El lobby sojero presionó a Rosario y aceptarán el glifosato
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El Concejo da marcha atrás con la prohibición del uso de glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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El segundo derrame de la Barrick quedaría impune
La investigación penal del segundo derrame de la mina Veladero sería archivada por falta de pruebas
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: San Juan
La causa penal por el segundo derrame en la mina Veladero, ocurrido el 8 de septiembre de 2016, podría quedar en la nada y pasar al archivo, como lo pidió el fiscal del caso, según reconoció el juez de la Segunda circunscripción de San Juan, Pablo Oritja, quien dijo que "no está demostrada la contaminación".
El derrame, que en la causa penal donde se investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, además “no tiene imputados”, según dijo el juez.
El magistrado de Jáchal que tiene jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina de oro y plata que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, dijo que en el segundo derrame “no se comprobó que los líquidos derramados en el Valle de Lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”.
Oritja confirmó que el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que el hecho ocurrido en septiembre de 2016 “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, por lo que entendió que no hay delito y solicitó el archivo del caso.
El derrame se produjo en la madrugada del 8 de septiembre de 2016, cuando según la empresa, un bloque de hielo se desprendió de la montaña y en su caída golpeó una cañería que conducía “solución cianurada” dentro del valle de lixiviación y provocó que se desacoplara, dejando escapar una cantidad no determinada de líquido.
El incidente fue advertido por el personal de guardia “y se concretaron las tareas necesarias para su contención dentro de la zona segura”, había dicho Barrick al comentar el caso.
Según el juez, el pedido de archivo de la causa del fiscal Aballay, “se basa en las declaraciones de dos ingenieros pertenecientes a la Policía Minera de San Juan, cuatro empleados de la empresa Barrick y la jefa de Calidad y Control de Aguas del Departamento de Hidráulica”.
“En todos los testimonios se llega a la misma conclusión que es que no hubo contaminación” dijo Oritja, quien además agregó que en su escrito, el fiscal “apela a la investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) de la Procuración General de la Nación, que indicó que el evento no produjo contaminación con cianuro en la zona afectada ni en las aguas superficiales o subterráneas cercanas”.
El mismo juez de Jáchal, ordenó el procesamiento de 9 empleados jerárquicos de Barrick por el primer derrame ocurrido un año antes, el 13 de septiembre de 2015, cuando falló una válvula y se derramó más de un millón de litros de agua cianurada.
En ese caso, una compuerta de contención estaba abierta y por eso el material llegó hasta el río Potrerillos que quedó devastado y luego al río Las Taguas que también sufrió contaminación.
Oritja procesó a los 9 encargados de la mina que debían tener cerrada la compuerta, su fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones de Mendoza, confirmó el procesamiento de 8 de los imputados que ahora esperan llegar a juicio oral.
Por el primer derrame, la provincia de San Juan le impuso a Barrick una multa de 145 millones de pesos y hasta ahora no ha informado sobre nuevas multas a la empresa minera por los dos derrames posteriores.
Finalmente y ante una consulta, el juez Oritja dejó entrever que la investigación penal del tercer derrame de Veladero, ocurrido el martes 28 de marzo de 2017, tendría el mismo destino, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.
En el tercer derrame en un año y medio de la minera sanjuanina, “se desconectó un caño con material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según dijo en el gobierno el subsecretario de Información Pública Osvaldo Lima.
En ese caso, el gobierno afirmó en un comunicado que el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”.
Barrick Gold, por su parte, garantizó que el derrame "no generó daño a la salud, a las personas ni al medio ambiente”.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: San Juan
La causa penal por el segundo derrame en la mina Veladero, ocurrido el 8 de septiembre de 2016, podría quedar en la nada y pasar al archivo, como lo pidió el fiscal del caso, según reconoció el juez de la Segunda circunscripción de San Juan, Pablo Oritja, quien dijo que "no está demostrada la contaminación".
El derrame, que en la causa penal donde se investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, además “no tiene imputados”, según dijo el juez.
El magistrado de Jáchal que tiene jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina de oro y plata que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, dijo que en el segundo derrame “no se comprobó que los líquidos derramados en el Valle de Lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”.
Oritja confirmó que el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que el hecho ocurrido en septiembre de 2016 “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, por lo que entendió que no hay delito y solicitó el archivo del caso.
El derrame se produjo en la madrugada del 8 de septiembre de 2016, cuando según la empresa, un bloque de hielo se desprendió de la montaña y en su caída golpeó una cañería que conducía “solución cianurada” dentro del valle de lixiviación y provocó que se desacoplara, dejando escapar una cantidad no determinada de líquido.
El incidente fue advertido por el personal de guardia “y se concretaron las tareas necesarias para su contención dentro de la zona segura”, había dicho Barrick al comentar el caso.
Según el juez, el pedido de archivo de la causa del fiscal Aballay, “se basa en las declaraciones de dos ingenieros pertenecientes a la Policía Minera de San Juan, cuatro empleados de la empresa Barrick y la jefa de Calidad y Control de Aguas del Departamento de Hidráulica”.
“En todos los testimonios se llega a la misma conclusión que es que no hubo contaminación” dijo Oritja, quien además agregó que en su escrito, el fiscal “apela a la investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) de la Procuración General de la Nación, que indicó que el evento no produjo contaminación con cianuro en la zona afectada ni en las aguas superficiales o subterráneas cercanas”.
El mismo juez de Jáchal, ordenó el procesamiento de 9 empleados jerárquicos de Barrick por el primer derrame ocurrido un año antes, el 13 de septiembre de 2015, cuando falló una válvula y se derramó más de un millón de litros de agua cianurada.
En ese caso, una compuerta de contención estaba abierta y por eso el material llegó hasta el río Potrerillos que quedó devastado y luego al río Las Taguas que también sufrió contaminación.
Oritja procesó a los 9 encargados de la mina que debían tener cerrada la compuerta, su fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones de Mendoza, confirmó el procesamiento de 8 de los imputados que ahora esperan llegar a juicio oral.
Por el primer derrame, la provincia de San Juan le impuso a Barrick una multa de 145 millones de pesos y hasta ahora no ha informado sobre nuevas multas a la empresa minera por los dos derrames posteriores.
Finalmente y ante una consulta, el juez Oritja dejó entrever que la investigación penal del tercer derrame de Veladero, ocurrido el martes 28 de marzo de 2017, tendría el mismo destino, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.
En el tercer derrame en un año y medio de la minera sanjuanina, “se desconectó un caño con material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según dijo en el gobierno el subsecretario de Información Pública Osvaldo Lima.
En ese caso, el gobierno afirmó en un comunicado que el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”.
Barrick Gold, por su parte, garantizó que el derrame "no generó daño a la salud, a las personas ni al medio ambiente”.
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Barrick Gold,
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San Juan
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Jornada en Ambiente sobre tóxicos
Sustancias químicas: Ambiente realizó jornada sobre protección ambiental
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Allí se presentaron los avances y resultados de los proyectos desarrollados y las nuevas iniciativas en torno a la gestión de productos y sustancias químicas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó, junto con el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur con sede en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Jornada sobre el Manejo de Sustancias Químicas. Su objetivo fue impulsar la agenda de químicos, y así reforzar el trabajo para fortalecer la protección de la salud y el ambiente frente a las sustancias peligrosas.
Durante la apertura del encuentro, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, señaló “la importancia de establecer controles de sustancias químicas fortaleciendo la prevención y la presencia por parte del Estado”. Asimismo, Decoud explicó: “Nuestro trabajo se focaliza en la implementación de los convenios e iniciativas internacionales sobre químicos y desechos que nos permiten poner a Argentina a nivel de los países de excelencia en esta materia”.
En este contexto, se presentaron los resultados de los últimos proyectos con apoyo internacional en los que se destacaron, entre ellos, el proyecto sobre “Manejo Ambientalmente Racional de PCB en Argentina”, en el que se actualizó el inventario y registro nacional de poseedores de PCB, se desarrolló un programa de capacitaciones y entrenamientos y garantizó la eliminación de 2000 toneladas de residuos contaminados con PCB. También se discutió la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, momento en el que se evaluaron los resultados obtenidos a partir del primer plan de acción presentado en el 2007 para dar cumplimiento a las previsiones del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y se desarrolló la actualización del mismo, incluyendo las nuevas sustancias listadas. Finalmente, se trató el proyecto regional que tuvo como resultados el desarrollo del inventario nacional de emisiones y liberaciones de mercurio y el desarrollo de un plan de gestión de riesgos asociados a esta sustancia, llamado “Desarrollo de inventarios de emisiones y planes de gestión de riesgos de mercurio en América Latina”.
La apertura también contó con presencia del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibañez; la directora del Centro Regional de Basilea para América del Sur, Lelia Devia; y la coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola.
Cabe señalar que a jornada reunió a actores involucrados, autoridades nacionales de los distintos ministerios, autoridades locales, la sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales, el sector académico y el público en general.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Allí se presentaron los avances y resultados de los proyectos desarrollados y las nuevas iniciativas en torno a la gestión de productos y sustancias químicas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó, junto con el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur con sede en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Jornada sobre el Manejo de Sustancias Químicas. Su objetivo fue impulsar la agenda de químicos, y así reforzar el trabajo para fortalecer la protección de la salud y el ambiente frente a las sustancias peligrosas.
Durante la apertura del encuentro, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, señaló “la importancia de establecer controles de sustancias químicas fortaleciendo la prevención y la presencia por parte del Estado”. Asimismo, Decoud explicó: “Nuestro trabajo se focaliza en la implementación de los convenios e iniciativas internacionales sobre químicos y desechos que nos permiten poner a Argentina a nivel de los países de excelencia en esta materia”.
En este contexto, se presentaron los resultados de los últimos proyectos con apoyo internacional en los que se destacaron, entre ellos, el proyecto sobre “Manejo Ambientalmente Racional de PCB en Argentina”, en el que se actualizó el inventario y registro nacional de poseedores de PCB, se desarrolló un programa de capacitaciones y entrenamientos y garantizó la eliminación de 2000 toneladas de residuos contaminados con PCB. También se discutió la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, momento en el que se evaluaron los resultados obtenidos a partir del primer plan de acción presentado en el 2007 para dar cumplimiento a las previsiones del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y se desarrolló la actualización del mismo, incluyendo las nuevas sustancias listadas. Finalmente, se trató el proyecto regional que tuvo como resultados el desarrollo del inventario nacional de emisiones y liberaciones de mercurio y el desarrollo de un plan de gestión de riesgos asociados a esta sustancia, llamado “Desarrollo de inventarios de emisiones y planes de gestión de riesgos de mercurio en América Latina”.
La apertura también contó con presencia del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibañez; la directora del Centro Regional de Basilea para América del Sur, Lelia Devia; y la coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola.
Cabe señalar que a jornada reunió a actores involucrados, autoridades nacionales de los distintos ministerios, autoridades locales, la sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales, el sector académico y el público en general.
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Glaciares: tres ex secretarios de Ambiente procesados
Procesan a tres ex secretarios de Ambiente por haber violado la ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En un fallo sin precedentes, el juez Casanello acusó a los kirchneristas Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi; la causa comenzó por el derrame en la mina Veladero, de la Barrick Gold.
En un fallo sin precedente en materia ambiental, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, y pidió al Gobierno que estableciera de modo "urgente" los posibles daños causados como consecuencia de las medidas tomadas por ellos.
Esta causa es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan. De acuerdo con el fallo de Casanello, hay pruebas para sostener que Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi cometieron el delito de abuso de autoridad.
La ley de glaciares, sancionada en 2010, ordenó que se hiciera un Inventario Nacional de Glaciares. Previo a ello, un documento estableció cómo y cuándo se haría el inventario. Según la investigación, los ex funcionarios kirchneristas responsables de ese documento violaron la ley de glaciares porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados -y por ende protegidos- muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold. Según el juez, los funcionarios retuvieron información, demoraron el inventario y postergaron los trabajos que debían hacerse en la zona de Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
Además de procesarlos, los embargó en $ 5 millones a cada uno y les prohibió salir del país. También procesó a Ricardo Villalba, que era titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que tenía responsabilidad directa sobre el Inventario Nacional de Glaciares.
En la misma resolución, Casanello encomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" necesarias y que estableciera de "modo urgente" si existió un daño al medio ambiente. De ser así, que lo mensurara. También decidió enviarle una copia de su fallo al Congreso, que tiene en estudio una reforma de la ley de glaciares.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En un fallo sin precedentes, el juez Casanello acusó a los kirchneristas Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi; la causa comenzó por el derrame en la mina Veladero, de la Barrick Gold.
En un fallo sin precedente en materia ambiental, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, y pidió al Gobierno que estableciera de modo "urgente" los posibles daños causados como consecuencia de las medidas tomadas por ellos.
Esta causa es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan. De acuerdo con el fallo de Casanello, hay pruebas para sostener que Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi cometieron el delito de abuso de autoridad.
La ley de glaciares, sancionada en 2010, ordenó que se hiciera un Inventario Nacional de Glaciares. Previo a ello, un documento estableció cómo y cuándo se haría el inventario. Según la investigación, los ex funcionarios kirchneristas responsables de ese documento violaron la ley de glaciares porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados -y por ende protegidos- muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold. Según el juez, los funcionarios retuvieron información, demoraron el inventario y postergaron los trabajos que debían hacerse en la zona de Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
Además de procesarlos, los embargó en $ 5 millones a cada uno y les prohibió salir del país. También procesó a Ricardo Villalba, que era titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que tenía responsabilidad directa sobre el Inventario Nacional de Glaciares.
En la misma resolución, Casanello encomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" necesarias y que estableciera de "modo urgente" si existió un daño al medio ambiente. De ser así, que lo mensurara. También decidió enviarle una copia de su fallo al Congreso, que tiene en estudio una reforma de la ley de glaciares.
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Causa por agroquímicos en verduras sin avance
Pocos avances en la causa por agroquímicos en verduras
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de año se hicieron análisis privados y se detectaron la presencia de 11 productos químicos en frutas y hortalizas
Desde el gobierno provincial optaron por dilatar al máximo la causa por la presencia de agroquímicos en alimentos originada por una denuncia realizada a mediados del año por el abogado Enrique Augusto Zárate, quien a través de un análisis privado detectó la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de Rosario.
Así lo explicitó el propio Zárate, quien informó que desde el Estado provincial no sólo rechazaron el amparo colectivo que él presentó ante la Justicia provincial y federal, si no que también entendieron que "no había caso judicial o causa válida" al respecto.
En julio pasado el letrado presentó un amparo ante Juzgados federales y provinciales pidiendo que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado ante escribano y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras y frutas.
Detección en un 75 por ciento
Tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías, los expertos de la Bolsa detectaron agroquímicos en el 75 por ciento de los elementos analizados. En esa paleta de químicos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la propia ley argentina; otros tolerados en la Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país, pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta denuncia generó polémicas y acusaciones cruzadas entre organismos nacionales como el Senasa y provinciales como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que se señalaron mutuamente como los actores que deben controlar la inocuidad de los alimentos. Incluso desde la provincia admitieron que, según sus propios estudios, el 30 por ciento de las muestras de verduras que analizan presentan algún tipo de abuso en las aplicaciones de agroquímicos.
En los últimos días Zárate rechazó la respuesta de la provincia, al entender que "incumple en forma palmaria lo establecido por el artículo 19 de la Constitución, que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e intereses de la comunidad", en este caso a través del Ministerio de la Producción que es quien recibe la información elaborada por la Assal.
"No se han acompañado a estas actuaciones ningún análisis por parte de la provincia ni del municipio de Rosario, pero lo más importante: no han cuestionado los análisis aportados por nosotros donde constan los agroquímicos encontrados, los dosajes hallados y la peligrosidad de los mismos", agregó el abogado.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A mediados de año se hicieron análisis privados y se detectaron la presencia de 11 productos químicos en frutas y hortalizas
Desde el gobierno provincial optaron por dilatar al máximo la causa por la presencia de agroquímicos en alimentos originada por una denuncia realizada a mediados del año por el abogado Enrique Augusto Zárate, quien a través de un análisis privado detectó la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras, hortalizas y frutas que se venden en comercios de Rosario.
Así lo explicitó el propio Zárate, quien informó que desde el Estado provincial no sólo rechazaron el amparo colectivo que él presentó ante la Justicia provincial y federal, si no que también entendieron que "no había caso judicial o causa válida" al respecto.
En julio pasado el letrado presentó un amparo ante Juzgados federales y provinciales pidiendo que el Estado garantice "el debido control de los alimentos que se consumen en nuestro medio", después de que un relevamiento realizado ante escribano y analizado en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario detectara la presencia de 11 tipos distintos de agroquímicos en verduras y frutas.
Detección en un 75 por ciento
Tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías, los expertos de la Bolsa detectaron agroquímicos en el 75 por ciento de los elementos analizados. En esa paleta de químicos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la propia ley argentina; otros tolerados en la Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país, pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta denuncia generó polémicas y acusaciones cruzadas entre organismos nacionales como el Senasa y provinciales como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que se señalaron mutuamente como los actores que deben controlar la inocuidad de los alimentos. Incluso desde la provincia admitieron que, según sus propios estudios, el 30 por ciento de las muestras de verduras que analizan presentan algún tipo de abuso en las aplicaciones de agroquímicos.
En los últimos días Zárate rechazó la respuesta de la provincia, al entender que "incumple en forma palmaria lo establecido por el artículo 19 de la Constitución, que dice que la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e intereses de la comunidad", en este caso a través del Ministerio de la Producción que es quien recibe la información elaborada por la Assal.
"No se han acompañado a estas actuaciones ningún análisis por parte de la provincia ni del municipio de Rosario, pero lo más importante: no han cuestionado los análisis aportados por nosotros donde constan los agroquímicos encontrados, los dosajes hallados y la peligrosidad de los mismos", agregó el abogado.
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Invisibilización de la cuestión indígena
“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.
–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.
–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.
–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.
–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.
–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.
–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.
–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.
–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.
¿Por qué Mariana Lorenzetti?
Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche
Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche: un muerto y varios heridos en Río Negro
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro
Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro
Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Recorte en Medio Ambiente de Santa Fe
Santa Fe recorta el presupuesto 2018 destinado a proteger el ambiente
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Los fondos que prevé la provincia para planes ecológicos quedaron desfinanciados en el nuevo presupuesto proyectado
El gobierno santafesino planea recortar los fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente para el año próximo, a pesar de la grave problemática que atraviesa la provincia, afectada por inundaciones asociadas a la erosión del suelo y a la deforestación, originada por la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Así se desprende de un análisis del proyecto de presupuesto para 2018, donde a la cartera ambiental santafesina se le asignan 228 millones de pesos contra los 200 millones de este año, un monto que, si bien significa una suba porcentual nominal del 14 por ciento, queda pulverizado por efecto de la actual inflación, cuyo acumulado anual para el corriente año —de acuerdo a las estimaciones de la propia provincia de Santa Fe— trepará muy por encima del 20 por ciento.
Tampoco alcanza para cubrir la suba de precios proyectada para el año que viene desde el gobierno de la Nación, que se encuentra estimada en un 17 por ciento.
Pero además de quedar muy atrás de las estimaciones inflacionarias, la suba prevista para el área de Medio Ambiente queda muy por debajo de la suba total del presupuesto provincial, que entre este año y el próximo será un 26,5 por ciento mayor, justamente con la idea de compensar los incrementos de precios, lo cual refuerza la sensación de la escasa importancia que se le ha otorgado a los temas relacionados con el aspecto ambiental.
Sólo un 0,11 por ciento
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, adelantó que la asignación para el cuidado del ambiente en el nuevo presupuesto es exactamente de 228.946.000 pesos, lo que representa un 0,11 por ciento del total de los 191 mil millones de pesos que estima gastar el gobierno provincial el año entrante en todo concepto.
Ese minúsculo porcentaje para 2018 es incluso inferior al del último, cuando los 200 millones representaron un 0,12 por ciento del correspondiente al año 2017, que fue de 155 mil millones de pesos.
"Los números del presupuesto marcan el final de las bellas palabras ya que la dimensión exacta de la importancia de los temas está dada por la estatura del número del presupuesto. Medio Ambiente y Ecología no forman parte de las prioridades del gobierno, aunque digan lo contrario. Los números, en definitiva, se ven en los hechos de la realidad", expresó el legislador.
Explicación de 2016
El año pasado, desde el gobierno provincial explicaron que el magro presupuesto para Ambiente se debía a que acababa de convertirse en ministerio y que todavía arrastraba asignaciones de cartera de menor rango. Sin embargo, las asignaciones para el año próximo no demuestran ningún cambio en ese sentido.
Los problemas ambientales le cuestan muy caros a la provincia: las dos últimas crisis hídricas significaron pérdidas estimadas por el Ministerio de la Producción provincial en 3 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos son 48 mil millones, el equivalente a casi la tercera parte del presupuesto provincial de 2017.
Desde la cartera ambiental optaron por no responder a las consultas de LaCapital respecto de los recortes presupuestarios propuestos desde el Ejecutivo para 2018.
Números finos
Del Frade detalló además tres cifras que —según estimó— "sirven para pensar el tamaño real que le da la política santafesina al cuidado de la ecología". Por ejemplo, en el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales", la asignación para 2018 es de 800 mil pesos; incluso menor a la partida del presupuesto pasado, cuando se destinó 1 millón de pesos.
Esos 800 mil pesos representan el 0,00041 por ciento del presupuesto total; unos 2.222 pesos diarios, según los cálculos del diputado del Frente Social y Popular. Por otra parte, el programa denominado "Un árbol por cada santafesino" establece una partida de 12.720.000 pesos, el 0,006 por ciento del presupuesto total.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Los fondos que prevé la provincia para planes ecológicos quedaron desfinanciados en el nuevo presupuesto proyectado
El gobierno santafesino planea recortar los fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente para el año próximo, a pesar de la grave problemática que atraviesa la provincia, afectada por inundaciones asociadas a la erosión del suelo y a la deforestación, originada por la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Así se desprende de un análisis del proyecto de presupuesto para 2018, donde a la cartera ambiental santafesina se le asignan 228 millones de pesos contra los 200 millones de este año, un monto que, si bien significa una suba porcentual nominal del 14 por ciento, queda pulverizado por efecto de la actual inflación, cuyo acumulado anual para el corriente año —de acuerdo a las estimaciones de la propia provincia de Santa Fe— trepará muy por encima del 20 por ciento.
Tampoco alcanza para cubrir la suba de precios proyectada para el año que viene desde el gobierno de la Nación, que se encuentra estimada en un 17 por ciento.
Pero además de quedar muy atrás de las estimaciones inflacionarias, la suba prevista para el área de Medio Ambiente queda muy por debajo de la suba total del presupuesto provincial, que entre este año y el próximo será un 26,5 por ciento mayor, justamente con la idea de compensar los incrementos de precios, lo cual refuerza la sensación de la escasa importancia que se le ha otorgado a los temas relacionados con el aspecto ambiental.
Sólo un 0,11 por ciento
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, adelantó que la asignación para el cuidado del ambiente en el nuevo presupuesto es exactamente de 228.946.000 pesos, lo que representa un 0,11 por ciento del total de los 191 mil millones de pesos que estima gastar el gobierno provincial el año entrante en todo concepto.
Ese minúsculo porcentaje para 2018 es incluso inferior al del último, cuando los 200 millones representaron un 0,12 por ciento del correspondiente al año 2017, que fue de 155 mil millones de pesos.
"Los números del presupuesto marcan el final de las bellas palabras ya que la dimensión exacta de la importancia de los temas está dada por la estatura del número del presupuesto. Medio Ambiente y Ecología no forman parte de las prioridades del gobierno, aunque digan lo contrario. Los números, en definitiva, se ven en los hechos de la realidad", expresó el legislador.
Explicación de 2016
El año pasado, desde el gobierno provincial explicaron que el magro presupuesto para Ambiente se debía a que acababa de convertirse en ministerio y que todavía arrastraba asignaciones de cartera de menor rango. Sin embargo, las asignaciones para el año próximo no demuestran ningún cambio en ese sentido.
Los problemas ambientales le cuestan muy caros a la provincia: las dos últimas crisis hídricas significaron pérdidas estimadas por el Ministerio de la Producción provincial en 3 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos son 48 mil millones, el equivalente a casi la tercera parte del presupuesto provincial de 2017.
Desde la cartera ambiental optaron por no responder a las consultas de LaCapital respecto de los recortes presupuestarios propuestos desde el Ejecutivo para 2018.
Números finos
Del Frade detalló además tres cifras que —según estimó— "sirven para pensar el tamaño real que le da la política santafesina al cuidado de la ecología". Por ejemplo, en el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales", la asignación para 2018 es de 800 mil pesos; incluso menor a la partida del presupuesto pasado, cuando se destinó 1 millón de pesos.
Esos 800 mil pesos representan el 0,00041 por ciento del presupuesto total; unos 2.222 pesos diarios, según los cálculos del diputado del Frente Social y Popular. Por otra parte, el programa denominado "Un árbol por cada santafesino" establece una partida de 12.720.000 pesos, el 0,006 por ciento del presupuesto total.
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Investigan como se recupera la capa de ozono
Como se recupera la capa de ozono
Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Cada año la primavera desnuda el agujero de ozono. A través de las imágenes satelitales se ve una mancha violeta sobre la Antártida, que luego se esparce sobre Argentina y Chile mientras llega el verano. Aunque los pronósticos son optimistas respecto a la recuperación de la capa, el proceso llevará unos ochenta años. Hasta que eso suceda, los investigadores monitorean la pérdida de ozono y su principal consecuencia: la llegada de la radiación solar ultravioleta a la Tierra.
Era el año 1923 cuando clorofluorocarbonos.">Thomas Midgley Jr. se frotó las manos con gasolina, acercó su nariz y olió el líquido durante unos minutos. Quería probar que la producción de combustible con plomo no era la causa de los problemas de salud en los obreros en General Motors. Dicen sus biógrafos que después de la demostración tuvo que tomarse unas largas vacaciones.
En la década del treinta, el ingeniero estadounidense le puso –nuevamente– el cuerpo a sus inventos: sentado frente a un gran escritorio de la American Chemical Society inhaló gases CFCs y sopló una vela hasta apagarla. No pasó nada. Había creado un nuevo refrigerante que ostentaba ser ininflamable e inocuo para la salud humana.
Aquellos gases eran los clorofluorocarbonos, moléculas ideadas para reemplazar al amoníaco en los equipos de aire acondicionado y heladeras; un éxito de la industria que produjo un millón de toneladas al año. Hoy sabemos que son villanos que devoran el ozono, ese escudo natural que nos protege del sol.
Predicciones e incertidumbre
La primera vez que los investigadores llamaron la atención sobre el impacto de los CFCs en la alta atmósfera fue en 1974. Una década después, una publicación en Nature comprobaba que sobre la Antártida faltaba mucho ozono. Sin embargo, los satélites de la NASA que monitoreaban todo el globo no lo habían advertido. ¿Qué sucedía? ¿Un error de medición? El índice del gas estaba por debajo de lo previsto en el modelo que registraba las mediciones.
Hoy, la comunidad científica se reúne en torno al Protocolo de Montreal, una estrategia internacional creada en 1987 para proteger la capa y legislar sobre el problema. También, la información está a un click de nosotros. Podemos ver las imágenes que la NASA publica en su web y observar cómo cada año, durante la primavera, aparece una gran mancha violeta más o menos redondeada sobre la Antártida.
“Muchas veces los adelantos en tecnología suceden más rápido que el conocimiento de sus consecuencias. Aunque se pudo frenar la producción industrial de CFC, estas moléculas son poderosas y no van a desaparecer hasta fines de siglo”, dice Elián Wolfram, investigador de CONICET en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).
En realidad, lo que conocemos como agujero no es tal, sino una gran disminución de ozono. Esa especie de orificio se forma y luego se expande sobre la Antártida durante la primavera.
Al sur
El fenómeno se explica por las características especiales de la región, ya que de mayo a septiembre se produce un remolino de viento sobre el Polo Sur que mantiene aislado el aire del interior. Es lo que los científicos llaman ‘vórtice’. Allí, se forman unas nubes especiales de agua y ácido nítrico que desempeñan un papel importante en el comportamiento químico del aire: liberan cloro. Esos átomos de cloro estuvieron, alguna vez, en un aerosol que alguien compró hace sesenta años en un supermercado de Chicago, o algún otro lugar del mundo.
Con la llegada de la primavera, aumenta la luz solar y las moléculas de cloro se activan destruyendo el ozono dentro del vórtice. Por eso es que el agujero es especialmente grande en los meses de septiembre y octubre. A fines de noviembre, los límites se desdibujan, la masa de aire carente de ozono se libera y se forman manchas sobre el continente sudamericano.
“El año pasado, durante el mes de octubre hubo otro pico histórico de disminución del gas, que repercutió en la Patagonia y en las regiones de latitudes medias, como Buenos Aires”, ejemplifica Wolfram sobre la relevancia del problema para nuestro país.
“El tema parece haber pasado de moda, pero la pérdida de este gas vital tiene consecuencias muy graves para el desarrollo en la Tierra”, dice, en relación con la radiación solar nociva. Wolfram, que es especialista en monitoreo atmosférico y trabaja en relación permanente con la NASA, acentúa la necesidad de pensar el problema en términos de actualidad, ya que los pronósticos de hace dos décadas se están cumpliendo.
Una cuestión de latitud
Para la comunidad científica, el desafío es pensar los problemas que acarrea la disminución del ozono en el nuevo escenario de cambio climático. Así lo expresan el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la última Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono 2014, el documento de mayor consenso sobre la temática a nivel global.
Más de trescientos investigadores de todo el mundo trabajan para saber cómo influyen dos procesos claves en la recuperación del ozono estratosférico. Por un lado, se cree que, efectivamente, la reducción de cloro se está produciendo. Los CFCs fueron prohibidos y la industria los reemplazó en casi todo el mundo. Pero, por otro lado, el aumento constante de la temperatura estratosférica arriba de la Antártida también disminuiría el área que ocupa el agujero.
En este sentido, también el especialista argentino en monitoreo de ozono y radiación solar asegura que la atmósfera de hoy no es la misma de hace veinte años. Afirma Wolfram: “Monitoreamos los gases atmosféricos del hemisferio sur para actualizar modelos, no alcanza con las predicciones. Particularmente, nos interesa entender qué sucede en las regiones comprendidas entre el trópico y el polo, donde viven muchos argentinos”.
El equipo de trabajo desarrolla sus estudios en el Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CEILAP). A través de un sistema de sensado remoto miden la concentración de las moléculas con tecnología de rangos de luz, conocida como LIDAR. Es decir, escanean la capa de ozono desde puntos específicos del territorio. Este registro permanente permite el seguimiento a largo plazo de los gases que agotan el ozono.
Río Gallegos es un punto clave para obtener datos. Allí, investigadores argentinos, chilenos y japoneses observan qué sucede más allá de las nubes. Los estudios se centran, también, en la radiación ultravioleta. En la estratósfera el ozono absorbe más del 97% de la radiación solar.
Ya lo sabemos, la consecuencia más terrible de la desaparición del ozono es que los rayos solares lleguen a nosotros directamente, sin filtro. Esta radiación es invisible y peligrosa para la vida en general, tal como lo afirma la Organización Mundial de la Salud.
Si Midgley tuviera que testear sus CFCs en el siglo XXI, debería someterse a exposiciones prolongadas a los rayos del sol. Tendría que trabajar, por ejemplo, seis horas al aire libre durante la primavera y el verano, en cualquier provincia del centro de Argentina. Y, conforme a sus antecedentes, lo haría sin cremas de protección solar, sin sombrero y sin anteojos.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional brinde el dato de la radiación diaria, ¿estamos atentos?, ¿hay que cuidarse del sol todo el año? Esas preguntas también se las hacen los científicos. Así, investigadores argentinos y japoneses construyeron el Solmáforo, un aparato cuyos sensores perciben la radiación como lo haría la piel humana. Basado en un índice internacional del 1 al 11, el peligro de exposición se representa mediante esa escala y un color.
Elián Wolfram y su equipo intentan visibilizar que el problema se extiende en todo el territorio, y resaltan que sus consecuencias están íntimamente atadas a la latitud. Según el ángulo con que los rayos de sol lleguen a la Tierra, la falta de ozono será más o menos conflictiva. Esto explica que, aunque el vaciamiento del ozono ocurre en la región más austral, el desplazamiento atmosférico sobre el continente americano vuelve más compleja la situación.
Fin de siglo
Según publica la investigadora Susan Solomon en la revista Science de junio de 2016, se espera que la capa de ozono se recupere, muy lentamente, luego de que se estabilicen los índices de pérdida de ozono; se reduzca la presencia de CFCs y otros gases contaminantes en el ambiente y, en la última etapa de recuperación, se incremente la cantidad de ozono. La científica, de la universidad de Minesotta, destaca que las mediciones de las dos primeras etapas ya se llevaron a cabo con resultados alentadores, pero las del último estadio son aún inciertas. En 2015 la falta del gas fue, nuevamente, preocupante: el agujero llegó a un tamaño similar al de toda América del Norte.
Jonathan Shanklin, uno de los científicos emblemáticos en el tema –quien publicó en la revista Nature la confirmación sobre el daño causado por los CFCs en 1985– cree que hay que ser cauteloso en las afirmaciones. “Algunos investigadores empezaron a hablar de recuperación, pero yo creo que esto es prematuro”, dijo hace unos años en la misma revista. Del mismo modo lo considera Wolfram: “Yo también creo que aún no podemos decir que el agujero de ozono se está cerrando. No deberíamos perder de vista que los pronósticos son a ochenta años”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Cada año la primavera desnuda el agujero de ozono. A través de las imágenes satelitales se ve una mancha violeta sobre la Antártida, que luego se esparce sobre Argentina y Chile mientras llega el verano. Aunque los pronósticos son optimistas respecto a la recuperación de la capa, el proceso llevará unos ochenta años. Hasta que eso suceda, los investigadores monitorean la pérdida de ozono y su principal consecuencia: la llegada de la radiación solar ultravioleta a la Tierra.
Era el año 1923 cuando clorofluorocarbonos.">Thomas Midgley Jr. se frotó las manos con gasolina, acercó su nariz y olió el líquido durante unos minutos. Quería probar que la producción de combustible con plomo no era la causa de los problemas de salud en los obreros en General Motors. Dicen sus biógrafos que después de la demostración tuvo que tomarse unas largas vacaciones.
En la década del treinta, el ingeniero estadounidense le puso –nuevamente– el cuerpo a sus inventos: sentado frente a un gran escritorio de la American Chemical Society inhaló gases CFCs y sopló una vela hasta apagarla. No pasó nada. Había creado un nuevo refrigerante que ostentaba ser ininflamable e inocuo para la salud humana.
Aquellos gases eran los clorofluorocarbonos, moléculas ideadas para reemplazar al amoníaco en los equipos de aire acondicionado y heladeras; un éxito de la industria que produjo un millón de toneladas al año. Hoy sabemos que son villanos que devoran el ozono, ese escudo natural que nos protege del sol.
Predicciones e incertidumbre
La primera vez que los investigadores llamaron la atención sobre el impacto de los CFCs en la alta atmósfera fue en 1974. Una década después, una publicación en Nature comprobaba que sobre la Antártida faltaba mucho ozono. Sin embargo, los satélites de la NASA que monitoreaban todo el globo no lo habían advertido. ¿Qué sucedía? ¿Un error de medición? El índice del gas estaba por debajo de lo previsto en el modelo que registraba las mediciones.
Hoy, la comunidad científica se reúne en torno al Protocolo de Montreal, una estrategia internacional creada en 1987 para proteger la capa y legislar sobre el problema. También, la información está a un click de nosotros. Podemos ver las imágenes que la NASA publica en su web y observar cómo cada año, durante la primavera, aparece una gran mancha violeta más o menos redondeada sobre la Antártida.
“Muchas veces los adelantos en tecnología suceden más rápido que el conocimiento de sus consecuencias. Aunque se pudo frenar la producción industrial de CFC, estas moléculas son poderosas y no van a desaparecer hasta fines de siglo”, dice Elián Wolfram, investigador de CONICET en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).
En realidad, lo que conocemos como agujero no es tal, sino una gran disminución de ozono. Esa especie de orificio se forma y luego se expande sobre la Antártida durante la primavera.
Al sur
El fenómeno se explica por las características especiales de la región, ya que de mayo a septiembre se produce un remolino de viento sobre el Polo Sur que mantiene aislado el aire del interior. Es lo que los científicos llaman ‘vórtice’. Allí, se forman unas nubes especiales de agua y ácido nítrico que desempeñan un papel importante en el comportamiento químico del aire: liberan cloro. Esos átomos de cloro estuvieron, alguna vez, en un aerosol que alguien compró hace sesenta años en un supermercado de Chicago, o algún otro lugar del mundo.
Con la llegada de la primavera, aumenta la luz solar y las moléculas de cloro se activan destruyendo el ozono dentro del vórtice. Por eso es que el agujero es especialmente grande en los meses de septiembre y octubre. A fines de noviembre, los límites se desdibujan, la masa de aire carente de ozono se libera y se forman manchas sobre el continente sudamericano.
“El año pasado, durante el mes de octubre hubo otro pico histórico de disminución del gas, que repercutió en la Patagonia y en las regiones de latitudes medias, como Buenos Aires”, ejemplifica Wolfram sobre la relevancia del problema para nuestro país.
“El tema parece haber pasado de moda, pero la pérdida de este gas vital tiene consecuencias muy graves para el desarrollo en la Tierra”, dice, en relación con la radiación solar nociva. Wolfram, que es especialista en monitoreo atmosférico y trabaja en relación permanente con la NASA, acentúa la necesidad de pensar el problema en términos de actualidad, ya que los pronósticos de hace dos décadas se están cumpliendo.
Una cuestión de latitud
Para la comunidad científica, el desafío es pensar los problemas que acarrea la disminución del ozono en el nuevo escenario de cambio climático. Así lo expresan el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la última Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono 2014, el documento de mayor consenso sobre la temática a nivel global.
Más de trescientos investigadores de todo el mundo trabajan para saber cómo influyen dos procesos claves en la recuperación del ozono estratosférico. Por un lado, se cree que, efectivamente, la reducción de cloro se está produciendo. Los CFCs fueron prohibidos y la industria los reemplazó en casi todo el mundo. Pero, por otro lado, el aumento constante de la temperatura estratosférica arriba de la Antártida también disminuiría el área que ocupa el agujero.
En este sentido, también el especialista argentino en monitoreo de ozono y radiación solar asegura que la atmósfera de hoy no es la misma de hace veinte años. Afirma Wolfram: “Monitoreamos los gases atmosféricos del hemisferio sur para actualizar modelos, no alcanza con las predicciones. Particularmente, nos interesa entender qué sucede en las regiones comprendidas entre el trópico y el polo, donde viven muchos argentinos”.
El equipo de trabajo desarrolla sus estudios en el Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CEILAP). A través de un sistema de sensado remoto miden la concentración de las moléculas con tecnología de rangos de luz, conocida como LIDAR. Es decir, escanean la capa de ozono desde puntos específicos del territorio. Este registro permanente permite el seguimiento a largo plazo de los gases que agotan el ozono.
Río Gallegos es un punto clave para obtener datos. Allí, investigadores argentinos, chilenos y japoneses observan qué sucede más allá de las nubes. Los estudios se centran, también, en la radiación ultravioleta. En la estratósfera el ozono absorbe más del 97% de la radiación solar.
Ya lo sabemos, la consecuencia más terrible de la desaparición del ozono es que los rayos solares lleguen a nosotros directamente, sin filtro. Esta radiación es invisible y peligrosa para la vida en general, tal como lo afirma la Organización Mundial de la Salud.
Si Midgley tuviera que testear sus CFCs en el siglo XXI, debería someterse a exposiciones prolongadas a los rayos del sol. Tendría que trabajar, por ejemplo, seis horas al aire libre durante la primavera y el verano, en cualquier provincia del centro de Argentina. Y, conforme a sus antecedentes, lo haría sin cremas de protección solar, sin sombrero y sin anteojos.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional brinde el dato de la radiación diaria, ¿estamos atentos?, ¿hay que cuidarse del sol todo el año? Esas preguntas también se las hacen los científicos. Así, investigadores argentinos y japoneses construyeron el Solmáforo, un aparato cuyos sensores perciben la radiación como lo haría la piel humana. Basado en un índice internacional del 1 al 11, el peligro de exposición se representa mediante esa escala y un color.
Elián Wolfram y su equipo intentan visibilizar que el problema se extiende en todo el territorio, y resaltan que sus consecuencias están íntimamente atadas a la latitud. Según el ángulo con que los rayos de sol lleguen a la Tierra, la falta de ozono será más o menos conflictiva. Esto explica que, aunque el vaciamiento del ozono ocurre en la región más austral, el desplazamiento atmosférico sobre el continente americano vuelve más compleja la situación.
Fin de siglo
Según publica la investigadora Susan Solomon en la revista Science de junio de 2016, se espera que la capa de ozono se recupere, muy lentamente, luego de que se estabilicen los índices de pérdida de ozono; se reduzca la presencia de CFCs y otros gases contaminantes en el ambiente y, en la última etapa de recuperación, se incremente la cantidad de ozono. La científica, de la universidad de Minesotta, destaca que las mediciones de las dos primeras etapas ya se llevaron a cabo con resultados alentadores, pero las del último estadio son aún inciertas. En 2015 la falta del gas fue, nuevamente, preocupante: el agujero llegó a un tamaño similar al de toda América del Norte.
Jonathan Shanklin, uno de los científicos emblemáticos en el tema –quien publicó en la revista Nature la confirmación sobre el daño causado por los CFCs en 1985– cree que hay que ser cauteloso en las afirmaciones. “Algunos investigadores empezaron a hablar de recuperación, pero yo creo que esto es prematuro”, dijo hace unos años en la misma revista. Del mismo modo lo considera Wolfram: “Yo también creo que aún no podemos decir que el agujero de ozono se está cerrando. No deberíamos perder de vista que los pronósticos son a ochenta años”.
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El lobby sojero con los pelos de punta por Rosario
Empresas en alerta por una prohibición de usar glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
Si bien el impacto sería sólo en la ciudad santafesina y sobre apenas 300 hectáreas de soja, advierten del "grave" antecedente y la posibilidad de su extensión a la provincia
Las repercusiones sobre la prohibición del uso del glifosato en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sobre todo el ejido urbano, no tardaron en llegar.
Desde distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla "sin fundamentos científicos" y por no haber sido consultados (la medida fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado en un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello -Compromiso con Rosario- y Pedro Salinas -Ciudad Futura).
Tanto desde Aapresid como de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) advirtieron también que la decisión genera un "grave" antecedente porque se basa en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resultó cuestionado porque se reveló más tarde que se habrían editado los resultados. "Esta decisión es alejarse de la ciencia para tomar decisiones en base a presunciones de lo que es políticamente correcto", afirmó a El Cronista Pedro Vigneau, Presidente de Aapresid.
El ejecutivo catalogó la noticia como un "baldazo de agua fría", teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que se conformó a raíz de la producción agrícola como el mayor polo de crushing y exportación agrícola del país. En paralelo remarcó que la prohibición en sí, que todavía no pasó por la instancia de promulgación que corresponde al poder ejecutivo en manos de la intendenta Mónica Fein, bioquímica de profesión, sólo afectaría a la ciudad y áreas periurbanas que abarcan 300 hectáreas de soja y 500 hectáreas hortícolas, pero que lo más graves es el antecedente que genera. "Hay más de 50 empresas que producen e importan este herbicida en el país, ya que es el herbicida más usado acá y en el mundo. Su prohibición llevaría a un aumento de los costos y en consecuencia, al aumento de precios de los alimentos", afirmó Vigneau.
Si bien se trata de la primera ciudad en el país que toma una decisión de el estilo (algo que tiene mayor desarrollo en Europa por ejemplo), el ejecutivo afirmó que otras ciudades como Gualeguaychú ya estarían siguiendo su camino, y hasta que en la propia provincia de Santa Fe ya se habla de la extensión de dicha prohibición.
En un comunicado, Aapresid comparó la decisión con el uso de la palabra "posverdad", refiriéndose a "información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público". Allí, afirmó que "desde hace algunos años esto comenzó a impactar en cuestiones técnicas tales como el uso de ciertas tecnologías de selección botánica, animal o el uso de ciertos químicos. El glifosato es presa de estos mecanismos", sostuvo y enumeró distintos informes de entidades como la European Chemicals Agency (ECHA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Consejo Interdisciplinario Argentino (reunido en 2009 a tal fin); la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la Swiss Federal Office for Agriculture; entre otros, que sostienen que no se hallaron correlaciones positivas entre el glifosato y el cáncer, y que es seguro utilizarlo de acuerdo a especificaciones que requiere el uso correcto.
Por el lado de Acsoja se afirmó que "las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza". También expresó que numerosas organizaciones internacionales ya emitieron opinión científica sobre el glifosato "que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto". Y resaltó la importancia del principio activo en la producción de granos en especial en la Argentina en la producción sustentable bajo siembra directa.
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Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
Si bien el impacto sería sólo en la ciudad santafesina y sobre apenas 300 hectáreas de soja, advierten del "grave" antecedente y la posibilidad de su extensión a la provincia
Las repercusiones sobre la prohibición del uso del glifosato en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sobre todo el ejido urbano, no tardaron en llegar.
Desde distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla "sin fundamentos científicos" y por no haber sido consultados (la medida fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado en un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello -Compromiso con Rosario- y Pedro Salinas -Ciudad Futura).
Tanto desde Aapresid como de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) advirtieron también que la decisión genera un "grave" antecedente porque se basa en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resultó cuestionado porque se reveló más tarde que se habrían editado los resultados. "Esta decisión es alejarse de la ciencia para tomar decisiones en base a presunciones de lo que es políticamente correcto", afirmó a El Cronista Pedro Vigneau, Presidente de Aapresid.
El ejecutivo catalogó la noticia como un "baldazo de agua fría", teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que se conformó a raíz de la producción agrícola como el mayor polo de crushing y exportación agrícola del país. En paralelo remarcó que la prohibición en sí, que todavía no pasó por la instancia de promulgación que corresponde al poder ejecutivo en manos de la intendenta Mónica Fein, bioquímica de profesión, sólo afectaría a la ciudad y áreas periurbanas que abarcan 300 hectáreas de soja y 500 hectáreas hortícolas, pero que lo más graves es el antecedente que genera. "Hay más de 50 empresas que producen e importan este herbicida en el país, ya que es el herbicida más usado acá y en el mundo. Su prohibición llevaría a un aumento de los costos y en consecuencia, al aumento de precios de los alimentos", afirmó Vigneau.
Si bien se trata de la primera ciudad en el país que toma una decisión de el estilo (algo que tiene mayor desarrollo en Europa por ejemplo), el ejecutivo afirmó que otras ciudades como Gualeguaychú ya estarían siguiendo su camino, y hasta que en la propia provincia de Santa Fe ya se habla de la extensión de dicha prohibición.
En un comunicado, Aapresid comparó la decisión con el uso de la palabra "posverdad", refiriéndose a "información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público". Allí, afirmó que "desde hace algunos años esto comenzó a impactar en cuestiones técnicas tales como el uso de ciertas tecnologías de selección botánica, animal o el uso de ciertos químicos. El glifosato es presa de estos mecanismos", sostuvo y enumeró distintos informes de entidades como la European Chemicals Agency (ECHA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Consejo Interdisciplinario Argentino (reunido en 2009 a tal fin); la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la Swiss Federal Office for Agriculture; entre otros, que sostienen que no se hallaron correlaciones positivas entre el glifosato y el cáncer, y que es seguro utilizarlo de acuerdo a especificaciones que requiere el uso correcto.
Por el lado de Acsoja se afirmó que "las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza". También expresó que numerosas organizaciones internacionales ya emitieron opinión científica sobre el glifosato "que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto". Y resaltó la importancia del principio activo en la producción de granos en especial en la Argentina en la producción sustentable bajo siembra directa.
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Gualeguaychú buscan prohibir el glifosato
En Gualeguaychú buscan prohibir la venta y uso de glifosato
Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Desarrollo Social de Gualeguaychú anunció este viernes que trabajarán en dos proyectos que apuntan a la prohibición de la venta, el uso y el acopio de este agroquímico en la ciudad.
Lo anunció este viernes el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio. El oficialismo presentará dos proyectos de ordenanza para avanzar con esta iniciativa.
Durante la presentación de los resultados del estudio de cáncer en Gualeguaychú, llevado a cabo por la Municipalidad, el funcionario reveló que el Departamento Ejecutivo, por pedido del Intendente, enviará dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante.
El primero, referido al uso de agroquímicos en el ejido de Gualeguaychú. Se exigirá un trámite obligatorio para tramitar el permiso, la presentación de la receta de lo que se va a usar, dónde se empleará y otros detalles, para un mayor control.
El segundo apuntará a la prohibición del uso, venta y acopio de Glifosato en el ejido de Gualeguaychú. El anuncio de Piaggio generó un cerrado aplauso de todo el auditorio.
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Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Desarrollo Social de Gualeguaychú anunció este viernes que trabajarán en dos proyectos que apuntan a la prohibición de la venta, el uso y el acopio de este agroquímico en la ciudad.
Lo anunció este viernes el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio. El oficialismo presentará dos proyectos de ordenanza para avanzar con esta iniciativa.
Durante la presentación de los resultados del estudio de cáncer en Gualeguaychú, llevado a cabo por la Municipalidad, el funcionario reveló que el Departamento Ejecutivo, por pedido del Intendente, enviará dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante.
El primero, referido al uso de agroquímicos en el ejido de Gualeguaychú. Se exigirá un trámite obligatorio para tramitar el permiso, la presentación de la receta de lo que se va a usar, dónde se empleará y otros detalles, para un mayor control.
El segundo apuntará a la prohibición del uso, venta y acopio de Glifosato en el ejido de Gualeguaychú. El anuncio de Piaggio generó un cerrado aplauso de todo el auditorio.
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Chubut: por ahora seguirá el “No” a la minería
El gobernador ratificó el “No” a la minería
Fecha de Publicación: 28/11/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Aseguró que no debe confundirse una oportunidad de desarrollo con contaminación del medio ambiente. Las declaraciones fueron hechas en Trevelin en el marco del aniversario de la ciudad. Por otra parte, el mandatario valoró las gestiones que se vienen haciendo ante el Gobierno Nacional.
El gobernador Mariano Arconi, dijo que nuestra provincia es tierra de oportunidades, pero que no se confunda con contaminación del medio ambiente. Recordó el pacto del Gobierno Provincial y los municipios impulsado por el exgobernador Mario Das Neves, de rechazo a la minería en territorio chubutense.
Preguntado si su mensaje en el acto de Trevelin fue por los intendentes que piden la minería, afirmó que en democracia se debe dar el debate. Pero, enfatizó que “nuestra postura es clara; somos respetuosos de las voces de los chubutenses, como lo decía Das Neves”, o sea rechazo absoluto a la actividad minera.
Las declaraciones fueron formuladas en el marco del 132º aniversario de la llegada del coronel Fontana y sus rifleros al Valle 16 de Octubre, ocasión en la que el intendente de Trevelin, Omar Aleuy, hizo un repaso de obras que se han ejecutado y los proyectos de otros trabajos. En este contexto resaltó que con recursos del bono de endeudamiento provincial, se han concretado muchas obras de infraestructura, no solo en el Valle 16 de Octubre, sino también en toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 28/11/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Aseguró que no debe confundirse una oportunidad de desarrollo con contaminación del medio ambiente. Las declaraciones fueron hechas en Trevelin en el marco del aniversario de la ciudad. Por otra parte, el mandatario valoró las gestiones que se vienen haciendo ante el Gobierno Nacional.
El gobernador Mariano Arconi, dijo que nuestra provincia es tierra de oportunidades, pero que no se confunda con contaminación del medio ambiente. Recordó el pacto del Gobierno Provincial y los municipios impulsado por el exgobernador Mario Das Neves, de rechazo a la minería en territorio chubutense.
Preguntado si su mensaje en el acto de Trevelin fue por los intendentes que piden la minería, afirmó que en democracia se debe dar el debate. Pero, enfatizó que “nuestra postura es clara; somos respetuosos de las voces de los chubutenses, como lo decía Das Neves”, o sea rechazo absoluto a la actividad minera.
Las declaraciones fueron formuladas en el marco del 132º aniversario de la llegada del coronel Fontana y sus rifleros al Valle 16 de Octubre, ocasión en la que el intendente de Trevelin, Omar Aleuy, hizo un repaso de obras que se han ejecutado y los proyectos de otros trabajos. En este contexto resaltó que con recursos del bono de endeudamiento provincial, se han concretado muchas obras de infraestructura, no solo en el Valle 16 de Octubre, sino también en toda la provincia.
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La gestión de áreas protegidas porteñas criticadas
Ambientalistas reclaman por la gestión de áreas protegidas
Fecha de Publicación: 28/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Consideran que las tres reservas porteñas deben tener un trato más restringido que el de un espacio verde
La ciudad de Buenos Aires cuenta con 407 ha de áreas protegidas, distribuidas en 353 ha en la Costanera Sur, 18 en la Costanera Norte y 36 en el Parque Natural Lugano. Su importancia es fundamental en la conservación de la fauna y flora nativa y la conservación del patrimonio ambiental local. Sin embargo, especialistas en medio ambiente reclaman que estos espacios estén gestionados históricamente como un espacio verde más, en lugar de hacerlo como reservas urbanas.
Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierte sobre lo que considera un mal manejo de estos espacios y da un ejemplo de la reserva Costanera Sur: "Se le ha puesto un avance de cemento en la reserva para poner aparatos para hacer ejercicio, se permite una alta carga de bicicletas, mucho alambrado, todo manejo que no va en línea con lo que implica gestionar un área protegida".
Por su parte, fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público dicen que "en las áreas protegidas urbanas se busca resguardar y revitalizar remanentes de paisaje natural que han sido poco alterados por causa de actividades antrópicas". Y destacan que es importante poder brindar al habitante de la ciudad la posibilidad de tomar contacto con los ambientes naturales, y que a través de los viveros protegidos y las normas que rigen los espacios se protegen la flora y fauna nativa.
"Ningún gobierno entendió, hasta ahora, que son espacios de uso diferencial que requieren un plan específico de manejo", afirma Carlos Fernández Balboa, coordinador de Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre.
En la Reserva Ecológica Costanera Sur se pueden apreciar más de 575 especies de plantas y 385 variedades de animales, que llevaron a que fuera declarada un sitio Ramsar, es decir, un humedal con importancia internacional.
Este año la Legislatura porteña aprobó la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, que restará entre seis y ocho hectáreas a esta reserva. Las áreas protegidas cuentan con una protección legal específica que define los límites geográficos y objetivos de manejo, que, en este caso, según los especialistas, se desestimaron. "Es un pésimo antecedente", dice Fernández Balboa.
La Costanera Norte está ubicada detrás de los pabellones de Ciudad Universitaria, en tierras ganadas al Río de la Plata. Cuenta con más de 200 especies de flora y de fauna. Se creó en 2012 bajo una ley que especificó que su implementación comenzaría 90 días posterior a la ley, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno porteño y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pero la "implementación", que definiría un plan de manejo, lleva cinco años de retraso.
Allí, se pueden observar algunas mejoras como el puente de la entrada y la limpieza del borde costero. Pero según Di Pangracio, preocupa, entre otras cosas, el avance de las especies de árboles exóticas por sobre las nativas.
Los especialistas coinciden en que el Parque Natural Lago Lugano, con 36 hectáreas, es el área protegida mejor gestionada, ya que es más nueva y fue creada con otra visión. Existen distintos tipos de gestión de estas áreas: que el responsable llegue a través de un concurso; la incorporación de un Consejo de Gestión compuesto por especialistas; y la que propone Vida Silvestre, una cogestión que involucre a una organización especializada.
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Fecha de Publicación: 28/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Consideran que las tres reservas porteñas deben tener un trato más restringido que el de un espacio verde
La ciudad de Buenos Aires cuenta con 407 ha de áreas protegidas, distribuidas en 353 ha en la Costanera Sur, 18 en la Costanera Norte y 36 en el Parque Natural Lugano. Su importancia es fundamental en la conservación de la fauna y flora nativa y la conservación del patrimonio ambiental local. Sin embargo, especialistas en medio ambiente reclaman que estos espacios estén gestionados históricamente como un espacio verde más, en lugar de hacerlo como reservas urbanas.
Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advierte sobre lo que considera un mal manejo de estos espacios y da un ejemplo de la reserva Costanera Sur: "Se le ha puesto un avance de cemento en la reserva para poner aparatos para hacer ejercicio, se permite una alta carga de bicicletas, mucho alambrado, todo manejo que no va en línea con lo que implica gestionar un área protegida".
Por su parte, fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público dicen que "en las áreas protegidas urbanas se busca resguardar y revitalizar remanentes de paisaje natural que han sido poco alterados por causa de actividades antrópicas". Y destacan que es importante poder brindar al habitante de la ciudad la posibilidad de tomar contacto con los ambientes naturales, y que a través de los viveros protegidos y las normas que rigen los espacios se protegen la flora y fauna nativa.
"Ningún gobierno entendió, hasta ahora, que son espacios de uso diferencial que requieren un plan específico de manejo", afirma Carlos Fernández Balboa, coordinador de Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre.
En la Reserva Ecológica Costanera Sur se pueden apreciar más de 575 especies de plantas y 385 variedades de animales, que llevaron a que fuera declarada un sitio Ramsar, es decir, un humedal con importancia internacional.
Este año la Legislatura porteña aprobó la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, que restará entre seis y ocho hectáreas a esta reserva. Las áreas protegidas cuentan con una protección legal específica que define los límites geográficos y objetivos de manejo, que, en este caso, según los especialistas, se desestimaron. "Es un pésimo antecedente", dice Fernández Balboa.
La Costanera Norte está ubicada detrás de los pabellones de Ciudad Universitaria, en tierras ganadas al Río de la Plata. Cuenta con más de 200 especies de flora y de fauna. Se creó en 2012 bajo una ley que especificó que su implementación comenzaría 90 días posterior a la ley, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno porteño y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pero la "implementación", que definiría un plan de manejo, lleva cinco años de retraso.
Allí, se pueden observar algunas mejoras como el puente de la entrada y la limpieza del borde costero. Pero según Di Pangracio, preocupa, entre otras cosas, el avance de las especies de árboles exóticas por sobre las nativas.
Los especialistas coinciden en que el Parque Natural Lago Lugano, con 36 hectáreas, es el área protegida mejor gestionada, ya que es más nueva y fue creada con otra visión. Existen distintos tipos de gestión de estas áreas: que el responsable llegue a través de un concurso; la incorporación de un Consejo de Gestión compuesto por especialistas; y la que propone Vida Silvestre, una cogestión que involucre a una organización especializada.
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Una nutria del Tierra del Fuego nativa en peligro
Investigan a una nutria de la Isla de los Estados en peligro
Fecha de Publicación: 28/11/2017
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata del huillín, un tipo de nutria nativa de la Patagonia que está en peligro de desaparecer.
Investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) desarrollan un proyecto en la Isla de los Estados, cuya misión principal es lograr la conservación del huillín, un tipo de nutria nativa de la Patagonia que está en peligro de extinción y posee una subpoblación activa en el paraje donde está emplazado el Faro del Fin del Mundo.
El huillín es definido por los especialistas como uno de los animales más autóctonos de la región pero también uno de los más desconocidos, tal vez porque sus hábitos solitarios y nocturnos hacen que pocas veces pueda ser divisado por seres humanos.
Afectado por la caza a partir de la década del 50´, durante el boom de la industria peletera, la especie se refugió en tres lugares del país donde hay constancia de su existencia: los parques nacionales Nahuel Huapi (en Río Negro) y Tierra del Fuego, y la isla que inspiró a Julio Verne, donde su última amenaza podrían ser las cabras y los ciervos colorados.
Se trata de especies exóticas introducidas por el hombre sin medir el impacto que podían ocasionar al ecosistema, tal como ocurrió con el castor canadiense en todo el territorio fueguino.
"Las nutrias son parte importante del ambiente porque pertenecen a los llamados predadores tope. En Tierra del Fuego son los únicos animales nativos de esta característica, junto con el zorro colorado. Su rol es clave porque mantienen el equilibrio dinámico del ecosistema", explicó a la agencia Télam Alejandro Valenzuela, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la UNTDF.
Valenzuela, que también integra el Conicet, encabezó en octubre la segunda campaña a la Isla de los Estados para estudiar al huillín y recolectar las primeras evidencias de la situación de la especie en ese lugar.
"Recorrimos casi todas las bahías y fiordos de la isla en busca de signos de presencia de este animal, que es muy difícil de observar. Colocamos cámaras trampas en madrigueras, que se activan con el movimiento y filman videos o sacan fotos. Este año retiramos las primeras memorias y así obtuvimos los resultados iniciales", detalló el investigador.
Las primeras conclusiones del trabajo poseen un aspecto contradictorio: por un lado, demuestran que el número de ejemplares "es muy importante en la isla e incluso mayor al que esperábamos", dijo Valenzuela, aunque por otra parte detectaron el peligro potencial que implican las especies exóticas.
"Descubrimos muchos sitios de huillines afectados por el pisoteo de cabras y de ciervos colorados, especialmente en la zona oeste de la isla. Advertimos una gran cantidad de ratas y aves marinas que deberíamos estudiar qué tipo de interacción tienen con las nutrias. En el mediano plazo habrá que controlar a las especies exóticas para conservar y proteger al huillín", afirmó.
Los investigadores definen a esta nutria patagónica como un "animal subacuático", que vive parte del tiempo en tierra y parte en agua, se alimenta de peces y algunos moluscos, y hasta el momento tuvo como principal amenaza a los seres humanos, no solo por la caza, prohibida desde los 80, sino por las construcciones y el uso de cursos de agua donde instalan sus madrigueras.
La universidad fueguina lidera un plan binacional con Chile (ya que el huillín habita zonas de ese país) con la idea de implementar medidas concretas que aseguren la supervivencia de la especie.
Para ello se asociaron con la empresa de turismo "Quixote Expeditions", que a través de un programa de ciencia ciudadana trasladó en dos oportunidades a los investigadores en un velero hasta Isla de los Estados, y colaboró con tareas logísticas como la recolección de las memorias y el recambio de baterías de las cámaras trampa.
"Nuestro objetivo es apoyar a los científicos a desarrollar sus investigaciones en estos lugares remotos, y además que puedan involucrar e interesar a nuestros pasajeros como un modo diferente y novedoso de divulgar la ciencia", expresaron Laura Smith y Federico Guerrero, responsables de la iniciativa en "Quixote Expeditions".
Valenzuela sostuvo que a las investigaciones en Isla de los Estados y los demás sitios donde habita el huillín, hay que sumarle una tarea de divulgación.
"El conocimiento biológico de la especie es una parte del trabajo. El otro es conseguir la valoración social de este tipo de especies, para tomar conciencia de su cuidado y de la necesidad de su conservación", analizó el investigador fueguino.
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Fecha de Publicación: 28/11/2017
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata del huillín, un tipo de nutria nativa de la Patagonia que está en peligro de desaparecer.
Investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) desarrollan un proyecto en la Isla de los Estados, cuya misión principal es lograr la conservación del huillín, un tipo de nutria nativa de la Patagonia que está en peligro de extinción y posee una subpoblación activa en el paraje donde está emplazado el Faro del Fin del Mundo.
El huillín es definido por los especialistas como uno de los animales más autóctonos de la región pero también uno de los más desconocidos, tal vez porque sus hábitos solitarios y nocturnos hacen que pocas veces pueda ser divisado por seres humanos.
Afectado por la caza a partir de la década del 50´, durante el boom de la industria peletera, la especie se refugió en tres lugares del país donde hay constancia de su existencia: los parques nacionales Nahuel Huapi (en Río Negro) y Tierra del Fuego, y la isla que inspiró a Julio Verne, donde su última amenaza podrían ser las cabras y los ciervos colorados.
Se trata de especies exóticas introducidas por el hombre sin medir el impacto que podían ocasionar al ecosistema, tal como ocurrió con el castor canadiense en todo el territorio fueguino.
"Las nutrias son parte importante del ambiente porque pertenecen a los llamados predadores tope. En Tierra del Fuego son los únicos animales nativos de esta característica, junto con el zorro colorado. Su rol es clave porque mantienen el equilibrio dinámico del ecosistema", explicó a la agencia Télam Alejandro Valenzuela, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la UNTDF.
Valenzuela, que también integra el Conicet, encabezó en octubre la segunda campaña a la Isla de los Estados para estudiar al huillín y recolectar las primeras evidencias de la situación de la especie en ese lugar.
"Recorrimos casi todas las bahías y fiordos de la isla en busca de signos de presencia de este animal, que es muy difícil de observar. Colocamos cámaras trampas en madrigueras, que se activan con el movimiento y filman videos o sacan fotos. Este año retiramos las primeras memorias y así obtuvimos los resultados iniciales", detalló el investigador.
Las primeras conclusiones del trabajo poseen un aspecto contradictorio: por un lado, demuestran que el número de ejemplares "es muy importante en la isla e incluso mayor al que esperábamos", dijo Valenzuela, aunque por otra parte detectaron el peligro potencial que implican las especies exóticas.
"Descubrimos muchos sitios de huillines afectados por el pisoteo de cabras y de ciervos colorados, especialmente en la zona oeste de la isla. Advertimos una gran cantidad de ratas y aves marinas que deberíamos estudiar qué tipo de interacción tienen con las nutrias. En el mediano plazo habrá que controlar a las especies exóticas para conservar y proteger al huillín", afirmó.
Los investigadores definen a esta nutria patagónica como un "animal subacuático", que vive parte del tiempo en tierra y parte en agua, se alimenta de peces y algunos moluscos, y hasta el momento tuvo como principal amenaza a los seres humanos, no solo por la caza, prohibida desde los 80, sino por las construcciones y el uso de cursos de agua donde instalan sus madrigueras.
La universidad fueguina lidera un plan binacional con Chile (ya que el huillín habita zonas de ese país) con la idea de implementar medidas concretas que aseguren la supervivencia de la especie.
Para ello se asociaron con la empresa de turismo "Quixote Expeditions", que a través de un programa de ciencia ciudadana trasladó en dos oportunidades a los investigadores en un velero hasta Isla de los Estados, y colaboró con tareas logísticas como la recolección de las memorias y el recambio de baterías de las cámaras trampa.
"Nuestro objetivo es apoyar a los científicos a desarrollar sus investigaciones en estos lugares remotos, y además que puedan involucrar e interesar a nuestros pasajeros como un modo diferente y novedoso de divulgar la ciencia", expresaron Laura Smith y Federico Guerrero, responsables de la iniciativa en "Quixote Expeditions".
Valenzuela sostuvo que a las investigaciones en Isla de los Estados y los demás sitios donde habita el huillín, hay que sumarle una tarea de divulgación.
"El conocimiento biológico de la especie es una parte del trabajo. El otro es conseguir la valoración social de este tipo de especies, para tomar conciencia de su cuidado y de la necesidad de su conservación", analizó el investigador fueguino.
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