Córdoba nuevamente marchó para proteger su monte
07:00 | 
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Organizaciones ambientales marcharon en defensa de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Jujuy: presentan actualización del mapa de bosques
Ambiente expuso el proyecto para un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia presentó oportunamente a la Legislatura de Jujuy para su tratamiento, tal como prevé la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, el proyecto de Ley que tiene por finalidad la "Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy”.
Este nuevo ordenamiento busca identificar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas boscosas de la Provincia, la distribución geográfica y la superficie; y presenta además la propuesta de un ordenamiento territorial que considera las áreas de bosques a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros tipos de usos que mantienen la cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Según explicó la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, "es importante que la Legislatura valide y legitime, a través del tratamiento en la cámara, un proceso que hemos llevado adelante de acuerdo a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección y preservación de los bosques nativos y en el marco de restricciones de tiempo ya que cuando asumimos la gestión el proceso de actualización de la masa boscosa estaba por vencer y pudimos conseguir ante el Ministerio de Ambiente de Nación una prórroga para llevarlo adelante”.
La funcionaria detalló en el mismo sentido la importancia de la validación del proceso de actualización: "significa una legitimación del trabajo realizado y el corolario de procedimientos que le dan a la provincia una herramienta técnica para continuar con un proceso que además siempre está abierto, porque la actualización debe hacerse cada cinco años y la información debe ser construida de manera permanente”, aclaró.
Es importante destacar que la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se llevó adelante desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Unidad de Bosques Nativos, y la Dirección de Bosques, todas áreas del Ministerio de Ambiente. Además de contar con la participación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, a cuyo cargo se encuentra Natalia Sarapura.
Un proceso técnico, participativo, y enriquecedor
La provincia recupera con la nueva actualización del OTBN, un proceso continuo y progresivo de actualización, optimizando la información de base, conformando la posibilidad de diálogo y consenso a través de un espacio integrado por diferentes actores públicos y privados, incluidas las comunidades originarias y campesinas.
Por otro lado, esta actualización se asienta fundamentalmente en los Planes de Ordenamientos Prediales generados y aprobados desde 2009 en adelante, en Planes de Cambio de Uso de Suelo aprobados, y los desmontes autorizados. La revisión realizada por los equipos técnicos del ministerio ha organizado, identificado y compilado la información sobre la que se ha construido la propuesta de zonificación de los bosques nativos, tomando de base el OTBN aprobado en 2011, con la incorporación de los bosquecillos de Churquis y Queñoas de Quebrada y Puna.
En este marco, el Ministerio de Ambiente de la Provincia ajustó la cobertura digital de bosques nativos del OTBN a las superficies de bosques no considerados en 2011 y detección de cambios en la superficie de bosque nativo por cambios de uso.
Luego de los estudios de revisión técnica registrados en expedientes que se gestionan por cada uno de los planes de ordenamiento predial y de los titulares de zonas que tienen presencia de masa boscosa, se llevó adelante un trabajo participativo con diversos actores.
Los referentes de Ambiente mantuvieron reuniones con representantes del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades ambientalistas, del sector productivo, de los pueblos indígenas. Además de talleres, encuentros, y consultas con pueblos indígenas.
Se trató en definitiva de un proceso muy rico que además permitió considerar muchos de los aportes que en realidad tienen que ver con cuestiones que requieren la modificación de la Ley Nacional y que es competencia del Congreso de la Nación. No obstante desde el Ministerio de Ambiente asumieron el compromiso de discutir, en el contexto de los diez años de la Ley de Bosque, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en la ley, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es presidido por la ministra jujeña María Inés Zigarán.
"Hemos gestionado en el marco de esa diversidad de intereses, a veces contrapuestos porque naturalmente cada sector tiene una mirada propia de la gestión de los bosques nativos, tratando de recuperar aportes de todos los actores, y fundamentalmente desde un gran trabajo técnico en función de las restricciones que impone la ley”, ponderó la ministra Zigarán.
Al mismo tiempo, luego de aclarar que el proceso concluyó con una instancia de Audiencia Pública en noviembre del año pasado, insistió diciendo que "hemos dado un salto cualitativo en el proceso que ha sido altamente participativo, verdaderamente democrático; que ha tenido una gran calidad técnica por la información que se ha recabado y sobre todo un gran esfuerzo de los equipos del ministerio de ambiente”.
Desarrollo sustentable y alternativas de complementariedad
Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy, alrededor de un millón de hectáreas, representan ecosistemas ambientales y productivamente sensibles para el mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal, mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales como también es relevante para la obtención de recursos de subsistencia de comunidades indígenas, rurales y peri-urbanas ubicadas en las poblaciones del pedemonte, chaqueñas y las áreas montañosas de la provincia.
Finalmente, la Ministra de Ambiente de Jujuy dijo que pretenden seguir trabajando en la protección y conservación de los bosques nativos, más aun en un contexto de cambio climático donde es cada vez más importante la presencia de la masa boscosa. "Pero además también entendemos que el manejo sustentable de los bosques nativos puede ser una economía complementaria para las comunidades locales, que ayude también a la mejora en la calidad de vida, al desarrollo de productos forestales o no forestales, y no madereros”, valoró.
"Nuestra mirada es de conservación y protección pero también de un desarrollo sustentable, que se tiene que hacer en el marco de lo que permite la legislación y aquellas disposiciones que garanticen la sustentabilidad del bosque en nuestra provincia”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de la Provincia presentó oportunamente a la Legislatura de Jujuy para su tratamiento, tal como prevé la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, el proyecto de Ley que tiene por finalidad la "Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy”.
Este nuevo ordenamiento busca identificar las unidades ambientales y de uso del suelo presentes en las áreas boscosas de la Provincia, la distribución geográfica y la superficie; y presenta además la propuesta de un ordenamiento territorial que considera las áreas de bosques a proteger, las áreas sometidas a manejo forestal u otros tipos de usos que mantienen la cobertura del bosque y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Según explicó la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, "es importante que la Legislatura valide y legitime, a través del tratamiento en la cámara, un proceso que hemos llevado adelante de acuerdo a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección y preservación de los bosques nativos y en el marco de restricciones de tiempo ya que cuando asumimos la gestión el proceso de actualización de la masa boscosa estaba por vencer y pudimos conseguir ante el Ministerio de Ambiente de Nación una prórroga para llevarlo adelante”.
La funcionaria detalló en el mismo sentido la importancia de la validación del proceso de actualización: "significa una legitimación del trabajo realizado y el corolario de procedimientos que le dan a la provincia una herramienta técnica para continuar con un proceso que además siempre está abierto, porque la actualización debe hacerse cada cinco años y la información debe ser construida de manera permanente”, aclaró.
Es importante destacar que la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se llevó adelante desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Unidad de Bosques Nativos, y la Dirección de Bosques, todas áreas del Ministerio de Ambiente. Además de contar con la participación de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, a cuyo cargo se encuentra Natalia Sarapura.
Un proceso técnico, participativo, y enriquecedor
La provincia recupera con la nueva actualización del OTBN, un proceso continuo y progresivo de actualización, optimizando la información de base, conformando la posibilidad de diálogo y consenso a través de un espacio integrado por diferentes actores públicos y privados, incluidas las comunidades originarias y campesinas.
Por otro lado, esta actualización se asienta fundamentalmente en los Planes de Ordenamientos Prediales generados y aprobados desde 2009 en adelante, en Planes de Cambio de Uso de Suelo aprobados, y los desmontes autorizados. La revisión realizada por los equipos técnicos del ministerio ha organizado, identificado y compilado la información sobre la que se ha construido la propuesta de zonificación de los bosques nativos, tomando de base el OTBN aprobado en 2011, con la incorporación de los bosquecillos de Churquis y Queñoas de Quebrada y Puna.
En este marco, el Ministerio de Ambiente de la Provincia ajustó la cobertura digital de bosques nativos del OTBN a las superficies de bosques no considerados en 2011 y detección de cambios en la superficie de bosque nativo por cambios de uso.
Luego de los estudios de revisión técnica registrados en expedientes que se gestionan por cada uno de los planes de ordenamiento predial y de los titulares de zonas que tienen presencia de masa boscosa, se llevó adelante un trabajo participativo con diversos actores.
Los referentes de Ambiente mantuvieron reuniones con representantes del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil, de entidades ambientalistas, del sector productivo, de los pueblos indígenas. Además de talleres, encuentros, y consultas con pueblos indígenas.
Se trató en definitiva de un proceso muy rico que además permitió considerar muchos de los aportes que en realidad tienen que ver con cuestiones que requieren la modificación de la Ley Nacional y que es competencia del Congreso de la Nación. No obstante desde el Ministerio de Ambiente asumieron el compromiso de discutir, en el contexto de los diez años de la Ley de Bosque, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en la ley, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es presidido por la ministra jujeña María Inés Zigarán.
"Hemos gestionado en el marco de esa diversidad de intereses, a veces contrapuestos porque naturalmente cada sector tiene una mirada propia de la gestión de los bosques nativos, tratando de recuperar aportes de todos los actores, y fundamentalmente desde un gran trabajo técnico en función de las restricciones que impone la ley”, ponderó la ministra Zigarán.
Al mismo tiempo, luego de aclarar que el proceso concluyó con una instancia de Audiencia Pública en noviembre del año pasado, insistió diciendo que "hemos dado un salto cualitativo en el proceso que ha sido altamente participativo, verdaderamente democrático; que ha tenido una gran calidad técnica por la información que se ha recabado y sobre todo un gran esfuerzo de los equipos del ministerio de ambiente”.
Desarrollo sustentable y alternativas de complementariedad
Las áreas boscosas naturales actuales de la Provincia de Jujuy, alrededor de un millón de hectáreas, representan ecosistemas ambientales y productivamente sensibles para el mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal, mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales como también es relevante para la obtención de recursos de subsistencia de comunidades indígenas, rurales y peri-urbanas ubicadas en las poblaciones del pedemonte, chaqueñas y las áreas montañosas de la provincia.
Finalmente, la Ministra de Ambiente de Jujuy dijo que pretenden seguir trabajando en la protección y conservación de los bosques nativos, más aun en un contexto de cambio climático donde es cada vez más importante la presencia de la masa boscosa. "Pero además también entendemos que el manejo sustentable de los bosques nativos puede ser una economía complementaria para las comunidades locales, que ayude también a la mejora en la calidad de vida, al desarrollo de productos forestales o no forestales, y no madereros”, valoró.
"Nuestra mirada es de conservación y protección pero también de un desarrollo sustentable, que se tiene que hacer en el marco de lo que permite la legislación y aquellas disposiciones que garanticen la sustentabilidad del bosque en nuestra provincia”, concluyó.
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La familia Macri involucrada con la minería, sin palabras
Grupo Macri: también se dedicarán a la minería
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Nacional
La empresa Sideco decidió impulsar uno de los negocios que más auge está teniendo en el país. Hicieron una presentación en "sociedad" de la compañía ante una convención internacional que se hizo recientemente en Canadá.
Durante un encuentro internacional que se hizo en Toronto, Canáda, Franco Macri, titular de Sideco, presentó su empresa Minera Geometales S. A, la cual viene realizando tareas de exploración geológica en proyectos de oro y cobre en las propiedades que tienen en San Juan y Mendoza.
En este marco, Javier Sánchez Caballero, vicepresidente de Minera Geometales, comentó la "buena" situación por la que pasa el país en materia de inversiones mineras y explicitó el interés que tienen por obtener financiamiento en el exterior.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Nacional
La empresa Sideco decidió impulsar uno de los negocios que más auge está teniendo en el país. Hicieron una presentación en "sociedad" de la compañía ante una convención internacional que se hizo recientemente en Canadá.
Durante un encuentro internacional que se hizo en Toronto, Canáda, Franco Macri, titular de Sideco, presentó su empresa Minera Geometales S. A, la cual viene realizando tareas de exploración geológica en proyectos de oro y cobre en las propiedades que tienen en San Juan y Mendoza.
En este marco, Javier Sánchez Caballero, vicepresidente de Minera Geometales, comentó la "buena" situación por la que pasa el país en materia de inversiones mineras y explicitó el interés que tienen por obtener financiamiento en el exterior.
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Misiones aumenta la superficie protegida de bosques
El ministerio de Ecología de Misiones presentó la actualización del ordenamiento de bosques nativos año 2017
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la ministra Verónica Derna a la cabeza, funcionarios del ministerio de Ecología de la provincia presentaron la actualización del ordenamiento de bosques nativos para dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, XVI N° 105 ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicaron que se trata de una tarea que se realiza permanentemente, contabilizando el capital natural de los bosques nativos de Misiones, de acuerdo a las tres categorías que denotan la importancia y valor ecológico, cultural y económico de los montes misioneros, que se dividen en bosques de muy alto valor de conservación (Categoría I-Rojo), Bosques de mediano valor de conservación (Categoría II Amarilllo) y Bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente (Categoría III-Verde).
Como datos destacados cabe resaltar el aumento de la superficie de bosques de alto valor de conservación, en la Categoría I Rojo, los cuales han pasado de 223.468 has.a233.083has, reflejándose un aumento del 4.30 % en esta categoría, la de mayor importancia ecológica y cultural, siendo una de las tres provincias argentinas que verifican un aumento de esta categoría.
Estos aumentos corresponden principalmente a la incorporación a esta categoría de Reservas privadas, cuyos propietarios voluntariamente accedieron a incluir el monte nativo de estas parcelas en esta categoría, dado que cumplen con los requisitos legales, como ser su categoría de manejo como área natural protegida, su vinculación con otras áreas naturales protegidas y comunidades naturales presentes en la región, su estado de conservación, su potencial para la conservación de cuencas hidrográficas, entre otros.
El Mapa actualizado del Anexo A de la Ley XVI Nº 105, con ordenamiento a escala predial de 3740 parcelas, arroja los siguientes resultados: Categoría I-Rojo233.083, Categoría II-Amarillo901.617 has., Categoría III-Verde477.858 has., observándose un tasa anual de cambio de uso de suelo de 0.36%, únicamente en categorías verde y amarilla. El promedio a nivel país se encuentra en el 1.1% anual de acuerdo a datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación correspondientes al año 2015. Los datos anteriores fueron realizados para la puesta en marcha de la Ley XVI N° 105, en el año 2010. Esta Ley en su artículo 44 expresa que la Autoridad de Aplicación debe mantener actualizada en forma permanente y periódica la cartografía, a efectos de contar con la mayor aproximación exactitud, resolución y escala adecuada de los datos del bosque nativo. Esta actualización presenta los datos correspondientes al año 2017, se presenta sobre los datos del año 2010 que eran los siguientes Categoría I, 223.468 has. , Categoría II 967.192 has., Categoría III 447.487 has.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la ministra Verónica Derna a la cabeza, funcionarios del ministerio de Ecología de la provincia presentaron la actualización del ordenamiento de bosques nativos para dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, XVI N° 105 ante la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.
Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, explicaron que se trata de una tarea que se realiza permanentemente, contabilizando el capital natural de los bosques nativos de Misiones, de acuerdo a las tres categorías que denotan la importancia y valor ecológico, cultural y económico de los montes misioneros, que se dividen en bosques de muy alto valor de conservación (Categoría I-Rojo), Bosques de mediano valor de conservación (Categoría II Amarilllo) y Bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente (Categoría III-Verde).
Como datos destacados cabe resaltar el aumento de la superficie de bosques de alto valor de conservación, en la Categoría I Rojo, los cuales han pasado de 223.468 has.a233.083has, reflejándose un aumento del 4.30 % en esta categoría, la de mayor importancia ecológica y cultural, siendo una de las tres provincias argentinas que verifican un aumento de esta categoría.
Estos aumentos corresponden principalmente a la incorporación a esta categoría de Reservas privadas, cuyos propietarios voluntariamente accedieron a incluir el monte nativo de estas parcelas en esta categoría, dado que cumplen con los requisitos legales, como ser su categoría de manejo como área natural protegida, su vinculación con otras áreas naturales protegidas y comunidades naturales presentes en la región, su estado de conservación, su potencial para la conservación de cuencas hidrográficas, entre otros.
El Mapa actualizado del Anexo A de la Ley XVI Nº 105, con ordenamiento a escala predial de 3740 parcelas, arroja los siguientes resultados: Categoría I-Rojo233.083, Categoría II-Amarillo901.617 has., Categoría III-Verde477.858 has., observándose un tasa anual de cambio de uso de suelo de 0.36%, únicamente en categorías verde y amarilla. El promedio a nivel país se encuentra en el 1.1% anual de acuerdo a datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación correspondientes al año 2015. Los datos anteriores fueron realizados para la puesta en marcha de la Ley XVI N° 105, en el año 2010. Esta Ley en su artículo 44 expresa que la Autoridad de Aplicación debe mantener actualizada en forma permanente y periódica la cartografía, a efectos de contar con la mayor aproximación exactitud, resolución y escala adecuada de los datos del bosque nativo. Esta actualización presenta los datos correspondientes al año 2017, se presenta sobre los datos del año 2010 que eran los siguientes Categoría I, 223.468 has. , Categoría II 967.192 has., Categoría III 447.487 has.
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Jujuy concientiza sobre el tráfico de fauna
El mascotismo, enemigo de la biodiversidad
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Tortugas, loros y monos encabezan en nuestra provincia el triste ranking de animales silvestres domesticados.El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) realiza tareas de rescate y preservación de especies.
Por más amor y cuidado que le dediquemos a un animal silvestre en casa, jamás será una buena mascota. Estas especies deben vivir en libertad, en sus ambientes naturales, donde consiguen todo lo necesario para alimentarse, desarrollarse y reproducirse. Pese a ello, el comercio de animales silvestres como mascotas continúa creciendo en América Latina, al punto que diversas organizaciones internacionales como la Unión Mundial para la Naturaleza (Uicn) y Greenpeace han hecho diversos llamados para valorar apropiadamente este problema y detenerlo.
No en vano, es considerado el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, después del de las drogas y las armas; una actividad que a nivel global mueve 180.000 millones de dólares por año.
A esto debe sumársele el "mascotismo", una costumbre popular de la tenencia de animales en cautiverio. Esto se da en mayor medida con las aves, pero también con personas que compran monos, serpientes, tortugas e incluso arañas con este fin. No solo un peligro para la propia especie sino para sus eventuales propietarios.
En Jujuy, esta situación no solo preocupa sino ocupa al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), dependiente del Ministerio de Ambiente, que funciona desde hace casi dos años en la localidad de El Carmen, con el propósito de atender, recuperar y rehabilitar a la fauna autóctona.
Un espacio destinado no sólo a la protección e investigación de especies locales, sino además a prevenir acciones ilegales de extracción y tráfico de animales, que atentan a la conservación de la biodiversidad de la provincia.
Desde su creación ha brindado atención a diferentes especies que son rescatadas, proveniente de tráfico, tenencia y venta ilegal, o encontradas con alguna herida. Las mismas son recuperadas y una vez que se encuentran en buen estado sanitario, son liberadas a su lugar de origen, a su hábitat natural.
Eduardo Vargas, integrante del equipo del Cafaju precisó que el trabajo que realizan es constante e implica "un gran compromiso por parte de un grupo de profesionales que deja muchas horas de su vida, en pos de proteger la vida silvestre de la provincia".
"Recibimos en forma regular un considerable cantidad y diversidad de animales de distintas regiones, a los cuales cuidamos en nuestras instalaciones, entre ellos tortugas, loros, catas, tapires, cóndores, pumas, corzuelas, osos meleros, menciono Vargas", dijo.
Explicó que la idea es que ellos tengan, una buena asistencia médica que les permita, después un periodo intensivo de cuidado, reinsertarse en su lugar de origen, situación que en algunas oportunidades requiere un tiempo prudencial.
"Debemos entender que en algunos casos son especies que perdieron a sus familias (grupo de pertenencia) y que necesitan contención para salir adelante", profundizó.
En relación a la situación de los animales silvestres que habitan la provincia comentó que tortugas (terrestres y acuáticas), loros y monos encabezan el triste ranking en la provincia de especies que son inescrupulosamente domesticadas y traficadas. "La tortuga es el caso más emblemático en todo el norte argentino. Es un animal, que culturalmente es reconocido como doméstico, y que está al alcance de niños y jóvenes. Y a la vez su tenencia y trafico está condenado por la ley", explicó el integrante del Cafaju.
Manifestó que al igual que otros animales exóticos, su permanencia en una casa de familia es sumamente peligroso tanto para ejemplar como para las integrantes de la misma. "Es un animal, en su mayoría herbívoro, que puede transmitir salmonela, una bacteria relativamente peligrosa que está presente en todos los reptiles. También neumonía en personas con bajas defensa", finalizó.
Antonio Vilca, uno de los referentes de la Asociacion de Reptiles de Jujuy, resaltó la importancia que tiene trabajar fuertemente en la conservación y protección de los animales de nuestra región, en especial de la tortuga autóctona jujeña, que se encuentra al igual que la argentina-
chaqueña (Chelonoidis chilensis), en peligro de extinción.
Explicó que si bien existe la ley 22421, sancionada en el año 1981, que establece el sistema de protección y conservación de la fauna silvestre en cuento a la captura, tenencia y posesión, la misma no se cumple en forma efectiva en nuestra provincia.
“Es de público conocimiento que existen veterinarias de nuestra ciudad donde se venden, en algunas partes del año, tortugas tanto terrestres como acuáticas, sabiendo que eso es ilegal. Sumado a ello, una modalidad, que lamentablemente está en ascenso; la comercialización a través de las redes sociales”, denunció.
Comentó que es una situación compleja debido a que hay personas que heredan o reciben como regalo este animal y al poco tiempo se aburren de él. “No es un perro o un gato que va a saltarnos al cuerpo para hacer morisquetas o estar pendiente de lo que hagamos. Es sumamente tranquilo e independiente, necesita de su espacio y una buena alimentación”, agregó.
En cuanto a sus cuidados aclaró que “se trata de especies sumamente sensibles, y por lo tanto tenerlas como mascotas de un hogar, viviendo en cautiverio, es sentenciarlas a morir”.
Las causas de muerte son muy variadas, entre ellas las enfermedades infecciosas y patologías directamente relacionadas con déficits alimenticios, que provocan cegueras. También provocan malformaciones del caparazón que no llega a solidificarse, atrofias musculares, afecciones pulmonares, entre muchas otras.
“Son por su tamaño muy susceptibles a los accidentes domésticos. Es frecuente la muerte por aplastamiento, por ataques de otras mascotas como perros y gatos, e incluso por caídas desde edificios altos”, profundizó Antonio Vilca.
Para finalizar indicó que es difícil sancionar a alguien que posea este animal en casa, pese a que existe una legislación nacional. “A quienes tenga uno o más, sepan que es una acción que esta es fuera de la ley y que provoca un desequilibrio en el mundo natural. Pese a ellos si insisten en tenerlos, llévenlos a veterinario especializado para que le realice un estudio sanitario para determinar su estado”, recomendó.
Las especies en Jujuy
En la provincia de Jujuy se presume que existen tres tipo de tortugas; la primera es la conocida como argentina-chaqueña de origen terrestre (Chelonoidis chilensis) que mide entre 25 a 32 centímetros y habita en regiones áridas, principalmente en la ecorregión chaqueña de nuestra provincia, en especial en las localidades de San Pedro y Santa Bárbara.
La segunda denominada científicamente “Podocnemididae”, es una especie semiacuática y carnívora que puede alcanzar los 45 centímetros en su estado adulto. Esta especie es propia de las regiones del sur de Brasil, sureste de Paraguay, norte y centro de Argentina, y también se encuentra en Uruguay.
Sus ejemplares pueden ser hallados en el departamento de Ledesma y Yungas jujeñas.
Con respecto a la tercera, que se denomina canaleta chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), se sabe que habita en el Gran Chaco, norte de la pais, en las provincias de: Salta, Formosa, Chaco, y norte de Santa Fe.
Estas especies se caracterizan por ser carnívoras e insectívoras y se desconoce su ubicación exacta en nuestra provincia.
El incansable trabajo de Rumi Janp "atu"
La Asociación Reptiles de Jujuy “Rumi Janp"atu” (que significa tortuga, en quechua) es una organización sin fines de lucro integrada por alumnos de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju, que nació con la idea de defender y preservar a los reptiles de nuestra provincia.
Recientemente en el marco de la Semana del Ambiente realizaron una interesante actividad académica junto a la Asociación Aves de Jujuy y el Programa de Conservación de Murciélagos (Pcma-Flial Jujuy), donde expusieron los avances de sus trabajos con la intención de generar conciencia y resaltar los valores de fauna silvestre.
La instancia fue replicada en algunas escuelas primarias de la ciudad que visitaron durante el año, llevando como premisa enseñar y transmitir a los niños información acerca de la vida animal, e incentivarlos a que sean “promotores de la salud del planeta”.
En sus trabajos instan a la comunidad a cuidar y respetar el hábitat de las tortugas, terrestres y acuáticas, serpientes, iguanas, lagartos, y toda familia de reptiles que habitan en Jujuy. Pero también buscan que la gente pueda comprometerse con la defensa del ambiente y la naturaleza.
Cuentan con una consigna clara y sencilla, que es a su entender una bandera irrenunciable en la misión de mantener el equilibrio de normal del mundo y es; “Tu casa no es su casa. No compres animales silvestres”.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Tortugas, loros y monos encabezan en nuestra provincia el triste ranking de animales silvestres domesticados.El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) realiza tareas de rescate y preservación de especies.
Por más amor y cuidado que le dediquemos a un animal silvestre en casa, jamás será una buena mascota. Estas especies deben vivir en libertad, en sus ambientes naturales, donde consiguen todo lo necesario para alimentarse, desarrollarse y reproducirse. Pese a ello, el comercio de animales silvestres como mascotas continúa creciendo en América Latina, al punto que diversas organizaciones internacionales como la Unión Mundial para la Naturaleza (Uicn) y Greenpeace han hecho diversos llamados para valorar apropiadamente este problema y detenerlo.
No en vano, es considerado el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, después del de las drogas y las armas; una actividad que a nivel global mueve 180.000 millones de dólares por año.
A esto debe sumársele el "mascotismo", una costumbre popular de la tenencia de animales en cautiverio. Esto se da en mayor medida con las aves, pero también con personas que compran monos, serpientes, tortugas e incluso arañas con este fin. No solo un peligro para la propia especie sino para sus eventuales propietarios.
En Jujuy, esta situación no solo preocupa sino ocupa al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), dependiente del Ministerio de Ambiente, que funciona desde hace casi dos años en la localidad de El Carmen, con el propósito de atender, recuperar y rehabilitar a la fauna autóctona.
Un espacio destinado no sólo a la protección e investigación de especies locales, sino además a prevenir acciones ilegales de extracción y tráfico de animales, que atentan a la conservación de la biodiversidad de la provincia.
Desde su creación ha brindado atención a diferentes especies que son rescatadas, proveniente de tráfico, tenencia y venta ilegal, o encontradas con alguna herida. Las mismas son recuperadas y una vez que se encuentran en buen estado sanitario, son liberadas a su lugar de origen, a su hábitat natural.
Eduardo Vargas, integrante del equipo del Cafaju precisó que el trabajo que realizan es constante e implica "un gran compromiso por parte de un grupo de profesionales que deja muchas horas de su vida, en pos de proteger la vida silvestre de la provincia".
"Recibimos en forma regular un considerable cantidad y diversidad de animales de distintas regiones, a los cuales cuidamos en nuestras instalaciones, entre ellos tortugas, loros, catas, tapires, cóndores, pumas, corzuelas, osos meleros, menciono Vargas", dijo.
Explicó que la idea es que ellos tengan, una buena asistencia médica que les permita, después un periodo intensivo de cuidado, reinsertarse en su lugar de origen, situación que en algunas oportunidades requiere un tiempo prudencial.
"Debemos entender que en algunos casos son especies que perdieron a sus familias (grupo de pertenencia) y que necesitan contención para salir adelante", profundizó.
En relación a la situación de los animales silvestres que habitan la provincia comentó que tortugas (terrestres y acuáticas), loros y monos encabezan el triste ranking en la provincia de especies que son inescrupulosamente domesticadas y traficadas. "La tortuga es el caso más emblemático en todo el norte argentino. Es un animal, que culturalmente es reconocido como doméstico, y que está al alcance de niños y jóvenes. Y a la vez su tenencia y trafico está condenado por la ley", explicó el integrante del Cafaju.
Manifestó que al igual que otros animales exóticos, su permanencia en una casa de familia es sumamente peligroso tanto para ejemplar como para las integrantes de la misma. "Es un animal, en su mayoría herbívoro, que puede transmitir salmonela, una bacteria relativamente peligrosa que está presente en todos los reptiles. También neumonía en personas con bajas defensa", finalizó.
Antonio Vilca, uno de los referentes de la Asociacion de Reptiles de Jujuy, resaltó la importancia que tiene trabajar fuertemente en la conservación y protección de los animales de nuestra región, en especial de la tortuga autóctona jujeña, que se encuentra al igual que la argentina-
chaqueña (Chelonoidis chilensis), en peligro de extinción.
Explicó que si bien existe la ley 22421, sancionada en el año 1981, que establece el sistema de protección y conservación de la fauna silvestre en cuento a la captura, tenencia y posesión, la misma no se cumple en forma efectiva en nuestra provincia.
“Es de público conocimiento que existen veterinarias de nuestra ciudad donde se venden, en algunas partes del año, tortugas tanto terrestres como acuáticas, sabiendo que eso es ilegal. Sumado a ello, una modalidad, que lamentablemente está en ascenso; la comercialización a través de las redes sociales”, denunció.
Comentó que es una situación compleja debido a que hay personas que heredan o reciben como regalo este animal y al poco tiempo se aburren de él. “No es un perro o un gato que va a saltarnos al cuerpo para hacer morisquetas o estar pendiente de lo que hagamos. Es sumamente tranquilo e independiente, necesita de su espacio y una buena alimentación”, agregó.
En cuanto a sus cuidados aclaró que “se trata de especies sumamente sensibles, y por lo tanto tenerlas como mascotas de un hogar, viviendo en cautiverio, es sentenciarlas a morir”.
Las causas de muerte son muy variadas, entre ellas las enfermedades infecciosas y patologías directamente relacionadas con déficits alimenticios, que provocan cegueras. También provocan malformaciones del caparazón que no llega a solidificarse, atrofias musculares, afecciones pulmonares, entre muchas otras.
“Son por su tamaño muy susceptibles a los accidentes domésticos. Es frecuente la muerte por aplastamiento, por ataques de otras mascotas como perros y gatos, e incluso por caídas desde edificios altos”, profundizó Antonio Vilca.
Para finalizar indicó que es difícil sancionar a alguien que posea este animal en casa, pese a que existe una legislación nacional. “A quienes tenga uno o más, sepan que es una acción que esta es fuera de la ley y que provoca un desequilibrio en el mundo natural. Pese a ellos si insisten en tenerlos, llévenlos a veterinario especializado para que le realice un estudio sanitario para determinar su estado”, recomendó.
Las especies en Jujuy
En la provincia de Jujuy se presume que existen tres tipo de tortugas; la primera es la conocida como argentina-chaqueña de origen terrestre (Chelonoidis chilensis) que mide entre 25 a 32 centímetros y habita en regiones áridas, principalmente en la ecorregión chaqueña de nuestra provincia, en especial en las localidades de San Pedro y Santa Bárbara.
La segunda denominada científicamente “Podocnemididae”, es una especie semiacuática y carnívora que puede alcanzar los 45 centímetros en su estado adulto. Esta especie es propia de las regiones del sur de Brasil, sureste de Paraguay, norte y centro de Argentina, y también se encuentra en Uruguay.
Sus ejemplares pueden ser hallados en el departamento de Ledesma y Yungas jujeñas.
Con respecto a la tercera, que se denomina canaleta chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), se sabe que habita en el Gran Chaco, norte de la pais, en las provincias de: Salta, Formosa, Chaco, y norte de Santa Fe.
Estas especies se caracterizan por ser carnívoras e insectívoras y se desconoce su ubicación exacta en nuestra provincia.
El incansable trabajo de Rumi Janp "atu"
La Asociación Reptiles de Jujuy “Rumi Janp"atu” (que significa tortuga, en quechua) es una organización sin fines de lucro integrada por alumnos de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju, que nació con la idea de defender y preservar a los reptiles de nuestra provincia.
Recientemente en el marco de la Semana del Ambiente realizaron una interesante actividad académica junto a la Asociación Aves de Jujuy y el Programa de Conservación de Murciélagos (Pcma-Flial Jujuy), donde expusieron los avances de sus trabajos con la intención de generar conciencia y resaltar los valores de fauna silvestre.
La instancia fue replicada en algunas escuelas primarias de la ciudad que visitaron durante el año, llevando como premisa enseñar y transmitir a los niños información acerca de la vida animal, e incentivarlos a que sean “promotores de la salud del planeta”.
En sus trabajos instan a la comunidad a cuidar y respetar el hábitat de las tortugas, terrestres y acuáticas, serpientes, iguanas, lagartos, y toda familia de reptiles que habitan en Jujuy. Pero también buscan que la gente pueda comprometerse con la defensa del ambiente y la naturaleza.
Cuentan con una consigna clara y sencilla, que es a su entender una bandera irrenunciable en la misión de mantener el equilibrio de normal del mundo y es; “Tu casa no es su casa. No compres animales silvestres”.
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Santa Fe también apuesta a vertederos regionales
Erradicación de basurales a cielo abierto
Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El Sendor Felipe Michlig participó de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU.
El Sendor Felipe Michlig participó en la fecha,- en la Sede de la Comuna de la localidad de Arrufó- de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) que promueve el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia a cargo de Jacinto Speranza.
En el encuentro estuvieron presentes el Senador Felipe Michlig, el Subsec. de Gestión Ambiental Edgardo Segura, la Asist.Técnica Valeria Torres, el Pte. Comunal local Cristian Piumatti, el intendente de San Cristóbal Horacio Rigo, además de los Presidentes Comunales de Suardi (Hugo Boscarol), Monigote (Marcelo Gerosa), Ambrosetti (Omar Sterren), Colonia Rosa ( Juan Díaz), Villa Trinidad (José Luis Sánchez), La Rubia (Danilo Martinotti) y por San Guillermo (Sec. Sergio Zamora)
Programa GIRSU
Michlig explicó que “según lo establecido en la Ley Nº 13055, este programa apunta a la erradicación definitiva de basurales a cielo abierto por medio de la puesta en marcha de técnicas adecuadas de ubicación de residuos y de la creación de instancias de capacitación y sensibilización en la temática ambiental”.
Los funcionarios de Medio Ambiente comentaron que “las localidades de Ambrosetti, Arrufó, La Rubia, Monigotes, Suardi, San Cristóbal y Villa Trinidad, firmaron en fecha del 2 de febrero de 2016 un Acta Acuerdo de Conformación del Consorcio Regional GIRSU San Cristóbal (fs. 02/03)”. Por lo cual se resolvió en esta nueva reunión la conformación del Consorcio GIRSU San Cristóbal, constituido por las localidades ante mencionadas.
“Hoy se dio un gran paso, faltan otros para cumplimentar la necesaria faz administrativa, por lo que creemos que ya para el próximo año se podrán a comenzar a trabajar en los distintos proyectos”, comentó el Senador.
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Fecha de Publicación: 01/07/2017
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El Sendor Felipe Michlig participó de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU.
El Sendor Felipe Michlig participó en la fecha,- en la Sede de la Comuna de la localidad de Arrufó- de una nueva reunión para seguir avanzando en la conformación y gestión del consorcio de tratamiento de residuos domiciliarios a través del Programa GIRSU (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) que promueve el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia a cargo de Jacinto Speranza.
En el encuentro estuvieron presentes el Senador Felipe Michlig, el Subsec. de Gestión Ambiental Edgardo Segura, la Asist.Técnica Valeria Torres, el Pte. Comunal local Cristian Piumatti, el intendente de San Cristóbal Horacio Rigo, además de los Presidentes Comunales de Suardi (Hugo Boscarol), Monigote (Marcelo Gerosa), Ambrosetti (Omar Sterren), Colonia Rosa ( Juan Díaz), Villa Trinidad (José Luis Sánchez), La Rubia (Danilo Martinotti) y por San Guillermo (Sec. Sergio Zamora)
Programa GIRSU
Michlig explicó que “según lo establecido en la Ley Nº 13055, este programa apunta a la erradicación definitiva de basurales a cielo abierto por medio de la puesta en marcha de técnicas adecuadas de ubicación de residuos y de la creación de instancias de capacitación y sensibilización en la temática ambiental”.
Los funcionarios de Medio Ambiente comentaron que “las localidades de Ambrosetti, Arrufó, La Rubia, Monigotes, Suardi, San Cristóbal y Villa Trinidad, firmaron en fecha del 2 de febrero de 2016 un Acta Acuerdo de Conformación del Consorcio Regional GIRSU San Cristóbal (fs. 02/03)”. Por lo cual se resolvió en esta nueva reunión la conformación del Consorcio GIRSU San Cristóbal, constituido por las localidades ante mencionadas.
“Hoy se dio un gran paso, faltan otros para cumplimentar la necesaria faz administrativa, por lo que creemos que ya para el próximo año se podrán a comenzar a trabajar en los distintos proyectos”, comentó el Senador.
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Riachuelo: hace 9 años el Estado incumple un fallo
Crónica de un barrio invisibilizado
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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San Luis amplía un parque de energía solar
Comenzó la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares. Llegará al 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno, generada mediante fuentes renovables.
La generación de energías mediante fuentes renovables es uno de los caminos que deben adoptar los estados para hacerle frente al cambio climático. En nuestro país, San Luis se encuentra en la vanguardia de esta temática y apuesta a seguir creciendo para cuidar el entorno natural de todos los puntanos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo. El espacio genera, actualmente, aproximadamente el 20 % de la energía que consume la Casa de Gobierno pero, luego de su repotenciación, llegará a cerca del 55 %.
“Están iniciando las actividades y el aprovisionamiento de los componentes que, como muchos son importados, ingresarán al país dentro de dos a tres meses. Esperamos que la ampliación del Parque esté lista para fin de año”, indicó la jefa del Subprograma Energías Renovables y Eficiencia Energética, Mariana Aguilar.
Con una potencia actual de 1 megawatt, los más de 4.500 nuevos paneles solares a instalar permitirán alcanzar una potencia de 2,4 megawatts y esto generará mano de obra local y la reafirmación de que, en San Luis, el progreso va de la mano del cuidado del medioambiente.
“Desde Gobierno se está haciendo un esfuerzo muy grande para producir la energía que consumen sus dependencias en base a fuentes renovables. A la par de ello, lanzamos una campaña de eficiencia energética. La generación propia y saber utilizar la energía son dos aspectos que deben ir de la mano”, concluyó Aguilar.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares. Llegará al 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno, generada mediante fuentes renovables.
La generación de energías mediante fuentes renovables es uno de los caminos que deben adoptar los estados para hacerle frente al cambio climático. En nuestro país, San Luis se encuentra en la vanguardia de esta temática y apuesta a seguir creciendo para cuidar el entorno natural de todos los puntanos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo. El espacio genera, actualmente, aproximadamente el 20 % de la energía que consume la Casa de Gobierno pero, luego de su repotenciación, llegará a cerca del 55 %.
“Están iniciando las actividades y el aprovisionamiento de los componentes que, como muchos son importados, ingresarán al país dentro de dos a tres meses. Esperamos que la ampliación del Parque esté lista para fin de año”, indicó la jefa del Subprograma Energías Renovables y Eficiencia Energética, Mariana Aguilar.
Con una potencia actual de 1 megawatt, los más de 4.500 nuevos paneles solares a instalar permitirán alcanzar una potencia de 2,4 megawatts y esto generará mano de obra local y la reafirmación de que, en San Luis, el progreso va de la mano del cuidado del medioambiente.
“Desde Gobierno se está haciendo un esfuerzo muy grande para producir la energía que consumen sus dependencias en base a fuentes renovables. A la par de ello, lanzamos una campaña de eficiencia energética. La generación propia y saber utilizar la energía son dos aspectos que deben ir de la mano”, concluyó Aguilar.
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Neuquén: Mapuches golpeados por la justicia
Fallo contra mapuches, a favor de la minería
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.
La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.
En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.
La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.
El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.
También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.
A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.
Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.
Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.
“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.
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El Ministerio de Ambiente podría descender de rango
El achicamiento del Estado y el futuro del área ambiental
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno debe reformar y disminuir el aparato burocrático estatal, pero sería un error reducir la jerarquía de un área que tiene relevancia mundial
Como parte del plan para 2018, el gobierno de Mauricio Macri prepara una reducción del número de ministerios y secretarías de Estado. Se trata de una reforma indispensable para evitar superposiciones, tornar más eficiente el funcionamiento de la burocracia estatal y, al mismo tiempo, disminuir el elevado nivel de gasto público y de déficit fiscal.
Con 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales, resulta claro que podría hacerse una importante poda. Sin embargo, ésta debería apuntar a reparticiones cuyas funciones están duplicadas o triplicadas y a áreas que perfectamente podrían ser objeto de una fusión, con la consiguiente reducción de personal, y no a ámbitos que resultan claves para el buen funcionamiento del Estado.
Ha trascendido, en ese sentido, que la reestructuración podría convertir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sería un retroceso inexplicable y un perjuicio para la imagen que la Argentina intenta recuperar en el mundo que el Gobierno redujera justamente la jerarquía de la autoridad ambiental. Si hay algo que se ha adjudicado esta gestión es la promoción del desarrollo sustentable como uno de los verdaderos cambios frente a una penosa gestión que, por más de una década, transformó la máxima autoridad ambiental en una dependencia del Poder Ejecutivo que no sólo abandonó sus funciones esenciales, sino que quedó sujeta a la malversación y a la corrupción en materia de política ambiental. Sería un error paradójico reducir la jerarquía de un área que reviste cada vez mayor importancia en el mundo.
En momentos en que la Argentina se prepara para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sería un contrasentido debilitar la autoridad que permitirá mejorar el desempeño ambiental del país. No es posible afrontar ese crecimiento con seriedad sin advertir que existirán crecientes presiones de los proyectos de grandes infraestructuras o de las industrias que explotan los recursos naturales que podrían afectar sensiblemente nuestro patrimonio natural y el bienestar de las futuras generaciones.
Es por eso que resulta cada vez más necesario contar con una fortaleza institucional que permita un contrapeso adecuado, que integre la protección ambiental en todas las políticas del Estado. Se requiere contar con una jerarquía similar a la de los demás ministerios que exprese un verdadero compromiso del Estado, algo que difícilmente podrá cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
El descenso de la jerarquía tampoco tiene un justificativo en la pretendida reducción de gastos: la transformación de la antigua Secretaría de Ambiente en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no generó cambio alguno en los fondos destinados a esa cartera. El nuevo ministerio no mereció una mejora presupuestaria pese al ascenso en su mejora institucional y mantuvo el presupuesto de una secretaría de Estado.
Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina consiste en incorporar los aspectos ambientales a las actividades de los máximos niveles de decisión gubernamental, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo. La agenda ambiental incluye temas tan diversos como complejos: la conservación, la recuperación y el uso sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables; el ordenamiento ambiental del territorio; la gestión de los recursos hídricos; el manejo adecuado de los residuos peligrosos; la evaluación ambiental estratégica y la de los impactos ambientales; la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; el resguardo de la biodiversidad; la conservación de los bosques; la protección de los glaciares y la administración de los parques nacionales juntamente con la reciente promesa de crear nuevas áreas marinas protegidas. Lo que está en juego requiere de una capacidad para comprender la importancia de trabajar para planificar el mediano y largo plazo. No hacerlo será rendirse a las necesidades coyunturales. Cabe preguntarse si estas funciones esenciales para el sustento de las futuras generaciones podrán cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
Transformar nuevamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría sería dar un paso atrás. Una demostración de un débil compromiso del Gobierno con un desarrollo que permita proteger el presente y el futuro de los recursos de la Argentina y de sus habitantes.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno debe reformar y disminuir el aparato burocrático estatal, pero sería un error reducir la jerarquía de un área que tiene relevancia mundial
Como parte del plan para 2018, el gobierno de Mauricio Macri prepara una reducción del número de ministerios y secretarías de Estado. Se trata de una reforma indispensable para evitar superposiciones, tornar más eficiente el funcionamiento de la burocracia estatal y, al mismo tiempo, disminuir el elevado nivel de gasto público y de déficit fiscal.
Con 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales, resulta claro que podría hacerse una importante poda. Sin embargo, ésta debería apuntar a reparticiones cuyas funciones están duplicadas o triplicadas y a áreas que perfectamente podrían ser objeto de una fusión, con la consiguiente reducción de personal, y no a ámbitos que resultan claves para el buen funcionamiento del Estado.
Ha trascendido, en ese sentido, que la reestructuración podría convertir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sería un retroceso inexplicable y un perjuicio para la imagen que la Argentina intenta recuperar en el mundo que el Gobierno redujera justamente la jerarquía de la autoridad ambiental. Si hay algo que se ha adjudicado esta gestión es la promoción del desarrollo sustentable como uno de los verdaderos cambios frente a una penosa gestión que, por más de una década, transformó la máxima autoridad ambiental en una dependencia del Poder Ejecutivo que no sólo abandonó sus funciones esenciales, sino que quedó sujeta a la malversación y a la corrupción en materia de política ambiental. Sería un error paradójico reducir la jerarquía de un área que reviste cada vez mayor importancia en el mundo.
En momentos en que la Argentina se prepara para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sería un contrasentido debilitar la autoridad que permitirá mejorar el desempeño ambiental del país. No es posible afrontar ese crecimiento con seriedad sin advertir que existirán crecientes presiones de los proyectos de grandes infraestructuras o de las industrias que explotan los recursos naturales que podrían afectar sensiblemente nuestro patrimonio natural y el bienestar de las futuras generaciones.
Es por eso que resulta cada vez más necesario contar con una fortaleza institucional que permita un contrapeso adecuado, que integre la protección ambiental en todas las políticas del Estado. Se requiere contar con una jerarquía similar a la de los demás ministerios que exprese un verdadero compromiso del Estado, algo que difícilmente podrá cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
El descenso de la jerarquía tampoco tiene un justificativo en la pretendida reducción de gastos: la transformación de la antigua Secretaría de Ambiente en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no generó cambio alguno en los fondos destinados a esa cartera. El nuevo ministerio no mereció una mejora presupuestaria pese al ascenso en su mejora institucional y mantuvo el presupuesto de una secretaría de Estado.
Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina consiste en incorporar los aspectos ambientales a las actividades de los máximos niveles de decisión gubernamental, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo. La agenda ambiental incluye temas tan diversos como complejos: la conservación, la recuperación y el uso sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables; el ordenamiento ambiental del territorio; la gestión de los recursos hídricos; el manejo adecuado de los residuos peligrosos; la evaluación ambiental estratégica y la de los impactos ambientales; la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; el resguardo de la biodiversidad; la conservación de los bosques; la protección de los glaciares y la administración de los parques nacionales juntamente con la reciente promesa de crear nuevas áreas marinas protegidas. Lo que está en juego requiere de una capacidad para comprender la importancia de trabajar para planificar el mediano y largo plazo. No hacerlo será rendirse a las necesidades coyunturales. Cabe preguntarse si estas funciones esenciales para el sustento de las futuras generaciones podrán cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
Transformar nuevamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría sería dar un paso atrás. Una demostración de un débil compromiso del Gobierno con un desarrollo que permita proteger el presente y el futuro de los recursos de la Argentina y de sus habitantes.
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Otras aristas de la idea de la protección marítima
¿Qué pasará con El Rincón si es declarado zona protegida?
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
La sanción de la ley 27.037, y su pronta reglamentación, despierta varios interrogantes en el sector político. Algunos temen que repercuta negativamente en las actividades económicas.
A casi dos años de la sanción de la ley que, entre otras cuestiones, dará un status de área protegida a la zona marítima de El Rincón, la nueva puesta en escenario del tema despierta voces a favor y varios interrogantes en nuestra región.
En la actualidad, se está trabajando en la conformación de los grupos de discusión que -además de determinar la categoría que se dará a la región del mar Argentino comprendida entre Claromecó y Bahía San Blas- protegerá alrededor del 10% de la plataforma continental nacional.
Esto vendrá de la mano de declaratorias que pueden ir desde área protegida a parque nacional marítimo, con sus correspondientes medidas protectoras, su personal destinado y su correspondiente presupuesto.
La cuestión ha tomado casi desprevenido al sector político de los distritos costeros, cuyos representantes -aunque satisfechos con el avance de la reglamentación de la ley 27.037- también mostraron su recelo ante las decisiones que se puedan tomar, temiendo que las medidas puedan incidir negativamente en las economías locales, prohibiendo o limitando actividades pesqueras, portuarias o industriales.
A esto, por supuesto, se sumarían las determinaciones sobre las ocho áreas costero–marinas, reservas naturales y refugios que en la actualidad funcionan en el sector.
En este marco, con algunos municipios que se dispensaron de dar su opinión a “La Nueva.”, el secretario de Turismo de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se mostró a favor de la protección de la zona de El Rincón por parte de la ley, destacando que una declaratoria de estas características permitirá un mejor resguardo del recurso.
“Esto es un anhelo por parte de toda la comunidad de Monte Hermoso, porque también nos permitirá desarrollar más un turismo sostenible”, dijo.
El funcionario también recordó que hace algunos años, el entonces senador provincial montehermoseño Alejandro Dichiara había presentado un proyecto de ley que proponía la confirmación de la veda de pesca durante seis meses al año en la zona de El Rincón, durante cinco años. Previamente, el mismo legislador había propuesto una veda ininterrumpida de tres años, que fue aprobada en el Senado pero archivada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en Coronel Rosales, fuentes comunales reconocieron que la idea no entusiasma demasiado, ya que podría afectar sectores pertenecientes al área de Defensa donde ya se encuentra la reserva natural Pehuen Co.
“No estamos convencidos. Además, existe temor de que la ley venga a atar algunas manos productivas”, reconocieron.
Asimismo, recordaron que se está trabajando para la concreción de la reserva costera Villa del Mar.
Todo por hacer
Elizabeth Carbone, doctora en Geografía, docente del departamento de Geografía y Turismo de la UNS e investigadora adjunta del IADO, señaló a “La Nueva.” que además de la convocatoria a especialistas a los foros de debate, hay que tener en cuenta que una vez que se establezca el plan de manejo y El Rincón ingrese en una categoría de área protegida, se asignarán fondos para alcanzar los objetivos de plan de manejo.
“Esto incluirá el desarrollo de planes operativos de acuerdo a los objetivos específicos del proyecto. En los grupos de trabajo también se pueden establecer sectores especiales dentro de cada zona, con consideraciones diferentes”, explicó.
Es decir, durante los debates se podría establecer alguna categoría dentro de la cual se pueden crear subcategorías, o bien zonificar el lugar en base a algunos objetivos específicos. Luego, en el marco de la ley, llegarán fondos para investigación, control y vigilancia, por ejemplo.
“Un sector tan grande como El Rincón contará seguramente con subzonas, y se analizarán objetivos específicos para cada una de ellas”, explicó.
Sin embargo, recalcó que es muy temprano para determinar si habrá restricciones, permisos de pesca o qué tipo de decisiones vinculadas al medio ambiente se podrán tomar.
“Primero se debe hacer un plan de manejo que establezca cuáles son las actividades económicas adecuadas a las zonas establecidas en cada área”, dijo.
Recién para después quedará analizar qué pasará con cada una de esas actividades involucradas.
“Lo prioritario es la conservación de la biodiversidad y mantener los procesos ecológicos sin incidencia de las actividades humanas. El Rincón comprende un área extensa, cuyos límites correctos todavía no están determinados de acuerdo a variables morfológicas o ambientales, y es posible que se defina una superficie más restrictiva o más abarcativa a los fines del área protegida”, reconoció.
Sin embargo, Carbone pidió no caer en el error de pensar en superficies, límites o restricciones a determinadas actividades, cuando aún no se ha comenzado a discutir sobre el tema.
“Hoy en día, recién se ha decidido cuales son las zonas potenciales para ser categorizadas. Si empezamos a hablar de los límites estrictos de la zona, tal vez caigamos en un error, añadió.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
La sanción de la ley 27.037, y su pronta reglamentación, despierta varios interrogantes en el sector político. Algunos temen que repercuta negativamente en las actividades económicas.
A casi dos años de la sanción de la ley que, entre otras cuestiones, dará un status de área protegida a la zona marítima de El Rincón, la nueva puesta en escenario del tema despierta voces a favor y varios interrogantes en nuestra región.
En la actualidad, se está trabajando en la conformación de los grupos de discusión que -además de determinar la categoría que se dará a la región del mar Argentino comprendida entre Claromecó y Bahía San Blas- protegerá alrededor del 10% de la plataforma continental nacional.
Esto vendrá de la mano de declaratorias que pueden ir desde área protegida a parque nacional marítimo, con sus correspondientes medidas protectoras, su personal destinado y su correspondiente presupuesto.
La cuestión ha tomado casi desprevenido al sector político de los distritos costeros, cuyos representantes -aunque satisfechos con el avance de la reglamentación de la ley 27.037- también mostraron su recelo ante las decisiones que se puedan tomar, temiendo que las medidas puedan incidir negativamente en las economías locales, prohibiendo o limitando actividades pesqueras, portuarias o industriales.
A esto, por supuesto, se sumarían las determinaciones sobre las ocho áreas costero–marinas, reservas naturales y refugios que en la actualidad funcionan en el sector.
En este marco, con algunos municipios que se dispensaron de dar su opinión a “La Nueva.”, el secretario de Turismo de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se mostró a favor de la protección de la zona de El Rincón por parte de la ley, destacando que una declaratoria de estas características permitirá un mejor resguardo del recurso.
“Esto es un anhelo por parte de toda la comunidad de Monte Hermoso, porque también nos permitirá desarrollar más un turismo sostenible”, dijo.
El funcionario también recordó que hace algunos años, el entonces senador provincial montehermoseño Alejandro Dichiara había presentado un proyecto de ley que proponía la confirmación de la veda de pesca durante seis meses al año en la zona de El Rincón, durante cinco años. Previamente, el mismo legislador había propuesto una veda ininterrumpida de tres años, que fue aprobada en el Senado pero archivada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en Coronel Rosales, fuentes comunales reconocieron que la idea no entusiasma demasiado, ya que podría afectar sectores pertenecientes al área de Defensa donde ya se encuentra la reserva natural Pehuen Co.
“No estamos convencidos. Además, existe temor de que la ley venga a atar algunas manos productivas”, reconocieron.
Asimismo, recordaron que se está trabajando para la concreción de la reserva costera Villa del Mar.
Todo por hacer
Elizabeth Carbone, doctora en Geografía, docente del departamento de Geografía y Turismo de la UNS e investigadora adjunta del IADO, señaló a “La Nueva.” que además de la convocatoria a especialistas a los foros de debate, hay que tener en cuenta que una vez que se establezca el plan de manejo y El Rincón ingrese en una categoría de área protegida, se asignarán fondos para alcanzar los objetivos de plan de manejo.
“Esto incluirá el desarrollo de planes operativos de acuerdo a los objetivos específicos del proyecto. En los grupos de trabajo también se pueden establecer sectores especiales dentro de cada zona, con consideraciones diferentes”, explicó.
Es decir, durante los debates se podría establecer alguna categoría dentro de la cual se pueden crear subcategorías, o bien zonificar el lugar en base a algunos objetivos específicos. Luego, en el marco de la ley, llegarán fondos para investigación, control y vigilancia, por ejemplo.
“Un sector tan grande como El Rincón contará seguramente con subzonas, y se analizarán objetivos específicos para cada una de ellas”, explicó.
Sin embargo, recalcó que es muy temprano para determinar si habrá restricciones, permisos de pesca o qué tipo de decisiones vinculadas al medio ambiente se podrán tomar.
“Primero se debe hacer un plan de manejo que establezca cuáles son las actividades económicas adecuadas a las zonas establecidas en cada área”, dijo.
Recién para después quedará analizar qué pasará con cada una de esas actividades involucradas.
“Lo prioritario es la conservación de la biodiversidad y mantener los procesos ecológicos sin incidencia de las actividades humanas. El Rincón comprende un área extensa, cuyos límites correctos todavía no están determinados de acuerdo a variables morfológicas o ambientales, y es posible que se defina una superficie más restrictiva o más abarcativa a los fines del área protegida”, reconoció.
Sin embargo, Carbone pidió no caer en el error de pensar en superficies, límites o restricciones a determinadas actividades, cuando aún no se ha comenzado a discutir sobre el tema.
“Hoy en día, recién se ha decidido cuales son las zonas potenciales para ser categorizadas. Si empezamos a hablar de los límites estrictos de la zona, tal vez caigamos en un error, añadió.
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Las guías forestales dudosas en Misiones
Sospechan de manejo turbio de las guías forestales para transportar el apeo ilegal de madera
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: Pirmera Edición
Provincia/Región: Misiones
El desmonte en el Norte misionero sumó una arista, ya que se cree que los dueños de las tierras acordarían con funcionarios provinciales para poder sacar la madera nativa sin ser molestados.
Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.
Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones.
Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.
Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal.
Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas.
De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero.
“Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.
Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.
Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.
“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.
Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.
Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas.
Un flagelo permanente
En enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito.
Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad.
Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.
En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18.
Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.
Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná.
Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
Piden informe al Ministerio
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”.
La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones”.
“La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega
Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.
La FARN también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: Pirmera Edición
Provincia/Región: Misiones
El desmonte en el Norte misionero sumó una arista, ya que se cree que los dueños de las tierras acordarían con funcionarios provinciales para poder sacar la madera nativa sin ser molestados.
Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.
Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones.
Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.
Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal.
Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas.
De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero.
“Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.
Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.
Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.
“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.
Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.
Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas.
Un flagelo permanente
En enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito.
Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad.
Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.
En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18.
Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.
Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná.
Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
Piden informe al Ministerio
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”.
La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones”.
“La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega
Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.
La FARN también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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Campesinos denuncian desmontes en el norte cordobes
Denuncian desmontes con agrotóxicos en el campo La Libertad
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Otra asamblea contra la nuclear en Río Negro
Nueva asamblea contra la instalación de la central nuclear
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Una nueva asamblea popular se desarrolló ayer por la tarde en la Catedral viedmense para rechazar la instalación de una central nuclear en la costa atlántica rionegrina, tal como impulsan los gobiernos nacional y provincial a través de un acuerdo suscripto el mes pasado entre Argentina y China.
Durante el encuentro se resaltó la acción gubernamental de llevar a periodistas de distintos medios a recorrer la planta de Atucha. “Esta semana tuvimos dos noticias, por un lado que el gobierno llevó a los medios de visita a la planta de Atucha para que informen las bondades de este proyecto y convenzan a la población y, mientras eso pasaba, nos enterábamos de 800 despidos en esa central, lo que demuestra que es verso que vaya a generar trabajo”, dijo el padre Luis García, al abrir un nueva reunión que colmó la iglesia.
El sacerdote consideró que la lucha en contra de la iniciativa gubernamental es “como la de David contra Goliat”, pero pidió no bajar los brazos.
Por su parte, otros de los impulsores de la convocatoria en rechazo a la propuesta resaltaron la necesidad de informarse sobre las características, el funcionamiento y los perjuicios que provocaría una central atómica en la zona.
“Debemos estar informados para que si llega a concretarse la consulta popular podamos dar los argumentos claros”, indicó una de las jóvenes que motoriza las concentraciones populares en la Catedral.
Además, se informó que la asamblea se está organizando en comisiones y que ya hay varias trabajando en cuestiones de diseño, arte, generación de un logo y temáticas jurídicas.
En ese sentido, Miguel Ciliberto, uno de los participantes, insistió con la necesidad de apoyar los proyectos de ley existentes en la Legislatura que exigen el llamado a consulta pública vinculante. Por otro lado, leyó el borrador de lo que podrá ser un amparo en la Justicia para evitar que avance el proyecto hasta tanto se lleve a cabo el llamado a la participación popular para que la ciudadanía se exprese.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Una nueva asamblea popular se desarrolló ayer por la tarde en la Catedral viedmense para rechazar la instalación de una central nuclear en la costa atlántica rionegrina, tal como impulsan los gobiernos nacional y provincial a través de un acuerdo suscripto el mes pasado entre Argentina y China.
Durante el encuentro se resaltó la acción gubernamental de llevar a periodistas de distintos medios a recorrer la planta de Atucha. “Esta semana tuvimos dos noticias, por un lado que el gobierno llevó a los medios de visita a la planta de Atucha para que informen las bondades de este proyecto y convenzan a la población y, mientras eso pasaba, nos enterábamos de 800 despidos en esa central, lo que demuestra que es verso que vaya a generar trabajo”, dijo el padre Luis García, al abrir un nueva reunión que colmó la iglesia.
El sacerdote consideró que la lucha en contra de la iniciativa gubernamental es “como la de David contra Goliat”, pero pidió no bajar los brazos.
Por su parte, otros de los impulsores de la convocatoria en rechazo a la propuesta resaltaron la necesidad de informarse sobre las características, el funcionamiento y los perjuicios que provocaría una central atómica en la zona.
“Debemos estar informados para que si llega a concretarse la consulta popular podamos dar los argumentos claros”, indicó una de las jóvenes que motoriza las concentraciones populares en la Catedral.
Además, se informó que la asamblea se está organizando en comisiones y que ya hay varias trabajando en cuestiones de diseño, arte, generación de un logo y temáticas jurídicas.
En ese sentido, Miguel Ciliberto, uno de los participantes, insistió con la necesidad de apoyar los proyectos de ley existentes en la Legislatura que exigen el llamado a consulta pública vinculante. Por otro lado, leyó el borrador de lo que podrá ser un amparo en la Justicia para evitar que avance el proyecto hasta tanto se lleve a cabo el llamado a la participación popular para que la ciudadanía se exprese.
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Jujuy propone la restauración de bosques
Restauración de bosques degradados de la provincia
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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