Entre Ríos: fallo favorece la limitación de las fumigaciones
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Un fallo confirmó que el municipio de Victoria es competente para impedir en sus islas la agricultura intensiva
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Minería solo para que "cierren los números" del gobierno
Carlos Ferrer: “Las finanzas provinciales no son sustentables y se necesita de la minería”
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El abogado habló sobre la expectativa de reactivación del sector y de cómo sobreviven los proveedores mendocinos Reclamó política de Estado.
Carlos Ferrer es abogado, egresado de la Universidad de Mendoza en 1988. Desde entonces, se ha especializado en Derecho Minero, incluso es parte de la comisión pertinente del Colegio de Abogados de la provincia.
El letrado -que cofundó en 2010 y preside desde 2011 la Cámara de Servicios Mineros, integrada por 45 empresas mayormente medianas- participó del Ciclo de Encuentros de Los Andes.
-¿Sirvió de algo la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para acercar posturas sobre minería?
-Esto tuvo dos caras. Aportó en el sentido de que se convocaron absolutamente a todos los sectores: universidad, productores, proveedores, titulares de derechos mineros, cámaras de empresarios. Se hizo mucha docencia, y sirvió para darse cuenta de que el detractor de la minería, que fue invitado, no quiso participar.
La otra cara de la moneda es que no sirvió, porque tiene que tener un tratamiento rápido, a través de un borrador de política de Estado provincial acerca de la minería... Eso iba a elevarse al Gobernador para que, con su aval, fuera a la Legislatura. Y se trabó.
-Considerando que hay señales de respaldo del Gobierno, ¿cuál cree que fue la razón?
-Falta de decisión política. Es el momento de aprovechar la coyuntura y hacer historia. Cornejo, y su administración, saben que no son sustentables las finanzas provinciales y necesita de la minería para fortificar la matriz productiva.
-La decisión política pro-fracking, ¿generará un viento de cola que arrastre a la minería?
-Sí. Y tiene que haberlo. Porque padecemos la misma discriminación, siendo legal el fracking, una actividad que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo, al igual que la minería. Chile tiene 3 mil proyectos totalmente compatibles con la vitivinicultura y el agro de exportación en los mismos lugares. Basta cruzar la cordillera y verlo; sólo en Santiago se observan edificios nuevos en construcción en cada viaje, y eso es minería.
-Mendoza afronta el frente político, el social y el legal, y dos grandes proyectos frenados como Potasio y San Jorge…
-Y también uranio, con Sierra Pintada, y el restante proyecto que tiene Mendoza pueden abastecer a toda la energía nuclear de las dos centrales Atucha y otras dos a construir. Y convertirse en exportador, junto a Chubut, de energía limpia. Tenemos reservas para exportar y abastecer el consumo interno, pero hoy importamos uranio por u$s 150 millones por año. Y también cobre fino, cuando solamente San Jorge podría satisfacer toda la demanda nacional.
-Al parecer Potasio, en busca de inversor, está más cerca. ¿Esperan efecto cascada sobre el resto?
-A pesar de no ser metalífero y que su parate no fue a raíz de un conflicto, creo que sí, porque la minería es una sola. En la Cámara, de unos 400 contratos importantes, unos 30 eran de Potasio Río Colorado, y significaban una facturación global de casi u$s 3 millones mensuales. Si a esa cifra se le deduce el 3% de Ingresos Brutos, era generar más de $ 700 millones al Gobierno. No es sólo el derrame a largo plazo, sino el del momento... Se empieza a generar riqueza para el erario público de un día al otro. Para el Gobierno se trata de gestionar, y resulta más fácil porque no exige tomar una decisión política…
-Luego del rechazo de la Corte local, ¿quedan expectativas de frenar la ley 7.722 en la justicia?
-Está abierta la instancia judicial todavía. Se han hecho planteos de algunas empresas ante la Corte nacional, pero basta que una lo haya hecho para que se abra el camino. Creemos que la Corte tiene que reconocer la inconstitucionalidad de la ley.
-¿Por qué cree que el tribunal nacional va a revertir un fallo local?
-Es la esperanza que tenemos, nuestro último recurso. Además, la Corte sabe que la Nación está tratando de instalar el tema, hay argumentos para hacerlo, y sabe también que por otro lado se está tratando de trabar. Confiamos en una mayor imparcialidad del tribunal nacional que en el provincial, principalmente porque acá nadie quiere pagar el precio jurídico y el político.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El abogado habló sobre la expectativa de reactivación del sector y de cómo sobreviven los proveedores mendocinos Reclamó política de Estado.
Carlos Ferrer es abogado, egresado de la Universidad de Mendoza en 1988. Desde entonces, se ha especializado en Derecho Minero, incluso es parte de la comisión pertinente del Colegio de Abogados de la provincia.
El letrado -que cofundó en 2010 y preside desde 2011 la Cámara de Servicios Mineros, integrada por 45 empresas mayormente medianas- participó del Ciclo de Encuentros de Los Andes.
-¿Sirvió de algo la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para acercar posturas sobre minería?
-Esto tuvo dos caras. Aportó en el sentido de que se convocaron absolutamente a todos los sectores: universidad, productores, proveedores, titulares de derechos mineros, cámaras de empresarios. Se hizo mucha docencia, y sirvió para darse cuenta de que el detractor de la minería, que fue invitado, no quiso participar.
La otra cara de la moneda es que no sirvió, porque tiene que tener un tratamiento rápido, a través de un borrador de política de Estado provincial acerca de la minería... Eso iba a elevarse al Gobernador para que, con su aval, fuera a la Legislatura. Y se trabó.
-Considerando que hay señales de respaldo del Gobierno, ¿cuál cree que fue la razón?
-Falta de decisión política. Es el momento de aprovechar la coyuntura y hacer historia. Cornejo, y su administración, saben que no son sustentables las finanzas provinciales y necesita de la minería para fortificar la matriz productiva.
-La decisión política pro-fracking, ¿generará un viento de cola que arrastre a la minería?
-Sí. Y tiene que haberlo. Porque padecemos la misma discriminación, siendo legal el fracking, una actividad que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo, al igual que la minería. Chile tiene 3 mil proyectos totalmente compatibles con la vitivinicultura y el agro de exportación en los mismos lugares. Basta cruzar la cordillera y verlo; sólo en Santiago se observan edificios nuevos en construcción en cada viaje, y eso es minería.
-Mendoza afronta el frente político, el social y el legal, y dos grandes proyectos frenados como Potasio y San Jorge…
-Y también uranio, con Sierra Pintada, y el restante proyecto que tiene Mendoza pueden abastecer a toda la energía nuclear de las dos centrales Atucha y otras dos a construir. Y convertirse en exportador, junto a Chubut, de energía limpia. Tenemos reservas para exportar y abastecer el consumo interno, pero hoy importamos uranio por u$s 150 millones por año. Y también cobre fino, cuando solamente San Jorge podría satisfacer toda la demanda nacional.
-Al parecer Potasio, en busca de inversor, está más cerca. ¿Esperan efecto cascada sobre el resto?
-A pesar de no ser metalífero y que su parate no fue a raíz de un conflicto, creo que sí, porque la minería es una sola. En la Cámara, de unos 400 contratos importantes, unos 30 eran de Potasio Río Colorado, y significaban una facturación global de casi u$s 3 millones mensuales. Si a esa cifra se le deduce el 3% de Ingresos Brutos, era generar más de $ 700 millones al Gobierno. No es sólo el derrame a largo plazo, sino el del momento... Se empieza a generar riqueza para el erario público de un día al otro. Para el Gobierno se trata de gestionar, y resulta más fácil porque no exige tomar una decisión política…
-Luego del rechazo de la Corte local, ¿quedan expectativas de frenar la ley 7.722 en la justicia?
-Está abierta la instancia judicial todavía. Se han hecho planteos de algunas empresas ante la Corte nacional, pero basta que una lo haya hecho para que se abra el camino. Creemos que la Corte tiene que reconocer la inconstitucionalidad de la ley.
-¿Por qué cree que el tribunal nacional va a revertir un fallo local?
-Es la esperanza que tenemos, nuestro último recurso. Además, la Corte sabe que la Nación está tratando de instalar el tema, hay argumentos para hacerlo, y sabe también que por otro lado se está tratando de trabar. Confiamos en una mayor imparcialidad del tribunal nacional que en el provincial, principalmente porque acá nadie quiere pagar el precio jurídico y el político.
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La Pampa planea una nueva Ley Ambiental
El gobierno presentó la nueva Ley Ambiental
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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Nació el primer tapir en el Parque Iberá
Nació el primer tapir en el Parque Iberá, resultado de un proyecto de reintroducción de la especie en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Litoral
Este nuevo ejemplar es el segundo tapir nacido en Iberá después de iniciar el proyecto de reintroducción de la especie de la organización la organización The Conservation Land Trust (CLT) , con el apoyo del gobierno de Corrientes. Es el primero en ser concebido en el Parque Iberá.
Sus progenitores llegaron a Rincón del Socorro a principios de 2017. Son India, procedente de la Estación de Fauna Autóctona de Salta, y Nene Malo, que arribó al proyecto desde la Reserva Experimental de Flora y Fauna Horco Molle, en Tucumán.
Aunque ya se sabía desde hace un tiempo que India estaba preñada, el hallazgo del pequeño, encontrado el martes con uno o dos días de vida al lado de su madre, dio una nueva alegría al equipo que trabaja con esta especie en Rincón del Socorro y da alas al proyecto que pretende establecer una población de esta especie en Iberá. Aún así, Emanuel Galetto, responsable del equipo de monitoreo es prudente “porque que las primeras semanas son críticas para la cría, ya que es vulnerable a distintos peligros”.
“La colaboración de estos centros de fauna, y otros que han donado animales al proyecto que CLT desarrolla en Iberá junto con el Gobierno de Corrientes, está haciendo posible que el Iberá recupere parte de la fauna que perdió y sea pionera en la reintroducción , a nivel mundial, de esta especie de tapir”, informaron a través de sus redes sociales desde la ONG ambiental que pertenece al grupo Tompkins Conservation.
Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, extendiéndose desde el Trópico hasta la Antártida y albergando una enorme diversidad de ambientes naturales: selvas lluviosas, bosques nublados, humedales, sabanas y pastizales tropicales; desiertos; bosques, selvas, matorrales, praderas y estepas templados; humedales costeros, campos de hielo y uno de los mares más productivos del planeta.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Litoral
Este nuevo ejemplar es el segundo tapir nacido en Iberá después de iniciar el proyecto de reintroducción de la especie de la organización la organización The Conservation Land Trust (CLT) , con el apoyo del gobierno de Corrientes. Es el primero en ser concebido en el Parque Iberá.
Sus progenitores llegaron a Rincón del Socorro a principios de 2017. Son India, procedente de la Estación de Fauna Autóctona de Salta, y Nene Malo, que arribó al proyecto desde la Reserva Experimental de Flora y Fauna Horco Molle, en Tucumán.
Aunque ya se sabía desde hace un tiempo que India estaba preñada, el hallazgo del pequeño, encontrado el martes con uno o dos días de vida al lado de su madre, dio una nueva alegría al equipo que trabaja con esta especie en Rincón del Socorro y da alas al proyecto que pretende establecer una población de esta especie en Iberá. Aún así, Emanuel Galetto, responsable del equipo de monitoreo es prudente “porque que las primeras semanas son críticas para la cría, ya que es vulnerable a distintos peligros”.
“La colaboración de estos centros de fauna, y otros que han donado animales al proyecto que CLT desarrolla en Iberá junto con el Gobierno de Corrientes, está haciendo posible que el Iberá recupere parte de la fauna que perdió y sea pionera en la reintroducción , a nivel mundial, de esta especie de tapir”, informaron a través de sus redes sociales desde la ONG ambiental que pertenece al grupo Tompkins Conservation.
Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, extendiéndose desde el Trópico hasta la Antártida y albergando una enorme diversidad de ambientes naturales: selvas lluviosas, bosques nublados, humedales, sabanas y pastizales tropicales; desiertos; bosques, selvas, matorrales, praderas y estepas templados; humedales costeros, campos de hielo y uno de los mares más productivos del planeta.
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Mendoza también impulsa Fiscalías Ambientales
Impulsan la creación de Fiscalías de Delitos Ambientales
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia en casos de “delitos ambientales”, el diputado del Partido Demócrata, Marcos Niven, impulsa la creación de fiscalías especializadas en esta temática.
Niven dialogó con FM Vos (91.5) y destacó la importancia de esta propuesta, ya que actualmente no existen organismos judiciales dedicados específicamente a esta tarea.
“La población de Mendoza está muy sensible y preocupada ante cualquier explotación que contamine, y además tiene una enorme desconfianza porque no hay controles pertinentes sobre el tema”, destacó Niven, quien plantea que “hay que avanzar sobre nuevos organismos de control. En este sentido, el Procurador de la Corte tiene facultades para creas fiscalías específicas y ya lo ha hecho. Sería de mucha utilidad contar con fiscalías sobre delitos ambientales”.
El pedido del PD ingresado en la cámara baja provincial plantea que el Procurador de la Suprema Corte cree la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y la dote de personal e infraestructura, teniendo en cuenta que a nivel nacional funciona una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Según el proyecto de Niven, “cuando los delitos salen del territorio de nuestra provincia, por ejemplo, contaminación de un río o sustancias peligrosas, la competencia es de la Justicia Federal, pero cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro del territorio de una provincia, le corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma”.
“En Mendoza, cuando se denuncia un delito ambiental, es ingresado por la Unidad Fiscal que corresponde al domicilio del denunciante o del lugar de la contaminación o delito y después de estudiar el caso, puede ser derivado a la Fiscalía de Delitos Complejos. Entendemos que, al igual que la Nación, debe existir en nuestra provincia una Fiscalía Especial de Delitos Ambientales”, destaca la iniciativa.
Finalmente, el legislador planteó que “estamos trabajando en un proyecto de creación de una agencia específica que abarque todo el tema ambiental. Es algo muy complejo y lo estamos preparando para presentar pronto”.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia en casos de “delitos ambientales”, el diputado del Partido Demócrata, Marcos Niven, impulsa la creación de fiscalías especializadas en esta temática.
Niven dialogó con FM Vos (91.5) y destacó la importancia de esta propuesta, ya que actualmente no existen organismos judiciales dedicados específicamente a esta tarea.
“La población de Mendoza está muy sensible y preocupada ante cualquier explotación que contamine, y además tiene una enorme desconfianza porque no hay controles pertinentes sobre el tema”, destacó Niven, quien plantea que “hay que avanzar sobre nuevos organismos de control. En este sentido, el Procurador de la Corte tiene facultades para creas fiscalías específicas y ya lo ha hecho. Sería de mucha utilidad contar con fiscalías sobre delitos ambientales”.
El pedido del PD ingresado en la cámara baja provincial plantea que el Procurador de la Suprema Corte cree la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y la dote de personal e infraestructura, teniendo en cuenta que a nivel nacional funciona una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Según el proyecto de Niven, “cuando los delitos salen del territorio de nuestra provincia, por ejemplo, contaminación de un río o sustancias peligrosas, la competencia es de la Justicia Federal, pero cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro del territorio de una provincia, le corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma”.
“En Mendoza, cuando se denuncia un delito ambiental, es ingresado por la Unidad Fiscal que corresponde al domicilio del denunciante o del lugar de la contaminación o delito y después de estudiar el caso, puede ser derivado a la Fiscalía de Delitos Complejos. Entendemos que, al igual que la Nación, debe existir en nuestra provincia una Fiscalía Especial de Delitos Ambientales”, destaca la iniciativa.
Finalmente, el legislador planteó que “estamos trabajando en un proyecto de creación de una agencia específica que abarque todo el tema ambiental. Es algo muy complejo y lo estamos preparando para presentar pronto”.
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Nuevo Sitio Ramsar en Mendoza
Argentina suma un nuevo humedal de importancia internacional: la Reserva Natural Villavicencio
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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Confirman vuelco clandestino en el "río rojo" de Tigre
Tigre: confirman que lo que tiñó el río de rojo fue "un vuelco clandestino"
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Las aguas del río en Tigre amanecieron teñidas de rojo ayer, causando sorpresa en los vecinos de la zona. Las investigaciones preliminares de laboratorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) determinaron hoy que "se debe a un vuelco clandestino" de algún efluente industrial o naval, informó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de ADA, a LA NACIÓN.
La otra posibilidad que se consideró fue la floración de algas rojas, pero fue descartada ya que no hubo presencia de estos organismos en las muestras de agua recolectada.
Desde ayer, Mazzanti estimó que, por el gran volumen de agua teñida, podría deberse a un efluente industrial.
"En este momento está nuestro equipo de ADA conjuntamente con el equipo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires haciendo la investigación in situ para determinar el punto exacto del vuelco. Es una tarea compleja", determinó Mazzanti.
Desde ayer, la municipalidad de Tigre advirtió sobre la posible toxicidad del agua. "Se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso", indicaron en un comunicado oficial por Facebook. Al respecto, Mazzanti recalcó hoy que el laboratorio de ADA aún no ha determinado si el agua es tóxica o no. "Se debe esperar al resultado definitivo del laboratorio que demora aproximadamente 48 horas", dijo.
La coloración afectó a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo.
El color rojo más intenso se registró alrededor de las 10 horas. En la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Las aguas del río en Tigre amanecieron teñidas de rojo ayer, causando sorpresa en los vecinos de la zona. Las investigaciones preliminares de laboratorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) determinaron hoy que "se debe a un vuelco clandestino" de algún efluente industrial o naval, informó Fabián Mazzanti, miembro del directorio de ADA, a LA NACIÓN.
La otra posibilidad que se consideró fue la floración de algas rojas, pero fue descartada ya que no hubo presencia de estos organismos en las muestras de agua recolectada.
Desde ayer, Mazzanti estimó que, por el gran volumen de agua teñida, podría deberse a un efluente industrial.
"En este momento está nuestro equipo de ADA conjuntamente con el equipo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires haciendo la investigación in situ para determinar el punto exacto del vuelco. Es una tarea compleja", determinó Mazzanti.
Desde ayer, la municipalidad de Tigre advirtió sobre la posible toxicidad del agua. "Se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso", indicaron en un comunicado oficial por Facebook. Al respecto, Mazzanti recalcó hoy que el laboratorio de ADA aún no ha determinado si el agua es tóxica o no. "Se debe esperar al resultado definitivo del laboratorio que demora aproximadamente 48 horas", dijo.
La coloración afectó a cuatro cauces: el río Reconquista, el Reconquista Chico, el río Tigre y también a la pista nacional de remo.
El color rojo más intenso se registró alrededor de las 10 horas. En la tarde se empezó a disipar hasta que el río retornó a su color habitual.
La municipalidad de Tigre exigió ese mismo día a la OPDS que se detectaran los orígenes de la tonalidad roja en el río.
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Afirman que llevará 4 años instalar la incineradora
La planta de incineración de la Ciudad estará instalada en cuatro años
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La Ciudad de Buenos Aires avanza con los planes para quemar los residuos. Así lo reconoció el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, durante la presentación de un laberinto reciclable: "En cuatro años tenemos que tener algo funcionando. Ya firmamos un convenio con Airparif, un organismo público con participación de ONGs francés, que controla la calidad del aire de la Ciudad y también de las plantas de termovalorización. Ese es el modelo que queremos. Algo tenemos que hacer porque en cuatro años el Ceamse colapsa", dijo a Infobae.
El funcionario presentó un laberinto hecho con 15.000 botellas recicladas y reiteró que, aunque el distrito permita la incineración, las políticas de recuperación siguen intactas: "Estamos haciendo la inversión más grande de la historia en materia de reciclado. Son unos 750 millones de pesos sin contabilizar los honorarios de las cooperativas", indicó y destacó que se han renovado 13 de los 15 centros verdes, que hay 222 puntos en toda la ciudad para depositar reciclables y que se está construyendo un nuevo centro para separar y clasificar la basura domiciliaria.
Respecto de la inclusión de la instalación de la planta de termovalorización reiteró que "el lugar todavía no está definido. Seguimos estudiando dónde es posible localizarla" y admitió que cualquier espacio que requiera cambio de zonificación del Código de Planeamiento Urbano porteño requiere de 40 votos en la Legislatura y una audiencia pública.
El convenio con el ente francés se firmó para avanzar en el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos, creado dentro de la reforma de la ley de basura cero que se aprobó a fines del mes pasado en la Legislatura.
Las organizaciones ambientales junto a las cooperativas de cartoneros aguardan la publicación de la ley sancionada en el Boletín Oficial para interponer las acciones judiciales correspondientes.
El laberinto se encuentra en la plaza seca junto al Teatro Colón hasta el fin de semana y los vecinos podrán visitarlo desde las 10 a 22. Por la noche, estará totalmente iluminado.
Al ingresar al laberinto, se experimenta un extenso camino rodeado de plásticos, que al observarlos se podrá tomar conciencia sobre la problemática de su uso excesivo y acumulación.
La instalación fue realizada por Luzinterruptus, el colectivo artístico número uno del mundo en acciones de concientización sustentable, junto a cooperativas y voluntarios de la Ciudad. Espacios similares se pueden observar en Londres, en Polonia y en la Plaza Mayor, en Madrid.
"En la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico. Es por eso que esta instalación tiene como fin que sigamos reflexionando sobre la importancia de reciclar, y de adoptar una lógica de consumo circular para que las cosas que compramos pueden volver a formar parte de la industria", agregó Macchiavelli.
En ese sentido, en el área ambiental porteña creen que es necesario que el distrito marque el camino hacia una legislación más completa respecto de los residuos que se generan que ascienden a 6500 toneladas por día. Es por eso que se envió un proyecto oficial a la Legislatura para debatir la responsabilidad extendida del productor en materia de pilas.
Según un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo porteña, se descartan 40 millones de pilas al año. En la Argentina, se calcula que se tiran a la basura unas 10 pilas por persona por año.
La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.
También es necesario debatir una ley de envases para que se pueda establecer desde el comienzo de la cadena de producción de residuos. Desde hace 20 años naufragan en el Congreso los proyectos para reglamentar este tema fundamental.
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La Pampa comienza a debatir la prohibición del fracking
Berhongaray pide 'prohibir' el 'fracking' en La Pampa
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Las denuncias de organizaciones ambientalistas por la extracción de hidrocarburos a través del sistema fracking y la posible contaminación de napas en Mendoza, que podría afectar las aguas del río Atuel, encendió la alarma en La Pampa, que carece de una legislación al respecto.
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
En las últimas semanas, ONGs ambientalistas denunciaron que el gobierno mendocino autorizó el fracking en cuatro pozos en la zona de Malargüe y advirtieron que las napas están contaminadas con hidrocarburos, una situación que podría contaminar el río Atuel, que es interprovincial, afectando los intereses de La Pampa.
-Pero en Mendoza esa actividad la autorizó el gobernador Alfredo Cornejo por vía de un decreto…
-Es un acto de irresponsabilidad y además de cuestionable legalidad, porque hay enormes dudas en el mundo detrás de
la técnica del fracking. Hay algunos riesgos que son conocidos y otros desconocidos porque es un secreto empresarial muy bien guardado de las empresas que se encargan de la operación. Pero lo concreto es que se ponen en riesgo los acuíferos porque se usan enormes cantidades de productos químicos que tienen una alta toxicidad, son altamente contaminantes.
-¿Por qué dice que el decreto es de cuestionable legalidad?
-Porque un gobierno no puede tomar esas decisiones de manera unilateral cuando se trata de recursos que son interprovinciales, y está claro que se viene actuando sobre una cuenca que la provincia de Mendoza comparte con La Pampa. Ese tipo de decisiones además de arbitrarias, son inconstitucionales.
-¿Por qué avanzan en el mundo este tipo de técnicas como el fracking?
-Muy simple, hay mucha plata de por medio. Cada vez hay menos yacimientos de gas convencionales porque se vienen agotando, y surge la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales que presentan algunas dificultades técnicas para la extracción porque ese gas está alojado en rocas que tienen una baja porosidad y son poco permeables, lo que hace mucho más lento y menos rentable al proceso. Para agilizarlo se usa la técnica del fracking que acelera el ritmo de extracción y así se hace rentable la explotación. Se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión y se usan aditivos específicos de los cuales muchos tienen una alta toxicidad.
-¿Cómo responde la legislación argentina a esta cuestionada técnica?
-Por el momento no hay una respuesta uniforme. Con esta historia de que los recursos naturales son de las provincias, lo cual es falso cuando hablamos de recursos interprovinciales, cada provincia decide lo que le parece. El tema del fracking debe formar parte de los presupuestos mínimos ambientales a ser exigidos en todo el país, y que hasta que no exista certeza científica de que una práctica semejante no va a contaminar, hay que prohibirla terminantemente.
-¿Hoy no está esa certeza?
-Todo lo contrario, todos los indicios hablan del enorme riesgo ambiental que hay detrás de esa actividad. Hay riesgos de explosión, de escapes de gas, de escapes de ácido sulfhídrico que es sumamente tóxico, pueden ocurrir derrumbes de la formación sobre la tubería, y todo eso puede perjudicar seriamente a los acuíferos subterráneos y hasta contaminar el aire. Además es bestial las cantidades de agua que se utilizan en cada pozo.
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Las denuncias de organizaciones ambientalistas por la extracción de hidrocarburos a través del sistema fracking y la posible contaminación de napas en Mendoza, que podría afectar las aguas del río Atuel, encendió la alarma en La Pampa, que carece de una legislación al respecto.
El diputado Martín Behongaray (Frepam) afirmó ayer que “por el momento, no hay una respuesta uniforme” en el país sobre el uso del método de extracción de hidrocarburos no convencionales y que en La Pampa hay que “prohibirlo directamente” hasta que “no existan garantías científicas de que no hay riesgo de contaminación ambiental”.
El presidente de la comisión de Ecología de la Legislatura agregó que “hay que denunciar cualquier intento de Mendoza o de cualquier provincia que pretenda utilizar el sistema de fracturación hidráulica para explotar minas con reservas de hidrocarburos no convencionales”.
En las últimas semanas, ONGs ambientalistas denunciaron que el gobierno mendocino autorizó el fracking en cuatro pozos en la zona de Malargüe y advirtieron que las napas están contaminadas con hidrocarburos, una situación que podría contaminar el río Atuel, que es interprovincial, afectando los intereses de La Pampa.
-Pero en Mendoza esa actividad la autorizó el gobernador Alfredo Cornejo por vía de un decreto…
-Es un acto de irresponsabilidad y además de cuestionable legalidad, porque hay enormes dudas en el mundo detrás de
la técnica del fracking. Hay algunos riesgos que son conocidos y otros desconocidos porque es un secreto empresarial muy bien guardado de las empresas que se encargan de la operación. Pero lo concreto es que se ponen en riesgo los acuíferos porque se usan enormes cantidades de productos químicos que tienen una alta toxicidad, son altamente contaminantes.
-¿Por qué dice que el decreto es de cuestionable legalidad?
-Porque un gobierno no puede tomar esas decisiones de manera unilateral cuando se trata de recursos que son interprovinciales, y está claro que se viene actuando sobre una cuenca que la provincia de Mendoza comparte con La Pampa. Ese tipo de decisiones además de arbitrarias, son inconstitucionales.
-¿Por qué avanzan en el mundo este tipo de técnicas como el fracking?
-Muy simple, hay mucha plata de por medio. Cada vez hay menos yacimientos de gas convencionales porque se vienen agotando, y surge la necesidad de explotar los yacimientos no convencionales que presentan algunas dificultades técnicas para la extracción porque ese gas está alojado en rocas que tienen una baja porosidad y son poco permeables, lo que hace mucho más lento y menos rentable al proceso. Para agilizarlo se usa la técnica del fracking que acelera el ritmo de extracción y así se hace rentable la explotación. Se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión y se usan aditivos específicos de los cuales muchos tienen una alta toxicidad.
-¿Cómo responde la legislación argentina a esta cuestionada técnica?
-Por el momento no hay una respuesta uniforme. Con esta historia de que los recursos naturales son de las provincias, lo cual es falso cuando hablamos de recursos interprovinciales, cada provincia decide lo que le parece. El tema del fracking debe formar parte de los presupuestos mínimos ambientales a ser exigidos en todo el país, y que hasta que no exista certeza científica de que una práctica semejante no va a contaminar, hay que prohibirla terminantemente.
-¿Hoy no está esa certeza?
-Todo lo contrario, todos los indicios hablan del enorme riesgo ambiental que hay detrás de esa actividad. Hay riesgos de explosión, de escapes de gas, de escapes de ácido sulfhídrico que es sumamente tóxico, pueden ocurrir derrumbes de la formación sobre la tubería, y todo eso puede perjudicar seriamente a los acuíferos subterráneos y hasta contaminar el aire. Además es bestial las cantidades de agua que se utilizan en cada pozo.
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Monitoreo de calidad de agua de la costa del Río de la Plata
La Nación y los gobiernos locales monitorean la calidad de agua de la costa del Río de la Plata
Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se llevó a cabo la campaña otoñal de muestreo de la calidad de agua en las costas del Río de la Plata. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, coordinó la actividad con los 9 municipios costeros del Río de la Plata: San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, tuvo lugar la segunda campaña de calidad de agua que realiza trimestralmente la red de municipios costeros del Río de la Plata (denominada RIIGLO, por sus siglas, Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales). Este muestreo es parte de un programa de monitoreo de calidad de agua que permite evaluar el estado ambiental del agua en la zona costera y analizar su evolución a lo largo del tiempo, brindando información estandarizada para la gestión ambiental.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló que “el Río de la Plata es la principal fuente de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus costas brindan espacios para la recreación y el esparcimiento de la población”. Asimismo, agregó: “Monitorear su calidad de agua es vital para cuidar el ambiente y la salud de las personas”. “Con los municipios y el Gobierno de la Ciudad trabajamos para un ordenamiento ambiental de la costa rioplatense que sostenga ecosistemas saludables”, finalizó García Espil.
En ese sentido, a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la cartera de Ambiente, articuló la iniciativa de forma de asegurar que el muestreo sea simultáneo en todas las jurisdicciones. Es así como, algunos puntos se toman desde muelles, otros desde playas o la rambla y otros puntos embarcados. El muestreo se realiza en un total de 42 puntos a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre hasta Berisso.
Además de la coordinación, el Ministerio se ocupa de retirar las muestras de cada municipio y llevarlas al laboratorio, para que realicen los estudios de rigor. Entre los análisis de laboratorio y los medidos in situ (oxígeno disuelto, temperatura y pH) se incluyen 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo.
Los resultados, de acceso público, están disponibles en http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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Fecha de Publicación: 28/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se llevó a cabo la campaña otoñal de muestreo de la calidad de agua en las costas del Río de la Plata. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, coordinó la actividad con los 9 municipios costeros del Río de la Plata: San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, tuvo lugar la segunda campaña de calidad de agua que realiza trimestralmente la red de municipios costeros del Río de la Plata (denominada RIIGLO, por sus siglas, Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales). Este muestreo es parte de un programa de monitoreo de calidad de agua que permite evaluar el estado ambiental del agua en la zona costera y analizar su evolución a lo largo del tiempo, brindando información estandarizada para la gestión ambiental.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló que “el Río de la Plata es la principal fuente de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, y sus costas brindan espacios para la recreación y el esparcimiento de la población”. Asimismo, agregó: “Monitorear su calidad de agua es vital para cuidar el ambiente y la salud de las personas”. “Con los municipios y el Gobierno de la Ciudad trabajamos para un ordenamiento ambiental de la costa rioplatense que sostenga ecosistemas saludables”, finalizó García Espil.
En ese sentido, a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, la cartera de Ambiente, articuló la iniciativa de forma de asegurar que el muestreo sea simultáneo en todas las jurisdicciones. Es así como, algunos puntos se toman desde muelles, otros desde playas o la rambla y otros puntos embarcados. El muestreo se realiza en un total de 42 puntos a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre hasta Berisso.
Además de la coordinación, el Ministerio se ocupa de retirar las muestras de cada municipio y llevarlas al laboratorio, para que realicen los estudios de rigor. Entre los análisis de laboratorio y los medidos in situ (oxígeno disuelto, temperatura y pH) se incluyen 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo.
Los resultados, de acceso público, están disponibles en http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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La causa Colombres sigue su curso y traban embargo
Confirman procesamiento de dos industriales tucumanos por contaminar la cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Los hermanos Colombres son señalados por la Justicia como presuntos autores responsables de delito ambiental. Se les trabó un embargo de $2 millones a cada uno, a partir de una causa iniciada en el año 2006 en Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de los industriales azucareros José Agustín Colombres y Julio José Colombres por resultar presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051.
El fallo fue firmado por los jueces de cámara Ricardo Mario Sanjuan y Ernesto Clemente Wayar.
Los imputados son responsables de la firma "Azucarera J. M. Terán S.A", a cargo del ingenio Santa Bárbara, ubicado en la localidad tucumana de Santa Bárbara, al sudeste de Aguilares, departamento Río Chico, tributario de la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el embalse de Las Termas de Río Hondo.
Importante embargo
La Cámara confirmó en un fallo firmado el 16 de mayo pasado, a partir de una resolución del 4 de julio de 2017, en la que también se decidió trabar un embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos.
El millonario embargo "es para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado (Art. 518 del CPPN)".
Entre los considerandos del fallo se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva (arts. 306, 310 y ss. del CPPN).
La causa se inició en 2006, mediante una actuación del fiscal federal Gustavo Gómez, para determinar si las denuncias por contaminación contra Azucarera J. M. Terán tenían asidero, y por lo tanto, si existía infracción a la Ley 24.051. Asimismo, indica el fallo que "el señor fiscal general ante la Cámara, en su presentación, manifiesta su voluntad de no adherir al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados".
La Justicia determinó que a partir del material probatorio colectado, existen indicios suficientes para estimar, con el grado de probabilidad necesario a esta altura del proceso, que dicho ingenio por medio de sus responsables habría llevado a cabo la conducta prevista en el Art. 55 de la Ley 20.051.
Cabe resaltar que varios ingenios con destilería de alcohol de Tucumán provocaron grandes desastres ecológicos que perjudicaron seriamente el ecosistema del embalse en su momento. Ello, como resultado de la contaminación de las industrias, particularmente de los ingenios que producen bioetanol y arrojaron vinaza a los tributarios de la cuenca.
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El agro "en alerta" por cambios en delitos ambientales
Alerta en el agro ante potenciales penas por delitos ambientales
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
Referentes del agro consideran que es necesario abrir un debate y apoyar un cambio cultural para limitar las agresiones al ambiente, pero al mismo tiempo dejaron sentada su preocupación ante la propuesta de incluir en el Código Penal de la Nación el título "Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental" y penas de hasta 10 años para los responsables.
Dirigentes del sector dieron cuenta de este alerta tras una reunión –que se concretó la semana pasada-- de la Comisión para la Reforma del Código Penal a la que asistieron funcionarios de los Ministerios de Agroindustria, Ambiente y de Justicia, junto a los expertos que intervienen en el tema.
Al respecto, este martes la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado en el que resume la postura de "cuidar el ambiente, sin afectar la producción", mientras advierte que se trata de un tema delicado, con muchos aspectos a analizar.
En su contenido, la entidad rural menciona que ha participado activamente de la elaboración de medidas de sugerencia en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), inclusive con la elaboración de normativa que ha sido de utilidad en varias localidades del país.
En lo medular, dice coincidir "con el trabajo que están llevando adelante los Ministerios de Justicia, de Agroindustria, de Ambiente para lograr aportes acerca de delito ambiental en el proceso de reforma del Código Penal".
Cambio cultural
Frente a las BPA, agrega, "es necesario apoyar un cambio cultural que permita su cumplimiento. Las entidades deberemos seguir trabajando en la concientización de la cadena de producción con el objetivo de limitar las agresiones al ambiente".
Por la misma cuerda, Coninagro afirma que "si bien es muy positivo abrir un debate, es un tema delicado, ya que hay muchos conceptos a analizar para cuidar el ambiente sin afectar la producción".
Comisión
La comisión específica tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
Delitos y condenas
En concreto, se consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
Asimismo, se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana.
Además, se acordó establecer los delitos contra la biodiversidad con pena de hasta tres años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
En tanto, se prevé fijar pena de hasta seis años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
Por último, se prevé el delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
Referentes del agro consideran que es necesario abrir un debate y apoyar un cambio cultural para limitar las agresiones al ambiente, pero al mismo tiempo dejaron sentada su preocupación ante la propuesta de incluir en el Código Penal de la Nación el título "Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental" y penas de hasta 10 años para los responsables.
Dirigentes del sector dieron cuenta de este alerta tras una reunión –que se concretó la semana pasada-- de la Comisión para la Reforma del Código Penal a la que asistieron funcionarios de los Ministerios de Agroindustria, Ambiente y de Justicia, junto a los expertos que intervienen en el tema.
Al respecto, este martes la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado en el que resume la postura de "cuidar el ambiente, sin afectar la producción", mientras advierte que se trata de un tema delicado, con muchos aspectos a analizar.
En su contenido, la entidad rural menciona que ha participado activamente de la elaboración de medidas de sugerencia en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), inclusive con la elaboración de normativa que ha sido de utilidad en varias localidades del país.
En lo medular, dice coincidir "con el trabajo que están llevando adelante los Ministerios de Justicia, de Agroindustria, de Ambiente para lograr aportes acerca de delito ambiental en el proceso de reforma del Código Penal".
Cambio cultural
Frente a las BPA, agrega, "es necesario apoyar un cambio cultural que permita su cumplimiento. Las entidades deberemos seguir trabajando en la concientización de la cadena de producción con el objetivo de limitar las agresiones al ambiente".
Por la misma cuerda, Coninagro afirma que "si bien es muy positivo abrir un debate, es un tema delicado, ya que hay muchos conceptos a analizar para cuidar el ambiente sin afectar la producción".
Comisión
La comisión específica tiene a su cargo elevar al Poder Ejecutivo nacional un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.
Delitos y condenas
En concreto, se consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente con pena de hasta cinco años de prisión y multa (medida en días multa), tomando como parámetro la legislación nacional y provincial en la materia.
Asimismo, se establecieron agravantes con pena de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana.
Además, se acordó establecer los delitos contra la biodiversidad con pena de hasta tres años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
En tanto, se prevé fijar pena de hasta seis años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
Por último, se prevé el delito de incendio forestal si resultan gravemente dañados los recursos naturales, como también para la modificación de humedales con peligro para el ambiente si se infringe las leyes nacionales o provinciales.
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El fallo sobre el Atuel en 90 días
La Corte postergó 90 días el fallo por el caudal del Atuel
Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ayer un nuevo plazo de 90 días hábiles para que La Pampa, Mendoza y la Nación se pongan de acuerdo con el caudal que debe escurrir del río Atuel en territorio pampeano. Esos 90 días para esta “solución dirimente” del conflicto implican una extensión de plazos hasta el mes de octubre al menos. La Corte ordenó que el debate en estos tres meses incluya el plan de obras presentado por Mendoza en la audiencia del 9 de mayo. Ese análisis debe realizarse en el marco de la CIAI, como reclamó La Pampa.
En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un nuevo plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el río Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza, informó ayer el procurador Hernán Pérez Araujo, uno de los abogados pampeanos que representa al Estado provincial en las instancias judiciales.
Ante la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación del día 9 de mayo, el órgano resolvió fijar un plazo de 90 días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto.
“Además, debemos analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia, y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos”, detalló Pérez Araujo, hablando en nombre de los integrantes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Si bien esto es reiteración de lo sentenciado el 1 de diciembre de 2017, ahora el tribunal ha decidido, ante el plan de obras presentado por Mendoza en la propia Corte, y no en la CIAI, que ese plan sea analizado en el organismo de cuenca, tal como debió haberse hecho desde un principio y así lo manifestó La Pampa, tanto ante el Máximo Tribunal como en la reunión del Grupo de Trabajo de la CIAI del 16 de mayo.
“La resolución, en vez de darle traslado a La Pampa del plan de obras presentado por Mendoza, nos manda a analizarlo en el marco de la CIAI. Seguramente podríamos habernos ahorrado este paso si la delegación mendocina lo hubiese presentado en la CIAI en primera instancia, tal como se lo reclamamos, pero ellos insisten en menospreciar la tarea del organismo de cuenca”, sostuvo el procurador.
Tal como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo adelantara al cierre de la audiencia de conciliación, en caso de que no arribarse a un acuerdo, las tres partes deberán informar las razones que lo justifiquen y será el Tribunal quien en ausencia de una solución acordada por las tres jurisdicciones defina el curso de acción.
“Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que se expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano, manifestó el Procurador. Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación”.
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Fecha de Publicación: 27/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ayer un nuevo plazo de 90 días hábiles para que La Pampa, Mendoza y la Nación se pongan de acuerdo con el caudal que debe escurrir del río Atuel en territorio pampeano. Esos 90 días para esta “solución dirimente” del conflicto implican una extensión de plazos hasta el mes de octubre al menos. La Corte ordenó que el debate en estos tres meses incluya el plan de obras presentado por Mendoza en la audiencia del 9 de mayo. Ese análisis debe realizarse en el marco de la CIAI, como reclamó La Pampa.
En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un nuevo plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el río Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza, informó ayer el procurador Hernán Pérez Araujo, uno de los abogados pampeanos que representa al Estado provincial en las instancias judiciales.
Ante la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación del día 9 de mayo, el órgano resolvió fijar un plazo de 90 días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto.
“Además, debemos analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia, y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos”, detalló Pérez Araujo, hablando en nombre de los integrantes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Si bien esto es reiteración de lo sentenciado el 1 de diciembre de 2017, ahora el tribunal ha decidido, ante el plan de obras presentado por Mendoza en la propia Corte, y no en la CIAI, que ese plan sea analizado en el organismo de cuenca, tal como debió haberse hecho desde un principio y así lo manifestó La Pampa, tanto ante el Máximo Tribunal como en la reunión del Grupo de Trabajo de la CIAI del 16 de mayo.
“La resolución, en vez de darle traslado a La Pampa del plan de obras presentado por Mendoza, nos manda a analizarlo en el marco de la CIAI. Seguramente podríamos habernos ahorrado este paso si la delegación mendocina lo hubiese presentado en la CIAI en primera instancia, tal como se lo reclamamos, pero ellos insisten en menospreciar la tarea del organismo de cuenca”, sostuvo el procurador.
Tal como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo adelantara al cierre de la audiencia de conciliación, en caso de que no arribarse a un acuerdo, las tres partes deberán informar las razones que lo justifiquen y será el Tribunal quien en ausencia de una solución acordada por las tres jurisdicciones defina el curso de acción.
“Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que se expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano, manifestó el Procurador. Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación”.
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UNCuyo confirma la contaminación en Jáchal
Un derrame de silencio
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
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Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
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La Nuclear de Embalse tuvo un accidente
Advierten por un accidente en la Central de Embalse
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, anunció ayer la difusión en Estados Unidos, y simultáneamente en Argentina, del accidente radiactivo que tuvo lugar a fines del año pasado en la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero. “Lo ocurrido delata que secretismo e irresponsabilidad son una combinación altamente peligrosa, y un anticipo de lo que puede ocurrir si la central empezara a operar”, aseguró el biólogo.
Al respecto, precisó que el hecho sucedió mientras se efectuaba el re entubado del reactor, actualmente detenido y en proceso de remodelación. Montenegro informó en la víspera que participó de una conferencia internacional organizada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que reúne a premios Nóbel Alternativos de dicho país y de Canadá, además de docentes e investigadores de numerosas universidades. Sobre el particular, alertó sobre “la mayor peligrosidad del reactor Candú, ilegalmente remodelado para que su vida útil pueda extenderse otros 30 años, una obra decidida y concretada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner primero, y Mauricio Macri después”. “Pese a la parodia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública organizados por el gobierno de Córdoba, es una obra que sigue siendo ilegal”, aseguró el titular de Funam.
Durante el encuentro, Montenegro denunció internacionalmente que la coexistencia en el reactor de partes nuevas y antiguas, y la creciente acumulación de combustible nuclear agotado altamente radiactivo en los silos de cemento, próximos a la central, “lo vuelven más vulnerable y de alto riesgo. De chocar un avión de gran porte contra los silos podría ocurrir una catástrofe veinte veces mayor a la ocurrida en Chernobyl, afectando la salud humana y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor”.
Por su parte, recordó que “el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención durante el re entubado del reactor nuclear de Embalse, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo. En esa área, se encontraban unas 50 personas. Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada”.
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Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, anunció ayer la difusión en Estados Unidos, y simultáneamente en Argentina, del accidente radiactivo que tuvo lugar a fines del año pasado en la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero. “Lo ocurrido delata que secretismo e irresponsabilidad son una combinación altamente peligrosa, y un anticipo de lo que puede ocurrir si la central empezara a operar”, aseguró el biólogo.
Al respecto, precisó que el hecho sucedió mientras se efectuaba el re entubado del reactor, actualmente detenido y en proceso de remodelación. Montenegro informó en la víspera que participó de una conferencia internacional organizada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que reúne a premios Nóbel Alternativos de dicho país y de Canadá, además de docentes e investigadores de numerosas universidades. Sobre el particular, alertó sobre “la mayor peligrosidad del reactor Candú, ilegalmente remodelado para que su vida útil pueda extenderse otros 30 años, una obra decidida y concretada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner primero, y Mauricio Macri después”. “Pese a la parodia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública organizados por el gobierno de Córdoba, es una obra que sigue siendo ilegal”, aseguró el titular de Funam.
Durante el encuentro, Montenegro denunció internacionalmente que la coexistencia en el reactor de partes nuevas y antiguas, y la creciente acumulación de combustible nuclear agotado altamente radiactivo en los silos de cemento, próximos a la central, “lo vuelven más vulnerable y de alto riesgo. De chocar un avión de gran porte contra los silos podría ocurrir una catástrofe veinte veces mayor a la ocurrida en Chernobyl, afectando la salud humana y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor”.
Por su parte, recordó que “el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención durante el re entubado del reactor nuclear de Embalse, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo. En esa área, se encontraban unas 50 personas. Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada”.
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