Más desmonte en El Impenetrable
07:00 | 
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Denuncian un nuevo desmonte clandestino de mil hectáreas en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Según reveló el Centro Mandela se trata del grupo bonaerense Buratovich, cuyas actividades supuestamente irregulares fueron denunciadas en su oportunidad por integrantes del Foro por la Tierra y llevadas a la justicia penal por el expresidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich.
“El grupo económico de la familia Buratovich y asociados, que conformaron un complejo y activo conglomerado de sociedades comerciales vinculadas a partir de la empresa madre, establecida en Ruta 8, Km 176.5 de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, desmontó en zona protegida”, denuncia el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” del Chaco.
A través de un informe cedido a este portal, advierte que “a pesar de que el campo está ubicado en Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN, desmontaron más de 1000 hectáreas del total de la superficie del lote, que sería de 2.000 hectáreas”. “Fue intensa y rápida la deforestación”, aseguró. Describió, asimismo, que “en este predio trabajaron 9 grandes topadoras, marca Caterpillar D8, que fueron vistas el jueves 15 de junio y los días siguientes, en plena tarea de desmonte. Serían las mismas topadoras que desmontaron en el predio del Establecimiento “Las Rejas”, también ubicado en zona protegida según la Ley de Bosques”.
Según informa el Centro Mandela, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la Parcela 304, Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes. Se trata del Paraje Pampa Castro, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de J.J. Castelli. Desde Pampa del Infierno se llega al lugar por Picada 40 y desde J.J. Castelli por Malla Rubino. En el empalme entre la Picada 40 y la Picada YPF comienza el desmonte, que se puede ver desde la misma picada. El predio no cuenta con alambrado perimetral.
Tierra fiscal y desmonte clandestino
El informe también revela que “el Instituto de Colonización otorgó el título de propiedad del predio al adjudicatario, Omar Esperguín, sin que éste ejecutara las mejoras obligatorias. Luego el campo fue comprado por el grupo Buratovich. Frente a la Parcela 304, en donde ya se desmontó, el grupo económico compró otro campo, picada de por medio. Todo es Zona Amarilla”.
Apunta, además, que “en el blog de la Dirección de Bosques, año 2017, sólo aparece una solicitud de aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelos a nombre de José Antonio Buratovich. La Consulta realizada se extendió entre el 18 de mayo al 19 de junio. Lo grave es que no corresponde a la Parcela 304 de la Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes, por lo que el desmonte que se ejecutó en este predio sería ilegal, además de que el campo está ubicado en zona protegida”.
Desmonte exprés
Desde el Centro Mandela conjeturan que “probablemente vinculado con la clandestinidad, el desmonte se ejecutó entre los días 16 y 23 de junio de este año. Se deforestó en una semana. Es evidente que los dueños del campo no habrían cumplido con los pasos reglamentarios para obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Bosques. Tampoco se respetaron, por ser zona protegida, las restricciones legales que pesaban sobre el campo según la Ley de Bosques y el Mapa de Zonificación”.
Recalca, además, que “la ejecución del desmonte está comprobada por las imágenes satelitales secuenciadas” que acompañan el informe. En cada imagen se observa la fuente y la fecha. En las imágenes también se observa, en tonos rosados a morados, que los predios ubicados a la izquierda de la Parcela 304, es decir al oeste, son campos de la megaempresa sojera, girasolera y maicera “Manuel Santos de Uribelarrea” (MSU), que intensamente desmonta en la región para ampliar su propia frontera agrícola, a despecho o con el acompañamiento y complacencia de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques.
Otros desmontes
Al norte de la Parcela 304, picada de por medio, comenzaron otros desmontes. En las imágenes satelitales que siguen se reflejan cambios de color, de tono rosado, de forma rectangular. Alguna de estas parcelas también habrían sido comprada por el grupo Buratovich.
El grupo económico de la familia Buratovich y asociados impetuosamente expandió su propia frontera agropecuaria. Viene comprando campos con montes que luego deforestaron, ubicados entre Tres Isletas y Avia Terai. En 2007 el Centro Mandela investigó los desmontes ejecutados en los predios de este grupo económico que compró campos en los parajes Lote 20 Grande, Lote 20 Pampa Solís y Lote 20 Chico. Los resultados de la investigación fueron expuestos en terreno a miembros del Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo y de la Confederación Campesina, de Francia, cuando visitaron Chaco. Los franceses quedaron impactados no solo por los desmontes, sino también por la destrucción y quema de los restos forestales ejecutados por los empresarios.
Este grupo empresario familiar tiene representaciones y establecimientos en Charata y Pinedo, desde donde se hicieron fuertes a través de las relaciones trabadas con dirigentes políticos, funcionarios públicos y técnicos de probada eficacia para obtener resultados positivos en las actuaciones administrativas que frecuentemente realizan ante la Dirección de Bosques, en donde usufructúan los beneficios del tráfico de influencias.
Denuncia contra el grupo económico Buratovich
Cuando estuvo a cargo del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, dispuso que se formulara una denuncia ante el Fiscal de Investigación Penal Preliminar de turno, con el patrocinio letrado del abogado Adrián Maximiliano Gaitán. De acuerdo a las facultades que le otorgara el Decreto 075/07, había conformado una Comisión Revisora de las actuaciones administrativas del Instituto de Colonización producto de lo establecido por el Tribunal de Cuentas. Según los resultados de las auditorias llevadas a cabo por los fiscales de ese organismo, detectaron graves irregularidades en los trámites de los expedientes 106532/05, 113.804/73, 113.270/73, 1822/84, 113398/74, 0388/77.
Establecieron que “surgen conductas fraudulentas del análisis de las pruebas, y elementos de juicios incorporados a la causa, donde se evidencia un claro fraude en perjuicio del Estado Provincial, por las maniobras realizadas por los directivos de la empresa Conexa S.A., en asociación con los funcionarios intervinientes, enriqueciéndose ilícitamente con la irregular venta de tierras fiscales en perjuicio de la Administración Pública Provincial.”. La firma Conexa S.A. estaba integrada por Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich.
En la denuncia, además de Conexa S.A., se mencionó a las siguientes empresas: Cerco S.A., integrada por Nelly Mabel García de Buratovich; Palo Mataco S.A., de la que formaban parte Adolfo José Buratovich; Blanco Palomo S.A., integrada por Eduardo Antonio Buratovich; Guayaibi S.A., integrada por Ana Inés Buratovich; Adedan S.A., Eduardo Antonio Buratovich; Buratovich SACIA, cuyos socios eran Antonio Francisco Buratovich, Nélida Insaurralde y María Luisa Buratovich Cancelari; Buratovich Hnos Sacafyf, siendo los socios José Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich; Algarroba S.A., integrada por Adolfo José Buratovich; y, Fibagro S.A.
Se mencionó a los funcionarios que “intervinieran a lo largo del desarrollo de los expedientes”, cuyas responsabilidades fueron consideradas inexcusables por el denunciante, quién señaló como posibles autores a Jorge Guillermo Berry, de la administración general del Instituto de Colonización, a Ernesto Omar Nikisch, jefe de la delegación de J.J. Castelli, a Juan Francisco Alderete, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y luego gerente de Régimen de la Tierra, a Mario Oscar Portela, director de Asuntos Jurídicos, a Roberto Cogno, presidente del Instituto, y a Omar Enrique Rodríguez, actual presidente de Colonización.
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Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Según reveló el Centro Mandela se trata del grupo bonaerense Buratovich, cuyas actividades supuestamente irregulares fueron denunciadas en su oportunidad por integrantes del Foro por la Tierra y llevadas a la justicia penal por el expresidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich.
“El grupo económico de la familia Buratovich y asociados, que conformaron un complejo y activo conglomerado de sociedades comerciales vinculadas a partir de la empresa madre, establecida en Ruta 8, Km 176.5 de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, desmontó en zona protegida”, denuncia el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” del Chaco.
A través de un informe cedido a este portal, advierte que “a pesar de que el campo está ubicado en Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN, desmontaron más de 1000 hectáreas del total de la superficie del lote, que sería de 2.000 hectáreas”. “Fue intensa y rápida la deforestación”, aseguró. Describió, asimismo, que “en este predio trabajaron 9 grandes topadoras, marca Caterpillar D8, que fueron vistas el jueves 15 de junio y los días siguientes, en plena tarea de desmonte. Serían las mismas topadoras que desmontaron en el predio del Establecimiento “Las Rejas”, también ubicado en zona protegida según la Ley de Bosques”.
Según informa el Centro Mandela, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la Parcela 304, Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes. Se trata del Paraje Pampa Castro, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de J.J. Castelli. Desde Pampa del Infierno se llega al lugar por Picada 40 y desde J.J. Castelli por Malla Rubino. En el empalme entre la Picada 40 y la Picada YPF comienza el desmonte, que se puede ver desde la misma picada. El predio no cuenta con alambrado perimetral.
Tierra fiscal y desmonte clandestino
El informe también revela que “el Instituto de Colonización otorgó el título de propiedad del predio al adjudicatario, Omar Esperguín, sin que éste ejecutara las mejoras obligatorias. Luego el campo fue comprado por el grupo Buratovich. Frente a la Parcela 304, en donde ya se desmontó, el grupo económico compró otro campo, picada de por medio. Todo es Zona Amarilla”.
Apunta, además, que “en el blog de la Dirección de Bosques, año 2017, sólo aparece una solicitud de aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelos a nombre de José Antonio Buratovich. La Consulta realizada se extendió entre el 18 de mayo al 19 de junio. Lo grave es que no corresponde a la Parcela 304 de la Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes, por lo que el desmonte que se ejecutó en este predio sería ilegal, además de que el campo está ubicado en zona protegida”.
Desmonte exprés
Desde el Centro Mandela conjeturan que “probablemente vinculado con la clandestinidad, el desmonte se ejecutó entre los días 16 y 23 de junio de este año. Se deforestó en una semana. Es evidente que los dueños del campo no habrían cumplido con los pasos reglamentarios para obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Bosques. Tampoco se respetaron, por ser zona protegida, las restricciones legales que pesaban sobre el campo según la Ley de Bosques y el Mapa de Zonificación”.
Recalca, además, que “la ejecución del desmonte está comprobada por las imágenes satelitales secuenciadas” que acompañan el informe. En cada imagen se observa la fuente y la fecha. En las imágenes también se observa, en tonos rosados a morados, que los predios ubicados a la izquierda de la Parcela 304, es decir al oeste, son campos de la megaempresa sojera, girasolera y maicera “Manuel Santos de Uribelarrea” (MSU), que intensamente desmonta en la región para ampliar su propia frontera agrícola, a despecho o con el acompañamiento y complacencia de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques.
Otros desmontes
Al norte de la Parcela 304, picada de por medio, comenzaron otros desmontes. En las imágenes satelitales que siguen se reflejan cambios de color, de tono rosado, de forma rectangular. Alguna de estas parcelas también habrían sido comprada por el grupo Buratovich.
El grupo económico de la familia Buratovich y asociados impetuosamente expandió su propia frontera agropecuaria. Viene comprando campos con montes que luego deforestaron, ubicados entre Tres Isletas y Avia Terai. En 2007 el Centro Mandela investigó los desmontes ejecutados en los predios de este grupo económico que compró campos en los parajes Lote 20 Grande, Lote 20 Pampa Solís y Lote 20 Chico. Los resultados de la investigación fueron expuestos en terreno a miembros del Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo y de la Confederación Campesina, de Francia, cuando visitaron Chaco. Los franceses quedaron impactados no solo por los desmontes, sino también por la destrucción y quema de los restos forestales ejecutados por los empresarios.
Este grupo empresario familiar tiene representaciones y establecimientos en Charata y Pinedo, desde donde se hicieron fuertes a través de las relaciones trabadas con dirigentes políticos, funcionarios públicos y técnicos de probada eficacia para obtener resultados positivos en las actuaciones administrativas que frecuentemente realizan ante la Dirección de Bosques, en donde usufructúan los beneficios del tráfico de influencias.
Denuncia contra el grupo económico Buratovich
Cuando estuvo a cargo del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, dispuso que se formulara una denuncia ante el Fiscal de Investigación Penal Preliminar de turno, con el patrocinio letrado del abogado Adrián Maximiliano Gaitán. De acuerdo a las facultades que le otorgara el Decreto 075/07, había conformado una Comisión Revisora de las actuaciones administrativas del Instituto de Colonización producto de lo establecido por el Tribunal de Cuentas. Según los resultados de las auditorias llevadas a cabo por los fiscales de ese organismo, detectaron graves irregularidades en los trámites de los expedientes 106532/05, 113.804/73, 113.270/73, 1822/84, 113398/74, 0388/77.
Establecieron que “surgen conductas fraudulentas del análisis de las pruebas, y elementos de juicios incorporados a la causa, donde se evidencia un claro fraude en perjuicio del Estado Provincial, por las maniobras realizadas por los directivos de la empresa Conexa S.A., en asociación con los funcionarios intervinientes, enriqueciéndose ilícitamente con la irregular venta de tierras fiscales en perjuicio de la Administración Pública Provincial.”. La firma Conexa S.A. estaba integrada por Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich.
En la denuncia, además de Conexa S.A., se mencionó a las siguientes empresas: Cerco S.A., integrada por Nelly Mabel García de Buratovich; Palo Mataco S.A., de la que formaban parte Adolfo José Buratovich; Blanco Palomo S.A., integrada por Eduardo Antonio Buratovich; Guayaibi S.A., integrada por Ana Inés Buratovich; Adedan S.A., Eduardo Antonio Buratovich; Buratovich SACIA, cuyos socios eran Antonio Francisco Buratovich, Nélida Insaurralde y María Luisa Buratovich Cancelari; Buratovich Hnos Sacafyf, siendo los socios José Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich; Algarroba S.A., integrada por Adolfo José Buratovich; y, Fibagro S.A.
Se mencionó a los funcionarios que “intervinieran a lo largo del desarrollo de los expedientes”, cuyas responsabilidades fueron consideradas inexcusables por el denunciante, quién señaló como posibles autores a Jorge Guillermo Berry, de la administración general del Instituto de Colonización, a Ernesto Omar Nikisch, jefe de la delegación de J.J. Castelli, a Juan Francisco Alderete, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y luego gerente de Régimen de la Tierra, a Mario Oscar Portela, director de Asuntos Jurídicos, a Roberto Cogno, presidente del Instituto, y a Omar Enrique Rodríguez, actual presidente de Colonización.
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Pensar el periurbano como opción de producción orgánica
La conquista del periurbano: un plan para la producción sustentable
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos lanzado semanas atrás por el gobierno provincial extiende su alcance y cobertura con nuevos servicios y gestiones. Junto a Agricultores Federados Argentinos (AFA), se intentará multiplicar la experiencia de reconvertir el uso de tierras para la producción local y regional de alimentos de forma sana, segura y sustentable. Bajo este cometido, también se valúa implementar un seguro para garantizar un sostén para los campos agrícolas de mayores dimensiones donde se implemente el cambio.
El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, explicó que la iniciativa arrancó el año pasado como una prueba piloto cuando se lanzó el cinturón verde en Rosario. La experiencia se fue replicando en municipios y comunas cercanos a esta ciudad y a la capital provincial, donde directamente el gobierno prevé plantear un parque hortícola. Otras 23 localidades también se irán sumando al programa y ya firmaron un contrato con la provincia para desarrollar en sus zonas periurbanas determinadas alternativas de producción convencional, considerando y repensando los aspectos ambientales, sociales y económicos.
El proyecto está orientado a las actividades primarias y a procesos que incluyan un agregado de valor, fomentando la transición agroecológica y los circuitos cortos de comercialización, de manera que las poblaciones accedan a alimentos saludables, libres de contaminantes y producidos por pequeños y medianos productores locales.
El proceso, que se recomienda que realicen los productores asentados en las áreas periurbanas y que se encuentran incluidos dentro del marco restrictivo para la aplicación de agroquímicos, es gradual y contempla cuatro niveles: incrementar la eficiencia en el uso de fitosanitarios para reducir las aplicaciones, con el objetivo de eliminarlas; sustituir insumos y prácticas intensivas por otras más benignas desde el punto de vista ecológico; rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione en base a un nuevo conjunto de procesos ecológicos y una transición en la orientación de valores y en la ética que orienta las decisiones de producción y consumo.
Así, el programa contempla a tres tipos de producciones diferentes según la zona: "el área del departamento Garay y San Cristóbal es un área evidentemente ganadera, los terrenos periurbanos son hortícolas en su mayoría y la zona núcleo explota la producción de granos", detalló el funcionario.
En la zona hortícola, los participantes del programa son productores principalmente de Rosario y de Santa Fe que explotan de una a cinco hectáreas, en su mayoría arrendatarios o titulares que mixturan entre la producción de soja y la hortícola. "Muchos son de la colectividad boliviana que arriendan. Esta es una característica del sector y no sólo del programa", acotó Casella. En cuanto a la producción extensiva, la experiencia se realiza en campos pequeños, de no más de cien hectáreas, de las cuales entre 25 y 50 hectáreas se dedican a la producción de trigo y maíz.
En tanto, la producción de carne se da en campos de diez a cincuenta hectáreas, "donde se hacen pasturas y carnes a través de un sistema de pastoreo rotativo intensivo, sobre pastos naturales de engorde de ganado, haciéndolo rotar entre distintos potreros y con una especie de engorde a corral preparado para pequeños productores", señaló Casella. En todos los casos, el objetivo es "tratar de disminuir la presión de la agricultura intensiva en insumos y químicos, por lo que se promueven pasturas naturales en casos de carnes y producción agroecológica en verduras y granos".
En toda la provincia actualmente hay cerca de cuarenta productores participantes en los distintos rubros, de los cuales una veintena pertenecen a Rosario y su zona periurbana, principalmente horticultores de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini. También hay extensivos en Zavalla, Casilda Bouquet, y hacia el norte en Monte Vera. En tanto, en el departamento San Cristóbal, en localidades como Ersilia y Suardi y en el departamento Garay, en Cayastá y Laguna Paiva, hay producción de pasturas naturales y de carne en el marco del programa.
"Hay muchas experiencias de diferentes tipos de producciones que se hacen en estas zonas que son sustentables ambientalmente y productivamente sostenibles en el tiempo, es decir, no son experiencias sociales", aclaró el funcionario.
Para promover y expandir la iniciativa, funcionarios del área de Desarrollo Territorial y Economía Social se reunieron recientemente con miembros de AFA "para poder trabajar con sus productores que están en las localidades que firmaron convenio con la provincia, y fomentar algunas de las experiencias de producción extensiva de manera que se replique rápidamente", explicó Casella. Incluso, la idea es que el plan se implemente para la próxima campaña.
Potencialmente, el proyecto podría desarrollarse en un total de 18 mil hectáreas en toda la provincia. El cálculo de esta extensión deriva de los terrenos disponibles en los 23 municipios y comunas que firmaron el respectivo convenio con la provincia y en base a las ordenanzas locales que regulan la aplicación de agroquímicos, es decir, la zona de exclusión total o franja verde y demás aplicaciones terrestres. "Es allí donde estamos proponiendo la reconversión productiva de las tierras de los productores que ya la tengan en posesión o las quieran arrendar para este tipo de producciones", apuntó el responsable de Desarrollo Territorial y Economía Social.
En ese sentido, Casella aclaró que esas tierras donde podría aplicarse la reconversión no son fiscales, aunque "en algunos de los municipios firmantes hay parques productivos como los que están en Rosario, Zavalla y Correa. En Arequito querían armar algo similar, pero son experiencias que no alcanzan a una hectárea en la mayoría de los casos, por lo que son más demostrativas o educativas antes que productivas". Sin embargo, "en la mayoría de los casos es al revés: el programa se desarrolla en tierras propias o arrendadas".
Financiamiento. El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos ofrece dos formas de financianciación: una para los espacios asociativos que se trabajan a través de los municipios y comunas adherentes, vinculados a la producción de insumos. "Se trata de aportes no reembolsables, por ejemplo, para hacer un centro de producción de insumos o para comprar una maquinaria entre dos o tres productores en la zona hortícola", explicó Casella. La otra línea para los productores que se reconviertan son créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo provincial para la zona hortícola, de hasta 75 mil pesos, es decir, unos 20 mil pesos por hectárea reconvertida aproximadamente. En tanto, para la ganadería y agricultura extensiva se otorgan hasta 350 mil pesos para insumos y laboreo básico.
La ayuda económica ya llegó a emprendimientos en zonas hortícolas y "en breve vamos a presentar una línea de créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo Hortícola, que totaliza 8 millones de pesos", anunció el funcionario. Además, "estamos evaluando crear un seguro para campos agrícolas más grandes, para garantizar un precio sostén por el riesgo que asumen quienes se lanzan a reconvertir la producción".
Comercialización. El programa contempla un circuito de comercialización de la producción, del cual ya está en marcha la oferta hortícola, en numerosas ferias, ventas directas en Rosario, y mercados específicos de productos agroecológicos de venta al paso en Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini, Quinteros, Santa Fe y próximamente en el Centro Operativo Experimental Angel Gallardo, en esta capital. También "estamos evaluando más alternativas de comercialización y cambién con la futura apertura del Mercado del Patio (en el Patio de la Madera, en Rosario), se prevé tener algunas góndolas diferenciadas", adelantó Casella.
Finalmente, el proyecto ofrece instrucción para los productores y técnicos, "apuntando fuertemente con las facultades de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos a la formación en todo lo que es el paradigma de producción sustentable y agroecológica", remató.
"El programa para el gobierno de Santa Fe es una apuesta por la positiva, para brindar alternativas productivas en zonas periurbanas que usualmente se ven como conflictivas entre la urbanización y la producción tradicional. Queremos promocionar otro tipo de producción, que los alimentos se hagan localmente, regionalmente, como en todas partes del mundo y de forma sana, segura y sustentable. Que no sea contradictorio con un modelo de producción que está instalado, pero que sí discuta fuertemente lo que es la matriz de la producción de alimentos en Santa Fe. Hacia eso vamos y creemos que los periurbanos son un territorio propicio para empezar este tipo de experiencia. Ya tiramos la primera piedra y esperamos que podamos seguir creciendo en los próximos dos años", auguró.
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Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos lanzado semanas atrás por el gobierno provincial extiende su alcance y cobertura con nuevos servicios y gestiones. Junto a Agricultores Federados Argentinos (AFA), se intentará multiplicar la experiencia de reconvertir el uso de tierras para la producción local y regional de alimentos de forma sana, segura y sustentable. Bajo este cometido, también se valúa implementar un seguro para garantizar un sostén para los campos agrícolas de mayores dimensiones donde se implemente el cambio.
El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, explicó que la iniciativa arrancó el año pasado como una prueba piloto cuando se lanzó el cinturón verde en Rosario. La experiencia se fue replicando en municipios y comunas cercanos a esta ciudad y a la capital provincial, donde directamente el gobierno prevé plantear un parque hortícola. Otras 23 localidades también se irán sumando al programa y ya firmaron un contrato con la provincia para desarrollar en sus zonas periurbanas determinadas alternativas de producción convencional, considerando y repensando los aspectos ambientales, sociales y económicos.
El proyecto está orientado a las actividades primarias y a procesos que incluyan un agregado de valor, fomentando la transición agroecológica y los circuitos cortos de comercialización, de manera que las poblaciones accedan a alimentos saludables, libres de contaminantes y producidos por pequeños y medianos productores locales.
El proceso, que se recomienda que realicen los productores asentados en las áreas periurbanas y que se encuentran incluidos dentro del marco restrictivo para la aplicación de agroquímicos, es gradual y contempla cuatro niveles: incrementar la eficiencia en el uso de fitosanitarios para reducir las aplicaciones, con el objetivo de eliminarlas; sustituir insumos y prácticas intensivas por otras más benignas desde el punto de vista ecológico; rediseñar el agroecosistema de forma tal que funcione en base a un nuevo conjunto de procesos ecológicos y una transición en la orientación de valores y en la ética que orienta las decisiones de producción y consumo.
Así, el programa contempla a tres tipos de producciones diferentes según la zona: "el área del departamento Garay y San Cristóbal es un área evidentemente ganadera, los terrenos periurbanos son hortícolas en su mayoría y la zona núcleo explota la producción de granos", detalló el funcionario.
En la zona hortícola, los participantes del programa son productores principalmente de Rosario y de Santa Fe que explotan de una a cinco hectáreas, en su mayoría arrendatarios o titulares que mixturan entre la producción de soja y la hortícola. "Muchos son de la colectividad boliviana que arriendan. Esta es una característica del sector y no sólo del programa", acotó Casella. En cuanto a la producción extensiva, la experiencia se realiza en campos pequeños, de no más de cien hectáreas, de las cuales entre 25 y 50 hectáreas se dedican a la producción de trigo y maíz.
En tanto, la producción de carne se da en campos de diez a cincuenta hectáreas, "donde se hacen pasturas y carnes a través de un sistema de pastoreo rotativo intensivo, sobre pastos naturales de engorde de ganado, haciéndolo rotar entre distintos potreros y con una especie de engorde a corral preparado para pequeños productores", señaló Casella. En todos los casos, el objetivo es "tratar de disminuir la presión de la agricultura intensiva en insumos y químicos, por lo que se promueven pasturas naturales en casos de carnes y producción agroecológica en verduras y granos".
En toda la provincia actualmente hay cerca de cuarenta productores participantes en los distintos rubros, de los cuales una veintena pertenecen a Rosario y su zona periurbana, principalmente horticultores de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini. También hay extensivos en Zavalla, Casilda Bouquet, y hacia el norte en Monte Vera. En tanto, en el departamento San Cristóbal, en localidades como Ersilia y Suardi y en el departamento Garay, en Cayastá y Laguna Paiva, hay producción de pasturas naturales y de carne en el marco del programa.
"Hay muchas experiencias de diferentes tipos de producciones que se hacen en estas zonas que son sustentables ambientalmente y productivamente sostenibles en el tiempo, es decir, no son experiencias sociales", aclaró el funcionario.
Para promover y expandir la iniciativa, funcionarios del área de Desarrollo Territorial y Economía Social se reunieron recientemente con miembros de AFA "para poder trabajar con sus productores que están en las localidades que firmaron convenio con la provincia, y fomentar algunas de las experiencias de producción extensiva de manera que se replique rápidamente", explicó Casella. Incluso, la idea es que el plan se implemente para la próxima campaña.
Potencialmente, el proyecto podría desarrollarse en un total de 18 mil hectáreas en toda la provincia. El cálculo de esta extensión deriva de los terrenos disponibles en los 23 municipios y comunas que firmaron el respectivo convenio con la provincia y en base a las ordenanzas locales que regulan la aplicación de agroquímicos, es decir, la zona de exclusión total o franja verde y demás aplicaciones terrestres. "Es allí donde estamos proponiendo la reconversión productiva de las tierras de los productores que ya la tengan en posesión o las quieran arrendar para este tipo de producciones", apuntó el responsable de Desarrollo Territorial y Economía Social.
En ese sentido, Casella aclaró que esas tierras donde podría aplicarse la reconversión no son fiscales, aunque "en algunos de los municipios firmantes hay parques productivos como los que están en Rosario, Zavalla y Correa. En Arequito querían armar algo similar, pero son experiencias que no alcanzan a una hectárea en la mayoría de los casos, por lo que son más demostrativas o educativas antes que productivas". Sin embargo, "en la mayoría de los casos es al revés: el programa se desarrolla en tierras propias o arrendadas".
Financiamiento. El Programa de Producción Sustentable de Alimentos Periurbanos ofrece dos formas de financianciación: una para los espacios asociativos que se trabajan a través de los municipios y comunas adherentes, vinculados a la producción de insumos. "Se trata de aportes no reembolsables, por ejemplo, para hacer un centro de producción de insumos o para comprar una maquinaria entre dos o tres productores en la zona hortícola", explicó Casella. La otra línea para los productores que se reconviertan son créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo provincial para la zona hortícola, de hasta 75 mil pesos, es decir, unos 20 mil pesos por hectárea reconvertida aproximadamente. En tanto, para la ganadería y agricultura extensiva se otorgan hasta 350 mil pesos para insumos y laboreo básico.
La ayuda económica ya llegó a emprendimientos en zonas hortícolas y "en breve vamos a presentar una línea de créditos del Fondo de Inversión y Desarrollo Hortícola, que totaliza 8 millones de pesos", anunció el funcionario. Además, "estamos evaluando crear un seguro para campos agrícolas más grandes, para garantizar un precio sostén por el riesgo que asumen quienes se lanzan a reconvertir la producción".
Comercialización. El programa contempla un circuito de comercialización de la producción, del cual ya está en marcha la oferta hortícola, en numerosas ferias, ventas directas en Rosario, y mercados específicos de productos agroecológicos de venta al paso en Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Soldini, Quinteros, Santa Fe y próximamente en el Centro Operativo Experimental Angel Gallardo, en esta capital. También "estamos evaluando más alternativas de comercialización y cambién con la futura apertura del Mercado del Patio (en el Patio de la Madera, en Rosario), se prevé tener algunas góndolas diferenciadas", adelantó Casella.
Finalmente, el proyecto ofrece instrucción para los productores y técnicos, "apuntando fuertemente con las facultades de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos a la formación en todo lo que es el paradigma de producción sustentable y agroecológica", remató.
"El programa para el gobierno de Santa Fe es una apuesta por la positiva, para brindar alternativas productivas en zonas periurbanas que usualmente se ven como conflictivas entre la urbanización y la producción tradicional. Queremos promocionar otro tipo de producción, que los alimentos se hagan localmente, regionalmente, como en todas partes del mundo y de forma sana, segura y sustentable. Que no sea contradictorio con un modelo de producción que está instalado, pero que sí discuta fuertemente lo que es la matriz de la producción de alimentos en Santa Fe. Hacia eso vamos y creemos que los periurbanos son un territorio propicio para empezar este tipo de experiencia. Ya tiramos la primera piedra y esperamos que podamos seguir creciendo en los próximos dos años", auguró.
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Salta vuelve atrás con la prohibición de las bolsas
Volvieron las bolsas plásticas para guardar las compras y así reutilizarlas para separar los residuos domésticos
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Tras la vuelta de las bolsas plásticas a los supermercados y mayoristas, se retoma la posibilidad de que los consumidores separen la basura. Ecoplas, Asociación Civil sin fines de Lucro, advierte sobre la importancia de este ejercicio.
Luego de estar prohibidas en supermercados y mayoristas de la provincia de Salta, las bolsas plásticas volvieron en los colores negro y verde y serán útiles para separar los residuos húmedos y los reciclables en pos del medio ambiente. Este retorno se dio tras la aprobación de la Ordenanza 15.222, la cual permitirá que en el 85% de los hogares se sigan reutilizando las bolsas plásticas para los residuos.
Si tan solo el 70 % de los habitantes de Salta asume el desafío de separar los residuos plásticos se obtendrían aproximadamente 42 Tns por día de ese material. En particular, la provincia de Salta cuenta con una industria de reciclado plástico que puede procesar dichos materiales y no sólo ayudar al medio ambiente, sino también profundizar la generación de empleo.
Desde Ecoplas, una Asociación Civil sin fines de lucro, especializada en el medio ambiente y en el plástico, están de acuerdo con este cambio porque hay poca separación de los residuos en la población y contribuiría a aumentar la separación de todos los reciclables, incluidos los plásticos que es un material noble e inocuo.
Mario Tonelli, Director Ejecutivo de Ecoplas, advierte: “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla. Lo que ocurrió en Salta es una nueva oportunidad que debemos aprovechar para el cuidado del medio ambiente recuperando materiales nobles e inocuos como los plásticos, que son completamente reciclables”
Tonelli explicó que los consumidores, además, están expuestos a un gran riesgo para la salud. Las bolsas que se comercializan en los supermercados, supuestamente de tela, hay que lavarlas para su reutilización porque pueden provocar contaminación cruzada, además son más costosas.
Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que “desde enero de 2017, fecha en la que empezó a regir la normativa que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en la línea de caja en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, el sector fabricante de bolsas plásticas se ve amenazado en todo el país en función de las réplicas en el resto de las ciudades del país. Las Ciudades de Salta y Córdoba, en cambio tomaron el camino correcto de las bolsas plásticas verdes y negras para la separación de los residuos.”
Los envases plásticos en general no son un residuo, son un recurso, si se los separa correctamente en los hogares sirven de materia prima para la Industria del Reciclado Plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes, etc. Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “Economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta 5 veces.
“La Ciudad de Salta es un modelo a seguir ya que con su Ordenanza promueve el Uso responsable y reciclado de las bolsas plásticas. Ecoplas presentó un ambicioso Plan de Educación a la Secretaria de Ambiente para enseñarles a los docentes y a los recuperadores urbanos de Salta a separar los residuos plásticos y su reciclado. El mismo contribuirá a que los docentes bajen la información a los niños y estos a sus padres, para generar una cadena de separación de los residuos. A su vez a los recuperadores urbanos de Salta para que conozcan los tipos de plásticos que van a recibir en la bolsa verde y abrir los canales para que puedan comercializarlos a la industria recicladora para contribuir a una economía circular”, aseveró Verónica Ramos, Gerente de Comunicaciones de Ecoplas.
Ecoplas creó la Certificación Plásticos Reciclables, comúnmente conocido como “la Manito”, que se aplica en el envase y facilitan la identificación de los materiales plásticos reciclables para que el consumidor separe de manera correcta en sus hogares. También agiliza la tarea de identificación, recolección y clasificación por parte del recuperador urbano. Alguno de los envases que tienen “la Manito” son las bolsas “camiseta” para supermercados, bolsas para envasados de alimentos, envases sachets y botellas de leche o yogur, bolsas para los comercios, paquete de azúcar, y más.
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Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Tras la vuelta de las bolsas plásticas a los supermercados y mayoristas, se retoma la posibilidad de que los consumidores separen la basura. Ecoplas, Asociación Civil sin fines de Lucro, advierte sobre la importancia de este ejercicio.
Luego de estar prohibidas en supermercados y mayoristas de la provincia de Salta, las bolsas plásticas volvieron en los colores negro y verde y serán útiles para separar los residuos húmedos y los reciclables en pos del medio ambiente. Este retorno se dio tras la aprobación de la Ordenanza 15.222, la cual permitirá que en el 85% de los hogares se sigan reutilizando las bolsas plásticas para los residuos.
Si tan solo el 70 % de los habitantes de Salta asume el desafío de separar los residuos plásticos se obtendrían aproximadamente 42 Tns por día de ese material. En particular, la provincia de Salta cuenta con una industria de reciclado plástico que puede procesar dichos materiales y no sólo ayudar al medio ambiente, sino también profundizar la generación de empleo.
Desde Ecoplas, una Asociación Civil sin fines de lucro, especializada en el medio ambiente y en el plástico, están de acuerdo con este cambio porque hay poca separación de los residuos en la población y contribuiría a aumentar la separación de todos los reciclables, incluidos los plásticos que es un material noble e inocuo.
Mario Tonelli, Director Ejecutivo de Ecoplas, advierte: “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla. Lo que ocurrió en Salta es una nueva oportunidad que debemos aprovechar para el cuidado del medio ambiente recuperando materiales nobles e inocuos como los plásticos, que son completamente reciclables”
Tonelli explicó que los consumidores, además, están expuestos a un gran riesgo para la salud. Las bolsas que se comercializan en los supermercados, supuestamente de tela, hay que lavarlas para su reutilización porque pueden provocar contaminación cruzada, además son más costosas.
Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que “desde enero de 2017, fecha en la que empezó a regir la normativa que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en la línea de caja en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, el sector fabricante de bolsas plásticas se ve amenazado en todo el país en función de las réplicas en el resto de las ciudades del país. Las Ciudades de Salta y Córdoba, en cambio tomaron el camino correcto de las bolsas plásticas verdes y negras para la separación de los residuos.”
Los envases plásticos en general no son un residuo, son un recurso, si se los separa correctamente en los hogares sirven de materia prima para la Industria del Reciclado Plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes, etc. Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “Economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta 5 veces.
“La Ciudad de Salta es un modelo a seguir ya que con su Ordenanza promueve el Uso responsable y reciclado de las bolsas plásticas. Ecoplas presentó un ambicioso Plan de Educación a la Secretaria de Ambiente para enseñarles a los docentes y a los recuperadores urbanos de Salta a separar los residuos plásticos y su reciclado. El mismo contribuirá a que los docentes bajen la información a los niños y estos a sus padres, para generar una cadena de separación de los residuos. A su vez a los recuperadores urbanos de Salta para que conozcan los tipos de plásticos que van a recibir en la bolsa verde y abrir los canales para que puedan comercializarlos a la industria recicladora para contribuir a una economía circular”, aseveró Verónica Ramos, Gerente de Comunicaciones de Ecoplas.
Ecoplas creó la Certificación Plásticos Reciclables, comúnmente conocido como “la Manito”, que se aplica en el envase y facilitan la identificación de los materiales plásticos reciclables para que el consumidor separe de manera correcta en sus hogares. También agiliza la tarea de identificación, recolección y clasificación por parte del recuperador urbano. Alguno de los envases que tienen “la Manito” son las bolsas “camiseta” para supermercados, bolsas para envasados de alimentos, envases sachets y botellas de leche o yogur, bolsas para los comercios, paquete de azúcar, y más.
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La increíble manera que se aprueban transgénicos en el país
De ambos lados del mostrador
Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”.
Los integrantes de la Conabia
Los integrantes de la Conabia, espacio clave en la aprobación de transgénicos son Gabriela Levitus, Carlos Francia, Demién Bellido, Marcelo Criscuolo, Carlos Bonfiglio, Fabiana Malacarne, Miguel Rapela, Juan Carlos Fonzi, Abelardo Portugal, Julián Zimmermann, María Celia Etchart, Nora Uberti Manassero, Mauro Meier, Luis Negruchi, Alejandro Petek, Carlos Robertson Lavalle, Bernardo Debenedetti, Mariano Devoto, Sandra Sharry, Andrés Venturino, Lucas Lieber, Hugo Permingeat, Adrián Mutto Silvia Mundo, Sara Maldonado, Jorge Zavala, Gustavo Schrauf, Miguel Galvagno, Juan Fernandino, Fernando Bravo Almonacid, Silvia Lede, Teresa Velich, Eliana Tomchinsky, Luis Dóvalo, Santiago Dalessio, Silvio Cravero, Gabriela Calamante, Federico Hozbor, Nicolás Mucci, Elba Pagano, Dalia Lewi, Ramón Sanguinetti, Juan Dotta, Paula Bonastre, Bernardo Alonso, Marcelo Sánchez, Silvia Passalcqua, Ana Vicario, Mariano Podworny y Monica Pequeño Araujo.
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Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”.
Los integrantes de la Conabia
Los integrantes de la Conabia, espacio clave en la aprobación de transgénicos son Gabriela Levitus, Carlos Francia, Demién Bellido, Marcelo Criscuolo, Carlos Bonfiglio, Fabiana Malacarne, Miguel Rapela, Juan Carlos Fonzi, Abelardo Portugal, Julián Zimmermann, María Celia Etchart, Nora Uberti Manassero, Mauro Meier, Luis Negruchi, Alejandro Petek, Carlos Robertson Lavalle, Bernardo Debenedetti, Mariano Devoto, Sandra Sharry, Andrés Venturino, Lucas Lieber, Hugo Permingeat, Adrián Mutto Silvia Mundo, Sara Maldonado, Jorge Zavala, Gustavo Schrauf, Miguel Galvagno, Juan Fernandino, Fernando Bravo Almonacid, Silvia Lede, Teresa Velich, Eliana Tomchinsky, Luis Dóvalo, Santiago Dalessio, Silvio Cravero, Gabriela Calamante, Federico Hozbor, Nicolás Mucci, Elba Pagano, Dalia Lewi, Ramón Sanguinetti, Juan Dotta, Paula Bonastre, Bernardo Alonso, Marcelo Sánchez, Silvia Passalcqua, Ana Vicario, Mariano Podworny y Monica Pequeño Araujo.
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Chaco en alerta por incendios
Desde el gobierno, solicitan a la población extremar medidas de prevención para evitar incendios rurales
Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
“Chaco fue la provincia que encabezó el ranking en el mes de julio pasado con 1.800 focos de calor registrados en nuestro territorio”, precisó el ministro de Producción, Gabriel Tortarolo luego de reunirse con autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego de la Nación
Ante este alerta, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, solicita a la población que extreme las medidas de prevención a efectos de evitar la ocurrencia de incendios rurales en suelo chaqueño, ante los serios daños que ocasionan los mismos y por las derivaciones que podrían tener estos siniestros si no son controlados a tiempo.
Las temperaturas elevadas, el bajo nivel de humedad y la acumulación de pastizales en campos y banquinas, contribuyen para que la situación se agrave. En casos de emergencia llamar a Bomberos o a la Policía.
El ministro de Producción Gabriel Tortarolo apuntó que el nuevo alerta dado a conocer por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, organismo que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, “nos mantiene expectantes y preparados para atender cualquier caso que se presente”. Tortarolo destacó que “venimos trabajando sin pausas desde hace una semana por la cantidad de focos de incendio que se están registrando en la provincia” y recordó que “Chaco fue la provincia que encabezó el ranking en el mes de julio pasado con 1.800 focos de calor registrados en nuestro territorio”.
Frente común
“El vicegobernador Daniel Capitanich fue quien se encargó de agrupar a los distintos estamentos del Gobierno provincial que tenemos en cierta manera vinculación con los incendios rurales. Fueron convocados el Ministerio de Gobierno que tiene a su cargo Defensa Civil, el Ministerio de Seguridad que tiene bajo su órbita a los Bomberos de la Policía del Chaco y los Ministerios de Producción y de Planificación y Ambiente, porque son los que trabajan con el sector rural”. El ingeniero Tortarolo apuntó que “los incendios rurales son habituales en esta época del año, pero lo que no es normal es la cantidad de siniestros que se están dando”. Explicó que durante los meses de Marzo, Abril y Mayo se registraron lluvias y temperaturas elevadas, lo que influyó para el crecimiento exuberante de pastizales en toda la provincia. “Las heladas de julio fueron muy intensas y contribuyeron al panorama que se da hoy en el sector rural, donde tenemos una gran masa de pastizales totalmente seca, a lo que debemos sumar la ausencia de lluvias, baja humedad relativa del ambiente y el viento, factores que aportan a la ocurrencia de incendios”, indicó.
Precauciones a tener en cuenta
“Los incendios se dan en forma voluntaria o involuntaria. Un vidrio en un campo, sobre un pastizal, puede hacer efecto lupa y desatar un siniestro. Un hombre que acampó al borde de la ruta y que no apagó bien el fuego que hizo la noche anterior, también puede causar un incendio”, señaló Tortarolo. El ministro admitió que “también está la práctica habitual que hacen algunos productores ganaderos de quemar los pastizales para obtener después mejores pasturas para los animales. En este caso hablamos de quema prescripta, que se tiene que dar bajo ciertas condiciones”. Y reconoció que “uno en el campo sabe cuándo enciende un fuego, pero no sabe dónde se apaga. Por eso hay que estar alertas y tratar de evitar un desmanejo de esta situación que ya provocó muchos daños”.
Evitar daños importantes
El ministro de Producción comentó que en una recorrida que hizo por el interior de la provincia observó la presencia de muchos campos quemados, además de alambrados destruidos y postes de luz caídos por la acción del fuego, perjudicando a muchos pobladores rurales que se quedaron sin el servicio eléctrico.
“Lo mismo pasa con aquellos productores que cosecharon sorgo o maíz y dejaron los rastrojos para alimento de sus animales durante el invierno y si estos se queman se quedan sin alternativas. Son muchos los perjuicios que ocasionan al sector rural esta quema descontrolada que tenemos actualmente en distintos puntos de la provincia”, indicó el funcionario.
Recomendaciones
“Nuestra recomendación es que aquél que va a quemar pastizales en sus campos tome todas las precauciones, que prepare primero los contrafuegos, que tenga en cuenta que la humedad no esté muy baja y que no haya viento excesivo”, aconsejó el ministro. En este orden, comentó que el Ministerio de Producción está trabajando con los Consorcios Rurales y con los Consorcios Camineros, “a quienes pedimos que ante cualquier dato sobre un incendio rural, avisen de inmediato a Bomberos o a la Policía, lo que permitirá activar el dispositivo de alerta y trabajar en forma rápida para controlar y apagar el fuego”.
Finalmente, el ingeniero Tortarolo apuntó que “en esta tarea de prevención también queremos comprometer a los municipios, para que contribuyan con las máquinas que tienen para hacer un contrafuego en forma rápida si es que se desata una emergencia por un incendio rural, lo que permitirá disminuir los daños que suelen ocasionar estos siniestros”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
“Chaco fue la provincia que encabezó el ranking en el mes de julio pasado con 1.800 focos de calor registrados en nuestro territorio”, precisó el ministro de Producción, Gabriel Tortarolo luego de reunirse con autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego de la Nación
Ante este alerta, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, solicita a la población que extreme las medidas de prevención a efectos de evitar la ocurrencia de incendios rurales en suelo chaqueño, ante los serios daños que ocasionan los mismos y por las derivaciones que podrían tener estos siniestros si no son controlados a tiempo.
Las temperaturas elevadas, el bajo nivel de humedad y la acumulación de pastizales en campos y banquinas, contribuyen para que la situación se agrave. En casos de emergencia llamar a Bomberos o a la Policía.
El ministro de Producción Gabriel Tortarolo apuntó que el nuevo alerta dado a conocer por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, organismo que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, “nos mantiene expectantes y preparados para atender cualquier caso que se presente”. Tortarolo destacó que “venimos trabajando sin pausas desde hace una semana por la cantidad de focos de incendio que se están registrando en la provincia” y recordó que “Chaco fue la provincia que encabezó el ranking en el mes de julio pasado con 1.800 focos de calor registrados en nuestro territorio”.
Frente común
“El vicegobernador Daniel Capitanich fue quien se encargó de agrupar a los distintos estamentos del Gobierno provincial que tenemos en cierta manera vinculación con los incendios rurales. Fueron convocados el Ministerio de Gobierno que tiene a su cargo Defensa Civil, el Ministerio de Seguridad que tiene bajo su órbita a los Bomberos de la Policía del Chaco y los Ministerios de Producción y de Planificación y Ambiente, porque son los que trabajan con el sector rural”. El ingeniero Tortarolo apuntó que “los incendios rurales son habituales en esta época del año, pero lo que no es normal es la cantidad de siniestros que se están dando”. Explicó que durante los meses de Marzo, Abril y Mayo se registraron lluvias y temperaturas elevadas, lo que influyó para el crecimiento exuberante de pastizales en toda la provincia. “Las heladas de julio fueron muy intensas y contribuyeron al panorama que se da hoy en el sector rural, donde tenemos una gran masa de pastizales totalmente seca, a lo que debemos sumar la ausencia de lluvias, baja humedad relativa del ambiente y el viento, factores que aportan a la ocurrencia de incendios”, indicó.
Precauciones a tener en cuenta
“Los incendios se dan en forma voluntaria o involuntaria. Un vidrio en un campo, sobre un pastizal, puede hacer efecto lupa y desatar un siniestro. Un hombre que acampó al borde de la ruta y que no apagó bien el fuego que hizo la noche anterior, también puede causar un incendio”, señaló Tortarolo. El ministro admitió que “también está la práctica habitual que hacen algunos productores ganaderos de quemar los pastizales para obtener después mejores pasturas para los animales. En este caso hablamos de quema prescripta, que se tiene que dar bajo ciertas condiciones”. Y reconoció que “uno en el campo sabe cuándo enciende un fuego, pero no sabe dónde se apaga. Por eso hay que estar alertas y tratar de evitar un desmanejo de esta situación que ya provocó muchos daños”.
Evitar daños importantes
El ministro de Producción comentó que en una recorrida que hizo por el interior de la provincia observó la presencia de muchos campos quemados, además de alambrados destruidos y postes de luz caídos por la acción del fuego, perjudicando a muchos pobladores rurales que se quedaron sin el servicio eléctrico.
“Lo mismo pasa con aquellos productores que cosecharon sorgo o maíz y dejaron los rastrojos para alimento de sus animales durante el invierno y si estos se queman se quedan sin alternativas. Son muchos los perjuicios que ocasionan al sector rural esta quema descontrolada que tenemos actualmente en distintos puntos de la provincia”, indicó el funcionario.
Recomendaciones
“Nuestra recomendación es que aquél que va a quemar pastizales en sus campos tome todas las precauciones, que prepare primero los contrafuegos, que tenga en cuenta que la humedad no esté muy baja y que no haya viento excesivo”, aconsejó el ministro. En este orden, comentó que el Ministerio de Producción está trabajando con los Consorcios Rurales y con los Consorcios Camineros, “a quienes pedimos que ante cualquier dato sobre un incendio rural, avisen de inmediato a Bomberos o a la Policía, lo que permitirá activar el dispositivo de alerta y trabajar en forma rápida para controlar y apagar el fuego”.
Finalmente, el ingeniero Tortarolo apuntó que “en esta tarea de prevención también queremos comprometer a los municipios, para que contribuyan con las máquinas que tienen para hacer un contrafuego en forma rápida si es que se desata una emergencia por un incendio rural, lo que permitirá disminuir los daños que suelen ocasionar estos siniestros”, concluyó.
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Recuperan más de 200 especies en peligro en Morón
Policía Federal secuestró más de 200 especies en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Filo News
Provincia/Región: Buenos Aires
El allanamiento se dio en un local del partido bonaerense de Morón, tras varios meses de investigación
Más de 200 especies fueron incautadas este viernes 11 por personal de la Policía Federal, tras un allanamiento realizado en un local de venta de mascotas en el partido bonaerense de Morón. Los animales están bajo protección de la Ley de Fauna Silvestre.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la División Operaciones del Departamento Delitos Ambientales iniciaron una investigación hace unos meses por este tipo de delitos.
Una vez recolectadas todas las evidencias llevaron a cabo el procedimiento, en conjunto con personal de la Dirección de Flora y Fauna bonaerense en ese comercio, situado en la calle Eva Perón al 1800 de la localidad de Morón.
Así, incautaron más de 200 especies protegidas por la Ley, entre las que se encontraban cardenales, zorzales, jilgueros, loros habladores, entre otras. Todas fueron extraídas furtiva e ilegalmente de su hábitat, producto de la captura inescrupulosa y eran ofrecidas para la venta en forma clandestina.
Los ejemplares fueron remitidos a la Estación de Cría de Animales Silvestres previa cuarentena, para la posterior liberación en su entorno natural.
Este tipo de procedimientos e Investigaciones no son parte de un hecho aislado, sino que son constantes y parte de una política de trabajo en la que se busca terminar con la captura indiscriminada de estas aves protegidas.
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Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Filo News
Provincia/Región: Buenos Aires
El allanamiento se dio en un local del partido bonaerense de Morón, tras varios meses de investigación
Más de 200 especies fueron incautadas este viernes 11 por personal de la Policía Federal, tras un allanamiento realizado en un local de venta de mascotas en el partido bonaerense de Morón. Los animales están bajo protección de la Ley de Fauna Silvestre.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la División Operaciones del Departamento Delitos Ambientales iniciaron una investigación hace unos meses por este tipo de delitos.
Una vez recolectadas todas las evidencias llevaron a cabo el procedimiento, en conjunto con personal de la Dirección de Flora y Fauna bonaerense en ese comercio, situado en la calle Eva Perón al 1800 de la localidad de Morón.
Así, incautaron más de 200 especies protegidas por la Ley, entre las que se encontraban cardenales, zorzales, jilgueros, loros habladores, entre otras. Todas fueron extraídas furtiva e ilegalmente de su hábitat, producto de la captura inescrupulosa y eran ofrecidas para la venta en forma clandestina.
Los ejemplares fueron remitidos a la Estación de Cría de Animales Silvestres previa cuarentena, para la posterior liberación en su entorno natural.
Este tipo de procedimientos e Investigaciones no son parte de un hecho aislado, sino que son constantes y parte de una política de trabajo en la que se busca terminar con la captura indiscriminada de estas aves protegidas.
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Fracking en Mendoza fuera de toda normativa
Amparos y movilizaciones contra el fracking en Malargüe
Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
La Federación Argentina de Espeleología y un grupo de abogados fueron a la justicia para frenar el cuestionado método de extracción no convencional de petróleo en el sur provincial.
"Si se cocinó entre gallos y medianoche, por algo será". Utilizando esa frase popular Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología, explicó por qué presentaron un recurso de amparo para que la Justicia frene los trabajos que Petrolera El Trébol (Petsa) realiza en el área Puesto Rojas, de Malargüe, utilizando la cuestionada técnica del fracking.
El fracking permite extraer el petróleo que está "atrapado" entre piedras, a gran profundidad. La técnica consiste en perforar hasta alcanzar la roca e inyectar a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturarla y liberar el crudo.
"Descubrimos que se aprobó un proyecto de fracking en pozos petroleros sin seguir los pasos que ordena la ley. No hubo consulta con la comunidad y la gente no sabe en qué consiste el proyecto. Tampoco hay información ambiental", agregó Benedetto.
El recurso de amparo fue presentado ante la titular del 24º juzgado Civil, María Eugenia Ibaceta. "Hay que informar a la comunidad y que se debata", pidió Benedetto.
El gobierno provincial autorizó a El Trébol a fines de julio la utilización, por primera vez en Mendoza, del método de fractura hidráulica (conocido mundialmente como fracking) para explorar y extraer petróleo de Vaca Muerta, de una manera no convencional.
Petsa es la subsidiaria en el país de la suiza Mercuria y fue noticia en los últimos días porque se fusionó con Andes Energía (vinculada al grupo Vila-Manzano) para formar Phoenix.
Ante la ausencia de una legislación en la provincia en materia de fracking, el Gobierno recurrió a un recurso legal para habilitar en pocos días ese cuestionado método de extracción no convencional en cuatro pozos en el área Puesto Rojas, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Malargüe, sin necesidad de llamar a una audiencia pública ni solicitar una nueva declaración de impacto ambiental.
En el Gobierno aseguran que se utilizarán esos trabajos como piloto para evaluar la técnica y elaborar una norma ambiental específica.
Pero para Benedetto y otras organizaciones ambientales, esa situación representa una irregularidad. En la presentación de la Federación Argentina de Espeleología se solicita que "se declare inconstitucional, nula e inaplicable" la resolución 813 de la Dirección de Protección Ambiental. También pide que se suspenda inmediatamente esa norma.
Entre los problemas que trae aparejado el fracking, Benedetto enumeró que el impacto medioambiental de esta técnica "incluye la contaminación de acuíferos, elevado consumo de agua, contaminación de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, contaminación en la superficie debida a vertidos, y los posibles efectos en la salud derivados de ello".
Y agrega: "También hay preocupación sobre el destino de los millones de litros de aguas contaminadas que retornan desde el interior del pozo, conteniendo no solo las sustancias contaminantes que se incorporaron, sino aquellas que vienen del subsuelo y son desprendidas por la acción química. También argumentan que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos relacionados con el fracking".
Otro amparo
No fue el único recurso presentado este miércoles en la Justicia ya que el abogado Marcelo Romano también pidió que se detenga el proyecto en Malargüe.
“El Gobierno, en un procedimiento rápido, dictó la necesidad de impacto ambiental y cuatro días después autorizó a una empresa a hacer el fracking con agua del río Salado. Por eso pedimos una medida precautoria para que detecte qué va a pasar con el agua de los ríos", dijo Romano en declaraciones radiales.
"El Gobierno ha sido muy desprolijo y arriesgado sin haber hecho los passo que contempla la ley”, agregó. Además pidió que se respeten "las leyes ambientales de la provincia y de la Nación".
Movilización
Las asambleas por el agua de Mendoza convocaron a una concentración en la Legislatura en repudio de la utilización de la técnica de fracking en Malargüe. Se realizará este miércoles, a partir de las 18.
La convocatoria será replicada en Malargüe, desde las 16 en la Plaza San Martín.
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Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
La Federación Argentina de Espeleología y un grupo de abogados fueron a la justicia para frenar el cuestionado método de extracción no convencional de petróleo en el sur provincial.
"Si se cocinó entre gallos y medianoche, por algo será". Utilizando esa frase popular Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología, explicó por qué presentaron un recurso de amparo para que la Justicia frene los trabajos que Petrolera El Trébol (Petsa) realiza en el área Puesto Rojas, de Malargüe, utilizando la cuestionada técnica del fracking.
El fracking permite extraer el petróleo que está "atrapado" entre piedras, a gran profundidad. La técnica consiste en perforar hasta alcanzar la roca e inyectar a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturarla y liberar el crudo.
"Descubrimos que se aprobó un proyecto de fracking en pozos petroleros sin seguir los pasos que ordena la ley. No hubo consulta con la comunidad y la gente no sabe en qué consiste el proyecto. Tampoco hay información ambiental", agregó Benedetto.
El recurso de amparo fue presentado ante la titular del 24º juzgado Civil, María Eugenia Ibaceta. "Hay que informar a la comunidad y que se debata", pidió Benedetto.
El gobierno provincial autorizó a El Trébol a fines de julio la utilización, por primera vez en Mendoza, del método de fractura hidráulica (conocido mundialmente como fracking) para explorar y extraer petróleo de Vaca Muerta, de una manera no convencional.
Petsa es la subsidiaria en el país de la suiza Mercuria y fue noticia en los últimos días porque se fusionó con Andes Energía (vinculada al grupo Vila-Manzano) para formar Phoenix.
Ante la ausencia de una legislación en la provincia en materia de fracking, el Gobierno recurrió a un recurso legal para habilitar en pocos días ese cuestionado método de extracción no convencional en cuatro pozos en el área Puesto Rojas, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Malargüe, sin necesidad de llamar a una audiencia pública ni solicitar una nueva declaración de impacto ambiental.
En el Gobierno aseguran que se utilizarán esos trabajos como piloto para evaluar la técnica y elaborar una norma ambiental específica.
Pero para Benedetto y otras organizaciones ambientales, esa situación representa una irregularidad. En la presentación de la Federación Argentina de Espeleología se solicita que "se declare inconstitucional, nula e inaplicable" la resolución 813 de la Dirección de Protección Ambiental. También pide que se suspenda inmediatamente esa norma.
Entre los problemas que trae aparejado el fracking, Benedetto enumeró que el impacto medioambiental de esta técnica "incluye la contaminación de acuíferos, elevado consumo de agua, contaminación de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, contaminación en la superficie debida a vertidos, y los posibles efectos en la salud derivados de ello".
Y agrega: "También hay preocupación sobre el destino de los millones de litros de aguas contaminadas que retornan desde el interior del pozo, conteniendo no solo las sustancias contaminantes que se incorporaron, sino aquellas que vienen del subsuelo y son desprendidas por la acción química. También argumentan que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos relacionados con el fracking".
Otro amparo
No fue el único recurso presentado este miércoles en la Justicia ya que el abogado Marcelo Romano también pidió que se detenga el proyecto en Malargüe.
“El Gobierno, en un procedimiento rápido, dictó la necesidad de impacto ambiental y cuatro días después autorizó a una empresa a hacer el fracking con agua del río Salado. Por eso pedimos una medida precautoria para que detecte qué va a pasar con el agua de los ríos", dijo Romano en declaraciones radiales.
"El Gobierno ha sido muy desprolijo y arriesgado sin haber hecho los passo que contempla la ley”, agregó. Además pidió que se respeten "las leyes ambientales de la provincia y de la Nación".
Movilización
Las asambleas por el agua de Mendoza convocaron a una concentración en la Legislatura en repudio de la utilización de la técnica de fracking en Malargüe. Se realizará este miércoles, a partir de las 18.
La convocatoria será replicada en Malargüe, desde las 16 en la Plaza San Martín.
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Una ley del 92 impediría en Río Negro una nuclear
Según una ley de 1992 la planta nuclear no podría operar en Río Negro
Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
La ley 2472 de Residuos Peligrosos aprobada hace 25 años prohibe el ingreso o vertido de residuos radiactivos o desechos tóxicos en el mar.
El rechazo a los peligros potenciales del desarrollo nuclear en la Argentina se plasmó en Río Negro en la ley 2472 de Residuos Peligrosos aprobada hace 25 años atrás.
El artículo 1° (modificado en el año 2008) establece que “se prohíbe el ingreso, transporte, trasbordo, traslado, vertido o almacenamiento, permanente o transitorio en el territorio de Río Negro y su mar jurisdiccional de residuos radiactivos y de desechos o residuos tóxicos de origen industrial, químico o biológico, cualquiera sea su lugar de origen, capaces de contaminar, infectar o degradar al medio ambiente y los ecosistemas y de poner en riesgo o peligro actual o potencial la vida o la salud de los habitantes de las generaciones futuras, así como a la flora y fauna provincial y/o la calidad ambiental”.
El artículo 3 de la misma ley prohíbe “la instalación en territorio de la Provincia de Río Negro y/o las 200 (doscientas) millas de su mar jurisdiccional de: reservorios, repositorios, depósitos, basureros, permanentes o transitorios, con destino al almacenaje de todo material, insumos o desechos radioactivos como así también de desechos biológicos o inertes, producidos fuera del territorio Provincial, dentro del país o proveniente de terceros estados. Para la disposición de sus propios desechos radioactivos y/o biológicos, la Provincia convendrá con sus pares y el Gobierno Nacional el mejor modo y lugar de procesado y almacenaje”.
Esta prohibición afectaría indirectamente la instalación de la Central Nuclear anunciada por los gobiernos nacional y provincial dado que los residuos de Uranio 235 que generaría la actividad quedarían en el mismo predio y, por lo tanto, dentro del territorio rionegrino.
A esta legislación se suma la Ley General del Ambiente 25.675 que establece los presupuestos mínimos y los principios de política ambiental con los que debería regularse cualquier actividad dentro del territorio nacional. Y las declaraciones de Municipio No Nuclear realizadas hace más de 20 años en 14 ejidos municipales de la provincia entre los que figuran Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande.
Así lo explicó el Dr. en Biología y ambientalista especialista en temas nucleares de la provincia de Córdoba, Raúl Montenegro, en una charla informativa realizada este martes en Viedma.
Según Montenegro, el avance del Plan Nuclear Argentino y los acuerdos con China aprobados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ratificados por la gestión actual de Mauricio Macri obedecen “a las visiones muy particulares de algunas minorías interesadas en mantener un programa que realmente compromete la seguridad argentina no sólo actualmente sino para las futuras generaciones porque la actividad no solo es peligrosa en sí sino que todo el combustible agotado con material de alta radioactividad que está junto a la planta y que implica que por 2.400 siglos todo el material de alta radiactividad tiene un cierto nivel de riesgo en donde alcanza conque un avión de gran porte golpee para que se generen varios Chernobyl simultáneamente”.
“Se la ha hecho entrar a Argentina a generar sistemas para obtener energía eléctrica que por otro lado es una de las fuentes que menos energía eléctrica produce en todo el país con un nivel de riesgo absolutamente impredecible, sobre todo todo en un planeta cada vez más inseguro. En el caso del peor accidente posible, si se produjera el máximo posible que es el nivel 7 en la escala del INES, el impacto y los posibles efectos de la nube de material radiactivo se extendería en un radio de 500 kilómetros que pueden ser 700 o incluso más. No hay ningún tipo de tecnología que tenga un riesgo comparable, por eso se vuelve todo complicado”, manifestó y reiteró que “a través de sus normas, la gente de Río Negro ya dijo que no pero tomando en cuenta todos estos riesgos se puede volver a ratificar, a decir ya la provincia ha dicho que no”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
La ley 2472 de Residuos Peligrosos aprobada hace 25 años prohibe el ingreso o vertido de residuos radiactivos o desechos tóxicos en el mar.
El rechazo a los peligros potenciales del desarrollo nuclear en la Argentina se plasmó en Río Negro en la ley 2472 de Residuos Peligrosos aprobada hace 25 años atrás.
El artículo 1° (modificado en el año 2008) establece que “se prohíbe el ingreso, transporte, trasbordo, traslado, vertido o almacenamiento, permanente o transitorio en el territorio de Río Negro y su mar jurisdiccional de residuos radiactivos y de desechos o residuos tóxicos de origen industrial, químico o biológico, cualquiera sea su lugar de origen, capaces de contaminar, infectar o degradar al medio ambiente y los ecosistemas y de poner en riesgo o peligro actual o potencial la vida o la salud de los habitantes de las generaciones futuras, así como a la flora y fauna provincial y/o la calidad ambiental”.
El artículo 3 de la misma ley prohíbe “la instalación en territorio de la Provincia de Río Negro y/o las 200 (doscientas) millas de su mar jurisdiccional de: reservorios, repositorios, depósitos, basureros, permanentes o transitorios, con destino al almacenaje de todo material, insumos o desechos radioactivos como así también de desechos biológicos o inertes, producidos fuera del territorio Provincial, dentro del país o proveniente de terceros estados. Para la disposición de sus propios desechos radioactivos y/o biológicos, la Provincia convendrá con sus pares y el Gobierno Nacional el mejor modo y lugar de procesado y almacenaje”.
Esta prohibición afectaría indirectamente la instalación de la Central Nuclear anunciada por los gobiernos nacional y provincial dado que los residuos de Uranio 235 que generaría la actividad quedarían en el mismo predio y, por lo tanto, dentro del territorio rionegrino.
A esta legislación se suma la Ley General del Ambiente 25.675 que establece los presupuestos mínimos y los principios de política ambiental con los que debería regularse cualquier actividad dentro del territorio nacional. Y las declaraciones de Municipio No Nuclear realizadas hace más de 20 años en 14 ejidos municipales de la provincia entre los que figuran Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande.
Así lo explicó el Dr. en Biología y ambientalista especialista en temas nucleares de la provincia de Córdoba, Raúl Montenegro, en una charla informativa realizada este martes en Viedma.
Según Montenegro, el avance del Plan Nuclear Argentino y los acuerdos con China aprobados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ratificados por la gestión actual de Mauricio Macri obedecen “a las visiones muy particulares de algunas minorías interesadas en mantener un programa que realmente compromete la seguridad argentina no sólo actualmente sino para las futuras generaciones porque la actividad no solo es peligrosa en sí sino que todo el combustible agotado con material de alta radioactividad que está junto a la planta y que implica que por 2.400 siglos todo el material de alta radiactividad tiene un cierto nivel de riesgo en donde alcanza conque un avión de gran porte golpee para que se generen varios Chernobyl simultáneamente”.
“Se la ha hecho entrar a Argentina a generar sistemas para obtener energía eléctrica que por otro lado es una de las fuentes que menos energía eléctrica produce en todo el país con un nivel de riesgo absolutamente impredecible, sobre todo todo en un planeta cada vez más inseguro. En el caso del peor accidente posible, si se produjera el máximo posible que es el nivel 7 en la escala del INES, el impacto y los posibles efectos de la nube de material radiactivo se extendería en un radio de 500 kilómetros que pueden ser 700 o incluso más. No hay ningún tipo de tecnología que tenga un riesgo comparable, por eso se vuelve todo complicado”, manifestó y reiteró que “a través de sus normas, la gente de Río Negro ya dijo que no pero tomando en cuenta todos estos riesgos se puede volver a ratificar, a decir ya la provincia ha dicho que no”.
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Candidato a diputado contaminado con glifosato
Porteños contaminados: un candidato descubrió que tiene glifosato en sangre
Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
Enrique Viale, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en estas PASO, se hizo los estudios correspondientes y recibió la mala noticia.
Los estragos que hacen los agroquímicos en las personas que viven cerca de plantaciones agrícolas son conocidos, pese al silencio de los medios y el poderoso lobby de los laboratorios.
Sin embargo, en este caso, un candidato a diputado porteño demostró que el peligro excede a esas poblaciones ya que, a través de un análisis de sangre, descubrió que también él, viviendo en la ciudad, está contaminado.
Se trata de Enrique Viale, postulante por Proyecto Sur, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación. "Lamentablemente los resultados han arrojado presencia de glifosato, metabolito AMPA y otro tipo de venenos en mi organismo. No hay forma de quitarlos", expresó una vez recibida la mala noticia.
Y agregó: "Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad. Así que solo tiene como explicación la ingesta de alimentos". También reveló que un estudio reciente del Conicet indica que al menos el 60% de las frutas y verduras que se comercializan en la Ciudad contienen agrotóxicos.
También desde su cuenta de Twitter instó a los candidatos de las otras listas como Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau a que se sometan a los mismos exámenes médicos para determinar si también están intoxicados.
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Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
Enrique Viale, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en estas PASO, se hizo los estudios correspondientes y recibió la mala noticia.
Los estragos que hacen los agroquímicos en las personas que viven cerca de plantaciones agrícolas son conocidos, pese al silencio de los medios y el poderoso lobby de los laboratorios.
Sin embargo, en este caso, un candidato a diputado porteño demostró que el peligro excede a esas poblaciones ya que, a través de un análisis de sangre, descubrió que también él, viviendo en la ciudad, está contaminado.
Se trata de Enrique Viale, postulante por Proyecto Sur, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación. "Lamentablemente los resultados han arrojado presencia de glifosato, metabolito AMPA y otro tipo de venenos en mi organismo. No hay forma de quitarlos", expresó una vez recibida la mala noticia.
Y agregó: "Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad. Así que solo tiene como explicación la ingesta de alimentos". También reveló que un estudio reciente del Conicet indica que al menos el 60% de las frutas y verduras que se comercializan en la Ciudad contienen agrotóxicos.
También desde su cuenta de Twitter instó a los candidatos de las otras listas como Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau a que se sometan a los mismos exámenes médicos para determinar si también están intoxicados.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
agroquímicos,
Capital Federal,
contaminación,
Nacional
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Residuos y las cifras de recuperación
Sólo 25% de los RSU es recuperado por cartoneros
Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Unas 30 mil de las 40 mil toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) que no tienen calificación de peligrosos, generados en domicilios, comercios y oficinas diariamente en el país son vertidas a los rellenos sanitarios o llegan a los ríos y el mar, mientras que unas 10 mil son recuperadas por cartoneros.
Se estima que más de 21 por ciento de estas 40 mil toneladas que se producen diariamente son envases. No obstante, no han prosperado ninguno de los proyectos presentados en el Congreso Nacional para aprobar una ley que regule su generación y disposición final.
Los datos surgen del proyecto de ley presentado por la diputada Alcira Argumedo en septiembre pasado para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases, que hasta ahora no fue evaluado por las comisiones pertinentes.
Por la ausencia de una ley de envases en Argentina, las tasas de reciclaje de plástico son muy bajas comparadas con las de otros países.
En Alemania, donde rige una ley de “sistema de retorno” desde octubre de 2003, se alcanzó una tasa de reciclaje de envases de 98,5%; mientras que Dinamarca, que implementa una norma similar desde 1991, registra índices de reciclaje de 99,5% para botellas de cerveza y gaseosas y 99,5 para PET reutilizable.
La situación nacional
En Argentina, mientras tanto, las tasas de reciclaje posconsumo de plástico son de 24%, según la Cámara Argentina de Industrias Plásticas (CAIP). El ministerio de Ambiente de la Nación no cuenta con estadísticas al respecto.
“Nos interesa que se trate una ley porque una gran cantidad envases saldría de circulación, el fabricante se haría cargo de procesarlos una vez consumido su contenido y de que vuelvan a la cadena de producción”, comentó Diego Albareda, del departamento de Conservación del Ecoparque de Buenos Aires.
Desde 2005, el equipo de conservación del Ecoparque rehabilita y estudia tortugas marinas provenientes de varamientos o captura incidental en las costas bonaerenses, y encontró restos de plástico en 97 de cada 100 animales.
Proyecto
En septiembre último, Argumedo, junto con la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores -que agrupa unas 70 cooperativas- y otros legisladores, presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases.
El proyecto establece un presupuesto mínimo para la gestión de estos residuos “a fin de prevenir y reducir su impacto ambiental disminuyendo la cantidad que se insertan en el mercado, minimizando su disposición final en rellenos sanitarios y priorizando la reutilización y el reciclado”.
La iniciativa no fue evaluada por ninguna de las tres comisiones parlamentarias que deben aprobarla (Ambiente, Asuntos Cooperativos y Presupuesto) para su posterior debate en el recinto, señaló la diputada.
CAIP le dijo a Télam que acompañaría la implementación de un “Sistema Integrado de Gestión” público-privado que se financie “mediante el aporte de los envasadores”.
Según la propuesta de CAIP, los envasadores pagarían un monto por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado y, en función de los diferentes tipos de envases y materiales que los componen, cuanto más fácilmente reciclable sea el envase, menor será la suma .
Además del proyecto de Argumedo, existen en la Cámara de Diputados otros dos, uno presentado por la diputada María Emilia Soria (FpV Río Negro) y un tercero elaborado por Guillermo Snopek (PJ Jujuy).
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Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Unas 30 mil de las 40 mil toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) que no tienen calificación de peligrosos, generados en domicilios, comercios y oficinas diariamente en el país son vertidas a los rellenos sanitarios o llegan a los ríos y el mar, mientras que unas 10 mil son recuperadas por cartoneros.
Se estima que más de 21 por ciento de estas 40 mil toneladas que se producen diariamente son envases. No obstante, no han prosperado ninguno de los proyectos presentados en el Congreso Nacional para aprobar una ley que regule su generación y disposición final.
Los datos surgen del proyecto de ley presentado por la diputada Alcira Argumedo en septiembre pasado para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases, que hasta ahora no fue evaluado por las comisiones pertinentes.
Por la ausencia de una ley de envases en Argentina, las tasas de reciclaje de plástico son muy bajas comparadas con las de otros países.
En Alemania, donde rige una ley de “sistema de retorno” desde octubre de 2003, se alcanzó una tasa de reciclaje de envases de 98,5%; mientras que Dinamarca, que implementa una norma similar desde 1991, registra índices de reciclaje de 99,5% para botellas de cerveza y gaseosas y 99,5 para PET reutilizable.
La situación nacional
En Argentina, mientras tanto, las tasas de reciclaje posconsumo de plástico son de 24%, según la Cámara Argentina de Industrias Plásticas (CAIP). El ministerio de Ambiente de la Nación no cuenta con estadísticas al respecto.
“Nos interesa que se trate una ley porque una gran cantidad envases saldría de circulación, el fabricante se haría cargo de procesarlos una vez consumido su contenido y de que vuelvan a la cadena de producción”, comentó Diego Albareda, del departamento de Conservación del Ecoparque de Buenos Aires.
Desde 2005, el equipo de conservación del Ecoparque rehabilita y estudia tortugas marinas provenientes de varamientos o captura incidental en las costas bonaerenses, y encontró restos de plástico en 97 de cada 100 animales.
Proyecto
En septiembre último, Argumedo, junto con la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores -que agrupa unas 70 cooperativas- y otros legisladores, presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases.
El proyecto establece un presupuesto mínimo para la gestión de estos residuos “a fin de prevenir y reducir su impacto ambiental disminuyendo la cantidad que se insertan en el mercado, minimizando su disposición final en rellenos sanitarios y priorizando la reutilización y el reciclado”.
La iniciativa no fue evaluada por ninguna de las tres comisiones parlamentarias que deben aprobarla (Ambiente, Asuntos Cooperativos y Presupuesto) para su posterior debate en el recinto, señaló la diputada.
CAIP le dijo a Télam que acompañaría la implementación de un “Sistema Integrado de Gestión” público-privado que se financie “mediante el aporte de los envasadores”.
Según la propuesta de CAIP, los envasadores pagarían un monto por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado y, en función de los diferentes tipos de envases y materiales que los componen, cuanto más fácilmente reciclable sea el envase, menor será la suma .
Además del proyecto de Argumedo, existen en la Cámara de Diputados otros dos, uno presentado por la diputada María Emilia Soria (FpV Río Negro) y un tercero elaborado por Guillermo Snopek (PJ Jujuy).
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Récord de residuos en canales de Neuquén
Récord de mugre en dos canales del oeste: sacaron 15 toneladas de basura por día
Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Dos canales de la ciudad se llevaron el triste récord de ser los más sucios. Según informó la Municipalidad, se retiraron 15 toneladas de basura por día durante un mes en el que se realzaron las tareas de limpieza y mantenimiento.
Se trata de los canales de calle Necochea y su continuación en Crouzeilles, y el de calle- Rohde, dos cauces fundamentales para el escurrimiento de las aguas hacia el arroyo Durán.
"Por día de trabajo, entre ambos cursos de agua se están sacando 65 metros cúbicos de basura entre residuos y sedimentos. En Crouzeilles empezamos hace más de 20 días, arrancamos en el canal Necochea desde la calle El Trébol y de ahí hasta Crouzeilles; estamos sacando unos 50 metros cúbicos de basura al día”, contó el subsecretario de Mantenimiento Vial, Juan Manuel López Osornio.
Destacó que en todo el tramo que se limpió hubo sectores en donde se observó un mejor comportamiento de los vecinos comparado con Otras limpiezas en el mismo canal, pero aclaró que aún se sorprenden con la cantidad de residuos con la que se encuentran todos los días.
“Hemos encontrado partes mucho más cuidadas que en otras oportunidades, y es algo para recalcar porque entendemos que los vecinos empiezan a cambiar un poco sus malas costumbres y no arrojan residuos al margen del canal, pero sí nos encontramos con lugares donde sacamos muchas bolsas de residuos domiciliarios y voluminosos como cubiertas y escombros y hasta un lavarropas”, describió.
Osornio recordó que hace seis meses atrás se habían hecho las mismas tareas en ese sector.
A la par, hace un mes se está trabajando en el canal Rohde haciendo tareas más puntuales sobre lo que es el sedimento acumulado. “Estamos con la limpieza de las cámaras desarenadoras de este canal, y esta semana estamos con una específica que sería la parte entubada”, explicó Osornio.
“Lo que se busca con estas tareas es que el agua corra bien por estos canales, y si tenemos lluvia muy pronunciadas no se saturen”, comentó Osornio.
Recordó a todos los vecinos que tengan residuos voluminosos para arrojar que el municipio dispone de dos espacios a los que pueden acercarse y dejar todo tipo desecho que son los centros de transferencias. Están abiertos de 8 a 20 todos los días del año, uno se encuentra en José Rosa 750 y el otro en la delegación de Alto Godoy.
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Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Dos canales de la ciudad se llevaron el triste récord de ser los más sucios. Según informó la Municipalidad, se retiraron 15 toneladas de basura por día durante un mes en el que se realzaron las tareas de limpieza y mantenimiento.
Se trata de los canales de calle Necochea y su continuación en Crouzeilles, y el de calle- Rohde, dos cauces fundamentales para el escurrimiento de las aguas hacia el arroyo Durán.
"Por día de trabajo, entre ambos cursos de agua se están sacando 65 metros cúbicos de basura entre residuos y sedimentos. En Crouzeilles empezamos hace más de 20 días, arrancamos en el canal Necochea desde la calle El Trébol y de ahí hasta Crouzeilles; estamos sacando unos 50 metros cúbicos de basura al día”, contó el subsecretario de Mantenimiento Vial, Juan Manuel López Osornio.
Destacó que en todo el tramo que se limpió hubo sectores en donde se observó un mejor comportamiento de los vecinos comparado con Otras limpiezas en el mismo canal, pero aclaró que aún se sorprenden con la cantidad de residuos con la que se encuentran todos los días.
“Hemos encontrado partes mucho más cuidadas que en otras oportunidades, y es algo para recalcar porque entendemos que los vecinos empiezan a cambiar un poco sus malas costumbres y no arrojan residuos al margen del canal, pero sí nos encontramos con lugares donde sacamos muchas bolsas de residuos domiciliarios y voluminosos como cubiertas y escombros y hasta un lavarropas”, describió.
Osornio recordó que hace seis meses atrás se habían hecho las mismas tareas en ese sector.
A la par, hace un mes se está trabajando en el canal Rohde haciendo tareas más puntuales sobre lo que es el sedimento acumulado. “Estamos con la limpieza de las cámaras desarenadoras de este canal, y esta semana estamos con una específica que sería la parte entubada”, explicó Osornio.
“Lo que se busca con estas tareas es que el agua corra bien por estos canales, y si tenemos lluvia muy pronunciadas no se saturen”, comentó Osornio.
Recordó a todos los vecinos que tengan residuos voluminosos para arrojar que el municipio dispone de dos espacios a los que pueden acercarse y dejar todo tipo desecho que son los centros de transferencias. Están abiertos de 8 a 20 todos los días del año, uno se encuentra en José Rosa 750 y el otro en la delegación de Alto Godoy.
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Clausuran predio de la SRA por contaminar arroyo
Acumar clausuró predios de la Sociedad Rural de Cañuelas
Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) realizó hoy un operativo de inspección y clausura en un sector de la Sociedad Rural de Cañuelas destinado al lavado de ganado y en un lavadero de camiones que volcaban vertidos sin tratar en el Arroyo Cebey.
Sobre los establecimientos de la Sociedad Rural de Cañuelas pesaban varias denuncias anónimas y deberán presentar un plan de Adecuación Ambiental, informó Acumar a través de un comunicado.
"Nos propusimos tomar la Cuenca Alta y particularmente la Cuenca del Arroyo Cebey como testigo y prioridad en el saneamiento, para alcanzar nuestros objetivos de calidad de agua y demostrar que se puede tener un Cuenca sin contaminación", expresó el director de Fiscalización y Control Ambiental del organismo, Hernán Asencio, durante el operativo de control que culminó con dos clausuras en Cañuelas.
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Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) realizó hoy un operativo de inspección y clausura en un sector de la Sociedad Rural de Cañuelas destinado al lavado de ganado y en un lavadero de camiones que volcaban vertidos sin tratar en el Arroyo Cebey.
Sobre los establecimientos de la Sociedad Rural de Cañuelas pesaban varias denuncias anónimas y deberán presentar un plan de Adecuación Ambiental, informó Acumar a través de un comunicado.
"Nos propusimos tomar la Cuenca Alta y particularmente la Cuenca del Arroyo Cebey como testigo y prioridad en el saneamiento, para alcanzar nuestros objetivos de calidad de agua y demostrar que se puede tener un Cuenca sin contaminación", expresó el director de Fiscalización y Control Ambiental del organismo, Hernán Asencio, durante el operativo de control que culminó con dos clausuras en Cañuelas.
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Río Negro marchó contra la planta nuclear
Definitivamente, 'No a la planta nuclear'
Fecha de Publicación: 12/08/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Cientos de personas gritaron “No a la planta nuclear en la Patagonia” durante la marcha que ayer concentró a vecinos de esta capital, Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Conesa, Sierra Grande y de varias localidades de Chubut. Otras manifestaciones similares, aunque no tan masivas se llevaron a cabo en una veintena de ciudades del país.
La movilización fue pacífica y reunió a referentes de distintas agrupaciones aunque no hubo distinciones, más que algunas pecheras aisladas y decenas de vecinos comunes que dejaron en claro su oposición al proyecto. Primó el clima artístico, con intervenciones alusivas al rechazo al establecimiento de una central atómica en la costa rionegrina.
La ausencia casi total de custodia policial en el exterior de los edificios públicos por los que pasó la marcha evitó provocaciones y reacciones de los manifestantes. Los uniformados permanecieron en el interior de Casa de Gobierno, en el Palacio del Poder Judicial, la Legislatura entre otros organismos, además de algunos agentes que cortaron el tránsito en las esquinas, junto al personal municipal.
Desde la organización de la marcha se buscó que no se registraran pintadas ni ninguna acción violenta. Se impidió que se estamparan leyendas en las paredes de Casa de Gobierno y también se llamó la atención a quienes lanzaron estruendosos artículos de pirotecnia que están prohibidos en la ciudad.
A pesar del intenso frío y algunos anuncios de lluvia -que finalmente no ocurrió- fueron unas dos mil personas las que caminaron las calles desde la Catedral, hasta la plaza San Martín, para regresar luego por el frente de la Legislatura hasta Plaza Alsina.
A los viedmenses se sumaron referentes de otras ciudades costeras. “No van a poder doblegarnos, porque en Sierra Grande nos estamos movilizando y además porque recibimos el cálido abrazo de los pueblos de la región, agradecemos a Viedma, Puerto Madryn y San Antonio Oeste por su acompañamiento y queremos que la próxima marcha nacional se haga en nuestra localidad”, afirmó Gustavo Cifuentes, el referente serrano que ofició de orador.
“A mí hoy me cuesta mucho estar acá, pero veo a los niños y me parte al medio porque son el futuro. La gente de Sierra Grande le tiene miedo al gobierno y a quedarse sin trabajo porque los han amenazado, los funcionarios se ríen de la necesidad, no les importa lo que le pasa al pueblo”, dijo a DeViedma, Eliana Alvarez, una joven de 21 años que dejó su trabajo para participar.
Desde San Antonio Oeste y Las Grutas, llegaron un par de micros, combis y vehículos particulares, con unas 150 personas también a sumarse al reclamo.
Hubo fuertes críticas a la Secretaría de Ambiente que conduce Dina Migani y al gobernador Alberto Weretilneck, a quien fueron dirigidos los cánticos.
Desde Puerto Pirámides, en la península Valdés, llegó un grupo liderado por el intendente Javier Roldán, quien dijo que “ese lugar es Patrimonio de la Humanidad y venimos a repudiar este proyecto porque más allá de la distancia por ruta estamos a apenas unos 80 kilómetros apenas separados por un pequeño golfo y compartimos los recursos naturales con Río Negro”.
La masiva concentración regresó a la plaza Alsina y culminó con la presentación de bandas locales en el frente de la Catedral.
En la previa de la marcha de ayer, se entregaron plantines frente a la Casa de Gobierno. Luego durante una conferencia de prensa el sacerdote Luis García fue el vocero del grupo y señaló que “esta es una fecha histórica, es el punto de llegada de este proceso de lucha” y “como pueblo le decimos no a la energía nuclear en Viedma y no a la energía nuclear en la Patagonia”.
Y agregó que “la lucha tiene que continuar” y debemos ”exigir el desmantelamiento de todas las centrales nucleares” y enumeró las tres que están en funcionamiento en nuestro país.
En la zona cordillerana, el epicentro de las protestas estuvo en El Bolsón. Medio centenar de vecinos se reunieron en la plaza Pagano y participaron de la “festimarcha”. Nora Corvalán, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, dijo que “el proyecto de la planta nuclear es parte de un círculo perverso, que comienza con la extracción de uranio y con miles de derechos mineros ya otorgados, tanto en Río Negro como en Chubut. Entonces se entiende por qué hace falta una nueva central. No es para que los vecinos de Catriel o Ramos Mexía tengan mejor luz, es para alimentar a las mineras”.
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Fecha de Publicación: 12/08/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Cientos de personas gritaron “No a la planta nuclear en la Patagonia” durante la marcha que ayer concentró a vecinos de esta capital, Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Conesa, Sierra Grande y de varias localidades de Chubut. Otras manifestaciones similares, aunque no tan masivas se llevaron a cabo en una veintena de ciudades del país.
La movilización fue pacífica y reunió a referentes de distintas agrupaciones aunque no hubo distinciones, más que algunas pecheras aisladas y decenas de vecinos comunes que dejaron en claro su oposición al proyecto. Primó el clima artístico, con intervenciones alusivas al rechazo al establecimiento de una central atómica en la costa rionegrina.
La ausencia casi total de custodia policial en el exterior de los edificios públicos por los que pasó la marcha evitó provocaciones y reacciones de los manifestantes. Los uniformados permanecieron en el interior de Casa de Gobierno, en el Palacio del Poder Judicial, la Legislatura entre otros organismos, además de algunos agentes que cortaron el tránsito en las esquinas, junto al personal municipal.
Desde la organización de la marcha se buscó que no se registraran pintadas ni ninguna acción violenta. Se impidió que se estamparan leyendas en las paredes de Casa de Gobierno y también se llamó la atención a quienes lanzaron estruendosos artículos de pirotecnia que están prohibidos en la ciudad.
A pesar del intenso frío y algunos anuncios de lluvia -que finalmente no ocurrió- fueron unas dos mil personas las que caminaron las calles desde la Catedral, hasta la plaza San Martín, para regresar luego por el frente de la Legislatura hasta Plaza Alsina.
A los viedmenses se sumaron referentes de otras ciudades costeras. “No van a poder doblegarnos, porque en Sierra Grande nos estamos movilizando y además porque recibimos el cálido abrazo de los pueblos de la región, agradecemos a Viedma, Puerto Madryn y San Antonio Oeste por su acompañamiento y queremos que la próxima marcha nacional se haga en nuestra localidad”, afirmó Gustavo Cifuentes, el referente serrano que ofició de orador.
“A mí hoy me cuesta mucho estar acá, pero veo a los niños y me parte al medio porque son el futuro. La gente de Sierra Grande le tiene miedo al gobierno y a quedarse sin trabajo porque los han amenazado, los funcionarios se ríen de la necesidad, no les importa lo que le pasa al pueblo”, dijo a DeViedma, Eliana Alvarez, una joven de 21 años que dejó su trabajo para participar.
Desde San Antonio Oeste y Las Grutas, llegaron un par de micros, combis y vehículos particulares, con unas 150 personas también a sumarse al reclamo.
Hubo fuertes críticas a la Secretaría de Ambiente que conduce Dina Migani y al gobernador Alberto Weretilneck, a quien fueron dirigidos los cánticos.
Desde Puerto Pirámides, en la península Valdés, llegó un grupo liderado por el intendente Javier Roldán, quien dijo que “ese lugar es Patrimonio de la Humanidad y venimos a repudiar este proyecto porque más allá de la distancia por ruta estamos a apenas unos 80 kilómetros apenas separados por un pequeño golfo y compartimos los recursos naturales con Río Negro”.
La masiva concentración regresó a la plaza Alsina y culminó con la presentación de bandas locales en el frente de la Catedral.
En la previa de la marcha de ayer, se entregaron plantines frente a la Casa de Gobierno. Luego durante una conferencia de prensa el sacerdote Luis García fue el vocero del grupo y señaló que “esta es una fecha histórica, es el punto de llegada de este proceso de lucha” y “como pueblo le decimos no a la energía nuclear en Viedma y no a la energía nuclear en la Patagonia”.
Y agregó que “la lucha tiene que continuar” y debemos ”exigir el desmantelamiento de todas las centrales nucleares” y enumeró las tres que están en funcionamiento en nuestro país.
En la zona cordillerana, el epicentro de las protestas estuvo en El Bolsón. Medio centenar de vecinos se reunieron en la plaza Pagano y participaron de la “festimarcha”. Nora Corvalán, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, dijo que “el proyecto de la planta nuclear es parte de un círculo perverso, que comienza con la extracción de uranio y con miles de derechos mineros ya otorgados, tanto en Río Negro como en Chubut. Entonces se entiende por qué hace falta una nueva central. No es para que los vecinos de Catriel o Ramos Mexía tengan mejor luz, es para alimentar a las mineras”.
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Justicia ordena sanear la escombrera de Pelambres
El juez Rago Gallo ordenó retirar la escombrera que dejó Pelambres en Calingasta
Fecha de Publicación: 12/08/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
“Tuvimos la oportunidad de estar en Los Pelambres y pudimos constatar fehacientemente cuál es la situación y la magnitud de la escombrera. Habrá que determinar en su momento, con las pericias, de qué manera se puede llevar a cabo eso que es de gran magnitud. De manera tal que es una decisión importante la que hay que tomar y va a haber que escuchar a los peritos al respecto”. La frase corresponde al juez Federal Leopoldo Rago Gallo y la dijo el 31 de julio.
Este miércoles, se conoció que finalmente el magistrado ordenó el retiro de la escombrera que Los Pelambres armó durante años en suelo calingastino. La medida había sido pedida por el fiscal Francisco Maldonado en sintonía con lo que pretendía el Gobierno provincial.
Para Maldonado, el cese en el delitoe ra pura y exclusivamente el retiro del megabasurero minero “sin dilación alguna, ordenándose a los peritos designados en la causa que elaboren un plan progresivo de ejecución”, dejó claro el funcionario judicial en el requerimiento que le hizo a Rago Gallo.
Pero además, mientras se produce el retiro de los escombros se deberá “llevar a cabo las medidas cautelares ya solicitadas por la provincia donde se encuentra la compactación de la escombrera, un sistema de drenaje de aguas superficiales, hacer monitoreos constantes tanto del suelo como del agua y, de ser necesario, instalar una planta de tratamiento de aguas”.
Para saber
Según consta en el expediente, en 2004 el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals a comenzar con la construcción de la escombrera Cerro Amarillo, algo que al parecer recién se inició tres años después, extendiéndose hasta por lo menos 2012. Recién en 2014 y en 2015, la empresa concesionaria del lugar donde está ubicado parte de la escombrera, Glencore, demandó y denunció respectivamente la existencia de la escombrera en la Justicia federal.
Tal como lo plantea la provincia y lo hace saber el fiscal federal, dada la dimensión de la escombrera, de 35 millones de toneladas de desechos, “resulta casi imposible que quienes explotaban el proyecto El Pachón no hayan advertido las acciones realizadas por la minera Los Pelambres dentro del territorio concesionado”, lo que hace suponer que las autoridades de la empresa, Glencore, pudieron validar la formación del depósito, lo que implicaría también un delito. Por eso motivo es que el fiscal Maldonado dio lugar al pedido de la provincia para que también se investigue a los exdirectivos de Xstrata Pachón SA desde el año 2004 hasta la fecha.
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Fecha de Publicación: 12/08/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
“Tuvimos la oportunidad de estar en Los Pelambres y pudimos constatar fehacientemente cuál es la situación y la magnitud de la escombrera. Habrá que determinar en su momento, con las pericias, de qué manera se puede llevar a cabo eso que es de gran magnitud. De manera tal que es una decisión importante la que hay que tomar y va a haber que escuchar a los peritos al respecto”. La frase corresponde al juez Federal Leopoldo Rago Gallo y la dijo el 31 de julio.
Este miércoles, se conoció que finalmente el magistrado ordenó el retiro de la escombrera que Los Pelambres armó durante años en suelo calingastino. La medida había sido pedida por el fiscal Francisco Maldonado en sintonía con lo que pretendía el Gobierno provincial.
Para Maldonado, el cese en el delitoe ra pura y exclusivamente el retiro del megabasurero minero “sin dilación alguna, ordenándose a los peritos designados en la causa que elaboren un plan progresivo de ejecución”, dejó claro el funcionario judicial en el requerimiento que le hizo a Rago Gallo.
Pero además, mientras se produce el retiro de los escombros se deberá “llevar a cabo las medidas cautelares ya solicitadas por la provincia donde se encuentra la compactación de la escombrera, un sistema de drenaje de aguas superficiales, hacer monitoreos constantes tanto del suelo como del agua y, de ser necesario, instalar una planta de tratamiento de aguas”.
Para saber
Según consta en el expediente, en 2004 el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals a comenzar con la construcción de la escombrera Cerro Amarillo, algo que al parecer recién se inició tres años después, extendiéndose hasta por lo menos 2012. Recién en 2014 y en 2015, la empresa concesionaria del lugar donde está ubicado parte de la escombrera, Glencore, demandó y denunció respectivamente la existencia de la escombrera en la Justicia federal.
Tal como lo plantea la provincia y lo hace saber el fiscal federal, dada la dimensión de la escombrera, de 35 millones de toneladas de desechos, “resulta casi imposible que quienes explotaban el proyecto El Pachón no hayan advertido las acciones realizadas por la minera Los Pelambres dentro del territorio concesionado”, lo que hace suponer que las autoridades de la empresa, Glencore, pudieron validar la formación del depósito, lo que implicaría también un delito. Por eso motivo es que el fiscal Maldonado dio lugar al pedido de la provincia para que también se investigue a los exdirectivos de Xstrata Pachón SA desde el año 2004 hasta la fecha.
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Rawson: Residuos orgánicos de la pesca tendrán tratamiento
Montarán una estación de transferencia de residuos orgánicos de la pesca
Fecha de Publicación: 12/08/2017
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco del acuerdo firmado el pasado 31 de julio entre las empresas, la Municipalidad de Rawson y el Gobierno de la Provincia, funcionarios municipales junto a representantes de pesqueras de la ciudad capital visitaron las instalaciones de la Planta de Transferencia del sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el fin de avanzar en las gestiones orientadas a construir una estación de transferencia de residuos orgánicos de la pesca para cumplir con la ordenanza de prohibición de enterramiento de desechos pesqueros en el ejido capitalino.
Por parte de la Municipalidad de Rawson, la visita fue realizada por funcionarios de las Secretarías de Planeamiento y Desarrollo Urbano, de Producción y Medio Ambiente, y de Obras y Servicios Públicos.
Compromiso
“Existe el compromiso de las empresas pesqueras de la ciudad de realizar las inversiones en infraestructura necesarias para trasladar los residuos de langostino fuera de la ciudad, siendo la empresa Harinas Patagónicas la que se hará cargo del traslado a su planta, de acuerdo a lo firmado en conjunto entre el empresariado local, el municipio y el Gobierno Provincial el pasado 31 de julio”, se indicó desde la Secretaría de Producción y Medio Ambiente.
Cabe recordar que por ordenanza 7.786 aprobada el 16 de mayo por el Concejo Deliberante se avaló el acuerdo entre la Municipalidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia que establece “mecanismos legales, técnicos e institucionales que determinen la prohibición de la disposición final de residuos de la industria de la pesca en los recintos o basurales dentro del ejido de Rawson”.
En ese contexto, la intendenta Rossana Artero firmó el acuerdo entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia, las empresas pesqueras de Rawson y la planta Harinas Patagónicas por el cual se da solución al histórico problema del enterramiento de los residuos pesqueros en el ejido de la ciudad. El acuerdo es resultado de un intenso trabajo que tuvo como uno de sus principales impulsores a Rawson, en virtud de la mencionada legislación vigente.
“Con estas gestiones, el municipio capitalino espera eliminar el problema de olores en la ciudad causados por el desecho generado por la actividad productiva más importante de la ciudad”, se agregó.
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Fecha de Publicación: 12/08/2017
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En el marco del acuerdo firmado el pasado 31 de julio entre las empresas, la Municipalidad de Rawson y el Gobierno de la Provincia, funcionarios municipales junto a representantes de pesqueras de la ciudad capital visitaron las instalaciones de la Planta de Transferencia del sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el fin de avanzar en las gestiones orientadas a construir una estación de transferencia de residuos orgánicos de la pesca para cumplir con la ordenanza de prohibición de enterramiento de desechos pesqueros en el ejido capitalino.
Por parte de la Municipalidad de Rawson, la visita fue realizada por funcionarios de las Secretarías de Planeamiento y Desarrollo Urbano, de Producción y Medio Ambiente, y de Obras y Servicios Públicos.
Compromiso
“Existe el compromiso de las empresas pesqueras de la ciudad de realizar las inversiones en infraestructura necesarias para trasladar los residuos de langostino fuera de la ciudad, siendo la empresa Harinas Patagónicas la que se hará cargo del traslado a su planta, de acuerdo a lo firmado en conjunto entre el empresariado local, el municipio y el Gobierno Provincial el pasado 31 de julio”, se indicó desde la Secretaría de Producción y Medio Ambiente.
Cabe recordar que por ordenanza 7.786 aprobada el 16 de mayo por el Concejo Deliberante se avaló el acuerdo entre la Municipalidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia que establece “mecanismos legales, técnicos e institucionales que determinen la prohibición de la disposición final de residuos de la industria de la pesca en los recintos o basurales dentro del ejido de Rawson”.
En ese contexto, la intendenta Rossana Artero firmó el acuerdo entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia, las empresas pesqueras de Rawson y la planta Harinas Patagónicas por el cual se da solución al histórico problema del enterramiento de los residuos pesqueros en el ejido de la ciudad. El acuerdo es resultado de un intenso trabajo que tuvo como uno de sus principales impulsores a Rawson, en virtud de la mencionada legislación vigente.
“Con estas gestiones, el municipio capitalino espera eliminar el problema de olores en la ciudad causados por el desecho generado por la actividad productiva más importante de la ciudad”, se agregó.
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