Riachuelo: hace 9 años el Estado incumple un fallo
07:00 | 
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Crónica de un barrio invisibilizado
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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San Luis amplía un parque de energía solar
Comenzó la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares. Llegará al 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno, generada mediante fuentes renovables.
La generación de energías mediante fuentes renovables es uno de los caminos que deben adoptar los estados para hacerle frente al cambio climático. En nuestro país, San Luis se encuentra en la vanguardia de esta temática y apuesta a seguir creciendo para cuidar el entorno natural de todos los puntanos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo. El espacio genera, actualmente, aproximadamente el 20 % de la energía que consume la Casa de Gobierno pero, luego de su repotenciación, llegará a cerca del 55 %.
“Están iniciando las actividades y el aprovisionamiento de los componentes que, como muchos son importados, ingresarán al país dentro de dos a tres meses. Esperamos que la ampliación del Parque esté lista para fin de año”, indicó la jefa del Subprograma Energías Renovables y Eficiencia Energética, Mariana Aguilar.
Con una potencia actual de 1 megawatt, los más de 4.500 nuevos paneles solares a instalar permitirán alcanzar una potencia de 2,4 megawatts y esto generará mano de obra local y la reafirmación de que, en San Luis, el progreso va de la mano del cuidado del medioambiente.
“Desde Gobierno se está haciendo un esfuerzo muy grande para producir la energía que consumen sus dependencias en base a fuentes renovables. A la par de ello, lanzamos una campaña de eficiencia energética. La generación propia y saber utilizar la energía son dos aspectos que deben ir de la mano”, concluyó Aguilar.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares. Llegará al 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno, generada mediante fuentes renovables.
La generación de energías mediante fuentes renovables es uno de los caminos que deben adoptar los estados para hacerle frente al cambio climático. En nuestro país, San Luis se encuentra en la vanguardia de esta temática y apuesta a seguir creciendo para cuidar el entorno natural de todos los puntanos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en la ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo. El espacio genera, actualmente, aproximadamente el 20 % de la energía que consume la Casa de Gobierno pero, luego de su repotenciación, llegará a cerca del 55 %.
“Están iniciando las actividades y el aprovisionamiento de los componentes que, como muchos son importados, ingresarán al país dentro de dos a tres meses. Esperamos que la ampliación del Parque esté lista para fin de año”, indicó la jefa del Subprograma Energías Renovables y Eficiencia Energética, Mariana Aguilar.
Con una potencia actual de 1 megawatt, los más de 4.500 nuevos paneles solares a instalar permitirán alcanzar una potencia de 2,4 megawatts y esto generará mano de obra local y la reafirmación de que, en San Luis, el progreso va de la mano del cuidado del medioambiente.
“Desde Gobierno se está haciendo un esfuerzo muy grande para producir la energía que consumen sus dependencias en base a fuentes renovables. A la par de ello, lanzamos una campaña de eficiencia energética. La generación propia y saber utilizar la energía son dos aspectos que deben ir de la mano”, concluyó Aguilar.
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Neuquén: Mapuches golpeados por la justicia
Fallo contra mapuches, a favor de la minería
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.
La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.
En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.
La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.
El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.
También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.
A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.
Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.
Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.
“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.
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El Ministerio de Ambiente podría descender de rango
El achicamiento del Estado y el futuro del área ambiental
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno debe reformar y disminuir el aparato burocrático estatal, pero sería un error reducir la jerarquía de un área que tiene relevancia mundial
Como parte del plan para 2018, el gobierno de Mauricio Macri prepara una reducción del número de ministerios y secretarías de Estado. Se trata de una reforma indispensable para evitar superposiciones, tornar más eficiente el funcionamiento de la burocracia estatal y, al mismo tiempo, disminuir el elevado nivel de gasto público y de déficit fiscal.
Con 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales, resulta claro que podría hacerse una importante poda. Sin embargo, ésta debería apuntar a reparticiones cuyas funciones están duplicadas o triplicadas y a áreas que perfectamente podrían ser objeto de una fusión, con la consiguiente reducción de personal, y no a ámbitos que resultan claves para el buen funcionamiento del Estado.
Ha trascendido, en ese sentido, que la reestructuración podría convertir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sería un retroceso inexplicable y un perjuicio para la imagen que la Argentina intenta recuperar en el mundo que el Gobierno redujera justamente la jerarquía de la autoridad ambiental. Si hay algo que se ha adjudicado esta gestión es la promoción del desarrollo sustentable como uno de los verdaderos cambios frente a una penosa gestión que, por más de una década, transformó la máxima autoridad ambiental en una dependencia del Poder Ejecutivo que no sólo abandonó sus funciones esenciales, sino que quedó sujeta a la malversación y a la corrupción en materia de política ambiental. Sería un error paradójico reducir la jerarquía de un área que reviste cada vez mayor importancia en el mundo.
En momentos en que la Argentina se prepara para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sería un contrasentido debilitar la autoridad que permitirá mejorar el desempeño ambiental del país. No es posible afrontar ese crecimiento con seriedad sin advertir que existirán crecientes presiones de los proyectos de grandes infraestructuras o de las industrias que explotan los recursos naturales que podrían afectar sensiblemente nuestro patrimonio natural y el bienestar de las futuras generaciones.
Es por eso que resulta cada vez más necesario contar con una fortaleza institucional que permita un contrapeso adecuado, que integre la protección ambiental en todas las políticas del Estado. Se requiere contar con una jerarquía similar a la de los demás ministerios que exprese un verdadero compromiso del Estado, algo que difícilmente podrá cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
El descenso de la jerarquía tampoco tiene un justificativo en la pretendida reducción de gastos: la transformación de la antigua Secretaría de Ambiente en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no generó cambio alguno en los fondos destinados a esa cartera. El nuevo ministerio no mereció una mejora presupuestaria pese al ascenso en su mejora institucional y mantuvo el presupuesto de una secretaría de Estado.
Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina consiste en incorporar los aspectos ambientales a las actividades de los máximos niveles de decisión gubernamental, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo. La agenda ambiental incluye temas tan diversos como complejos: la conservación, la recuperación y el uso sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables; el ordenamiento ambiental del territorio; la gestión de los recursos hídricos; el manejo adecuado de los residuos peligrosos; la evaluación ambiental estratégica y la de los impactos ambientales; la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; el resguardo de la biodiversidad; la conservación de los bosques; la protección de los glaciares y la administración de los parques nacionales juntamente con la reciente promesa de crear nuevas áreas marinas protegidas. Lo que está en juego requiere de una capacidad para comprender la importancia de trabajar para planificar el mediano y largo plazo. No hacerlo será rendirse a las necesidades coyunturales. Cabe preguntarse si estas funciones esenciales para el sustento de las futuras generaciones podrán cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
Transformar nuevamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría sería dar un paso atrás. Una demostración de un débil compromiso del Gobierno con un desarrollo que permita proteger el presente y el futuro de los recursos de la Argentina y de sus habitantes.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno debe reformar y disminuir el aparato burocrático estatal, pero sería un error reducir la jerarquía de un área que tiene relevancia mundial
Como parte del plan para 2018, el gobierno de Mauricio Macri prepara una reducción del número de ministerios y secretarías de Estado. Se trata de una reforma indispensable para evitar superposiciones, tornar más eficiente el funcionamiento de la burocracia estatal y, al mismo tiempo, disminuir el elevado nivel de gasto público y de déficit fiscal.
Con 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales o generales, resulta claro que podría hacerse una importante poda. Sin embargo, ésta debería apuntar a reparticiones cuyas funciones están duplicadas o triplicadas y a áreas que perfectamente podrían ser objeto de una fusión, con la consiguiente reducción de personal, y no a ámbitos que resultan claves para el buen funcionamiento del Estado.
Ha trascendido, en ese sentido, que la reestructuración podría convertir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sería un retroceso inexplicable y un perjuicio para la imagen que la Argentina intenta recuperar en el mundo que el Gobierno redujera justamente la jerarquía de la autoridad ambiental. Si hay algo que se ha adjudicado esta gestión es la promoción del desarrollo sustentable como uno de los verdaderos cambios frente a una penosa gestión que, por más de una década, transformó la máxima autoridad ambiental en una dependencia del Poder Ejecutivo que no sólo abandonó sus funciones esenciales, sino que quedó sujeta a la malversación y a la corrupción en materia de política ambiental. Sería un error paradójico reducir la jerarquía de un área que reviste cada vez mayor importancia en el mundo.
En momentos en que la Argentina se prepara para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sería un contrasentido debilitar la autoridad que permitirá mejorar el desempeño ambiental del país. No es posible afrontar ese crecimiento con seriedad sin advertir que existirán crecientes presiones de los proyectos de grandes infraestructuras o de las industrias que explotan los recursos naturales que podrían afectar sensiblemente nuestro patrimonio natural y el bienestar de las futuras generaciones.
Es por eso que resulta cada vez más necesario contar con una fortaleza institucional que permita un contrapeso adecuado, que integre la protección ambiental en todas las políticas del Estado. Se requiere contar con una jerarquía similar a la de los demás ministerios que exprese un verdadero compromiso del Estado, algo que difícilmente podrá cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
El descenso de la jerarquía tampoco tiene un justificativo en la pretendida reducción de gastos: la transformación de la antigua Secretaría de Ambiente en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no generó cambio alguno en los fondos destinados a esa cartera. El nuevo ministerio no mereció una mejora presupuestaria pese al ascenso en su mejora institucional y mantuvo el presupuesto de una secretaría de Estado.
Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina consiste en incorporar los aspectos ambientales a las actividades de los máximos niveles de decisión gubernamental, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y a la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo. La agenda ambiental incluye temas tan diversos como complejos: la conservación, la recuperación y el uso sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables; el ordenamiento ambiental del territorio; la gestión de los recursos hídricos; el manejo adecuado de los residuos peligrosos; la evaluación ambiental estratégica y la de los impactos ambientales; la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; el resguardo de la biodiversidad; la conservación de los bosques; la protección de los glaciares y la administración de los parques nacionales juntamente con la reciente promesa de crear nuevas áreas marinas protegidas. Lo que está en juego requiere de una capacidad para comprender la importancia de trabajar para planificar el mediano y largo plazo. No hacerlo será rendirse a las necesidades coyunturales. Cabe preguntarse si estas funciones esenciales para el sustento de las futuras generaciones podrán cumplirse debilitando la autoridad ambiental.
Transformar nuevamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una secretaría sería dar un paso atrás. Una demostración de un débil compromiso del Gobierno con un desarrollo que permita proteger el presente y el futuro de los recursos de la Argentina y de sus habitantes.
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Otras aristas de la idea de la protección marítima
¿Qué pasará con El Rincón si es declarado zona protegida?
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
La sanción de la ley 27.037, y su pronta reglamentación, despierta varios interrogantes en el sector político. Algunos temen que repercuta negativamente en las actividades económicas.
A casi dos años de la sanción de la ley que, entre otras cuestiones, dará un status de área protegida a la zona marítima de El Rincón, la nueva puesta en escenario del tema despierta voces a favor y varios interrogantes en nuestra región.
En la actualidad, se está trabajando en la conformación de los grupos de discusión que -además de determinar la categoría que se dará a la región del mar Argentino comprendida entre Claromecó y Bahía San Blas- protegerá alrededor del 10% de la plataforma continental nacional.
Esto vendrá de la mano de declaratorias que pueden ir desde área protegida a parque nacional marítimo, con sus correspondientes medidas protectoras, su personal destinado y su correspondiente presupuesto.
La cuestión ha tomado casi desprevenido al sector político de los distritos costeros, cuyos representantes -aunque satisfechos con el avance de la reglamentación de la ley 27.037- también mostraron su recelo ante las decisiones que se puedan tomar, temiendo que las medidas puedan incidir negativamente en las economías locales, prohibiendo o limitando actividades pesqueras, portuarias o industriales.
A esto, por supuesto, se sumarían las determinaciones sobre las ocho áreas costero–marinas, reservas naturales y refugios que en la actualidad funcionan en el sector.
En este marco, con algunos municipios que se dispensaron de dar su opinión a “La Nueva.”, el secretario de Turismo de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se mostró a favor de la protección de la zona de El Rincón por parte de la ley, destacando que una declaratoria de estas características permitirá un mejor resguardo del recurso.
“Esto es un anhelo por parte de toda la comunidad de Monte Hermoso, porque también nos permitirá desarrollar más un turismo sostenible”, dijo.
El funcionario también recordó que hace algunos años, el entonces senador provincial montehermoseño Alejandro Dichiara había presentado un proyecto de ley que proponía la confirmación de la veda de pesca durante seis meses al año en la zona de El Rincón, durante cinco años. Previamente, el mismo legislador había propuesto una veda ininterrumpida de tres años, que fue aprobada en el Senado pero archivada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en Coronel Rosales, fuentes comunales reconocieron que la idea no entusiasma demasiado, ya que podría afectar sectores pertenecientes al área de Defensa donde ya se encuentra la reserva natural Pehuen Co.
“No estamos convencidos. Además, existe temor de que la ley venga a atar algunas manos productivas”, reconocieron.
Asimismo, recordaron que se está trabajando para la concreción de la reserva costera Villa del Mar.
Todo por hacer
Elizabeth Carbone, doctora en Geografía, docente del departamento de Geografía y Turismo de la UNS e investigadora adjunta del IADO, señaló a “La Nueva.” que además de la convocatoria a especialistas a los foros de debate, hay que tener en cuenta que una vez que se establezca el plan de manejo y El Rincón ingrese en una categoría de área protegida, se asignarán fondos para alcanzar los objetivos de plan de manejo.
“Esto incluirá el desarrollo de planes operativos de acuerdo a los objetivos específicos del proyecto. En los grupos de trabajo también se pueden establecer sectores especiales dentro de cada zona, con consideraciones diferentes”, explicó.
Es decir, durante los debates se podría establecer alguna categoría dentro de la cual se pueden crear subcategorías, o bien zonificar el lugar en base a algunos objetivos específicos. Luego, en el marco de la ley, llegarán fondos para investigación, control y vigilancia, por ejemplo.
“Un sector tan grande como El Rincón contará seguramente con subzonas, y se analizarán objetivos específicos para cada una de ellas”, explicó.
Sin embargo, recalcó que es muy temprano para determinar si habrá restricciones, permisos de pesca o qué tipo de decisiones vinculadas al medio ambiente se podrán tomar.
“Primero se debe hacer un plan de manejo que establezca cuáles son las actividades económicas adecuadas a las zonas establecidas en cada área”, dijo.
Recién para después quedará analizar qué pasará con cada una de esas actividades involucradas.
“Lo prioritario es la conservación de la biodiversidad y mantener los procesos ecológicos sin incidencia de las actividades humanas. El Rincón comprende un área extensa, cuyos límites correctos todavía no están determinados de acuerdo a variables morfológicas o ambientales, y es posible que se defina una superficie más restrictiva o más abarcativa a los fines del área protegida”, reconoció.
Sin embargo, Carbone pidió no caer en el error de pensar en superficies, límites o restricciones a determinadas actividades, cuando aún no se ha comenzado a discutir sobre el tema.
“Hoy en día, recién se ha decidido cuales son las zonas potenciales para ser categorizadas. Si empezamos a hablar de los límites estrictos de la zona, tal vez caigamos en un error, añadió.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
La sanción de la ley 27.037, y su pronta reglamentación, despierta varios interrogantes en el sector político. Algunos temen que repercuta negativamente en las actividades económicas.
A casi dos años de la sanción de la ley que, entre otras cuestiones, dará un status de área protegida a la zona marítima de El Rincón, la nueva puesta en escenario del tema despierta voces a favor y varios interrogantes en nuestra región.
En la actualidad, se está trabajando en la conformación de los grupos de discusión que -además de determinar la categoría que se dará a la región del mar Argentino comprendida entre Claromecó y Bahía San Blas- protegerá alrededor del 10% de la plataforma continental nacional.
Esto vendrá de la mano de declaratorias que pueden ir desde área protegida a parque nacional marítimo, con sus correspondientes medidas protectoras, su personal destinado y su correspondiente presupuesto.
La cuestión ha tomado casi desprevenido al sector político de los distritos costeros, cuyos representantes -aunque satisfechos con el avance de la reglamentación de la ley 27.037- también mostraron su recelo ante las decisiones que se puedan tomar, temiendo que las medidas puedan incidir negativamente en las economías locales, prohibiendo o limitando actividades pesqueras, portuarias o industriales.
A esto, por supuesto, se sumarían las determinaciones sobre las ocho áreas costero–marinas, reservas naturales y refugios que en la actualidad funcionan en el sector.
En este marco, con algunos municipios que se dispensaron de dar su opinión a “La Nueva.”, el secretario de Turismo de Monte Hermoso, Hernán Arranz, se mostró a favor de la protección de la zona de El Rincón por parte de la ley, destacando que una declaratoria de estas características permitirá un mejor resguardo del recurso.
“Esto es un anhelo por parte de toda la comunidad de Monte Hermoso, porque también nos permitirá desarrollar más un turismo sostenible”, dijo.
El funcionario también recordó que hace algunos años, el entonces senador provincial montehermoseño Alejandro Dichiara había presentado un proyecto de ley que proponía la confirmación de la veda de pesca durante seis meses al año en la zona de El Rincón, durante cinco años. Previamente, el mismo legislador había propuesto una veda ininterrumpida de tres años, que fue aprobada en el Senado pero archivada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en Coronel Rosales, fuentes comunales reconocieron que la idea no entusiasma demasiado, ya que podría afectar sectores pertenecientes al área de Defensa donde ya se encuentra la reserva natural Pehuen Co.
“No estamos convencidos. Además, existe temor de que la ley venga a atar algunas manos productivas”, reconocieron.
Asimismo, recordaron que se está trabajando para la concreción de la reserva costera Villa del Mar.
Todo por hacer
Elizabeth Carbone, doctora en Geografía, docente del departamento de Geografía y Turismo de la UNS e investigadora adjunta del IADO, señaló a “La Nueva.” que además de la convocatoria a especialistas a los foros de debate, hay que tener en cuenta que una vez que se establezca el plan de manejo y El Rincón ingrese en una categoría de área protegida, se asignarán fondos para alcanzar los objetivos de plan de manejo.
“Esto incluirá el desarrollo de planes operativos de acuerdo a los objetivos específicos del proyecto. En los grupos de trabajo también se pueden establecer sectores especiales dentro de cada zona, con consideraciones diferentes”, explicó.
Es decir, durante los debates se podría establecer alguna categoría dentro de la cual se pueden crear subcategorías, o bien zonificar el lugar en base a algunos objetivos específicos. Luego, en el marco de la ley, llegarán fondos para investigación, control y vigilancia, por ejemplo.
“Un sector tan grande como El Rincón contará seguramente con subzonas, y se analizarán objetivos específicos para cada una de ellas”, explicó.
Sin embargo, recalcó que es muy temprano para determinar si habrá restricciones, permisos de pesca o qué tipo de decisiones vinculadas al medio ambiente se podrán tomar.
“Primero se debe hacer un plan de manejo que establezca cuáles son las actividades económicas adecuadas a las zonas establecidas en cada área”, dijo.
Recién para después quedará analizar qué pasará con cada una de esas actividades involucradas.
“Lo prioritario es la conservación de la biodiversidad y mantener los procesos ecológicos sin incidencia de las actividades humanas. El Rincón comprende un área extensa, cuyos límites correctos todavía no están determinados de acuerdo a variables morfológicas o ambientales, y es posible que se defina una superficie más restrictiva o más abarcativa a los fines del área protegida”, reconoció.
Sin embargo, Carbone pidió no caer en el error de pensar en superficies, límites o restricciones a determinadas actividades, cuando aún no se ha comenzado a discutir sobre el tema.
“Hoy en día, recién se ha decidido cuales son las zonas potenciales para ser categorizadas. Si empezamos a hablar de los límites estrictos de la zona, tal vez caigamos en un error, añadió.
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Las guías forestales dudosas en Misiones
Sospechan de manejo turbio de las guías forestales para transportar el apeo ilegal de madera
Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: Pirmera Edición
Provincia/Región: Misiones
El desmonte en el Norte misionero sumó una arista, ya que se cree que los dueños de las tierras acordarían con funcionarios provinciales para poder sacar la madera nativa sin ser molestados.
Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.
Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones.
Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.
Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal.
Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas.
De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero.
“Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.
Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.
Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.
“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.
Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.
Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas.
Un flagelo permanente
En enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito.
Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad.
Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.
En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18.
Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.
Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná.
Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
Piden informe al Ministerio
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”.
La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones”.
“La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega
Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.
La FARN también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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Fecha de Publicación: 29/06/2017
Fuente: Pirmera Edición
Provincia/Región: Misiones
El desmonte en el Norte misionero sumó una arista, ya que se cree que los dueños de las tierras acordarían con funcionarios provinciales para poder sacar la madera nativa sin ser molestados.
Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.
Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones.
Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.
Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal.
Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas.
De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero.
“Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.
Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.
Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.
“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.
Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.
Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas.
Un flagelo permanente
En enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito.
Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad.
Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.
Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.
En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18.
Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.
Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná.
Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos.
Piden informe al Ministerio
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”.
La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones”.
“La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega
Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.
La FARN también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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Campesinos denuncian desmontes en el norte cordobes
Denuncian desmontes con agrotóxicos en el campo La Libertad
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Otra asamblea contra la nuclear en Río Negro
Nueva asamblea contra la instalación de la central nuclear
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Una nueva asamblea popular se desarrolló ayer por la tarde en la Catedral viedmense para rechazar la instalación de una central nuclear en la costa atlántica rionegrina, tal como impulsan los gobiernos nacional y provincial a través de un acuerdo suscripto el mes pasado entre Argentina y China.
Durante el encuentro se resaltó la acción gubernamental de llevar a periodistas de distintos medios a recorrer la planta de Atucha. “Esta semana tuvimos dos noticias, por un lado que el gobierno llevó a los medios de visita a la planta de Atucha para que informen las bondades de este proyecto y convenzan a la población y, mientras eso pasaba, nos enterábamos de 800 despidos en esa central, lo que demuestra que es verso que vaya a generar trabajo”, dijo el padre Luis García, al abrir un nueva reunión que colmó la iglesia.
El sacerdote consideró que la lucha en contra de la iniciativa gubernamental es “como la de David contra Goliat”, pero pidió no bajar los brazos.
Por su parte, otros de los impulsores de la convocatoria en rechazo a la propuesta resaltaron la necesidad de informarse sobre las características, el funcionamiento y los perjuicios que provocaría una central atómica en la zona.
“Debemos estar informados para que si llega a concretarse la consulta popular podamos dar los argumentos claros”, indicó una de las jóvenes que motoriza las concentraciones populares en la Catedral.
Además, se informó que la asamblea se está organizando en comisiones y que ya hay varias trabajando en cuestiones de diseño, arte, generación de un logo y temáticas jurídicas.
En ese sentido, Miguel Ciliberto, uno de los participantes, insistió con la necesidad de apoyar los proyectos de ley existentes en la Legislatura que exigen el llamado a consulta pública vinculante. Por otro lado, leyó el borrador de lo que podrá ser un amparo en la Justicia para evitar que avance el proyecto hasta tanto se lleve a cabo el llamado a la participación popular para que la ciudadanía se exprese.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Una nueva asamblea popular se desarrolló ayer por la tarde en la Catedral viedmense para rechazar la instalación de una central nuclear en la costa atlántica rionegrina, tal como impulsan los gobiernos nacional y provincial a través de un acuerdo suscripto el mes pasado entre Argentina y China.
Durante el encuentro se resaltó la acción gubernamental de llevar a periodistas de distintos medios a recorrer la planta de Atucha. “Esta semana tuvimos dos noticias, por un lado que el gobierno llevó a los medios de visita a la planta de Atucha para que informen las bondades de este proyecto y convenzan a la población y, mientras eso pasaba, nos enterábamos de 800 despidos en esa central, lo que demuestra que es verso que vaya a generar trabajo”, dijo el padre Luis García, al abrir un nueva reunión que colmó la iglesia.
El sacerdote consideró que la lucha en contra de la iniciativa gubernamental es “como la de David contra Goliat”, pero pidió no bajar los brazos.
Por su parte, otros de los impulsores de la convocatoria en rechazo a la propuesta resaltaron la necesidad de informarse sobre las características, el funcionamiento y los perjuicios que provocaría una central atómica en la zona.
“Debemos estar informados para que si llega a concretarse la consulta popular podamos dar los argumentos claros”, indicó una de las jóvenes que motoriza las concentraciones populares en la Catedral.
Además, se informó que la asamblea se está organizando en comisiones y que ya hay varias trabajando en cuestiones de diseño, arte, generación de un logo y temáticas jurídicas.
En ese sentido, Miguel Ciliberto, uno de los participantes, insistió con la necesidad de apoyar los proyectos de ley existentes en la Legislatura que exigen el llamado a consulta pública vinculante. Por otro lado, leyó el borrador de lo que podrá ser un amparo en la Justicia para evitar que avance el proyecto hasta tanto se lleve a cabo el llamado a la participación popular para que la ciudadanía se exprese.
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Jujuy propone la restauración de bosques
Restauración de bosques degradados de la provincia
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Pengue plantea la agroecología como alternativa
"La agroecología está creciendo"
Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Ante los preocupantes impactos de la agricultura industrial, el ingeniero agrónomo Walter Pengue considera viable implementar un modelo productivo agroecológico en beneficio de la población, los productores y el ambiente.
Con un largo y reconocido camino transitado en la temática, Pengue, investigador docente de la UNGS y recientemente designado miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, conversó con Argentina Investiga sobre las políticas públicas en la materia, el problema de la tierra y la necesidad de un reordenamiento territorial participativo del país.
Distintas ciudades del mundo y muchos pueblos y ciudades de la Argentina enfrentan hoy el problema de los altos niveles de contaminación, vinculados a la expansión de la agricultura industrial y el uso de agroquímicos que afectan el ambiente y la salud de las personas. Hasta el momento, las respuestas en la Argentina vinieron por el lado de la prohibición de fumigar a cierta distancia de las viviendas. El ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador docente del área de Ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), propone -desde hace décadas- la producción agroecológica como modelo alternativo.
–¿Cómo reducir los impactos de la agricultura industrial? ¿Es una solución prohibir fumigar a cierta distancia de las viviendas?
–Hasta ahora no está determinada científicamente una distancia específica, porque cada lugar es distinto y depende de factores climáticos, tipo de producto y manejo. En la provincia de Buenos Aires, los legisladores tratan un proyecto para que el límite para fumigar pase de varios cientos de metros de las viviendas a sólo diez. Una barbaridad, que sólo beneficia a los lobbies empresariales de la agroindustria. Si lo permiten, que se hagan cargo de las muertes. El aumento de las enfermedades es creciente, la carga de químicos también. No digo que se prohíba la producción: debe buscarse una alternativa viable y beneficiosa para todos, en especial en la interfase urbano-rural. Los agricultores que viven en los bordes de ciudades están en pésimas condiciones porque les prohíben fumigar, lo que implica que prácticamente les prohíben producir. La decisión política fue prohibir, pero la presión de los lobbies es enorme. Queremos que se implemente otro tipo de producción. Ni invernáculos, que implican usar muchos agroquímicos, ni buenas prácticas agrícolas, que no resuelven el problema. Proponemos, para los pueblos y ciudades de la Argentina, un Escudo Verde Agroecológico. Así habrá productores, consumidores, ciudadanos y ambientes sanos. Todos ganan. Nadie pierde.
–¿La biotecnología puede ser la solución?
–Muchos sueñan con que la bio y la nanotecnología usadas para desarrollar agroquímicos y bioproductos vinculados con la agricultura industrial sean el camino. No lo es, si pensamos en la alimentación humana. Quizás sí, para producir biomasa (productos), con cualquier destino comercial luego. También soy genetista vegetal, pero por defender mi laboratorio no voy a decir cosas que me parece que no funcionarán para resolver problemas humanos complejos. Crean una solución y al año siguiente tienen un problema mayor. Crean una resistencia en una planta, y enseguida aparece la resistencia a esa resistencia en la naturaleza, y es mucho peor. Es la historia del insecticida y la cucaracha; siempre te queda una cucaracha que no podés matar, pero cada vez “más poderosa”. La naturaleza busca su camino. En la población humana tenemos una resistencia a los antibióticos que cuando se venga una mala (y ya tenemos superbacterias), no van a tener cómo pararla. La OMS advierte claramente sobre ello a los médicos. Lo mismo debería entenderse con los agroquímicos y las plagas. El sistema está resistiendo. Los productores tienen que aplicar más herbicidas, más y más caros, lo que implica más agroquímicos sobre la gente. Tenemos casi treinta y dos malezas resistentes en el país. Eso implica costos altísimos para los productores y una gran necesidad de coadyuvantes y otros compuestos. Es un círculo vicioso. El problema es que no se trabaja integralmente. El biotecnólogo no labura con el agrónomo. Desarrolla una cosa, se crea un laboratorio y recibe un atractivo reembolso económico. Después dice “Bueno: esto ahora hay que implementarlo”. Pero el ambiente le responde rápidamente con una nueva resistencia. Ese es el talón de Aquiles de la agricultura moderna. La brutal aparición de resistencia en malezas y el enorme costo en salud humana creciente. Les duele muchísimo que hoy lo estemos mostrando. Pero lo dijimos hace 20 años, en Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde vamos?, que publicó la UNESCO, y lo decimos hoy con la nueva obra Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde fuimos?, que se lanzó este año.
–Los escudos verdes serían ese proceso de producción…
– Así es. Se trata de proteger a las poblaciones ubicadas entre la agricultura industrial y la ciudad. Ahí, la única alternativa viable es la agroecología. La propuesta de escudos verdes, además, se plantea como una alternativa de consumo de productos más sanos. Si hoy queremos un tomate más sano, no lo conseguimos o lo pagamos más caro porque es orgánico. Quebrar esa lógica es lograr que esos productos lleguen más baratos del productor al consumidor. No promovemos una agricultura certificada de élite sino una agricultura de productos más sanos, sin agroquímicos y para todos. Aquí se conjugan la agroecología, la economía social y solidaria y la economía ecológica.
–Esto implica un reordenamiento territorial.
–En el tiempo, los escudos pueden limitar también la expansión urbana porque hay que reordenar todo el territorio. Hoy tenemos un proceso de expansión urbana que nadie controla. Si ese proceso no se ordena se va corriendo la línea. Jorge Morello hablaba de la interface urbano-rural hace décadas, y el GEPAMA de la UBA, y nosotros mismos, escribimos y trabajamos mucho con la gente en ello. La idea es ordenarla.
Además de dar clases, Pengue viaja por el país y el mundo fomentando la agroecología y la economía ecológica, brinda conferencias y participa de reuniones internacionales sobre el medio ambiente. A fines del año 2016 recorrió la cuenca amazónica para promover la formación agroecológica.
–¿Qué papel cumplen en esta tarea las universidades?
–Las universidades son el ámbito más adecuado para impulsar este tipo de cuestiones con independencia y desde ahí lograr que las instituciones técnicas del país, el INTA, el INTI, los organismos provinciales, tomen cartas en el asunto desde un punto de vista adecuado. Hasta ahora no lo hacen de forma completa. El camino es la agroecología, y para eso están los ingenieros agrónomos, o los estudiantes de Ecología, de Agronomía y de las carreras vinculadas, para formar a los agricultores o guiarlos en otros caminos de producción, pero bajo una mirada pluridisciplinar y no sesgada por la productividad unitaria de un cultivo. La agroecología implica en forma directa el manejo de la agrobiodiversidad y de la producción diversificada de alimentos, distintos, necesarios, nutritivos en el tiempo.
–¿Creció la oferta formativa en el área?
–En la UNGS tenemos hace muy poco la materia Agroecología, incorporada a la Licenciatura en Ecología. Los que siguen la orientación de Gestión de Recursos Naturales la cursan como materia obligatoria. En otras universidades, Agroecología forma parte de la carrera para ingenieros agrónomos, como sucede en La Plata. La UBA está en deuda con eso, pero se abren algunas líneas. Se abrió una fisura en el sistema: hoy los mismos estudiantes y los propios docentes que investigan demandan más formación en agroecología e investigación. No tenemos la cantidad de gente necesaria, y la demanda es altísima. Y hoy lo que pasa es que, por suerte, también hay mucho por mostrar. La agroecología ya no es “la huertita”: es hacer agricultura –incluso extensiva– de un modo totalmente distinto. Es hacer verdadera agricultura.
Pengue da dos ejemplos. Uno, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Rosario, iniciativa reconocida internacionalmente que permite producir alimentos con técnicas ecológicas, tanto para el consumo familiar y comunitario como para el mercado. Con apoyo del Municipio, se ponen en pie huertas urbanas en áreas de borde, incluso basurales. “Todo lo que producen se consume, y además le agregan valor, porque generan otros productos”, se entusiasma el especialista. “La agroecología funciona, el tema es que haya políticas. Ni siquiera que apoyen: simplemente que los dejen hacer. No la van a encontrar produciendo industrialmente, porque las personas no quieren ser más fumigadas”. El otro ejemplo es la Semana de la Agroecología Extensiva, que se realizó a fines de 2016, donde se mostraron prácticas de producción agroecológica a nivel extensivo: “Estamos hablando de superficies importantes. Ya no de ‘la huerta’, sino de soja, maíz, trigo. ¿Esto es significativo frente a los millones de hectáreas que tiene el país? Y… no: todavía no. Lo que sí sabemos es que el camino de la agroecología es un camino de avance, está creciendo”, afirma Pengue.
Un gran ejemplo, por su impacto y capacidad pionera, fue el Programa Prohuerta que, liderado por el ingeniero agrónomo Daniel Díaz, promovió procesos de producción agroecológica de forma masiva en la Argentina. Díaz y un gran equipo de agrónomos, promotores y huerteros fueron la semilla que hoy muestra que en la Argentina, frente a situaciones dramáticas, se puede. En la crisis del 2001 fue el Prohuerta el que le dio de comer a millones de argentinos, como bien destacó el reconocido agroecólogo Miguel Altieri. Hoy, ese ejemplo es ícono mundial para los sistemas de autoproducción de alimentos.
–¿Hoy hay políticas que apunten a la agroecología?
–La verdad es que desde los organismos internacionales se habla de agroecología porque está de moda. Lo hace hasta la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero desde el punto de vista de la política argentina, lo único que ven y parece que necesitan es más soja. La quita de las retenciones a la producción de los cultivos extensivos es eso: ampliar o afianzar la frontera agropecuaria. Hoy, el modelo de agricultura industrial se expandió en el país por dos vías: la agriculturización en la región pampeana, es decir, la identificación del modelo agrícola con una alta carga de agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, energía; y la pampeanización, que es la exportación del modelo pampeano hacia otras ecorregiones que no son pampas, como el Chaco seco. Me enojé cuando el Gobierno nuevo sacó las retenciones. En un artículo titulado “La economía podrida”, decíamos que las retenciones son instrumentos de política ambiental o socioambiental: un instrumento regulador. La Argentina lo tuvo y lo usó mal. Se pudo haber usado para ordenar el territorio, reinyectar recursos, promover programas de base agroecológica que fomentaran la agricultura familiar, y no se hizo. Pero al menos existía. Ahora que lo quitaron hay un riesgo doble. Acaba de salir el dato: Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) resaltaba que nosotros aportábamos el 4,3% de la deforestación global y que en la última década esa fue “la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”. La FAO nos ranqueó entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. Desde que sancionaron hace tres años la Ley de Bosques, se deforestaron más de 2.100.000 hectáreas, de las cuales casi 630.000 hectáreas eran bosques protegidos. No estamos haciendo bien las cosas.
–Decías que la producción agroecológica crece. ¿A qué nivel?
–A nivel macro creció mucho la agricultura industrial, pero se abre la fisura para expandir otros modelos, entre ellos la agricultura familiar, porque si no nos quedamos sin gente en el campo. La agricultura industrial muestra claramente sus limitaciones. No sólo en la Argentina, que es un país urbano, sino en países que tienen enorme población rural. En África están muy preocupados por eso. La gente migra hacia las ciudades y no saben qué hacer. Países europeos como Alemania reintroducen prácticas de producción agroecológica. En Estados Unidos la agroecología crece y la producción orgánica también. La agricultura mundial hoy se puede dividir en tres partes: la industrial, que da de comer a unos 2 mil millones de tipos; la de la revolución verde, un poco más de 2 mil millones, también; y la familiar, agroecológica, orgánica, campesina, lo que llamamos “los desconocidos de siempre”, que dan alimentos a más de 2.500 a 3.000 millones de personas. En América Latina, el 40 y pico por ciento de los alimentos vienen de ahí.
–¿Cómo hacer para acercar a las personas al campo?
–Primero, los jóvenes se van porque no les ofrecemos nada. Segundo, para producir soja no se necesita más gente, sino menos. Si comparamos dos producciones sencillas: la sojera y la lechería, necesitamos diez personas para la leche y una para la soja. Si decidimos hacer soja, que es lo que decidió el país, no necesitamos gente en el campo. Y aquí tenemos el resultado. La primera forma de postular una vuelta al campo es diversificar la producción y fomentar parte de este proceso vinculado con la seguridad alimentaria de la región, que es lo que se está perdiendo. No olvidemos que Argentina es signataria del compromiso mundial de las Metas del Desarrollo Sostenible 2015-2030, cuyos puntos 1 y 2 son el Fin de la Pobreza y el Fin del Hambre. Así no va. Para eso necesitamos políticas activas. Y otra cosa: la gente se va a la ciudad porque está buscando más servicios culturales y laborales que los que tiene en el campo. No le podemos pedir a un hombre que se quede en el campo sin agua, sin energía eléctrica, sin nada. No vaciamos al campo, sino a la Argentina, y esto es grave también desde el punto de vista de la geopolítica.
–En La apropiación y el saqueo de la naturaleza, un libro que compilaste, se denunciaba la venta de millones de hectáreas al extranjero. ¿Eso fue escuchado?
–Con la ley de tierras, en 2011, regalaron 14 millones de hectáreas. Habría estado de acuerdo si hubieran revisado lo anterior, porque habían sido ventas a valores irrisorios. Meterte con la tierra en Argentina, hablar de reforma agraria: ni la izquierda ni la derecha lo discuten. Necesitamos una reforma agraria integral que comprenda un ordenamiento territorial participativo, que permita el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores. Hoy en el mundo se necesita cada vez más tierra y estamos sobre la tierra más rica del planeta, la planicie chaco-pampeana.
–¿Cómo debería ordenarse la producción?
–Las producciones regionales entran en crisis recurrentes. Si los políticos priorizaran la seguridad y soberanía alimentaria cambiarían el planteo de producción. Detrás de eso está la reforma agraria, la discusión vinculada con el acceso a la tierra de los pequeños y medianos agricultores. El gobierno anterior tuvo la oportunidad y no lo hizo. Argentina está mal ordenada en su territorio y prácticamente fuera del mundo en cuanto a una mirada integral de sustentabilidad. Es el octavo país del mundo en extensión y ocupa el puesto 140 en densidad poblacional. Y de la poca gente que tiene, el 92% vive en ciudades. Es un país riquísimo en recursos naturales, especialmente tierra y agua, pero es un territorio vacío, rico y con muy poca gente, que además no tiene idea de lo que está en juego… Los piolas –de acá y de afuera– que manejan la minería, el petróleo, la energía, la tierra, acceden a todo eso sin problemas. Hay que planificar: políticos, investigadores, intelectuales y actores sociales juntos deberían pensar un país a largo plazo. Y que a partir de esa mirada se decida qué hacer y qué no hacer. Qué hacer en la región pampeana, una región agrícola ganadera. ¿Le podemos poner valor agregado a eso? Por supuesto que sí, pero es agrícola ganadera. Ese es el espíritu de la región. El Chaco es agro silvo (árboles) pastoril (ganadería). El ganado en áreas así puede estar pastoreando bajo sombra. Y así mirar cada una de las ecorregiones. Hay que rediseñar el país.
Impactos
Laura Ramos es ecóloga, trabaja con Pengue y dialogó con Argentina Investiga sobre los impactos de la agricultura industrial en el ambiente y en la salud de la población. Advierte sobre el avance de la frontera agraria en el país y subraya que la expansión de la producción de soja hizo crecer en millones de litros/año el uso de glifosato. El monocultivo sojero, dice, destruye el suelo y expone a las personas al daño producido por las fumigaciones. Ramos destaca la insuficiencia de la legislación que establece bandas de restricción para las fumigaciones, y asegura que hoy son “pocos e insuficientes” los controles a los productores: “Verifiqué que el único lugar del país donde se hacen controles de residuos de plaguicidas en alimentos es el Mercado Central, y esto sólo en algunos camiones”. Ramos observa que, dado los altos costos en insumos que el modelo de agricultura industrial implica, muchos campesinos y chacareros se ven expulsados de la actividad.
Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Ante los preocupantes impactos de la agricultura industrial, el ingeniero agrónomo Walter Pengue considera viable implementar un modelo productivo agroecológico en beneficio de la población, los productores y el ambiente.
Con un largo y reconocido camino transitado en la temática, Pengue, investigador docente de la UNGS y recientemente designado miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, conversó con Argentina Investiga sobre las políticas públicas en la materia, el problema de la tierra y la necesidad de un reordenamiento territorial participativo del país.
Distintas ciudades del mundo y muchos pueblos y ciudades de la Argentina enfrentan hoy el problema de los altos niveles de contaminación, vinculados a la expansión de la agricultura industrial y el uso de agroquímicos que afectan el ambiente y la salud de las personas. Hasta el momento, las respuestas en la Argentina vinieron por el lado de la prohibición de fumigar a cierta distancia de las viviendas. El ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador docente del área de Ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), propone -desde hace décadas- la producción agroecológica como modelo alternativo.
–¿Cómo reducir los impactos de la agricultura industrial? ¿Es una solución prohibir fumigar a cierta distancia de las viviendas?
–Hasta ahora no está determinada científicamente una distancia específica, porque cada lugar es distinto y depende de factores climáticos, tipo de producto y manejo. En la provincia de Buenos Aires, los legisladores tratan un proyecto para que el límite para fumigar pase de varios cientos de metros de las viviendas a sólo diez. Una barbaridad, que sólo beneficia a los lobbies empresariales de la agroindustria. Si lo permiten, que se hagan cargo de las muertes. El aumento de las enfermedades es creciente, la carga de químicos también. No digo que se prohíba la producción: debe buscarse una alternativa viable y beneficiosa para todos, en especial en la interfase urbano-rural. Los agricultores que viven en los bordes de ciudades están en pésimas condiciones porque les prohíben fumigar, lo que implica que prácticamente les prohíben producir. La decisión política fue prohibir, pero la presión de los lobbies es enorme. Queremos que se implemente otro tipo de producción. Ni invernáculos, que implican usar muchos agroquímicos, ni buenas prácticas agrícolas, que no resuelven el problema. Proponemos, para los pueblos y ciudades de la Argentina, un Escudo Verde Agroecológico. Así habrá productores, consumidores, ciudadanos y ambientes sanos. Todos ganan. Nadie pierde.
–¿La biotecnología puede ser la solución?
–Muchos sueñan con que la bio y la nanotecnología usadas para desarrollar agroquímicos y bioproductos vinculados con la agricultura industrial sean el camino. No lo es, si pensamos en la alimentación humana. Quizás sí, para producir biomasa (productos), con cualquier destino comercial luego. También soy genetista vegetal, pero por defender mi laboratorio no voy a decir cosas que me parece que no funcionarán para resolver problemas humanos complejos. Crean una solución y al año siguiente tienen un problema mayor. Crean una resistencia en una planta, y enseguida aparece la resistencia a esa resistencia en la naturaleza, y es mucho peor. Es la historia del insecticida y la cucaracha; siempre te queda una cucaracha que no podés matar, pero cada vez “más poderosa”. La naturaleza busca su camino. En la población humana tenemos una resistencia a los antibióticos que cuando se venga una mala (y ya tenemos superbacterias), no van a tener cómo pararla. La OMS advierte claramente sobre ello a los médicos. Lo mismo debería entenderse con los agroquímicos y las plagas. El sistema está resistiendo. Los productores tienen que aplicar más herbicidas, más y más caros, lo que implica más agroquímicos sobre la gente. Tenemos casi treinta y dos malezas resistentes en el país. Eso implica costos altísimos para los productores y una gran necesidad de coadyuvantes y otros compuestos. Es un círculo vicioso. El problema es que no se trabaja integralmente. El biotecnólogo no labura con el agrónomo. Desarrolla una cosa, se crea un laboratorio y recibe un atractivo reembolso económico. Después dice “Bueno: esto ahora hay que implementarlo”. Pero el ambiente le responde rápidamente con una nueva resistencia. Ese es el talón de Aquiles de la agricultura moderna. La brutal aparición de resistencia en malezas y el enorme costo en salud humana creciente. Les duele muchísimo que hoy lo estemos mostrando. Pero lo dijimos hace 20 años, en Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde vamos?, que publicó la UNESCO, y lo decimos hoy con la nueva obra Cultivos Transgénicos. ¿Hacia dónde fuimos?, que se lanzó este año.
–Los escudos verdes serían ese proceso de producción…
– Así es. Se trata de proteger a las poblaciones ubicadas entre la agricultura industrial y la ciudad. Ahí, la única alternativa viable es la agroecología. La propuesta de escudos verdes, además, se plantea como una alternativa de consumo de productos más sanos. Si hoy queremos un tomate más sano, no lo conseguimos o lo pagamos más caro porque es orgánico. Quebrar esa lógica es lograr que esos productos lleguen más baratos del productor al consumidor. No promovemos una agricultura certificada de élite sino una agricultura de productos más sanos, sin agroquímicos y para todos. Aquí se conjugan la agroecología, la economía social y solidaria y la economía ecológica.
–Esto implica un reordenamiento territorial.
–En el tiempo, los escudos pueden limitar también la expansión urbana porque hay que reordenar todo el territorio. Hoy tenemos un proceso de expansión urbana que nadie controla. Si ese proceso no se ordena se va corriendo la línea. Jorge Morello hablaba de la interface urbano-rural hace décadas, y el GEPAMA de la UBA, y nosotros mismos, escribimos y trabajamos mucho con la gente en ello. La idea es ordenarla.
Además de dar clases, Pengue viaja por el país y el mundo fomentando la agroecología y la economía ecológica, brinda conferencias y participa de reuniones internacionales sobre el medio ambiente. A fines del año 2016 recorrió la cuenca amazónica para promover la formación agroecológica.
–¿Qué papel cumplen en esta tarea las universidades?
–Las universidades son el ámbito más adecuado para impulsar este tipo de cuestiones con independencia y desde ahí lograr que las instituciones técnicas del país, el INTA, el INTI, los organismos provinciales, tomen cartas en el asunto desde un punto de vista adecuado. Hasta ahora no lo hacen de forma completa. El camino es la agroecología, y para eso están los ingenieros agrónomos, o los estudiantes de Ecología, de Agronomía y de las carreras vinculadas, para formar a los agricultores o guiarlos en otros caminos de producción, pero bajo una mirada pluridisciplinar y no sesgada por la productividad unitaria de un cultivo. La agroecología implica en forma directa el manejo de la agrobiodiversidad y de la producción diversificada de alimentos, distintos, necesarios, nutritivos en el tiempo.
–¿Creció la oferta formativa en el área?
–En la UNGS tenemos hace muy poco la materia Agroecología, incorporada a la Licenciatura en Ecología. Los que siguen la orientación de Gestión de Recursos Naturales la cursan como materia obligatoria. En otras universidades, Agroecología forma parte de la carrera para ingenieros agrónomos, como sucede en La Plata. La UBA está en deuda con eso, pero se abren algunas líneas. Se abrió una fisura en el sistema: hoy los mismos estudiantes y los propios docentes que investigan demandan más formación en agroecología e investigación. No tenemos la cantidad de gente necesaria, y la demanda es altísima. Y hoy lo que pasa es que, por suerte, también hay mucho por mostrar. La agroecología ya no es “la huertita”: es hacer agricultura –incluso extensiva– de un modo totalmente distinto. Es hacer verdadera agricultura.
Pengue da dos ejemplos. Uno, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Rosario, iniciativa reconocida internacionalmente que permite producir alimentos con técnicas ecológicas, tanto para el consumo familiar y comunitario como para el mercado. Con apoyo del Municipio, se ponen en pie huertas urbanas en áreas de borde, incluso basurales. “Todo lo que producen se consume, y además le agregan valor, porque generan otros productos”, se entusiasma el especialista. “La agroecología funciona, el tema es que haya políticas. Ni siquiera que apoyen: simplemente que los dejen hacer. No la van a encontrar produciendo industrialmente, porque las personas no quieren ser más fumigadas”. El otro ejemplo es la Semana de la Agroecología Extensiva, que se realizó a fines de 2016, donde se mostraron prácticas de producción agroecológica a nivel extensivo: “Estamos hablando de superficies importantes. Ya no de ‘la huerta’, sino de soja, maíz, trigo. ¿Esto es significativo frente a los millones de hectáreas que tiene el país? Y… no: todavía no. Lo que sí sabemos es que el camino de la agroecología es un camino de avance, está creciendo”, afirma Pengue.
Un gran ejemplo, por su impacto y capacidad pionera, fue el Programa Prohuerta que, liderado por el ingeniero agrónomo Daniel Díaz, promovió procesos de producción agroecológica de forma masiva en la Argentina. Díaz y un gran equipo de agrónomos, promotores y huerteros fueron la semilla que hoy muestra que en la Argentina, frente a situaciones dramáticas, se puede. En la crisis del 2001 fue el Prohuerta el que le dio de comer a millones de argentinos, como bien destacó el reconocido agroecólogo Miguel Altieri. Hoy, ese ejemplo es ícono mundial para los sistemas de autoproducción de alimentos.
–¿Hoy hay políticas que apunten a la agroecología?
–La verdad es que desde los organismos internacionales se habla de agroecología porque está de moda. Lo hace hasta la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero desde el punto de vista de la política argentina, lo único que ven y parece que necesitan es más soja. La quita de las retenciones a la producción de los cultivos extensivos es eso: ampliar o afianzar la frontera agropecuaria. Hoy, el modelo de agricultura industrial se expandió en el país por dos vías: la agriculturización en la región pampeana, es decir, la identificación del modelo agrícola con una alta carga de agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, energía; y la pampeanización, que es la exportación del modelo pampeano hacia otras ecorregiones que no son pampas, como el Chaco seco. Me enojé cuando el Gobierno nuevo sacó las retenciones. En un artículo titulado “La economía podrida”, decíamos que las retenciones son instrumentos de política ambiental o socioambiental: un instrumento regulador. La Argentina lo tuvo y lo usó mal. Se pudo haber usado para ordenar el territorio, reinyectar recursos, promover programas de base agroecológica que fomentaran la agricultura familiar, y no se hizo. Pero al menos existía. Ahora que lo quitaron hay un riesgo doble. Acaba de salir el dato: Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) resaltaba que nosotros aportábamos el 4,3% de la deforestación global y que en la última década esa fue “la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”. La FAO nos ranqueó entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. Desde que sancionaron hace tres años la Ley de Bosques, se deforestaron más de 2.100.000 hectáreas, de las cuales casi 630.000 hectáreas eran bosques protegidos. No estamos haciendo bien las cosas.
–Decías que la producción agroecológica crece. ¿A qué nivel?
–A nivel macro creció mucho la agricultura industrial, pero se abre la fisura para expandir otros modelos, entre ellos la agricultura familiar, porque si no nos quedamos sin gente en el campo. La agricultura industrial muestra claramente sus limitaciones. No sólo en la Argentina, que es un país urbano, sino en países que tienen enorme población rural. En África están muy preocupados por eso. La gente migra hacia las ciudades y no saben qué hacer. Países europeos como Alemania reintroducen prácticas de producción agroecológica. En Estados Unidos la agroecología crece y la producción orgánica también. La agricultura mundial hoy se puede dividir en tres partes: la industrial, que da de comer a unos 2 mil millones de tipos; la de la revolución verde, un poco más de 2 mil millones, también; y la familiar, agroecológica, orgánica, campesina, lo que llamamos “los desconocidos de siempre”, que dan alimentos a más de 2.500 a 3.000 millones de personas. En América Latina, el 40 y pico por ciento de los alimentos vienen de ahí.
–¿Cómo hacer para acercar a las personas al campo?
–Primero, los jóvenes se van porque no les ofrecemos nada. Segundo, para producir soja no se necesita más gente, sino menos. Si comparamos dos producciones sencillas: la sojera y la lechería, necesitamos diez personas para la leche y una para la soja. Si decidimos hacer soja, que es lo que decidió el país, no necesitamos gente en el campo. Y aquí tenemos el resultado. La primera forma de postular una vuelta al campo es diversificar la producción y fomentar parte de este proceso vinculado con la seguridad alimentaria de la región, que es lo que se está perdiendo. No olvidemos que Argentina es signataria del compromiso mundial de las Metas del Desarrollo Sostenible 2015-2030, cuyos puntos 1 y 2 son el Fin de la Pobreza y el Fin del Hambre. Así no va. Para eso necesitamos políticas activas. Y otra cosa: la gente se va a la ciudad porque está buscando más servicios culturales y laborales que los que tiene en el campo. No le podemos pedir a un hombre que se quede en el campo sin agua, sin energía eléctrica, sin nada. No vaciamos al campo, sino a la Argentina, y esto es grave también desde el punto de vista de la geopolítica.
–En La apropiación y el saqueo de la naturaleza, un libro que compilaste, se denunciaba la venta de millones de hectáreas al extranjero. ¿Eso fue escuchado?
–Con la ley de tierras, en 2011, regalaron 14 millones de hectáreas. Habría estado de acuerdo si hubieran revisado lo anterior, porque habían sido ventas a valores irrisorios. Meterte con la tierra en Argentina, hablar de reforma agraria: ni la izquierda ni la derecha lo discuten. Necesitamos una reforma agraria integral que comprenda un ordenamiento territorial participativo, que permita el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores. Hoy en el mundo se necesita cada vez más tierra y estamos sobre la tierra más rica del planeta, la planicie chaco-pampeana.
–¿Cómo debería ordenarse la producción?
–Las producciones regionales entran en crisis recurrentes. Si los políticos priorizaran la seguridad y soberanía alimentaria cambiarían el planteo de producción. Detrás de eso está la reforma agraria, la discusión vinculada con el acceso a la tierra de los pequeños y medianos agricultores. El gobierno anterior tuvo la oportunidad y no lo hizo. Argentina está mal ordenada en su territorio y prácticamente fuera del mundo en cuanto a una mirada integral de sustentabilidad. Es el octavo país del mundo en extensión y ocupa el puesto 140 en densidad poblacional. Y de la poca gente que tiene, el 92% vive en ciudades. Es un país riquísimo en recursos naturales, especialmente tierra y agua, pero es un territorio vacío, rico y con muy poca gente, que además no tiene idea de lo que está en juego… Los piolas –de acá y de afuera– que manejan la minería, el petróleo, la energía, la tierra, acceden a todo eso sin problemas. Hay que planificar: políticos, investigadores, intelectuales y actores sociales juntos deberían pensar un país a largo plazo. Y que a partir de esa mirada se decida qué hacer y qué no hacer. Qué hacer en la región pampeana, una región agrícola ganadera. ¿Le podemos poner valor agregado a eso? Por supuesto que sí, pero es agrícola ganadera. Ese es el espíritu de la región. El Chaco es agro silvo (árboles) pastoril (ganadería). El ganado en áreas así puede estar pastoreando bajo sombra. Y así mirar cada una de las ecorregiones. Hay que rediseñar el país.
Impactos
Laura Ramos es ecóloga, trabaja con Pengue y dialogó con Argentina Investiga sobre los impactos de la agricultura industrial en el ambiente y en la salud de la población. Advierte sobre el avance de la frontera agraria en el país y subraya que la expansión de la producción de soja hizo crecer en millones de litros/año el uso de glifosato. El monocultivo sojero, dice, destruye el suelo y expone a las personas al daño producido por las fumigaciones. Ramos destaca la insuficiencia de la legislación que establece bandas de restricción para las fumigaciones, y asegura que hoy son “pocos e insuficientes” los controles a los productores: “Verifiqué que el único lugar del país donde se hacen controles de residuos de plaguicidas en alimentos es el Mercado Central, y esto sólo en algunos camiones”. Ramos observa que, dado los altos costos en insumos que el modelo de agricultura industrial implica, muchos campesinos y chacareros se ven expulsados de la actividad.
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Riachuelo: impulsan el Plan Sanitario Ambiental
ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia impulsan el Plan Sanitario Ambiental para la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Nacional
ACUMAR y la cartera de salud de la Provincia firmaron un convenio para crear Corredores Sanitarios que fortalezcan la salud ambiental en la Cuenca. La iniciativa se suma al trabajo llevado adelante con los camiones y las Unidades Sanitarias.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Esto fortalecerá la atención de salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de Corredores Sanitarios que conformarán una línea de cuidados preventivos.
El convenio firmado entre ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incluirá el trabajo de las unidades sanitarias de los 14 municipios de la Cuenca, como primer nivel de atención de las personas en riesgo sociosanitario para su posterior derivación en efectores de mayor complejidad. Esta iniciativa se suma a la actividad que ACUMAR ya viene realizando con sus camiones en diferentes municipios brindando atención de salud primaria, odontológica y veterinaria.
“Hoy dimos una muestra más de lo que podemos lograr juntos, en equipo con la Provincia de Buenos Aires y los municipios, poniendo por delante el bienestar de los que más lo necesitan. Mediante este convenio integramos los servicios de salud en una red de atención que complementará los recursos disponibles y hará más eficiente la atención sanitaria de los vecinos”, expresó Gladys González.
Esta estrategia exige que todos los actores intervinientes identifiquen los efectores de salud capaces de dar respuesta a los pacientes derivados por ACUMAR a partir de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, las cuales se están llevando a cabo en los barrios más vulnerables de la Cuenca. Las evaluaciones permiten caracterizar los aspectos de salud, estado nutricional, crecimiento físico, desarrollo neurocognitivo y análisis toxicológico.
Con la firma del convenio se avanza en la articulación necesaria para el logro de los objetivos definidos en el marco del PISA 2016 orientado a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza.
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Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Nacional
ACUMAR y la cartera de salud de la Provincia firmaron un convenio para crear Corredores Sanitarios que fortalezcan la salud ambiental en la Cuenca. La iniciativa se suma al trabajo llevado adelante con los camiones y las Unidades Sanitarias.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Esto fortalecerá la atención de salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de Corredores Sanitarios que conformarán una línea de cuidados preventivos.
El convenio firmado entre ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incluirá el trabajo de las unidades sanitarias de los 14 municipios de la Cuenca, como primer nivel de atención de las personas en riesgo sociosanitario para su posterior derivación en efectores de mayor complejidad. Esta iniciativa se suma a la actividad que ACUMAR ya viene realizando con sus camiones en diferentes municipios brindando atención de salud primaria, odontológica y veterinaria.
“Hoy dimos una muestra más de lo que podemos lograr juntos, en equipo con la Provincia de Buenos Aires y los municipios, poniendo por delante el bienestar de los que más lo necesitan. Mediante este convenio integramos los servicios de salud en una red de atención que complementará los recursos disponibles y hará más eficiente la atención sanitaria de los vecinos”, expresó Gladys González.
Esta estrategia exige que todos los actores intervinientes identifiquen los efectores de salud capaces de dar respuesta a los pacientes derivados por ACUMAR a partir de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, las cuales se están llevando a cabo en los barrios más vulnerables de la Cuenca. Las evaluaciones permiten caracterizar los aspectos de salud, estado nutricional, crecimiento físico, desarrollo neurocognitivo y análisis toxicológico.
Con la firma del convenio se avanza en la articulación necesaria para el logro de los objetivos definidos en el marco del PISA 2016 orientado a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza.
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Aumentan las exportaciones de biodiesel
Las exportaciones de biodiesel crecieron 59% durante el primer cuatrimestre
Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En enero-abril los envíos de biodiesel (elaborado a partir del procesamiento de soja) sumaron us$ 268,2 millones y los clientes de EE.UU. mantienen su posición de mayores compradores.
Las exportaciones de biocombustibles mantienen aún un ritmo elevado, pese a la investigación antidumping que se realiza en Estados Unidos, y los ingresos por el rubro crecieron 59% en el primer cuatrimestre, según la estadística que publica el Ministerio de Energía y Minería.
En enero-abril los envíos de biodiesel (elaborado a partir del procesamiento de soja) sumaron us$ 268,2 millones y los clientes de EE.UU. mantienen su posición de mayores compradores.
Salvo una colocación menor, de us$ 5,3 millón en enero a Perú, en los tres meses siguientes los embarques locales del biocombustible tuvieron como destino puertos estadounidenses.
En el sector empresario explican el repunte en las exportaciones por el aumento de la materia prima recolectada en este ciclo, frente a la campaña 2015-16.
Lo cierto es que los envíos de biodiesel en enero-abril ascendieron a 348.350 toneladas, un 31,9% más que en igual período del año anterior.
El incremento en las ventas externas fue consecuencia de un salto productivo de 30,8% en el mismo cuatrimestre, en términos interanuales, hasta sumar un volumen de 773.887 toneladas.
Los datos difundidos por Energía y Minería justifican la expectativa del sector privado de lograr un nuevo año récord en la materia, como consecuencia directa de la mayor cosecha de granos.
En materia comercial, en tanto, no se observa aún el impacto negativo que se esperaba tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos por la National Biodiesel Board (NBB) ante el Departamento de Comercio de aquel país, sobre presunto dumping por parte de la industria argentina de biodiesel, trámite que se resolvería durante agosto.
Hasta que se defina esa cuestión, las compañías y cámaras sectoriales estiman que la mejora del consumo interno, por la mayor actividad económica, actuará como contrapeso del anunciado cierre del mercado estadounidense.
De hecho, las ventas para el corte del gasoil (establecido en un nivel de 10%) totalizaron en el primer cuatrimestre casi 365.000 toneladas, 25,1% más que en igual período de 2016.
Hasta 2014 la proporción del corte era de 5%, pero desde entonces creció sustancialmente la capacidad productiva nacional, por lo cual la industria alienta en la actualidad una actualización hasta 12%, como ya rige para el bioetanol.
La demanda empresaria es aún analizada en los ministerios de Energía y Minería, de Agroindustria, de Producción y de Transporte, en búsqueda de consensos (principalmente con las terminales automotrices) que habiliten un mayor porcentajes de mezcla de biodiesel con combustibles fósiles.
También los fabricantes de bioetanol esperan elevar sus ventas, teniendo en cuenta la evolución reciente: durante enero-abril colocaron un volumen de 327.700 toneladas, un salto de 27,3% frente al primer cuatrimestre de 2016.
Los datos oficiales muestran una aceleración en la demanda del producto, de casi 2 puntos en comparación con el primer cuatrimestre, mientras en abril de este año contra igual mes del anterior se observa un alza de 32,8%.
El repunte se explica básicamente por el comportamiento del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar, que totalizó más de 147.000 toneladas en los primeros cuatro meses del año, 72,7% más que en igual lapso de 2016.
La producción de bioetanol en base a maíz, en tanto, mostró un ligero crecimiento cuatrimestral (4,7%, hasta 180.000 toneladas), si bien en abril se registró un aumento interanual de 12,4%.
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Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En enero-abril los envíos de biodiesel (elaborado a partir del procesamiento de soja) sumaron us$ 268,2 millones y los clientes de EE.UU. mantienen su posición de mayores compradores.
Las exportaciones de biocombustibles mantienen aún un ritmo elevado, pese a la investigación antidumping que se realiza en Estados Unidos, y los ingresos por el rubro crecieron 59% en el primer cuatrimestre, según la estadística que publica el Ministerio de Energía y Minería.
En enero-abril los envíos de biodiesel (elaborado a partir del procesamiento de soja) sumaron us$ 268,2 millones y los clientes de EE.UU. mantienen su posición de mayores compradores.
Salvo una colocación menor, de us$ 5,3 millón en enero a Perú, en los tres meses siguientes los embarques locales del biocombustible tuvieron como destino puertos estadounidenses.
En el sector empresario explican el repunte en las exportaciones por el aumento de la materia prima recolectada en este ciclo, frente a la campaña 2015-16.
Lo cierto es que los envíos de biodiesel en enero-abril ascendieron a 348.350 toneladas, un 31,9% más que en igual período del año anterior.
El incremento en las ventas externas fue consecuencia de un salto productivo de 30,8% en el mismo cuatrimestre, en términos interanuales, hasta sumar un volumen de 773.887 toneladas.
Los datos difundidos por Energía y Minería justifican la expectativa del sector privado de lograr un nuevo año récord en la materia, como consecuencia directa de la mayor cosecha de granos.
En materia comercial, en tanto, no se observa aún el impacto negativo que se esperaba tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos por la National Biodiesel Board (NBB) ante el Departamento de Comercio de aquel país, sobre presunto dumping por parte de la industria argentina de biodiesel, trámite que se resolvería durante agosto.
Hasta que se defina esa cuestión, las compañías y cámaras sectoriales estiman que la mejora del consumo interno, por la mayor actividad económica, actuará como contrapeso del anunciado cierre del mercado estadounidense.
De hecho, las ventas para el corte del gasoil (establecido en un nivel de 10%) totalizaron en el primer cuatrimestre casi 365.000 toneladas, 25,1% más que en igual período de 2016.
Hasta 2014 la proporción del corte era de 5%, pero desde entonces creció sustancialmente la capacidad productiva nacional, por lo cual la industria alienta en la actualidad una actualización hasta 12%, como ya rige para el bioetanol.
La demanda empresaria es aún analizada en los ministerios de Energía y Minería, de Agroindustria, de Producción y de Transporte, en búsqueda de consensos (principalmente con las terminales automotrices) que habiliten un mayor porcentajes de mezcla de biodiesel con combustibles fósiles.
También los fabricantes de bioetanol esperan elevar sus ventas, teniendo en cuenta la evolución reciente: durante enero-abril colocaron un volumen de 327.700 toneladas, un salto de 27,3% frente al primer cuatrimestre de 2016.
Los datos oficiales muestran una aceleración en la demanda del producto, de casi 2 puntos en comparación con el primer cuatrimestre, mientras en abril de este año contra igual mes del anterior se observa un alza de 32,8%.
El repunte se explica básicamente por el comportamiento del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar, que totalizó más de 147.000 toneladas en los primeros cuatro meses del año, 72,7% más que en igual lapso de 2016.
La producción de bioetanol en base a maíz, en tanto, mostró un ligero crecimiento cuatrimestral (4,7%, hasta 180.000 toneladas), si bien en abril se registró un aumento interanual de 12,4%.
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El Parque Nacional Aconquija oficialmente creado
Se oficializó la creación del Parque Nacional Aconquija
Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Con la firma de los diputados nacionales por Tucumán, se convalidó la cesión de las tierras para comenzar a trabajar en esta gran apuesta turística y ecológica de 80 mil hectáreas.
Hace cien años, Miguel Lillo soñó con un Parque Nacional de miles de hectáreas, que proteja la vegetación forestal y las cuencas hídricas del suroeste tucumano. Ayer, luego de la firma de los diputados nacionales por Tucumán, su sueño comenzó a tomar forma.
A fines del año pasado, la Legislatura tucumana aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, o Parque Nacional del Bicentenario, que se extiende en 80 mil hectáreas. Este viernes 23 de junio, los diputados nacionales firmaron la entrada de la Ley de aceptación, de la cesión de la jurisdicción y de la creación del mismo, según informó a La Gaceta Emiliano Ezcurra, vicepresidente de Parques Nacionales.
Para crearlo, se adquirirán campos hacia el norte y el sur del Parque Nacional Los Alisos. El sistema montañoso del Aconquija, en la zona, alberga alrededor de 2 mil especies de plantas y diversos tipos de vegetación: bosques pedemontanos, templados, arbustales y pastizales de neblina, pastizales altoandinos, selvas húmedas subtropicales y estepas arbustivas de la Prepuna. En cuanto a la fauna, hay felinos, osos meleros, pecaríes, guanacos y tarucas, entre otros mamíferos.
Además, permitirá el acceso a la Laguna del Tesoro, que hasta el momento se encontraba en manos privadas. También incluirá un sitio de interés arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Ciudacita, a 4.000 msnm. Incluye el tercer sitio arqueológico más importante del Cono Sur, llamado Qhapaq Ñan (del quechua Camino Principal), antecedido solo por el Machu Picchu (Perú) y las Ruinas de Quilmes (Tucumán).
La observación de la flora y la fauna silvestre, el senderismo, el campamentismo, la pesca deportiva de salmónidos, el turismo geológico, el arqueológico y el botánico son algunos de los tipos de actividades que podrán realizarse en este espacio.
Siempre con respeto al medioambiente: “Es necesario resaltar que la actividad turística estará supeditada al plan de manejo del Parque Nacional y brindará actividades que sean sustentables y ambientalmente amigables. Todo lo que se proyecte a nivel turístico se lo hará siempre bajo el paraguas de la sustentabilidad”, aseguró al momento del anuncio Sebastián Giobellina, titular del Ente Tucumán Turismo.
En este sentido Daniel Vega, intendente del Parque Nacional Campo de los Alisos, celebró la voluntad política del gobierno de la provincia. “Los problemas que trajo el avance de la frontera agrícola pueden comprometer, inclusive, el balance hídrico de la provincia y es necesario que lo que queda de yunga y selva sea preservado. Nada mejor que cederlo a Parques Nacionales para su conservación. Esto nos da una garantía porque este organismo lleva la labor de conservación como una decisión de Estado más allá de los vaivenes que sufre la actualidad política”, expresó.
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Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
Con la firma de los diputados nacionales por Tucumán, se convalidó la cesión de las tierras para comenzar a trabajar en esta gran apuesta turística y ecológica de 80 mil hectáreas.
Hace cien años, Miguel Lillo soñó con un Parque Nacional de miles de hectáreas, que proteja la vegetación forestal y las cuencas hídricas del suroeste tucumano. Ayer, luego de la firma de los diputados nacionales por Tucumán, su sueño comenzó a tomar forma.
A fines del año pasado, la Legislatura tucumana aprobó la creación del Parque Nacional Aconquija, o Parque Nacional del Bicentenario, que se extiende en 80 mil hectáreas. Este viernes 23 de junio, los diputados nacionales firmaron la entrada de la Ley de aceptación, de la cesión de la jurisdicción y de la creación del mismo, según informó a La Gaceta Emiliano Ezcurra, vicepresidente de Parques Nacionales.
Para crearlo, se adquirirán campos hacia el norte y el sur del Parque Nacional Los Alisos. El sistema montañoso del Aconquija, en la zona, alberga alrededor de 2 mil especies de plantas y diversos tipos de vegetación: bosques pedemontanos, templados, arbustales y pastizales de neblina, pastizales altoandinos, selvas húmedas subtropicales y estepas arbustivas de la Prepuna. En cuanto a la fauna, hay felinos, osos meleros, pecaríes, guanacos y tarucas, entre otros mamíferos.
Además, permitirá el acceso a la Laguna del Tesoro, que hasta el momento se encontraba en manos privadas. También incluirá un sitio de interés arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Ciudacita, a 4.000 msnm. Incluye el tercer sitio arqueológico más importante del Cono Sur, llamado Qhapaq Ñan (del quechua Camino Principal), antecedido solo por el Machu Picchu (Perú) y las Ruinas de Quilmes (Tucumán).
La observación de la flora y la fauna silvestre, el senderismo, el campamentismo, la pesca deportiva de salmónidos, el turismo geológico, el arqueológico y el botánico son algunos de los tipos de actividades que podrán realizarse en este espacio.
Siempre con respeto al medioambiente: “Es necesario resaltar que la actividad turística estará supeditada al plan de manejo del Parque Nacional y brindará actividades que sean sustentables y ambientalmente amigables. Todo lo que se proyecte a nivel turístico se lo hará siempre bajo el paraguas de la sustentabilidad”, aseguró al momento del anuncio Sebastián Giobellina, titular del Ente Tucumán Turismo.
En este sentido Daniel Vega, intendente del Parque Nacional Campo de los Alisos, celebró la voluntad política del gobierno de la provincia. “Los problemas que trajo el avance de la frontera agrícola pueden comprometer, inclusive, el balance hídrico de la provincia y es necesario que lo que queda de yunga y selva sea preservado. Nada mejor que cederlo a Parques Nacionales para su conservación. Esto nos da una garantía porque este organismo lleva la labor de conservación como una decisión de Estado más allá de los vaivenes que sufre la actualidad política”, expresó.
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Otro derrame en suelo mapuche por parte de YPF
Un grupo de mapuches descubrió un derrame de petróleo en Mendoza y multarán a YPF
Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto
Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, la noticia comenzó a desparramarse y habrá consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de "Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha convertido en un dolor de cabeza no sólo para la empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino también para los pobladores del lugar, quienes aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que impacte también en la fauna autóctona.
Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. En tanto, desde el Ejecutivo provincial están decididos a accionar con multas contra la firma porque no dio aviso en tiempo y forma a las autoridades de Ambiente, de acuerdo al protocolo vigente; esto es antes de las 12 horas de ocurrido el incidente.
Hasta anoche tanto en YPF como en el cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños.
Según fuentes consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el desborde ya estaría controlado.
Sin embargo, el alerta de los pobladores mapuches, quienes viven a pocos kilómetros del lugar, es porque además no han vistos aún a personal de la empresa o del Gobierno trabajando en el sitio. El yacimiento de la petrolera estatal se encuentra en el límite con la provincia de Neuquén, cerca de las inmediaciones de la mina Potasio-Río Colorado.
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Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto
Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, la noticia comenzó a desparramarse y habrá consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de "Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha convertido en un dolor de cabeza no sólo para la empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino también para los pobladores del lugar, quienes aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que impacte también en la fauna autóctona.
Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. En tanto, desde el Ejecutivo provincial están decididos a accionar con multas contra la firma porque no dio aviso en tiempo y forma a las autoridades de Ambiente, de acuerdo al protocolo vigente; esto es antes de las 12 horas de ocurrido el incidente.
Hasta anoche tanto en YPF como en el cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños.
Según fuentes consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el desborde ya estaría controlado.
Sin embargo, el alerta de los pobladores mapuches, quienes viven a pocos kilómetros del lugar, es porque además no han vistos aún a personal de la empresa o del Gobierno trabajando en el sitio. El yacimiento de la petrolera estatal se encuentra en el límite con la provincia de Neuquén, cerca de las inmediaciones de la mina Potasio-Río Colorado.
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La multa a la Barrick se conocerá el próximo mes
Multa a Barrick por derrame en Veladero: a mediados de julio estaría definida
Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El Ministro de Minería señaló que harán una ampliación de cargo. La multa por el derrame anterior fue histórica y se espera que ésta sea superior.
"Voy a realizar ampliación de cargo, esto desde mi visión de abogado, porque habiendo identidad de objeto, identidad responsable, y de causa, me parece que puede ser acumulable un sumario con el otro. Esto me permitiría un agravamiento de la situación y en consecuencia un agravamiento de la sanción. Eso haremos ahora, una ampliación de cargos para llegar a la conclusión”, dijo el ministro de Minería Alberto Hensel a Tiempo de San Juan.
Agregó que a mediados de julio estaría todo resuelto, aunque en medio hay una serie de trámites administrativos "que no dependen de mí”, dijo.
Cuando se produjo el segundo derrame de solución rica en Veladero, por un desacople de tuberías en el valle de lixiviación, el Gobierno de San Juan aplicó a Barrick una multa histórica: $145,6 millones, en marzo de 2016.
En marzo de 2017 se volvió a producir un derrame, en el mismo valle de lixiviación y por iguales motivos, por eso se especula que hay motivos para prever que la multa será mayor a la de 2016. Parte de esos fondos fueron distribuidos para obras y proyectos en Iglesia y Jáchal.
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Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El Ministro de Minería señaló que harán una ampliación de cargo. La multa por el derrame anterior fue histórica y se espera que ésta sea superior.
"Voy a realizar ampliación de cargo, esto desde mi visión de abogado, porque habiendo identidad de objeto, identidad responsable, y de causa, me parece que puede ser acumulable un sumario con el otro. Esto me permitiría un agravamiento de la situación y en consecuencia un agravamiento de la sanción. Eso haremos ahora, una ampliación de cargos para llegar a la conclusión”, dijo el ministro de Minería Alberto Hensel a Tiempo de San Juan.
Agregó que a mediados de julio estaría todo resuelto, aunque en medio hay una serie de trámites administrativos "que no dependen de mí”, dijo.
Cuando se produjo el segundo derrame de solución rica en Veladero, por un desacople de tuberías en el valle de lixiviación, el Gobierno de San Juan aplicó a Barrick una multa histórica: $145,6 millones, en marzo de 2016.
En marzo de 2017 se volvió a producir un derrame, en el mismo valle de lixiviación y por iguales motivos, por eso se especula que hay motivos para prever que la multa será mayor a la de 2016. Parte de esos fondos fueron distribuidos para obras y proyectos en Iglesia y Jáchal.
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San Juan
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