Condena a implicados en fumigación a escuela rural
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Condenaron a un productor, un empresario y un piloto por fumigar una escuela rural con agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Es histórico. Por primera vez la Justicia argentina dispuso una serie de condenas por la pulverización aérea con agroquímicos sobre un colegio, la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos.
En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional para acortar las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a los tres procesados a 18 meses de prisión. Se trata del dueño de la empresa fumigadora, Erminio Bernardo Rodríguez, el propietario del campo, José Mario Honecker, y el piloto César Martín Visconti.
El 4 de diciembre de 2014, en pleno horario de clase y sin aviso previo, el avión de la empresa Villaguay Aero Litoral SA que piloteaba Visconti aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero a la escuela rural de Santa Anita. En el colegio estaban la directora Mariela Leiva y cinco alumnos. De manera casi instantánea, la docente y sus estudiantes empezaron a sentirse mal. Mareos, dolores de cabeza y de estómago, vómitos, irritaciones en la nariz y los ojos… los agroquímicos los habían intoxicado.
Fue la propia Leiva la que impulsó la denuncia con el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que inició la campaña "Paren de Fumigar las escuelas". En el medio, sufrió amenazas. "Callate la boca, porque si no la vas a pasar mal", le advirtieron.
Para sorpresa de muchos, la investigación avanzó y el 22 de septiembre empezó el juicio oral que hoy terminó con la inédita condena por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". El fallo, del que aún no se conocen los argumentos, lleva la firma de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La pena de 18 meses de prisión impuesta a los tres acusados coincide con el pedido de la fiscalía. El piloto, además, deberá cumplir con una inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
Al pedir la pena, el fiscal Fernando Lombardi subrayó que no se cumplió con las 48 horas de preaviso ni se llenaron las planillas con indicaciones, y destacó que la empresa no estaba habilitada, el avión fumigador no estaba registrado en Entre Ríos y no había un ingeniero al momento de la aplicación de los agroquímicos. Son, en suma, muchos de los problemas que los críticos de la actividad suelen resaltar.
Pese que se trata de una pena baja que no será de cumplimiento efectivo, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados celebró la sentencia, ya que "marca un precedente jurídico".
En esa sintonía, el sindicato AGMER consideró que la resolución "sienta un precedente a nivel provincial y nacional, y es un aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales que ponen en peligro la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente".
También la docente celebró la decisión. "Estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia. Buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho", dijo Leiva a Radio Máxima.
No obstante, consideró que la pena fue baja. "Yo hubiese preferido que fuera el máximo para estos casos, que es de tres años, pese a que no iban a cumplirlos en una cárcel. Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", evaluó.
A su vez, lamentó que la Justicia no haya logrado determinar el nivel de intoxicación y las consecuencias que sufrieron ella y sus alumnos. "En un primer momento nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos", concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Es histórico. Por primera vez la Justicia argentina dispuso una serie de condenas por la pulverización aérea con agroquímicos sobre un colegio, la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos.
En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional para acortar las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a los tres procesados a 18 meses de prisión. Se trata del dueño de la empresa fumigadora, Erminio Bernardo Rodríguez, el propietario del campo, José Mario Honecker, y el piloto César Martín Visconti.
El 4 de diciembre de 2014, en pleno horario de clase y sin aviso previo, el avión de la empresa Villaguay Aero Litoral SA que piloteaba Visconti aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero a la escuela rural de Santa Anita. En el colegio estaban la directora Mariela Leiva y cinco alumnos. De manera casi instantánea, la docente y sus estudiantes empezaron a sentirse mal. Mareos, dolores de cabeza y de estómago, vómitos, irritaciones en la nariz y los ojos… los agroquímicos los habían intoxicado.
Fue la propia Leiva la que impulsó la denuncia con el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que inició la campaña "Paren de Fumigar las escuelas". En el medio, sufrió amenazas. "Callate la boca, porque si no la vas a pasar mal", le advirtieron.
Para sorpresa de muchos, la investigación avanzó y el 22 de septiembre empezó el juicio oral que hoy terminó con la inédita condena por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". El fallo, del que aún no se conocen los argumentos, lleva la firma de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La pena de 18 meses de prisión impuesta a los tres acusados coincide con el pedido de la fiscalía. El piloto, además, deberá cumplir con una inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
Al pedir la pena, el fiscal Fernando Lombardi subrayó que no se cumplió con las 48 horas de preaviso ni se llenaron las planillas con indicaciones, y destacó que la empresa no estaba habilitada, el avión fumigador no estaba registrado en Entre Ríos y no había un ingeniero al momento de la aplicación de los agroquímicos. Son, en suma, muchos de los problemas que los críticos de la actividad suelen resaltar.
Pese que se trata de una pena baja que no será de cumplimiento efectivo, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados celebró la sentencia, ya que "marca un precedente jurídico".
En esa sintonía, el sindicato AGMER consideró que la resolución "sienta un precedente a nivel provincial y nacional, y es un aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales que ponen en peligro la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente".
También la docente celebró la decisión. "Estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia. Buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho", dijo Leiva a Radio Máxima.
No obstante, consideró que la pena fue baja. "Yo hubiese preferido que fuera el máximo para estos casos, que es de tres años, pese a que no iban a cumplirlos en una cárcel. Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", evaluó.
A su vez, lamentó que la Justicia no haya logrado determinar el nivel de intoxicación y las consecuencias que sufrieron ella y sus alumnos. "En un primer momento nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos", concluyó.
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Monos en riesgo por empobrecimiento genético
Monos en riesgo: tienen menos diversidad y podrían ser más vulnerables a la fiebre amarilla
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del IBS detectó que las poblaciones de carayá –la especie más común de Argentina- están reducidas y empobrecidas genéticamente.
Las poblaciones de monos carayá –la especie más extendida en Argentina- están reducidas y tienen poca variabilidad genética, según determinó un nuevo estudio de investigadores del CONICET. Esta situación podría ser la causa de que presenten una mayor susceptibilidad a la fiebre amarilla, una enfermedad selvática que se registra de manera recurrente en Sudamérica y que también afecta a humanos.
La investigación, que fue publicada hoy en la revista PLOS One, se centró en animales de la región noreste de Argentina y del sur de Paraguay. Los autores del trabajo destacan la necesidad de declarar a la especie Alouatta caraya como “Vulnerable” y proponen estrategias de manejo y conservación.
La subsistencia de éstos y otros monos que habitan en la región se ve dificultada por las mismas causas que afectan a distintos mamíferos, como el yaguareté. “La deforestación resultante de la agricultura y ganadería a gran escala y las inundaciones de bosques ribereños para la construcción de represas, son algunos de los factores que causaron el deterioro del hábitat de la especie. A eso también se suma tráfico de fauna para comercio de mascotas y la cacería”, señala la investigadora adjunta del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNAM), Luciana Oklander, primera autora del estudio, del que también participaron grupos del Centro de Bioinvestigaciones (CEBIO, UNNOBA – CONICET) y del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de la importante función que cumplen de cada uno de los animales que componen el ecosistema selvático, los monos desempeñan un rol epidemiológico clave para el abordaje de la fiebre amarilla. Son considerados “centinelas”, que alertan sobre los brotes que ocurren en la selva y que pueden llegar a zonas urbanas a través de picaduras de mosquitos. La aparición de animales muertos es la primera señal de que el virus que causa la enfermedad está circulando y que es necesario extremar las medidas de prevención, como la vacunación.
En uno de los grupos analizados por los investigadores se detectó un alto índice de endogamia, es decir, de parentesco entre los individuos que se reproducen. Esta población fue posteriormente diezmada por un brote de fiebre amarilla, lo que podría establecer una relación causal entre la escasa variabilidad genética y la susceptibilidad a la enfermedad.
“Las poblaciones estudiadas tienen un tamaño efectivo reducido y pueden estar empobrecidas genéticamente para hacer frente a eventos como futuros brotes de fiebre amarilla, que podrían afectar rápidamente a todos los individuos. Más allá del riesgo ecológico que implica perder a estos monos, también se generaría una situación de riesgo para la salud humana”, advierte Oklander.
Para analizar la estructura genética de los carayás – que son monos aulladores que presentan pelaje negro en los machos y dorado en las hembras-, los investigadores recolectaron muestras en las distintas poblaciones. “Trabajamos mayormente con muestras de materia fecal, que son no invasivas y nos permiten estudiar a los animales sin capturarlos ni dañarlos. Las procesamos en laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y extrajimos el ADN para dos tipos de amplificaciones. Por una parte, el ADN mitocondrial nos permitió determinar el linaje materno y la estructura genética en tiempos más lejanos. Por otro lado, analizamos el ADN nuclear mediante el estudio de microsatélites, que nos permitió estudiar el parentesco entre los individuos y detectar endogamia”, detalla Oklander.
Más protección
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la institución más importante para determinar el grado de amenaza de una especie y considera que los monos carayá están en un nivel de “menor preocupación” a escala mundial. “De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, consideramos que esa clasificación subestima el estado en el que se encuentran las poblaciones remanentes, por lo que proponemos una reclasificación del estatus global de la especie a “vulnerable””, señala Carolina Miño, investigadora asistente del CONICET en el IBS y otra de las autoras del artículo.
“Confiamos en que este estudio será una herramienta importante para que proteja a la especie. Esto va a permitir que se pueda trabajar con distintos organismos del estado y otras asociaciones para establecer políticas de manejo de las poblaciones y acciones para mejorar el hábitat deteriorado”, finaliza.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del IBS detectó que las poblaciones de carayá –la especie más común de Argentina- están reducidas y empobrecidas genéticamente.
Las poblaciones de monos carayá –la especie más extendida en Argentina- están reducidas y tienen poca variabilidad genética, según determinó un nuevo estudio de investigadores del CONICET. Esta situación podría ser la causa de que presenten una mayor susceptibilidad a la fiebre amarilla, una enfermedad selvática que se registra de manera recurrente en Sudamérica y que también afecta a humanos.
La investigación, que fue publicada hoy en la revista PLOS One, se centró en animales de la región noreste de Argentina y del sur de Paraguay. Los autores del trabajo destacan la necesidad de declarar a la especie Alouatta caraya como “Vulnerable” y proponen estrategias de manejo y conservación.
La subsistencia de éstos y otros monos que habitan en la región se ve dificultada por las mismas causas que afectan a distintos mamíferos, como el yaguareté. “La deforestación resultante de la agricultura y ganadería a gran escala y las inundaciones de bosques ribereños para la construcción de represas, son algunos de los factores que causaron el deterioro del hábitat de la especie. A eso también se suma tráfico de fauna para comercio de mascotas y la cacería”, señala la investigadora adjunta del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNAM), Luciana Oklander, primera autora del estudio, del que también participaron grupos del Centro de Bioinvestigaciones (CEBIO, UNNOBA – CONICET) y del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además de la importante función que cumplen de cada uno de los animales que componen el ecosistema selvático, los monos desempeñan un rol epidemiológico clave para el abordaje de la fiebre amarilla. Son considerados “centinelas”, que alertan sobre los brotes que ocurren en la selva y que pueden llegar a zonas urbanas a través de picaduras de mosquitos. La aparición de animales muertos es la primera señal de que el virus que causa la enfermedad está circulando y que es necesario extremar las medidas de prevención, como la vacunación.
En uno de los grupos analizados por los investigadores se detectó un alto índice de endogamia, es decir, de parentesco entre los individuos que se reproducen. Esta población fue posteriormente diezmada por un brote de fiebre amarilla, lo que podría establecer una relación causal entre la escasa variabilidad genética y la susceptibilidad a la enfermedad.
“Las poblaciones estudiadas tienen un tamaño efectivo reducido y pueden estar empobrecidas genéticamente para hacer frente a eventos como futuros brotes de fiebre amarilla, que podrían afectar rápidamente a todos los individuos. Más allá del riesgo ecológico que implica perder a estos monos, también se generaría una situación de riesgo para la salud humana”, advierte Oklander.
Para analizar la estructura genética de los carayás – que son monos aulladores que presentan pelaje negro en los machos y dorado en las hembras-, los investigadores recolectaron muestras en las distintas poblaciones. “Trabajamos mayormente con muestras de materia fecal, que son no invasivas y nos permiten estudiar a los animales sin capturarlos ni dañarlos. Las procesamos en laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y extrajimos el ADN para dos tipos de amplificaciones. Por una parte, el ADN mitocondrial nos permitió determinar el linaje materno y la estructura genética en tiempos más lejanos. Por otro lado, analizamos el ADN nuclear mediante el estudio de microsatélites, que nos permitió estudiar el parentesco entre los individuos y detectar endogamia”, detalla Oklander.
Más protección
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la institución más importante para determinar el grado de amenaza de una especie y considera que los monos carayá están en un nivel de “menor preocupación” a escala mundial. “De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, consideramos que esa clasificación subestima el estado en el que se encuentran las poblaciones remanentes, por lo que proponemos una reclasificación del estatus global de la especie a “vulnerable””, señala Carolina Miño, investigadora asistente del CONICET en el IBS y otra de las autoras del artículo.
“Confiamos en que este estudio será una herramienta importante para que proteja a la especie. Esto va a permitir que se pueda trabajar con distintos organismos del estado y otras asociaciones para establecer políticas de manejo de las poblaciones y acciones para mejorar el hábitat deteriorado”, finaliza.
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Suman actores para la producción limpia en Buenos Aires
Impulsan la producción limpia para empresas bonaerenses
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se sumó junto a la Autoridad del Agua (ADA), al Programa de Reconversión Tecnológica de Vertidos Industriales de BA Desarrollo, que otorga herramientas técnicas y de financiamiento a industrias radicadas en la Provincia, para que implementen procesos de producción limpia.
A través de un convenio de adhesión firmado ayer, el titular del OPDS, Rodrigo Aybar, sostuvo que "nos sumamos al acuerdo específico de Reconversión con BA Desarrollo para que las industrias traten sus vertidos con tecnologías modernas y eficientes y a su vez minimizar o anular los impactos sobre el ambiente, generando también ahorro económico".
"Esta colaboración es consecuencia de ser un solo gobierno, una sola provincia. Unir esfuerzos y trabajo es reflejar el pedido de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, que nos alienta siempre a trabajar en equipo" recordó Aybar, a la vez que agregó: "resulta importante no solo fiscalizar las industrias sino también darles oportunidades, y este tipo de iniciativas es para que aquellos que generan producción y empleo, lo hagan de manera más limpia y sustentable. Sólo así se dan soluciones a largo plazo".
El acuerdo, que fue rubricado ayer en la sede del OPDS por la titular de BA Desarrollo, María Aleandra Scafati; el presidente del ADA, Pablo Rodrigué y Rodrigo Aybar, director Ejecutivo de OPDS, forma parte del objetivo de Producción y Consumo Sostenible, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a los que se comprometió Argentina.
En la Provincia de Buenos Aires hay 40 mil industrias, de las que 3 mil son denominadas "de tercera categoría", por el impacto que pueden generar en el ambiente. El tratamiento de desechos aplica a numerosos rubros.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se sumó junto a la Autoridad del Agua (ADA), al Programa de Reconversión Tecnológica de Vertidos Industriales de BA Desarrollo, que otorga herramientas técnicas y de financiamiento a industrias radicadas en la Provincia, para que implementen procesos de producción limpia.
A través de un convenio de adhesión firmado ayer, el titular del OPDS, Rodrigo Aybar, sostuvo que "nos sumamos al acuerdo específico de Reconversión con BA Desarrollo para que las industrias traten sus vertidos con tecnologías modernas y eficientes y a su vez minimizar o anular los impactos sobre el ambiente, generando también ahorro económico".
"Esta colaboración es consecuencia de ser un solo gobierno, una sola provincia. Unir esfuerzos y trabajo es reflejar el pedido de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, que nos alienta siempre a trabajar en equipo" recordó Aybar, a la vez que agregó: "resulta importante no solo fiscalizar las industrias sino también darles oportunidades, y este tipo de iniciativas es para que aquellos que generan producción y empleo, lo hagan de manera más limpia y sustentable. Sólo así se dan soluciones a largo plazo".
El acuerdo, que fue rubricado ayer en la sede del OPDS por la titular de BA Desarrollo, María Aleandra Scafati; el presidente del ADA, Pablo Rodrigué y Rodrigo Aybar, director Ejecutivo de OPDS, forma parte del objetivo de Producción y Consumo Sostenible, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a los que se comprometió Argentina.
En la Provincia de Buenos Aires hay 40 mil industrias, de las que 3 mil son denominadas "de tercera categoría", por el impacto que pueden generar en el ambiente. El tratamiento de desechos aplica a numerosos rubros.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Santa Fe
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Piden aparte un fiscar ante contaminación de cuencas
Contaminación: piden apartar a una fiscal
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Los denunciantes llevaron el planteo a la jefa de fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También cuestionan a petroleras.
El diputado provincial Mariano Mansilla y el concejal Fernando Schpoliansky, de Unión de los Neuquinos (Une), solicitaron el apartamiento de la fiscal federal María Cristina Beute de las causas en las que denunciaron contaminación en los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.
La presentación se hizo ante la jefa de los fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la cual pidieron la designación de un nuevo fiscal para los procesos en los que se denunció a funcionarios públicos y a responsables de las empresas petroleras por la contaminación de los ríos en la Confluencia.
El planteo incluyó la denuncia del integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Rolando Cherqui, por una acción que se inició en 2008 y que a 2017, los denunciantes consideraron que “no ha tomado medidas procesales tendientes a investigar”, acusándola además de “!impedir la investigación” de los hechos.
Schpoliansky hizo de la denuncia de la contaminación en los ríos el eje de su campaña por la reelección en el Deliberante.
En el planteo de inacción y desidia de las autoridades que estarían contaminando el Neuquén y luego en el Limay, también integraron la prueba por el presunto incumplimiento de investigar de Beute.
Consultada por la recusación en su contra, la fiscal Beute prefirió esperar a que el planteo llegue a la procuración y luego dar su impresión sobre las acusaciones.
Schpoliansky aseguró que buscan retirar a Beute de las causas judiciales para “que avancen y no tengamos que seguir lamentando la degradación de nuestros ríos”.
Entre los antecedentes presentados ante Gils Carbó, Mansilla describió profusamente la intervención de Beute en una investigación donde la comunidad denunció la presunta contaminación de la napa con “residuos peligrosos” que terminarían en el Neuquén.
Añadió que tras la intervención de la fiscalía, la operadora de YPF realiza los trabajos escoltada por gendarmería en Loma de la Lata, que “lejos de controlar las acciones de los técnicos, garantizaban que sus trabajos se realicen sin obstáculos”.
Las denuncias involucraron tanto al ex gobernador Jorge Sapag, como al ministro Lara, al ex titular de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y responsables de la gerencia de YPF y a autoridades de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Los denunciantes llevaron el planteo a la jefa de fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó. También cuestionan a petroleras.
El diputado provincial Mariano Mansilla y el concejal Fernando Schpoliansky, de Unión de los Neuquinos (Une), solicitaron el apartamiento de la fiscal federal María Cristina Beute de las causas en las que denunciaron contaminación en los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.
La presentación se hizo ante la jefa de los fiscales de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la cual pidieron la designación de un nuevo fiscal para los procesos en los que se denunció a funcionarios públicos y a responsables de las empresas petroleras por la contaminación de los ríos en la Confluencia.
El planteo incluyó la denuncia del integrante de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, Gabriel Rolando Cherqui, por una acción que se inició en 2008 y que a 2017, los denunciantes consideraron que “no ha tomado medidas procesales tendientes a investigar”, acusándola además de “!impedir la investigación” de los hechos.
Schpoliansky hizo de la denuncia de la contaminación en los ríos el eje de su campaña por la reelección en el Deliberante.
En el planteo de inacción y desidia de las autoridades que estarían contaminando el Neuquén y luego en el Limay, también integraron la prueba por el presunto incumplimiento de investigar de Beute.
Consultada por la recusación en su contra, la fiscal Beute prefirió esperar a que el planteo llegue a la procuración y luego dar su impresión sobre las acusaciones.
Schpoliansky aseguró que buscan retirar a Beute de las causas judiciales para “que avancen y no tengamos que seguir lamentando la degradación de nuestros ríos”.
Entre los antecedentes presentados ante Gils Carbó, Mansilla describió profusamente la intervención de Beute en una investigación donde la comunidad denunció la presunta contaminación de la napa con “residuos peligrosos” que terminarían en el Neuquén.
Añadió que tras la intervención de la fiscalía, la operadora de YPF realiza los trabajos escoltada por gendarmería en Loma de la Lata, que “lejos de controlar las acciones de los técnicos, garantizaban que sus trabajos se realicen sin obstáculos”.
Las denuncias involucraron tanto al ex gobernador Jorge Sapag, como al ministro Lara, al ex titular de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y responsables de la gerencia de YPF y a autoridades de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
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Preocupación ante proyecto de uranio y vanadio en Río Negro
Preocupación de Odarda por proyecto de uranio y vanadio
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Senadora nacional Magdalena Odarda, candidata a Diputada nacional, manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa Canadiense Blue Sky Uranium, respecto al descubrimiento de uranio y vanadio en el proyecto denominado Amarillo Grande situado en la provincia de Río Negro. La empresa comenzaría a operar extrayendo estos minerales en el territorio provincial como insumo para la industria nuclear, es decir, para las centrales que se proyectan construir.
Presentará un pedido de informes al Secretario de Minería provincial con el fin de conocer detalles de este proyecto y la ubicación exacta del mismo.
“Todo hace pensar que el gobierno provincial y el nacional no tomaron en cuenta el reclamo popular y se disponen a favorecer a toda la industria nuclear con la explotación de uranio para abastecer a las centrales.” Afirmó.
El uranio es un metal radiactivo peligroso por esta razón y, además, químicamente toxico. Hay movimientos en todo el mundo que se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Hablamos de cantidades descomunales de piedra molida donde se encuentra este mineral, que son esparcidos por los vientos una vez que se moviliza el terreno.
Odarda declaró que “En Argentina hay varios sitios mineros donde se exploto uranio y no hubo remediación, es decir, se sigue esparciendo en forma de partículas este metal tan peligroso para la salud. La misma Comisión nacional de Energía Atómica reconoce que las grandes cantidades de residuos deben ser gestionados de manera segura, pero sin embargo aun no lo ha hecho.”
La Senadora recalcó así su postura contraria a la minería contaminante a gran escala, donde existen grandes movimientos de suelo, perforaciones y explosiones que provocan un alto número de riesgos en el ambiente con consecuencias directas en la población. La opción de una economía sustentable y regional que potencie las características únicas de cada zona, sigue siendo la propuesta más conveniente para los rionegrinos.
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Senadora nacional Magdalena Odarda, candidata a Diputada nacional, manifestó su preocupación por el anuncio de la empresa Canadiense Blue Sky Uranium, respecto al descubrimiento de uranio y vanadio en el proyecto denominado Amarillo Grande situado en la provincia de Río Negro. La empresa comenzaría a operar extrayendo estos minerales en el territorio provincial como insumo para la industria nuclear, es decir, para las centrales que se proyectan construir.
Presentará un pedido de informes al Secretario de Minería provincial con el fin de conocer detalles de este proyecto y la ubicación exacta del mismo.
“Todo hace pensar que el gobierno provincial y el nacional no tomaron en cuenta el reclamo popular y se disponen a favorecer a toda la industria nuclear con la explotación de uranio para abastecer a las centrales.” Afirmó.
El uranio es un metal radiactivo peligroso por esta razón y, además, químicamente toxico. Hay movimientos en todo el mundo que se oponen a la minería de uranio debido a los riesgos de cáncer de pulmón y otras enfermedades. Hablamos de cantidades descomunales de piedra molida donde se encuentra este mineral, que son esparcidos por los vientos una vez que se moviliza el terreno.
Odarda declaró que “En Argentina hay varios sitios mineros donde se exploto uranio y no hubo remediación, es decir, se sigue esparciendo en forma de partículas este metal tan peligroso para la salud. La misma Comisión nacional de Energía Atómica reconoce que las grandes cantidades de residuos deben ser gestionados de manera segura, pero sin embargo aun no lo ha hecho.”
La Senadora recalcó así su postura contraria a la minería contaminante a gran escala, donde existen grandes movimientos de suelo, perforaciones y explosiones que provocan un alto número de riesgos en el ambiente con consecuencias directas en la población. La opción de una economía sustentable y regional que potencie las características únicas de cada zona, sigue siendo la propuesta más conveniente para los rionegrinos.
Aumenta el comercio ilegal de animales por internet
Crece el comercio ilegal de animales por internet: pagan hasta $ 2.500 por un loro
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El 60% de las pesquisas surgen de denuncias de ventas a través de redes sociales. El negocio mueve hasta US$ 23 mil millones a nivel global. El triste ranking de los más traficados.
Lejos de la venta callejera tradicional de animales silvestres –como se puede observar en las cercanías de las ferias de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y en Villa Dominico, en Avellaneda–, bajo el anonimato que brinda internet se oculta otra forma de comercio ilegal de fauna silvestre. De las más de ochenta pesquisas de este año que lleva adelante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) por este tema, el 60% del comercio utiliza las redes y el problema va en aumento.
Según la Ufima, que realiza investigaciones preliminares para la protección y la conservación de la fauna silvestre con un alcance en todo el país, de ese porcentaje, el 90% se da a través de la red social Facebook, y el resto, en sitios de compra y venta por internet (como Mercado Libre) y grupos de WhatsApp. En los últimos años se logró reducir el comercio ilegal en los portales de ventas, ya que son empresas argentinas, pero no ocurre lo mismo con las redes sociales, por lo que la Ufima está trabajando para avanzar en ese espacio.
“Realizamos relevamientos virtuales de sitios y hemos hecho denuncias, que a veces no tienen efecto porque se arman otra página y listo”, afirma Cecilia Maqueda, coordinadora del Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de la organización Aves Argentinas. “Otro problema es que las oficinas legales de Facebook no están en Argentina, por lo que es más difícil”, agrega.
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguran que desde Nación y las provincias hay un aumento de las acciones contra el tráfico ilegal. Sin embargo, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, reconoce que “internet es un desafío, porque los vendedores no están en lugares físicos sino en una serie de plataformas con las cuales pueden comercializar con mayores libertades que en la calle, ante la mirada de espectadores”.
En lo que va del año, desde Ambiente indicaron que se decomisaron 374 animales y 178 productos y subproductos con ejemplares muertos. En 2016, la cifra de ejemplares vivos alcanzó los 1.600. El último operativo ocurrió la semana pasada en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Allí se incautaron tres pitones molurus, una pitón regius, cuatro culebras, seis jilgueros y seis tortugas de agua.
Alrededor del 70% de los animales afectados por el comercio ilegal son aves, y entre las especies más afectadas están el cardenal común, el cardenal amarillo (en peligro de extinción por esta actividad), el jilguero, el federal (en estado vulnerable), el tucán, el rey del bosque, la reina mora, la cotorra, el loro hablador, el pepitero de collar, el zorzal y el piquito de oro.
También sufren esta práctica los monos que se venden en las rutas y los reptiles, como la tortuga terrestre –que ya se encuentra en estado vulnerable de conservación–, el lagarto overo, la boa y distintas especies de pitón. La compraventa no autorizada de animales es un delito penal en Argentina que prevé entre dos meses y dos años de prisión, y es de jurisdicción federal.
Negocio. Dado el carácter oculto de la actividad, en nuestro país no hay cifras oficiales del dinero que implica. Los precios que se pueden encontrar varían, de acuerdo con los relevamientos de Aves Argentinas, entre $ 1.500 y $ 2.000 por el cardenal amarillo; $ 2.500 el loro hablador; $ 500 el lagarto overo; $ 200 la tortuga, y $ 300 la reina mora. En un informe, Naciones Unidas e Interpol estimaron que a nivel mundial el tráfico ilícito de flora y fauna obtiene entre US$ 7.000 y US$ 23.000 millones por año. Ya es el tercer negocio ilegal a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y el de armas.
“Sabemos que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad económica que recurre a ese tipo de delitos y que es el eslabón final de una cadena más compleja, con personas poderosas que saben lo que hacen. Por lo general, es a los acopiadores a quien tratamos de afectar con nuestras actividades”, describe D’Alessio.
Del otro lado del negocio, las consecuencias son desastrosas: se estima que por las condiciones de hacinamiento y estrés, el 90% de los animales capturados para su comercio ilegal muere antes de llegar a la venta. Por lo cual, antes de hacer una compra es necesario informarse para descartar que sea fauna silvestre y reclamar la documentación de origen de la autoridad de aplicación de la jurisdicción.
“Al que le gusten las aves le recomendamos que las disfrute en libertad. Más vale volando”, aconseja Maqueda.
Liberan cardenales amarillos
Como consecuencia del comercio ilegal y las modificaciones en su hábitat, el cardenal amarillo se encuentra en peligro y su población se redujo a entre 1.500 y 2.000 ejemplares. Es por eso que el Ministerio de Ambiente, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y la Fundación Temaikèn trabajan para lograr un procedimiento con base técnica, legal y científica para la recuperación de estas aves, que cumplió una importante etapa el jueves pasado con la liberación de 26 ejemplares en La Pampa. Las aves, que provenían del tráfico ilegal, llevan un radiotransmisor con el fin de monitorear su adaptación. “Llegaron bien luego de un viaje bastante largo, allí volaron todos y hasta ahora están todos bien”, dice con alegría Andrés Suares, de la Fundación Temaikèn. El Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la UBA realizó los análisis genéticos para identificar el origen de los cardenales, y la Fundación trabajó para que pudieran recuperar musculación, hábitos y alimentación. “Estamos monitoreando a estos ejemplares para ver si se adaptan bien, si forman parejas, si se unen a otros grupos y sobreviven”, explicó Santiago D’Alessio.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El 60% de las pesquisas surgen de denuncias de ventas a través de redes sociales. El negocio mueve hasta US$ 23 mil millones a nivel global. El triste ranking de los más traficados.
Lejos de la venta callejera tradicional de animales silvestres –como se puede observar en las cercanías de las ferias de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y en Villa Dominico, en Avellaneda–, bajo el anonimato que brinda internet se oculta otra forma de comercio ilegal de fauna silvestre. De las más de ochenta pesquisas de este año que lleva adelante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) por este tema, el 60% del comercio utiliza las redes y el problema va en aumento.
Según la Ufima, que realiza investigaciones preliminares para la protección y la conservación de la fauna silvestre con un alcance en todo el país, de ese porcentaje, el 90% se da a través de la red social Facebook, y el resto, en sitios de compra y venta por internet (como Mercado Libre) y grupos de WhatsApp. En los últimos años se logró reducir el comercio ilegal en los portales de ventas, ya que son empresas argentinas, pero no ocurre lo mismo con las redes sociales, por lo que la Ufima está trabajando para avanzar en ese espacio.
“Realizamos relevamientos virtuales de sitios y hemos hecho denuncias, que a veces no tienen efecto porque se arman otra página y listo”, afirma Cecilia Maqueda, coordinadora del Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de la organización Aves Argentinas. “Otro problema es que las oficinas legales de Facebook no están en Argentina, por lo que es más difícil”, agrega.
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguran que desde Nación y las provincias hay un aumento de las acciones contra el tráfico ilegal. Sin embargo, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, reconoce que “internet es un desafío, porque los vendedores no están en lugares físicos sino en una serie de plataformas con las cuales pueden comercializar con mayores libertades que en la calle, ante la mirada de espectadores”.
En lo que va del año, desde Ambiente indicaron que se decomisaron 374 animales y 178 productos y subproductos con ejemplares muertos. En 2016, la cifra de ejemplares vivos alcanzó los 1.600. El último operativo ocurrió la semana pasada en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Allí se incautaron tres pitones molurus, una pitón regius, cuatro culebras, seis jilgueros y seis tortugas de agua.
Alrededor del 70% de los animales afectados por el comercio ilegal son aves, y entre las especies más afectadas están el cardenal común, el cardenal amarillo (en peligro de extinción por esta actividad), el jilguero, el federal (en estado vulnerable), el tucán, el rey del bosque, la reina mora, la cotorra, el loro hablador, el pepitero de collar, el zorzal y el piquito de oro.
También sufren esta práctica los monos que se venden en las rutas y los reptiles, como la tortuga terrestre –que ya se encuentra en estado vulnerable de conservación–, el lagarto overo, la boa y distintas especies de pitón. La compraventa no autorizada de animales es un delito penal en Argentina que prevé entre dos meses y dos años de prisión, y es de jurisdicción federal.
Negocio. Dado el carácter oculto de la actividad, en nuestro país no hay cifras oficiales del dinero que implica. Los precios que se pueden encontrar varían, de acuerdo con los relevamientos de Aves Argentinas, entre $ 1.500 y $ 2.000 por el cardenal amarillo; $ 2.500 el loro hablador; $ 500 el lagarto overo; $ 200 la tortuga, y $ 300 la reina mora. En un informe, Naciones Unidas e Interpol estimaron que a nivel mundial el tráfico ilícito de flora y fauna obtiene entre US$ 7.000 y US$ 23.000 millones por año. Ya es el tercer negocio ilegal a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y el de armas.
“Sabemos que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad económica que recurre a ese tipo de delitos y que es el eslabón final de una cadena más compleja, con personas poderosas que saben lo que hacen. Por lo general, es a los acopiadores a quien tratamos de afectar con nuestras actividades”, describe D’Alessio.
Del otro lado del negocio, las consecuencias son desastrosas: se estima que por las condiciones de hacinamiento y estrés, el 90% de los animales capturados para su comercio ilegal muere antes de llegar a la venta. Por lo cual, antes de hacer una compra es necesario informarse para descartar que sea fauna silvestre y reclamar la documentación de origen de la autoridad de aplicación de la jurisdicción.
“Al que le gusten las aves le recomendamos que las disfrute en libertad. Más vale volando”, aconseja Maqueda.
Liberan cardenales amarillos
Como consecuencia del comercio ilegal y las modificaciones en su hábitat, el cardenal amarillo se encuentra en peligro y su población se redujo a entre 1.500 y 2.000 ejemplares. Es por eso que el Ministerio de Ambiente, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y la Fundación Temaikèn trabajan para lograr un procedimiento con base técnica, legal y científica para la recuperación de estas aves, que cumplió una importante etapa el jueves pasado con la liberación de 26 ejemplares en La Pampa. Las aves, que provenían del tráfico ilegal, llevan un radiotransmisor con el fin de monitorear su adaptación. “Llegaron bien luego de un viaje bastante largo, allí volaron todos y hasta ahora están todos bien”, dice con alegría Andrés Suares, de la Fundación Temaikèn. El Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la UBA realizó los análisis genéticos para identificar el origen de los cardenales, y la Fundación trabajó para que pudieran recuperar musculación, hábitos y alimentación. “Estamos monitoreando a estos ejemplares para ver si se adaptan bien, si forman parejas, si se unen a otros grupos y sobreviven”, explicó Santiago D’Alessio.
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Podría cambiar la Ley de Agroquímicos de San Luis
San Luis: alertan por la modificación de la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
Organizaciones ambientalistas de la provincia de San Luis expresaron hoy su preocupación y alertaron sobre la posible reducción de las distancias en la aplicación de agroquímicos en relación a zonas urbanas y rurales de la provincia, anunciada por el ministerio de Medio Ambiente local.
El alerta surge de las declaraciones públicas del ministro de esa cartera, Sergio Freixes, quien mantuvo diferentes reuniones para trabajar en la modificación de la Ley de Fitosanitarios con productores, integrantes del SENASA, el INTA, la facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, ruralistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, tendientes a la reducción de la distancias establecidas en San Luis por Ley.
Representantes de más de una docena de organizaciones advirtieron en un comunicado conjunto que "en San Luis ya se ha documentado enfermedades y contaminación", y que "las pruebas fueron presentadas ante la justicia y al gobierno provincial".
"El conflicto con los agrotóxicos involucra a toda la población de la provincia, porque todos bebemos agua, comemos alimentos y respiramos aire", alertaron.
Denunciaron asimismo que "esta misma semana, vecinos del paraje Santa Martina, volvieron a ser fumigados en horas de la noche, sin respetarse las previsiones legales imperantes en la provincia".
Las organizaciones destacaron que San Luis fue pionera en los años 80 al legislar las fumigaciones, preocupados por el impacto en la salud y el ambiente, y el año pasado, volvió a posicionarse a la vanguardia en la temática con la ley provincial que impuso distancias de 1.500 metros a poblaciones urbanas y 300 a casas de zonas rurales.
"Una modificación en el texto de la Ley -aseguraron- como la que se pretende impulsar, reduce las distancias a cero, poniendo en riesgo de vida a la población, lo que no sacrificaría hectáreas, sino vidas", concluyeron.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
Organizaciones ambientalistas de la provincia de San Luis expresaron hoy su preocupación y alertaron sobre la posible reducción de las distancias en la aplicación de agroquímicos en relación a zonas urbanas y rurales de la provincia, anunciada por el ministerio de Medio Ambiente local.
El alerta surge de las declaraciones públicas del ministro de esa cartera, Sergio Freixes, quien mantuvo diferentes reuniones para trabajar en la modificación de la Ley de Fitosanitarios con productores, integrantes del SENASA, el INTA, la facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, ruralistas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, tendientes a la reducción de la distancias establecidas en San Luis por Ley.
Representantes de más de una docena de organizaciones advirtieron en un comunicado conjunto que "en San Luis ya se ha documentado enfermedades y contaminación", y que "las pruebas fueron presentadas ante la justicia y al gobierno provincial".
"El conflicto con los agrotóxicos involucra a toda la población de la provincia, porque todos bebemos agua, comemos alimentos y respiramos aire", alertaron.
Denunciaron asimismo que "esta misma semana, vecinos del paraje Santa Martina, volvieron a ser fumigados en horas de la noche, sin respetarse las previsiones legales imperantes en la provincia".
Las organizaciones destacaron que San Luis fue pionera en los años 80 al legislar las fumigaciones, preocupados por el impacto en la salud y el ambiente, y el año pasado, volvió a posicionarse a la vanguardia en la temática con la ley provincial que impuso distancias de 1.500 metros a poblaciones urbanas y 300 a casas de zonas rurales.
"Una modificación en el texto de la Ley -aseguraron- como la que se pretende impulsar, reduce las distancias a cero, poniendo en riesgo de vida a la población, lo que no sacrificaría hectáreas, sino vidas", concluyeron.
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En Armstrong inauguran una planta fotovoltaica
Se inauguró en Armstrong planta de generación eléctrica fotovoltaica
Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En la ciudad santafesina de Armstrong se inauguró formalmente la planta de generación eléctrica fotovoltaica, en el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables (PRIER), conformado por un consorcio público privado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acompañó la inauguración de la planta, que cuenta con una potencia instalada de 200 kW, y está ubicada a unos 390 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.
Se trata de un emprendimiento piloto que involucra estudios técnicos y normativos para replicar el proyecto en otras distribuidoras eléctricas del país, estudiando tecnologías de comunicación de las redes inteligentes, inter-operabilidad de inversores y parámetros de calidad de energía ante la inyección de energía de fuentes renovables distribuidas.
El proyecto apunta a promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al consumo. La red convencional convivirá con la red inteligente y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico.
Por otra parte, hay en el país más de 590 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de dos millones de clientes. Solo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que con un marco normativo técnico adecuado, serán objeto de los resultados del proyecto.
Durante la ceremonia de inauguración de la planta, estuvieron presentes los principales responsables del proyecto: Héctor Laiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI –uno de los impulsores de la iniciativa-, Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, junto a su equipo de trabajo, Ricardo Airasca, gerente de la CELAR, Pablo Bertinat, miembro de la Facultad Rosario de la UTN.
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Fecha de Publicación: 03/10/2017
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Santa Fe
En la ciudad santafesina de Armstrong se inauguró formalmente la planta de generación eléctrica fotovoltaica, en el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renovables (PRIER), conformado por un consorcio público privado.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acompañó la inauguración de la planta, que cuenta con una potencia instalada de 200 kW, y está ubicada a unos 390 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.
Se trata de un emprendimiento piloto que involucra estudios técnicos y normativos para replicar el proyecto en otras distribuidoras eléctricas del país, estudiando tecnologías de comunicación de las redes inteligentes, inter-operabilidad de inversores y parámetros de calidad de energía ante la inyección de energía de fuentes renovables distribuidas.
El proyecto apunta a promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al consumo. La red convencional convivirá con la red inteligente y esta última será la encargada de administrar la inyección de energía renovable, integrando la energía eólica y solar en el tendido eléctrico.
Por otra parte, hay en el país más de 590 cooperativas que distribuyen energía eléctrica, entre otros servicios, a más de dos millones de clientes. Solo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que con un marco normativo técnico adecuado, serán objeto de los resultados del proyecto.
Durante la ceremonia de inauguración de la planta, estuvieron presentes los principales responsables del proyecto: Héctor Laiz, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI –uno de los impulsores de la iniciativa-, Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, junto a su equipo de trabajo, Ricardo Airasca, gerente de la CELAR, Pablo Bertinat, miembro de la Facultad Rosario de la UTN.
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Colmenas diezmadas en Entre Ríos por el Fipronil
Un poderoso insecticida provocó la muerte de miles de abejas
Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Colmenas vecinas al Río Uruguay fueron diezmadas. Se sospechó de los agroquímicos, pero el causante del grave fenómeno fue un insecticida. En Uruguay está prohibido. En Argentina se lo consigue en Mercado Libre.
Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y de la Comisión de Desarrollo Apícola, anunciaron en la víspera que el uso del Fipronil –insecticida de amplio espectro que afecta el sistema nervioso central de los insectos– causó la mortandad de miles de abejas hace un mes en los departamentos de Paysandú y Salto, vecinos a Colón y Concordia.
El producto, prohibido en Uruguay desde el año 2009, fue lo que causó el envenenamiento de los insectos, y no la aplicación de agroquímicos como suponían en primera instancia los 16 apicultores que hicieron la denuncia, ante la pérdida de más de 1.800 colmenas, por un valor estimado de U$S 200.000.
El ingeniero agrónomo Federico Montes, director general de los Servicios Agrícolas, indicó que el Fipronil es un producto ilegal. "Acá no se produce, no se comercializa y no está; de dónde vino, serán cosas que tendremos que averiguar".
Señaló que está todo dentro de un marco ilegal, "y es cometer un delito el matar colmenas. Me cuesta hasta pensar cuál es la idea de quién hizo esto y generó este problema", subrayó.
En Argentina, una simple búsqueda en internet permite comprobar que insecticidas a base de Fipronil son ofrecidos en venta en portales de comercialización, como es el caso de Mercado Libre.
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Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Colmenas vecinas al Río Uruguay fueron diezmadas. Se sospechó de los agroquímicos, pero el causante del grave fenómeno fue un insecticida. En Uruguay está prohibido. En Argentina se lo consigue en Mercado Libre.
Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y de la Comisión de Desarrollo Apícola, anunciaron en la víspera que el uso del Fipronil –insecticida de amplio espectro que afecta el sistema nervioso central de los insectos– causó la mortandad de miles de abejas hace un mes en los departamentos de Paysandú y Salto, vecinos a Colón y Concordia.
El producto, prohibido en Uruguay desde el año 2009, fue lo que causó el envenenamiento de los insectos, y no la aplicación de agroquímicos como suponían en primera instancia los 16 apicultores que hicieron la denuncia, ante la pérdida de más de 1.800 colmenas, por un valor estimado de U$S 200.000.
El ingeniero agrónomo Federico Montes, director general de los Servicios Agrícolas, indicó que el Fipronil es un producto ilegal. "Acá no se produce, no se comercializa y no está; de dónde vino, serán cosas que tendremos que averiguar".
Señaló que está todo dentro de un marco ilegal, "y es cometer un delito el matar colmenas. Me cuesta hasta pensar cuál es la idea de quién hizo esto y generó este problema", subrayó.
En Argentina, una simple búsqueda en internet permite comprobar que insecticidas a base de Fipronil son ofrecidos en venta en portales de comercialización, como es el caso de Mercado Libre.
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La Barrick certa de volver a reactivar Lama
La reactivación de Lama cada vez más cerca
Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro Alberto Hensel, tras su paso por China, aseguró que la empresa Shandong Gold presentó interés por la reactivación de la mina, que se verá reflejado en más mano de obra para la provincia.
La posibilidad de reactivación de Lama en manos de Barrick y de Shandong Gold genera cada vez más expectativas en el gobierno sanjuanino. Este jueves, el ministro de Minería, Alberto Hensel volvió de Asia donde participó de la Feria Internacional de Minería China. Según informó el funcionario, en esta ocasión se presentó un gran interés en los asiáticos por la vuelta al ruedo de la mina que se detuvo en el 2015.
"Los empresarios consideran que hay que seguir avanzando en el Valle del Cura y particularmente con el tema de Lama van a presentar un informe de prefactibilidad y nos da una sensación que hay una decisión tomada en darle una respuesta a San Juan con este proyecto que es tan importante en minería", comenzó informando Hensel en radio Estación Claridad.
Actualmente la mina está en un proceso de exploración y los responsables están elaborando el informe de pre factibilidad. El proyecto "está muy avanzado" y está la esperanza de poder concretarlo. "Esto es muy bueno, por lo que puede traducrise en generación de empleo y riquezas que necesitamos poner a disposición de la sociead", agregó Hensel quien no puede dar todavía más detalles pero auguró que va por buen camino.
Durante dos días, los funcionarios argentinos tuvieron encuentros con dirigentes chinos y ejecutivos mineros para presentar el programa "La industria minera como política de Estado", con el foco puesto en el marco regulatorio positivo y en el potencial minero de cobre, oro, plata, litio y potasio.
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Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro Alberto Hensel, tras su paso por China, aseguró que la empresa Shandong Gold presentó interés por la reactivación de la mina, que se verá reflejado en más mano de obra para la provincia.
La posibilidad de reactivación de Lama en manos de Barrick y de Shandong Gold genera cada vez más expectativas en el gobierno sanjuanino. Este jueves, el ministro de Minería, Alberto Hensel volvió de Asia donde participó de la Feria Internacional de Minería China. Según informó el funcionario, en esta ocasión se presentó un gran interés en los asiáticos por la vuelta al ruedo de la mina que se detuvo en el 2015.
"Los empresarios consideran que hay que seguir avanzando en el Valle del Cura y particularmente con el tema de Lama van a presentar un informe de prefactibilidad y nos da una sensación que hay una decisión tomada en darle una respuesta a San Juan con este proyecto que es tan importante en minería", comenzó informando Hensel en radio Estación Claridad.
Actualmente la mina está en un proceso de exploración y los responsables están elaborando el informe de pre factibilidad. El proyecto "está muy avanzado" y está la esperanza de poder concretarlo. "Esto es muy bueno, por lo que puede traducrise en generación de empleo y riquezas que necesitamos poner a disposición de la sociead", agregó Hensel quien no puede dar todavía más detalles pero auguró que va por buen camino.
Durante dos días, los funcionarios argentinos tuvieron encuentros con dirigentes chinos y ejecutivos mineros para presentar el programa "La industria minera como política de Estado", con el foco puesto en el marco regulatorio positivo y en el potencial minero de cobre, oro, plata, litio y potasio.
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San Luis: fuerte multa a cazadores cordobeses
Cazadores cordobeses deberán pagar $190 mil por matar un Venado de las Pampas
Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Así lo determinó el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, basándose en la Ley Provincial Nº IX-0317-2004 de Conservación de fauna, caza y pesca. El delito se cometió en julio pasado, al sur de la localidad de Fraga.
En virtud de brindar una mayor y más eficaz protección a la fauna en general y nativa, en particular, por la que debemos velar como integrantes de nuestro valioso patrimonio natural provincial, el Gobierno de San Luis estableció en 2009 la veda de caza comercial y deportiva de fauna silvestre en todo el territorio sanluiseño.
En esta línea, desde el programa Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se aplicó una multa ejemplificadora a tres cazadores de la provincia de Córdoba que, el pasado mes de julio, fueron detenidos al sur de la localidad de Fraga, constatando que habían cazado un Venado de las Pampas (especie insignia de San Luis), seis perdices coloradas y dos liebres europeas. El importe total que deberán pagar es de $190.500,00.
“El cérvido, al ser una especie en peligro de extinción, tiene un artículo especial dentro de la normativa. No se puede cazar, capturar ejemplares de la especie, o transportar animales vivos o muertos y sus productos o despojos”, indicó la jefa del Subprograma Control y Fiscalización Ambiental, María Julia Veinticinco.
Existe una metodología de cálculo para establecer la multa. “Las unidades de multa son 10 litros de combustible de mayor octanaje. Por cazar un cérvido, el mínimo es de 20 hasta 800 unidades de multa. Por ser un Venado de las Pampas se determinó la máxima sanción”, precisó la funcionaria.
Finalmente, la jefa del Subprograma informó que, de esta forma, el Ejecutivo provincial concluyó el trámite administrativo, dejando a disposición del poder judicial el seguimiento de esta causa.
Venado de las Pampas en San Luis
La provincia cuenta con la mayor población de esta especie en la Argentina, en los pastizales naturales del sur provincial. La especie de venado se encuentra en peligro de extinción (se calcula que quedan cerca de 2 mil animales en toda la Argentina).
Todos podemos ayudar
Si sabemos de alguien que caza animales, trafica con ellos o los posee de forma ilegal, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción recepciona denuncias anónimas al (0266) 4452000, interno 3372/3235.
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Fecha de Publicación: 02/10/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Así lo determinó el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, basándose en la Ley Provincial Nº IX-0317-2004 de Conservación de fauna, caza y pesca. El delito se cometió en julio pasado, al sur de la localidad de Fraga.
En virtud de brindar una mayor y más eficaz protección a la fauna en general y nativa, en particular, por la que debemos velar como integrantes de nuestro valioso patrimonio natural provincial, el Gobierno de San Luis estableció en 2009 la veda de caza comercial y deportiva de fauna silvestre en todo el territorio sanluiseño.
En esta línea, desde el programa Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se aplicó una multa ejemplificadora a tres cazadores de la provincia de Córdoba que, el pasado mes de julio, fueron detenidos al sur de la localidad de Fraga, constatando que habían cazado un Venado de las Pampas (especie insignia de San Luis), seis perdices coloradas y dos liebres europeas. El importe total que deberán pagar es de $190.500,00.
“El cérvido, al ser una especie en peligro de extinción, tiene un artículo especial dentro de la normativa. No se puede cazar, capturar ejemplares de la especie, o transportar animales vivos o muertos y sus productos o despojos”, indicó la jefa del Subprograma Control y Fiscalización Ambiental, María Julia Veinticinco.
Existe una metodología de cálculo para establecer la multa. “Las unidades de multa son 10 litros de combustible de mayor octanaje. Por cazar un cérvido, el mínimo es de 20 hasta 800 unidades de multa. Por ser un Venado de las Pampas se determinó la máxima sanción”, precisó la funcionaria.
Finalmente, la jefa del Subprograma informó que, de esta forma, el Ejecutivo provincial concluyó el trámite administrativo, dejando a disposición del poder judicial el seguimiento de esta causa.
Venado de las Pampas en San Luis
La provincia cuenta con la mayor población de esta especie en la Argentina, en los pastizales naturales del sur provincial. La especie de venado se encuentra en peligro de extinción (se calcula que quedan cerca de 2 mil animales en toda la Argentina).
Todos podemos ayudar
Si sabemos de alguien que caza animales, trafica con ellos o los posee de forma ilegal, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción recepciona denuncias anónimas al (0266) 4452000, interno 3372/3235.
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Rechazan plan de remediación de Los Pelambres
Escombrera en San Juan: el Gobierno rechazó un plan de retiro por su extenso plazo
Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Juan
La minera chilena Los Pelambres propuso retirar la escombrera que armó en suelo calingastino sin autorización argentina en 10 años, pero para el gobierno de Uñac el plazo es excesivamente extenso, por lo que expuso su rechazo y apuesta a que la remoción total se haga en tres años. La posición sanjuanina fue compartida por Cancillería, en un encuentro en el que representantes nacionales y autoridades locales mantuvieron a fines de la semana pasada y cuyo análisis trascendió ayer. Las conversaciones continúan abiertas, ya que fuentes calificadas señalaron que notaron predisposición de la empresa trasandina en llevar adelante dicha tarea, la que ya ha mantenido contacto con funcionarios del Ministerio de Minería local y continúa con el puente diplomático con la cartera de Relaciones Exteriores de su país. El objetivo es que la movida comience este verano, entre diciembre y enero.
El jueves salió a la luz que Los Pelambres había presentado por primera vez un plan de retiro, el cual fue anunciado por funcionarios de Cancillería argentina en el Senado. La iniciativa no fue casual, ya que sobre la minera chilena pesa una orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo de sacar la montaña de escombros. No solo eso, ya que están imputados tres exgerentes generales, Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, y el director Ejecutivo de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, de los delitos de contaminación y usurpación de agua y suelo. Los mismos corren el riesgo de tener una condena en su contra.
Ya el ministro de Minería, Alberto Hensel, le había adelantado a este medio que le iban a exigir a la compañía trasandina que saque las 40 millones toneladas de rocas en cinco años como máximo, teniendo en cuenta que ese fue el plazo que le llevó construir la escombrera en territorio calingastino, de 2007 a 2012. Pero trascendió que la provincia va por más y pone todas las fichas a que sea en tres años. Según las condiciones climáticas del lugar, las tareas de extracción pueden realizarse en 10 de los 12 meses del año. En ese marco, los 10 años de trabajos que propuso Los Pelambres fueron descartados, indicaron las fuentes.
De la reunión que tuvieron funcionarios de Cancillería con Fiscalía de Estado de la provincia y el Ministerio de Minería salió a la luz que la minera ya tiene identificada la zona en Chile en donde depositará los escombros que tiró en la provincia, la cual está a unos 13 kilómetros de la mina que explota en el vecino país. Según las fuentes, la gestión uñaquista también quiere que se instalen cámaras, como se hizo en el emprendimiento Veladero, para monitorear y supervisar el retiro. Además, ya se están analizando las tareas de mitigación durante el retiro, como la colocación de una capa de material para evitar infiltraciones de agua.
Todo se aceleró con una pericia que encargó Rago Gallo, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera pueden confluir en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan. El magistrado también tiene en la mira a directivos de Glencore, cuya empresa es dueña del terreno donde se armó la escombrera y que aún da pelea judicial.
Acuerdo fallido. El Gobierno había bajado un acuerdo al que había arribado con Los Pelambres para aislar la escombrera hasta que se decidiera su retiro. ¿El motivo? En la minera chilena dieron a entender que no iban a sacar los residuos.
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Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Juan
La minera chilena Los Pelambres propuso retirar la escombrera que armó en suelo calingastino sin autorización argentina en 10 años, pero para el gobierno de Uñac el plazo es excesivamente extenso, por lo que expuso su rechazo y apuesta a que la remoción total se haga en tres años. La posición sanjuanina fue compartida por Cancillería, en un encuentro en el que representantes nacionales y autoridades locales mantuvieron a fines de la semana pasada y cuyo análisis trascendió ayer. Las conversaciones continúan abiertas, ya que fuentes calificadas señalaron que notaron predisposición de la empresa trasandina en llevar adelante dicha tarea, la que ya ha mantenido contacto con funcionarios del Ministerio de Minería local y continúa con el puente diplomático con la cartera de Relaciones Exteriores de su país. El objetivo es que la movida comience este verano, entre diciembre y enero.
El jueves salió a la luz que Los Pelambres había presentado por primera vez un plan de retiro, el cual fue anunciado por funcionarios de Cancillería argentina en el Senado. La iniciativa no fue casual, ya que sobre la minera chilena pesa una orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo de sacar la montaña de escombros. No solo eso, ya que están imputados tres exgerentes generales, Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, y el director Ejecutivo de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, de los delitos de contaminación y usurpación de agua y suelo. Los mismos corren el riesgo de tener una condena en su contra.
Ya el ministro de Minería, Alberto Hensel, le había adelantado a este medio que le iban a exigir a la compañía trasandina que saque las 40 millones toneladas de rocas en cinco años como máximo, teniendo en cuenta que ese fue el plazo que le llevó construir la escombrera en territorio calingastino, de 2007 a 2012. Pero trascendió que la provincia va por más y pone todas las fichas a que sea en tres años. Según las condiciones climáticas del lugar, las tareas de extracción pueden realizarse en 10 de los 12 meses del año. En ese marco, los 10 años de trabajos que propuso Los Pelambres fueron descartados, indicaron las fuentes.
De la reunión que tuvieron funcionarios de Cancillería con Fiscalía de Estado de la provincia y el Ministerio de Minería salió a la luz que la minera ya tiene identificada la zona en Chile en donde depositará los escombros que tiró en la provincia, la cual está a unos 13 kilómetros de la mina que explota en el vecino país. Según las fuentes, la gestión uñaquista también quiere que se instalen cámaras, como se hizo en el emprendimiento Veladero, para monitorear y supervisar el retiro. Además, ya se están analizando las tareas de mitigación durante el retiro, como la colocación de una capa de material para evitar infiltraciones de agua.
Todo se aceleró con una pericia que encargó Rago Gallo, la cual estableció que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera pueden confluir en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan. El magistrado también tiene en la mira a directivos de Glencore, cuya empresa es dueña del terreno donde se armó la escombrera y que aún da pelea judicial.
Acuerdo fallido. El Gobierno había bajado un acuerdo al que había arribado con Los Pelambres para aislar la escombrera hasta que se decidiera su retiro. ¿El motivo? En la minera chilena dieron a entender que no iban a sacar los residuos.
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Biocombustibles europeos contra argentinos
Industria europea del biocombustible anunció acción contra Argentina
Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Diario Bae
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Europea de Biodiésel presentará un caso de antidumping contra las importaciones nacionales
Los productores europeos de biodiésel anunciaron hoy que llevarán ante la Comisión Europea las importaciones de biodiesel argentino, a pesar del proceso de reapertura del mercado de la Unión Europea tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Cámara Europea de Biodiesel (EBB por sus siglas en inglés) presentará un caso de antidumping contra las importaciones de biodiésel argentino, tras la decisión de la Unión Europea (UE) de bajar significativamente los aranceles para los productos nacionales.
En un comunicado publicado en su página web, el EBB señala su preocupación por “el impacto que el Reglamento de Aplicación 2017/1578 está teniendo en el mercado de la UE”. “Se pedirá la imposición de derechos compensatorios de alto nivel por vía rápida, necesaria para prevenir una afluencia de productos de Argentina”, destaca la entidad europea.
La disminución arancelaria ha provocado un aumento importante en los volúmenes de exportaciones subvencionadas de biodiesel de la Argentina a los mercados de la UE. Según los productores europeos, las subvenciones significan que los exportadores argentinos pueden vender biodiesel a un precio inferior al costo de las materias primas solo en la UE.
“Esta adopción de la “vía rápida” contra los las exportaciones argentinas a precios razonables fueron implementadas recientemente por las autoridades de defensa comercial de EE.UU. y la industria con la esperanza de un enfoque similar en la UE, si es posible”, destaca la EBB.
Más adelante remarcaron que “esta es una lucha legítima para proteger el mercado de biodiésel de la UE -y los 120.000 puestos de trabajo que apoya- de un mercado fuertemente subsidiado orientada a la exportación. Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para limitar las recurrentes importaciones argentinas de biodiesel”. Un fallo de la OMC obligó a las autoridades europeas bajen los aranceles contra el ingreso de biodiesel argentino.
La Comisión Europea se había concedido hasta el 10 de agosto de 2017 para garantizar que los deberes de la UE se ajusten al informe del Òrgano de Apelación de la OMC. La UE y la Argentina convinieron mutuamente en posponer el plazo hasta el 28 de septiembre de 2017. Mientras tanto, y a pesar de un fuerte desacuerdo, la UE decidió reducir sustancialmente los derechos antidumping contra la Argentina, para ajustarse a la OMC.
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Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: Diario Bae
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Europea de Biodiésel presentará un caso de antidumping contra las importaciones nacionales
Los productores europeos de biodiésel anunciaron hoy que llevarán ante la Comisión Europea las importaciones de biodiesel argentino, a pesar del proceso de reapertura del mercado de la Unión Europea tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Cámara Europea de Biodiesel (EBB por sus siglas en inglés) presentará un caso de antidumping contra las importaciones de biodiésel argentino, tras la decisión de la Unión Europea (UE) de bajar significativamente los aranceles para los productos nacionales.
En un comunicado publicado en su página web, el EBB señala su preocupación por “el impacto que el Reglamento de Aplicación 2017/1578 está teniendo en el mercado de la UE”. “Se pedirá la imposición de derechos compensatorios de alto nivel por vía rápida, necesaria para prevenir una afluencia de productos de Argentina”, destaca la entidad europea.
La disminución arancelaria ha provocado un aumento importante en los volúmenes de exportaciones subvencionadas de biodiesel de la Argentina a los mercados de la UE. Según los productores europeos, las subvenciones significan que los exportadores argentinos pueden vender biodiesel a un precio inferior al costo de las materias primas solo en la UE.
“Esta adopción de la “vía rápida” contra los las exportaciones argentinas a precios razonables fueron implementadas recientemente por las autoridades de defensa comercial de EE.UU. y la industria con la esperanza de un enfoque similar en la UE, si es posible”, destaca la EBB.
Más adelante remarcaron que “esta es una lucha legítima para proteger el mercado de biodiésel de la UE -y los 120.000 puestos de trabajo que apoya- de un mercado fuertemente subsidiado orientada a la exportación. Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para limitar las recurrentes importaciones argentinas de biodiesel”. Un fallo de la OMC obligó a las autoridades europeas bajen los aranceles contra el ingreso de biodiesel argentino.
La Comisión Europea se había concedido hasta el 10 de agosto de 2017 para garantizar que los deberes de la UE se ajusten al informe del Òrgano de Apelación de la OMC. La UE y la Argentina convinieron mutuamente en posponer el plazo hasta el 28 de septiembre de 2017. Mientras tanto, y a pesar de un fuerte desacuerdo, la UE decidió reducir sustancialmente los derechos antidumping contra la Argentina, para ajustarse a la OMC.
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Justicia obliga a garantizar el medio ambiente sano
Condenan al Municipio a garantizar el medio ambiente para los vecinos de Terrazas del Neuquén
Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Fue luego de un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, tras una serie de denuncias a mediados de 2015 por la quema de basura en la meseta.
La Justicia condenó a la Municipalidad de Neuquén a cerrar un predio ubicado en la meseta, en el límite de Terrazas del Neuquén y Bardas Soleadas, vigilarlo, evitar el depósito y la quema de basura y a la vez hacer la limpieza y remediación ambiental.
El fallo tiene relación con un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo en julio del año 2015 a partir de la denuncia de vecinos del sector, que dieron cuenta de una quema indiscriminada en basurales.
La sentencia, firmada por el titular del juzgado civil Nº 2, juez Alejandra Bozzano, le da un plazo de tres meses a la administración municipal para dar cumplimiento a la medida, que está establecida por la ordenanza Nº 11986.
En sus argumentos, el fallo avala lo reclamado por la Defensoría que se refiere a que la quema clandestina constituye un foco de contaminación y afecta la salud de los vecinos de Terrazas del Neuquén con humos tóxicos.
En su defensa, el municipio rechazó la presentación judicial y argumentó, entre otros aspectos, el cierre de tres accesos al predio; la colocación de cartelería que prohíbe arrojar basura; la notificación a 20 empresas de contenedores; la limpieza y vigilancia del lugar.
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Fecha de Publicación: 01/10/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Fue luego de un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, tras una serie de denuncias a mediados de 2015 por la quema de basura en la meseta.
La Justicia condenó a la Municipalidad de Neuquén a cerrar un predio ubicado en la meseta, en el límite de Terrazas del Neuquén y Bardas Soleadas, vigilarlo, evitar el depósito y la quema de basura y a la vez hacer la limpieza y remediación ambiental.
El fallo tiene relación con un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo en julio del año 2015 a partir de la denuncia de vecinos del sector, que dieron cuenta de una quema indiscriminada en basurales.
La sentencia, firmada por el titular del juzgado civil Nº 2, juez Alejandra Bozzano, le da un plazo de tres meses a la administración municipal para dar cumplimiento a la medida, que está establecida por la ordenanza Nº 11986.
En sus argumentos, el fallo avala lo reclamado por la Defensoría que se refiere a que la quema clandestina constituye un foco de contaminación y afecta la salud de los vecinos de Terrazas del Neuquén con humos tóxicos.
En su defensa, el municipio rechazó la presentación judicial y argumentó, entre otros aspectos, el cierre de tres accesos al predio; la colocación de cartelería que prohíbe arrojar basura; la notificación a 20 empresas de contenedores; la limpieza y vigilancia del lugar.
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