentro, que se extiende hasta el 30 de mayo, busca impulsar la creación de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. En este sentido, García Espil explicó que “la red permite desarrollar instrumentos de evaluación y monitoreo del estado de conservación de los distintos tipos de cuerpos de agua existentes en las diversas regiones de nuestro país a través de biomonitores, caudales ambientales y valores guía para proteger la biodiversidad”. “La red persigue profundizar la articulación entre las actividades del sector científico académico y las políticas públicas ambientales para la gestión ambiental del agua”, concluyó el funcionario.
Cabe recordar que, al respecto, el Plan Nacional de Agua establece instrumentos para la articulación entre el Estado nacional, las provincias, el sector privado y la sociedad, con el objetivo de lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento, la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento de la superficie bajo riego y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples.
De la misma manera, el Programa de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos desarrolla herramientas para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y su biósfera. Mediante el fortaleciendo del diagnóstico y la evaluación ambiental, busca proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, en un contexto de gobernanza que asegure el suministro, en cantidad y calidad, para uso doméstico y productivo, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la integridad ecológica de los ecosistemas.
De la actividad también participó Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos del CONICET; referentes del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA-CONICET – UNLP); del Instituto de Quìmica Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN- UBA); del Instituto Nacional de Limnologia (INALI– CONICET– UNL); Centro de investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP); Instituto de Biodiversidad Neotropical de la Universidad Nacional de Tucumán (IBN); del Museo Argentino de Ciencias Naturales, división Limnología, área ecología - CONICET (MACN); Grupo Ecología Acuática, Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía, UBA; Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); LILLO; Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC); Centro Científico Tecnológico (CENPAT); Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL); Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA e investigadores y personal técnico de la cartera de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, realizó la apertura del taller sobre la “Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El encuentro, que se extiende hasta el 30 de mayo, busca impulsar la creación de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. En este sentido, García Espil explicó que “la red permite desarrollar instrumentos de evaluación y monitoreo del estado de conservación de los distintos tipos de cuerpos de agua existentes en las diversas regiones de nuestro país a través de biomonitores, caudales ambientales y valores guía para proteger la biodiversidad”. “La red persigue profundizar la articulación entre las actividades del sector científico académico y las políticas públicas ambientales para la gestión ambiental del agua”, concluyó el funcionario.
Cabe recordar que, al respecto, el Plan Nacional de Agua establece instrumentos para la articulación entre el Estado nacional, las provincias, el sector privado y la sociedad, con el objetivo de lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento, la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento de la superficie bajo riego y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples.
De la misma manera, el Programa de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos desarrolla herramientas para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y su biósfera. Mediante el fortaleciendo del diagnóstico y la evaluación ambiental, busca proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, en un contexto de gobernanza que asegure el suministro, en cantidad y calidad, para uso doméstico y productivo, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la integridad ecológica de los ecosistemas.
De la actividad también participó Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos del CONICET; referentes del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA-CONICET – UNLP); del Instituto de Quìmica Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN- UBA); del Instituto Nacional de Limnologia (INALI– CONICET– UNL); Centro de investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP); Instituto de Biodiversidad Neotropical de la Universidad Nacional de Tucumán (IBN); del Museo Argentino de Ciencias Naturales, división Limnología, área ecología - CONICET (MACN); Grupo Ecología Acuática, Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía, UBA; Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); LILLO; Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC); Centro Científico Tecnológico (CENPAT); Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL); Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA e investigadores y personal técnico de la cartera de Ambiente.
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El Tigre rojo, señalan a fábrica textil o curtiembre
Tigre: apuntan a una fábrica textil o una curtiembre por el derrame que tiñó de rojo el río
Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Apuntan a las industrias que trabajan con anilina. Curtiembres y textiles son los principales sospechosos del vuelco clandestino que el sábado tiñó de rojo las aguas del Delta, en Tigre, y que afectó a toda la primera sección de islas.
Desde la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) admitieron que aún no se ha podido determinar con precisión el punto exacto donde ocurrió el hecho. Hasta ayer, el trabajo de fiscalización continuaba con la toma de muestras en un sector comprendido entre "la Panamericana y Campo de Mayo", con el foco puesto en un grupo de firmas instaladas en la zona.
"Tenemos el informe preliminar que descarta el origen biológico y confirma la presencia de elementos químicos. Ahora se debe determinar con precisión cuál es el tipo de sustancia que se vertió en los cauces de los ríos para poder hacer los controles cruzados y dar con los responsables", dijo Fabián Mazzanti, miembro del directorio de la ADA, que estimó que los resultados finales demorarán algunos días.
Entre las suposiciones que se barajaban hasta ayer, la chance de que haya sido un "error involuntario" quedó eliminada; al cierre de esta edición, no se habían recibido denuncias de accidentes. Para Mazzanti tampoco es viable que haya más de una empresa involucrada en el vuelco.
Dos equipos trabajaron ayer hasta que oscureció para reducir la zona de búsqueda, aunque según confiaron a LA NACION se trata de una pesquisa muy compleja. Las lluvias y el pronóstico de mal tiempo empeoran la situación.
Además, algo que sucede habitualmente -según Mazzanti- es que "las industrias activan estos operativos de vuelcos clandestinos durante la noche y de madrugada para evitar la presencia de testigos, y cuando comienzan las alertas y la situación toma estado público cierran las compuertas y cortan el vuelco. Por eso es realmente difícil de comprobar".
Ayer, sin embargo, mediante un operativo cerrojo se avanzó con nuevos indicios, señaló el funcionario, que confía en dar en los próximos días con la firma involucrada.
Luego de la reunión de la Mesa Ambiental bonaerense -conformada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la ADA- con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se analiza la posibilidad de realizar clausuras preventivas. Si hay elementos de sospecha, la OPDS tiene el poder de tomar esa medida, pero aún no trascendió la lista de los nombres posibles.
"La Policía Ecológica bonaerense, la Municipalidad de Tigre y la OPDS han trabajado en colaboración para avanzar lo más rápido posible", destacó Mazzanti.
El sábado pasado, bien temprano, por las redes sociales los sorprendidos vecinos de Tigre difundieron las fotos sacadas al río que mostraban la curiosa coloración en sus aguas. Decenas de usuarios compartieron distintos retratos del mismo episodio, con hashtags que hacían alusión al cuidado del medio ambiente, como #RíoTigreRojo o #CuidemosLoNuestro. "¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué le sucedió a nuestro querido Delta?", se preguntaban los usuarios. "Alojo la esperanza de poder dar una respuesta pronto", confió Mazzanti.
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Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Apuntan a las industrias que trabajan con anilina. Curtiembres y textiles son los principales sospechosos del vuelco clandestino que el sábado tiñó de rojo las aguas del Delta, en Tigre, y que afectó a toda la primera sección de islas.
Desde la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) admitieron que aún no se ha podido determinar con precisión el punto exacto donde ocurrió el hecho. Hasta ayer, el trabajo de fiscalización continuaba con la toma de muestras en un sector comprendido entre "la Panamericana y Campo de Mayo", con el foco puesto en un grupo de firmas instaladas en la zona.
"Tenemos el informe preliminar que descarta el origen biológico y confirma la presencia de elementos químicos. Ahora se debe determinar con precisión cuál es el tipo de sustancia que se vertió en los cauces de los ríos para poder hacer los controles cruzados y dar con los responsables", dijo Fabián Mazzanti, miembro del directorio de la ADA, que estimó que los resultados finales demorarán algunos días.
Entre las suposiciones que se barajaban hasta ayer, la chance de que haya sido un "error involuntario" quedó eliminada; al cierre de esta edición, no se habían recibido denuncias de accidentes. Para Mazzanti tampoco es viable que haya más de una empresa involucrada en el vuelco.
Dos equipos trabajaron ayer hasta que oscureció para reducir la zona de búsqueda, aunque según confiaron a LA NACION se trata de una pesquisa muy compleja. Las lluvias y el pronóstico de mal tiempo empeoran la situación.
Además, algo que sucede habitualmente -según Mazzanti- es que "las industrias activan estos operativos de vuelcos clandestinos durante la noche y de madrugada para evitar la presencia de testigos, y cuando comienzan las alertas y la situación toma estado público cierran las compuertas y cortan el vuelco. Por eso es realmente difícil de comprobar".
Ayer, sin embargo, mediante un operativo cerrojo se avanzó con nuevos indicios, señaló el funcionario, que confía en dar en los próximos días con la firma involucrada.
Luego de la reunión de la Mesa Ambiental bonaerense -conformada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la ADA- con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se analiza la posibilidad de realizar clausuras preventivas. Si hay elementos de sospecha, la OPDS tiene el poder de tomar esa medida, pero aún no trascendió la lista de los nombres posibles.
"La Policía Ecológica bonaerense, la Municipalidad de Tigre y la OPDS han trabajado en colaboración para avanzar lo más rápido posible", destacó Mazzanti.
El sábado pasado, bien temprano, por las redes sociales los sorprendidos vecinos de Tigre difundieron las fotos sacadas al río que mostraban la curiosa coloración en sus aguas. Decenas de usuarios compartieron distintos retratos del mismo episodio, con hashtags que hacían alusión al cuidado del medio ambiente, como #RíoTigreRojo o #CuidemosLoNuestro. "¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué le sucedió a nuestro querido Delta?", se preguntaban los usuarios. "Alojo la esperanza de poder dar una respuesta pronto", confió Mazzanti.
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Cuestionamientos entre intendentes por la Ley 7.722
Polémica entre intendentes oficialistas por la Ley 7.722
Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Después de las declaraciones del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, criticando la ley que prohíbe la utilización de algunas sustancias químicas en minería, recibió una respuesta desde el sur provincial.
Después de las declaraciones que hizo el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, señalando que se ha estigmatizado la actividad minera y criticó la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de ciertas sustancias químicas en esa industria, llegó la respuesta desde el sur provincial.
Su par de General Alvear, Walther Marcolini expresó su rechazo a las declaraciones de Iglesias a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
"Estoy en total desacuerdo con las declaraciones de Marcelino Iglesias con respecto a la Ley 7722", escribió este lunes Marcolini, uno de los líderes de las manifestaciones y cortes de rutas que se realizaron en el sur provincial hace una década y que terminaron con la sanción de la mencionada ley.
El intendente de Guaymallén había dicho en la "Mesa MDZ" que "se ha estigmatizado la actividad minera". "Eso de que no se puede usar cianuro... es jugar con el miedo de la gente", opinó y puso como ejemplo el Centro de Medicina Nuclear que funciona en el microcentro. "Si le hubieran dicho a la gente que a metros del kilómetro cero iba a haber un centro radiactivo, con máquinas que trabajan con tecnología nuclear, se lo hubieran impedido y hoy no podríamos beneficiarnos de un centro de salud de primerísimo nivel a nivel nacional", dijo.
Los cuestionamientos surgen por las protestas que se realizan por la utilización de la fractura hidráulica para la extracción de petróleo no convencional y que recuerdan las manifestaciones por la minería durante el Gobierno de Julio Cobos.
En el caso del fracking Marcolini no se ha mostrado en contra de la técnica, pero pidió al Ejecutivo provincial que le aseguren que no habrá contaminación del río Atuel. También pidió diálogo y no cortes de rutas, no así con la minería, ya que es fue un reconocido opositor a la actividad y participó de numerosas manifestaciones cuando no era intendente.
Respecto al fracking, Marcolini dijo: "no quiero el agua contaminada, ni vamos a tomar acciones que nos perjudiquen". En ese mismo sentido, en una entrevista con MDZ Radio dijo que eso se garantiza "con medidas de control, no necesariamente prohibiendo, y para el caso de propuestas de prohibición "habría que ir al Congreso de la Nación para modificar la Ley de Hidrocarburos".
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Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Después de las declaraciones del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, criticando la ley que prohíbe la utilización de algunas sustancias químicas en minería, recibió una respuesta desde el sur provincial.
Después de las declaraciones que hizo el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, señalando que se ha estigmatizado la actividad minera y criticó la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de ciertas sustancias químicas en esa industria, llegó la respuesta desde el sur provincial.
Su par de General Alvear, Walther Marcolini expresó su rechazo a las declaraciones de Iglesias a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
"Estoy en total desacuerdo con las declaraciones de Marcelino Iglesias con respecto a la Ley 7722", escribió este lunes Marcolini, uno de los líderes de las manifestaciones y cortes de rutas que se realizaron en el sur provincial hace una década y que terminaron con la sanción de la mencionada ley.
El intendente de Guaymallén había dicho en la "Mesa MDZ" que "se ha estigmatizado la actividad minera". "Eso de que no se puede usar cianuro... es jugar con el miedo de la gente", opinó y puso como ejemplo el Centro de Medicina Nuclear que funciona en el microcentro. "Si le hubieran dicho a la gente que a metros del kilómetro cero iba a haber un centro radiactivo, con máquinas que trabajan con tecnología nuclear, se lo hubieran impedido y hoy no podríamos beneficiarnos de un centro de salud de primerísimo nivel a nivel nacional", dijo.
Los cuestionamientos surgen por las protestas que se realizan por la utilización de la fractura hidráulica para la extracción de petróleo no convencional y que recuerdan las manifestaciones por la minería durante el Gobierno de Julio Cobos.
En el caso del fracking Marcolini no se ha mostrado en contra de la técnica, pero pidió al Ejecutivo provincial que le aseguren que no habrá contaminación del río Atuel. También pidió diálogo y no cortes de rutas, no así con la minería, ya que es fue un reconocido opositor a la actividad y participó de numerosas manifestaciones cuando no era intendente.
Respecto al fracking, Marcolini dijo: "no quiero el agua contaminada, ni vamos a tomar acciones que nos perjudiquen". En ese mismo sentido, en una entrevista con MDZ Radio dijo que eso se garantiza "con medidas de control, no necesariamente prohibiendo, y para el caso de propuestas de prohibición "habría que ir al Congreso de la Nación para modificar la Ley de Hidrocarburos".
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Córdoba avanza en energías renovables
Avanzan proyectos de energías renovables en Córdoba
Fecha de Publicación: 01/06/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Con inversiones en el sur de la provincia sigue adelante el exitoso Programa Renovar, que tiene por fin modificar la matriz energética y mejorar los precios.
En un contexto nacional caracterizado por la discusión sobre la política impositiva, el precio de las tarifas de los servicios públicos y, particularmente en la provincia de Córdoba, el marco regulatorio de la provisión de energía eléctrica, sigue avanzando un programa de desarrollo de energías renovables que apunta a transformar la matriz de generación para satisfacer la demanda del país.
En las últimas acciones desarrolladas dentro de esta política promovida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación se destacan varios proyectos que posicionan al sur de la provincial como un núcleo relevante para la producción de electricidad sin apelar a los combustibles fósiles.
Desde fines de marzo hasta el presente se produjo la firma de nuevos contratos referidos a proyectos de inversión para la generación de energía limpia. Estos convenios se suscribieron entre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y las empresas que participan del Programa Renovar, la propuesta pergeñada por el Gobierno nacional para incentivar el desarrollo de la producción de energías renovables.
De este modo, se establece que la electricidad producida a través de la transformación de energía solar y del procesamiento de material biológico sea inyectada al sistema eléctrico nacional.
El Programa Renovar se lanzó en 2016 con la intención de ampliar el aporte de las energías renovables en la matriz eléctrica del país en sucesivas etapas, con una meta para el año en curso del 8 por ciento de participación y de un 20 por ciento para el 2025. Hasta el presente se llevan adjudicados 147 proyectos en 21 provincias, por un total de 4.466,5 MW, en 3 rondas licitatorias. Se trata de 41 proyectos solares, 34 eólicos, 18 de biomasa, 14 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 36 de biogás y 4 de biogás de relleno sanitario.
En marzo de este año se aprobó por parte del directorio del Banco Mundial una garantía por 250 millones de dólares para impulsar los proyectos de energías renovables correspondientes a las nuevas etapas del Renovar.
Córdoba suma nuevos proyectos
Recientemente se firmaron los contratos para los parques solares Tinogasta II, en Catamarca de 6,96 MW, Tocota en San Juan de 72 MW, Nonogasta IV de 1 MW y Nonogasta II de 20,04 MW, estos últimos ubicados en La Rioja; las centrales térmicas de biogás Ampliación Bioeléctrica Dos de 1,2 MW y Biogeneradora Santa Catalina de 2 MW, ambas en la provincia de Córdoba; y por último la central térmica de biomasa Prodeman Bioenergía de 9 MW, ubicada en General Cabrera, Córdoba.
Los cuatro proyectos de energía solar pertenecen a la empresa 360 Energy S.A.; el proyecto de biomasa corresponde a la empresa Prodeman S.A.S, que obtendrá su energía a partir de la cáscara de maní; el proyecto de biogás Ampliación Bioeléctrica Dos pertenece a Bioeléctrica Dos S.A. y se trata de la ampliación de la Central Térmica Bioeléctrica Río Cuarto 2, que formó parte de la Ronda 1 del Programa RenovAr, generando energía a partir de vinaza liviana (subproducto de destilación de mosto) y desechos de maíz. Finalmente, la Central Térmica Biogeneradora Santa Catalina es un emprendimiento de Incisa S.A. y Biogeneradora Centro, que generará energía en su planta de biogás a partir de maíz, burlanda (el producto de la fermentación controlada de granos) y estiércol, en la localidad de Holmberg.
Inversiones multimillonarias en marcha
Según la información brindada a La Nueva Mañana por el Ministerio de Energía y Minería, actualmente hay 69 proyectos correspondientes a las primeras rondas de Renovar que se encuentran con el 100 por ciento de sus contratos firmados y de sus garantías constituidas, con un cumplimiento de hitos contractuales del 96 por ciento. El 54 por ciento de ese total de encuentra en construcción u operación comercial. Concretamente, son 37 proyectos de los cuales 32 están en construcción y 5 en operación por un volumen de energía producida estimado en 1.350 MW. Por otra parte hay otros 250 MW en obra a través del régimen establecido por la Resolución N° 281 para el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Mater), totalizando 1.600 MW por 2.100 millones de dólares de inversión directa.
Según destacan las fuentes consultadas, este programa impulsado desde el gobierno nacional permitió que en las sucesivas convocatorias realizadas el precio promedio del Megavatio por hora se redujera sensiblemente.
Los datos aportados por las autoridades muestran que ese indicador pasó de 61,41 dólares en la primera ronda de Renovar, pasando a 51,49 dólares en la más reciente.
Un punto destacado está en los precios mínimos de la tecnología solar, que pasaron de 59 dólares por MWh en la primera ronda a 40,44 dólares por MWh en la segunda ronda; y de la eólica, que varió su mínimo de 49 a 37 dólares por MWh.
Córdoba pionera
La provincia de Córdoba empezó a incursionar en la producción de biocombustibles hace bastante tiempo, en los comienzos del siglo XXI. Su potencial agrícola fue sin dudas el soporte necesario para proveer de la materia prima necesaria para la generación de los derivados de los cultivos del este, sureste y sur de la provincia. La proliferación de las oleaginosas como soja, maní y maíz, que tienen en tierra cordobesa las mayores extensiones respecto a otras provincias argentinas, hizo que se buscara introducir valor agregado a esos cultivos.
Hace casi una década que tomó impulso la instalación de plantas de biocombustibles en distintos puntos de la provincia, generando nuevos puestos de trabajo y una solución para pequeñas localidades del interior que encontraron en esta producción una opción valedera para superar las peripecias de economía cotidiana.
La encrucijada de la energía
Argentina atraviesa una situación muy compleja, en la que se mezclan los intereses políticos y económicos. Por un lado un gobierno que intenta sincerar los costos de los servicios públicos ante ciertos sectores de la oposición que pretenden retrotraer la situación bajo un concepto demagógico propio de su concepción política.
Por otro lado, en la provincia de Córdoba se discute y se legisla en el sentido de establecer un marco regulatorio para un servicio público elemental como es la electricidad.
Mientras todo esto sucede, hay importantes apuestas tendientes a sumar un mayor volumen de generación de energías limpias, lo que permitirá ajustar la matriz energética del país a las nuevas condiciones que impone el cuidado del medio ambiente.
Como casi siempre, está latente esa situación en la que el impulso de los inversores y generadores de nuevas opciones de progreso se enfrenta al status quo que contradictoriamente influye en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Una de las tantas instancias en que el país deberá superarse es esta, elegir el mejor camino para garantizar energía a un precio razonable para impulsar el desarrollo y la mejora en las condiciones de vida de los habitantes. En eso irá el futuro venturoso que se pueda generar para el país.
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