Río Negro: incentivo para matar pumas y zorros
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Duras críticas al gobierno provincial por incentivar la matanza de pumas y zorros
Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Río Negro Informa
Provincia/Región: Río Negro
La crítica llega luego de que se diera a conocer la disposición del gobernador Alberto Weretilneck, que en el marco de un nuevo plan de control de especies, aumentará a $3.000 el pago a los propietarios de campos por cueros de puma cazados, y a $700 los de zorro. La Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi, lamentó profundamente la decisión del Gobierno de Río Negro, de estimular la caza del Puma y el zorro en el ámbito provincial pagando por cada animal muerto. “Particularmente el puma, felino autóctono de todo el continente americano, es un bello animal que debería ser no “cazado”, sino que protegido como ocurre felizmente en los Parques Nacionales”, consideraron desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
“Lamentamos la situación de los propietarios de campos que ven reducidas sus majadas por la acción del puma, pero sabemos con certeza que existen otro tipo de controles y acciones, y no la simple muerte de un felino autóctono como el puma. Ningún cazador que merezca ese título, se prestará a semejante acción depredatoria”, sostuvieron el presidente de la Asociación Ricardo Picapietra y José Mengolini de la Subcomisión de Caza de entidad.
“Qué contradicción tan grande entre los criterios de nuestros funcionarios, para la Provincia de Río Negro el puma es una plaga a combatir que se incentiva monetariamente, y para Parques Nacionales es una especie autóctona a proteger. Habiendo lugares que la frontera entre ambas reparticiones es simplemente un alambrado, pobre puma el que está del lado equivocado del alambre”, finalizaron exponiendo desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
El gobierno justificó la medida sosteniendo que actualmente la provincia cuenta con la ley 763 que prevé la lucha contra las poblaciones perjudiciales en una escala que evite los inconvenientes de la ruptura del equilibrio biológico.
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Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Río Negro Informa
Provincia/Región: Río Negro
La crítica llega luego de que se diera a conocer la disposición del gobernador Alberto Weretilneck, que en el marco de un nuevo plan de control de especies, aumentará a $3.000 el pago a los propietarios de campos por cueros de puma cazados, y a $700 los de zorro. La Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi, lamentó profundamente la decisión del Gobierno de Río Negro, de estimular la caza del Puma y el zorro en el ámbito provincial pagando por cada animal muerto. “Particularmente el puma, felino autóctono de todo el continente americano, es un bello animal que debería ser no “cazado”, sino que protegido como ocurre felizmente en los Parques Nacionales”, consideraron desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
“Lamentamos la situación de los propietarios de campos que ven reducidas sus majadas por la acción del puma, pero sabemos con certeza que existen otro tipo de controles y acciones, y no la simple muerte de un felino autóctono como el puma. Ningún cazador que merezca ese título, se prestará a semejante acción depredatoria”, sostuvieron el presidente de la Asociación Ricardo Picapietra y José Mengolini de la Subcomisión de Caza de entidad.
“Qué contradicción tan grande entre los criterios de nuestros funcionarios, para la Provincia de Río Negro el puma es una plaga a combatir que se incentiva monetariamente, y para Parques Nacionales es una especie autóctona a proteger. Habiendo lugares que la frontera entre ambas reparticiones es simplemente un alambrado, pobre puma el que está del lado equivocado del alambre”, finalizaron exponiendo desde la Asociación Pesca y Caza Nahuel Huapi.
El gobierno justificó la medida sosteniendo que actualmente la provincia cuenta con la ley 763 que prevé la lucha contra las poblaciones perjudiciales en una escala que evite los inconvenientes de la ruptura del equilibrio biológico.
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Bernal: intentan recuperar el bosque nativo
Contra el desmonte en las costas de Bernal
Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Una nueva jornada de trabajo colectivo para recuperar el bosque nativo se llevó a cabo ayer en una zona protegida por la Ley de Bosques, luego de una denuncia del pasado 9 de febrero, cuando se alertó sobre el desmonte que realizó la empresa Edesur.
Vecinos que se acercaron en adhesión al reclamo, también conversaron sobre otros asuntos delicados como el movimientos de suelos y rellenos del humedal, basurales y amenazas de emprendimientos inmobiliarios. “Estas zonas son refugio de especies en peligro y aún garantizan el filtrado del agua y el aire para todos nosotros y para las generaciones venideras”, explicó un frentista.
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Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Una nueva jornada de trabajo colectivo para recuperar el bosque nativo se llevó a cabo ayer en una zona protegida por la Ley de Bosques, luego de una denuncia del pasado 9 de febrero, cuando se alertó sobre el desmonte que realizó la empresa Edesur.
Vecinos que se acercaron en adhesión al reclamo, también conversaron sobre otros asuntos delicados como el movimientos de suelos y rellenos del humedal, basurales y amenazas de emprendimientos inmobiliarios. “Estas zonas son refugio de especies en peligro y aún garantizan el filtrado del agua y el aire para todos nosotros y para las generaciones venideras”, explicó un frentista.
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Japoneses interesados en minería y petróleo
Empresarios japoneses se interesan en el sector minero y de hidrocarburos
Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Visitaron yacimientos en diferentes puntos del país y escucharon los beneficios que ofrece el Gobierno; dudas sobre costos y logística
"Hoy hay confianza en invertir en la Argentina. Los japoneses somos un poco cautelosos, pero si ya hay aquí una delegación de tantas empresas es porque tardó dos años [construirla], pero la confianza está". Así se refirió, en diálogo con la nacion, el embajador japonés en la Argentina, Noriteru Fukushima, sobre el clima de negocios en el país.
"La Argentina tiene un gran potencial y nos interesa también mucho invertir en infraestructura. El número de empresas japonesas en el país había caído a 50, y en dos años se duplicó ese número", añadió el diplomático.
Las declaraciones de Fukushima se dieron en el contexto del seminario sobre hidrocarburos y minería, realizado el lunes pasado en el Palacio San Martín, lugar al que una nutrida comitiva de empresarios nipones interesados en invertir en el sector energético y minero acudieron para conocer, de mano del secretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Horacio Reyser, y del secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, entre otros funcionarios, el panorama actual del sector y los beneficios que el Gobierno está dispuesto a dar para fomentar esas inversiones, que se calculan en 20.000 millones de dólares para los próximos diez años.
Los beneficios van desde la libre importación de bienes de capital durante el tiempo que duren los proyectos, reducción de IVA y otros beneficios fiscales, la no imposición de un número de trabajadores por proyecto -más una preocupación que dejó expuesta uno de los inversores presente en el evento-, entre otros.
Es que la Argentina ofrece hoy atractivas "condiciones para que los inversores confíen en la nueva etapa del país, la de la inserción inteligente en el mundo", manifestaron los funcionarios en medio de un año de celebración por los 120 años de relación bilateral con Japón .
En ese contexto, el embajador Fukushima destacó que la Argentina sea el quinto exportador latinoamericano a su país y evidenció que el interés nipón por invertir es ambicioso. "Estamos en una nueva etapa, una nueva dimensión. La presencia económica de Japón va a aumentar muchísimo más; el primer ministro Shinzo Abe ya vino y por el G-20 volverá, por lo que continuarán las relaciones, constantes visitas que harán más fácil trabajar en el tratado de inversión, en el tratado que busca evitar la doble tributación, de e-commerce, servicios, entre otros. Queremos tener la presencia que tenemos en Brasil, Perú o Chile, retomar esa presencia para entablar una nueva relación por otros 100 años", expresó a la nacion.
Con una inversión actual de 1600 millones de dólares, principalmente en el sector automotriz, Japón busca, tanto como la Argentina, beneficiarse de una relación centenaria. Y quiere comenzar con el potencial de litio y cobre: hoy Japón importa el 50% del cobre que necesita de Chile. "¿Por qué no de Argentina, si tiene la capacidad de producirlo?", se pregunta Fukushima.
Y también busca beneficiarse del potencial en hidrocarburos que el país necesita explotar con inversión.
Oportunidades y desafíos
Solamente para Vaca Muerta, indicó Daniel Redondo, se necesita una inversión anual de $10.000 millones de dólares. "Estamos muy lejos de eso, por eso necesitamos el compromiso de mantener las inversiones por décadas", señaló el funcionario ante los empresarios de un país que depende mucho de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas, por lo que es un activo emisor de flujos de Inversión Directa (IED). El funcionario destacó dentro de las oportunidades que ofrece el país la exploración offshore, que el Gobierno desea impulsar a finales de este año, además de la necesidad de "tener 100 nuevos pozos productivos por año" en un sendero de crecimiento sostenido hasta 2030 en un esquema donde el uso eficiente de la energía es primordial.
"El viento de la Patagonia y el sol del norte del país nos ayudará a cumplir este objetivo", señaló Redondo al referirse a los parques eólicos y de energía solar que tienen contemplado desarrollar -dijo que serán 110 a final de año-, mientras que sobre el gas explicó que es, actualmente, "el 50% de la matriz energética nacional", para señalar el potencial que tiene la explotación.
Además hizo énfasis en las medidas que se han tomado para liberar el mercado de los combustibles para que estos estén alineados a los precios internacionales, y dijo que uno de los desafíos del sector es aumentar la producción de petróleo de 300 mil a 800 mil barriles anuales, así como "reducir el azufre en los combustibles para mitigar el impacto ambiental".
Las dudas
Los empresarios japoneses expresaron sus dudas y la preocupación por los altos costos laborales y logísticos.
Manifestando explícitamente su intención de explotar litio y cobre, un representante de una de estas empresas señaló que los costos laborales aún son más baratos en Perú y Chile, por lo que consideró esa situación como un obstáculo. "Nosotros hacemos producción a gran escala y nos interesa la compra de los recursos minerales, pero los costos son muy elevados. El problema también es la logística, porque el acceso a los puertos desde el lugar de producción en la Argentina es lejos. Lo que esperamos es el compromiso de ayudarnos a acelerar los tiempos de producción", dijo.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, mencionó los acuerdos que la Argentina adelanta con Chile para tener acceso a sus puertos y aprovechar esa ruta al Pacífico, además de la reactivación ferroviaria.
Para Shingo Ando, gerente de proyecto no convencional de la petrolera japonesa Inpex -que adelanta proyectos junto a Shell en Australia y lo hace ahora en Estados Unidos-, expresó a la nacion que los costos aún no son competitivos en el país, por lo que "todavía no hay una línea clara de qué hacer con la Argentina".
"El costo de explotación en Estados Unidos, por ejemplo, es bajo, entonces si la Argentina logra bajar los costos podríamos hablar del mismo nivel de competitividad. Vaca Muerta sería de nuestro interés, y también podríamos pensar en la posibilidad de explorar offshore. Si la industria de excavación y compresión en la Argentina se desarrolla estaríamos hablando de una gran oportunidad", añadió.
La delegación japonesa del sector energético y minero viajó para conocer distintos yacimientos del país. Una parte visitó un salar desde donde se extrae litio en Salta y minas de cobre en Catamarca. Otra parte viajó a Neuquén para conocer los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
El martes pasado se realizó la Primera reunión del Comité Conjunto para la Cooperación en materia agrícola, ganadera, pesquera forestal y agroindustrial entre los dos países, a la que acudieron otros 30 empresarios japoneses, lo que indica el estrecho vínculo que se busca afianzar con la nación nipona.
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Fecha de Publicación: 25/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Visitaron yacimientos en diferentes puntos del país y escucharon los beneficios que ofrece el Gobierno; dudas sobre costos y logística
"Hoy hay confianza en invertir en la Argentina. Los japoneses somos un poco cautelosos, pero si ya hay aquí una delegación de tantas empresas es porque tardó dos años [construirla], pero la confianza está". Así se refirió, en diálogo con la nacion, el embajador japonés en la Argentina, Noriteru Fukushima, sobre el clima de negocios en el país.
"La Argentina tiene un gran potencial y nos interesa también mucho invertir en infraestructura. El número de empresas japonesas en el país había caído a 50, y en dos años se duplicó ese número", añadió el diplomático.
Las declaraciones de Fukushima se dieron en el contexto del seminario sobre hidrocarburos y minería, realizado el lunes pasado en el Palacio San Martín, lugar al que una nutrida comitiva de empresarios nipones interesados en invertir en el sector energético y minero acudieron para conocer, de mano del secretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Horacio Reyser, y del secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, entre otros funcionarios, el panorama actual del sector y los beneficios que el Gobierno está dispuesto a dar para fomentar esas inversiones, que se calculan en 20.000 millones de dólares para los próximos diez años.
Los beneficios van desde la libre importación de bienes de capital durante el tiempo que duren los proyectos, reducción de IVA y otros beneficios fiscales, la no imposición de un número de trabajadores por proyecto -más una preocupación que dejó expuesta uno de los inversores presente en el evento-, entre otros.
Es que la Argentina ofrece hoy atractivas "condiciones para que los inversores confíen en la nueva etapa del país, la de la inserción inteligente en el mundo", manifestaron los funcionarios en medio de un año de celebración por los 120 años de relación bilateral con Japón .
En ese contexto, el embajador Fukushima destacó que la Argentina sea el quinto exportador latinoamericano a su país y evidenció que el interés nipón por invertir es ambicioso. "Estamos en una nueva etapa, una nueva dimensión. La presencia económica de Japón va a aumentar muchísimo más; el primer ministro Shinzo Abe ya vino y por el G-20 volverá, por lo que continuarán las relaciones, constantes visitas que harán más fácil trabajar en el tratado de inversión, en el tratado que busca evitar la doble tributación, de e-commerce, servicios, entre otros. Queremos tener la presencia que tenemos en Brasil, Perú o Chile, retomar esa presencia para entablar una nueva relación por otros 100 años", expresó a la nacion.
Con una inversión actual de 1600 millones de dólares, principalmente en el sector automotriz, Japón busca, tanto como la Argentina, beneficiarse de una relación centenaria. Y quiere comenzar con el potencial de litio y cobre: hoy Japón importa el 50% del cobre que necesita de Chile. "¿Por qué no de Argentina, si tiene la capacidad de producirlo?", se pregunta Fukushima.
Y también busca beneficiarse del potencial en hidrocarburos que el país necesita explotar con inversión.
Oportunidades y desafíos
Solamente para Vaca Muerta, indicó Daniel Redondo, se necesita una inversión anual de $10.000 millones de dólares. "Estamos muy lejos de eso, por eso necesitamos el compromiso de mantener las inversiones por décadas", señaló el funcionario ante los empresarios de un país que depende mucho de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas, por lo que es un activo emisor de flujos de Inversión Directa (IED). El funcionario destacó dentro de las oportunidades que ofrece el país la exploración offshore, que el Gobierno desea impulsar a finales de este año, además de la necesidad de "tener 100 nuevos pozos productivos por año" en un sendero de crecimiento sostenido hasta 2030 en un esquema donde el uso eficiente de la energía es primordial.
"El viento de la Patagonia y el sol del norte del país nos ayudará a cumplir este objetivo", señaló Redondo al referirse a los parques eólicos y de energía solar que tienen contemplado desarrollar -dijo que serán 110 a final de año-, mientras que sobre el gas explicó que es, actualmente, "el 50% de la matriz energética nacional", para señalar el potencial que tiene la explotación.
Además hizo énfasis en las medidas que se han tomado para liberar el mercado de los combustibles para que estos estén alineados a los precios internacionales, y dijo que uno de los desafíos del sector es aumentar la producción de petróleo de 300 mil a 800 mil barriles anuales, así como "reducir el azufre en los combustibles para mitigar el impacto ambiental".
Las dudas
Los empresarios japoneses expresaron sus dudas y la preocupación por los altos costos laborales y logísticos.
Manifestando explícitamente su intención de explotar litio y cobre, un representante de una de estas empresas señaló que los costos laborales aún son más baratos en Perú y Chile, por lo que consideró esa situación como un obstáculo. "Nosotros hacemos producción a gran escala y nos interesa la compra de los recursos minerales, pero los costos son muy elevados. El problema también es la logística, porque el acceso a los puertos desde el lugar de producción en la Argentina es lejos. Lo que esperamos es el compromiso de ayudarnos a acelerar los tiempos de producción", dijo.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, mencionó los acuerdos que la Argentina adelanta con Chile para tener acceso a sus puertos y aprovechar esa ruta al Pacífico, además de la reactivación ferroviaria.
Para Shingo Ando, gerente de proyecto no convencional de la petrolera japonesa Inpex -que adelanta proyectos junto a Shell en Australia y lo hace ahora en Estados Unidos-, expresó a la nacion que los costos aún no son competitivos en el país, por lo que "todavía no hay una línea clara de qué hacer con la Argentina".
"El costo de explotación en Estados Unidos, por ejemplo, es bajo, entonces si la Argentina logra bajar los costos podríamos hablar del mismo nivel de competitividad. Vaca Muerta sería de nuestro interés, y también podríamos pensar en la posibilidad de explorar offshore. Si la industria de excavación y compresión en la Argentina se desarrolla estaríamos hablando de una gran oportunidad", añadió.
La delegación japonesa del sector energético y minero viajó para conocer distintos yacimientos del país. Una parte visitó un salar desde donde se extrae litio en Salta y minas de cobre en Catamarca. Otra parte viajó a Neuquén para conocer los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
El martes pasado se realizó la Primera reunión del Comité Conjunto para la Cooperación en materia agrícola, ganadera, pesquera forestal y agroindustrial entre los dos países, a la que acudieron otros 30 empresarios japoneses, lo que indica el estrecho vínculo que se busca afianzar con la nación nipona.
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La Corte llamó a una nueva audiencia por el Riachuelo
Riachuelo: todavía hay 1.000 familias que viven en las orillas y la Corte llamó a una nueva audiencia
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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219 serpientes en un departamento
Tenía 219 serpientes en un departamento
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Ocurrió en el barrio de Once, Buenos Aires. Hay un detenido. También incautaron huevos.
Por una denuncia de tráfico animal, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal allanó un departamento en Once y encontró 219 serpientes.
Al parecer, los animales iban a ser vendidos en el mercado negro.
Entre ellas había pitones bola y boas esmeralda. Y se hallaron 19 huevos de estas especies exóticas, publica Clarín.
"Ya hay un imputado en la causa", dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, a TN.
La denuncia se hizo desde la web de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y llegó directamente al despacho del ministro.
Tras la incautación de los animales, que serán trasladados al serpentario de Instituto Malbrán de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), se evaluará su estado general.
"Vamos a ver cada especie para saber si pueden ser reinsertadas en su hábitat natural", se indicó.
En el operativo intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del Dr. Mariano Itaurralde.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
Ocurrió en el barrio de Once, Buenos Aires. Hay un detenido. También incautaron huevos.
Por una denuncia de tráfico animal, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal allanó un departamento en Once y encontró 219 serpientes.
Al parecer, los animales iban a ser vendidos en el mercado negro.
Entre ellas había pitones bola y boas esmeralda. Y se hallaron 19 huevos de estas especies exóticas, publica Clarín.
"Ya hay un imputado en la causa", dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, a TN.
La denuncia se hizo desde la web de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y llegó directamente al despacho del ministro.
Tras la incautación de los animales, que serán trasladados al serpentario de Instituto Malbrán de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), se evaluará su estado general.
"Vamos a ver cada especie para saber si pueden ser reinsertadas en su hábitat natural", se indicó.
En el operativo intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del Dr. Mariano Itaurralde.
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Los chinos enojados por las nucleares
Malestar chino por demoras en los emprendimientos de la cuarta y quinta planta nuclear
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Nacional
En una nota de Martín Dinatale en Infobae se habla de la molestia en China por las demoras para avanzar en la construcción de las dos centrales nucleares pactadas en su momento con la expresidenta Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri. Ante los retrocesos para construir la quinta en Río Negro, las dos se emplazarán en Zárate, provincia de Buenos Aires, con lo cual esa jurisdicción se beneficiará “con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá”. El gobierno nacional piensa regularizar a partir de marzo la relación con el gigante China para que no se caigan estos emprendimientos energéticos.
La alianza estratégica de la Argentina con China transita por días de turbulencia. El vendaval político-diplomático tiene nombre y apellido: las demoras que sufre desde hace más de tres años el ambicioso proyecto argentino para construir la quinta central nuclear financiada por el gobierno de Xi Jinping.
La intención original de China acordada con el gobierno de Cristina Kirchner y ratificada luego con Mauricio Macri era financiar la construcción de la quinta central nuclear con un préstamo a 10 años de 7.000 millones de dólares.
Hasta el año pasado ya estaba todo definido para empezar la obra en Río Negro. Incluso Macri anunció desde Beijing junto con el gobernador Alberto Weretilneck el lanzamiento de la obra.
¿Qué razones políticas y diplomáticas complicaron todo el proyecto? En plan de diferenciarse del frente Cambiemos y por presión de un sector de los grupos ecologistas rionegrinos, Weretilneck se echó atrás: impuso una ley provincial para prohibir esa iniciativa aduciendo “eventuales problemas de impacto ambiental” y desde entonces todo se complicó.
El gobierno nacional inició una dura negociación con China para relocalizar la obra. El senador peronista de Río Negro, Miguel Pichetto, intentó terciar en el asunto para llevar la obra a Sierra Grande. Pero no hubo caso. Todo se complicó y las diferencias entre Macri y Weretilneck fueron más pronunciadas.
Se evaluaron proyectos de instalación de la central en otras provincias. Se habló también de instalar el proyecto en Carmen de Patagones. El problema era el pago adicional de la obra que Argentina debía asumir por la cláusula de relocalización. En el medio de todo esto hubo objeciones y un manifiesto malestar expuesto por Xi Jinping por las demoras del proyecto y la falta de la palabra comprometida.
Desde noviembre del año pasado se hizo un estudio de factibilidad para instalar la obra en el polo nuclear bonaerense de Atucha, en Zárate, y con ello, finalmente el conflicto parecería haber llegado a una solución. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también se metió en las negociaciones y aceptó la eventual instalación del proyecto de China en Zárate ya que le daría trabajo a unas 4.000 personas.
“La semana pasada el presidente Macri dio un ultimátum e instrucciones directas para cerrar el acuerdo en Atucha y terminar la dura negociación con China”, dijo un funcionario del Ministerio de Energía. Así, la intención es cerrar el contrato en marzo o abril para el inicio de las obras en Zárate.
Luego de un largo intercambio de misivas, arduas negociaciones y el marcado malestar expuesto por los funcionarios chinos con la Argentina, Macri ordenó poner fin al conflicto e instó al Ministerio de Energía y a la Cancillería a definir de una vez la localización de la central nuclear que hará la administración de Xi Jinping.
El gobierno de China quedó muy sensibilizado por los vaivenes del proyecto y en más de una oportunidad expuso sus quejas ante la Argentina.
“Con diplomacia pero con claridad los chinos expresaron su malestar”, admitió un diplomático argentino que intercedió de lleno en las negociaciones.
Voceros de la embajada de China en Buenos Aires admitieron a Infobae que “hubo diferencias” con la Argentina por la relocalización de la obra de la quinta central nuclear.
El embajador argentino en Beijing Diego Guelar intercedió para poder explicar los vaivenes políticos de Weretilneck y las demoras de la Argentina en el cumplimiento del contrato. Pero resultó complejo.
“Los chinos no entienden la idea del federalismo que impera en la Argentina y la división de poderes”, admitió un funcionario del Palacio San Martín.
Pero la administración de Xi Jingping traduce su malestar por recientes experiencias fallidas en la Argentina: tuvieron malos resultados en las inversiones para el proyecto del Belgrano Cargas durante el mandato de Cristina Kirchner y problemas con las promesas para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas que nunca se cumplieron.
A todo esto se agregan los atrasos e indefiniciones que existen en el contrato de otra central nuclear también financiada por China. Se trata de la obra para la cuarta central nuclear por un costo que el Gobierno no quiere exceder en 5.700 millones de dólares. Hay en el medio una discusión sobre este tope del monto y China reclama mayores garantías para un contrato que lleva más de un año de vaivenes.
La intención de este acuerdo es que el proyecto también se desarrolle en Zárate. Así, en el caso de que se cierren los dos proyectos nucleares de China la provincia de Buenos Aires será beneficiada con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá.
Si el diablo no mete la cola en el medio, la intención del ministro de Energía Juan José Aranguren es avanzar definitivamente con el acuerdo por la quinta central nuclear en marzo y definir el contrato de la cuarta central con China cuanto antes. Pero la política argentina y los vaivenes de la diplomacia a veces le pueden jugar una mala pasada a los deseos políticos.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Nacional
En una nota de Martín Dinatale en Infobae se habla de la molestia en China por las demoras para avanzar en la construcción de las dos centrales nucleares pactadas en su momento con la expresidenta Cristina Fernández y ratificadas por Mauricio Macri. Ante los retrocesos para construir la quinta en Río Negro, las dos se emplazarán en Zárate, provincia de Buenos Aires, con lo cual esa jurisdicción se beneficiará “con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá”. El gobierno nacional piensa regularizar a partir de marzo la relación con el gigante China para que no se caigan estos emprendimientos energéticos.
La alianza estratégica de la Argentina con China transita por días de turbulencia. El vendaval político-diplomático tiene nombre y apellido: las demoras que sufre desde hace más de tres años el ambicioso proyecto argentino para construir la quinta central nuclear financiada por el gobierno de Xi Jinping.
La intención original de China acordada con el gobierno de Cristina Kirchner y ratificada luego con Mauricio Macri era financiar la construcción de la quinta central nuclear con un préstamo a 10 años de 7.000 millones de dólares.
Hasta el año pasado ya estaba todo definido para empezar la obra en Río Negro. Incluso Macri anunció desde Beijing junto con el gobernador Alberto Weretilneck el lanzamiento de la obra.
¿Qué razones políticas y diplomáticas complicaron todo el proyecto? En plan de diferenciarse del frente Cambiemos y por presión de un sector de los grupos ecologistas rionegrinos, Weretilneck se echó atrás: impuso una ley provincial para prohibir esa iniciativa aduciendo “eventuales problemas de impacto ambiental” y desde entonces todo se complicó.
El gobierno nacional inició una dura negociación con China para relocalizar la obra. El senador peronista de Río Negro, Miguel Pichetto, intentó terciar en el asunto para llevar la obra a Sierra Grande. Pero no hubo caso. Todo se complicó y las diferencias entre Macri y Weretilneck fueron más pronunciadas.
Se evaluaron proyectos de instalación de la central en otras provincias. Se habló también de instalar el proyecto en Carmen de Patagones. El problema era el pago adicional de la obra que Argentina debía asumir por la cláusula de relocalización. En el medio de todo esto hubo objeciones y un manifiesto malestar expuesto por Xi Jinping por las demoras del proyecto y la falta de la palabra comprometida.
Desde noviembre del año pasado se hizo un estudio de factibilidad para instalar la obra en el polo nuclear bonaerense de Atucha, en Zárate, y con ello, finalmente el conflicto parecería haber llegado a una solución. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también se metió en las negociaciones y aceptó la eventual instalación del proyecto de China en Zárate ya que le daría trabajo a unas 4.000 personas.
“La semana pasada el presidente Macri dio un ultimátum e instrucciones directas para cerrar el acuerdo en Atucha y terminar la dura negociación con China”, dijo un funcionario del Ministerio de Energía. Así, la intención es cerrar el contrato en marzo o abril para el inicio de las obras en Zárate.
Luego de un largo intercambio de misivas, arduas negociaciones y el marcado malestar expuesto por los funcionarios chinos con la Argentina, Macri ordenó poner fin al conflicto e instó al Ministerio de Energía y a la Cancillería a definir de una vez la localización de la central nuclear que hará la administración de Xi Jinping.
El gobierno de China quedó muy sensibilizado por los vaivenes del proyecto y en más de una oportunidad expuso sus quejas ante la Argentina.
“Con diplomacia pero con claridad los chinos expresaron su malestar”, admitió un diplomático argentino que intercedió de lleno en las negociaciones.
Voceros de la embajada de China en Buenos Aires admitieron a Infobae que “hubo diferencias” con la Argentina por la relocalización de la obra de la quinta central nuclear.
El embajador argentino en Beijing Diego Guelar intercedió para poder explicar los vaivenes políticos de Weretilneck y las demoras de la Argentina en el cumplimiento del contrato. Pero resultó complejo.
“Los chinos no entienden la idea del federalismo que impera en la Argentina y la división de poderes”, admitió un funcionario del Palacio San Martín.
Pero la administración de Xi Jingping traduce su malestar por recientes experiencias fallidas en la Argentina: tuvieron malos resultados en las inversiones para el proyecto del Belgrano Cargas durante el mandato de Cristina Kirchner y problemas con las promesas para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas que nunca se cumplieron.
A todo esto se agregan los atrasos e indefiniciones que existen en el contrato de otra central nuclear también financiada por China. Se trata de la obra para la cuarta central nuclear por un costo que el Gobierno no quiere exceder en 5.700 millones de dólares. Hay en el medio una discusión sobre este tope del monto y China reclama mayores garantías para un contrato que lleva más de un año de vaivenes.
La intención de este acuerdo es que el proyecto también se desarrolle en Zárate. Así, en el caso de que se cierren los dos proyectos nucleares de China la provincia de Buenos Aires será beneficiada con todo un polo nuclear en Atucha que incluye una inversión de más de 12.000 millones de dólares para la producción de 3.700 MW. Esto es la energía similar a toda la producción de la represa Yaciretá.
Si el diablo no mete la cola en el medio, la intención del ministro de Energía Juan José Aranguren es avanzar definitivamente con el acuerdo por la quinta central nuclear en marzo y definir el contrato de la cuarta central con China cuanto antes. Pero la política argentina y los vaivenes de la diplomacia a veces le pueden jugar una mala pasada a los deseos políticos.
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Con resistencia, Arangueren impulsó la minería en Chubut
Chubut: en un clima tenso, el Gobierno defendió la actividad minera
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
En medio de un fuerte operativo de seguridad y con la ausencia del gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó en esta pequeña localidad en la meseta chubutense su propuesta para reinstalar el debate minero en Chubut. "Desde el gobierno nacional no queremos imponer absolutamente nada -dijo el ministro en declaraciones a la prensa-, es una decisión de la población y de la dirigencia de Chubut".
Con una inversión inicial de 941 millones de dólares y la generación de alrededor de 4000 empleos solo en torno al proyecto Navidad, la propuesta quedó esbozada en números que son fuertemente rechazados por los grupos antimineros y en medio de una delicada situación económica de la provincia. En Chubut está vigente, además, la ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.
En tanto, un centenar de manifestantes contra la minería se concentraron en las afueras del gimnasio municipal, donde el funcionario e integrantes de la Subsecretaría de Minería expusieron ante intendentes de los municipios de la provincia acerca de la potencialidad de los yacimientos de plata, plomo y uranio que caracterizan a la provincia. "Solo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera, porque la única manera de generar puestos de trabajo es con inversiones, y la minera es una", dijo Aranguren.
Señaló que "incluso el radicalismo, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, tiene una postura contraria a la actividad, a tal punto que su convención declaró el no a la minería y es respetable; nosotros creemos que se puede hacer una minería responsable y para eso hay que convencer y ofrecer información".
En esa instancia, no se permitió el ingreso de quienes concurrieron a expresar su posición en contra, por lo que debieron permanecer en las afueras, a partir del vallado dispuesto por la policía provincial.
Romina, una de las manifestantes, denunció en horas de la mañana que hubo forcejeos y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando intentaban ingresar a la capilla los manifestantes, cuya presencia había sido permitida por el párroco del lugar. "Hubo un disparo de arma de fuego y el estruendo dispersó a todos", indicó la mujer, mientras que posteriormente la abogada ambientalista Silvia de los Santos, también presente en el lugar, afirmó que hubo dos personas con heridas leves por uso de balas de goma. Sin embargo, fuentes del gobierno provincial negaron esa situación, sobre la base del informe oficial emitido por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, desde el lugar de los hechos: "No hubo un solo incidente", enfatizaron, sobre la base de los dichos textuales del funcionario provincial.
Por su parte, el gobernador Arcioni no participó del encuentro, aunque fuentes del gobierno provincial dijeron que estaba acordado con sus pares de la Nación: "No hubo ningún reproche", señalaron en la Casa de Gobierno provincial, ante la consulta de si dicha ausencia podía tomarse como un desaire.
Es que el mandatario provincial quedó en una posición incómoda: heredó la rotunda postura antiminera de su antecesor en el cargo, el fallecido gobernador Mario Das Neves, al tiempo que horas antes recibió otro auxilio financiero de la Nación para evitar que la provincia cayera en default, ante el vencimiento de una deuda de $708 millones que debe afrontar en las próximas horas con acreedores externos. Incluso estaba previsto para horas de la tarde un nuevo encuentro entre Arcioni y el propio ministro Aranguren. La presentación de los funcionarios encabezados por el ministro apuntó a dar precisiones sobre el potencial minero de la región denominada meseta central, sobre la base del proyecto denominado Navidad, la reserva de plata y plomo catalogada entre las más importantes del mundo. La región se caracteriza por su pérdida poblacional y una alta proporción de empleos públicos. "En síntesis -concluyó el ministro-, queremos combatir la pobreza, y para eso se necesita fomentar los puestos de trabajo e inversiones; la minería es una actividad que lo puede hacer, habrá que ver cómo, pero esa es una decisión de los chubutenses".
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
En medio de un fuerte operativo de seguridad y con la ausencia del gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, presentó en esta pequeña localidad en la meseta chubutense su propuesta para reinstalar el debate minero en Chubut. "Desde el gobierno nacional no queremos imponer absolutamente nada -dijo el ministro en declaraciones a la prensa-, es una decisión de la población y de la dirigencia de Chubut".
Con una inversión inicial de 941 millones de dólares y la generación de alrededor de 4000 empleos solo en torno al proyecto Navidad, la propuesta quedó esbozada en números que son fuertemente rechazados por los grupos antimineros y en medio de una delicada situación económica de la provincia. En Chubut está vigente, además, la ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.
En tanto, un centenar de manifestantes contra la minería se concentraron en las afueras del gimnasio municipal, donde el funcionario e integrantes de la Subsecretaría de Minería expusieron ante intendentes de los municipios de la provincia acerca de la potencialidad de los yacimientos de plata, plomo y uranio que caracterizan a la provincia. "Solo queremos ayudar para que la sociedad y la dirigencia política puedan alcanzar un debate maduro sobre la explotación minera, porque la única manera de generar puestos de trabajo es con inversiones, y la minera es una", dijo Aranguren.
Señaló que "incluso el radicalismo, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, tiene una postura contraria a la actividad, a tal punto que su convención declaró el no a la minería y es respetable; nosotros creemos que se puede hacer una minería responsable y para eso hay que convencer y ofrecer información".
En esa instancia, no se permitió el ingreso de quienes concurrieron a expresar su posición en contra, por lo que debieron permanecer en las afueras, a partir del vallado dispuesto por la policía provincial.
Romina, una de las manifestantes, denunció en horas de la mañana que hubo forcejeos y un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando intentaban ingresar a la capilla los manifestantes, cuya presencia había sido permitida por el párroco del lugar. "Hubo un disparo de arma de fuego y el estruendo dispersó a todos", indicó la mujer, mientras que posteriormente la abogada ambientalista Silvia de los Santos, también presente en el lugar, afirmó que hubo dos personas con heridas leves por uso de balas de goma. Sin embargo, fuentes del gobierno provincial negaron esa situación, sobre la base del informe oficial emitido por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, desde el lugar de los hechos: "No hubo un solo incidente", enfatizaron, sobre la base de los dichos textuales del funcionario provincial.
Por su parte, el gobernador Arcioni no participó del encuentro, aunque fuentes del gobierno provincial dijeron que estaba acordado con sus pares de la Nación: "No hubo ningún reproche", señalaron en la Casa de Gobierno provincial, ante la consulta de si dicha ausencia podía tomarse como un desaire.
Es que el mandatario provincial quedó en una posición incómoda: heredó la rotunda postura antiminera de su antecesor en el cargo, el fallecido gobernador Mario Das Neves, al tiempo que horas antes recibió otro auxilio financiero de la Nación para evitar que la provincia cayera en default, ante el vencimiento de una deuda de $708 millones que debe afrontar en las próximas horas con acreedores externos. Incluso estaba previsto para horas de la tarde un nuevo encuentro entre Arcioni y el propio ministro Aranguren. La presentación de los funcionarios encabezados por el ministro apuntó a dar precisiones sobre el potencial minero de la región denominada meseta central, sobre la base del proyecto denominado Navidad, la reserva de plata y plomo catalogada entre las más importantes del mundo. La región se caracteriza por su pérdida poblacional y una alta proporción de empleos públicos. "En síntesis -concluyó el ministro-, queremos combatir la pobreza, y para eso se necesita fomentar los puestos de trabajo e inversiones; la minería es una actividad que lo puede hacer, habrá que ver cómo, pero esa es una decisión de los chubutenses".
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Gobierno impulsará la regulación de fumigaciones
El Gobierno busca regular la aplicación de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Córdoba y Santa Fe acuerdan trabajar sobre cuencas
Acuerdo Córdoba, Santa Fe y Nación por cuencas hídricas ante el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Se firmó el convenio esta tarde en Casa Rosada con la presencia de los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz y Oscar Gónzalez (a cargo del Ejecutivo cordobés) y el ministro Rogelio Frigerio.
A través de un convenio, las dos provincias y el Gobierno nacional dispusieron la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú (Cavicu), el cual se complementa con el de Carcarañá, donde ya se iniciaron obras como la del canal San Antonio.
El acuerdo fue rubricado en la tarde de hoy en Casa Rosada por el titular de la Legislatura de Córdoba, en ejercicio del Ejecutivo, Oscar González, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Dicho comité tiene como objetivos promover la gestión coordinada y racional de sus recursos hídricos mediante planes, proyectos y obras orientados a la solución de las inundaciones, anegamientos, sequías, contaminación de las aguas y otras eventualidades vinculadas con la gestión del agua que pudieran presentarse en la cuenca, detallaron desde la cartera nacional.
El flamante organismo funcionará como máxima instancia de cooperación entre las partes y tendrá un nivel de decisiones políticas -a nivel Consejo de Gobierno- integrado por los gobernadores de las dos provincias y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, se sumará un Comité Técnico integrado por un representante de cada jurisdicción provincial y un representante de la cartera nacional.
“La creación del comité permitirá que las provincias y el Gobierno nacional trabajen juntos para tener un mejor manejo de las cuencas hídricas y en la adaptación al cambio climático. Este comité se complementa con los ya creados como el de Carcarañá donde ya hemos comenzado obras importantes como la de Canal San Antonio”, expresó el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien formó parte de la reunión en Casa de Gobierno.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe
Se firmó el convenio esta tarde en Casa Rosada con la presencia de los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz y Oscar Gónzalez (a cargo del Ejecutivo cordobés) y el ministro Rogelio Frigerio.
A través de un convenio, las dos provincias y el Gobierno nacional dispusieron la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú (Cavicu), el cual se complementa con el de Carcarañá, donde ya se iniciaron obras como la del canal San Antonio.
El acuerdo fue rubricado en la tarde de hoy en Casa Rosada por el titular de la Legislatura de Córdoba, en ejercicio del Ejecutivo, Oscar González, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Dicho comité tiene como objetivos promover la gestión coordinada y racional de sus recursos hídricos mediante planes, proyectos y obras orientados a la solución de las inundaciones, anegamientos, sequías, contaminación de las aguas y otras eventualidades vinculadas con la gestión del agua que pudieran presentarse en la cuenca, detallaron desde la cartera nacional.
El flamante organismo funcionará como máxima instancia de cooperación entre las partes y tendrá un nivel de decisiones políticas -a nivel Consejo de Gobierno- integrado por los gobernadores de las dos provincias y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Asimismo, se sumará un Comité Técnico integrado por un representante de cada jurisdicción provincial y un representante de la cartera nacional.
“La creación del comité permitirá que las provincias y el Gobierno nacional trabajen juntos para tener un mejor manejo de las cuencas hídricas y en la adaptación al cambio climático. Este comité se complementa con los ya creados como el de Carcarañá donde ya hemos comenzado obras importantes como la de Canal San Antonio”, expresó el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, quien formó parte de la reunión en Casa de Gobierno.
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Parecía que si, pero no... sin acuerdo por el Atuel
Guerra por el río Atuel: no hubo acuerdo en la última reunión entre Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Una vez más se cayó la vía política. El nuevo plazo que dio la Corte a Mendoza y La Pampa para llegar a un acuerdo por el caudal del río Atuel quedó en la nada. Tras una reunión de urgencia y armada rápidamente por Nación en la Casa Rosada, a pedido del gobernador Alfredo Cornejo, para verse con su par pampeano Carlos Verna, se conoció que no hubo avances por lo que será el máximo tribunal el que decidirá cuánta agua deberá correr hacia la vecina provincia.
Desde Mendoza informaron que el cónclave se desarrollaría con funcionarios de la Nación en el Ministerio del Interior, pero finalmente, tras el desconocimiento del encuentro, se le dio curso al pedido del mendocino con una reunión en Casa de Gobierno, sin la presencia del ministro Rogelio Frigerio. Quien se hizo presente y lideró la reunión fue el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
Durante el cruce de posiciones se conoció que la provincia cuyana ofreció realizar 25 perforaciones para inyectarle agua al Atuel. Pero, los funcionarios pampeanos le bajaron el pulgar, nuevamente.
A comienzos de diciembre, la Corte Suprema ordenó a ambas provincias a pactar un caudal hídrico del río Atuel para subsanar el daño ambiental en el noroeste pampeano, por lo que estableció un plazo que venció el 14 de febrero y luego otro que se termina este martes.
Bereciartua destacó a LA NACION que se ofrecieron "las instancias necesarias para alcanzar un acuerdo entre ambas provincias y cumplir con la resolución de la Corte Suprema, ya que el Ministerio del Interior está comprometido en fomentar el diálogo".
De esta manera, ambas partes se retiraron sin llegar a buen puerto tras la firma de un acta. Ahora sólo queda esperar la decisión que tome el máximo tribunal nacional. Tal como adelantó este diario, desde ambas provincias, creen que los jueces supremos pedirán una opinión autorizada a algún organismo especializado, como puede ser el Instituto Nacional del Agua, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas para determinar finalmente una cifra de escorrentía permanente.
En sus propuestas, Mendoza le ofreció a la vecina provincia un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa requirió un mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo, para recién poder recomponer el ecosistema. De ahí, las diferencias para poder llegar a un acuerdo.
"Lamentablemente la posición pampeana sigue siendo muy intransigente. Si algún regante mendocino tiene que dejar de regar su finca tiene que hacerlo para dar agua para el cosistema del norte de La Pampa. Esto es de suma cero, nadie gana. La Pampa lo que quiere es que los regantes del sur mendocino no tengan agua y eso tendrá un impacto mayor", expresó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien informó que este martes llevarán sus documentos a la Corte, los cuales incluyen imágenes del norte pampeano donde "se observa que no hay desertificación".
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Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Una vez más se cayó la vía política. El nuevo plazo que dio la Corte a Mendoza y La Pampa para llegar a un acuerdo por el caudal del río Atuel quedó en la nada. Tras una reunión de urgencia y armada rápidamente por Nación en la Casa Rosada, a pedido del gobernador Alfredo Cornejo, para verse con su par pampeano Carlos Verna, se conoció que no hubo avances por lo que será el máximo tribunal el que decidirá cuánta agua deberá correr hacia la vecina provincia.
Desde Mendoza informaron que el cónclave se desarrollaría con funcionarios de la Nación en el Ministerio del Interior, pero finalmente, tras el desconocimiento del encuentro, se le dio curso al pedido del mendocino con una reunión en Casa de Gobierno, sin la presencia del ministro Rogelio Frigerio. Quien se hizo presente y lideró la reunión fue el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua.
Durante el cruce de posiciones se conoció que la provincia cuyana ofreció realizar 25 perforaciones para inyectarle agua al Atuel. Pero, los funcionarios pampeanos le bajaron el pulgar, nuevamente.
A comienzos de diciembre, la Corte Suprema ordenó a ambas provincias a pactar un caudal hídrico del río Atuel para subsanar el daño ambiental en el noroeste pampeano, por lo que estableció un plazo que venció el 14 de febrero y luego otro que se termina este martes.
Bereciartua destacó a LA NACION que se ofrecieron "las instancias necesarias para alcanzar un acuerdo entre ambas provincias y cumplir con la resolución de la Corte Suprema, ya que el Ministerio del Interior está comprometido en fomentar el diálogo".
De esta manera, ambas partes se retiraron sin llegar a buen puerto tras la firma de un acta. Ahora sólo queda esperar la decisión que tome el máximo tribunal nacional. Tal como adelantó este diario, desde ambas provincias, creen que los jueces supremos pedirán una opinión autorizada a algún organismo especializado, como puede ser el Instituto Nacional del Agua, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas para determinar finalmente una cifra de escorrentía permanente.
En sus propuestas, Mendoza le ofreció a la vecina provincia un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa requirió un mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo, para recién poder recomponer el ecosistema. De ahí, las diferencias para poder llegar a un acuerdo.
"Lamentablemente la posición pampeana sigue siendo muy intransigente. Si algún regante mendocino tiene que dejar de regar su finca tiene que hacerlo para dar agua para el cosistema del norte de La Pampa. Esto es de suma cero, nadie gana. La Pampa lo que quiere es que los regantes del sur mendocino no tengan agua y eso tendrá un impacto mayor", expresó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien informó que este martes llevarán sus documentos a la Corte, los cuales incluyen imágenes del norte pampeano donde "se observa que no hay desertificación".
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Peces contaminados con microplásticos en La Plata
Detectan preocupante contaminación con plásticos en los peces de la Región
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Un pormenorizado estudio de un equipo de científicos del Conicet de La Plata detectó microplásticos en todos los peces que capturaron a lo largo de 35 kms de costa. El problema aumenta en la zona del “caño de la 66”
Peces de Berisso y Ensenada comen plástico. Porque está en el agua. Porque es uno de los principales elementos que se tiran al Río de la Plata o a sus afluentes y que lo contaminan a diario.
La gente come pescado. Por lo que también come plástico, o contaminantes orgánicos que “entran” a los ejemplares utilizando los microplásticos como vehículo.
Las consecuencias sobre la salud preocupan a los especialistas, aunque aún no fueron cuantificadas. Pero también preocupa, y mucho, el efecto del plástico en la biota, es decir, en el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área determinada. En este caso, la ribera de nuestra región.
Los resultados de un minucioso estudio que realizaron científicos del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” de La Plata (Ilpla, Conicet-UNLP), han encendido una luz de alerta. Capturaron 87 ejemplares, pertenecientes a 11 especies de peces, en seis sitios ubicados a lo largo de 35 kilómetros de la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, entre las localidades de Ensenada y Berisso: encontraron microplásticos en el 100% de los ejemplares analizados.
El trabajo lo llevaron a cabo los investigadores Rocío Pazos, Tomás Maiztegui, Darío Colautti, Ariel Paracampo y Nora Gómez, quienes explicaron a este diario que “los microplásticos son piezas menores a 5 milímetros” y pueden provenir de distintas fuentes.
Orígenes
Están los “fragmentos pequeños de plásticos manufacturados, denominados pellets, que constituyen la materia prima utilizada por la industria del plástico”.
“También las micropartículas sintéticas que se encuentran, por caso, en productos de higiene personal, como las cremas exfoliantes”, para poner un ejemplo.
“Además -añadieron los expertos y expertas- pueden provenir de restos de plásticos, como botellas y bolsas, entre otros, que se van fragmentando en piezas más pequeñas en el ambiente hasta convertirse en microplásticos”.
Asimismo, están las fibras sintéticas. “Su origen más frecuente se halla en los desprendimientos de la ropa durante su lavado y en los desechos de higiene personal, tales como pañales, protectores higiénicos y demás. En general, estos tipos de contaminantes llegan al estuario (del Río de la Plata) a través de la escorrentía de zonas urbanas, o sea, los desagües pluviales y las descargas cloacales, así como a través de cursos de agua que atraviesan aquellos sitios y desaguan en dicho ecosistema”, detallaron en el Ilpla.
¿Consecuencias? La biota suele estar afectada, ya que debido a su pequeño tamaño (los microplásticos) pueden ser consumidos por un amplio rango de organismos, entre los cuales se encuentran los peces, uno de los últimos eslabones de la cadena trófica (alimenticia), subrayaron los científicos.
Luego explicaron que en los recientes estudios que realizaron “se analizaron la cantidad y los tipos de microplásticos en el tracto digestivo de peces con distinto hábito de alimentación, como los que comen materia orgánica, plancton, otros peces”.
Como se indicó, para llevar a cabo el trabajo capturaron 87 ejemplares pertenecientes a 11 especies de peces, de las cuales el surubí (Pseudoplatystoma corruscans), el sábalo (Prochilodus lineatus), el patí (Luciopimelodus pati), el pejerrey (Odontesthes bonariensis) y la carpa (Cyprinus carpio), suelen ser de consumo humano.
No está de más recordar que, más allá de los plásticos, en el año 2000 se colocaron en la ribera carteles de prohibido pescar tras comprobarse que el típico sábalo de la zona estaba contaminado.
Volviendo al estudio, los investigadores revelaron que “en todos los ejemplares se detectó la presencia de microplásticos, la mayor proporción en forma de fibras, siendo más abundantes en el sitio relacionado con la descarga cloacal, en la costa de la ciudad de Berisso”, allí donde muere la avenida 66.
“Teniendo en cuenta el grado de contaminación que presenta la zona costera relevada y que la literatura documenta que los microplásticos pueden absorber contaminantes orgánicos, aquellos podrían estar funcionando como vehículos para el ingreso de estas sustancias a los peces, además del grado de toxicidad que puede presentar el microplástico en sí mismo”, puntualizaron.
Por otra parte, hicieron fuerte hincapié en el hecho de que se encuentren en mayor cantidad en la zona cercana al efluente cloacal, lo cual “demuestra la importancia de mejorar el tratamiento de las descargas urbanas, con la finalidad de reducir la presencia de estos contaminantes en el ambiente”.
¿Qué se puede hacer?
El equipo de científicos platenses apuntó que “las recomendaciones que se desprenden del estudio son, por un lado, la necesidad de realizar un mejor tratamiento de los residuos urbanos, tanto líquidos como sólidos, que impida o disminuya el ingreso de este contaminante”.
Por otro lado, señalaron la necesidad de “difundir información a la sociedad sobre la problemática de este tipo de contaminación, reduciendo el uso del plástico y promoviendo su reciclado”.
El trabajo finaliza advirtiendo que “los microplásticos son contaminantes emergentes, cuya presencia en el medioambiente no es necesariamente nueva, pero sí su hallazgo en el mismo”.
“Por esa razón, aún no están regulados y, por ende, es preciso realizar más investigaciones para determinar el riesgo ambiental y sanitario que implica su presencia y abundancia, así como también sus efectos en el ecosistema”, aseveraron.
Hay que destacar que el plástico tarda siglos en biodegradarse, por lo que se trata de un contaminante que permanecerá en las aguas hasta, posiblemente, superar en cantidad a los peces (ver nota aparte).
“Una pieza de plástico puede atraer compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas clorados, bifenilos policlorados (líquidos aceitosos o sólidos de apariencia variable que pueden causar un sinnúmero de efectos adversos diferentes) o hidrocarburos aromáticos (por ejemplo, el benceno)”, especificó otro experto del Conicet. Y completó: “Así, los microplásticos se convierten en vehículos de altas dosis de contaminación para todas las especies que los ingieran. También son una amenaza por el aporte de sustancias químicas propias, como los aditivos agregados en su fabricación, causando efectos tóxicos significativos en los animales que los comen”.
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Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Un pormenorizado estudio de un equipo de científicos del Conicet de La Plata detectó microplásticos en todos los peces que capturaron a lo largo de 35 kms de costa. El problema aumenta en la zona del “caño de la 66”
Peces de Berisso y Ensenada comen plástico. Porque está en el agua. Porque es uno de los principales elementos que se tiran al Río de la Plata o a sus afluentes y que lo contaminan a diario.
La gente come pescado. Por lo que también come plástico, o contaminantes orgánicos que “entran” a los ejemplares utilizando los microplásticos como vehículo.
Las consecuencias sobre la salud preocupan a los especialistas, aunque aún no fueron cuantificadas. Pero también preocupa, y mucho, el efecto del plástico en la biota, es decir, en el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área determinada. En este caso, la ribera de nuestra región.
Los resultados de un minucioso estudio que realizaron científicos del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” de La Plata (Ilpla, Conicet-UNLP), han encendido una luz de alerta. Capturaron 87 ejemplares, pertenecientes a 11 especies de peces, en seis sitios ubicados a lo largo de 35 kilómetros de la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, entre las localidades de Ensenada y Berisso: encontraron microplásticos en el 100% de los ejemplares analizados.
El trabajo lo llevaron a cabo los investigadores Rocío Pazos, Tomás Maiztegui, Darío Colautti, Ariel Paracampo y Nora Gómez, quienes explicaron a este diario que “los microplásticos son piezas menores a 5 milímetros” y pueden provenir de distintas fuentes.
Orígenes
Están los “fragmentos pequeños de plásticos manufacturados, denominados pellets, que constituyen la materia prima utilizada por la industria del plástico”.
“También las micropartículas sintéticas que se encuentran, por caso, en productos de higiene personal, como las cremas exfoliantes”, para poner un ejemplo.
“Además -añadieron los expertos y expertas- pueden provenir de restos de plásticos, como botellas y bolsas, entre otros, que se van fragmentando en piezas más pequeñas en el ambiente hasta convertirse en microplásticos”.
Asimismo, están las fibras sintéticas. “Su origen más frecuente se halla en los desprendimientos de la ropa durante su lavado y en los desechos de higiene personal, tales como pañales, protectores higiénicos y demás. En general, estos tipos de contaminantes llegan al estuario (del Río de la Plata) a través de la escorrentía de zonas urbanas, o sea, los desagües pluviales y las descargas cloacales, así como a través de cursos de agua que atraviesan aquellos sitios y desaguan en dicho ecosistema”, detallaron en el Ilpla.
¿Consecuencias? La biota suele estar afectada, ya que debido a su pequeño tamaño (los microplásticos) pueden ser consumidos por un amplio rango de organismos, entre los cuales se encuentran los peces, uno de los últimos eslabones de la cadena trófica (alimenticia), subrayaron los científicos.
Luego explicaron que en los recientes estudios que realizaron “se analizaron la cantidad y los tipos de microplásticos en el tracto digestivo de peces con distinto hábito de alimentación, como los que comen materia orgánica, plancton, otros peces”.
Como se indicó, para llevar a cabo el trabajo capturaron 87 ejemplares pertenecientes a 11 especies de peces, de las cuales el surubí (Pseudoplatystoma corruscans), el sábalo (Prochilodus lineatus), el patí (Luciopimelodus pati), el pejerrey (Odontesthes bonariensis) y la carpa (Cyprinus carpio), suelen ser de consumo humano.
No está de más recordar que, más allá de los plásticos, en el año 2000 se colocaron en la ribera carteles de prohibido pescar tras comprobarse que el típico sábalo de la zona estaba contaminado.
Volviendo al estudio, los investigadores revelaron que “en todos los ejemplares se detectó la presencia de microplásticos, la mayor proporción en forma de fibras, siendo más abundantes en el sitio relacionado con la descarga cloacal, en la costa de la ciudad de Berisso”, allí donde muere la avenida 66.
“Teniendo en cuenta el grado de contaminación que presenta la zona costera relevada y que la literatura documenta que los microplásticos pueden absorber contaminantes orgánicos, aquellos podrían estar funcionando como vehículos para el ingreso de estas sustancias a los peces, además del grado de toxicidad que puede presentar el microplástico en sí mismo”, puntualizaron.
Por otra parte, hicieron fuerte hincapié en el hecho de que se encuentren en mayor cantidad en la zona cercana al efluente cloacal, lo cual “demuestra la importancia de mejorar el tratamiento de las descargas urbanas, con la finalidad de reducir la presencia de estos contaminantes en el ambiente”.
¿Qué se puede hacer?
El equipo de científicos platenses apuntó que “las recomendaciones que se desprenden del estudio son, por un lado, la necesidad de realizar un mejor tratamiento de los residuos urbanos, tanto líquidos como sólidos, que impida o disminuya el ingreso de este contaminante”.
Por otro lado, señalaron la necesidad de “difundir información a la sociedad sobre la problemática de este tipo de contaminación, reduciendo el uso del plástico y promoviendo su reciclado”.
El trabajo finaliza advirtiendo que “los microplásticos son contaminantes emergentes, cuya presencia en el medioambiente no es necesariamente nueva, pero sí su hallazgo en el mismo”.
“Por esa razón, aún no están regulados y, por ende, es preciso realizar más investigaciones para determinar el riesgo ambiental y sanitario que implica su presencia y abundancia, así como también sus efectos en el ecosistema”, aseveraron.
Hay que destacar que el plástico tarda siglos en biodegradarse, por lo que se trata de un contaminante que permanecerá en las aguas hasta, posiblemente, superar en cantidad a los peces (ver nota aparte).
“Una pieza de plástico puede atraer compuestos orgánicos persistentes, como los plaguicidas clorados, bifenilos policlorados (líquidos aceitosos o sólidos de apariencia variable que pueden causar un sinnúmero de efectos adversos diferentes) o hidrocarburos aromáticos (por ejemplo, el benceno)”, especificó otro experto del Conicet. Y completó: “Así, los microplásticos se convierten en vehículos de altas dosis de contaminación para todas las especies que los ingieran. También son una amenaza por el aporte de sustancias químicas propias, como los aditivos agregados en su fabricación, causando efectos tóxicos significativos en los animales que los comen”.
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INTA Formosa avanza en mitigación del cambio climático
En el INTA se trabaja para que los productores puedan mitigar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa
Federico Miranda, titular de la agencia local del organismo, planteó como “ideal” la creación de alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga “una verdadera opción sustentable”
El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Miranda, dijo que desde el organismo se trabaja para poder brindar alternativas que les permitan a los productores formoseños mitigar los efectos negativos del cambio climático. Además, en diálogo con La Mañana, afirmó que la provincia debe estar preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.
“Se pueden planificar muchas obras de infraestructura a través de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Pero para asistir al productor que todos los días pone su trabajo y su capital y depende del estado del tiempo, debemos empezar a generar tecnología que le brinde alternativas. No podemos dejarlos solos”, aseveró.
“Estamos tratando de generar pautas de contingencia, con el fin de reducir lo negativo. Pero lo ideal es crear alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga una verdadera opción sustentable. Hoy no existen más períodos normales o constantes con respecto a la producción y la temperatura. Desde que comenzó el fenómeno del cambio climático y empezaron a aparecer sus consecuencias inmediatas, lo ‘errático’ pasó a ser lo ‘normal’”, explicó Miranda a este diario.
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Fecha de Publicación: 22/02/2018
Fuente: La Mañana de Formosa
Provincia/Región: Formosa
Federico Miranda, titular de la agencia local del organismo, planteó como “ideal” la creación de alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga “una verdadera opción sustentable”
El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Federico Miranda, dijo que desde el organismo se trabaja para poder brindar alternativas que les permitan a los productores formoseños mitigar los efectos negativos del cambio climático. Además, en diálogo con La Mañana, afirmó que la provincia debe estar preparada para enfrentar las inclemencias climáticas.
“Se pueden planificar muchas obras de infraestructura a través de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Pero para asistir al productor que todos los días pone su trabajo y su capital y depende del estado del tiempo, debemos empezar a generar tecnología que le brinde alternativas. No podemos dejarlos solos”, aseveró.
“Estamos tratando de generar pautas de contingencia, con el fin de reducir lo negativo. Pero lo ideal es crear alternativas para que cada productor pueda superar los inconvenientes y tenga una verdadera opción sustentable. Hoy no existen más períodos normales o constantes con respecto a la producción y la temperatura. Desde que comenzó el fenómeno del cambio climático y empezaron a aparecer sus consecuencias inmediatas, lo ‘errático’ pasó a ser lo ‘normal’”, explicó Miranda a este diario.
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Río Negro parece que se salva de la nuclear
Nación se resignó: la planta nuclear no se instalará en Río Negro
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.
Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.
Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Los Braun Peña sigue desmontando Salta
Braun Peña sigue desmontando
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
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Denuncian a minera de hierro en Río Negro
Denuncian a Minera Sierra Grande por daños ambientales
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro
La empresa Minera M.C.C de Sierra Grande cuenta con un depósito de mineral de hierro a cielo abierto, en las cercanías del embarcadero de Punta Colorada. La volativilidad del polvo de hierro, sumado a los vientos predominantes en la zona hicieron que el mineral de hierro comience a originar consecuencias lesivas en la costa y en el balneario de Playas Doradas. Este proceso de contaminación fue denunciado por la senadora Magdalena Odarda y la legisladora (FpV) Graciela Holtz.
Odarda anunció que presentará en la Defensoría del Pueblo una denuncia por la voladura de polvo de hierro en Sierra Grande y Playas Doradas, mientras que Holtz, hizo lo propio ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial debido a “la grave situación ambiental que se ha generado en el desembarcadero de Punta Colorada”.
“Este polvo de mineral de Hierro, finísimo y en razón de ello muy volátil, produce un daño irreparable al ambiente y ecosistema de toda la zona, al depositarse llevado por el viento sobre las plantas, el agua, la fauna y todo lo que esté a su paso” explicó la legisladora del Circuito Zona Atlántica del FpV y agregó que “este daño al ambiente, causado por imprudencia y desidia de empresa se podría haber evitado peletizando el mineral”.
La senadora Odarda recordó que “muchos vecinos reclaman desde hace varios años, por el polvo de hierro en suspensión que se levanta por los fuertes vientos y las maniobras que la empresa hace del material con el fin de removerlo de la playa de acopio”.
Sostiene que “el polvo de hierro en suspensión puede acarrear trastornos respiratorios, y además, alterar las condiciones saludables en el agua y la tierra. En una simple investigación, puede saberse acerca de los efectos del polvo de hierro en las personas”.
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