Río Negro: reconocen que buscan uranio en área protegida
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Admiten la existencia de minas de uranio en un área protegida
Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Río Negro
Finalmente la Secretaria de Ambiente de Río Negro admitió esta semana la existencia de varios proyectos dedicados a la extracción de uranio en las áreas protegidas “Bajo Santa Rosa” y “Bajo Trapalcó”, ubicadas en el margen sur del Río Negro y de gran valor paleontológico. La información se conoció gracias a la respuesta que el organismo provincial le envió a la senadora Magdalena Odarda, quien había requerido conocer detalles sobre estas explotaciones.
Medios locales aseguran que se trataría de “cinco proyectos mineros uraníferos a cargo de la Minera Cielo Azul SA: Cateo Mingo–Minera cielo Azul SA, Etapa de prospección Anit 8-Minera Cielo Azul SA, Etapa de Prospección Anit 7–Minera Cielo Azul SA, Etapa de Prospeccion Anit 6–Minera Cielo Azul SA y Etapa de prospección Mingo 10–Minera Cielo Azul SA-“.
El Uranio es la materia prima que alimenta a las centrales nucleares, por lo que su extracción y explotación suele ser una tarea de alto riesgo. “Organizaciones en todo el mundo se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Toneladas de tierra y piedra son movilizadas y molidas para extraer el mineral, que se esparce por los vientos y contamina a las poblaciones cercanas”, sostiene Odarda.
A su vez, la legisladora expresó su descontento porque “es inadmisible que el gobierno provincial autorice estos proyectos”, cuando ya conocen “el mayoritario rechazo de vecinos y organizaciones hacia las centrales y la explotación de uranio”. En ese sentido, desde la Secretaría de Ambiente provincial anunciaron también que a la fecha no se han realizado inspecciones sobre el emprendimiento, ni hay reclamos por parte de pobladores”; además desconocen la existencia de denuncias “por la presencia de maquinarias pesadas y movimiento de suelos en el área protegidan que debiera preservarse por sus valores ambientales”.
Cabe señalar, por último, que el área mencionada tiene una gran riqueza paleontológica, de origen continental y marítima, con restos de dinosaurios y reptiles marinos que han sido estudiados por los académicos.
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Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Río Negro
Finalmente la Secretaria de Ambiente de Río Negro admitió esta semana la existencia de varios proyectos dedicados a la extracción de uranio en las áreas protegidas “Bajo Santa Rosa” y “Bajo Trapalcó”, ubicadas en el margen sur del Río Negro y de gran valor paleontológico. La información se conoció gracias a la respuesta que el organismo provincial le envió a la senadora Magdalena Odarda, quien había requerido conocer detalles sobre estas explotaciones.
Medios locales aseguran que se trataría de “cinco proyectos mineros uraníferos a cargo de la Minera Cielo Azul SA: Cateo Mingo–Minera cielo Azul SA, Etapa de prospección Anit 8-Minera Cielo Azul SA, Etapa de Prospección Anit 7–Minera Cielo Azul SA, Etapa de Prospeccion Anit 6–Minera Cielo Azul SA y Etapa de prospección Mingo 10–Minera Cielo Azul SA-“.
El Uranio es la materia prima que alimenta a las centrales nucleares, por lo que su extracción y explotación suele ser una tarea de alto riesgo. “Organizaciones en todo el mundo se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Toneladas de tierra y piedra son movilizadas y molidas para extraer el mineral, que se esparce por los vientos y contamina a las poblaciones cercanas”, sostiene Odarda.
A su vez, la legisladora expresó su descontento porque “es inadmisible que el gobierno provincial autorice estos proyectos”, cuando ya conocen “el mayoritario rechazo de vecinos y organizaciones hacia las centrales y la explotación de uranio”. En ese sentido, desde la Secretaría de Ambiente provincial anunciaron también que a la fecha no se han realizado inspecciones sobre el emprendimiento, ni hay reclamos por parte de pobladores”; además desconocen la existencia de denuncias “por la presencia de maquinarias pesadas y movimiento de suelos en el área protegidan que debiera preservarse por sus valores ambientales”.
Cabe señalar, por último, que el área mencionada tiene una gran riqueza paleontológica, de origen continental y marítima, con restos de dinosaurios y reptiles marinos que han sido estudiados por los académicos.
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Trabajan en el uso sustentable del guanaco
El Gobierno nacional avanza en el uso sustentable del guanaco como alternativa productiva en la Patagonia
Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santa Cruz
Fue aprobada la resolución N.º 711-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por la cual se autoriza la exportación y el tránsito interprovincial de carne de 200 guanacos, obtenida en el marco del Plan de Manejo Sustentable de la Provincia de Santa Cruz.
Esta habilitación permitirá explorar oportunidades de comercialización para la carne de guanaco, a partir de los ensayos realizados a nivel provincial con resultados auspiciosos. En todos los casos se llevarán a cabo controles de las autoridades locales y nacionales para garantizar la sustentabilidad de las acciones y la sanidad de los productos y subproductos cárnicos.
Esta experiencia piloto permitirá tener más información para el proceso de actualización del Plan Nacional de Manejo del Guanaco que conduce la cartera ambiental, en articulación con las provincias, los diversos sectores involucrados, instituciones científico académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Cabe señalar que lo realizado es producto del trabajo articulado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con los ministerios nacionales de Producción,Agroindustria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el CONICET, el INTA y el SENASA.
Sobre el guanaco
El Lama guanicoe es uno de los grandes herbívoros de Sudamérica y el mayor de los camélidos silvestres de este continente. Debido a su adaptabilidad a distintas condiciones, y especialmente por su forma de alimentación, el guanaco ocupa hábitats con marcadas diferencias de vegetación, relieve, clima y presencia de actividades humanas.
Si bien el 90 % de la población mundial se encuentra en la Argentina, las poblaciones de guanacos declinaron continuamente en nuestro país, desde la colonización hasta la actualidad. Sin embargo, en algunas provincias patagónicas la especie mostró una recuperación gracias a la aplicación de la normativa que sólo autoriza la obtención de fibra de animales vivos. Hoy nos encontramos con poblaciones saludables en las provincias patagónicas, lo que alienta un aprovechamiento integral de la especie por el potencial económico que presenta la calidad de su fibra, así como también su carne y cuero como subproductos.
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Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santa Cruz
Fue aprobada la resolución N.º 711-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por la cual se autoriza la exportación y el tránsito interprovincial de carne de 200 guanacos, obtenida en el marco del Plan de Manejo Sustentable de la Provincia de Santa Cruz.
Esta habilitación permitirá explorar oportunidades de comercialización para la carne de guanaco, a partir de los ensayos realizados a nivel provincial con resultados auspiciosos. En todos los casos se llevarán a cabo controles de las autoridades locales y nacionales para garantizar la sustentabilidad de las acciones y la sanidad de los productos y subproductos cárnicos.
Esta experiencia piloto permitirá tener más información para el proceso de actualización del Plan Nacional de Manejo del Guanaco que conduce la cartera ambiental, en articulación con las provincias, los diversos sectores involucrados, instituciones científico académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Cabe señalar que lo realizado es producto del trabajo articulado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con los ministerios nacionales de Producción,Agroindustria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el CONICET, el INTA y el SENASA.
Sobre el guanaco
El Lama guanicoe es uno de los grandes herbívoros de Sudamérica y el mayor de los camélidos silvestres de este continente. Debido a su adaptabilidad a distintas condiciones, y especialmente por su forma de alimentación, el guanaco ocupa hábitats con marcadas diferencias de vegetación, relieve, clima y presencia de actividades humanas.
Si bien el 90 % de la población mundial se encuentra en la Argentina, las poblaciones de guanacos declinaron continuamente en nuestro país, desde la colonización hasta la actualidad. Sin embargo, en algunas provincias patagónicas la especie mostró una recuperación gracias a la aplicación de la normativa que sólo autoriza la obtención de fibra de animales vivos. Hoy nos encontramos con poblaciones saludables en las provincias patagónicas, lo que alienta un aprovechamiento integral de la especie por el potencial económico que presenta la calidad de su fibra, así como también su carne y cuero como subproductos.
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Ley de protección de flora y fauna apícola a medio camino
Media sanción a la ley de protección de flora y fauna apícola
Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley del senador José Baucero que declara de interés provincial el desarrollo de la flora y fauna apícola.
El senado provincial dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley del senador provincial del Partido Justicialista, José Baucero, que declara de interés y como patrimonio provincial al desarrollo de la apicultura, y la protección de toda la flora apícola. Al mismo tiempo dispone la protección de las abejas melíferas (Apis melífera) y la considera como insecto útil con valor económico y beneficios necesarios para el del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
La propuesta del senador del departamento por San Javier también determina la Integración de un Fondo de Fomento y Expansión para la Producción, industrialización y comercialización de la actividad apícola por un lapso de diez años a partir de la promulgación de la ley, para las organizaciones o empresas nacionales, industriales, comerciales o de servicio cualquiera sea la forma de integración de su capital y cuyo ámbito de actuación, domicilio fiscal y domicilio legal, se encuentre dentro del territorio del departamento San Javier, a fin de fomentar y contribuir subsidiariamente a pequeños productores en la adquisición de equipamientos y maquinarias de trabajo.
Al fundamentar la iniciativa presentada, Baucero manifestó estar convencido de que “el instrumento legal proyectado destaca la importancia del cuidado de los polinizadores, de la biodiversidad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios, promoviendo la integración y la organización de los actores de la cadena de valor apícola y generando valor agregado a la producción”.
Además, permitirá “la transferencia de las diferentes tecnologías disponibles en el marco conceptual de la calidad, considerando fundamentalmente la información generada a través de ensayos, unidades demostrativas y relevamientos de colmenas, entre otras faenas productivas, además de permitir el desarrollo de traspaso y extensión en la capacitación (profesionales, productores, operarios), comunicación (gacetillas, publicaciones), unidad demostrativas y red de información técnica (Ensayos, experimentación adaptativas, red de monitoreos a campo, etc.)”.
Vale destacar que el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
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Fecha de Publicación: 12/10/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley del senador José Baucero que declara de interés provincial el desarrollo de la flora y fauna apícola.
El senado provincial dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley del senador provincial del Partido Justicialista, José Baucero, que declara de interés y como patrimonio provincial al desarrollo de la apicultura, y la protección de toda la flora apícola. Al mismo tiempo dispone la protección de las abejas melíferas (Apis melífera) y la considera como insecto útil con valor económico y beneficios necesarios para el del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
La propuesta del senador del departamento por San Javier también determina la Integración de un Fondo de Fomento y Expansión para la Producción, industrialización y comercialización de la actividad apícola por un lapso de diez años a partir de la promulgación de la ley, para las organizaciones o empresas nacionales, industriales, comerciales o de servicio cualquiera sea la forma de integración de su capital y cuyo ámbito de actuación, domicilio fiscal y domicilio legal, se encuentre dentro del territorio del departamento San Javier, a fin de fomentar y contribuir subsidiariamente a pequeños productores en la adquisición de equipamientos y maquinarias de trabajo.
Al fundamentar la iniciativa presentada, Baucero manifestó estar convencido de que “el instrumento legal proyectado destaca la importancia del cuidado de los polinizadores, de la biodiversidad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios, promoviendo la integración y la organización de los actores de la cadena de valor apícola y generando valor agregado a la producción”.
Además, permitirá “la transferencia de las diferentes tecnologías disponibles en el marco conceptual de la calidad, considerando fundamentalmente la información generada a través de ensayos, unidades demostrativas y relevamientos de colmenas, entre otras faenas productivas, además de permitir el desarrollo de traspaso y extensión en la capacitación (profesionales, productores, operarios), comunicación (gacetillas, publicaciones), unidad demostrativas y red de información técnica (Ensayos, experimentación adaptativas, red de monitoreos a campo, etc.)”.
Vale destacar que el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
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Jujuy tendrá el parque fotovoltaico más grande de AL
En Jujuy se inician las obras del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica
Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Jujuy
El presidente Mauricio Macri, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, anunciaron este viernes el inicio de las obras del parque fotovoltaico Caucharí de Jujuy, que será la planta de energía solar más grande de Latinoamérica con una capacidad de producción de 300 MW.
Macri hizo la presentación desde el Gran Buenos Aires – donde inauguró un Metrobus - a través de una teleconferencia que compartió con Morales y Peña, quienes se encontraban en Caucharí, donde se levantará la planta, a unos 300 kilómetros de la capital provincial.
“No puedo estar con mis hermanos jujeños en este momento, pero todos juntos vamos a hablar con ellos, que viven un momento histórico porque están poniendo en marcha la construcción de un parque solar a más de 4 mil metros de altura que va a darle energía a todos los argentinos. Energía solar que no contamina”, puntualizó el Presidente.
Se trata de un proyecto de tres parques (Caucharí Solar I, II y III) que generarán cada uno una potencia de 100 megavatios, con la instalación de 1.200.000 de paneles solares que demandarán una inversión de 511 millones de dólares y el empleo de 600 puestos de trabajo directo.
El Jefe de Estado remarcó que Jujuy “va a ser potencia mundial de energía solar para que todos los argentinos podamos crecer”.
“La Argentina está en marcha porque todos nos hemos convencido de que juntos podemos hacer grandes cosas, que juntos vamos a progresar, que se acabó la resignación y lo que crece es la esperanza en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer”, subrayó.
También asistieron a la presentación del comienzo de los trabajos, los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios nacionales como provinciales.
El Export-Import Bank (Eximbank) of China financiará parte del proyecto por un monto de 331,5 millones de dólares con un préstamo a 15 años, incluyendo dos de gracia.
El Parque será traspasado a Jujuy por el Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda a través de un Convenio de Préstamo Subsidiario.
El producido por la venta de energía de Caucharí Solar I, II y III a partir de 2018 permitirá progresivamente la devolución del préstamo y la cobertura de los costos de operación y mantenimiento de las plantas.
Los tres parques fotovoltaicos generarán en forma inicial 600 puestos de trabajo directo y será una fuente multiplicadora de beneficios y oportunidades de desarrollo para los proveedores locales.
Para Jujuy, la venta de energía está asegurada mediante un Contrato entre la empresa JEMSE –sociedad del Estado- con CAMMESA a través de una licitación en el marco del programa RenovAR.
Peña enfatizó que este proyecto “derriba la idea de la confrontación” y pidió que “todos los argentinos que viven en otras provincias desconfíen y rechacen a los gobernadores que quieren hacer falsas divisiones entre sus provincias y la Nación”.
“Eso podría ser válido hace 150 o 200 años, pero hoy estamos unidos de verdad, con un gobierno federal que lo que está buscando son proyectos, iniciativas, ideas, concreciones reales para llevar bienestar a todos los argentinos que esperan hace mucho tiempo”, añadió.
Peña remarcó que también “es falsa la división entre pueblos originarios y el resto de los argentinos que vive en otros lugares” porque “este proyecto demuestra todo lo que se puede hacer, trabajando en conjunto, derribando ese verso de que no se quiere trabajar, que no se quiere mayor bienestar”.
“El ejemplo nos demuestra también que se puede vincular lo ancestral y lo profundo de nuestra tierra con la construcción de un futuro, que tener memoria y tener identidad nos da energía y fuerza y nos obliga a construirlo, juntos y hermanados, como somos todos los argentinos”, puntualizó.
Puso de relieve que los argentinos “estamos bendecidos con los reservorios más grandes de energía solar y eólica del planeta, y hasta que llegamos nosotros prácticamente no se había desarrollado”.
“Por nuestra parte vamos a seguir trabajando todos los días en el territorio con todos los gobernadores, intendentes, empresarios, productores, dirigentes sociales y comunitarios que quieran sacar el país adelante”, afirmó.
En tanto, Morales señaló que “este proyecto parecía un sueño y hoy lo estamos concretando e iniciando” y remarcó que es el “único” de esas características en el país por cuanto está enclavado en la Puna jujeña que es “una de las zonas de mayor radiación solar del mundo”.
Dijo también que se inscribe en la decisión del Presidente Macri de “cambiar la matriz energética en Argentina” para salir de la dependencia de los hidrocarburos y pasar a la generación de energía renovable”.
Del mismo modo, sigue los lineamientos de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París en cuanto a la lucha internacional contra el Cambio Climático.
“Por eso, la decisión de Mauricio de renovar y dar el primer paso para este gran cambio que hoy hemos iniciado, que nos cambió la cabeza a todos. Fueron los desafíos que pusimos en marcha y empezamos a trabajar con un gran equipo de gobierno”, subrayó.
Dijo que “tenemos la decisión de convertir a Jujuy en provincia verde y que en los próximos diez años aporte el 10 por ciento de la matriz energética que va a demandar la Argentina”.
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Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Jujuy
El presidente Mauricio Macri, el gobernador jujeño Gerardo Morales y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, anunciaron este viernes el inicio de las obras del parque fotovoltaico Caucharí de Jujuy, que será la planta de energía solar más grande de Latinoamérica con una capacidad de producción de 300 MW.
Macri hizo la presentación desde el Gran Buenos Aires – donde inauguró un Metrobus - a través de una teleconferencia que compartió con Morales y Peña, quienes se encontraban en Caucharí, donde se levantará la planta, a unos 300 kilómetros de la capital provincial.
“No puedo estar con mis hermanos jujeños en este momento, pero todos juntos vamos a hablar con ellos, que viven un momento histórico porque están poniendo en marcha la construcción de un parque solar a más de 4 mil metros de altura que va a darle energía a todos los argentinos. Energía solar que no contamina”, puntualizó el Presidente.
Se trata de un proyecto de tres parques (Caucharí Solar I, II y III) que generarán cada uno una potencia de 100 megavatios, con la instalación de 1.200.000 de paneles solares que demandarán una inversión de 511 millones de dólares y el empleo de 600 puestos de trabajo directo.
El Jefe de Estado remarcó que Jujuy “va a ser potencia mundial de energía solar para que todos los argentinos podamos crecer”.
“La Argentina está en marcha porque todos nos hemos convencido de que juntos podemos hacer grandes cosas, que juntos vamos a progresar, que se acabó la resignación y lo que crece es la esperanza en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer”, subrayó.
También asistieron a la presentación del comienzo de los trabajos, los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios nacionales como provinciales.
El Export-Import Bank (Eximbank) of China financiará parte del proyecto por un monto de 331,5 millones de dólares con un préstamo a 15 años, incluyendo dos de gracia.
El Parque será traspasado a Jujuy por el Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda a través de un Convenio de Préstamo Subsidiario.
El producido por la venta de energía de Caucharí Solar I, II y III a partir de 2018 permitirá progresivamente la devolución del préstamo y la cobertura de los costos de operación y mantenimiento de las plantas.
Los tres parques fotovoltaicos generarán en forma inicial 600 puestos de trabajo directo y será una fuente multiplicadora de beneficios y oportunidades de desarrollo para los proveedores locales.
Para Jujuy, la venta de energía está asegurada mediante un Contrato entre la empresa JEMSE –sociedad del Estado- con CAMMESA a través de una licitación en el marco del programa RenovAR.
Peña enfatizó que este proyecto “derriba la idea de la confrontación” y pidió que “todos los argentinos que viven en otras provincias desconfíen y rechacen a los gobernadores que quieren hacer falsas divisiones entre sus provincias y la Nación”.
“Eso podría ser válido hace 150 o 200 años, pero hoy estamos unidos de verdad, con un gobierno federal que lo que está buscando son proyectos, iniciativas, ideas, concreciones reales para llevar bienestar a todos los argentinos que esperan hace mucho tiempo”, añadió.
Peña remarcó que también “es falsa la división entre pueblos originarios y el resto de los argentinos que vive en otros lugares” porque “este proyecto demuestra todo lo que se puede hacer, trabajando en conjunto, derribando ese verso de que no se quiere trabajar, que no se quiere mayor bienestar”.
“El ejemplo nos demuestra también que se puede vincular lo ancestral y lo profundo de nuestra tierra con la construcción de un futuro, que tener memoria y tener identidad nos da energía y fuerza y nos obliga a construirlo, juntos y hermanados, como somos todos los argentinos”, puntualizó.
Puso de relieve que los argentinos “estamos bendecidos con los reservorios más grandes de energía solar y eólica del planeta, y hasta que llegamos nosotros prácticamente no se había desarrollado”.
“Por nuestra parte vamos a seguir trabajando todos los días en el territorio con todos los gobernadores, intendentes, empresarios, productores, dirigentes sociales y comunitarios que quieran sacar el país adelante”, afirmó.
En tanto, Morales señaló que “este proyecto parecía un sueño y hoy lo estamos concretando e iniciando” y remarcó que es el “único” de esas características en el país por cuanto está enclavado en la Puna jujeña que es “una de las zonas de mayor radiación solar del mundo”.
Dijo también que se inscribe en la decisión del Presidente Macri de “cambiar la matriz energética en Argentina” para salir de la dependencia de los hidrocarburos y pasar a la generación de energía renovable”.
Del mismo modo, sigue los lineamientos de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París en cuanto a la lucha internacional contra el Cambio Climático.
“Por eso, la decisión de Mauricio de renovar y dar el primer paso para este gran cambio que hoy hemos iniciado, que nos cambió la cabeza a todos. Fueron los desafíos que pusimos en marcha y empezamos a trabajar con un gran equipo de gobierno”, subrayó.
Dijo que “tenemos la decisión de convertir a Jujuy en provincia verde y que en los próximos diez años aporte el 10 por ciento de la matriz energética que va a demandar la Argentina”.
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Jujuy: protesta de indígenas por la minería
Marcha de comunidades indígenas: denuncian contaminación de las mineras en Jujuy
Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Once Diario
Provincia/Región: Jujuy
Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la “Cumbre del Agua”, resolvieron entre otras cosas, “exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona”, al gobierno el “cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…”, “exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…” y “adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional”. Denuncian que en Jujuy “hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…” Por otra parte, la “Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida” adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy “hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas”. También “exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos”.
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó ” nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La “Caminata por el Agua y la Vida”, deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias”.
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo “… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada”.
“…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios” concluyó VIlca.
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Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Once Diario
Provincia/Región: Jujuy
Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la “Cumbre del Agua”, resolvieron entre otras cosas, “exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona”, al gobierno el “cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…”, “exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…” y “adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional”. Denuncian que en Jujuy “hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…” Por otra parte, la “Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida” adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy “hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas”. También “exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos”.
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó ” nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La “Caminata por el Agua y la Vida”, deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias”.
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo “… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada”.
“…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios” concluyó VIlca.
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Se viene el etiquetado energético para viviendas
Avanza la implementación del etiquetado energético para viviendas
Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El proyecto de ley para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de las construcciones ya ingresó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. La idea es extender la práctica a nivel nacional.
La provincia de Santa Fe es la primera del país en desarrollar y llevar a la práctica un sistema aplicativo para determinar un “índice de prestación energética” para clasificar la eficiencia de las viviendas, de un modo análogo al que ya poseen las heladeras o los equipos de aire acondicionado.
El proyecto de la Ley de Etiquetado de Viviendas que ya fue presentado en la Cámara de Diputados provincial apunta a que cada vivienda tenga un certificado que brinde información al usuario sobre su eficiencia en el consumo de energía, y que éste sea un instrumento de decisión adicional a la hora de alquilar o comprar una propiedad.
La primera semana de octubre se presentaron los primeros resultados de la prueba piloto que se inició el abril. En ese contexto, autoridades de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno Nacional anunciaron la intención de extender el programa a todo el país.
Los datos del relevamiento de 516 viviendas en la ciudad de Rosario se usarán para ajustar detalles del aplicativo y validar el sistema de implementación. La investigación y el desarrollo del aplicativo está a cargo de profesionales de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fé y, junto al aporte del INTI y el apoyo del Gobierno nacional, sirvió como base técnica para el proyecto de reforma de la norma IRAM 11.900 para el cálculo de las envolventes térmicas y el etiquetado de edificios, que en estos días salió a discusión pública.
El ingeniero Roque Stagnitta, asesor técnico de la Secretaría, fundamentó el interés de la provincia en esta iniciativa. “El 28% de la demanda de energía proviene del sector residencial, el cual concentra un gran potencial de mejora”, señaló. Y explicó que, para lograr la eficiencia energética en un sector de consumo tan atomizado y diverso, el Estado debe encarar el tema como una política pública, es decir, conformar un sistema normativo que pueda acompañar y conducir el comportamiento de los individuos.
El equipo de trabajo se concentró en desarrollar tres aspectos fundamentales para que el proyecto tenga sustento. En sus aspectos técnicos, buscaron el consenso de la comunidad científica respecto a cuáles son los procedimientos adecuados para decir que un inmueble es mejor que otro en términos de eficiencia energética. A su vez, para ganar el reconocimiento legal, la etiqueta estará asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Por último, el proyecto de Ley se enfoca en generar un instrumento que sea fácilmente adoptable por el mercado, para lo cual se creará un sello distintivo y buscarán simplificar la tarea del profesional que realice la certificación y la gestión para el propietario del inmueble. El plazo de vigencia sería de 10 años y, al principio, solo para viviendas.
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Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
El proyecto de ley para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de las construcciones ya ingresó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. La idea es extender la práctica a nivel nacional.
La provincia de Santa Fe es la primera del país en desarrollar y llevar a la práctica un sistema aplicativo para determinar un “índice de prestación energética” para clasificar la eficiencia de las viviendas, de un modo análogo al que ya poseen las heladeras o los equipos de aire acondicionado.
El proyecto de la Ley de Etiquetado de Viviendas que ya fue presentado en la Cámara de Diputados provincial apunta a que cada vivienda tenga un certificado que brinde información al usuario sobre su eficiencia en el consumo de energía, y que éste sea un instrumento de decisión adicional a la hora de alquilar o comprar una propiedad.
La primera semana de octubre se presentaron los primeros resultados de la prueba piloto que se inició el abril. En ese contexto, autoridades de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno Nacional anunciaron la intención de extender el programa a todo el país.
Los datos del relevamiento de 516 viviendas en la ciudad de Rosario se usarán para ajustar detalles del aplicativo y validar el sistema de implementación. La investigación y el desarrollo del aplicativo está a cargo de profesionales de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fé y, junto al aporte del INTI y el apoyo del Gobierno nacional, sirvió como base técnica para el proyecto de reforma de la norma IRAM 11.900 para el cálculo de las envolventes térmicas y el etiquetado de edificios, que en estos días salió a discusión pública.
El ingeniero Roque Stagnitta, asesor técnico de la Secretaría, fundamentó el interés de la provincia en esta iniciativa. “El 28% de la demanda de energía proviene del sector residencial, el cual concentra un gran potencial de mejora”, señaló. Y explicó que, para lograr la eficiencia energética en un sector de consumo tan atomizado y diverso, el Estado debe encarar el tema como una política pública, es decir, conformar un sistema normativo que pueda acompañar y conducir el comportamiento de los individuos.
El equipo de trabajo se concentró en desarrollar tres aspectos fundamentales para que el proyecto tenga sustento. En sus aspectos técnicos, buscaron el consenso de la comunidad científica respecto a cuáles son los procedimientos adecuados para decir que un inmueble es mejor que otro en términos de eficiencia energética. A su vez, para ganar el reconocimiento legal, la etiqueta estará asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Por último, el proyecto de Ley se enfoca en generar un instrumento que sea fácilmente adoptable por el mercado, para lo cual se creará un sello distintivo y buscarán simplificar la tarea del profesional que realice la certificación y la gestión para el propietario del inmueble. El plazo de vigencia sería de 10 años y, al principio, solo para viviendas.
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El cuento de la economía verde en Córdoba
El cuento de la economía verde en Córdoba
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: Agencia Alai Amlatina - Por Jorge Foa Torres
Provincia/Región: Nacional
Adil Najam (investigador de la Universidad de Boston) señala que la expansión de la causa ambiental en los países del Sur durante los años 80 y especialmente los 90 tuvo como pilar: … la emergencia de una comunidad epistémica ambiental en el Sur [que] es en parte el resultado del bombardeo de programas educacionales y de capacitación inspirados en el Norte que han tenido el efecto de cooptar una generación entera de intelligentsia hacia una mirada mayormente del Norte de la cuestión ambiental (2005: 315).
Es que a contramano de lo que suele ser difundido por medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, la cuestión ambiental ha estado marcada desde su emergencia en los años 60 por el antagonismo Norte-Sur. Es decir, por la disputa en torno al sentido de los problemas ambientales y su relación con la desigualdad del sistema político-económico internacional, la pobreza en los países del Sur, el rol de los Estados en la política ambiental, el papel de las corporaciones transnacionales, los mecanismos de financiamiento, la transferencia de tecnologías y la heterogeneidad estructural de las economías de los países menos desarrollados.
En los últimos días, la Fundación Advanced Leadership ha anunciado la visita del ex Presidente de los EE. UU. Barack Obama a Córdoba en el marco de la Cumbre de Economía Verde a realizarse los días 5 y 6 de octubre en nuestra ciudad. El propósito del evento es capacitar a 300 líderes de opinión argentinos a los fines de formar “una nueva generación de líderes que se comprometan con el concepto de la economía verde, de la economía sustentable, y entiendan que tiene sentido para Argentina y para las provincias apostar por la economía verde desde un punto de vista competitivo, de desarrollo económico” (Juan Verde, La Nación, 14 de agosto de 2017).
El concepto de economía verde, como cualquier otro, posee un importante nivel de ambigüedad. No obstante, existe cierto consenso de que el mismo está fundamentalmente vinculado a la promoción del crecimiento económico global mediante la modernización productiva orientada a economías bajas en carbono. La competitividad, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son también elementos nodales de esta noción.
No obstante, desde América Latina en los últimos años se han hecho esfuerzos por formular posturas críticas a la economía verde advirtiendo que, por un lado, “si el sistema de relaciones comerciales Norte-Sur se mantiene inalterado (…) el concepto de Economía Verde puede desembocar en el aumento del proteccionismo de los países del Norte sobre los productos agrícolas que vienen del Sur” (Serrano Mansilla y Carrillo, 2011: 19). Por otro, que los mecanismos financieros y de transferencia de tecnologías implicados en tal concepto pueden conducir, tanto a nuevas formas de injerencia de organismos multilaterales en los estados latinoamericanos, como así también a un nuevo ciclo de endeudamiento “verde” de los países de la región.
En una línea aún más crítica, se ha afirmado que “[la] economía verde aparece como respuesta a la crisis climática, pero constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur” (Arkonanda y Santillana, 2011: 42).
Desde el análisis político, podemos afirmar que la causa ambiental ha estado fundacionalmente marcada por el antagonismo Norte-Sur antes que por cualquier proteccionismo aséptico o puramente técnico. Por lo tanto, la formación en cuestiones de política ambiental no debe pasar por alto estas disputas que, lejos de confinarse al campo de las relaciones internacionales, se desencadenan en nuestros territorios. Caso contrario, correremos el riesgo de subordinarnos nuevamente, como señala Najam, a las estrategias de cooptación de los Países del Norte.
Como se ha afirmado en otros trabajos, desde los años 90 Córdoba ha sido un caso testigo en América Latina en la implementación de políticas ambientales de marcado corte neoliberal, específicamente las referidas a residuos peligrosos, en el marco de la instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina (Foa Torres, 2016, 2017). La gravísima situación ambiental de nuestra provincia no es ajena a los modelos neoliberales de gobernanza ambiental llevados adelante en las últimas décadas, sino un efecto del mismo.
En tal contexto, los supuestos “beneficios ecológicos” que conllevaría la economía verde, no deben hacernos perder de vista las raíces políticas, económicas e ideológicas de la causa ambiental y, más precisamente, el carácter neocolonial que ha asumido en las últimas décadas promoviendo la profundización de las asimetrías entre países y hacia dentro de nuestros territorios, a través de procesos de transnacionalización, concentración y centralización de nuestras economías.
Referencias:
Arkonada, K. y Santillana, A. (2011): “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”, en: El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, Quito.
Foa Torres, Jorge (2016): “Lógica de la gestión ambientalmente adecuada y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: el tema emblemático de las políticas de residuos peligrosos en Argentina en los años 90”, en: Revista Luna Azul, n° 42, pp. 293-318.
Foa Torres, Jorge (2017): Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba, CEA-UNC, en prensa.
La Nación, 14 de Agosto de 2017, “Barack Obama vendrá a Córdoba en octubre para participar de la Cumbre Economía Verde 2017”, recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2053132-barack-obama-vendra-a-cordoba-en-octubre-para-participar-de-la-cumbre-economia-verde-2017
Najam, Adil (2005): “Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation to Engagement”, en: International Environmental Agreements, 5, pp. 303-321.
Serrano Mansilla, A. y Carrillo, Sergio (2011): La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Quito.
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: Agencia Alai Amlatina - Por Jorge Foa Torres
Provincia/Región: Nacional
Adil Najam (investigador de la Universidad de Boston) señala que la expansión de la causa ambiental en los países del Sur durante los años 80 y especialmente los 90 tuvo como pilar: … la emergencia de una comunidad epistémica ambiental en el Sur [que] es en parte el resultado del bombardeo de programas educacionales y de capacitación inspirados en el Norte que han tenido el efecto de cooptar una generación entera de intelligentsia hacia una mirada mayormente del Norte de la cuestión ambiental (2005: 315).
Es que a contramano de lo que suele ser difundido por medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, la cuestión ambiental ha estado marcada desde su emergencia en los años 60 por el antagonismo Norte-Sur. Es decir, por la disputa en torno al sentido de los problemas ambientales y su relación con la desigualdad del sistema político-económico internacional, la pobreza en los países del Sur, el rol de los Estados en la política ambiental, el papel de las corporaciones transnacionales, los mecanismos de financiamiento, la transferencia de tecnologías y la heterogeneidad estructural de las economías de los países menos desarrollados.
En los últimos días, la Fundación Advanced Leadership ha anunciado la visita del ex Presidente de los EE. UU. Barack Obama a Córdoba en el marco de la Cumbre de Economía Verde a realizarse los días 5 y 6 de octubre en nuestra ciudad. El propósito del evento es capacitar a 300 líderes de opinión argentinos a los fines de formar “una nueva generación de líderes que se comprometan con el concepto de la economía verde, de la economía sustentable, y entiendan que tiene sentido para Argentina y para las provincias apostar por la economía verde desde un punto de vista competitivo, de desarrollo económico” (Juan Verde, La Nación, 14 de agosto de 2017).
El concepto de economía verde, como cualquier otro, posee un importante nivel de ambigüedad. No obstante, existe cierto consenso de que el mismo está fundamentalmente vinculado a la promoción del crecimiento económico global mediante la modernización productiva orientada a economías bajas en carbono. La competitividad, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son también elementos nodales de esta noción.
No obstante, desde América Latina en los últimos años se han hecho esfuerzos por formular posturas críticas a la economía verde advirtiendo que, por un lado, “si el sistema de relaciones comerciales Norte-Sur se mantiene inalterado (…) el concepto de Economía Verde puede desembocar en el aumento del proteccionismo de los países del Norte sobre los productos agrícolas que vienen del Sur” (Serrano Mansilla y Carrillo, 2011: 19). Por otro, que los mecanismos financieros y de transferencia de tecnologías implicados en tal concepto pueden conducir, tanto a nuevas formas de injerencia de organismos multilaterales en los estados latinoamericanos, como así también a un nuevo ciclo de endeudamiento “verde” de los países de la región.
En una línea aún más crítica, se ha afirmado que “[la] economía verde aparece como respuesta a la crisis climática, pero constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur” (Arkonanda y Santillana, 2011: 42).
Desde el análisis político, podemos afirmar que la causa ambiental ha estado fundacionalmente marcada por el antagonismo Norte-Sur antes que por cualquier proteccionismo aséptico o puramente técnico. Por lo tanto, la formación en cuestiones de política ambiental no debe pasar por alto estas disputas que, lejos de confinarse al campo de las relaciones internacionales, se desencadenan en nuestros territorios. Caso contrario, correremos el riesgo de subordinarnos nuevamente, como señala Najam, a las estrategias de cooptación de los Países del Norte.
Como se ha afirmado en otros trabajos, desde los años 90 Córdoba ha sido un caso testigo en América Latina en la implementación de políticas ambientales de marcado corte neoliberal, específicamente las referidas a residuos peligrosos, en el marco de la instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina (Foa Torres, 2016, 2017). La gravísima situación ambiental de nuestra provincia no es ajena a los modelos neoliberales de gobernanza ambiental llevados adelante en las últimas décadas, sino un efecto del mismo.
En tal contexto, los supuestos “beneficios ecológicos” que conllevaría la economía verde, no deben hacernos perder de vista las raíces políticas, económicas e ideológicas de la causa ambiental y, más precisamente, el carácter neocolonial que ha asumido en las últimas décadas promoviendo la profundización de las asimetrías entre países y hacia dentro de nuestros territorios, a través de procesos de transnacionalización, concentración y centralización de nuestras economías.
Referencias:
Arkonada, K. y Santillana, A. (2011): “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”, en: El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, Quito.
Foa Torres, Jorge (2016): “Lógica de la gestión ambientalmente adecuada y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: el tema emblemático de las políticas de residuos peligrosos en Argentina en los años 90”, en: Revista Luna Azul, n° 42, pp. 293-318.
Foa Torres, Jorge (2017): Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba, CEA-UNC, en prensa.
La Nación, 14 de Agosto de 2017, “Barack Obama vendrá a Córdoba en octubre para participar de la Cumbre Economía Verde 2017”, recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2053132-barack-obama-vendra-a-cordoba-en-octubre-para-participar-de-la-cumbre-economia-verde-2017
Najam, Adil (2005): “Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation to Engagement”, en: International Environmental Agreements, 5, pp. 303-321.
Serrano Mansilla, A. y Carrillo, Sergio (2011): La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Quito.
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El futuro de las renovables en Argentina
Innovación y medio ambiente: el futuro de las energías renovables en Argentina
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar; cuáles son las perspectivas de un sector innovador y exitoso en varios países del mundo
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar, por eso la Ley 27.191, promulgada en 2015, estableció que estas energías debían alcanzar el 20% de la matriz en el año 2025.
Las energías renovables son aquellas que utilizan recursos que no son de origen fósil, como la energía eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la biomasa, la mareomotriz y la pequeña hidráulica.
Dado que actualmente las fuentes renovables representan el 2% de la matriz energética argentina, se deberán incorporar 10.000 MW y se requerirán más de US$ 15,000 millones para lograrlo.
PwC Argentina elaboró el documento "RenovAr 2 – Energías renovables: Oportunidades en un nuevo contexto de negocios", con el objeto de orientar a los potenciales interesados en participar en esta segunda ronda, que posee algunas particularidades que la hacen distinta de la primera.
Segunda vuelta
Ante el éxito del año anterior logrado en las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr, el 16 de agosto de 2017 el Ministerio de Energía y Minería de Argentina emitió la Resolución 275/17 referente a la convocatoria abierta para participar en la subasta de energías renovables. En esta ronda se adjudicarán 1200 MW (550 MW para iniciativas eólicas, 450 MW a solares fotovoltaicas, 100 MW a biomasa, 50 MW a pequeñas hidroeléctricas, 35 MW a biogás y 15 MW a biogás de relleno sanitario).
"El interés observado nos hace prever que la misma también será un éxito y que se recibirán ofertas muy superiores al compromiso que tomó el gobierno de adjudicación", explicó Ezequiel Mirazón, socio líder de energía de PwC Argentina.
La apertura y evaluación de las ofertas será el próximo 20 de octubre y la adjudicación el 29 de noviembre. Desde esa fecha y hasta el 15 de mayo del 2018 habrá tiempo para firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable (CAEER) con CAMMESA y los contratos de adhesión al FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables). El plazo para la ejecución de los proyectos será de dos años desde la firma de los contratos.
Las adjudicaciones de esta segunda ronda se realizarán por regiones, en el caso de la energía eólica se otorgarán 200 MW para Comahue, Patagonia y Buenos Aires (con un máximo de 450 MW en total) y 100 MW para el resto del país; y para la Energía Solar 200 MW para NOA y Cuyo (con un máximo de 350 MW), y 100 MW para el resto del país.
"En los últimos meses hemos recibido muchos inversores del exterior interesados en invertir en renovables en Argentina, por lo que prevemos una participación mayor de los mismos en esta ronda licitatoria", comentó Mirazón.
Según los informes del Ministerio de Energía, el interés de inversores locales e internacionales en la industria es grande: estiman que ingresarían al país unos 3000 millones de dólares en los próximos años, además de la generación de más de 10.000 puestos de trabajo.
El plan posee incentivos fiscales que incluyen la depreciación acelerada de bienes (que podrá hacer en 3, 4 o 5 cuotas anuales dependiendo los bienes y el inicio de los proyectos); la devolución anticipada de IVA; el certificado de crédito fiscal para ser utilizado contra impuestos federales equivalente al 20% del monto de las compras del componente nacional para el proyecto (teniendo en cuenta determinadas condiciones). Asimismo, se prorroga 5 años el plazo para computar las pérdidas impositivas del proyecto para impuesto a las ganancias.
"Vemos con entusiasmo el interés de varias entidades financieras y fondos de inversión a participar en estos proyectos lo que dinamizará la ejecución de los mismos", destacó Gabriel Chehda de la práctica de Deals de PwC.
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar; cuáles son las perspectivas de un sector innovador y exitoso en varios países del mundo
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar, por eso la Ley 27.191, promulgada en 2015, estableció que estas energías debían alcanzar el 20% de la matriz en el año 2025.
Las energías renovables son aquellas que utilizan recursos que no son de origen fósil, como la energía eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la biomasa, la mareomotriz y la pequeña hidráulica.
Dado que actualmente las fuentes renovables representan el 2% de la matriz energética argentina, se deberán incorporar 10.000 MW y se requerirán más de US$ 15,000 millones para lograrlo.
PwC Argentina elaboró el documento "RenovAr 2 – Energías renovables: Oportunidades en un nuevo contexto de negocios", con el objeto de orientar a los potenciales interesados en participar en esta segunda ronda, que posee algunas particularidades que la hacen distinta de la primera.
Segunda vuelta
Ante el éxito del año anterior logrado en las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr, el 16 de agosto de 2017 el Ministerio de Energía y Minería de Argentina emitió la Resolución 275/17 referente a la convocatoria abierta para participar en la subasta de energías renovables. En esta ronda se adjudicarán 1200 MW (550 MW para iniciativas eólicas, 450 MW a solares fotovoltaicas, 100 MW a biomasa, 50 MW a pequeñas hidroeléctricas, 35 MW a biogás y 15 MW a biogás de relleno sanitario).
"El interés observado nos hace prever que la misma también será un éxito y que se recibirán ofertas muy superiores al compromiso que tomó el gobierno de adjudicación", explicó Ezequiel Mirazón, socio líder de energía de PwC Argentina.
La apertura y evaluación de las ofertas será el próximo 20 de octubre y la adjudicación el 29 de noviembre. Desde esa fecha y hasta el 15 de mayo del 2018 habrá tiempo para firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable (CAEER) con CAMMESA y los contratos de adhesión al FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables). El plazo para la ejecución de los proyectos será de dos años desde la firma de los contratos.
Las adjudicaciones de esta segunda ronda se realizarán por regiones, en el caso de la energía eólica se otorgarán 200 MW para Comahue, Patagonia y Buenos Aires (con un máximo de 450 MW en total) y 100 MW para el resto del país; y para la Energía Solar 200 MW para NOA y Cuyo (con un máximo de 350 MW), y 100 MW para el resto del país.
"En los últimos meses hemos recibido muchos inversores del exterior interesados en invertir en renovables en Argentina, por lo que prevemos una participación mayor de los mismos en esta ronda licitatoria", comentó Mirazón.
Según los informes del Ministerio de Energía, el interés de inversores locales e internacionales en la industria es grande: estiman que ingresarían al país unos 3000 millones de dólares en los próximos años, además de la generación de más de 10.000 puestos de trabajo.
El plan posee incentivos fiscales que incluyen la depreciación acelerada de bienes (que podrá hacer en 3, 4 o 5 cuotas anuales dependiendo los bienes y el inicio de los proyectos); la devolución anticipada de IVA; el certificado de crédito fiscal para ser utilizado contra impuestos federales equivalente al 20% del monto de las compras del componente nacional para el proyecto (teniendo en cuenta determinadas condiciones). Asimismo, se prorroga 5 años el plazo para computar las pérdidas impositivas del proyecto para impuesto a las ganancias.
"Vemos con entusiasmo el interés de varias entidades financieras y fondos de inversión a participar en estos proyectos lo que dinamizará la ejecución de los mismos", destacó Gabriel Chehda de la práctica de Deals de PwC.
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Quieren conformar el Comité de Cuenca del Gualeguaychú
Buscan crear un comité de la cuenca del río Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: El Entreriano
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente convocará a distintos organismos provinciales, con competencia, y a los municipios aledaños a conformar el Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú, como una herramienta democrática y equitativa de administrar dicho recurso natural.
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, informaron que “resulta fundamental poner en práctica esta herramienta a fin de abordar distintas cuestiones” pero además, indicaron que se busca “el fin supremo de proteger y sanear el río Gualeguaychú. Es la forma más democrática, participativa y equitativa de administrar los recursos naturales”.
Según informaron a ElDía, la idea es proponer “en conjunto con los municipios y a partir de sus competencias, acciones adecuadas a los fines de reducir el impacto sobre el río Gualeguaychú”.
Además, se busca “promover prácticas y tecnologías ambientalmente saludables y elaborar un proyecto de plan para el trabajo del Comité, incorporando el más reciente conocimiento científico, un enfoque de gestión innovadora en la implementación de políticas estratégicas y estimulando aún más la cooperación multilateral orientada a metas alrededor de dicha cuenca”.
Asimismo, indicaron que “las metas a alcanzar con este comité de cuenca son contar con un río no afectado por el vuelco de sustancias que alteren los parámetros del mismo y la calidad de sus aguas, conservar la biodiversidad del mismo y desarrollar actividades sustentables llevadas a cabo de una manera ambientalmente amigable”.
El estado del río
A través del último monitoreo difundido por el Comité Científico de CARU, se informó que “en la desembocadura del Río Gualeguaychú hay parámetros en rojo”. Esto fue rechazado de plano por los asambleístas quienes aseguraron que se hacen informes a la medida de Botnia.
Estos valores corresponden al periodo comprendido entre mayo de 2015 y diciembre de 2016 inclusive para el río Uruguay en la zona de influencia de la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; de 12 campañas durante el año 2016 en la Planta Orion (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; y por último los Informes mensuales en la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay para el mes de enero de 2017.
El Comité Científico de CARU adviertió que “se han detectado incumplimientos en cuanto a las concentraciones determinadas para los siguientes parámetros: Aluminio, Hierro, Amonio y Berilio (en la totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados); atrazina (en un par de ocasiones por encima del límite establecido); manganeso, níquel, cromo total y organoclorados (únicamente en una oportunidad excediendo el límite); hidrocarburos totales y PAH (únicamente en una oportunidad excediendo el límite y en el resto por debajo del límite de detección).
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: El Entreriano
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente convocará a distintos organismos provinciales, con competencia, y a los municipios aledaños a conformar el Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú, como una herramienta democrática y equitativa de administrar dicho recurso natural.
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, informaron que “resulta fundamental poner en práctica esta herramienta a fin de abordar distintas cuestiones” pero además, indicaron que se busca “el fin supremo de proteger y sanear el río Gualeguaychú. Es la forma más democrática, participativa y equitativa de administrar los recursos naturales”.
Según informaron a ElDía, la idea es proponer “en conjunto con los municipios y a partir de sus competencias, acciones adecuadas a los fines de reducir el impacto sobre el río Gualeguaychú”.
Además, se busca “promover prácticas y tecnologías ambientalmente saludables y elaborar un proyecto de plan para el trabajo del Comité, incorporando el más reciente conocimiento científico, un enfoque de gestión innovadora en la implementación de políticas estratégicas y estimulando aún más la cooperación multilateral orientada a metas alrededor de dicha cuenca”.
Asimismo, indicaron que “las metas a alcanzar con este comité de cuenca son contar con un río no afectado por el vuelco de sustancias que alteren los parámetros del mismo y la calidad de sus aguas, conservar la biodiversidad del mismo y desarrollar actividades sustentables llevadas a cabo de una manera ambientalmente amigable”.
El estado del río
A través del último monitoreo difundido por el Comité Científico de CARU, se informó que “en la desembocadura del Río Gualeguaychú hay parámetros en rojo”. Esto fue rechazado de plano por los asambleístas quienes aseguraron que se hacen informes a la medida de Botnia.
Estos valores corresponden al periodo comprendido entre mayo de 2015 y diciembre de 2016 inclusive para el río Uruguay en la zona de influencia de la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; de 12 campañas durante el año 2016 en la Planta Orion (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; y por último los Informes mensuales en la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay para el mes de enero de 2017.
El Comité Científico de CARU adviertió que “se han detectado incumplimientos en cuanto a las concentraciones determinadas para los siguientes parámetros: Aluminio, Hierro, Amonio y Berilio (en la totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados); atrazina (en un par de ocasiones por encima del límite establecido); manganeso, níquel, cromo total y organoclorados (únicamente en una oportunidad excediendo el límite); hidrocarburos totales y PAH (únicamente en una oportunidad excediendo el límite y en el resto por debajo del límite de detección).
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Fiscal de Estado va contra el dueño de Manaos
Pedirán sanciones y expulsión del empresario que provocó desmontes de 19 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Juez Federal fija audiencia por Los Pelambres
El juez Federal le marcó la cancha a Los Pelambres por el retiro de la escombrera
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Rago Gallo fijó la fecha de audiencia y el plazo para que la minera exhiba el plan de remoción de los residuos que tiró en San Juan.
Para que no haya dilaciones, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo le marcó la cancha a la minera chilena Los Pelambres para encarar el retiro de las 40 millones de toneladas de escombros que tiró en suelo calingastino. El magistrado dispuso que el 26 de este mes se realice la audiencia entre representantes de la empresa, del Ministerio de Minería, de Fiscalía de Estado y de la Secretaría de Ambiente de la Nación para consensuar el plan de remoción. Y no sólo eso sino que además fijó un plazo de 10 días hábiles, a partir de la reunión, para que presente el proyecto definitivo. En el caso de que la compañía no cumpla, fuentes calificadas señalaron que el titular del Juzgado Federal Nº2 analizará qué medidas tomará, ya que el objetivo es que la escombrera se saque lo antes posible.
El conflicto se desató cuando Los Pelambres sacó toneladas de rocas de la mina que tiene en Chile y las depositó, entre 2007 y 2012, en San Juan sin autorización argentina. Desde la empresa aseguran que lo hicieron en base a la cartografía que les brindó el Gobierno trasandino. Tras la denuncia por contaminación y usurpación de agua y suelo que realizó la compañía Glencore, dueña del terreno en el que se tiraron los escombros, Rago Gallo desencadenó la investigación. Y todo se aceleró con una pericia que encargó, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas y es un foco de contaminación. Así, el juez ordenó, como medida cautelar, remover la montaña de residuos y realizar tareas de prevención para que la misma no tenga impactos en el ambiente.
Dentro de esa directiva, ayer salió a la luz que el 26 a las 9 se reunirán los técnicos y peritos para coordinar el plan de retiro. Además, el magistrado resolvió que, desde esa reunión, Los Pelambres tiene 10 días hábiles, es decir, hasta el 9 de noviembre, para presentar el proyecto final.
En el Ministerio de Minería la apuesta es que la remoción se efectúe en tres años. De hecho, los técnicos de la repartición son los que colaborarán y controlarán el plan, al igual que los peritos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por otro lado, funcionarios de Cancillería habían informado en el Senado y luego a autoridades provinciales que Los Pelambres, a través de la Cancillería chilena, había presentado una "propuesta detallada" para sacar los residuos. A los días, un alto ejecutivo del grupo que controla la compañía, Iván Arriagada, había negado la remoción y sólo habló de cierre ambiental. Tras esos dichos, Los Pelambres envió un comunicado de prensa en el que sólo señalaron que la minera "mantiene su firme disposición a colaborar en la solución definitiva que se acuerde".
El tema no es menor, ya que han sido indagados tres exgerentes Generales y un actual directivo de Antofagasta Minerals.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Rago Gallo fijó la fecha de audiencia y el plazo para que la minera exhiba el plan de remoción de los residuos que tiró en San Juan.
Para que no haya dilaciones, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo le marcó la cancha a la minera chilena Los Pelambres para encarar el retiro de las 40 millones de toneladas de escombros que tiró en suelo calingastino. El magistrado dispuso que el 26 de este mes se realice la audiencia entre representantes de la empresa, del Ministerio de Minería, de Fiscalía de Estado y de la Secretaría de Ambiente de la Nación para consensuar el plan de remoción. Y no sólo eso sino que además fijó un plazo de 10 días hábiles, a partir de la reunión, para que presente el proyecto definitivo. En el caso de que la compañía no cumpla, fuentes calificadas señalaron que el titular del Juzgado Federal Nº2 analizará qué medidas tomará, ya que el objetivo es que la escombrera se saque lo antes posible.
El conflicto se desató cuando Los Pelambres sacó toneladas de rocas de la mina que tiene en Chile y las depositó, entre 2007 y 2012, en San Juan sin autorización argentina. Desde la empresa aseguran que lo hicieron en base a la cartografía que les brindó el Gobierno trasandino. Tras la denuncia por contaminación y usurpación de agua y suelo que realizó la compañía Glencore, dueña del terreno en el que se tiraron los escombros, Rago Gallo desencadenó la investigación. Y todo se aceleró con una pericia que encargó, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas y es un foco de contaminación. Así, el juez ordenó, como medida cautelar, remover la montaña de residuos y realizar tareas de prevención para que la misma no tenga impactos en el ambiente.
Dentro de esa directiva, ayer salió a la luz que el 26 a las 9 se reunirán los técnicos y peritos para coordinar el plan de retiro. Además, el magistrado resolvió que, desde esa reunión, Los Pelambres tiene 10 días hábiles, es decir, hasta el 9 de noviembre, para presentar el proyecto final.
En el Ministerio de Minería la apuesta es que la remoción se efectúe en tres años. De hecho, los técnicos de la repartición son los que colaborarán y controlarán el plan, al igual que los peritos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por otro lado, funcionarios de Cancillería habían informado en el Senado y luego a autoridades provinciales que Los Pelambres, a través de la Cancillería chilena, había presentado una "propuesta detallada" para sacar los residuos. A los días, un alto ejecutivo del grupo que controla la compañía, Iván Arriagada, había negado la remoción y sólo habló de cierre ambiental. Tras esos dichos, Los Pelambres envió un comunicado de prensa en el que sólo señalaron que la minera "mantiene su firme disposición a colaborar en la solución definitiva que se acuerde".
El tema no es menor, ya que han sido indagados tres exgerentes Generales y un actual directivo de Antofagasta Minerals.
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Otra escuela fumigada
Fumigaron otra vez cerca de la escuela de la maestra enferma por glifosato
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer al mediodía, docentes y alumnos de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” percibieron un fuerte olor, presuntamente de un agroquímico, que vendría de un campo fumigado ese día. Es el mismo establecimiento educativo donde enfermó por culpa del glifosato Estela Lemes.
Ayer al mediodía, la rutina de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” quedó alterada cuando el portero del establecimiento comenzó a percibir un fuerte olor, supuestamente de algún agroquímico, que comenzó a impregnar el lugar. Inmediatamente, alertó a los docentes y, como medida de precaución, juntaron a todos los chicos dentro de una misma aula y se encerraron.
El olor se mantuvo por un lapso de unos siete minutos y, lógicamente, causó temor a los maestros y alumnos, sobre todo porque son conscientes de los daños que pueden ocasionar las fumigaciones: desde septiembre de 2012, la directora Estela Lemes sufre de problemas neurológicos debido a los insecticidas y al glifosato que ingresaron a su organismo producto de una fumigación ilegal.
Martín Márquez, de Lemes al frente del colegio, le contó a ElDía lo que vivieron ayer al mediodía: “Sentimos un olor muy fuerte que traía el viento: una ráfaga que encendió una luz de alerta. Hablamos con un vecino que también lo sintió, pero no pudimos divisar en las cercanías la presencia de maquinarias agrícolas fumigando”.
Inmediatamente, Márquez se puso en contacto con la Brigada de Abigeato, quienes le informaron había un avión trabajando en la zona, a unos dos kilómetros de la escuela, pero que había presentado todos los papeles y que estaba todo en regla. “Me dijeron que no me preocupara y que el olor no iba a producir consecuencia física”, afirmó el maestro, que remarcó su disconformidad por la respuesta recibida por la policía rural.
Según la reglamentación, los productores que decidan fumigar un campo, deben avisar con 48 horas de antelación. Y aunque la distancia de 2 kilómetros está en el rango permitido para realizar tereas con agroquímicos, los días ventosos está prohibido.
“Este hecho no tiene que pasar desapercibido y se debe investigar la procedencia del olor que invadió el lugar durante siete minutos”, resaltó el maestro, que en los 12 años que lleva como docente más de una vez debió enfrentarse con los que estaban trabajando con agroquímicos cerca de una escuela para pedirles que paren con lo que estaban haciendo.
La escuela “Bartolito Mitre” tiene una matrícula de 100 alumnos, la mayoría provenientes del barrio Totó Irigoyen y de las familias que viven en la zona de Costa Uruguay Sur. Es una escuela Nina donde se dictan clases en horas de la mañana, se almuerza al mediodía y durante la tarde dicta diferentes talleres, cubriendo la jornada escolar la franja horaria desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer al mediodía, docentes y alumnos de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” percibieron un fuerte olor, presuntamente de un agroquímico, que vendría de un campo fumigado ese día. Es el mismo establecimiento educativo donde enfermó por culpa del glifosato Estela Lemes.
Ayer al mediodía, la rutina de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” quedó alterada cuando el portero del establecimiento comenzó a percibir un fuerte olor, supuestamente de algún agroquímico, que comenzó a impregnar el lugar. Inmediatamente, alertó a los docentes y, como medida de precaución, juntaron a todos los chicos dentro de una misma aula y se encerraron.
El olor se mantuvo por un lapso de unos siete minutos y, lógicamente, causó temor a los maestros y alumnos, sobre todo porque son conscientes de los daños que pueden ocasionar las fumigaciones: desde septiembre de 2012, la directora Estela Lemes sufre de problemas neurológicos debido a los insecticidas y al glifosato que ingresaron a su organismo producto de una fumigación ilegal.
Martín Márquez, de Lemes al frente del colegio, le contó a ElDía lo que vivieron ayer al mediodía: “Sentimos un olor muy fuerte que traía el viento: una ráfaga que encendió una luz de alerta. Hablamos con un vecino que también lo sintió, pero no pudimos divisar en las cercanías la presencia de maquinarias agrícolas fumigando”.
Inmediatamente, Márquez se puso en contacto con la Brigada de Abigeato, quienes le informaron había un avión trabajando en la zona, a unos dos kilómetros de la escuela, pero que había presentado todos los papeles y que estaba todo en regla. “Me dijeron que no me preocupara y que el olor no iba a producir consecuencia física”, afirmó el maestro, que remarcó su disconformidad por la respuesta recibida por la policía rural.
Según la reglamentación, los productores que decidan fumigar un campo, deben avisar con 48 horas de antelación. Y aunque la distancia de 2 kilómetros está en el rango permitido para realizar tereas con agroquímicos, los días ventosos está prohibido.
“Este hecho no tiene que pasar desapercibido y se debe investigar la procedencia del olor que invadió el lugar durante siete minutos”, resaltó el maestro, que en los 12 años que lleva como docente más de una vez debió enfrentarse con los que estaban trabajando con agroquímicos cerca de una escuela para pedirles que paren con lo que estaban haciendo.
La escuela “Bartolito Mitre” tiene una matrícula de 100 alumnos, la mayoría provenientes del barrio Totó Irigoyen y de las familias que viven en la zona de Costa Uruguay Sur. Es una escuela Nina donde se dictan clases en horas de la mañana, se almuerza al mediodía y durante la tarde dicta diferentes talleres, cubriendo la jornada escolar la franja horaria desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
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Se discute una Ley de Agroquímicos poco preventiva
Qué dice el proyecto de Ley de Agroquímicos que avanza en la Legislatura bonaerense
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura se apresta a aprobar un nuevo marco regulatorio de uso de agroquímicos. Las distancias mínimas serán de 30 metros respecto de zonas urbanas y de escuelas, siempre y cuando no haya clases.
La regulación para el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es un tema sensible y eje de constante debate. En la actualidad está en vigencia la ley 10.699 pero que en la práctica no se aplica, porque cerca de la mitad de los municipios bonaerenses dictaron sus propias resoluciones al respecto.
Los legisladores bonaerenses tomaron nota de esta situación, y el senador Alfonso Coll Areco presentó un proyecto en la Cámara alta, que fue rápidamente aprobado en 2016 e ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados. En ese punto, la iniciativa tomó estado público y fue duramente criticada por las distancias de aplicación, que generaron un sinfín de polémicas y acusaciones cruzadas.
En concreto, y más allá de estas cuestiones y otras que exigían un profundo debate, el texto del legislador fue el disparador para intentar ordenar la legislación sobre este tema, que divide opiniones. Finalmente, y tras un prolongado debate en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios, el proyecto de ley fue aprobado y en breve –previo paso por otra comisión- saldrá a tablas para su aprobación final.
Consultada por Infocielo, la legisladora por el Frente Renovador María del Huerto Ratto –que además preside Asuntos Agrarios– destacó que el proyecto se aprobó tras varios cambios. “Fue un año de debates con diferentes instituciones, entidades, facultades, Conicet y el INTA”, destacó y añadió que la ley establece una zona de amortiguamiento de 500 metros.
El texto establece zonas de amortiguación (ZA) y exclusión (ZE), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En el primer caso, define a la ZA como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
Complementariamente, las ZE son las zonas “donde se prohíbe todo tipo de aplicación”, y estipula que será de 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres (tanto de arrastre como autopropulsadas) y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
En los municipios bonaerenses, existen controversias sobre el paso de las pulverizadoras terrestres por las calles de las ciudades. El nuevo proyecto busca despejar estas dudas, y sostiene que “las maquinarias de aplicación terrestre no circularan en áreas urbanas y en casos excepcionales podrán hacerlo vacías, limpias y utilizando pastillas con sistema antigoteo, de forma tal de garantizar su hermeticidad”.
El texto aprobado en Asuntos Agrarios cuenta con un apartado dedicado a los establecimientos educativos del ámbito rural, y especifica que no podrán realizarse aplicaciones aéreas en un radio de 500 metros, y terrestres en un área de 30 metros. Y en ambos casos, deberá notificarse día y hora que se efectuarán, y se realizarán fuera del horario de clases.
En relación a los asesores agronómicos, que serán los encargados de elaborar la receta para la aplicación de fitosanitarios, el proyecto de ley lo rotula como un “profesional universitario con incumbencia en la materia”, y deberán contar con matrícula habilitante del colegio profesional correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Tras su tratamiento en Diputados, el proyecto original de Coll Areco fue modificado en aspectos vinculados a la distancia de aplicación y mecanismos para su control, entre otros aspectos. El dato a tener en cuenta en este nuevo proyecto es la incorporación de un capítulo dedicado a la actividad fruti hortícola, producción que la iniciativa original no contemplaba. “El marco legal para esta actividad era algo que hace muchísimo que se venía pidiendo”, sintetizó Ratto. En concreto, el artículo 40 establece que “la producción hortícola deberá contar con un profesional especializado en la materia. Dicho profesional será quien realice la receta agronómica, donde quedara establecido el tiempo de carencia y de reingreso a los lotes tratados”.
La comisión de Asuntos Agrarios también aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada, que apunta a prohibir de manera permanente el uso del herbicida 2-4D (en su fórmula de éster) en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si bien el ministerio de Asuntos Agrarios encabezado por Leonardo Sarquis dictó una normativa que prohíbe su aplicacióm entre los meses de octubre y marzo, la iniciativa de Ratto tiene como principal diferencia que dictamina su restricción de manera permanente.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura se apresta a aprobar un nuevo marco regulatorio de uso de agroquímicos. Las distancias mínimas serán de 30 metros respecto de zonas urbanas y de escuelas, siempre y cuando no haya clases.
La regulación para el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es un tema sensible y eje de constante debate. En la actualidad está en vigencia la ley 10.699 pero que en la práctica no se aplica, porque cerca de la mitad de los municipios bonaerenses dictaron sus propias resoluciones al respecto.
Los legisladores bonaerenses tomaron nota de esta situación, y el senador Alfonso Coll Areco presentó un proyecto en la Cámara alta, que fue rápidamente aprobado en 2016 e ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados. En ese punto, la iniciativa tomó estado público y fue duramente criticada por las distancias de aplicación, que generaron un sinfín de polémicas y acusaciones cruzadas.
En concreto, y más allá de estas cuestiones y otras que exigían un profundo debate, el texto del legislador fue el disparador para intentar ordenar la legislación sobre este tema, que divide opiniones. Finalmente, y tras un prolongado debate en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios, el proyecto de ley fue aprobado y en breve –previo paso por otra comisión- saldrá a tablas para su aprobación final.
Consultada por Infocielo, la legisladora por el Frente Renovador María del Huerto Ratto –que además preside Asuntos Agrarios– destacó que el proyecto se aprobó tras varios cambios. “Fue un año de debates con diferentes instituciones, entidades, facultades, Conicet y el INTA”, destacó y añadió que la ley establece una zona de amortiguamiento de 500 metros.
El texto establece zonas de amortiguación (ZA) y exclusión (ZE), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En el primer caso, define a la ZA como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
Complementariamente, las ZE son las zonas “donde se prohíbe todo tipo de aplicación”, y estipula que será de 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres (tanto de arrastre como autopropulsadas) y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
En los municipios bonaerenses, existen controversias sobre el paso de las pulverizadoras terrestres por las calles de las ciudades. El nuevo proyecto busca despejar estas dudas, y sostiene que “las maquinarias de aplicación terrestre no circularan en áreas urbanas y en casos excepcionales podrán hacerlo vacías, limpias y utilizando pastillas con sistema antigoteo, de forma tal de garantizar su hermeticidad”.
El texto aprobado en Asuntos Agrarios cuenta con un apartado dedicado a los establecimientos educativos del ámbito rural, y especifica que no podrán realizarse aplicaciones aéreas en un radio de 500 metros, y terrestres en un área de 30 metros. Y en ambos casos, deberá notificarse día y hora que se efectuarán, y se realizarán fuera del horario de clases.
En relación a los asesores agronómicos, que serán los encargados de elaborar la receta para la aplicación de fitosanitarios, el proyecto de ley lo rotula como un “profesional universitario con incumbencia en la materia”, y deberán contar con matrícula habilitante del colegio profesional correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Tras su tratamiento en Diputados, el proyecto original de Coll Areco fue modificado en aspectos vinculados a la distancia de aplicación y mecanismos para su control, entre otros aspectos. El dato a tener en cuenta en este nuevo proyecto es la incorporación de un capítulo dedicado a la actividad fruti hortícola, producción que la iniciativa original no contemplaba. “El marco legal para esta actividad era algo que hace muchísimo que se venía pidiendo”, sintetizó Ratto. En concreto, el artículo 40 establece que “la producción hortícola deberá contar con un profesional especializado en la materia. Dicho profesional será quien realice la receta agronómica, donde quedara establecido el tiempo de carencia y de reingreso a los lotes tratados”.
La comisión de Asuntos Agrarios también aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada, que apunta a prohibir de manera permanente el uso del herbicida 2-4D (en su fórmula de éster) en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si bien el ministerio de Asuntos Agrarios encabezado por Leonardo Sarquis dictó una normativa que prohíbe su aplicacióm entre los meses de octubre y marzo, la iniciativa de Ratto tiene como principal diferencia que dictamina su restricción de manera permanente.
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Entre Ríos insiste con Macri por las pasteras
Ambientalistas y ONG`S volverán a pedir a Macri que ponga en marcha el monitoreo ambiental por las pasteras
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: Diario del Sur Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la planta UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", indica el parte de prensa oficial.
Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.
En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.
"Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino"
El secretario de Ambiente explicó que la Provincia "propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG’s ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur".
Luego expresó que “no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado”. Asimismo, agregó que más allá del "sentir nacional" de la causa del pueblo de Gualeguaychú, “los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos”.
Fallo internacional
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: Diario del Sur Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la planta UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", indica el parte de prensa oficial.
Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.
En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.
"Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino"
El secretario de Ambiente explicó que la Provincia "propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG’s ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur".
Luego expresó que “no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado”. Asimismo, agregó que más allá del "sentir nacional" de la causa del pueblo de Gualeguaychú, “los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos”.
Fallo internacional
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.
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El gerente del megabasural de Pacará Pintado elude juicio
El gerente de Pacará Pintado elude el juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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