A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
.
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
.
La domesticación de la fauna, el otro problema del tráfico
La fauna silvestre sufre la domesticación
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Expertas de dos reservas explican las consecuencias negativas del mascotismo de animales autóctonos.
El mascotismo de animales silvestres tiene un lado desconocido para quienes incurren en esa práctica. Primero, la compra y tenencia de ciertas especies es ilegal, como lo indica la ley provincial 6.292. Además, trae aparejado un riesgo para las personas, ya que -por ejemplo- muchas aves transmiten psitacosis (enfermedad infecciosa) y en condiciones de hacinamiento las posibilidades de contagio son elevadas. Por último, los animales pueden sufrir daños irreversibles al mantener un contacto directo con los humanos.
Elena Correa, responsable del área de Veterinaria de la Reserva de Horco Molle, explica que enjaulados, los animales no son felices ni poseen bienestar. “No están acostumbrados al contacto con la gente, se estresan y resulta traumático para ellos”, indica.
Al respecto, la especialista comenta que existe un tráfico de animales, como catas y loros, que resulta un verdadero problema debido a los volúmenes que se secuestran y a la infraestructura que se requiere para permitir su retorno a la naturaleza. “En la Reserva ya no recibimos tortugas, porque carecemos de espacio; son una especie amenazada y se las toma como mascotas. En el momento en que un animal sale del hábitat su reinserción es difícil. Si liberás un ejemplar enfermo podés causar una mortandad mayor en animales silvestres”, detalla.
La liberación y conservación de la fauna se torna una misión importante para las dos reservas naturales de la provincia.
Margarita María Jaramillo Zapata, secretaria académica de la Universidad San Pablo-T, reflexiona sobre el rol de la educación en este proceso: “es bueno empezar a sembrar en los niños el cuidado y conservación de la flora y fauna para que se logre impactar positivamente. Divulgar el trabajo de las reservas ayuda a sembrar en cada persona una semilla de conciencia”.
Las llamadas de denuncia ingresan a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la Provincia, donde se labran las actas de infracción y se procede al posterior secuestro del animal en cuestión. “Los animales son preciosos en su fauna, por eso trabajamos para la conservación y en contra del mascotismo. Cada animal silvestre que llega a una casa pensado como mascota en realidad no lo es; ellos sufren por su domesticación. Se trata de una fauna que nunca va a adaptarse”, comenta Ana Palacios, jefa de Fauna Silvestre de la Provincia.
.
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Expertas de dos reservas explican las consecuencias negativas del mascotismo de animales autóctonos.
El mascotismo de animales silvestres tiene un lado desconocido para quienes incurren en esa práctica. Primero, la compra y tenencia de ciertas especies es ilegal, como lo indica la ley provincial 6.292. Además, trae aparejado un riesgo para las personas, ya que -por ejemplo- muchas aves transmiten psitacosis (enfermedad infecciosa) y en condiciones de hacinamiento las posibilidades de contagio son elevadas. Por último, los animales pueden sufrir daños irreversibles al mantener un contacto directo con los humanos.
Elena Correa, responsable del área de Veterinaria de la Reserva de Horco Molle, explica que enjaulados, los animales no son felices ni poseen bienestar. “No están acostumbrados al contacto con la gente, se estresan y resulta traumático para ellos”, indica.
Al respecto, la especialista comenta que existe un tráfico de animales, como catas y loros, que resulta un verdadero problema debido a los volúmenes que se secuestran y a la infraestructura que se requiere para permitir su retorno a la naturaleza. “En la Reserva ya no recibimos tortugas, porque carecemos de espacio; son una especie amenazada y se las toma como mascotas. En el momento en que un animal sale del hábitat su reinserción es difícil. Si liberás un ejemplar enfermo podés causar una mortandad mayor en animales silvestres”, detalla.
La liberación y conservación de la fauna se torna una misión importante para las dos reservas naturales de la provincia.
Margarita María Jaramillo Zapata, secretaria académica de la Universidad San Pablo-T, reflexiona sobre el rol de la educación en este proceso: “es bueno empezar a sembrar en los niños el cuidado y conservación de la flora y fauna para que se logre impactar positivamente. Divulgar el trabajo de las reservas ayuda a sembrar en cada persona una semilla de conciencia”.
Las llamadas de denuncia ingresan a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo de la Provincia, donde se labran las actas de infracción y se procede al posterior secuestro del animal en cuestión. “Los animales son preciosos en su fauna, por eso trabajamos para la conservación y en contra del mascotismo. Cada animal silvestre que llega a una casa pensado como mascota en realidad no lo es; ellos sufren por su domesticación. Se trata de una fauna que nunca va a adaptarse”, comenta Ana Palacios, jefa de Fauna Silvestre de la Provincia.
.
Más denuncias de fumigaciones sobre una escuela
Denuncian fumigaciones ilegales sobre una escuela
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
.
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
.
Otra vez la maltratada Reserva Santa Catalina en problemas
Polémico muro dividiría la Reserva Santa Catalina
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Autoconvocados, especialistas y guardaparques se oponen al proyecto porque generaría un "daño ambiental irreversible". Critican pasividad de autoridades locales, que estaban al tanto de todo, pero no hicieron nada para frenarlo.
La Reserva Natural Santa Catalina, último pulmón verde que le queda a Lomas de Zamora, podría quedar dividida en dos si termina por concretarse la colocación de un muro de hormigón a ambos lados de la vías del ferrocarril que atraviesan toda el área. Especialistas ambientales afirman que la obra tendría un “impacto negativo irreversible”.
Desde el mes pasado, el gobierno de Martín Insaurralde estaba al tanto de la tarea que Ferrocarriles Argentinos le encargó a Conisa SA, sin embargo nada hizo para frenarla. Fueron vecinos autoconvocados los que pusieron el grito en el cielo para tratar de detener lo que aseguran provocará un daño mayúsculo a la “rica biodiversidad” de esta reserva.
Estos, además, criticaron que la colocación de new jersey de cemento -similares a los que se ven a lo largo del trazado de toda la Línea Roca- se realice sin haberse exigido un estudio de impacto ambiental.
El cerramiento perimetral de la traza Temperley-Haedo, que se levantaría a 10 metros de cada lado de las vías, tendría por objetivo prevenir accidentes, aunque nadie recuerda que se haya producido alguno en el ámbito de la reserva, por donde pasa una formación diesel cada 50 minutos.
Los daños
En un informe elevado a la Secretaría de Medio Ambiente, al que tuvo acceso este medio, los Guardaparques de Santa Catalina, alertaban que “la obra contempla la remoción de vegetación nativa, compactación de suelo y destrucción de la barranca”, donde habitan especies en peligro de extinción.
Por estos motivos, al margen de remarcar que se trata un área natura protegida y patrimonio histórico y cultural de Lomas, sugieren que se pare la obra “hasta que se someta a una evaluación de impacto ambiental”.
Antonio De Magistris, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas, consideró que éste es “un emprendimiento de impacto negativo irreversible, una muestra de total falta de voluntad, preparación técnica y visión integral en términos ambientales”.
Patricia Muñoa, una de las voces de los autoconvocados, aclaró que la barrera de cemento también ocasionaría serios problemas para el manejo de la reserva o el traslado de los guardaparques y un impacto visual.
La mujer informó que hace 15 días se reunieron con la subsecretaria de Medio Ambiente, Eva Beresán, y el director de la reserva, Daniel Dondero, quienes “nos transmitieron su apoyo, aunque en la práctica no tomaron ninguna medida al respecto”, se quejó.
.
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Autoconvocados, especialistas y guardaparques se oponen al proyecto porque generaría un "daño ambiental irreversible". Critican pasividad de autoridades locales, que estaban al tanto de todo, pero no hicieron nada para frenarlo.
La Reserva Natural Santa Catalina, último pulmón verde que le queda a Lomas de Zamora, podría quedar dividida en dos si termina por concretarse la colocación de un muro de hormigón a ambos lados de la vías del ferrocarril que atraviesan toda el área. Especialistas ambientales afirman que la obra tendría un “impacto negativo irreversible”.
Desde el mes pasado, el gobierno de Martín Insaurralde estaba al tanto de la tarea que Ferrocarriles Argentinos le encargó a Conisa SA, sin embargo nada hizo para frenarla. Fueron vecinos autoconvocados los que pusieron el grito en el cielo para tratar de detener lo que aseguran provocará un daño mayúsculo a la “rica biodiversidad” de esta reserva.
Estos, además, criticaron que la colocación de new jersey de cemento -similares a los que se ven a lo largo del trazado de toda la Línea Roca- se realice sin haberse exigido un estudio de impacto ambiental.
El cerramiento perimetral de la traza Temperley-Haedo, que se levantaría a 10 metros de cada lado de las vías, tendría por objetivo prevenir accidentes, aunque nadie recuerda que se haya producido alguno en el ámbito de la reserva, por donde pasa una formación diesel cada 50 minutos.
Los daños
En un informe elevado a la Secretaría de Medio Ambiente, al que tuvo acceso este medio, los Guardaparques de Santa Catalina, alertaban que “la obra contempla la remoción de vegetación nativa, compactación de suelo y destrucción de la barranca”, donde habitan especies en peligro de extinción.
Por estos motivos, al margen de remarcar que se trata un área natura protegida y patrimonio histórico y cultural de Lomas, sugieren que se pare la obra “hasta que se someta a una evaluación de impacto ambiental”.
Antonio De Magistris, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas, consideró que éste es “un emprendimiento de impacto negativo irreversible, una muestra de total falta de voluntad, preparación técnica y visión integral en términos ambientales”.
Patricia Muñoa, una de las voces de los autoconvocados, aclaró que la barrera de cemento también ocasionaría serios problemas para el manejo de la reserva o el traslado de los guardaparques y un impacto visual.
La mujer informó que hace 15 días se reunieron con la subsecretaria de Medio Ambiente, Eva Beresán, y el director de la reserva, Daniel Dondero, quienes “nos transmitieron su apoyo, aunque en la práctica no tomaron ninguna medida al respecto”, se quejó.
.
Tendremos la primera escuela pública sostenible del país
Presentan la primera escuela pública sostenible de Argentina
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
Diferentes empresas presentaron la construcción de la que será la primera escuela pública sostenible de Argentina, que contará con la colaboración del arquitecto estadounidense Michael Reynolds, un icono en este tipo de arquitectura ecológica.
La escuela estará ubicada en la localidad de Mar Chiquita, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, y será la segunda del continente, tras la que se realizó en 2016 en Uruguay.
“Es un proyecto que comenzamos hace un tiempo en Uruguay y que tenía como objetivo la construcción de la primera escuela sustentable de Latinoamérica, la construcción de un edificio que enseñara a los niños de una manera diferente“, explicó Martín Espósito, jefe del proyecto y director de Tagma, la organización uruguaya promotora de la primera escuela de este tipo.
El edificio, creado a partir de un total de 2.000 neumáticos, 4.000 botellas de plástico y 8.000 latas de aluminio, “ayudará a difundir un mensaje y a poder generar cambios un poco más profundos a nivel de educación, sustentabilidad y construcción”, según Espósito.
Con este proyecto se trata generar un programa de construcción de escuelas públicas alrededor de toda Latinoamérica, que inculque a sus alumnos valores relacionados con la empatía y el aprovechamiento de los recursos “sin perjudicar el entorno”.
El arquitecto Michael Reynolds, especialista en construcciones sostenibles alrededor del mundo, que popularizó gracias al documental “El guerrero de la basura”, acudió a la presentación, que tuvo lugar en Buenos Aires.
“Este concepto debería estar disponible para todo el mundo en el planeta”, comentó Reynolds durante su intervención, y agregó que los materiales que se utilizará “crecen” en cada país ya que son objetos sin uso que las personas tiran a la basura, por lo que su reciclaje es indispensable.
Este será el tercer proyecto del estadounidense en Argentina, luego de haber realizado trabajos previos en las ciudades sureñas de Usuahia y El Bolsón.
La escuela, cuya construcción contará con la participación de 200 personas de distintos países, tendrá energía eléctrica proporcionada por paneles solares y se abastecerá de agua de lluvia.
La localidad de Mar Chiquita ya contaba con una escuela donde se ubicará esta, pero construida como una tradicional.
Las obras ocuparán todo marzo y a partir de abril de 2018 albergará 60 estudiantes de primaria.
.
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
Diferentes empresas presentaron la construcción de la que será la primera escuela pública sostenible de Argentina, que contará con la colaboración del arquitecto estadounidense Michael Reynolds, un icono en este tipo de arquitectura ecológica.
La escuela estará ubicada en la localidad de Mar Chiquita, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, y será la segunda del continente, tras la que se realizó en 2016 en Uruguay.
“Es un proyecto que comenzamos hace un tiempo en Uruguay y que tenía como objetivo la construcción de la primera escuela sustentable de Latinoamérica, la construcción de un edificio que enseñara a los niños de una manera diferente“, explicó Martín Espósito, jefe del proyecto y director de Tagma, la organización uruguaya promotora de la primera escuela de este tipo.
El edificio, creado a partir de un total de 2.000 neumáticos, 4.000 botellas de plástico y 8.000 latas de aluminio, “ayudará a difundir un mensaje y a poder generar cambios un poco más profundos a nivel de educación, sustentabilidad y construcción”, según Espósito.
Con este proyecto se trata generar un programa de construcción de escuelas públicas alrededor de toda Latinoamérica, que inculque a sus alumnos valores relacionados con la empatía y el aprovechamiento de los recursos “sin perjudicar el entorno”.
El arquitecto Michael Reynolds, especialista en construcciones sostenibles alrededor del mundo, que popularizó gracias al documental “El guerrero de la basura”, acudió a la presentación, que tuvo lugar en Buenos Aires.
“Este concepto debería estar disponible para todo el mundo en el planeta”, comentó Reynolds durante su intervención, y agregó que los materiales que se utilizará “crecen” en cada país ya que son objetos sin uso que las personas tiran a la basura, por lo que su reciclaje es indispensable.
Este será el tercer proyecto del estadounidense en Argentina, luego de haber realizado trabajos previos en las ciudades sureñas de Usuahia y El Bolsón.
La escuela, cuya construcción contará con la participación de 200 personas de distintos países, tendrá energía eléctrica proporcionada por paneles solares y se abastecerá de agua de lluvia.
La localidad de Mar Chiquita ya contaba con una escuela donde se ubicará esta, pero construida como una tradicional.
Las obras ocuparán todo marzo y a partir de abril de 2018 albergará 60 estudiantes de primaria.
.
Cambiar la la ley de glaciares para más minería
Para impulsar la minería, buscan cambiar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
.
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
.
Pascua Lama: golpe mortal desde el lado chileno
Chile ordena la clausura definitiva de Pascua Lama y pone millonaria multa a Barrick
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), de Chile, informó este jueves que sancionó con la clausura definitiva al proyecto minero Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, además de aplicarle una cuantiosa multa.
Según indicó el organismo, las sanciones responden a un total de 33 cargos formulados contra la empresa, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves.
Además, otros cuatro cargos fueron absueltos debido a que no se pudo determinar su configuración con los antecedentes disponibles.
"Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva", señaló la SMA en un comunicado.
A su vez, la entidad aplicó a Pascua Lama diversas multas por un total de 24 infracciones, que sumadas alcanzan a 12.360 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a 6.973 millones de pesos (unos 11,52 millones de dólares).
Pascua Lama es un proyecto para explotar oro y plata que involucra territorio de Chile y Argentina, en lo más alto de la cordillera de Los Andes, que supone para Barrick Gold una inversión de 8.500 millones de dólares y que según su planificación original debía entrar en producción a fines del 2014.
Según la compañía, Pascua Lama tiene unas reservas probadas de 18 millones de onzas de oro y unas reservas probables de plata de 676 millones de onzas.
La iniciativa, sin embargo, la iniciativa sufrió retrasos desde su inicio debido a problemas medioambientales y conflictos con comunidades locales del valle del Huasco, en la región de Atacama, en el norte de Chile.
Según la SMA, entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva del proyecto se encuentra la intervención de vegas altoandinas, la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa, varias de ellas protegidas por distintas categorías de conservación y el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes.
También la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros.
"Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado", subrayó el organismo.
El superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz afirmó que, "dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso".
Fuentes de la empresa, en tango, dijeron que la resolución de la SMA está siendo analizada.
.
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), de Chile, informó este jueves que sancionó con la clausura definitiva al proyecto minero Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, además de aplicarle una cuantiosa multa.
Según indicó el organismo, las sanciones responden a un total de 33 cargos formulados contra la empresa, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves.
Además, otros cuatro cargos fueron absueltos debido a que no se pudo determinar su configuración con los antecedentes disponibles.
"Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva", señaló la SMA en un comunicado.
A su vez, la entidad aplicó a Pascua Lama diversas multas por un total de 24 infracciones, que sumadas alcanzan a 12.360 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a 6.973 millones de pesos (unos 11,52 millones de dólares).
Pascua Lama es un proyecto para explotar oro y plata que involucra territorio de Chile y Argentina, en lo más alto de la cordillera de Los Andes, que supone para Barrick Gold una inversión de 8.500 millones de dólares y que según su planificación original debía entrar en producción a fines del 2014.
Según la compañía, Pascua Lama tiene unas reservas probadas de 18 millones de onzas de oro y unas reservas probables de plata de 676 millones de onzas.
La iniciativa, sin embargo, la iniciativa sufrió retrasos desde su inicio debido a problemas medioambientales y conflictos con comunidades locales del valle del Huasco, en la región de Atacama, en el norte de Chile.
Según la SMA, entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva del proyecto se encuentra la intervención de vegas altoandinas, la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa, varias de ellas protegidas por distintas categorías de conservación y el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes.
También la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros.
"Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado", subrayó el organismo.
El superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz afirmó que, "dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso".
Fuentes de la empresa, en tango, dijeron que la resolución de la SMA está siendo analizada.
.
Etiquetas:
Barrick Gold,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
minería,
Pascua Lama,
San Juan
|
0
comentarios
Santa Fe: denunciar fumigaciones puede ser peligroso
Denuncian una persecución a ambientalistas en Alvear
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
.
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
.
Gran operativo para limpiar el lecho del río Limay
Limpiaron el lecho del río Limay
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Neuquén Al Instante
Provincia/Región: Neuquén
Un gran operativo de limpieza subacuática se llevó adelante este domingo en el río Limay. En una extensión de 2,5 kilómetros, se sacaron grandes cantidades de botellas plásticas, vidrios rotos, hierros oxidados, chapas y alambres.
El operativo inició a las 10 en punto y se extendió hasta casi las 14. Un equipo de 35 personas, integrado por personal de la subsecretaría de Medio Ambiente y Defensa Civil Municipal conjuntamente con los buzos de la escuela de buceo del Centro de Actividades Subacuáticas del Limay (CASAL), trabajaron sobre el lecho del río entre el balneario Sandra Canale y el Río Grande. En canoa y con buzos se recorrieron 2,5 kilómetros del Limay.
En esta limpieza se encontró más cantidad de desechos en el lecho del río que en el operativo anterior. La subsecretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez remarcó: “Pedimos a todos los vecinos que sean conscientes de que no es éste el lugar para arrojar residuos”. También contó que muchas veces los buzos encuentran botellas plásticas con piedras o arena y quedan en el fondo, eso se hace con maldad.
La subsecretaria habló de la necesidad de que la población “tome conciencia del cuidado de nuestros ríos y de nuestro medio ambiente en la construcción de una vida mejor para todos y para las generaciones futuras”.
A propósito de esto, te contamos que Cristian Cortez (DNI 635) es el ganador del sorteo de este fin de semana. Nos contó que siempre lleva su bolsa para los residuos y que dieron aviso a los bomberos por el inicio de un incendio en los pastizales a la costa del río. Felicitaciones!
.
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Neuquén Al Instante
Provincia/Región: Neuquén
Un gran operativo de limpieza subacuática se llevó adelante este domingo en el río Limay. En una extensión de 2,5 kilómetros, se sacaron grandes cantidades de botellas plásticas, vidrios rotos, hierros oxidados, chapas y alambres.
El operativo inició a las 10 en punto y se extendió hasta casi las 14. Un equipo de 35 personas, integrado por personal de la subsecretaría de Medio Ambiente y Defensa Civil Municipal conjuntamente con los buzos de la escuela de buceo del Centro de Actividades Subacuáticas del Limay (CASAL), trabajaron sobre el lecho del río entre el balneario Sandra Canale y el Río Grande. En canoa y con buzos se recorrieron 2,5 kilómetros del Limay.
En esta limpieza se encontró más cantidad de desechos en el lecho del río que en el operativo anterior. La subsecretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez remarcó: “Pedimos a todos los vecinos que sean conscientes de que no es éste el lugar para arrojar residuos”. También contó que muchas veces los buzos encuentran botellas plásticas con piedras o arena y quedan en el fondo, eso se hace con maldad.
La subsecretaria habló de la necesidad de que la población “tome conciencia del cuidado de nuestros ríos y de nuestro medio ambiente en la construcción de una vida mejor para todos y para las generaciones futuras”.
A propósito de esto, te contamos que Cristian Cortez (DNI 635) es el ganador del sorteo de este fin de semana. Nos contó que siempre lleva su bolsa para los residuos y que dieron aviso a los bomberos por el inicio de un incendio en los pastizales a la costa del río. Felicitaciones!
.
En Chubut avanzan con el solmáforo
Ciencia de Chubut avanza con la UNPSJB en la mejora del solmáforo
Fecha de Publicación: 18/01/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Hace un par de años, equipos técnicos de la secretaría provincial diseñaron y desarrollaron un dispositivo que consta de un sensor que mide la radiación ultravioleta que impacta sobre la piel humana.
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con la colaboración del Laboratorio de Investigaciones en Radiación Solar y Atmósfera (LIRSA) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Instituto de Seguridad Social y Seguros, se encuentran trabajando para mejorar el servicio que presta el instrumento creado por la Secretaría para la medición instantánea de radiación solar ultravioleta.
Hace un par de años, equipos técnicos de la Secretaría provincial diseñaron y desarrollaron un dispositivo que consta de un sensor que mide la radiación ultravioleta que impacta sobre la piel humana.
Este dispositivo posee una placa arduino en la que, de acuerdo a una escala establecida a nivel mundial, transforma la radiación recibida en un sensor UV solar, luego un microcontrolador enciende la luz correspondiente a ese índice.
La escala está dividida por colores, cada color de la escala representa los valores del índice UV y, a su vez, hay una recomendación de protección de acuerdo a cada índice y en concordancia con lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, Mauro Carrasco, “pedimos al Laboratorio de la Universidad un diagnóstico a partir del cual modificar u optimizar el servicio del solmáforo para que, a través de él, se pueda obtener información preventiva en momentos en que estamos expuestos a las radiaciones ultravioletas”.
“Una de las observaciones que tenemos en cuenta es que las mediciones puedan definir los límites de exposición que afectan al ser humano, de acuerdo a los índices establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, señaló Carrasco y agregó que “nuestro objetivo es que el solmáforo sirva como instrumento de medición y que se pueda replicar en otros lugares de la Provincia”.
La mejora del solmáforo forma parte de los objetivos de este año del sector de Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia que, entre otras cosas, trabaja todo el año con la muestra interactiva “Ciencia en Movimiento”, con el fin de potenciar la acción de divulgación adaptándose a diferentes lugares de la Provincia.
Esta muestra con sus actividades lúdicas y elementos interactivos incorporará al destinatario en las experiencias y lo incentivará a despertar vocaciones tempranas como el interés por desarrollos tecnológicos novedosos y conocimientos de la ciencia.
Con el propósito entonces de mejorar los inventos con los que ya cuenta la Secretaría, se pidió al LIRSA y su responsable, el ingeniero Alejandro Rosales, su aporte relacionado al solmáforo.
El LIRSA es reconocido a nivel internacional debido a sus investigaciones que, por ejemplo, incluyen un trabajo con la NASA y con la Universidad de Washington para medir descargas eléctricas, y con la Universidad de San Pablo para hacerlo en América del Sur; con la Universidad de Río de Janeiro para la captura de polvo en forma activa y con la Universidad de Córdoba para medir polvo en forma pasiva y cenizas, entre otros. Como parte de los servicios brindados por el LIRSA se encuentra el análisis, validación, diseño y desarrollo de instrumental de precisión relacionado con la física de la atmósfera, capacitaciones a docentes y charlas de divulgación en la sociedad respecto a la temática.
.
Fecha de Publicación: 18/01/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Hace un par de años, equipos técnicos de la secretaría provincial diseñaron y desarrollaron un dispositivo que consta de un sensor que mide la radiación ultravioleta que impacta sobre la piel humana.
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con la colaboración del Laboratorio de Investigaciones en Radiación Solar y Atmósfera (LIRSA) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Instituto de Seguridad Social y Seguros, se encuentran trabajando para mejorar el servicio que presta el instrumento creado por la Secretaría para la medición instantánea de radiación solar ultravioleta.
Hace un par de años, equipos técnicos de la Secretaría provincial diseñaron y desarrollaron un dispositivo que consta de un sensor que mide la radiación ultravioleta que impacta sobre la piel humana.
Este dispositivo posee una placa arduino en la que, de acuerdo a una escala establecida a nivel mundial, transforma la radiación recibida en un sensor UV solar, luego un microcontrolador enciende la luz correspondiente a ese índice.
La escala está dividida por colores, cada color de la escala representa los valores del índice UV y, a su vez, hay una recomendación de protección de acuerdo a cada índice y en concordancia con lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el subsecretario de Articulación Científica y Tecnológica, Mauro Carrasco, “pedimos al Laboratorio de la Universidad un diagnóstico a partir del cual modificar u optimizar el servicio del solmáforo para que, a través de él, se pueda obtener información preventiva en momentos en que estamos expuestos a las radiaciones ultravioletas”.
“Una de las observaciones que tenemos en cuenta es que las mediciones puedan definir los límites de exposición que afectan al ser humano, de acuerdo a los índices establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, señaló Carrasco y agregó que “nuestro objetivo es que el solmáforo sirva como instrumento de medición y que se pueda replicar en otros lugares de la Provincia”.
La mejora del solmáforo forma parte de los objetivos de este año del sector de Proyectos Especiales de la Secretaría de Ciencia que, entre otras cosas, trabaja todo el año con la muestra interactiva “Ciencia en Movimiento”, con el fin de potenciar la acción de divulgación adaptándose a diferentes lugares de la Provincia.
Esta muestra con sus actividades lúdicas y elementos interactivos incorporará al destinatario en las experiencias y lo incentivará a despertar vocaciones tempranas como el interés por desarrollos tecnológicos novedosos y conocimientos de la ciencia.
Con el propósito entonces de mejorar los inventos con los que ya cuenta la Secretaría, se pidió al LIRSA y su responsable, el ingeniero Alejandro Rosales, su aporte relacionado al solmáforo.
El LIRSA es reconocido a nivel internacional debido a sus investigaciones que, por ejemplo, incluyen un trabajo con la NASA y con la Universidad de Washington para medir descargas eléctricas, y con la Universidad de San Pablo para hacerlo en América del Sur; con la Universidad de Río de Janeiro para la captura de polvo en forma activa y con la Universidad de Córdoba para medir polvo en forma pasiva y cenizas, entre otros. Como parte de los servicios brindados por el LIRSA se encuentra el análisis, validación, diseño y desarrollo de instrumental de precisión relacionado con la física de la atmósfera, capacitaciones a docentes y charlas de divulgación en la sociedad respecto a la temática.
.
Cordoboses estudian los Yaguareté de Corrientes
Estudian al Yaguareté de Corrientes con técnicas no invasivas
Fecha de Publicación: 18/01/2018
Fuente: FM Impacto 107
Provincia/Región: Corrientes - Córdoba
En Córdoba (Argentina) trabaja uno de los pocos equipos científicos de Latinoamérica especializado en este método. Presta servicios a zoológicos, centros de conservación y laboratorios. Trabajó con chichillas domésticas, yaguaretés, monos carayá y ciervos de los pantanos. Los análisis que implementan permiten identificar la concentración de determinadas hormonas en la orina, heces e incluso la saliva de distintos mamíferos.
La chinchilla doméstica es un roedor desconocido para el común de las personas. Sólo algunos grupos de científicos alrededor del mundo se preocupan por este pequeño mamífero, que se encuentra en peligro de extinción y cuya piel es tan sofisticada que cotiza a precios exorbitantes en el mercado internacional. Uno de estos equipos trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (Inicsa), perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y al Conicet.
Cuando los científicos estudian especies en riesgo de desaparecer, el primer paso para intentar restablecer las poblaciones naturales es conocer su biología reproductiva. A esto se abocaron los especialistas, pero se toparon con un grave problema. Las venas de la chichilla son muy pequeñas y resultaba dificultoso extraerles sangre, sumado a que se estresan muy fácilmente. Esto impedía conocer, por ejemplo, los ciclos sexuales de la hembra o los niveles de testosterona en los machos.
Frente a esta dificultad, los investigadores del Inicsa se especializaron en una técnica que permite examinar el sistema reproductivo de los mamíferos sin tener contacto con los animales. Actualmente, son unos de los pocos equipos científicos que manejan esta técnica en América Latina y brindan servicios a zoológicos, centros de conservación y laboratorios con animales de experimentación.
El trabajo con la chinchilla resultó tener una gran potencialidad para ser replicado en otros animales silvestres o en cautiverio, e incluso con aquellos a los cuales, por su fisiología, resulta muy dificultoso practicarles extracciones de sangre. Marina Ponzio, miembro del Inicsa y principal responsable de esta línea de investigación, describe las ventajas del método: “Con esta técnica, en vez de obtener muestras de sangre se hace un monitoreo a través de los metabolitos de las hormonas que circulan en la sangre y que –luego de metabolizarse– pasan a la orina, la materia fecal, las plumas o la saliva de los animales”.
Conocer el estado endócrino de los organismos implica determinar cómo están las hormonas de las especies. “Dentro de la gran variedad de hormonas que regulan la fisiología animal, las estrógenos (hormonas femeninas aka), andrógenos (hormonas masculinas); y cortisonas.”>esteroideas son las que regulan el eje reproductivo y tiroideo o las que tienen que ver con el estrés”, apunta Ponzio.
“Gracias a este método, pudimos empezar a trabajar con animales a los que no se les puede extraer sangre todos los días, pero sí recoger su materia fecal”, completa la investigadora.
El método se desarrolló en Estados Unidos y desde allí se importan los anticuerpos necesarios para aplicarlo. Los anticuerpos son las sustancias que permiten detectar las hormonas. “Se trata de anticuerpos policlonales, desarrollados especialmente para detectar metabolitos en materia fecal y orina, que se diseñan en la Universidad de Davis (California), y que pudimos traer a la Argentina”, completa Ponzio, que fue la primera científica argentina en viajar para especializarse en esta técnica.
El grupo de científicos brindó sus servicios a numerosas instituciones públicas y privadas, trabajando con distintas especies.
El yaguareté en Corrientes: Del centro de conservación ubicado en esa provincia solicitaron al Inicsa informes sobre los ciclos sexuales de sus ejemplares de yaguareté, especie que está en peligro de extinción. Envían las muestras a Córdoba y aquí se realizaron los dosajes de hormonas sexuales (progesterona y estrógeno) para comprobar si una hembra estaba preñada y otros datos complementarios.
El mono carayá: También desde Corrientes. Miembros de un instituto científico necesitaban saber si los monos que viven en bosques en proceso de desforestación sufren mayor estrés que los que viven en un hábitat natural.
El ciervo de los pantanos: El conocido parque zoológico Temaikén, ubicado en la provincia de Buenos Aires, también contrató el servicio de los científicos de la UNC para monitorear los ciclos sexuales de sus ciervos de los pantanos que se conservan allí. Esta especie también se encuentra en peligro de extinción.
Animales de laboratorio: A varias instituciones científicas que experimentan con animales de laboratorio –generalmente ratas o ratones– también encuentran esta metodología no invasiva muy útil y práctica, ya que les permite seguir la función endocrina a largo plazo. Un caso es una línea de investigación sobre el cáncer en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que necesitaba conocer la correlación entre estrés y desarrollo tumoral en ratones. Otro caso fue el de una institución que necesitaba determinar el nivel de progesterona (una hormona sexual) en animales que son sometidos a determinados tratamientos nutricionales.
Con el paso de los siglos, la ciencia fue descubriendo distintas formas en que el organismo de los mamíferos brinda información. Ello fue posible no sólo por la curiosidad de científicos, sino también por el desarrollo de artefactos tecnológicos que posibilitaron la aplicación de ciertas técnicas.
Uno de los canales de comunicación con el cuerpo son las hormonas, sustancias químicas que secretan algunos órganos y terminan formando parte del material de desecho. Si bien brindan información específica y muy valiosa, el problema es poder decodificar estos mensajes.
Esa es la tarea que realizan en el Inicsa mediante ensayos bioquímicos. ¿Cómo? Se recubre una placa de plástico con anticuerpos, que es una sustancia que reaccionará contra las hormonas. Sobre esta placa se depositan extractos de las muestras de materia fecal o la orina. Luego, los anticuerpos especialmente diseñados contra estas hormonas se adhieren a las hormonas.
Para identificar esta reacción, se aplica otro anticuerpo que –luego de un tiempo de incubación– reacciona dando un color, generalmente verde. Las placas se introducen en un aparato llamado espectrofotómetro, que ofrece un mapa de la concentración de hormonas de acuerdo a la densidad de color con las que fueron “pintadas”. Finalmente se extraen los datos.
.
Fecha de Publicación: 18/01/2018
Fuente: FM Impacto 107
Provincia/Región: Corrientes - Córdoba
En Córdoba (Argentina) trabaja uno de los pocos equipos científicos de Latinoamérica especializado en este método. Presta servicios a zoológicos, centros de conservación y laboratorios. Trabajó con chichillas domésticas, yaguaretés, monos carayá y ciervos de los pantanos. Los análisis que implementan permiten identificar la concentración de determinadas hormonas en la orina, heces e incluso la saliva de distintos mamíferos.
La chinchilla doméstica es un roedor desconocido para el común de las personas. Sólo algunos grupos de científicos alrededor del mundo se preocupan por este pequeño mamífero, que se encuentra en peligro de extinción y cuya piel es tan sofisticada que cotiza a precios exorbitantes en el mercado internacional. Uno de estos equipos trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (Inicsa), perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y al Conicet.
Cuando los científicos estudian especies en riesgo de desaparecer, el primer paso para intentar restablecer las poblaciones naturales es conocer su biología reproductiva. A esto se abocaron los especialistas, pero se toparon con un grave problema. Las venas de la chichilla son muy pequeñas y resultaba dificultoso extraerles sangre, sumado a que se estresan muy fácilmente. Esto impedía conocer, por ejemplo, los ciclos sexuales de la hembra o los niveles de testosterona en los machos.
Frente a esta dificultad, los investigadores del Inicsa se especializaron en una técnica que permite examinar el sistema reproductivo de los mamíferos sin tener contacto con los animales. Actualmente, son unos de los pocos equipos científicos que manejan esta técnica en América Latina y brindan servicios a zoológicos, centros de conservación y laboratorios con animales de experimentación.
El trabajo con la chinchilla resultó tener una gran potencialidad para ser replicado en otros animales silvestres o en cautiverio, e incluso con aquellos a los cuales, por su fisiología, resulta muy dificultoso practicarles extracciones de sangre. Marina Ponzio, miembro del Inicsa y principal responsable de esta línea de investigación, describe las ventajas del método: “Con esta técnica, en vez de obtener muestras de sangre se hace un monitoreo a través de los metabolitos de las hormonas que circulan en la sangre y que –luego de metabolizarse– pasan a la orina, la materia fecal, las plumas o la saliva de los animales”.
Conocer el estado endócrino de los organismos implica determinar cómo están las hormonas de las especies. “Dentro de la gran variedad de hormonas que regulan la fisiología animal, las estrógenos (hormonas femeninas aka), andrógenos (hormonas masculinas); y cortisonas.”>esteroideas son las que regulan el eje reproductivo y tiroideo o las que tienen que ver con el estrés”, apunta Ponzio.
“Gracias a este método, pudimos empezar a trabajar con animales a los que no se les puede extraer sangre todos los días, pero sí recoger su materia fecal”, completa la investigadora.
El método se desarrolló en Estados Unidos y desde allí se importan los anticuerpos necesarios para aplicarlo. Los anticuerpos son las sustancias que permiten detectar las hormonas. “Se trata de anticuerpos policlonales, desarrollados especialmente para detectar metabolitos en materia fecal y orina, que se diseñan en la Universidad de Davis (California), y que pudimos traer a la Argentina”, completa Ponzio, que fue la primera científica argentina en viajar para especializarse en esta técnica.
El grupo de científicos brindó sus servicios a numerosas instituciones públicas y privadas, trabajando con distintas especies.
El yaguareté en Corrientes: Del centro de conservación ubicado en esa provincia solicitaron al Inicsa informes sobre los ciclos sexuales de sus ejemplares de yaguareté, especie que está en peligro de extinción. Envían las muestras a Córdoba y aquí se realizaron los dosajes de hormonas sexuales (progesterona y estrógeno) para comprobar si una hembra estaba preñada y otros datos complementarios.
El mono carayá: También desde Corrientes. Miembros de un instituto científico necesitaban saber si los monos que viven en bosques en proceso de desforestación sufren mayor estrés que los que viven en un hábitat natural.
El ciervo de los pantanos: El conocido parque zoológico Temaikén, ubicado en la provincia de Buenos Aires, también contrató el servicio de los científicos de la UNC para monitorear los ciclos sexuales de sus ciervos de los pantanos que se conservan allí. Esta especie también se encuentra en peligro de extinción.
Animales de laboratorio: A varias instituciones científicas que experimentan con animales de laboratorio –generalmente ratas o ratones– también encuentran esta metodología no invasiva muy útil y práctica, ya que les permite seguir la función endocrina a largo plazo. Un caso es una línea de investigación sobre el cáncer en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que necesitaba conocer la correlación entre estrés y desarrollo tumoral en ratones. Otro caso fue el de una institución que necesitaba determinar el nivel de progesterona (una hormona sexual) en animales que son sometidos a determinados tratamientos nutricionales.
Con el paso de los siglos, la ciencia fue descubriendo distintas formas en que el organismo de los mamíferos brinda información. Ello fue posible no sólo por la curiosidad de científicos, sino también por el desarrollo de artefactos tecnológicos que posibilitaron la aplicación de ciertas técnicas.
Uno de los canales de comunicación con el cuerpo son las hormonas, sustancias químicas que secretan algunos órganos y terminan formando parte del material de desecho. Si bien brindan información específica y muy valiosa, el problema es poder decodificar estos mensajes.
Esa es la tarea que realizan en el Inicsa mediante ensayos bioquímicos. ¿Cómo? Se recubre una placa de plástico con anticuerpos, que es una sustancia que reaccionará contra las hormonas. Sobre esta placa se depositan extractos de las muestras de materia fecal o la orina. Luego, los anticuerpos especialmente diseñados contra estas hormonas se adhieren a las hormonas.
Para identificar esta reacción, se aplica otro anticuerpo que –luego de un tiempo de incubación– reacciona dando un color, generalmente verde. Las placas se introducen en un aparato llamado espectrofotómetro, que ofrece un mapa de la concentración de hormonas de acuerdo a la densidad de color con las que fueron “pintadas”. Finalmente se extraen los datos.
.
Investigadores proponen protocolo para evaluar contaminación
Proponen un protocolo para evaluar la contaminación de espacios acuáticos
Fecha de Publicación: 18/01/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Un equipo de investigadores del Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Maza sugiere la aplicación de un protocolo para evaluar la contaminación en ambientes acuáticos. Existe la necesidad de conservar estos espacios en un estado adecuado, pero para ello se precisa el conocimiento del estado ecosanitario y determinar el riesgo ecológico por contaminación. Sucede que se trata de un proceso de evaluación integral, que provea de buenos argumentos al proceso de toma de decisiones ambientales.
Protocolo de evaluación ambiental
El proceso comprende, en primer lugar, una caracterización general y geográfica del sitio en estudio que describa la geomorfología, hidrología y la identificación de procesos contaminantes. También se caracteriza el escenario humano y el escenario ecológico.
Luego se establecen criterios para la selección de especies para el biomonitoreo, se buscan antecedentes de efectos en especies seleccionadas y se observan los disturbios antropogénicos, es decir, causados por las actividades humanas.
Posteriormente, se procede a la estimación del riesgo a partir de la caracterización de las rutas de exposición y un análisis de la contaminación ambiental con muestras y programas analíticos.
Para finalizar, se analizan los resultados y se efectúan las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Experiencias en ambientes naturales de Mendoza
Este protocolo fue aplicado por primera vez a finales del 2012 en el Embalse El Nihuil, en San Rafael, luego de que se reportaron sucesivos eventos de mortandad masiva de peces. En esa oportunidad se identificaron diversas fuentes de contaminación como zonas de cultivo, industrias, asentamientos urbanos aledaños. Se seleccionó como especie para biomonitoreo a la Perca Criolla (Percichthys trucha), pez nativo abundante en toda la región sur de Argentina. Se determinaron biomarcadores histopatológicos y genotóxicos de base para la especie y se testeó presencia de plaguicidas en sus tejidos con resultados negativos.
Laguna Llancanelo en Malargüe
Se trata de una reserva natural situada en el Departamento del sur provincial. El humedal tiene 65.000 hectáreas y se ubica a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Fue declarado sitio Ramsar por su alto valor ecológico. Ramsar es la abreviación de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas que protege dichos lugares.
Es un oasis que alberga la mayor cantidad de avifauna de Sudamérica (cerca de 150.000 individuos pertenecientes a 74 especies de aves acuáticas) destacándose, entre ellas, el flamenco común. También conviven una gran biodiversidad de especies mamíferas y comunidades vegetales.
Luego de la aplicación del protocolo ya referido, se identificaron como posibles fuentes de contaminación e impactos antropogénicos: la existencia de zonas de cultivo y los asentamientos urbanos con drenaje residual de contaminantes hacia la laguna; la explotación minera (pila de desechos de uranio) y la explotación petrolera en la reserva; la producción de bovinos y caprinos en la reserva; la introducción y expansión de especies exóticas como el tamarindo (Tamarix gallica), la liebre europea (Lepus europaeus) y el jabalí (Sus scroffa) y la disminución de la superficie de agua de la laguna por derivación de afluentes. Se identifica como la problemática más relevante la disminución y pérdida de hábitat para especies aviares de importancia, debiendo proteger la cantidad de agua que debería llegar a la laguna como primera instancia.
Se continúa trabajando en la caracterización de este ambiente utilizando geotecnologías para identificar la constitución y dinámica ecosistémica y poner en valor los recursos que ofrece esta reserva con la finalidad de mejorar las estrategias de conservación.
Un nutrido equipo de especialistas
La investigación, dirigida por María Evangelina Palma Leotta, y un equipo de veterinarios, geólogos, biólogos y gestores ambientales, trabajan en forma conjunta para lograr un análisis holístico integrado de los ambientes en estudio.
.
Fecha de Publicación: 18/01/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Un equipo de investigadores del Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales de la Universidad Maza sugiere la aplicación de un protocolo para evaluar la contaminación en ambientes acuáticos. Existe la necesidad de conservar estos espacios en un estado adecuado, pero para ello se precisa el conocimiento del estado ecosanitario y determinar el riesgo ecológico por contaminación. Sucede que se trata de un proceso de evaluación integral, que provea de buenos argumentos al proceso de toma de decisiones ambientales.
Protocolo de evaluación ambiental
El proceso comprende, en primer lugar, una caracterización general y geográfica del sitio en estudio que describa la geomorfología, hidrología y la identificación de procesos contaminantes. También se caracteriza el escenario humano y el escenario ecológico.
Luego se establecen criterios para la selección de especies para el biomonitoreo, se buscan antecedentes de efectos en especies seleccionadas y se observan los disturbios antropogénicos, es decir, causados por las actividades humanas.
Posteriormente, se procede a la estimación del riesgo a partir de la caracterización de las rutas de exposición y un análisis de la contaminación ambiental con muestras y programas analíticos.
Para finalizar, se analizan los resultados y se efectúan las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Experiencias en ambientes naturales de Mendoza
Este protocolo fue aplicado por primera vez a finales del 2012 en el Embalse El Nihuil, en San Rafael, luego de que se reportaron sucesivos eventos de mortandad masiva de peces. En esa oportunidad se identificaron diversas fuentes de contaminación como zonas de cultivo, industrias, asentamientos urbanos aledaños. Se seleccionó como especie para biomonitoreo a la Perca Criolla (Percichthys trucha), pez nativo abundante en toda la región sur de Argentina. Se determinaron biomarcadores histopatológicos y genotóxicos de base para la especie y se testeó presencia de plaguicidas en sus tejidos con resultados negativos.
Laguna Llancanelo en Malargüe
Se trata de una reserva natural situada en el Departamento del sur provincial. El humedal tiene 65.000 hectáreas y se ubica a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Fue declarado sitio Ramsar por su alto valor ecológico. Ramsar es la abreviación de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas que protege dichos lugares.
Es un oasis que alberga la mayor cantidad de avifauna de Sudamérica (cerca de 150.000 individuos pertenecientes a 74 especies de aves acuáticas) destacándose, entre ellas, el flamenco común. También conviven una gran biodiversidad de especies mamíferas y comunidades vegetales.
Luego de la aplicación del protocolo ya referido, se identificaron como posibles fuentes de contaminación e impactos antropogénicos: la existencia de zonas de cultivo y los asentamientos urbanos con drenaje residual de contaminantes hacia la laguna; la explotación minera (pila de desechos de uranio) y la explotación petrolera en la reserva; la producción de bovinos y caprinos en la reserva; la introducción y expansión de especies exóticas como el tamarindo (Tamarix gallica), la liebre europea (Lepus europaeus) y el jabalí (Sus scroffa) y la disminución de la superficie de agua de la laguna por derivación de afluentes. Se identifica como la problemática más relevante la disminución y pérdida de hábitat para especies aviares de importancia, debiendo proteger la cantidad de agua que debería llegar a la laguna como primera instancia.
Se continúa trabajando en la caracterización de este ambiente utilizando geotecnologías para identificar la constitución y dinámica ecosistémica y poner en valor los recursos que ofrece esta reserva con la finalidad de mejorar las estrategias de conservación.
Un nutrido equipo de especialistas
La investigación, dirigida por María Evangelina Palma Leotta, y un equipo de veterinarios, geólogos, biólogos y gestores ambientales, trabajan en forma conjunta para lograr un análisis holístico integrado de los ambientes en estudio.
.
En Córdoba "duermen" una decena de causas ambientales
Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
.
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
.
Salta: el río Arenales sin nadie que lo cuide
El Estado hace vista gorda a la contaminación del río Arenales
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
.
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
.
Iniciarán limpieza subacuática del río Limay
Harán una limpieza subacuática del río Limay
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El domingo se realizará una limpieza subacuática en el río Limay. La actividad comenzará en el balneario neuquino “Sandra Canale” y seguirá por 2 kilómetros y medio más.
“No hablamos de la parte terrestre del balneario sino de la limpieza subacuática con buzos profesionales que van a sanear la zona indicada. Arrancamos desde la Gatica al fondo. Ya hemos hecho estas experiencias en otras oportunidades”, explicó la subsecretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez.
Por otro lado agrego “vamos a sacar todos los residuos que hayan sido arrojados por la gente, ya que siempre hay cosas que son ajenas al río, y las tratamos de juntar para que no lastimen a nadie a través del rastreo que van a hacer los buzos especializados”, dijo la subsecretaria Gutiérrez.
.
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El domingo se realizará una limpieza subacuática en el río Limay. La actividad comenzará en el balneario neuquino “Sandra Canale” y seguirá por 2 kilómetros y medio más.
“No hablamos de la parte terrestre del balneario sino de la limpieza subacuática con buzos profesionales que van a sanear la zona indicada. Arrancamos desde la Gatica al fondo. Ya hemos hecho estas experiencias en otras oportunidades”, explicó la subsecretaria de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez.
Por otro lado agrego “vamos a sacar todos los residuos que hayan sido arrojados por la gente, ya que siempre hay cosas que son ajenas al río, y las tratamos de juntar para que no lastimen a nadie a través del rastreo que van a hacer los buzos especializados”, dijo la subsecretaria Gutiérrez.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios