La visión sobre el monte en el NOA
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"En el norte se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada"
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA
El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".
Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".
El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.
¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA
El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".
Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".
El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.
¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Denuncian aves empetroladas en el Estrecho de Magallanes
Preocupación por aves empetroladas en el Estrecho de Magallanes
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: ITV (Chile)
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Organizaciones nacionales y red internacional relevan la urgencia de que se activen los mecanismos de control de riesgos y respuesta ante estas situaciones.
Todo comenzó el día 29 de enero, en el sector de Punta Espora en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, donde se observaron dos ejemplares de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) con manchas en su plumaje de algún tipo de hidrocarburo. Se fotografiaron los individuos contaminados. Además, en la ocasión al menos cuatro ejemplares de Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), mostraron manchas similares.
Con esa información inicial y para dimensionar el alcance del problema, el día 6 de febrero el Centro Bahía Lomas solicitó al experto-ornitólogo Ricardo Matus (Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura) realizar una visita de inspección al sector antes mencionado, lo cual se llevó a cabo ese mismo día utilizando un vehículo todo terreno. Luego de recorrer 20 kilómetros de borde costero, desde Punta Espora hasta 5 kilómetros al sur de cruce de Bahía Azul y un recorrido similar en el sector continental de Punta Delgada, Matus señaló que “se registraron 13 especies de las cuales 7 presentaron individuos con hidrocarburo en su cuerpo, destacando especies de aves playeras migradoras de larga distancia como el Playero de lomo blanco, Playero de Baird, Pilpilén, Pilpilén austral y Chorlo de doble collar”.
Organizaciones como la Agrupación Ecológica Patagónica, el Centro Bahía Lomas, el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, y la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) manifestaron su preocupación por el alcance que esta situación podría tener en el sitio Ramsar Bahía Lomas.
La Dra. Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y Directora del Centro Bahía Lomas señaló que “se trata del sitio de invernada más importante de todo Sudamérica para el Playero ártico (Calidris canutus rufa), una especie en peligro de extinción”. Cabe mencionar que en 2003 dicha universidad inició un programa de monitoreo ecológico de esta especie en el área que ha entregado información clave para su conservación a escala hemisférica. Por su parte Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la RHRAP “señaló que en este preciso momento Bahía Lomas está albergando al menos el 55% de la población de Calidris canutus rufa que llega a América del Sur. Cualquier evento de contaminación en el área podría tener consecuencias extremadamente negativas para esta especie.”
El humedal de Bahía Lomas es una zona de importancia para las aves playeras migratorias, lo que llevó a su nominación como “sitio Ramsar” en 2004 y como “Reserva Hemisférica” de la RHRAP. El Playero ártico está legalmente protegido en diversos países a lo largo de su ruta migratoria. En Argentina y Canadá es considerada como especie “en peligro”, mientras que en Estados Unidos está categorizada como “Amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En Brasil, tiene el estatus de especie “Críticamente amenazada”. En Chile, está clasificada como especie “en peligro”. Cada año los playeros árticos emprenden la migración desde sus sitios de reproducción en el ártico canadiense hasta llegar a los sitios de invernada como Bahía Lomas, recorriendo una distancia cercana a los 30.000 km de ida y vuelta.
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Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: ITV (Chile)
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Organizaciones nacionales y red internacional relevan la urgencia de que se activen los mecanismos de control de riesgos y respuesta ante estas situaciones.
Todo comenzó el día 29 de enero, en el sector de Punta Espora en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, donde se observaron dos ejemplares de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) con manchas en su plumaje de algún tipo de hidrocarburo. Se fotografiaron los individuos contaminados. Además, en la ocasión al menos cuatro ejemplares de Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), mostraron manchas similares.
Con esa información inicial y para dimensionar el alcance del problema, el día 6 de febrero el Centro Bahía Lomas solicitó al experto-ornitólogo Ricardo Matus (Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura) realizar una visita de inspección al sector antes mencionado, lo cual se llevó a cabo ese mismo día utilizando un vehículo todo terreno. Luego de recorrer 20 kilómetros de borde costero, desde Punta Espora hasta 5 kilómetros al sur de cruce de Bahía Azul y un recorrido similar en el sector continental de Punta Delgada, Matus señaló que “se registraron 13 especies de las cuales 7 presentaron individuos con hidrocarburo en su cuerpo, destacando especies de aves playeras migradoras de larga distancia como el Playero de lomo blanco, Playero de Baird, Pilpilén, Pilpilén austral y Chorlo de doble collar”.
Organizaciones como la Agrupación Ecológica Patagónica, el Centro Bahía Lomas, el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, y la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) manifestaron su preocupación por el alcance que esta situación podría tener en el sitio Ramsar Bahía Lomas.
La Dra. Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y Directora del Centro Bahía Lomas señaló que “se trata del sitio de invernada más importante de todo Sudamérica para el Playero ártico (Calidris canutus rufa), una especie en peligro de extinción”. Cabe mencionar que en 2003 dicha universidad inició un programa de monitoreo ecológico de esta especie en el área que ha entregado información clave para su conservación a escala hemisférica. Por su parte Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la RHRAP “señaló que en este preciso momento Bahía Lomas está albergando al menos el 55% de la población de Calidris canutus rufa que llega a América del Sur. Cualquier evento de contaminación en el área podría tener consecuencias extremadamente negativas para esta especie.”
El humedal de Bahía Lomas es una zona de importancia para las aves playeras migratorias, lo que llevó a su nominación como “sitio Ramsar” en 2004 y como “Reserva Hemisférica” de la RHRAP. El Playero ártico está legalmente protegido en diversos países a lo largo de su ruta migratoria. En Argentina y Canadá es considerada como especie “en peligro”, mientras que en Estados Unidos está categorizada como “Amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En Brasil, tiene el estatus de especie “Críticamente amenazada”. En Chile, está clasificada como especie “en peligro”. Cada año los playeros árticos emprenden la migración desde sus sitios de reproducción en el ártico canadiense hasta llegar a los sitios de invernada como Bahía Lomas, recorriendo una distancia cercana a los 30.000 km de ida y vuelta.
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San Isidro: surgieron islas y piden una reserva natural
Surgieron islas frente a la costa de San Isidro y serán reserva natural
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: Agencia InfoBan
Provincia/Región: Buenos Aires
Están dentro de la jurisdicción de San Isidro. Se trata de un fenómeno que iba a suceder dentro de cien años, pero se adelantó por cambios en la sedimentación del Río de la Plata.
Sucedería en cien años, pero el fenómeno se adelantó frente a las costas de San Isidro. Allí se están formando islas en el Río de la Plata en la confluencia de los canales San Antonio y Luján dentro de la jurisdicción del Partido de San Isidro. El Municipio las declarará reserva natural.
La más grande tiene tres hectáreas y media y comenzó a consolidarse hace tres años; muy cerca hay islotes más pequeños. Si bien, aún hay bancos de arena y juncos, comenzarán a crecer otras especies vegetales: árboles como el sauce (típicos del Delta) hasta llegar a convertirse en tierra firme y consolidarse en islas, opinan expertos en biodiversidad.
Pensando a futuro, en el año 1996, cuando el hoy intendente Gustavo Posse era diputado provincial impulsó una ley en la que se logró establecer los nuevos límites del Partido que incluye los territorios que se formen en el Río de la Plata.
En otras palabras, toda isla que se forme en determinadas latitudes y longitudes pasaría a formar parte del distrito de San Isidro. “Pertenecen a la jurisdicción territorial del partido de San Isidro las Islas de la Primera Sección que se hallen ubicadas frente a la ribera del Río de la Plata, entre la línea determinada por la proyección de la calle Uruguay sobre el Río de La Plata hasta el punto geográfico situado a 34º 22’ de latitud sur y 58º 23’ de longitud oeste y la línea determinada por la proyección de la calle Paraná hasta el punto geográfico situado a 34º 25’ de latitud sur y 58º 19’ de longitud oeste", dice la ley provincial 12599.
Tras navegar la zona en lancha, Posse expresó: “Trabajamos durante más de 20 años para esto, desde antes que sea intendente. Defendemos este lugar que es propiedad de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y lo declaramos como reserva natural para que puedan disfrutarlo ésta y las siguientes generaciones. La naturaleza es un bien social, donde todos somos iguales y nosotros tenemos el criterio de preservarla. Este es el último lugar punto del Delta bonaerense mirando hacia la Ciudad de Buenos Aires, justo frente a San Isidro”.
El subsecretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez, explicó: “Si bien estos terrenos aluvionales pertenecen al gobierno de la Provincia de Buenos Aires al ser jurisdicción del Partido de San Isidro la zonificación y los usos los establece el Municipio”.
Se marcaron y referenciaron con boyas los límites de las islas que luego serán declaradas como área natural protegida en base a la Ordenanza 8461 “Sistema Municipal de Reservas Naturales Protegidas” promulgada por el Decreto 2084/09. En un futuro próximo, tal como en el Parque Municipal Ribera Norte, la gente podrá recorrer y visitar estas islas con guías locales.
La formación de estas islas se debe a que los ríos a lo largo de sus recorridos van arrastrando pequeñas partículas de sedimentos que se encuentran en el lecho y en las riberas.
Cuando el río llega a su desembocadura, la velocidad del agua disminuye y los sedimentos tienden a irse al fondo. Se forman así bancos de sedimentos que van creciendo continuamente. Estas zonas de desembocadura donde se acumulan sedimentos se llaman deltas, y luego de varios siglos o miles de años, los depósitos de sedimentos llegan a formar islas.
“San Isidro es pionero en la cantidad de áreas protegidas; tenemos dos costeras, dos en la barranca y recientemente se sumaron estas islas. Queremos conservar este humedal naturalmente, porque es un ambiente híper sensible y que lo podamos mantener como reserva natural implica que actúe como esponja, por ende cuando vengan crecidas y grandes temporales lluvia, esto va a amortiguar los efectos que produce, y a la vez, mejorará la calidad del aire y el agua”, señaló Bárbara Gasparri, directora de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Municipio.
Entre la fauna que se puede encontrar está el lobito del río, coipo, peces, ranitas, tortugas y carpinchos. Sumado a más de 150 especies de aves como chajás, patos, macás y garzas. Pero, en algunos años esa cifra llegará a duplicarse.
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Denuncian desmonte de bosques de ribera en Bernal
Asambleístas denuncian desmonte en la ribera de Bernal
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Rosario con 674 mil m2 de construcciones sustentables
La ciudad ya suma 674 mil metros cuadrados de construcciones sustentables
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Uranio en Mendoza: por ahora no es posible su explotación
Le bajan el pulgar en Mendoza a la explotación de uranio
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
La decisión del gobierno provincial genera malestar en el sector minero, que insiste en avanzar con la actividad.
En su visita a Rusia el presidente Mauricio Macri dio un impulso para generar inversiones destinadas a la explotación de uranio en el país, con lo que los mineros locales se entusiasmaron. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial echaron por tierra esas ilusiones, ya que en la provincia no podrá realizarse ese tipo de explotación.
Desde la Subsecretaría de Energía y Minería, que conduce Emilio Guiñazú, dejaron en claro que con la tecnología que existe para explotar uranio, aprobada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no es compatible con la ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros.
“En el caso de aparecer una nueva tecnología que sea compatible con las restricciones técnicas que impone la ley, se realizarán los estudios de impacto ambiental y se presentará en la Legislatura”, aclararon.
Malestar
En la provincia hay dos minas de uranio: Sierra Pintada en San Rafael y Los Huemules en Malargüe.
Cuando se conoció el acuerdo con Rusia, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), Carlos Ferrer, sostuvo lo contrario a lo que argumenta el gobierno local: “El método extractivo es compatible con la protección del medio ambiente, y en Mendoza con la ley 7.722 se realiza mediante la metodología de recuperación in situ, sin tocar la superficie, inyectando soluciones alcalinas no ácidas, con ínfimo impacto ambiental y bajo costo”.
“Ahora hay un procedimiento que se instaura en el mundo con la utilización de solventes alcalinos y no ácidos, se usan materiales que son inocuos”, aclaró Ferrer.
“Hay millones de reserva de uranio en Argentina, pero el absolutismo de los gobiernos provinciales va en contramano con los lineamientos que quiere el gobierno nacional. La actitud de Alfredo Cornejo es clara en la materia: hace dos años y medio que la minería no se mueve en Mendoza”, sostuvo Ferrer.
En el caso de Sierra Pintada, el empresario manifestó que la mina crearía alrededor de mil puestos de trabajo directo, mientras que Los Huemules alrededor de 1.500 empleos más. “Hay un 100% de desocupación en el sector minero en Mendoza”, manifestó.
A raíz de la negativa provincial de avanzar con la extracción de uranio, desde la Casemmza buscarán reunirse con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en busca de algún avance en la materia para la provincia. “La minería va a funcionar cuando la Nación ponga pie en Mendoza”, concluyó Ferrer.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
La decisión del gobierno provincial genera malestar en el sector minero, que insiste en avanzar con la actividad.
En su visita a Rusia el presidente Mauricio Macri dio un impulso para generar inversiones destinadas a la explotación de uranio en el país, con lo que los mineros locales se entusiasmaron. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial echaron por tierra esas ilusiones, ya que en la provincia no podrá realizarse ese tipo de explotación.
Desde la Subsecretaría de Energía y Minería, que conduce Emilio Guiñazú, dejaron en claro que con la tecnología que existe para explotar uranio, aprobada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no es compatible con la ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros.
“En el caso de aparecer una nueva tecnología que sea compatible con las restricciones técnicas que impone la ley, se realizarán los estudios de impacto ambiental y se presentará en la Legislatura”, aclararon.
Malestar
En la provincia hay dos minas de uranio: Sierra Pintada en San Rafael y Los Huemules en Malargüe.
Cuando se conoció el acuerdo con Rusia, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza), Carlos Ferrer, sostuvo lo contrario a lo que argumenta el gobierno local: “El método extractivo es compatible con la protección del medio ambiente, y en Mendoza con la ley 7.722 se realiza mediante la metodología de recuperación in situ, sin tocar la superficie, inyectando soluciones alcalinas no ácidas, con ínfimo impacto ambiental y bajo costo”.
“Ahora hay un procedimiento que se instaura en el mundo con la utilización de solventes alcalinos y no ácidos, se usan materiales que son inocuos”, aclaró Ferrer.
“Hay millones de reserva de uranio en Argentina, pero el absolutismo de los gobiernos provinciales va en contramano con los lineamientos que quiere el gobierno nacional. La actitud de Alfredo Cornejo es clara en la materia: hace dos años y medio que la minería no se mueve en Mendoza”, sostuvo Ferrer.
En el caso de Sierra Pintada, el empresario manifestó que la mina crearía alrededor de mil puestos de trabajo directo, mientras que Los Huemules alrededor de 1.500 empleos más. “Hay un 100% de desocupación en el sector minero en Mendoza”, manifestó.
A raíz de la negativa provincial de avanzar con la extracción de uranio, desde la Casemmza buscarán reunirse con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en busca de algún avance en la materia para la provincia. “La minería va a funcionar cuando la Nación ponga pie en Mendoza”, concluyó Ferrer.
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Santa Fe: bajan los desmontes (Ya no hay nada que talar)
La tasa de deforestación en Santa Fe fue la más baja en la última década
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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El turismo como aliado de la conservación de la selva
“En Misiones, el turismo es uno de los principales aliados de la selva”
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz, tildó de "inédito" e "histórico" al reciente acuerdo que el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) selló con su par de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para instalar una red de estaciones para monitorear las crecidas del río Uruguay.
Su primera etapa tendrá impacto directo en una de las perlas turísticas de la provincia: permitirá preservar la belleza de los Saltos de Moconá, al controlar la descarga de agua de una represa brasileña.
Periodista: Misiones es un enclave turístico de escala mundial. ¿Cómo se congenia ese estatus con el cuidado del medio ambiente?
Juan Manuel Díaz: En nuestra provincia, en realidad, van de la mano ambas situaciones. El turismo es uno de los principales aliados que tiene la conservación de nuestra naturaleza y la selva paranaense. Es una de las actividades llamadas también "industria sin chimenea", que se presentan como de las más amigables con la conservación, al punto de que nuestra provincia se caracteriza por un gran desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible, con muchos establecimientos certificados con normas internacionales.
P.: ¿Por qué el gobernador Hugo Passalacqua tildó de histórico el acuerdo con su par de Rio Grande do Sul para instalar una red de estaciones para monitorear el caudal del río Uruguay?
J.M.D.: Es un acuerdo que tiene, sin duda, ribetes inéditos e históricos porque es parte de un proceso que se inició a partir de una decisión política de integrar a las provincias vecinas de Misiones y Rio Grande do Sul, entendiendo a esta zona como una región y tratando de administrarla de manera cooperativa en aspectos muy importantes, uno de ellos el medio ambiente. Hace menos de un año los gobernadores celebraron un acuerdo en Posadas y tenía varios ejes: el turismo, el comercio, la industria y también el medio ambiente, incluidos los fenómenos meteorológicos. De hecho, se generó un área dentro del Gobierno provincial que es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología.
P.: ¿Cuál será la función de esa red de estaciones?
J.M.D.: En un primer momento, será poder predecir y anticipar los efectos de las crecidas. El río Uruguay tiene un régimen muy particular, que puede producir inundaciones repentinas, a lo cual se suman actualmente los efectos del cambio climático. Esta zona -estamos hablando de Misiones y Rio Grande do Sul- es la que observó mayor caudal de precipitaciones durante 2017 de toda la Cuenca del Plata. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad el poder brindar ese servicio a la población.
P.: ¿Esta iniciativa tiene un impacto directo en el sector turístico?
J.M.D.: Es un servicio también para el sector productivo y turístico. En este último tiene una característica especial porque desde hace un tiempo se sospechaba que una represa de Brasil -Foz do Chapecó- estaba dificultando la visibilidad de los Saltos del Moconá cuando descargaba el agua. Eso hacía que subiera el volumen del río Uruguay y los saltos quedaran con menor visibilidad, o tapados. A partir del trabajo de cooperación, y también por el impulso de actores locales -municipios, Secretaría de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul y la Agencia Nacional de Agua de Brasil-, éste último organismo estableció una regla de cumplimiento obligatorio para esa represa, a partir de la información suministrada, entre otros, por nuestra provincia, por el Ministerio de Ecología de Misiones. Obliga a la represa a no descargar más de mil metros cúbicos por segundo desde los viernes por la mañana hasta los domingos a la tarde, el fin de semana, durante los períodos de bajo caudal, que es la mayor parte del año.
P.: ¿Cuándo va a estar operativa esta primera etapa de la red de estaciones?
J.M.D.: La primera estación para monitorear el cumplimiento de esa regla, anticipar los efectos de la crecida y saber qué altura o visibilidad tiene el salto va a estar en el Parque Provincial Saltos del Moconá. Lo que hicieron los gobernadores es firmar un acuerdo para proceder a esa instalación, y también para continuar con ese trabajo en el resto del río compartido. Se estima que puede estar operativa en los próximos dos meses. El resto de las estaciones apuntan básicamente a la prevención de inundaciones, a dar alerta temprana a la población y a las autoridades que tienen que intervenir cuando suceden estos fenómenos.
P.: ¿Cuál es el historial reciente de Misiones en materia de inundaciones, y qué estimaciones manejan para este año?
J.M.D.: Misiones tuvo una crecida extraordinaria en el río Uruguay en 2014, que suscitó que se establecieran estos mecanismos de alerta, en los que intervienen un sinnúmero de instituciones, en el marco de un plan estratégico. La previsión que se tiene para este año es el de un clima de Niña moderado.
P.: Mantuvo un encuentro días atrás con el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman. ¿Cuál es el aporte del Gobierno al cuidado del medio ambiente en Misiones?
J.M.D.: En primer lugar, mantenemos con el Gobierno nacional una relación muy buena y respetuosa, que se da y debe darse en el marco del federalismo ambiental. Y en ese aspecto, ese ministerio tiene un rol muy importante que cumplir en todo lo que involucre la coordinación entre jurisdicciones.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología de Misiones, Juan Manuel Díaz, tildó de "inédito" e "histórico" al reciente acuerdo que el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) selló con su par de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para instalar una red de estaciones para monitorear las crecidas del río Uruguay.
Su primera etapa tendrá impacto directo en una de las perlas turísticas de la provincia: permitirá preservar la belleza de los Saltos de Moconá, al controlar la descarga de agua de una represa brasileña.
Periodista: Misiones es un enclave turístico de escala mundial. ¿Cómo se congenia ese estatus con el cuidado del medio ambiente?
Juan Manuel Díaz: En nuestra provincia, en realidad, van de la mano ambas situaciones. El turismo es uno de los principales aliados que tiene la conservación de nuestra naturaleza y la selva paranaense. Es una de las actividades llamadas también "industria sin chimenea", que se presentan como de las más amigables con la conservación, al punto de que nuestra provincia se caracteriza por un gran desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible, con muchos establecimientos certificados con normas internacionales.
P.: ¿Por qué el gobernador Hugo Passalacqua tildó de histórico el acuerdo con su par de Rio Grande do Sul para instalar una red de estaciones para monitorear el caudal del río Uruguay?
J.M.D.: Es un acuerdo que tiene, sin duda, ribetes inéditos e históricos porque es parte de un proceso que se inició a partir de una decisión política de integrar a las provincias vecinas de Misiones y Rio Grande do Sul, entendiendo a esta zona como una región y tratando de administrarla de manera cooperativa en aspectos muy importantes, uno de ellos el medio ambiente. Hace menos de un año los gobernadores celebraron un acuerdo en Posadas y tenía varios ejes: el turismo, el comercio, la industria y también el medio ambiente, incluidos los fenómenos meteorológicos. De hecho, se generó un área dentro del Gobierno provincial que es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología.
P.: ¿Cuál será la función de esa red de estaciones?
J.M.D.: En un primer momento, será poder predecir y anticipar los efectos de las crecidas. El río Uruguay tiene un régimen muy particular, que puede producir inundaciones repentinas, a lo cual se suman actualmente los efectos del cambio climático. Esta zona -estamos hablando de Misiones y Rio Grande do Sul- es la que observó mayor caudal de precipitaciones durante 2017 de toda la Cuenca del Plata. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad el poder brindar ese servicio a la población.
P.: ¿Esta iniciativa tiene un impacto directo en el sector turístico?
J.M.D.: Es un servicio también para el sector productivo y turístico. En este último tiene una característica especial porque desde hace un tiempo se sospechaba que una represa de Brasil -Foz do Chapecó- estaba dificultando la visibilidad de los Saltos del Moconá cuando descargaba el agua. Eso hacía que subiera el volumen del río Uruguay y los saltos quedaran con menor visibilidad, o tapados. A partir del trabajo de cooperación, y también por el impulso de actores locales -municipios, Secretaría de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul y la Agencia Nacional de Agua de Brasil-, éste último organismo estableció una regla de cumplimiento obligatorio para esa represa, a partir de la información suministrada, entre otros, por nuestra provincia, por el Ministerio de Ecología de Misiones. Obliga a la represa a no descargar más de mil metros cúbicos por segundo desde los viernes por la mañana hasta los domingos a la tarde, el fin de semana, durante los períodos de bajo caudal, que es la mayor parte del año.
P.: ¿Cuándo va a estar operativa esta primera etapa de la red de estaciones?
J.M.D.: La primera estación para monitorear el cumplimiento de esa regla, anticipar los efectos de la crecida y saber qué altura o visibilidad tiene el salto va a estar en el Parque Provincial Saltos del Moconá. Lo que hicieron los gobernadores es firmar un acuerdo para proceder a esa instalación, y también para continuar con ese trabajo en el resto del río compartido. Se estima que puede estar operativa en los próximos dos meses. El resto de las estaciones apuntan básicamente a la prevención de inundaciones, a dar alerta temprana a la población y a las autoridades que tienen que intervenir cuando suceden estos fenómenos.
P.: ¿Cuál es el historial reciente de Misiones en materia de inundaciones, y qué estimaciones manejan para este año?
J.M.D.: Misiones tuvo una crecida extraordinaria en el río Uruguay en 2014, que suscitó que se establecieran estos mecanismos de alerta, en los que intervienen un sinnúmero de instituciones, en el marco de un plan estratégico. La previsión que se tiene para este año es el de un clima de Niña moderado.
P.: Mantuvo un encuentro días atrás con el ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman. ¿Cuál es el aporte del Gobierno al cuidado del medio ambiente en Misiones?
J.M.D.: En primer lugar, mantenemos con el Gobierno nacional una relación muy buena y respetuosa, que se da y debe darse en el marco del federalismo ambiental. Y en ese aspecto, ese ministerio tiene un rol muy importante que cumplir en todo lo que involucre la coordinación entre jurisdicciones.
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Los desmontes podrían convertirse en un delito penal
Presentan proyecto para que la deforestación ilegal sea considerada delito penal
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Córdoba sin remediaciones
Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Cambio Climático: Intendentes debatieron en Rosario
Intendentes de todo el país debatieron en Rosario sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Vaca Muerta y la gestión ambiental
Explotación petrolera y medio ambiente: Vaca Muerta requiere máxima prevención
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Neuquén ha atravesado numerosas dificultades y bonanzas debido a la producción de petróleo, una de sus tres grandes columnas vertebrales económicas.
Es una provincia que se ha caracterizado por la excelencia en la planificación de largo plazo y es así que en los años 60 creó el Consejo para el Desarrollo (Copade), una institución señera, de gran prestigio y con profesionales altamente calificados que pudieron elaborar y mantener políticas de Estado aún cuando en el país éstas eran casi imposibles de cristalizar. La Provincia lo logró.
En 1998 el Copade nuevamente fue un actor central en la elaboración del Programa Neuquén 2020, que trazó horizontes de una matriz de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, diversificada con tres pilares fundamentales: el desarrollo agroindustrial, el turismo y la producción energética (petróleo). Green Cross participó activamente junto al Copade en la elaboración de este programa y para ello convocamos nuestros más calificados expertos nacionales e internacionales.
Se discutió mucho, se profundizó en la cuestión ambiental y se evaluó la performance de la actividad petrolera en la provincia. Se analizaron los pasivos y la necesidad de generar normas, controles y permanente seguimiento a los emprendimientos para que esta actividad, contaminante y con un futuro de ser reemplazada en un mediano plazo, dejara lo mejor posible su campo de acción hasta que, finalmente, las energías limpias ganen el terreno en cuanto a disponibilidad y accesibilidad. Es una transición necesaria, que alentamos, recomendamos muy fuertemente. Es necesaria, pero también es imprescindible que haya un periodo de coexistencia hasta que la matriz energética pueda estar conformada por energías limpias y esto sea sustentable por cada país. En aquel momento se estudiaron los distintos emprendimientos y sólo una explotación tenía parámetros de alta sustentabilidad.
En la actualidad Neuquén tiene una responsabilidad enorme para con el país y para con sus propios habitantes.
Por un lado, tiene que seguir controlando y mejorando las prácticas de las petroleras, para evitar las contaminaciones tanto de los acuíferos en las perforaciones como de la tierra alrededor de cada pozo de explotación convencional. Estas contaminaciones de pequeños o mayores derrames finalmente se infiltran y terminan en los acuíferos también o, en su defecto, si la remediación posterior se hiciere bien, insumen costos altísimos que finalmente paga toda la sociedad y el medio ambiente. Esto no es aceptable y hoy Neuquén tiene disposiciones modernas que minimizan estos riesgos. Hay que poner los ojos en las empresas para que cumplan con las normas.
El otro gran desafío que tiene la provincia es que ha asumido la explotación del petróleo no convencional, explotación que conlleva aún más riesgos ambientales y frente a la cual no nos podemos distraer en cuanto al cumplimiento más amplio, transparente y efectivo de los cuidados ambientales conforme a las normas existentes (la provincia ha adoptado la mayoría de la normativa EPA de Estados Unidos) y a que exista una participación formada e informada de ONGs y universidades de alto prestigio e intachables, capaces de verificar que las mejores prácticas posibles se están cumpliendo en la provincia. Tomamos como un hecho que existe una política de Estado en cuánto al desarrollo petrolero de la provincia; tratemos de poner foco en la prevención de los numerosos impactos en agua, aire y tierra.
Por todos los desafíos que implica la transición energética actual y la obligación de convivir con una matriz energética mixta, Green Cross está haciendo un estudio detallado comparativo de las mejores prácticas ambientales en el upstream, de manera tal que las provincias petroleras puedan recibir el informe como un insumo para disminuir los impactos de la explotación a este nivel.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Neuquén ha atravesado numerosas dificultades y bonanzas debido a la producción de petróleo, una de sus tres grandes columnas vertebrales económicas.
Es una provincia que se ha caracterizado por la excelencia en la planificación de largo plazo y es así que en los años 60 creó el Consejo para el Desarrollo (Copade), una institución señera, de gran prestigio y con profesionales altamente calificados que pudieron elaborar y mantener políticas de Estado aún cuando en el país éstas eran casi imposibles de cristalizar. La Provincia lo logró.
En 1998 el Copade nuevamente fue un actor central en la elaboración del Programa Neuquén 2020, que trazó horizontes de una matriz de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, diversificada con tres pilares fundamentales: el desarrollo agroindustrial, el turismo y la producción energética (petróleo). Green Cross participó activamente junto al Copade en la elaboración de este programa y para ello convocamos nuestros más calificados expertos nacionales e internacionales.
Se discutió mucho, se profundizó en la cuestión ambiental y se evaluó la performance de la actividad petrolera en la provincia. Se analizaron los pasivos y la necesidad de generar normas, controles y permanente seguimiento a los emprendimientos para que esta actividad, contaminante y con un futuro de ser reemplazada en un mediano plazo, dejara lo mejor posible su campo de acción hasta que, finalmente, las energías limpias ganen el terreno en cuanto a disponibilidad y accesibilidad. Es una transición necesaria, que alentamos, recomendamos muy fuertemente. Es necesaria, pero también es imprescindible que haya un periodo de coexistencia hasta que la matriz energética pueda estar conformada por energías limpias y esto sea sustentable por cada país. En aquel momento se estudiaron los distintos emprendimientos y sólo una explotación tenía parámetros de alta sustentabilidad.
En la actualidad Neuquén tiene una responsabilidad enorme para con el país y para con sus propios habitantes.
Por un lado, tiene que seguir controlando y mejorando las prácticas de las petroleras, para evitar las contaminaciones tanto de los acuíferos en las perforaciones como de la tierra alrededor de cada pozo de explotación convencional. Estas contaminaciones de pequeños o mayores derrames finalmente se infiltran y terminan en los acuíferos también o, en su defecto, si la remediación posterior se hiciere bien, insumen costos altísimos que finalmente paga toda la sociedad y el medio ambiente. Esto no es aceptable y hoy Neuquén tiene disposiciones modernas que minimizan estos riesgos. Hay que poner los ojos en las empresas para que cumplan con las normas.
El otro gran desafío que tiene la provincia es que ha asumido la explotación del petróleo no convencional, explotación que conlleva aún más riesgos ambientales y frente a la cual no nos podemos distraer en cuanto al cumplimiento más amplio, transparente y efectivo de los cuidados ambientales conforme a las normas existentes (la provincia ha adoptado la mayoría de la normativa EPA de Estados Unidos) y a que exista una participación formada e informada de ONGs y universidades de alto prestigio e intachables, capaces de verificar que las mejores prácticas posibles se están cumpliendo en la provincia. Tomamos como un hecho que existe una política de Estado en cuánto al desarrollo petrolero de la provincia; tratemos de poner foco en la prevención de los numerosos impactos en agua, aire y tierra.
Por todos los desafíos que implica la transición energética actual y la obligación de convivir con una matriz energética mixta, Green Cross está haciendo un estudio detallado comparativo de las mejores prácticas ambientales en el upstream, de manera tal que las provincias petroleras puedan recibir el informe como un insumo para disminuir los impactos de la explotación a este nivel.
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Ley de Glaciares: buscan que los gobernadores pongan la cara
Nación busca apoyo de gobernadores para modificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Esperan mantener un encuentro con los mandatarios, después del viaje a la feria minera de Canadá, en marzo.
En la Nación hay algo que tienen en claro: que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley de Glaciares y que para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores. Por eso, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, le confirmó a DIARIO DE CUYO que se reunirá con los mandatarios para obtener el respaldo político necesario para aprobar la nueva normativa en el Congreso. Hasta el momento no hay fecha del encuentro, pero el funcionario adelantó que será después de una feria minera en Canadá, prevista para el 4 de marzo. A nivel local, desde el Ejecutivo indicaron que están en sintonía con la modificación de la norma, ya que San Juan es la provincia con más proyectos avanzados del país y hay seis que se verán beneficiados de manera directa: cinco yacimientos de cobre, José María, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón, y uno de oro, Lama.
En una entrevista telefónica, Meilán le aseguró a este medio que actualmente "existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo" ya que "la Argentina necesita inversiones".
La administración nacional puso el ojo en la Ley de Glaciares el año pasado luego de que Macri se reuniera con los ministros de minería de las provincias que integran Cofemi (Consejo Federal Minero). En ese encuentro las autoridades destacaron que hay al menos dos puntos de la ley que es necesario revisar para dar previsibilidad a los inversores. Uno de ellos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. El otro es el artículo 6 que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, "sin definir qué es periglacial", indicó en su momento el ministro de Minería local, Alberto Hensel.
Según Meilán, para tratar el tema "primero nos vamos a reunir con los ministros del Consejo y en base a esa relación hablaremos luego con los gobernadores. El trabajo con los mandatarios se hace cuando es estricta y políticamente necesario", haciendo referencia a que el cambio no se podría llevar adelante sin la aprobación de ellos, ya que "la realidad indica que los dueños de los recursos son las provincias", sostuvo el secretario macrista. Es más, el funcionario opinó que la feria minera PDAC de Canadá de marzo será un escenario ideal para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Hensel se mostró en sintonía con Meilán al manifestar que "ellos entienden que la ley ha retrasado las inversiones, además de otros factores como la caída del precio de los metales. Pero no hay duda de que hasta que no se clarifiquen algunos aspectos de la normativa, las inversiones no van a llegar".
Los proyectos de San Juan son claves ya que, según los pronósticos económicos, uno solo de los de cobre (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo directos.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Esperan mantener un encuentro con los mandatarios, después del viaje a la feria minera de Canadá, en marzo.
En la Nación hay algo que tienen en claro: que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley de Glaciares y que para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores. Por eso, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, le confirmó a DIARIO DE CUYO que se reunirá con los mandatarios para obtener el respaldo político necesario para aprobar la nueva normativa en el Congreso. Hasta el momento no hay fecha del encuentro, pero el funcionario adelantó que será después de una feria minera en Canadá, prevista para el 4 de marzo. A nivel local, desde el Ejecutivo indicaron que están en sintonía con la modificación de la norma, ya que San Juan es la provincia con más proyectos avanzados del país y hay seis que se verán beneficiados de manera directa: cinco yacimientos de cobre, José María, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón, y uno de oro, Lama.
En una entrevista telefónica, Meilán le aseguró a este medio que actualmente "existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo" ya que "la Argentina necesita inversiones".
La administración nacional puso el ojo en la Ley de Glaciares el año pasado luego de que Macri se reuniera con los ministros de minería de las provincias que integran Cofemi (Consejo Federal Minero). En ese encuentro las autoridades destacaron que hay al menos dos puntos de la ley que es necesario revisar para dar previsibilidad a los inversores. Uno de ellos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. El otro es el artículo 6 que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, "sin definir qué es periglacial", indicó en su momento el ministro de Minería local, Alberto Hensel.
Según Meilán, para tratar el tema "primero nos vamos a reunir con los ministros del Consejo y en base a esa relación hablaremos luego con los gobernadores. El trabajo con los mandatarios se hace cuando es estricta y políticamente necesario", haciendo referencia a que el cambio no se podría llevar adelante sin la aprobación de ellos, ya que "la realidad indica que los dueños de los recursos son las provincias", sostuvo el secretario macrista. Es más, el funcionario opinó que la feria minera PDAC de Canadá de marzo será un escenario ideal para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Hensel se mostró en sintonía con Meilán al manifestar que "ellos entienden que la ley ha retrasado las inversiones, además de otros factores como la caída del precio de los metales. Pero no hay duda de que hasta que no se clarifiquen algunos aspectos de la normativa, las inversiones no van a llegar".
Los proyectos de San Juan son claves ya que, según los pronósticos económicos, uno solo de los de cobre (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo directos.
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glaciares,
legislación y derecho ambiental,
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En busca una "política sustentable" en la industria forestal
Hacia una política sustentable para la industria forestal
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Continúan las mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y la Mesa Foresto Industrial a fin de promover el desarrollo sustentable del sector.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Agroindustria y la Secretaría de Protección de la cartera de Seguridad avanzan en la articulación de una política de desarrollo productivo y sustentable con la Mesa Foresto Industrial, a través de una serie de reuniones con representantes del sector. Es por esto que se realizó un nuevo encuentro que apuntó a consensuar acciones de preservación de los bosques y prevención de incendios forestales.
En ese contexto, se abordó la estrategia de manejo del fuego que lleva adelante el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en función de optimizar capacidades y recursos de prevención y respuesta frente a incendios forestales, rurales, de pastizales e interfase. Es así como se estableció —mediante el Decreto 746/2017— que el Sistema Federal de Manejo del Fuego, responsable de la respuesta operativa ante incendios, quede bajo la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad; mientras que la cartera de Ambiente es la encargada de emitir información sobre alertas tempranas y evaluación del peligro de incendios; realizar campañas de prevención y capacitaciones, y el apoyo a las jurisdicciones locales en la determinación de los daños ambientales causados por el fuego.
En la reunión se establecieron las prioridades de trabajo en el marco de la Mesa Foresto Industrial en materia de protección de los bosques y su uso sustentable. Se consensuó que la prevención de incendios forestales, la capacitación de recursos humanos, el sistema de alerta temprana, la quema controlada y la articulación del consorcio privado con el sector público serán los temas a articular dentro de esta agenda.
Además, funcionarios del Ministerio de Ambiente presentaron los lineamientos estratégicos para la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El manejo sustentable a nivel de cuencas forestales; el manejo de bosque con ganadería integrada; la restauración de bosques degradados; la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de áreas de conservación, son las acciones que lleva adelante el organismo en esta dirección.
Estuvieron presentes el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno; el director nacional de Protección y Preservación de Daños en Incendios Forestales, Guillermo Barisone; y el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, Juan Pedro Cano, todo ellos de la cartera nacional de Ambiente. Por parte del Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil Daniel Russo y el especialista en gestión del riesgo Gustavo Caranta; y el subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, Nicolás Laharrague.
La reunión dio continuidad a un encuentro previo con representantes del sector, en el cual se acordó avanzar en líneas de acción tendientes a generar una política ambiental para el sector de celulosa y papel. En dicha oportunidad, el ministro Sergio Bergman, recibió a la Mesa Foresto Industrial y señaló: “El presidente Macri puso en esto un énfasis muy especial y será trascendente para que otros sectores lo encaren de esta manera. Los consensos de lo común tienen que prevalecer y las políticas de Estado tienen que basarse en esos acuerdos que enriquecen el debate”.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Continúan las mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y la Mesa Foresto Industrial a fin de promover el desarrollo sustentable del sector.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Agroindustria y la Secretaría de Protección de la cartera de Seguridad avanzan en la articulación de una política de desarrollo productivo y sustentable con la Mesa Foresto Industrial, a través de una serie de reuniones con representantes del sector. Es por esto que se realizó un nuevo encuentro que apuntó a consensuar acciones de preservación de los bosques y prevención de incendios forestales.
En ese contexto, se abordó la estrategia de manejo del fuego que lleva adelante el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en función de optimizar capacidades y recursos de prevención y respuesta frente a incendios forestales, rurales, de pastizales e interfase. Es así como se estableció —mediante el Decreto 746/2017— que el Sistema Federal de Manejo del Fuego, responsable de la respuesta operativa ante incendios, quede bajo la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad; mientras que la cartera de Ambiente es la encargada de emitir información sobre alertas tempranas y evaluación del peligro de incendios; realizar campañas de prevención y capacitaciones, y el apoyo a las jurisdicciones locales en la determinación de los daños ambientales causados por el fuego.
En la reunión se establecieron las prioridades de trabajo en el marco de la Mesa Foresto Industrial en materia de protección de los bosques y su uso sustentable. Se consensuó que la prevención de incendios forestales, la capacitación de recursos humanos, el sistema de alerta temprana, la quema controlada y la articulación del consorcio privado con el sector público serán los temas a articular dentro de esta agenda.
Además, funcionarios del Ministerio de Ambiente presentaron los lineamientos estratégicos para la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El manejo sustentable a nivel de cuencas forestales; el manejo de bosque con ganadería integrada; la restauración de bosques degradados; la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de áreas de conservación, son las acciones que lleva adelante el organismo en esta dirección.
Estuvieron presentes el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno; el director nacional de Protección y Preservación de Daños en Incendios Forestales, Guillermo Barisone; y el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, Juan Pedro Cano, todo ellos de la cartera nacional de Ambiente. Por parte del Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil Daniel Russo y el especialista en gestión del riesgo Gustavo Caranta; y el subsecretario de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria, Nicolás Laharrague.
La reunión dio continuidad a un encuentro previo con representantes del sector, en el cual se acordó avanzar en líneas de acción tendientes a generar una política ambiental para el sector de celulosa y papel. En dicha oportunidad, el ministro Sergio Bergman, recibió a la Mesa Foresto Industrial y señaló: “El presidente Macri puso en esto un énfasis muy especial y será trascendente para que otros sectores lo encaren de esta manera. Los consensos de lo común tienen que prevalecer y las políticas de Estado tienen que basarse en esos acuerdos que enriquecen el debate”.
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