El cuento de la economía verde en Córdoba
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El cuento de la economía verde en Córdoba
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: Agencia Alai Amlatina - Por Jorge Foa Torres
Provincia/Región: Nacional
Adil Najam (investigador de la Universidad de Boston) señala que la expansión de la causa ambiental en los países del Sur durante los años 80 y especialmente los 90 tuvo como pilar: … la emergencia de una comunidad epistémica ambiental en el Sur [que] es en parte el resultado del bombardeo de programas educacionales y de capacitación inspirados en el Norte que han tenido el efecto de cooptar una generación entera de intelligentsia hacia una mirada mayormente del Norte de la cuestión ambiental (2005: 315).
Es que a contramano de lo que suele ser difundido por medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, la cuestión ambiental ha estado marcada desde su emergencia en los años 60 por el antagonismo Norte-Sur. Es decir, por la disputa en torno al sentido de los problemas ambientales y su relación con la desigualdad del sistema político-económico internacional, la pobreza en los países del Sur, el rol de los Estados en la política ambiental, el papel de las corporaciones transnacionales, los mecanismos de financiamiento, la transferencia de tecnologías y la heterogeneidad estructural de las economías de los países menos desarrollados.
En los últimos días, la Fundación Advanced Leadership ha anunciado la visita del ex Presidente de los EE. UU. Barack Obama a Córdoba en el marco de la Cumbre de Economía Verde a realizarse los días 5 y 6 de octubre en nuestra ciudad. El propósito del evento es capacitar a 300 líderes de opinión argentinos a los fines de formar “una nueva generación de líderes que se comprometan con el concepto de la economía verde, de la economía sustentable, y entiendan que tiene sentido para Argentina y para las provincias apostar por la economía verde desde un punto de vista competitivo, de desarrollo económico” (Juan Verde, La Nación, 14 de agosto de 2017).
El concepto de economía verde, como cualquier otro, posee un importante nivel de ambigüedad. No obstante, existe cierto consenso de que el mismo está fundamentalmente vinculado a la promoción del crecimiento económico global mediante la modernización productiva orientada a economías bajas en carbono. La competitividad, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son también elementos nodales de esta noción.
No obstante, desde América Latina en los últimos años se han hecho esfuerzos por formular posturas críticas a la economía verde advirtiendo que, por un lado, “si el sistema de relaciones comerciales Norte-Sur se mantiene inalterado (…) el concepto de Economía Verde puede desembocar en el aumento del proteccionismo de los países del Norte sobre los productos agrícolas que vienen del Sur” (Serrano Mansilla y Carrillo, 2011: 19). Por otro, que los mecanismos financieros y de transferencia de tecnologías implicados en tal concepto pueden conducir, tanto a nuevas formas de injerencia de organismos multilaterales en los estados latinoamericanos, como así también a un nuevo ciclo de endeudamiento “verde” de los países de la región.
En una línea aún más crítica, se ha afirmado que “[la] economía verde aparece como respuesta a la crisis climática, pero constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur” (Arkonanda y Santillana, 2011: 42).
Desde el análisis político, podemos afirmar que la causa ambiental ha estado fundacionalmente marcada por el antagonismo Norte-Sur antes que por cualquier proteccionismo aséptico o puramente técnico. Por lo tanto, la formación en cuestiones de política ambiental no debe pasar por alto estas disputas que, lejos de confinarse al campo de las relaciones internacionales, se desencadenan en nuestros territorios. Caso contrario, correremos el riesgo de subordinarnos nuevamente, como señala Najam, a las estrategias de cooptación de los Países del Norte.
Como se ha afirmado en otros trabajos, desde los años 90 Córdoba ha sido un caso testigo en América Latina en la implementación de políticas ambientales de marcado corte neoliberal, específicamente las referidas a residuos peligrosos, en el marco de la instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina (Foa Torres, 2016, 2017). La gravísima situación ambiental de nuestra provincia no es ajena a los modelos neoliberales de gobernanza ambiental llevados adelante en las últimas décadas, sino un efecto del mismo.
En tal contexto, los supuestos “beneficios ecológicos” que conllevaría la economía verde, no deben hacernos perder de vista las raíces políticas, económicas e ideológicas de la causa ambiental y, más precisamente, el carácter neocolonial que ha asumido en las últimas décadas promoviendo la profundización de las asimetrías entre países y hacia dentro de nuestros territorios, a través de procesos de transnacionalización, concentración y centralización de nuestras economías.
Referencias:
Arkonada, K. y Santillana, A. (2011): “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”, en: El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, Quito.
Foa Torres, Jorge (2016): “Lógica de la gestión ambientalmente adecuada y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: el tema emblemático de las políticas de residuos peligrosos en Argentina en los años 90”, en: Revista Luna Azul, n° 42, pp. 293-318.
Foa Torres, Jorge (2017): Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba, CEA-UNC, en prensa.
La Nación, 14 de Agosto de 2017, “Barack Obama vendrá a Córdoba en octubre para participar de la Cumbre Economía Verde 2017”, recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2053132-barack-obama-vendra-a-cordoba-en-octubre-para-participar-de-la-cumbre-economia-verde-2017
Najam, Adil (2005): “Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation to Engagement”, en: International Environmental Agreements, 5, pp. 303-321.
Serrano Mansilla, A. y Carrillo, Sergio (2011): La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Quito.
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: Agencia Alai Amlatina - Por Jorge Foa Torres
Provincia/Región: Nacional
Adil Najam (investigador de la Universidad de Boston) señala que la expansión de la causa ambiental en los países del Sur durante los años 80 y especialmente los 90 tuvo como pilar: … la emergencia de una comunidad epistémica ambiental en el Sur [que] es en parte el resultado del bombardeo de programas educacionales y de capacitación inspirados en el Norte que han tenido el efecto de cooptar una generación entera de intelligentsia hacia una mirada mayormente del Norte de la cuestión ambiental (2005: 315).
Es que a contramano de lo que suele ser difundido por medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, la cuestión ambiental ha estado marcada desde su emergencia en los años 60 por el antagonismo Norte-Sur. Es decir, por la disputa en torno al sentido de los problemas ambientales y su relación con la desigualdad del sistema político-económico internacional, la pobreza en los países del Sur, el rol de los Estados en la política ambiental, el papel de las corporaciones transnacionales, los mecanismos de financiamiento, la transferencia de tecnologías y la heterogeneidad estructural de las economías de los países menos desarrollados.
En los últimos días, la Fundación Advanced Leadership ha anunciado la visita del ex Presidente de los EE. UU. Barack Obama a Córdoba en el marco de la Cumbre de Economía Verde a realizarse los días 5 y 6 de octubre en nuestra ciudad. El propósito del evento es capacitar a 300 líderes de opinión argentinos a los fines de formar “una nueva generación de líderes que se comprometan con el concepto de la economía verde, de la economía sustentable, y entiendan que tiene sentido para Argentina y para las provincias apostar por la economía verde desde un punto de vista competitivo, de desarrollo económico” (Juan Verde, La Nación, 14 de agosto de 2017).
El concepto de economía verde, como cualquier otro, posee un importante nivel de ambigüedad. No obstante, existe cierto consenso de que el mismo está fundamentalmente vinculado a la promoción del crecimiento económico global mediante la modernización productiva orientada a economías bajas en carbono. La competitividad, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son también elementos nodales de esta noción.
No obstante, desde América Latina en los últimos años se han hecho esfuerzos por formular posturas críticas a la economía verde advirtiendo que, por un lado, “si el sistema de relaciones comerciales Norte-Sur se mantiene inalterado (…) el concepto de Economía Verde puede desembocar en el aumento del proteccionismo de los países del Norte sobre los productos agrícolas que vienen del Sur” (Serrano Mansilla y Carrillo, 2011: 19). Por otro, que los mecanismos financieros y de transferencia de tecnologías implicados en tal concepto pueden conducir, tanto a nuevas formas de injerencia de organismos multilaterales en los estados latinoamericanos, como así también a un nuevo ciclo de endeudamiento “verde” de los países de la región.
En una línea aún más crítica, se ha afirmado que “[la] economía verde aparece como respuesta a la crisis climática, pero constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur” (Arkonanda y Santillana, 2011: 42).
Desde el análisis político, podemos afirmar que la causa ambiental ha estado fundacionalmente marcada por el antagonismo Norte-Sur antes que por cualquier proteccionismo aséptico o puramente técnico. Por lo tanto, la formación en cuestiones de política ambiental no debe pasar por alto estas disputas que, lejos de confinarse al campo de las relaciones internacionales, se desencadenan en nuestros territorios. Caso contrario, correremos el riesgo de subordinarnos nuevamente, como señala Najam, a las estrategias de cooptación de los Países del Norte.
Como se ha afirmado en otros trabajos, desde los años 90 Córdoba ha sido un caso testigo en América Latina en la implementación de políticas ambientales de marcado corte neoliberal, específicamente las referidas a residuos peligrosos, en el marco de la instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina (Foa Torres, 2016, 2017). La gravísima situación ambiental de nuestra provincia no es ajena a los modelos neoliberales de gobernanza ambiental llevados adelante en las últimas décadas, sino un efecto del mismo.
En tal contexto, los supuestos “beneficios ecológicos” que conllevaría la economía verde, no deben hacernos perder de vista las raíces políticas, económicas e ideológicas de la causa ambiental y, más precisamente, el carácter neocolonial que ha asumido en las últimas décadas promoviendo la profundización de las asimetrías entre países y hacia dentro de nuestros territorios, a través de procesos de transnacionalización, concentración y centralización de nuestras economías.
Referencias:
Arkonada, K. y Santillana, A. (2011): “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”, en: El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, Quito.
Foa Torres, Jorge (2016): “Lógica de la gestión ambientalmente adecuada y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: el tema emblemático de las políticas de residuos peligrosos en Argentina en los años 90”, en: Revista Luna Azul, n° 42, pp. 293-318.
Foa Torres, Jorge (2017): Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba, CEA-UNC, en prensa.
La Nación, 14 de Agosto de 2017, “Barack Obama vendrá a Córdoba en octubre para participar de la Cumbre Economía Verde 2017”, recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2053132-barack-obama-vendra-a-cordoba-en-octubre-para-participar-de-la-cumbre-economia-verde-2017
Najam, Adil (2005): “Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation to Engagement”, en: International Environmental Agreements, 5, pp. 303-321.
Serrano Mansilla, A. y Carrillo, Sergio (2011): La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Quito.
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El futuro de las renovables en Argentina
Innovación y medio ambiente: el futuro de las energías renovables en Argentina
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar; cuáles son las perspectivas de un sector innovador y exitoso en varios países del mundo
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar, por eso la Ley 27.191, promulgada en 2015, estableció que estas energías debían alcanzar el 20% de la matriz en el año 2025.
Las energías renovables son aquellas que utilizan recursos que no son de origen fósil, como la energía eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la biomasa, la mareomotriz y la pequeña hidráulica.
Dado que actualmente las fuentes renovables representan el 2% de la matriz energética argentina, se deberán incorporar 10.000 MW y se requerirán más de US$ 15,000 millones para lograrlo.
PwC Argentina elaboró el documento "RenovAr 2 – Energías renovables: Oportunidades en un nuevo contexto de negocios", con el objeto de orientar a los potenciales interesados en participar en esta segunda ronda, que posee algunas particularidades que la hacen distinta de la primera.
Segunda vuelta
Ante el éxito del año anterior logrado en las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr, el 16 de agosto de 2017 el Ministerio de Energía y Minería de Argentina emitió la Resolución 275/17 referente a la convocatoria abierta para participar en la subasta de energías renovables. En esta ronda se adjudicarán 1200 MW (550 MW para iniciativas eólicas, 450 MW a solares fotovoltaicas, 100 MW a biomasa, 50 MW a pequeñas hidroeléctricas, 35 MW a biogás y 15 MW a biogás de relleno sanitario).
"El interés observado nos hace prever que la misma también será un éxito y que se recibirán ofertas muy superiores al compromiso que tomó el gobierno de adjudicación", explicó Ezequiel Mirazón, socio líder de energía de PwC Argentina.
La apertura y evaluación de las ofertas será el próximo 20 de octubre y la adjudicación el 29 de noviembre. Desde esa fecha y hasta el 15 de mayo del 2018 habrá tiempo para firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable (CAEER) con CAMMESA y los contratos de adhesión al FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables). El plazo para la ejecución de los proyectos será de dos años desde la firma de los contratos.
Las adjudicaciones de esta segunda ronda se realizarán por regiones, en el caso de la energía eólica se otorgarán 200 MW para Comahue, Patagonia y Buenos Aires (con un máximo de 450 MW en total) y 100 MW para el resto del país; y para la Energía Solar 200 MW para NOA y Cuyo (con un máximo de 350 MW), y 100 MW para el resto del país.
"En los últimos meses hemos recibido muchos inversores del exterior interesados en invertir en renovables en Argentina, por lo que prevemos una participación mayor de los mismos en esta ronda licitatoria", comentó Mirazón.
Según los informes del Ministerio de Energía, el interés de inversores locales e internacionales en la industria es grande: estiman que ingresarían al país unos 3000 millones de dólares en los próximos años, además de la generación de más de 10.000 puestos de trabajo.
El plan posee incentivos fiscales que incluyen la depreciación acelerada de bienes (que podrá hacer en 3, 4 o 5 cuotas anuales dependiendo los bienes y el inicio de los proyectos); la devolución anticipada de IVA; el certificado de crédito fiscal para ser utilizado contra impuestos federales equivalente al 20% del monto de las compras del componente nacional para el proyecto (teniendo en cuenta determinadas condiciones). Asimismo, se prorroga 5 años el plazo para computar las pérdidas impositivas del proyecto para impuesto a las ganancias.
"Vemos con entusiasmo el interés de varias entidades financieras y fondos de inversión a participar en estos proyectos lo que dinamizará la ejecución de los mismos", destacó Gabriel Chehda de la práctica de Deals de PwC.
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar; cuáles son las perspectivas de un sector innovador y exitoso en varios países del mundo
Argentina es un país con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar, por eso la Ley 27.191, promulgada en 2015, estableció que estas energías debían alcanzar el 20% de la matriz en el año 2025.
Las energías renovables son aquellas que utilizan recursos que no son de origen fósil, como la energía eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la biomasa, la mareomotriz y la pequeña hidráulica.
Dado que actualmente las fuentes renovables representan el 2% de la matriz energética argentina, se deberán incorporar 10.000 MW y se requerirán más de US$ 15,000 millones para lograrlo.
PwC Argentina elaboró el documento "RenovAr 2 – Energías renovables: Oportunidades en un nuevo contexto de negocios", con el objeto de orientar a los potenciales interesados en participar en esta segunda ronda, que posee algunas particularidades que la hacen distinta de la primera.
Segunda vuelta
Ante el éxito del año anterior logrado en las rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr, el 16 de agosto de 2017 el Ministerio de Energía y Minería de Argentina emitió la Resolución 275/17 referente a la convocatoria abierta para participar en la subasta de energías renovables. En esta ronda se adjudicarán 1200 MW (550 MW para iniciativas eólicas, 450 MW a solares fotovoltaicas, 100 MW a biomasa, 50 MW a pequeñas hidroeléctricas, 35 MW a biogás y 15 MW a biogás de relleno sanitario).
"El interés observado nos hace prever que la misma también será un éxito y que se recibirán ofertas muy superiores al compromiso que tomó el gobierno de adjudicación", explicó Ezequiel Mirazón, socio líder de energía de PwC Argentina.
La apertura y evaluación de las ofertas será el próximo 20 de octubre y la adjudicación el 29 de noviembre. Desde esa fecha y hasta el 15 de mayo del 2018 habrá tiempo para firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable (CAEER) con CAMMESA y los contratos de adhesión al FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables). El plazo para la ejecución de los proyectos será de dos años desde la firma de los contratos.
Las adjudicaciones de esta segunda ronda se realizarán por regiones, en el caso de la energía eólica se otorgarán 200 MW para Comahue, Patagonia y Buenos Aires (con un máximo de 450 MW en total) y 100 MW para el resto del país; y para la Energía Solar 200 MW para NOA y Cuyo (con un máximo de 350 MW), y 100 MW para el resto del país.
"En los últimos meses hemos recibido muchos inversores del exterior interesados en invertir en renovables en Argentina, por lo que prevemos una participación mayor de los mismos en esta ronda licitatoria", comentó Mirazón.
Según los informes del Ministerio de Energía, el interés de inversores locales e internacionales en la industria es grande: estiman que ingresarían al país unos 3000 millones de dólares en los próximos años, además de la generación de más de 10.000 puestos de trabajo.
El plan posee incentivos fiscales que incluyen la depreciación acelerada de bienes (que podrá hacer en 3, 4 o 5 cuotas anuales dependiendo los bienes y el inicio de los proyectos); la devolución anticipada de IVA; el certificado de crédito fiscal para ser utilizado contra impuestos federales equivalente al 20% del monto de las compras del componente nacional para el proyecto (teniendo en cuenta determinadas condiciones). Asimismo, se prorroga 5 años el plazo para computar las pérdidas impositivas del proyecto para impuesto a las ganancias.
"Vemos con entusiasmo el interés de varias entidades financieras y fondos de inversión a participar en estos proyectos lo que dinamizará la ejecución de los mismos", destacó Gabriel Chehda de la práctica de Deals de PwC.
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Quieren conformar el Comité de Cuenca del Gualeguaychú
Buscan crear un comité de la cuenca del río Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: El Entreriano
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente convocará a distintos organismos provinciales, con competencia, y a los municipios aledaños a conformar el Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú, como una herramienta democrática y equitativa de administrar dicho recurso natural.
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, informaron que “resulta fundamental poner en práctica esta herramienta a fin de abordar distintas cuestiones” pero además, indicaron que se busca “el fin supremo de proteger y sanear el río Gualeguaychú. Es la forma más democrática, participativa y equitativa de administrar los recursos naturales”.
Según informaron a ElDía, la idea es proponer “en conjunto con los municipios y a partir de sus competencias, acciones adecuadas a los fines de reducir el impacto sobre el río Gualeguaychú”.
Además, se busca “promover prácticas y tecnologías ambientalmente saludables y elaborar un proyecto de plan para el trabajo del Comité, incorporando el más reciente conocimiento científico, un enfoque de gestión innovadora en la implementación de políticas estratégicas y estimulando aún más la cooperación multilateral orientada a metas alrededor de dicha cuenca”.
Asimismo, indicaron que “las metas a alcanzar con este comité de cuenca son contar con un río no afectado por el vuelco de sustancias que alteren los parámetros del mismo y la calidad de sus aguas, conservar la biodiversidad del mismo y desarrollar actividades sustentables llevadas a cabo de una manera ambientalmente amigable”.
El estado del río
A través del último monitoreo difundido por el Comité Científico de CARU, se informó que “en la desembocadura del Río Gualeguaychú hay parámetros en rojo”. Esto fue rechazado de plano por los asambleístas quienes aseguraron que se hacen informes a la medida de Botnia.
Estos valores corresponden al periodo comprendido entre mayo de 2015 y diciembre de 2016 inclusive para el río Uruguay en la zona de influencia de la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; de 12 campañas durante el año 2016 en la Planta Orion (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; y por último los Informes mensuales en la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay para el mes de enero de 2017.
El Comité Científico de CARU adviertió que “se han detectado incumplimientos en cuanto a las concentraciones determinadas para los siguientes parámetros: Aluminio, Hierro, Amonio y Berilio (en la totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados); atrazina (en un par de ocasiones por encima del límite establecido); manganeso, níquel, cromo total y organoclorados (únicamente en una oportunidad excediendo el límite); hidrocarburos totales y PAH (únicamente en una oportunidad excediendo el límite y en el resto por debajo del límite de detección).
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: El Entreriano
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente convocará a distintos organismos provinciales, con competencia, y a los municipios aledaños a conformar el Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú, como una herramienta democrática y equitativa de administrar dicho recurso natural.
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, informaron que “resulta fundamental poner en práctica esta herramienta a fin de abordar distintas cuestiones” pero además, indicaron que se busca “el fin supremo de proteger y sanear el río Gualeguaychú. Es la forma más democrática, participativa y equitativa de administrar los recursos naturales”.
Según informaron a ElDía, la idea es proponer “en conjunto con los municipios y a partir de sus competencias, acciones adecuadas a los fines de reducir el impacto sobre el río Gualeguaychú”.
Además, se busca “promover prácticas y tecnologías ambientalmente saludables y elaborar un proyecto de plan para el trabajo del Comité, incorporando el más reciente conocimiento científico, un enfoque de gestión innovadora en la implementación de políticas estratégicas y estimulando aún más la cooperación multilateral orientada a metas alrededor de dicha cuenca”.
Asimismo, indicaron que “las metas a alcanzar con este comité de cuenca son contar con un río no afectado por el vuelco de sustancias que alteren los parámetros del mismo y la calidad de sus aguas, conservar la biodiversidad del mismo y desarrollar actividades sustentables llevadas a cabo de una manera ambientalmente amigable”.
El estado del río
A través del último monitoreo difundido por el Comité Científico de CARU, se informó que “en la desembocadura del Río Gualeguaychú hay parámetros en rojo”. Esto fue rechazado de plano por los asambleístas quienes aseguraron que se hacen informes a la medida de Botnia.
Estos valores corresponden al periodo comprendido entre mayo de 2015 y diciembre de 2016 inclusive para el río Uruguay en la zona de influencia de la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y del río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; de 12 campañas durante el año 2016 en la Planta Orion (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay; y por último los Informes mensuales en la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay para el mes de enero de 2017.
El Comité Científico de CARU adviertió que “se han detectado incumplimientos en cuanto a las concentraciones determinadas para los siguientes parámetros: Aluminio, Hierro, Amonio y Berilio (en la totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados); atrazina (en un par de ocasiones por encima del límite establecido); manganeso, níquel, cromo total y organoclorados (únicamente en una oportunidad excediendo el límite); hidrocarburos totales y PAH (únicamente en una oportunidad excediendo el límite y en el resto por debajo del límite de detección).
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Fiscal de Estado va contra el dueño de Manaos
Pedirán sanciones y expulsión del empresario que provocó desmontes de 19 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Juez Federal fija audiencia por Los Pelambres
El juez Federal le marcó la cancha a Los Pelambres por el retiro de la escombrera
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Rago Gallo fijó la fecha de audiencia y el plazo para que la minera exhiba el plan de remoción de los residuos que tiró en San Juan.
Para que no haya dilaciones, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo le marcó la cancha a la minera chilena Los Pelambres para encarar el retiro de las 40 millones de toneladas de escombros que tiró en suelo calingastino. El magistrado dispuso que el 26 de este mes se realice la audiencia entre representantes de la empresa, del Ministerio de Minería, de Fiscalía de Estado y de la Secretaría de Ambiente de la Nación para consensuar el plan de remoción. Y no sólo eso sino que además fijó un plazo de 10 días hábiles, a partir de la reunión, para que presente el proyecto definitivo. En el caso de que la compañía no cumpla, fuentes calificadas señalaron que el titular del Juzgado Federal Nº2 analizará qué medidas tomará, ya que el objetivo es que la escombrera se saque lo antes posible.
El conflicto se desató cuando Los Pelambres sacó toneladas de rocas de la mina que tiene en Chile y las depositó, entre 2007 y 2012, en San Juan sin autorización argentina. Desde la empresa aseguran que lo hicieron en base a la cartografía que les brindó el Gobierno trasandino. Tras la denuncia por contaminación y usurpación de agua y suelo que realizó la compañía Glencore, dueña del terreno en el que se tiraron los escombros, Rago Gallo desencadenó la investigación. Y todo se aceleró con una pericia que encargó, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas y es un foco de contaminación. Así, el juez ordenó, como medida cautelar, remover la montaña de residuos y realizar tareas de prevención para que la misma no tenga impactos en el ambiente.
Dentro de esa directiva, ayer salió a la luz que el 26 a las 9 se reunirán los técnicos y peritos para coordinar el plan de retiro. Además, el magistrado resolvió que, desde esa reunión, Los Pelambres tiene 10 días hábiles, es decir, hasta el 9 de noviembre, para presentar el proyecto final.
En el Ministerio de Minería la apuesta es que la remoción se efectúe en tres años. De hecho, los técnicos de la repartición son los que colaborarán y controlarán el plan, al igual que los peritos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por otro lado, funcionarios de Cancillería habían informado en el Senado y luego a autoridades provinciales que Los Pelambres, a través de la Cancillería chilena, había presentado una "propuesta detallada" para sacar los residuos. A los días, un alto ejecutivo del grupo que controla la compañía, Iván Arriagada, había negado la remoción y sólo habló de cierre ambiental. Tras esos dichos, Los Pelambres envió un comunicado de prensa en el que sólo señalaron que la minera "mantiene su firme disposición a colaborar en la solución definitiva que se acuerde".
El tema no es menor, ya que han sido indagados tres exgerentes Generales y un actual directivo de Antofagasta Minerals.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Rago Gallo fijó la fecha de audiencia y el plazo para que la minera exhiba el plan de remoción de los residuos que tiró en San Juan.
Para que no haya dilaciones, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo le marcó la cancha a la minera chilena Los Pelambres para encarar el retiro de las 40 millones de toneladas de escombros que tiró en suelo calingastino. El magistrado dispuso que el 26 de este mes se realice la audiencia entre representantes de la empresa, del Ministerio de Minería, de Fiscalía de Estado y de la Secretaría de Ambiente de la Nación para consensuar el plan de remoción. Y no sólo eso sino que además fijó un plazo de 10 días hábiles, a partir de la reunión, para que presente el proyecto definitivo. En el caso de que la compañía no cumpla, fuentes calificadas señalaron que el titular del Juzgado Federal Nº2 analizará qué medidas tomará, ya que el objetivo es que la escombrera se saque lo antes posible.
El conflicto se desató cuando Los Pelambres sacó toneladas de rocas de la mina que tiene en Chile y las depositó, entre 2007 y 2012, en San Juan sin autorización argentina. Desde la empresa aseguran que lo hicieron en base a la cartografía que les brindó el Gobierno trasandino. Tras la denuncia por contaminación y usurpación de agua y suelo que realizó la compañía Glencore, dueña del terreno en el que se tiraron los escombros, Rago Gallo desencadenó la investigación. Y todo se aceleró con una pericia que encargó, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas y es un foco de contaminación. Así, el juez ordenó, como medida cautelar, remover la montaña de residuos y realizar tareas de prevención para que la misma no tenga impactos en el ambiente.
Dentro de esa directiva, ayer salió a la luz que el 26 a las 9 se reunirán los técnicos y peritos para coordinar el plan de retiro. Además, el magistrado resolvió que, desde esa reunión, Los Pelambres tiene 10 días hábiles, es decir, hasta el 9 de noviembre, para presentar el proyecto final.
En el Ministerio de Minería la apuesta es que la remoción se efectúe en tres años. De hecho, los técnicos de la repartición son los que colaborarán y controlarán el plan, al igual que los peritos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por otro lado, funcionarios de Cancillería habían informado en el Senado y luego a autoridades provinciales que Los Pelambres, a través de la Cancillería chilena, había presentado una "propuesta detallada" para sacar los residuos. A los días, un alto ejecutivo del grupo que controla la compañía, Iván Arriagada, había negado la remoción y sólo habló de cierre ambiental. Tras esos dichos, Los Pelambres envió un comunicado de prensa en el que sólo señalaron que la minera "mantiene su firme disposición a colaborar en la solución definitiva que se acuerde".
El tema no es menor, ya que han sido indagados tres exgerentes Generales y un actual directivo de Antofagasta Minerals.
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Otra escuela fumigada
Fumigaron otra vez cerca de la escuela de la maestra enferma por glifosato
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer al mediodía, docentes y alumnos de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” percibieron un fuerte olor, presuntamente de un agroquímico, que vendría de un campo fumigado ese día. Es el mismo establecimiento educativo donde enfermó por culpa del glifosato Estela Lemes.
Ayer al mediodía, la rutina de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” quedó alterada cuando el portero del establecimiento comenzó a percibir un fuerte olor, supuestamente de algún agroquímico, que comenzó a impregnar el lugar. Inmediatamente, alertó a los docentes y, como medida de precaución, juntaron a todos los chicos dentro de una misma aula y se encerraron.
El olor se mantuvo por un lapso de unos siete minutos y, lógicamente, causó temor a los maestros y alumnos, sobre todo porque son conscientes de los daños que pueden ocasionar las fumigaciones: desde septiembre de 2012, la directora Estela Lemes sufre de problemas neurológicos debido a los insecticidas y al glifosato que ingresaron a su organismo producto de una fumigación ilegal.
Martín Márquez, de Lemes al frente del colegio, le contó a ElDía lo que vivieron ayer al mediodía: “Sentimos un olor muy fuerte que traía el viento: una ráfaga que encendió una luz de alerta. Hablamos con un vecino que también lo sintió, pero no pudimos divisar en las cercanías la presencia de maquinarias agrícolas fumigando”.
Inmediatamente, Márquez se puso en contacto con la Brigada de Abigeato, quienes le informaron había un avión trabajando en la zona, a unos dos kilómetros de la escuela, pero que había presentado todos los papeles y que estaba todo en regla. “Me dijeron que no me preocupara y que el olor no iba a producir consecuencia física”, afirmó el maestro, que remarcó su disconformidad por la respuesta recibida por la policía rural.
Según la reglamentación, los productores que decidan fumigar un campo, deben avisar con 48 horas de antelación. Y aunque la distancia de 2 kilómetros está en el rango permitido para realizar tereas con agroquímicos, los días ventosos está prohibido.
“Este hecho no tiene que pasar desapercibido y se debe investigar la procedencia del olor que invadió el lugar durante siete minutos”, resaltó el maestro, que en los 12 años que lleva como docente más de una vez debió enfrentarse con los que estaban trabajando con agroquímicos cerca de una escuela para pedirles que paren con lo que estaban haciendo.
La escuela “Bartolito Mitre” tiene una matrícula de 100 alumnos, la mayoría provenientes del barrio Totó Irigoyen y de las familias que viven en la zona de Costa Uruguay Sur. Es una escuela Nina donde se dictan clases en horas de la mañana, se almuerza al mediodía y durante la tarde dicta diferentes talleres, cubriendo la jornada escolar la franja horaria desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer al mediodía, docentes y alumnos de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” percibieron un fuerte olor, presuntamente de un agroquímico, que vendría de un campo fumigado ese día. Es el mismo establecimiento educativo donde enfermó por culpa del glifosato Estela Lemes.
Ayer al mediodía, la rutina de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” quedó alterada cuando el portero del establecimiento comenzó a percibir un fuerte olor, supuestamente de algún agroquímico, que comenzó a impregnar el lugar. Inmediatamente, alertó a los docentes y, como medida de precaución, juntaron a todos los chicos dentro de una misma aula y se encerraron.
El olor se mantuvo por un lapso de unos siete minutos y, lógicamente, causó temor a los maestros y alumnos, sobre todo porque son conscientes de los daños que pueden ocasionar las fumigaciones: desde septiembre de 2012, la directora Estela Lemes sufre de problemas neurológicos debido a los insecticidas y al glifosato que ingresaron a su organismo producto de una fumigación ilegal.
Martín Márquez, de Lemes al frente del colegio, le contó a ElDía lo que vivieron ayer al mediodía: “Sentimos un olor muy fuerte que traía el viento: una ráfaga que encendió una luz de alerta. Hablamos con un vecino que también lo sintió, pero no pudimos divisar en las cercanías la presencia de maquinarias agrícolas fumigando”.
Inmediatamente, Márquez se puso en contacto con la Brigada de Abigeato, quienes le informaron había un avión trabajando en la zona, a unos dos kilómetros de la escuela, pero que había presentado todos los papeles y que estaba todo en regla. “Me dijeron que no me preocupara y que el olor no iba a producir consecuencia física”, afirmó el maestro, que remarcó su disconformidad por la respuesta recibida por la policía rural.
Según la reglamentación, los productores que decidan fumigar un campo, deben avisar con 48 horas de antelación. Y aunque la distancia de 2 kilómetros está en el rango permitido para realizar tereas con agroquímicos, los días ventosos está prohibido.
“Este hecho no tiene que pasar desapercibido y se debe investigar la procedencia del olor que invadió el lugar durante siete minutos”, resaltó el maestro, que en los 12 años que lleva como docente más de una vez debió enfrentarse con los que estaban trabajando con agroquímicos cerca de una escuela para pedirles que paren con lo que estaban haciendo.
La escuela “Bartolito Mitre” tiene una matrícula de 100 alumnos, la mayoría provenientes del barrio Totó Irigoyen y de las familias que viven en la zona de Costa Uruguay Sur. Es una escuela Nina donde se dictan clases en horas de la mañana, se almuerza al mediodía y durante la tarde dicta diferentes talleres, cubriendo la jornada escolar la franja horaria desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
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Se discute una Ley de Agroquímicos poco preventiva
Qué dice el proyecto de Ley de Agroquímicos que avanza en la Legislatura bonaerense
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura se apresta a aprobar un nuevo marco regulatorio de uso de agroquímicos. Las distancias mínimas serán de 30 metros respecto de zonas urbanas y de escuelas, siempre y cuando no haya clases.
La regulación para el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es un tema sensible y eje de constante debate. En la actualidad está en vigencia la ley 10.699 pero que en la práctica no se aplica, porque cerca de la mitad de los municipios bonaerenses dictaron sus propias resoluciones al respecto.
Los legisladores bonaerenses tomaron nota de esta situación, y el senador Alfonso Coll Areco presentó un proyecto en la Cámara alta, que fue rápidamente aprobado en 2016 e ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados. En ese punto, la iniciativa tomó estado público y fue duramente criticada por las distancias de aplicación, que generaron un sinfín de polémicas y acusaciones cruzadas.
En concreto, y más allá de estas cuestiones y otras que exigían un profundo debate, el texto del legislador fue el disparador para intentar ordenar la legislación sobre este tema, que divide opiniones. Finalmente, y tras un prolongado debate en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios, el proyecto de ley fue aprobado y en breve –previo paso por otra comisión- saldrá a tablas para su aprobación final.
Consultada por Infocielo, la legisladora por el Frente Renovador María del Huerto Ratto –que además preside Asuntos Agrarios– destacó que el proyecto se aprobó tras varios cambios. “Fue un año de debates con diferentes instituciones, entidades, facultades, Conicet y el INTA”, destacó y añadió que la ley establece una zona de amortiguamiento de 500 metros.
El texto establece zonas de amortiguación (ZA) y exclusión (ZE), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En el primer caso, define a la ZA como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
Complementariamente, las ZE son las zonas “donde se prohíbe todo tipo de aplicación”, y estipula que será de 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres (tanto de arrastre como autopropulsadas) y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
En los municipios bonaerenses, existen controversias sobre el paso de las pulverizadoras terrestres por las calles de las ciudades. El nuevo proyecto busca despejar estas dudas, y sostiene que “las maquinarias de aplicación terrestre no circularan en áreas urbanas y en casos excepcionales podrán hacerlo vacías, limpias y utilizando pastillas con sistema antigoteo, de forma tal de garantizar su hermeticidad”.
El texto aprobado en Asuntos Agrarios cuenta con un apartado dedicado a los establecimientos educativos del ámbito rural, y especifica que no podrán realizarse aplicaciones aéreas en un radio de 500 metros, y terrestres en un área de 30 metros. Y en ambos casos, deberá notificarse día y hora que se efectuarán, y se realizarán fuera del horario de clases.
En relación a los asesores agronómicos, que serán los encargados de elaborar la receta para la aplicación de fitosanitarios, el proyecto de ley lo rotula como un “profesional universitario con incumbencia en la materia”, y deberán contar con matrícula habilitante del colegio profesional correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Tras su tratamiento en Diputados, el proyecto original de Coll Areco fue modificado en aspectos vinculados a la distancia de aplicación y mecanismos para su control, entre otros aspectos. El dato a tener en cuenta en este nuevo proyecto es la incorporación de un capítulo dedicado a la actividad fruti hortícola, producción que la iniciativa original no contemplaba. “El marco legal para esta actividad era algo que hace muchísimo que se venía pidiendo”, sintetizó Ratto. En concreto, el artículo 40 establece que “la producción hortícola deberá contar con un profesional especializado en la materia. Dicho profesional será quien realice la receta agronómica, donde quedara establecido el tiempo de carencia y de reingreso a los lotes tratados”.
La comisión de Asuntos Agrarios también aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada, que apunta a prohibir de manera permanente el uso del herbicida 2-4D (en su fórmula de éster) en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si bien el ministerio de Asuntos Agrarios encabezado por Leonardo Sarquis dictó una normativa que prohíbe su aplicacióm entre los meses de octubre y marzo, la iniciativa de Ratto tiene como principal diferencia que dictamina su restricción de manera permanente.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura se apresta a aprobar un nuevo marco regulatorio de uso de agroquímicos. Las distancias mínimas serán de 30 metros respecto de zonas urbanas y de escuelas, siempre y cuando no haya clases.
La regulación para el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires es un tema sensible y eje de constante debate. En la actualidad está en vigencia la ley 10.699 pero que en la práctica no se aplica, porque cerca de la mitad de los municipios bonaerenses dictaron sus propias resoluciones al respecto.
Los legisladores bonaerenses tomaron nota de esta situación, y el senador Alfonso Coll Areco presentó un proyecto en la Cámara alta, que fue rápidamente aprobado en 2016 e ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados. En ese punto, la iniciativa tomó estado público y fue duramente criticada por las distancias de aplicación, que generaron un sinfín de polémicas y acusaciones cruzadas.
En concreto, y más allá de estas cuestiones y otras que exigían un profundo debate, el texto del legislador fue el disparador para intentar ordenar la legislación sobre este tema, que divide opiniones. Finalmente, y tras un prolongado debate en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios, el proyecto de ley fue aprobado y en breve –previo paso por otra comisión- saldrá a tablas para su aprobación final.
Consultada por Infocielo, la legisladora por el Frente Renovador María del Huerto Ratto –que además preside Asuntos Agrarios– destacó que el proyecto se aprobó tras varios cambios. “Fue un año de debates con diferentes instituciones, entidades, facultades, Conicet y el INTA”, destacó y añadió que la ley establece una zona de amortiguamiento de 500 metros.
El texto establece zonas de amortiguación (ZA) y exclusión (ZE), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En el primer caso, define a la ZA como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.
Complementariamente, las ZE son las zonas “donde se prohíbe todo tipo de aplicación”, y estipula que será de 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres (tanto de arrastre como autopropulsadas) y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.
En los municipios bonaerenses, existen controversias sobre el paso de las pulverizadoras terrestres por las calles de las ciudades. El nuevo proyecto busca despejar estas dudas, y sostiene que “las maquinarias de aplicación terrestre no circularan en áreas urbanas y en casos excepcionales podrán hacerlo vacías, limpias y utilizando pastillas con sistema antigoteo, de forma tal de garantizar su hermeticidad”.
El texto aprobado en Asuntos Agrarios cuenta con un apartado dedicado a los establecimientos educativos del ámbito rural, y especifica que no podrán realizarse aplicaciones aéreas en un radio de 500 metros, y terrestres en un área de 30 metros. Y en ambos casos, deberá notificarse día y hora que se efectuarán, y se realizarán fuera del horario de clases.
En relación a los asesores agronómicos, que serán los encargados de elaborar la receta para la aplicación de fitosanitarios, el proyecto de ley lo rotula como un “profesional universitario con incumbencia en la materia”, y deberán contar con matrícula habilitante del colegio profesional correspondiente de la provincia de Buenos Aires.
Tras su tratamiento en Diputados, el proyecto original de Coll Areco fue modificado en aspectos vinculados a la distancia de aplicación y mecanismos para su control, entre otros aspectos. El dato a tener en cuenta en este nuevo proyecto es la incorporación de un capítulo dedicado a la actividad fruti hortícola, producción que la iniciativa original no contemplaba. “El marco legal para esta actividad era algo que hace muchísimo que se venía pidiendo”, sintetizó Ratto. En concreto, el artículo 40 establece que “la producción hortícola deberá contar con un profesional especializado en la materia. Dicho profesional será quien realice la receta agronómica, donde quedara establecido el tiempo de carencia y de reingreso a los lotes tratados”.
La comisión de Asuntos Agrarios también aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada, que apunta a prohibir de manera permanente el uso del herbicida 2-4D (en su fórmula de éster) en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si bien el ministerio de Asuntos Agrarios encabezado por Leonardo Sarquis dictó una normativa que prohíbe su aplicacióm entre los meses de octubre y marzo, la iniciativa de Ratto tiene como principal diferencia que dictamina su restricción de manera permanente.
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Entre Ríos insiste con Macri por las pasteras
Ambientalistas y ONG`S volverán a pedir a Macri que ponga en marcha el monitoreo ambiental por las pasteras
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: Diario del Sur Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la planta UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", indica el parte de prensa oficial.
Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.
En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.
"Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino"
El secretario de Ambiente explicó que la Provincia "propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG’s ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur".
Luego expresó que “no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado”. Asimismo, agregó que más allá del "sentir nacional" de la causa del pueblo de Gualeguaychú, “los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos”.
Fallo internacional
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: Diario del Sur Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente provincial, universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú acordaron solicitar a Nación más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la planta UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", indica el parte de prensa oficial.
Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.
En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.
"Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino"
El secretario de Ambiente explicó que la Provincia "propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG’s ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur".
Luego expresó que “no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado”. Asimismo, agregó que más allá del "sentir nacional" de la causa del pueblo de Gualeguaychú, “los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos”.
Fallo internacional
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.
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El gerente del megabasural de Pacará Pintado elude juicio
El gerente de Pacará Pintado elude el juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Fecha de Publicación: 08/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los jueces del Tribunal Oral Federal concedieron el beneficio de la probation a Mario Criado: deberá realizar tareas de saneamiento en el Salí
El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar al pedido de suspensión del juicio y benefició a Mario Delfor Criado, gerente de la empresa que manejaba la planta de tratamiento de los residuos urbanos de Pacará Pintado. A cambio, el imputado deberá realizar trabajos de saneamiento ambiental en un sector del cauce del Río Salí para resarcir el daño ambiental generado por el predio que recibió la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta el 1 de octubre de 2010.
Criado, representante legal de la empresa La Banda (que maneja Pacará Pintado) estaba imputado por presunta contaminación con amonio y cromo en las aguas del Río Salí, proveniente de la planta de residuos. Se encuentra tipificado en el artículo 55 de la Ley 24.051, que señala: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Este delito puede acarrear de tres a 10 años de prisión.
El TOF, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, María Alicia Noli y Gabriel Eduardo Casas, decidió hacer lugar al pedido de la defensa de Criado, ejercida por Silvia Peyracchia. De esta manera, se le otorgó el beneficio de la probation y durante dos años deberá cumplir con un programa de restauración y compensación ambiental. El planteo había sido propuesto por la defensa. El fallo señala que deberá “realizar un aporte consistente en la preservación y cuidado del humedal “aguas abajo” (paleocauce del Río Salí) por el tiempo que dure la probation con un gasto máximo de $100.000”.
Además, deberá proveer a la Secretaría de Medio Ambiente “una sonda multiparamétrica para controlar las tareas en el humedal (equipo para medir la calidad del agua) con un costo máximo de US$ 10.000”. Esta repartición deberá acreditar los gastos y las tareas acordadas, lo que será a su vez controlado por el juez de ejecución. El texto judicial advierte que una vez que se cumpla con lo pautado se dará lugar a la “extinción de la acción penal en favor del imputado, con la posibilidad concreta de que no se estigmatice con la aplicación de una pena de prisión”.
Según el dictamen del fiscal federal N°1, Carlos Brito, la contaminación era producto de “lixiviados que se infiltran en las napas freáticas del establecimiento; afloran fuera del perímetro de la planta, en el antiguo cauce del rio Salí (paleocauce), y desembocan inexorablemente en las aguas del Río Salí; en el cual se evidencia la influencia de: cromo y amonio, los que se observan en valores superiores a los límites estipulados por la Ley 24.051. Constituyéndose así en residuos peligrosos para la salud y el ambiente en general”.
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Tres focos activos en San Luis, no afloja el fuego
El fuego no da tregua en San Luis mientras la justicia indaga al supuesto causante del incendio en La Punta
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
Con tres focos aún activos en el noreste del territorio provincial y condiciones climáticas adversas que no permiten el uso de aviones hidrantes, los bomberos voluntarios y socorristas puntanos se reagruparon esta mañana para dirigirse hacia el norte, luego de una noche de trabajo en la que lograron combatir cuatro de los siete frentes que se reavivaron en la tarde noche de ayer.
"Paso Grande, Boca del Tigre y Santa Rosa son los lugares amenazados por el fuego activo, mientras que desde la localidad de Nogolí aún no ha reportado la extinción total", explicó a Télam el jefe de San Luis Solidario, José Torres.
"Tenemos un viento de 60 kilómetros por hora" afirmó el funcionario, lo que no permite la actuación de los aviones hidrantes por lo que "nuestros socorristas se están reagrupando para dirigirse al norte provincial donde tenemos tres focos activos".
El jefe de la división de rescate puntano agregó que ayer sobre la medianoche se lograron controlar cuatro de los siete focos que se encontraban activos, neutralizando el del paraje Carpintería, cercano a San Francisco del Monte de Oro, el que estaba entre Quines y Candelaria, el de Paso Grande y el que amenazó al dique San Felipe.
Sobre la medianoche una dotación de socorristas de San Francisco viajó para ayudar a sofocar el incendio que aún persistía en Villa General Roca, Santa Rosa y El Suyuque.
Por otra parte, el juez penal Sebastián Cadelago Filippi indagará hoy a Rodolfo Cuello, el hombre de 52 años detenido ayer, sospechado de ser quien causó uno de los incendios que asoló el miércoles a la ciudad de La Punta, distante a 20 kilómetros de esta capital, en la zona de las 900 Viviendas.
Cuello es productor agropecuario y dueño de un campo ubicado a la altura del kilómetro 107 de la ruta provincial 146 y según las pericias, el productor habría iniciado el fuego en su establecimiento pero las llamas terminaron consumiendo decenas de hectáreas en una vasta zona comprendida por las 900 y 600 Viviendas, Los Lapachos y la Universidad de La Punta (ULP).
El juez puede acusar a Cuello de estrago doloso, un delito que contempla hasta 15 años de prisión si se prueba que puso en riesgo la vida de las personas.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
Con tres focos aún activos en el noreste del territorio provincial y condiciones climáticas adversas que no permiten el uso de aviones hidrantes, los bomberos voluntarios y socorristas puntanos se reagruparon esta mañana para dirigirse hacia el norte, luego de una noche de trabajo en la que lograron combatir cuatro de los siete frentes que se reavivaron en la tarde noche de ayer.
"Paso Grande, Boca del Tigre y Santa Rosa son los lugares amenazados por el fuego activo, mientras que desde la localidad de Nogolí aún no ha reportado la extinción total", explicó a Télam el jefe de San Luis Solidario, José Torres.
"Tenemos un viento de 60 kilómetros por hora" afirmó el funcionario, lo que no permite la actuación de los aviones hidrantes por lo que "nuestros socorristas se están reagrupando para dirigirse al norte provincial donde tenemos tres focos activos".
El jefe de la división de rescate puntano agregó que ayer sobre la medianoche se lograron controlar cuatro de los siete focos que se encontraban activos, neutralizando el del paraje Carpintería, cercano a San Francisco del Monte de Oro, el que estaba entre Quines y Candelaria, el de Paso Grande y el que amenazó al dique San Felipe.
Sobre la medianoche una dotación de socorristas de San Francisco viajó para ayudar a sofocar el incendio que aún persistía en Villa General Roca, Santa Rosa y El Suyuque.
Por otra parte, el juez penal Sebastián Cadelago Filippi indagará hoy a Rodolfo Cuello, el hombre de 52 años detenido ayer, sospechado de ser quien causó uno de los incendios que asoló el miércoles a la ciudad de La Punta, distante a 20 kilómetros de esta capital, en la zona de las 900 Viviendas.
Cuello es productor agropecuario y dueño de un campo ubicado a la altura del kilómetro 107 de la ruta provincial 146 y según las pericias, el productor habría iniciado el fuego en su establecimiento pero las llamas terminaron consumiendo decenas de hectáreas en una vasta zona comprendida por las 900 y 600 Viviendas, Los Lapachos y la Universidad de La Punta (ULP).
El juez puede acusar a Cuello de estrago doloso, un delito que contempla hasta 15 años de prisión si se prueba que puso en riesgo la vida de las personas.
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El agro dice que no emite, que es secuestrador de CO2
Cambio climático: para la Sociedad Rural, se secuestra más carbono que el que se emite
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
"Aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor", dijo la entidad.
Según el último inventario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el segundo emisor de carbono de la Argentina es el agro. En este cálculo, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Sin embargo, una presentación realizada el miércoles pasado en un seminario conjunto de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puso reparos sobre ese dato. La investigación considera que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que no estaría haciendo un balance que contemple el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional. El estudio también abarca a Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los autores de la investigación fueron los Dres. Ernesto Viglizzo y Florencia Ricard. Ernesto Viglizzo asesora en temas ambientales a GPS (Grupo de Países Productores del Sur) y a la SRA. Es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Investigador Principal del CONICET y ex investigador del INTA.
“El sector rural está generando un crédito de carbono que no está contemplado en los inventarios”, aseguró Viglizzo frente a técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agroindustria, entidades rurales y referentes de la organización civil en temas ambientales.
Según su investigación, “aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor. La clave no está en la biomasa aérea, sino en la raíces”. Utilizando grandes bases de datos, Viglizzo y Ricard estimaron, por un lado, el secuestro anual de carbono en la biomasa de raíces de esos biomas, y por el otro, las fugas respiratorias que ocurren en esa fracción de biomasa, la cual es afectada por factores como la temperatura y la intensidad de pastoreo.
“Como el balance es claramente positivo, ese crédito de carbono alcanzaría los 178 millones de toneladas al año, que cubriría el 179% de la emisión de gases de efecto invernadero de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto, si tal estimación fuera aceptada, la Argentina podría entrar en la categoría de país Carbono Neutro”, afirmó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, destacó: “Es necesario que las acciones para revertir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero contribuyan a la seguridad alimentaria y a reducir el hambre en el mundo”, y agregó: “Para diseñar esa estrategia, tenemos que cooperar para que el diagnóstico atienda todas las opciones de análisis y sea lo más completo posible”.
Por su parte, la Ministro Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó: “Tenemos una oportunidad para analizar cómo contabilizamos las emisiones y secuestros y contrastar con las metodologías que se vienen usando. El IPCC es el órgano que valida las metodologías para medir las emisiones y capturas de carbono en suelo”, y agregó: “Es importante en este sentido que la investigación del Dr. Viglizzo se difunda a nivel interno a fin de tener un consenso que pueda ser presentado a nivel internacional”. Además, planteó que un ámbito propicio para hacer escuchar esta posición será la próxima reunión de la Cumbre del Cambio Climático en noviembre, en Bonn, Alemania.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
"Aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor", dijo la entidad.
Según el último inventario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el segundo emisor de carbono de la Argentina es el agro. En este cálculo, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Sin embargo, una presentación realizada el miércoles pasado en un seminario conjunto de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puso reparos sobre ese dato. La investigación considera que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que no estaría haciendo un balance que contemple el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional. El estudio también abarca a Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los autores de la investigación fueron los Dres. Ernesto Viglizzo y Florencia Ricard. Ernesto Viglizzo asesora en temas ambientales a GPS (Grupo de Países Productores del Sur) y a la SRA. Es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Investigador Principal del CONICET y ex investigador del INTA.
“El sector rural está generando un crédito de carbono que no está contemplado en los inventarios”, aseguró Viglizzo frente a técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agroindustria, entidades rurales y referentes de la organización civil en temas ambientales.
Según su investigación, “aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor. La clave no está en la biomasa aérea, sino en la raíces”. Utilizando grandes bases de datos, Viglizzo y Ricard estimaron, por un lado, el secuestro anual de carbono en la biomasa de raíces de esos biomas, y por el otro, las fugas respiratorias que ocurren en esa fracción de biomasa, la cual es afectada por factores como la temperatura y la intensidad de pastoreo.
“Como el balance es claramente positivo, ese crédito de carbono alcanzaría los 178 millones de toneladas al año, que cubriría el 179% de la emisión de gases de efecto invernadero de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto, si tal estimación fuera aceptada, la Argentina podría entrar en la categoría de país Carbono Neutro”, afirmó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, destacó: “Es necesario que las acciones para revertir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero contribuyan a la seguridad alimentaria y a reducir el hambre en el mundo”, y agregó: “Para diseñar esa estrategia, tenemos que cooperar para que el diagnóstico atienda todas las opciones de análisis y sea lo más completo posible”.
Por su parte, la Ministro Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó: “Tenemos una oportunidad para analizar cómo contabilizamos las emisiones y secuestros y contrastar con las metodologías que se vienen usando. El IPCC es el órgano que valida las metodologías para medir las emisiones y capturas de carbono en suelo”, y agregó: “Es importante en este sentido que la investigación del Dr. Viglizzo se difunda a nivel interno a fin de tener un consenso que pueda ser presentado a nivel internacional”. Además, planteó que un ámbito propicio para hacer escuchar esta posición será la próxima reunión de la Cumbre del Cambio Climático en noviembre, en Bonn, Alemania.
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Desmontan area protegida de Neuquén
Por el desmonte se perdieron casi 4.000 metros cuadrados de barda en Neuquén
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La Defensoría del Pueblo dio a conocer el daño ocasionado al área protegida de Parque Norte por una empresa que construye azudes para un nuevo loteo.
Ayer hubo una audiencia judicial. Se le otorgó al Municipio dos días para presentar documentación que respalde las obras y el estudio de impacto ambiental.
En el área natural protegida Parque Bardas Norte se desmontaron 3.473 metros cuadrados. Esto se reveló ayer en la audiencia a la que la justicia convocó a la Defensoría del Pueblo y el municipio para encontrar responsables de un eventual daño ambiental y las soluciones de remediación ocasionados por los movimientos de suelo que una empresa realizó la semana pasada en una zona intangible. El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén.
En el encuentro, el municipio reconoció haber detectado el 26 de septiembre pasado “obras que no eran las previstas” y que mediante acta oficial se sancionó a la empresa. Los representantes legales del intendente Horacio Quiroga expusieron además que le exigieron a la constructora la realización de azudes para el loteo Rincón del Río, que permitan evitar inundaciones y que la misma se habría excedido en las tareas autorizadas.
A modo de justificación agregaron que las obras fueron solicitadas al desarrollador del loteo en octubre de 2016, que a su vez subcontrató la obra. Por otra parte, agregaron que la propiedad en la que se construyen los azudes data de 1960, fecha anterior a la declaración por ordenanza del sector como área protegida.
En relación a la medida cautelar que paralizó las obras el jueves pasado, la municipalidad “plantea la necesidad determinar de hacerlas, bajo fiscalización y solicita se levante la suspensión, pidiendo un plazo de un día para la presentación de los fundamentos”, según consta en el acta de la audiencia.
La Defensoría del Pueblo solicitó que el Ejecutivo local presente los expedientes administrativos que acrediten la realización y la aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Finalizadas las exposiciones de las partes, la titular del juzgado Civil 6, Elizabeth García Fleiss otorgó a la municipalidad un plazo de 48 horas para que presente la documentación.
Previo a la presentación de la medida cautelar, la Defensoría del Pueblo realizó una recorrida utilizando un sistema de GPS por la zona desmontada y aseguró que “no se evidenciaron tareas de restauración básicas para propiciar la revegetación del sitio” y agregó que “la zona no está mensurada, por ende, no se puede vender ninguna fracción”.
Recomendó además tener en cuenta los impactos acumulativos sobre el Parque Bardas Norte, “si se realiza un loteo de esa franja, más la construcción de la avenida de los Ríos que pasaría por el medio del parque y los nuevo loteos de la constructora”.
El organismo de control municipal solicitó poner especial atención en verificar si la empresa, además de presentar un estudio de impacto, cuenta con una licencia ambiental. “No pueden haber empezado a desmontar nasa sin tener este permiso”, consideró la defensoría.
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Mapa muestra escenario climático a futuro
Mapas interactivos revelan los riesgos del cambio climático en Argentina hasta 2100
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
¿Cuáles son los riesgos climáticos para una obra pública de largo plazo? ¿Qué escenario pueden esperar las firmas aseguradoras de aquí a 30 años? ¿Cuánto puede impactar el aumento de las temperaturas o un incremento en el régimen de lluvias sobre los hogares con hacinamiento? Estas son sólo algunos de los interrogantes que intentará responder el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC).
Diseñados por el ministerio de Ambiente y y Desarrollo Sustentable "para los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del privado", es decir, gobierno nacional, ejecutivos provinciales y locales, pero también inversores, maestros, profesores y científicos, la plataforma interactiva permite visualizar los diversos escenarios de amenazas y vulnerabilidades sociales relacionadas con el fenómeno en dos fronteras temporales: 2039 y 2100.
Los mapas pueden ser descargados y entrecruzan diversas capas de información socioeconómica con las amenazas del clima y permiten enfocar las variables hasta avizorar las consecuencias que tendrá en los departamentos de cada provincia del país. La información posibilitará realizar ajustes y correcciones en obras de infraestructura, estrategias de desarrollo y diseño de políticas de prevención de desastres y, también, reducir los riesgos de inversiones.
El titular de la cartera, Sergio Bergman, definió la iniciativa como "un punto de inflexión" y "un cambio de paradigma". "No son mapas de meteorología para saber cómo estará el tiempo la semana que viene, sino para la planificación estratégica. Y tienen como prioridad la adaptación al cambio climático, porque hasta que podamos desarrollar políticas efectivas de mitigación tendremos que adaptarnos a lo que tenemos", agregó el funcionario durante la presentación llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
Los mapas se basan en los resultados obtenidos en el informe climático que presentó la Argentina a las Naciones Unidas en 2015, datos procesados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA y los últimos dos censos nacionales del INDEC. Fuentes del ministerio adelantaron que en el futuro se incluirá información adicional sobre otros actores del sector público, privado y sociedad civil.
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
¿Cuáles son los riesgos climáticos para una obra pública de largo plazo? ¿Qué escenario pueden esperar las firmas aseguradoras de aquí a 30 años? ¿Cuánto puede impactar el aumento de las temperaturas o un incremento en el régimen de lluvias sobre los hogares con hacinamiento? Estas son sólo algunos de los interrogantes que intentará responder el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC).
Diseñados por el ministerio de Ambiente y y Desarrollo Sustentable "para los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del privado", es decir, gobierno nacional, ejecutivos provinciales y locales, pero también inversores, maestros, profesores y científicos, la plataforma interactiva permite visualizar los diversos escenarios de amenazas y vulnerabilidades sociales relacionadas con el fenómeno en dos fronteras temporales: 2039 y 2100.
Los mapas pueden ser descargados y entrecruzan diversas capas de información socioeconómica con las amenazas del clima y permiten enfocar las variables hasta avizorar las consecuencias que tendrá en los departamentos de cada provincia del país. La información posibilitará realizar ajustes y correcciones en obras de infraestructura, estrategias de desarrollo y diseño de políticas de prevención de desastres y, también, reducir los riesgos de inversiones.
El titular de la cartera, Sergio Bergman, definió la iniciativa como "un punto de inflexión" y "un cambio de paradigma". "No son mapas de meteorología para saber cómo estará el tiempo la semana que viene, sino para la planificación estratégica. Y tienen como prioridad la adaptación al cambio climático, porque hasta que podamos desarrollar políticas efectivas de mitigación tendremos que adaptarnos a lo que tenemos", agregó el funcionario durante la presentación llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
Los mapas se basan en los resultados obtenidos en el informe climático que presentó la Argentina a las Naciones Unidas en 2015, datos procesados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la UBA y los últimos dos censos nacionales del INDEC. Fuentes del ministerio adelantaron que en el futuro se incluirá información adicional sobre otros actores del sector público, privado y sociedad civil.
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Vaca Muerta y criminalización a mapuches
Criminalización y contaminación en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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El balance habitacional en el Ríachuelo en negativo
Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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