Glifosato en Rosario: el lunes se sabrá que pasa
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Frenan la marcha atrás de la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Córdoba tendrá un nuevo gran parque nacional
La estancia más grande de la región será parque nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Residuos al mar, una práctica constante
Vecinos alertan que se siguen arrojando residuos al mar
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: El Diariode Madryn
Provincia/Región: Chubut
La problemática no es nueva y, desde hace años, persiste en la comunidad local el reclamo por sanciones más duras para quienes arrojan basura al mar, al tiempo que muchos de los habitantes de la ciudad del Golfo plantean un mayor abordaje de cuestiones relacionadas a la ecología y la salud pública, temáticas atadas de manera directa, por ejemplo, a los servicios públicos y los controles institucionales.
Días atrás, vecinos advirtieron al Diario por cajones de pescado arrojados en la zona de la Lobería, un espacio natural y principal foco de interés de turistas y locales, que muchas veces resulta convertirse en el sitio donde decanta mucha de la basura que es arrojada al mar por buques que se dedican a la explotación de recursos de la zona.
Otra cuestión reciente fue la esperada audiencia en la que se debatirían los resultados de la medición de la contaminación del aire en Puerto Madryn, encuentro que habría sido suspendido debido a presiones de distintos espacios, y que dejó pendiente una discusión que muchas veces ha sido planteada en el seno de la comunidad local.
Sumado a ello, también existen diversas “deudas pendientes” en materia de servicios públicos, asociadas de manera directa a la calidad de vida; una de ellas es el sistema clocal, inexistente en sectores como el Parque Industrial, donde la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA) levantó un vistoso edificio, con instalaciones y tecnología “de punta” pero que, actualmente, no dispone de cloacas.
Residuos flotantes
El fin de semana, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) realizó una profunda limpieza de los fondos en los Sitios 5 y 6 del muelle Almirante Storni, en el muelle pesquero, donde suelen cargar y descargar los buques pesqueros.
En este sentido, aseguraron que se requirió de “una campaña extraordinaria”, debido a la labor en la última temporada de la pesca del langostino, en el marco de una serie de tareas que buscan mantener limpios los fondos marinos de los sitios en donde amarran los buques, evitando la acumulación de residuos que pueden perjudicar las hélices de los barcos y contaminar el Golfo Nuevo, como alguna vez ha ocurrido.
Durante los procedimientos, recolectaron la insólita cifra de 200 cubiertas, parrillas de poteros, baterías, redes, cabos, cables de acero, canaletas metálicas, envases de lubricantes y otros insumos pertenecientes a las embarcaciones, lo que obligó a utilizar más de diez volquetes.
Acto seguido, repararán las defensas de los sitios y las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de las grúas y las luminarias, al tiempo que también realizarán reparaciones en las juntas y extenderá la fibra óptica para instalar nuevas cámaras de control en el área.
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: El Diariode Madryn
Provincia/Región: Chubut
La problemática no es nueva y, desde hace años, persiste en la comunidad local el reclamo por sanciones más duras para quienes arrojan basura al mar, al tiempo que muchos de los habitantes de la ciudad del Golfo plantean un mayor abordaje de cuestiones relacionadas a la ecología y la salud pública, temáticas atadas de manera directa, por ejemplo, a los servicios públicos y los controles institucionales.
Días atrás, vecinos advirtieron al Diario por cajones de pescado arrojados en la zona de la Lobería, un espacio natural y principal foco de interés de turistas y locales, que muchas veces resulta convertirse en el sitio donde decanta mucha de la basura que es arrojada al mar por buques que se dedican a la explotación de recursos de la zona.
Otra cuestión reciente fue la esperada audiencia en la que se debatirían los resultados de la medición de la contaminación del aire en Puerto Madryn, encuentro que habría sido suspendido debido a presiones de distintos espacios, y que dejó pendiente una discusión que muchas veces ha sido planteada en el seno de la comunidad local.
Sumado a ello, también existen diversas “deudas pendientes” en materia de servicios públicos, asociadas de manera directa a la calidad de vida; una de ellas es el sistema clocal, inexistente en sectores como el Parque Industrial, donde la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA) levantó un vistoso edificio, con instalaciones y tecnología “de punta” pero que, actualmente, no dispone de cloacas.
Residuos flotantes
El fin de semana, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) realizó una profunda limpieza de los fondos en los Sitios 5 y 6 del muelle Almirante Storni, en el muelle pesquero, donde suelen cargar y descargar los buques pesqueros.
En este sentido, aseguraron que se requirió de “una campaña extraordinaria”, debido a la labor en la última temporada de la pesca del langostino, en el marco de una serie de tareas que buscan mantener limpios los fondos marinos de los sitios en donde amarran los buques, evitando la acumulación de residuos que pueden perjudicar las hélices de los barcos y contaminar el Golfo Nuevo, como alguna vez ha ocurrido.
Durante los procedimientos, recolectaron la insólita cifra de 200 cubiertas, parrillas de poteros, baterías, redes, cabos, cables de acero, canaletas metálicas, envases de lubricantes y otros insumos pertenecientes a las embarcaciones, lo que obligó a utilizar más de diez volquetes.
Acto seguido, repararán las defensas de los sitios y las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de las grúas y las luminarias, al tiempo que también realizarán reparaciones en las juntas y extenderá la fibra óptica para instalar nuevas cámaras de control en el área.
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Río Negro: un historial del contaminación hídrica
Ríos de la región: contaminación eterna
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Estimado lector: lo invito a comprender la magnitud del desastre que señala el título del “Río Negro”, editorial de página 21, “Ríos enfermos” y en una edición anterior “Allen: peces muertos, río contaminado”.
Yo invito a Nación, gobiernos de Río Negro y Neuquén y entes responsables como son AIC, EPAS, DPA y municipios a que por este medio desmientan y nos informen si en algo estamos equivocados.
Corría 1977, enero, cuando tuve la suerte de radicarme en este hermoso valle. Poco después me enteré de que en Villa Regina Nación instaló a través de INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) un laboratorio de alto nivel para analizar los cordones umbilicales de los nacidos con malformaciones congénitas, en Alto Valle, porcentaje enormemente más elevado que la media del país.
Hace cuarenta años ya se sospechaba de los agroquímicos. Ninguna conclusión se conoció. Misteriosamente, un tiempo después se cerró, sin que yo sepa que dejara algún resultado de sus investigaciones. Las multinacionales (laboratorios, etc.) son muy poderosas.
Al día de hoy, diciembre del 2017, nunca me enteré que las entidades mencionadas, cuya responsabilidad principal, entre otras, debía ser “controlar y evitar la contaminación”, no hicieron estudios al respecto. Es por eso que –lo señalan los artículos del diario– todos se sacan el sayo, y se sabe que hay contaminación química pero no si es agrícola o industrial.
La pregunta lógica sería: ¿qué hicieron las mencionadas entidades en estos cuarenta años, aparte de consumir abultados presupuestos? ¿Qué hicieron? Queda la pregunta flotando en las poblaciones de Neuquén y Río Negro, que saben que su vida, en esta zona “esteparia”, sólo es posible gracias a los maravillosos ríos que la surcan; saben que acá el agua es vida.
Y quizás la aproximación a una respuesta en los últimos años se dio gracias a que fue necesario recurrir a la Justicia para que se ocupara de una contaminación que “a la larga o a la corta, mata”. Hay varios recursos de amparo en la Justicia Federal y provincial. Pese a ello, Neuquén, cuya capital nos regaló por años siete millones de m³/día de efluentes cloacales sin tratar, se resiste, ilegalmente, a aplicar su propia ley 3076 de alerta hídrica.
Recojo un párrafo del mencionado editorial: “(...) tanto a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC, como la Provincia y varios municipios les faltan acciones para disminuir la contaminación de los ríos en la zona Confluencia”.
Agrega “Río Negro” al final: “Debe llegarse al ‘volcado cero’ de cloacales. Neuquén debe reglamentar inmediatamente la ley 3076, fundamental para prevenir, monitorear y sancionar la contaminación de nuestras fuentes de agua. Y las autoridades de Río Negro, que es el sumidero receptor de esta contaminación, deben exigirlo y además aplicarlo en nuestra provincia. Y la Justicia Federal y Provincial pareciera, al menos a nivel Nación, que están ‘sacando la cabeza fuera del agua’. Deberían intervenir, aun ‘de facto’”.
Cuando se habla de contaminación hídrica, a no muy largo plazo, también se habla de preservar la vida. Y está la necesidad y obligación de todos, pero principalmente de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que tienen los medios económicos y la capacidad sancionatoria y cada cuatro años nos piden nuestro voto. No se lo demos, amigo lector, a quienes sigan contaminando. Es una deuda de honor con nuestros descendientes. Quizás su vida, a futuro, dependa dramáticamente de las aguas, que hoy nuestras autoridades parecieran no saber o no querer preservar.
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Estimado lector: lo invito a comprender la magnitud del desastre que señala el título del “Río Negro”, editorial de página 21, “Ríos enfermos” y en una edición anterior “Allen: peces muertos, río contaminado”.
Yo invito a Nación, gobiernos de Río Negro y Neuquén y entes responsables como son AIC, EPAS, DPA y municipios a que por este medio desmientan y nos informen si en algo estamos equivocados.
Corría 1977, enero, cuando tuve la suerte de radicarme en este hermoso valle. Poco después me enteré de que en Villa Regina Nación instaló a través de INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) un laboratorio de alto nivel para analizar los cordones umbilicales de los nacidos con malformaciones congénitas, en Alto Valle, porcentaje enormemente más elevado que la media del país.
Hace cuarenta años ya se sospechaba de los agroquímicos. Ninguna conclusión se conoció. Misteriosamente, un tiempo después se cerró, sin que yo sepa que dejara algún resultado de sus investigaciones. Las multinacionales (laboratorios, etc.) son muy poderosas.
Al día de hoy, diciembre del 2017, nunca me enteré que las entidades mencionadas, cuya responsabilidad principal, entre otras, debía ser “controlar y evitar la contaminación”, no hicieron estudios al respecto. Es por eso que –lo señalan los artículos del diario– todos se sacan el sayo, y se sabe que hay contaminación química pero no si es agrícola o industrial.
La pregunta lógica sería: ¿qué hicieron las mencionadas entidades en estos cuarenta años, aparte de consumir abultados presupuestos? ¿Qué hicieron? Queda la pregunta flotando en las poblaciones de Neuquén y Río Negro, que saben que su vida, en esta zona “esteparia”, sólo es posible gracias a los maravillosos ríos que la surcan; saben que acá el agua es vida.
Y quizás la aproximación a una respuesta en los últimos años se dio gracias a que fue necesario recurrir a la Justicia para que se ocupara de una contaminación que “a la larga o a la corta, mata”. Hay varios recursos de amparo en la Justicia Federal y provincial. Pese a ello, Neuquén, cuya capital nos regaló por años siete millones de m³/día de efluentes cloacales sin tratar, se resiste, ilegalmente, a aplicar su propia ley 3076 de alerta hídrica.
Recojo un párrafo del mencionado editorial: “(...) tanto a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC, como la Provincia y varios municipios les faltan acciones para disminuir la contaminación de los ríos en la zona Confluencia”.
Agrega “Río Negro” al final: “Debe llegarse al ‘volcado cero’ de cloacales. Neuquén debe reglamentar inmediatamente la ley 3076, fundamental para prevenir, monitorear y sancionar la contaminación de nuestras fuentes de agua. Y las autoridades de Río Negro, que es el sumidero receptor de esta contaminación, deben exigirlo y además aplicarlo en nuestra provincia. Y la Justicia Federal y Provincial pareciera, al menos a nivel Nación, que están ‘sacando la cabeza fuera del agua’. Deberían intervenir, aun ‘de facto’”.
Cuando se habla de contaminación hídrica, a no muy largo plazo, también se habla de preservar la vida. Y está la necesidad y obligación de todos, pero principalmente de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que tienen los medios económicos y la capacidad sancionatoria y cada cuatro años nos piden nuestro voto. No se lo demos, amigo lector, a quienes sigan contaminando. Es una deuda de honor con nuestros descendientes. Quizás su vida, a futuro, dependa dramáticamente de las aguas, que hoy nuestras autoridades parecieran no saber o no querer preservar.
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Riachuelo: de villa a paseo costero
Reubican a 118 familias para transformar la villa 26 en un paseo costero
Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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Advierten del estado ambiental del río Neuquén
El río Neuquén tiene serio riesgo de daño ambiental
Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La salud del río Neuquén pende de un hilo. O mejor dicho, de tiempo y dinero. Este río, que goza de uno de los paisajes más atractivos de la zona, está en serio riesgo de contaminarse en forma total.
El problema no es nuevo, pero el ecosistema de la ribera hoy está expuesto a los desperfectos de las plantas cloacales, residuos agrotóxicos de la zona rural y también, según afirman los ambientalistas, a los manejos de algunas empresas en Vaca Muerta.
Este cóctel peligroso llegó a un límite y este año la Justicia Federal habilitó un amparo colectivo por la denuncia de vecinos de Centenario que viven aguas abajo de la planta cloacal. Ente otras cosas, dispuso que se impulse un plan de inversiones para sanear el río y que se lo someta a una audiencia pública para debatir un proyecto ambiental, que se realizará el 12 de diciembre en esa ciudad.
El defensor oficial federal de Neuquén, Pablo Matkovic, aseguró que es la primera vez que se realizará un audiencia pública ambiental por la contaminación de los ríos en el país. Pero el problema también viene aguas arriba y hasta la misma Defensoría está recibiendo planteos de ciudades como Cinco Saltos, para evitar que la contaminación llegue a niveles mayores en el río.
“Cuando llegó el caso de Centenario, abordamos el trabajo en esa planta porque la gente se acercó, denunció y encontramos pruebas concretas de eso. Desde el Municipio, el intendente (Esteban Cimolai) nunca nos puso trabas para trabajar”, explicó Matkovic.
El proyecto para reactivar al 100% de la planta cuesta 91.337.506 pesos en una primera etapa. Pero para sanear la ciudad con obras nuevas troncales de cloacas y conexiones domiciliarias, la iniciativa técnica no baja de 200 millones de pesos.
La imagen de la contaminación no es la de una foto constante y depende del nivel de caudal del río y de los monitoreos en los distintos puntos. En Centenario, los monitores de 2015 y 2016, más algunas notificaciones de la dirección provincial de Recursos Hídricos (la 0036/15) ya advertían sobre el mal manejo de la planta cloacal y sobre los vertidos crudos al río Neuquén. En la cédula, ese organismo provincial había detectado un baipás alternativo por donde la planta arrojaba líquidos sin tratar en forma constante al río. Se le pidió a la comuna el cese inmediato de los vertidos, que recién lo pudo hacer esta gestión el pasado 6 de enero.
Incluso hoy, con algunos desperfectos electromecánicos y más de 40 millones de pesos invertidos, persisten algunos problemas cada vez que la planta se queda sin energía. Un problema de fondo que se soluciona con más dinero.
Sanear las aguas está por encima de la obra pública
El tema de la salud de los ríos y la contaminación es una prioridad por encima de la obra pública, de acuerdo con lo planteado por el intendente de Centenario, Esteban Cimolai.
En ese sentido, a principio de este año suspendió la Fiesta del Pionero, un festejo que se hacía desde 2010, y tuvo un austero aniversario de Centenario, el 11 de octubre pasado.
En casi dos años la comuna destinó alrededor de 40 millones de pesos a inversión de saneamiento, no sólo en la planta. Aunque los resultados son por ahora de mantenimiento, hasta que se apruebe el proyecto para restablecer la planta cloacal, que fue modelo en la década de los 90 pero que nunca funcionó por completo.
El proyecto en cuestión está en los despachos del Ente Nacional de Obras Hídricas Sanitarias (Enohsa) y espera una definición que, por ahora, está estancada desde lo político y financiero. Neuquén capital y Loncopué tienen proyectos similares y Centenario está relegada en tercer lugar a la espera de fondos nacionales de ese organismo.
Mientras tanto, el río espera. No sólo dinero, sino volver a ese tiempo de aguas limpias y saludables.
El clima de mayor tensión ocurrió a finales de 2015, cuando el Municipio de Centenario realizó una denuncia por un presunto sabotaje en la planta cloacal. La Justicia Federal recorrió las instalaciones y halló elementos y datos para sostener que la investigación involucra a funcionarios públicos.
Luego, un grupo de vecinos interpuso una medida cautelar y la Defensoría Oficial Federal del Neuquén les dio directivas a la comuna y a la AIC para trabajar en un proyecto para evitar la contaminación.
Pero la repercusión fue tan grande que la problemática tuvo eco el año pasado en el río Limay, donde se cerraron balnearios por un tiempo, debido a la contaminación.
Un drama regional que involucra a más ciudades y sus plantas de tratamiento
La materia fecal
El límite de Escherichia coli en el agua, para ser apta para recreación, es de 200 bacterias por mililitro. En la zona de Centenario y parte de Vista Alegre se hallaron en su momento 25 veces más de los niveles permitidos.
Todos los municipios
Si bien hay una denuncia de contaminación en la planta cloacal de Centenario, río arriba también hay monitoreos. En los últimos meses se constataron altos niveles de Eschericia coli en el sector de Cinco Saltos, en Río Negro, que también utiliza el río Neuquén.
Una causa penal
Por la contaminación, están imputados en una causa federal penal el ex intendente Javier Bertoldi y el actual, Esteban Cimolai, quien se puso al frente de una campaña para sanear la planta con fondos municipales y gestión.
Participar de la audiencia
Los vecinos interesados en discutir el proyecto pueden anotarse en la página oficial del Municipio de Centenario, www.centenario.gov.ar/audiencia-publica/, o dirigirse al Palacio Municipal ubicado en San Martín e Intendente Pons de esa localidad.
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Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La salud del río Neuquén pende de un hilo. O mejor dicho, de tiempo y dinero. Este río, que goza de uno de los paisajes más atractivos de la zona, está en serio riesgo de contaminarse en forma total.
El problema no es nuevo, pero el ecosistema de la ribera hoy está expuesto a los desperfectos de las plantas cloacales, residuos agrotóxicos de la zona rural y también, según afirman los ambientalistas, a los manejos de algunas empresas en Vaca Muerta.
Este cóctel peligroso llegó a un límite y este año la Justicia Federal habilitó un amparo colectivo por la denuncia de vecinos de Centenario que viven aguas abajo de la planta cloacal. Ente otras cosas, dispuso que se impulse un plan de inversiones para sanear el río y que se lo someta a una audiencia pública para debatir un proyecto ambiental, que se realizará el 12 de diciembre en esa ciudad.
El defensor oficial federal de Neuquén, Pablo Matkovic, aseguró que es la primera vez que se realizará un audiencia pública ambiental por la contaminación de los ríos en el país. Pero el problema también viene aguas arriba y hasta la misma Defensoría está recibiendo planteos de ciudades como Cinco Saltos, para evitar que la contaminación llegue a niveles mayores en el río.
“Cuando llegó el caso de Centenario, abordamos el trabajo en esa planta porque la gente se acercó, denunció y encontramos pruebas concretas de eso. Desde el Municipio, el intendente (Esteban Cimolai) nunca nos puso trabas para trabajar”, explicó Matkovic.
El proyecto para reactivar al 100% de la planta cuesta 91.337.506 pesos en una primera etapa. Pero para sanear la ciudad con obras nuevas troncales de cloacas y conexiones domiciliarias, la iniciativa técnica no baja de 200 millones de pesos.
La imagen de la contaminación no es la de una foto constante y depende del nivel de caudal del río y de los monitoreos en los distintos puntos. En Centenario, los monitores de 2015 y 2016, más algunas notificaciones de la dirección provincial de Recursos Hídricos (la 0036/15) ya advertían sobre el mal manejo de la planta cloacal y sobre los vertidos crudos al río Neuquén. En la cédula, ese organismo provincial había detectado un baipás alternativo por donde la planta arrojaba líquidos sin tratar en forma constante al río. Se le pidió a la comuna el cese inmediato de los vertidos, que recién lo pudo hacer esta gestión el pasado 6 de enero.
Incluso hoy, con algunos desperfectos electromecánicos y más de 40 millones de pesos invertidos, persisten algunos problemas cada vez que la planta se queda sin energía. Un problema de fondo que se soluciona con más dinero.
Sanear las aguas está por encima de la obra pública
El tema de la salud de los ríos y la contaminación es una prioridad por encima de la obra pública, de acuerdo con lo planteado por el intendente de Centenario, Esteban Cimolai.
En ese sentido, a principio de este año suspendió la Fiesta del Pionero, un festejo que se hacía desde 2010, y tuvo un austero aniversario de Centenario, el 11 de octubre pasado.
En casi dos años la comuna destinó alrededor de 40 millones de pesos a inversión de saneamiento, no sólo en la planta. Aunque los resultados son por ahora de mantenimiento, hasta que se apruebe el proyecto para restablecer la planta cloacal, que fue modelo en la década de los 90 pero que nunca funcionó por completo.
El proyecto en cuestión está en los despachos del Ente Nacional de Obras Hídricas Sanitarias (Enohsa) y espera una definición que, por ahora, está estancada desde lo político y financiero. Neuquén capital y Loncopué tienen proyectos similares y Centenario está relegada en tercer lugar a la espera de fondos nacionales de ese organismo.
Mientras tanto, el río espera. No sólo dinero, sino volver a ese tiempo de aguas limpias y saludables.
El clima de mayor tensión ocurrió a finales de 2015, cuando el Municipio de Centenario realizó una denuncia por un presunto sabotaje en la planta cloacal. La Justicia Federal recorrió las instalaciones y halló elementos y datos para sostener que la investigación involucra a funcionarios públicos.
Luego, un grupo de vecinos interpuso una medida cautelar y la Defensoría Oficial Federal del Neuquén les dio directivas a la comuna y a la AIC para trabajar en un proyecto para evitar la contaminación.
Pero la repercusión fue tan grande que la problemática tuvo eco el año pasado en el río Limay, donde se cerraron balnearios por un tiempo, debido a la contaminación.
Un drama regional que involucra a más ciudades y sus plantas de tratamiento
La materia fecal
El límite de Escherichia coli en el agua, para ser apta para recreación, es de 200 bacterias por mililitro. En la zona de Centenario y parte de Vista Alegre se hallaron en su momento 25 veces más de los niveles permitidos.
Todos los municipios
Si bien hay una denuncia de contaminación en la planta cloacal de Centenario, río arriba también hay monitoreos. En los últimos meses se constataron altos niveles de Eschericia coli en el sector de Cinco Saltos, en Río Negro, que también utiliza el río Neuquén.
Una causa penal
Por la contaminación, están imputados en una causa federal penal el ex intendente Javier Bertoldi y el actual, Esteban Cimolai, quien se puso al frente de una campaña para sanear la planta con fondos municipales y gestión.
Participar de la audiencia
Los vecinos interesados en discutir el proyecto pueden anotarse en la página oficial del Municipio de Centenario, www.centenario.gov.ar/audiencia-publica/, o dirigirse al Palacio Municipal ubicado en San Martín e Intendente Pons de esa localidad.
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Investigan matanza de vicuñas en Catamarca
Ambiente viajó a Fiambalá para investigar la matanza de vicuñas
Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de las denuncias realizadas por la matanza de vicuñas en Fiambalá, una comitiva de agentes de la Secretaría de Ambiente de la provincia, junto a propietarios de los campos donde fueron encontrados un centenar de animales muertos viajaron al lugar para continuar con las investigaciones de rigor.
Ayer por la tarde se esperaba que el personal de Ambiente realizara una tarea de observación en el lugar para avanzar con las investigaciones correspondientes.
La familia Rodríguez propietaria de campos ubicados en los parajes “Chucula”, “Las Peladas” y “Las Grutas”, donde desde hace al menos siete años se instala un proyecto de esquila de vicuñas fueron quienes denunciaron lo sucedido en primera instancia ante Gendarmería Nacional con sede en Tinogasta y en los últimos días ante Ambiente.
Graves daños
Por la situación señalaron que se trata de una gran pérdida ambiental y también económica para el desarrollo de la actividad en este lugar, ya que por lo sucedido la esquila o “chaku” tal como se llama tradicionalmente, no pudo concretarse en dos de los mencionados parajes y señalaron que pasaran años hasta que los animales vuelvan a recobrar la confianza para poder ser esquilados. Estiman que lo sucedido genera pérdidas superiores a los 100.000 dólares.
La esquila
La esquila de la vicuña es una costumbre ancestral que se utiliza, en diferentes departamentos de la provincia, para obtener la lana con la que luego se confeccionarán diferentes prendas.
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Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de las denuncias realizadas por la matanza de vicuñas en Fiambalá, una comitiva de agentes de la Secretaría de Ambiente de la provincia, junto a propietarios de los campos donde fueron encontrados un centenar de animales muertos viajaron al lugar para continuar con las investigaciones de rigor.
Ayer por la tarde se esperaba que el personal de Ambiente realizara una tarea de observación en el lugar para avanzar con las investigaciones correspondientes.
La familia Rodríguez propietaria de campos ubicados en los parajes “Chucula”, “Las Peladas” y “Las Grutas”, donde desde hace al menos siete años se instala un proyecto de esquila de vicuñas fueron quienes denunciaron lo sucedido en primera instancia ante Gendarmería Nacional con sede en Tinogasta y en los últimos días ante Ambiente.
Graves daños
Por la situación señalaron que se trata de una gran pérdida ambiental y también económica para el desarrollo de la actividad en este lugar, ya que por lo sucedido la esquila o “chaku” tal como se llama tradicionalmente, no pudo concretarse en dos de los mencionados parajes y señalaron que pasaran años hasta que los animales vuelvan a recobrar la confianza para poder ser esquilados. Estiman que lo sucedido genera pérdidas superiores a los 100.000 dólares.
La esquila
La esquila de la vicuña es una costumbre ancestral que se utiliza, en diferentes departamentos de la provincia, para obtener la lana con la que luego se confeccionarán diferentes prendas.
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Bajamos la performance climática
G20: baja performance climática de la Argentina, según un reporte internacional
Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En Argentina, el aporte per cápita de gases de efecto invernadero es de 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente, más que lo que contamina un mexicano, un italiano o un brasileño
La política argentina en materia de acción climática sacó una mala nota. Así lo indica un informe internacional realizado por Climate Transparency que analiza las acciones de los países del G20, espacio que el país presidirá desde hoy durante un año.
"Si bien la Argentina no llega a representar el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del grupo de países, cuando se analiza el aporte per cápita ese número trepa a 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es más que lo que contamina un mexicano, un italiano o un brasileño", explica Hannah Schindler, representante de Climate Transparency, una entidad que agrupa científicos, universidades y ONGs de todo el mundo.
El reporte anual conocido como el Brown to Green Report (avance en la descarbonización de la economía de los países del G20) explica las razones por las que Argentina tiene muchas potencialidades respecto de las nuevas energías, pero aún están inconclusas.
"Las emisiones de Argentina se han incrementado lenta, pero sostenidamente desde los años 90; los sectores de la agricultura y la energía contribuyeron más a las emisiones globales de GEI. Se espera que las emisiones aumenten más rápido hasta 2030", indica el informe. Y continúa: "Los expertos argentinos siguen calificando el desempeño de la política en muchos sectores como bajo. Señalan que se necesita mejorar su marco de política nacional y establecer objetivos más ambiciosos y específicos para cada sector. Su evaluación de las energías renovables mejoró ligeramente".
¿Pero cuáles son las acciones que mantienen baja la performance del país? "Hay que plantearlo desde el punto de vista de las potencialidades que tiene Argentina pero que aún no están implementados. El país no marca bien porque hay muchas promesas que aún no están en acción", explica Enrique Maurtua Konstantinidis, experto en Cambio Climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El miércoles, por caso, hubo dos grandes avances en materia de renovación de las fuentes de generación eléctrica: el Senado sancionó la ley de generación distribuida por la que los consumidores podrán generar su propia energía y aportar al sistema y se adjudicaron otros 1408 MW de renovables. "El tema es que todavía no están en marcha, cuando esto sea una realidad probablemente el informe le dé un poco mejor al país", agrega Maurtua Konstantinidis.
Una de las políticas que baja la nota del país tiene que ver con la apuesta por los combustibles fósiles como son el petróleo y el gas, por ejemplo en Vaca Muerta. "Argentina aportó USD 13,6 mil millones en subsidios a los combustibles fósiles en 2014. Al mismo tiempo, recientemente ha estado invirtiendo fuertemente en la exploración y el desarrollo de nuevas reservas de petróleo y gas, incluyendo a través de incentivos fiscales para las empresas", sostiene el trabajo analítico presentado en 2017.
"Argentina está dentro del grupo de países que más subsidian a los combustibles fósiles, hay intenciones de modificar eso. Pero, así como hay potencialidades positivas con planes de descarbonización, el reporte se basa en los hechos, si no está no se contabiliza", sostiene el experto.
La posibilidad de crear un impuesto al carbono es otra de las discusiones pendientes en la agenda política, aunque se trabaja hoy con un borrador en el Congreso.
En el seno del G20, Alemania, durante su presidencia, había conseguido que Clima y Energía fueran parte del mismo grupo de discusión, precisamente por las implicancias y la interrelación entre unas y otras. La presión de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump no quiere formar parte del Acuerdo de París que compromete a los países a reducir los gases contaminantes para que la temperatura planetaria no suba más de 2ºC en promedio, ese grupo se dividió.
"El gobierno argentino para el 2018 decidió separar ambos temas en dos grupos, el de transición energética y el de sostenibilidad climática. Desde la sociedad civil argentina se espera que esta separación pueda desarrollar la agenda climática de manera positiva. Sobre todo porque la cumbre de líderes del G20 se llevará a cabo dos días antes de que comience la COP24 de Cambio climático en Katowice, Polonia, donde la CMNUCC deberá cerrar el reglamento del Acuerdo de París", dice un comunicado elaborado por un grupo de ONG ambientalistas que forman parte del C20 (Sociedad Civil).
"El G20 presentará una oportunidad única para que Argentina muestre todos los avances en materia de renovables, y avances en la contribución nacional de cambio climático y que apalanque mayor acción climática en un año en que la ambición climática estará en la mira de todo el mundo. Es importante que el presidente, Mauricio Macri, pueda liderar en esta oportunidad para que se envíen los mensajes correctos para conseguir la "sostenibilidad climática", agrega el comunicado.
Argentina ha anunciado que la educación y el trabajo serán pilares fundamentales en las discusiones de ese enorme megáfono que es el G20 para los inversores. Tal vez llegó la hora de que se pongan plazos para una transición energética necesaria con la conservación de los puestos de trabajo.
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Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En Argentina, el aporte per cápita de gases de efecto invernadero es de 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente, más que lo que contamina un mexicano, un italiano o un brasileño
La política argentina en materia de acción climática sacó una mala nota. Así lo indica un informe internacional realizado por Climate Transparency que analiza las acciones de los países del G20, espacio que el país presidirá desde hoy durante un año.
"Si bien la Argentina no llega a representar el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del grupo de países, cuando se analiza el aporte per cápita ese número trepa a 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es más que lo que contamina un mexicano, un italiano o un brasileño", explica Hannah Schindler, representante de Climate Transparency, una entidad que agrupa científicos, universidades y ONGs de todo el mundo.
El reporte anual conocido como el Brown to Green Report (avance en la descarbonización de la economía de los países del G20) explica las razones por las que Argentina tiene muchas potencialidades respecto de las nuevas energías, pero aún están inconclusas.
"Las emisiones de Argentina se han incrementado lenta, pero sostenidamente desde los años 90; los sectores de la agricultura y la energía contribuyeron más a las emisiones globales de GEI. Se espera que las emisiones aumenten más rápido hasta 2030", indica el informe. Y continúa: "Los expertos argentinos siguen calificando el desempeño de la política en muchos sectores como bajo. Señalan que se necesita mejorar su marco de política nacional y establecer objetivos más ambiciosos y específicos para cada sector. Su evaluación de las energías renovables mejoró ligeramente".
¿Pero cuáles son las acciones que mantienen baja la performance del país? "Hay que plantearlo desde el punto de vista de las potencialidades que tiene Argentina pero que aún no están implementados. El país no marca bien porque hay muchas promesas que aún no están en acción", explica Enrique Maurtua Konstantinidis, experto en Cambio Climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El miércoles, por caso, hubo dos grandes avances en materia de renovación de las fuentes de generación eléctrica: el Senado sancionó la ley de generación distribuida por la que los consumidores podrán generar su propia energía y aportar al sistema y se adjudicaron otros 1408 MW de renovables. "El tema es que todavía no están en marcha, cuando esto sea una realidad probablemente el informe le dé un poco mejor al país", agrega Maurtua Konstantinidis.
Una de las políticas que baja la nota del país tiene que ver con la apuesta por los combustibles fósiles como son el petróleo y el gas, por ejemplo en Vaca Muerta. "Argentina aportó USD 13,6 mil millones en subsidios a los combustibles fósiles en 2014. Al mismo tiempo, recientemente ha estado invirtiendo fuertemente en la exploración y el desarrollo de nuevas reservas de petróleo y gas, incluyendo a través de incentivos fiscales para las empresas", sostiene el trabajo analítico presentado en 2017.
"Argentina está dentro del grupo de países que más subsidian a los combustibles fósiles, hay intenciones de modificar eso. Pero, así como hay potencialidades positivas con planes de descarbonización, el reporte se basa en los hechos, si no está no se contabiliza", sostiene el experto.
La posibilidad de crear un impuesto al carbono es otra de las discusiones pendientes en la agenda política, aunque se trabaja hoy con un borrador en el Congreso.
En el seno del G20, Alemania, durante su presidencia, había conseguido que Clima y Energía fueran parte del mismo grupo de discusión, precisamente por las implicancias y la interrelación entre unas y otras. La presión de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump no quiere formar parte del Acuerdo de París que compromete a los países a reducir los gases contaminantes para que la temperatura planetaria no suba más de 2ºC en promedio, ese grupo se dividió.
"El gobierno argentino para el 2018 decidió separar ambos temas en dos grupos, el de transición energética y el de sostenibilidad climática. Desde la sociedad civil argentina se espera que esta separación pueda desarrollar la agenda climática de manera positiva. Sobre todo porque la cumbre de líderes del G20 se llevará a cabo dos días antes de que comience la COP24 de Cambio climático en Katowice, Polonia, donde la CMNUCC deberá cerrar el reglamento del Acuerdo de París", dice un comunicado elaborado por un grupo de ONG ambientalistas que forman parte del C20 (Sociedad Civil).
"El G20 presentará una oportunidad única para que Argentina muestre todos los avances en materia de renovables, y avances en la contribución nacional de cambio climático y que apalanque mayor acción climática en un año en que la ambición climática estará en la mira de todo el mundo. Es importante que el presidente, Mauricio Macri, pueda liderar en esta oportunidad para que se envíen los mensajes correctos para conseguir la "sostenibilidad climática", agrega el comunicado.
Argentina ha anunciado que la educación y el trabajo serán pilares fundamentales en las discusiones de ese enorme megáfono que es el G20 para los inversores. Tal vez llegó la hora de que se pongan plazos para una transición energética necesaria con la conservación de los puestos de trabajo.
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El oro y la contaminación blanca
La contaminación blanca, empresas mineras están detrás del litio argentino
Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional
Oro, plata, cobre, plomo y cianuro son los recursos naturales mas extraídos en Argentina por las empresas extractivistas. Apoyado por el gobierno nacional, el Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó el “Argentina LithiumMap”, que es una suerte de mapa donde se concentran y referencian las mayores reservas de litio de nuestro país, el mineral más deseado del mundo, ya que se utiliza en las baterías de los autos eléctricos y de los teléfonos celulares.
El Servicio Geológico Minero Argentino tiene un acuerdo con su par norteamericano de cooperación e intercambio de información. En pocas palabras, nuestro país le marca a Estados Unidos dónde se halla litio para que sus empresas vengan a explotarlo. Fundamentalmente las reservas de litio más importantes se sitúan en Jujuy, Salta y Catamarca. El gobierno nacional busca incentivar la extracción de litio, dicha actividad trae consecuencias negativas para el medio ambiente y las comunidades que viven alrededor de los salares.
El Ministerio de Energía y Minería, cuyo titular es Juan José Aranguren emitió un comunicado “destacando” la importancia de la explotación del litio, y la gran “oportunidad” de progreso que significaría para nuestro país, y los pueblos donde se asientan las reservas. “La Puna argentina tiene un gran potencial con un presente en plena actividad. El país se encamina a convertirse en uno de los mayores productores mundiales de litio que no solo es utilizable en baterías, sino también en medicamentos, vidrios y arcilla, así como en distintas aleaciones. El mineral atrajo inversiones cercanas a los US$ 2.000 millones, con las que se apunta a más que triplicar su producción actual, de 40.000 toneladas anuales. Incluso hace pocos días la empresa FMC anunció inversiones en Catamarca por otros U$S 300 millones, la última gran noticia en materia de inversiones mineras que contó con la presencia del Secretario Daniel Meilán y la Gobernadora Lucía Corpacci”, detalla el informa oficial.
Destacando sólo los beneficios monetarios que supone la explotación descontrolada del Litio, sin estudios de impacto ambientales que determinen los límites de la explotación, el gobierno informa. “Actualmente hay dos emprendimientos en producción, de los que se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año. Son Olaroz, de Sales de Jujuy, en Jujuy, que produce 17.500 toneladas, y Salar del Hombre Muerto, de FMC, en Catamarca, del que se obtienen 22.500 toneladas (Este último duplicará su producción en 2019). Hoy, estas cifras de producción representan el 16% del litio a nivel mundial. Argentina puede llegar hasta 130.000 toneladas al año si se avanza en los proyectos que están en desarrollo: Salar del Rincón, en Salta; Cauchari, en Jujuy; Olaroz, en Jujuy”
Lo que no se informa es la contaminación que genera la extracción de litio, especialmente en sitios naturales muy sensibles, como los salares, donde existe una biodiversidad que se altera con la presencia de operarios y máquinas que trabajan durante todo el día. El Centro de Derechos Humanos y Ambiente, una ONG que nació en 1999 y cuyo principal trabajo se centra en mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos producto de la degradación ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los recursos naturales, y prevenir futuras violaciones. Ante la avanzada del gobierno para ofrecer nuestros yacimientos a empresas extractivistas, socializa las consecuencias de esto:
“Los principales impactos ambientales de la extracción de litio no difieren en gran medida de la extracción de otros minerales: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había, generación de residuos sólidos y químicos.”
“El litio reacciona con el vapor de agua, con el nitrógeno, el oxígeno y en el aire. Cuando entra en contacto con el ambiente y su superficie forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. Entre ellos el hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva, debiéndose prestar especial atención a su impacto en organismos acuáticos.”
“En zonas del norte argentino y chileno, en las cuales se extrae litio, zonas extremadamente áridas, el uso de agua potable para la extracción y producción del mineral es un riesgo para la sustentabilidad de la zona.”
En nuestro país sobran ejemplos de comunidades que sufren la contaminación por la industria minera. El deseo estatal de atraer empresas para explotar litio en territorios naturales, muchos de ellos protegidos por leyes ambientales, sólo trae modificación y desequilibrio ambiental y atraso para las comunidades que deben convivir con la insensibilidad del extractivismo. En lugares en donde el agua es un recurso escaso, promover su uso para un bien comercial es atentar contra la humanidad.
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Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional
Oro, plata, cobre, plomo y cianuro son los recursos naturales mas extraídos en Argentina por las empresas extractivistas. Apoyado por el gobierno nacional, el Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó el “Argentina LithiumMap”, que es una suerte de mapa donde se concentran y referencian las mayores reservas de litio de nuestro país, el mineral más deseado del mundo, ya que se utiliza en las baterías de los autos eléctricos y de los teléfonos celulares.
El Servicio Geológico Minero Argentino tiene un acuerdo con su par norteamericano de cooperación e intercambio de información. En pocas palabras, nuestro país le marca a Estados Unidos dónde se halla litio para que sus empresas vengan a explotarlo. Fundamentalmente las reservas de litio más importantes se sitúan en Jujuy, Salta y Catamarca. El gobierno nacional busca incentivar la extracción de litio, dicha actividad trae consecuencias negativas para el medio ambiente y las comunidades que viven alrededor de los salares.
El Ministerio de Energía y Minería, cuyo titular es Juan José Aranguren emitió un comunicado “destacando” la importancia de la explotación del litio, y la gran “oportunidad” de progreso que significaría para nuestro país, y los pueblos donde se asientan las reservas. “La Puna argentina tiene un gran potencial con un presente en plena actividad. El país se encamina a convertirse en uno de los mayores productores mundiales de litio que no solo es utilizable en baterías, sino también en medicamentos, vidrios y arcilla, así como en distintas aleaciones. El mineral atrajo inversiones cercanas a los US$ 2.000 millones, con las que se apunta a más que triplicar su producción actual, de 40.000 toneladas anuales. Incluso hace pocos días la empresa FMC anunció inversiones en Catamarca por otros U$S 300 millones, la última gran noticia en materia de inversiones mineras que contó con la presencia del Secretario Daniel Meilán y la Gobernadora Lucía Corpacci”, detalla el informa oficial.
Destacando sólo los beneficios monetarios que supone la explotación descontrolada del Litio, sin estudios de impacto ambientales que determinen los límites de la explotación, el gobierno informa. “Actualmente hay dos emprendimientos en producción, de los que se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año. Son Olaroz, de Sales de Jujuy, en Jujuy, que produce 17.500 toneladas, y Salar del Hombre Muerto, de FMC, en Catamarca, del que se obtienen 22.500 toneladas (Este último duplicará su producción en 2019). Hoy, estas cifras de producción representan el 16% del litio a nivel mundial. Argentina puede llegar hasta 130.000 toneladas al año si se avanza en los proyectos que están en desarrollo: Salar del Rincón, en Salta; Cauchari, en Jujuy; Olaroz, en Jujuy”
Lo que no se informa es la contaminación que genera la extracción de litio, especialmente en sitios naturales muy sensibles, como los salares, donde existe una biodiversidad que se altera con la presencia de operarios y máquinas que trabajan durante todo el día. El Centro de Derechos Humanos y Ambiente, una ONG que nació en 1999 y cuyo principal trabajo se centra en mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos producto de la degradación ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los recursos naturales, y prevenir futuras violaciones. Ante la avanzada del gobierno para ofrecer nuestros yacimientos a empresas extractivistas, socializa las consecuencias de esto:
“Los principales impactos ambientales de la extracción de litio no difieren en gran medida de la extracción de otros minerales: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había, generación de residuos sólidos y químicos.”
“El litio reacciona con el vapor de agua, con el nitrógeno, el oxígeno y en el aire. Cuando entra en contacto con el ambiente y su superficie forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. Entre ellos el hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva, debiéndose prestar especial atención a su impacto en organismos acuáticos.”
“En zonas del norte argentino y chileno, en las cuales se extrae litio, zonas extremadamente áridas, el uso de agua potable para la extracción y producción del mineral es un riesgo para la sustentabilidad de la zona.”
En nuestro país sobran ejemplos de comunidades que sufren la contaminación por la industria minera. El deseo estatal de atraer empresas para explotar litio en territorios naturales, muchos de ellos protegidos por leyes ambientales, sólo trae modificación y desequilibrio ambiental y atraso para las comunidades que deben convivir con la insensibilidad del extractivismo. En lugares en donde el agua es un recurso escaso, promover su uso para un bien comercial es atentar contra la humanidad.
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Paraná prohíbe el glifosato
Mientras en Rosario se desdicen, en Paraná prohíben el herbicida
Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Entre Ríos - Santa Fe
El mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
Mientras el Concejo Municipal de Rosario daba marcha atrás con la ordenanza de prohibir el uso del glifosato en su área periurbana, el mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
La norma se votó por unanimidad tras una maratónica jornada que tuvo dos cuartos intermedios para analizar el tema, presentado "in voce" por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).
Concretamente, la ordenanza prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
En los fundamentos del texto normativo consta que su objetivo es "asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".
La medida prohíbe también la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como también el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Según pudo saberse, las infracciones a las disposiciones establecidas en la ordenanza serán sancionadas con multas que van de 5 mil a 50 mil unidades de multa, equivalente cada una al menor precio de un litro de nafta súper en el mercado.
Acevedo dijo que tuvo respaldo de todos los bloques, fue una iniciativa de papás que tuvieron inconvenientes con este tema, que tienen niños que padecen cáncer, que hacen referencia al daño que le causa a la salud la aspersión del agroquímico, y esto fue tomado "como una cuestión de vida", por parte de los concejales paranaenses.
La ordenanza se aprobó en la última sesión del período ordinario, el mismo día en que los concejales de Rosario dieron marcha atrás con una norma aprobada en este sentido dos semanas antes, luego de que dirigentes agropecuarios reclamaran en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
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Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Entre Ríos - Santa Fe
El mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
Mientras el Concejo Municipal de Rosario daba marcha atrás con la ordenanza de prohibir el uso del glifosato en su área periurbana, el mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
La norma se votó por unanimidad tras una maratónica jornada que tuvo dos cuartos intermedios para analizar el tema, presentado "in voce" por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).
Concretamente, la ordenanza prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
En los fundamentos del texto normativo consta que su objetivo es "asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".
La medida prohíbe también la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como también el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Según pudo saberse, las infracciones a las disposiciones establecidas en la ordenanza serán sancionadas con multas que van de 5 mil a 50 mil unidades de multa, equivalente cada una al menor precio de un litro de nafta súper en el mercado.
Acevedo dijo que tuvo respaldo de todos los bloques, fue una iniciativa de papás que tuvieron inconvenientes con este tema, que tienen niños que padecen cáncer, que hacen referencia al daño que le causa a la salud la aspersión del agroquímico, y esto fue tomado "como una cuestión de vida", por parte de los concejales paranaenses.
La ordenanza se aprobó en la última sesión del período ordinario, el mismo día en que los concejales de Rosario dieron marcha atrás con una norma aprobada en este sentido dos semanas antes, luego de que dirigentes agropecuarios reclamaran en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
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Atuel: justicia ordena un plan para su uso
La Corte ordenó que Nación, La Pampa y Mendoza presenten un plan para el uso del río Atuel
Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de La Pampa y Mendoza que, con la participación del Estado Nacional, presenten un plan de obras para el uso de las aguas del Río Atuel, tras rechazar la defensa de cosa juzgada planteada por el gobierno mendocino, ya que ahora existe un “problema ambiental”.
El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para que se presente, para su aprobación, un plan tendiente a la ejecución de tareas para la solución del conflicto que mantienen ambas provincias. Además, por mayoría, la Corte dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa.
La Corte indicó qué programa de ejecución de obras deberá elaborarse en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), por ser el organismo creado por las propias provincias interesadas para dar respuesta al conflicto.
La decisión fue tomada en la demanda que La Pampa promovió contra Mendoza, en cuyo marco hace algo más de cinco meses hubo una audiencia “de conciliación” en la que cada una de las partes mantuvo sus posturas.
Según el voto mayoritario, del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el programa deberá contemplar alternativas técnicas por las particularidades del río, los costos de la construcción de las obras y su modo de distribución entre los tres Estados. También deberá prever el aprovechamiento de los beneficios, las necesidades de las poblaciones vecinas, la defensa del acceso al agua potable, la participación de las comunidades originarias radicadas en la región y la actividad económica productiva.
Previo a expedirse sobre el fondo de la cuestión, la Corte admitió su competencia en la causa y rechazó la defensa de cosa juzgada planteada por Mendoza, cuyos representantes dijeron que se trataba del mismo tema en el que la Corte ya se pronunció en 1987.
“El derecho humano al agua”.
La Pampa, que formuló la demanda invocando “el derecho humano al agua”, reclama el “cese del daño ambiental” que, según manifestaron sus autoridades en aquella audiencia, le provoca desde hace décadas Mendoza con el “uso abusivo” del río y una indemnización por los perjuicios que asegura haber sufrido.
“A La Pampa le robaron un río”, afirmó en aquella ocasión el gobernador pampeano, Carlos Verna, en tanto que las autoridades de Mendoza, entre ellas su gobernador, Alfredo Cornejo, dijeron estar dispuestas a una negociación “de buena fe”, que “atienda los intereses de ambas partes”, porque “no se puede distribuir lo que no hay”.
Al contrario de lo que manifestaron las provincias, la Corte concluyó ahora que el conflicto entre las provincias es distinto al que resolviera hace 30 años, ya que ahora existe un problema ambiental que debe superar el modelo “dominial” y los recursos naturales son “interdependientes” y deben ser cuidados de manera integrada. Destacó, también, que debido a compromisos internacionales la Argentina debe otorgar prioridad a la lucha contra la desertificación y a mitigar los efectos de la sequía de acuerdo a la capacidad de cada Estado. Sobre ese punto, marcó la “obligación” del Estado Nacional de destinar recursos para combatir la sequía grave o desertificación, con una visión que comprenda toda la cuenca del río, porque “la solución del caso requiere la adopción de medidas” que no se limiten a cuestiones de jurisdicción territorial.
El ministro Carlos Rosenkrantz, en minoría, consideró que, como en el caso no se había producido prueba sobre los hechos expuestos en la demanda, es “prematuro” adoptar medidas que, para ser justas y eficaces, requieren mayor información sobre la naturaleza, extensión y causas de los daños ambientales invocados por La Pampa.
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Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de La Pampa y Mendoza que, con la participación del Estado Nacional, presenten un plan de obras para el uso de las aguas del Río Atuel, tras rechazar la defensa de cosa juzgada planteada por el gobierno mendocino, ya que ahora existe un “problema ambiental”.
El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para que se presente, para su aprobación, un plan tendiente a la ejecución de tareas para la solución del conflicto que mantienen ambas provincias. Además, por mayoría, la Corte dispuso que en el plazo de 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa.
La Corte indicó qué programa de ejecución de obras deberá elaborarse en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), por ser el organismo creado por las propias provincias interesadas para dar respuesta al conflicto.
La decisión fue tomada en la demanda que La Pampa promovió contra Mendoza, en cuyo marco hace algo más de cinco meses hubo una audiencia “de conciliación” en la que cada una de las partes mantuvo sus posturas.
Según el voto mayoritario, del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el programa deberá contemplar alternativas técnicas por las particularidades del río, los costos de la construcción de las obras y su modo de distribución entre los tres Estados. También deberá prever el aprovechamiento de los beneficios, las necesidades de las poblaciones vecinas, la defensa del acceso al agua potable, la participación de las comunidades originarias radicadas en la región y la actividad económica productiva.
Previo a expedirse sobre el fondo de la cuestión, la Corte admitió su competencia en la causa y rechazó la defensa de cosa juzgada planteada por Mendoza, cuyos representantes dijeron que se trataba del mismo tema en el que la Corte ya se pronunció en 1987.
“El derecho humano al agua”.
La Pampa, que formuló la demanda invocando “el derecho humano al agua”, reclama el “cese del daño ambiental” que, según manifestaron sus autoridades en aquella audiencia, le provoca desde hace décadas Mendoza con el “uso abusivo” del río y una indemnización por los perjuicios que asegura haber sufrido.
“A La Pampa le robaron un río”, afirmó en aquella ocasión el gobernador pampeano, Carlos Verna, en tanto que las autoridades de Mendoza, entre ellas su gobernador, Alfredo Cornejo, dijeron estar dispuestas a una negociación “de buena fe”, que “atienda los intereses de ambas partes”, porque “no se puede distribuir lo que no hay”.
Al contrario de lo que manifestaron las provincias, la Corte concluyó ahora que el conflicto entre las provincias es distinto al que resolviera hace 30 años, ya que ahora existe un problema ambiental que debe superar el modelo “dominial” y los recursos naturales son “interdependientes” y deben ser cuidados de manera integrada. Destacó, también, que debido a compromisos internacionales la Argentina debe otorgar prioridad a la lucha contra la desertificación y a mitigar los efectos de la sequía de acuerdo a la capacidad de cada Estado. Sobre ese punto, marcó la “obligación” del Estado Nacional de destinar recursos para combatir la sequía grave o desertificación, con una visión que comprenda toda la cuenca del río, porque “la solución del caso requiere la adopción de medidas” que no se limiten a cuestiones de jurisdicción territorial.
El ministro Carlos Rosenkrantz, en minoría, consideró que, como en el caso no se había producido prueba sobre los hechos expuestos en la demanda, es “prematuro” adoptar medidas que, para ser justas y eficaces, requieren mayor información sobre la naturaleza, extensión y causas de los daños ambientales invocados por La Pampa.
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Las multas son insuficientes para frenar los desmontes
Desmontes en el Chaco: cuando las multas son insuficientes
Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Cae la producción de biodiésel
Por las trabas de EE.UU., la producción de biodiésel cayó 20,5% en el 3ºT
Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional
La producción de biodiésel cayó en el tercer trimestre 20,5% respecto de igual período del año pasado por efecto de las restricciones que impuso Estados Unidos al biocombustible argentino, informó hoy el Indec. Las trabas se vieron reflejadas en una caída del 30,4% interanual en las exportaciones de ese período.
La producción de biodiésel, un combustible hecho a base de oleaginosas, alcanzó las 213.971 toneladas, mientras que las exportaciones ascendieron a 353.034.
En tanto, la elaboración de bioetanol, derivado de la caña de azúcar y del maíz, llegó en el tercer trimestre a 304.711 toneladas, 21,2% más que en igual período del año pasado, con un aumento del 13,6% en los despachos al mercado interno (267.889 toneladas).
Generación de energía
El Indec informó también sobre aumentos en la generación de electricidad y petróleo, donde se esperan más inversiones, y un retroceso en la producción de gas.
Así, la generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional en el período julio-septiembre aumentó de 1,2% interanual.
Consultadas las empresas acerca de sus expectativas para el cuarto trimestre de 2017, el 50% de las empresas afirma que la demanda interna y la utilización de sus instalaciones aumentarán, mientras que el restante 50% prevé que no variarán. En cuanto a la orientación de las inversiones, se dirigirán a mejorar la calidad del servicio y aumentar la producción.
En el sector gasífero, el gas entregado neto de centrales eléctricas disminuyó 2,6%. La mayoría de las empresas gasíferas estiman que en el cuarto trimestre la demanda interna aumentará, mientras que no variará el uso de sus instalaciones. En materia de inversiones, los destinos serán aumentar la producción, mejorar la calidad del servicio y aumentar su participación en el mercado interno.
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Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional
La producción de biodiésel cayó en el tercer trimestre 20,5% respecto de igual período del año pasado por efecto de las restricciones que impuso Estados Unidos al biocombustible argentino, informó hoy el Indec. Las trabas se vieron reflejadas en una caída del 30,4% interanual en las exportaciones de ese período.
La producción de biodiésel, un combustible hecho a base de oleaginosas, alcanzó las 213.971 toneladas, mientras que las exportaciones ascendieron a 353.034.
En tanto, la elaboración de bioetanol, derivado de la caña de azúcar y del maíz, llegó en el tercer trimestre a 304.711 toneladas, 21,2% más que en igual período del año pasado, con un aumento del 13,6% en los despachos al mercado interno (267.889 toneladas).
Generación de energía
El Indec informó también sobre aumentos en la generación de electricidad y petróleo, donde se esperan más inversiones, y un retroceso en la producción de gas.
Así, la generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional en el período julio-septiembre aumentó de 1,2% interanual.
Consultadas las empresas acerca de sus expectativas para el cuarto trimestre de 2017, el 50% de las empresas afirma que la demanda interna y la utilización de sus instalaciones aumentarán, mientras que el restante 50% prevé que no variarán. En cuanto a la orientación de las inversiones, se dirigirán a mejorar la calidad del servicio y aumentar la producción.
En el sector gasífero, el gas entregado neto de centrales eléctricas disminuyó 2,6%. La mayoría de las empresas gasíferas estiman que en el cuarto trimestre la demanda interna aumentará, mientras que no variará el uso de sus instalaciones. En materia de inversiones, los destinos serán aumentar la producción, mejorar la calidad del servicio y aumentar su participación en el mercado interno.
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Glaciares: Villalba apoyado por científicos
Apoyo de científicos al responsable del inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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La minería o el medio ambiente y glaciares
La minería o el medio ambiente: la discusión de fondo en las reformas a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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