Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
08:00 | 
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Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Tensión entre industria y ciudades por contaminación
Una Barrick en medio de La Matanza
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos y vecinas del barrio de Las Mercedes, en Virrey del Pino, están rodeados de fábricas que contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades.
Rosaura Barletta, periodista de La Retaguardia presentó un nuevo informe periodístico donde habló con los protagonistas de la lucha que empezó cuando el grupo francés Parex compro la empresa Klaukol en el 2000 potenciando las consecuencias de un entramado político y empresarial que siempre perjudica a los mismos.
Susana, vecina del barrio, cuenta cómo los vecinos comenzaron a organizarse y cuál fue la reacción de la empresa contra ellos.
Escuchá el Audio:
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos y vecinas del barrio de Las Mercedes, en Virrey del Pino, están rodeados de fábricas que contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades.
Rosaura Barletta, periodista de La Retaguardia presentó un nuevo informe periodístico donde habló con los protagonistas de la lucha que empezó cuando el grupo francés Parex compro la empresa Klaukol en el 2000 potenciando las consecuencias de un entramado político y empresarial que siempre perjudica a los mismos.
Susana, vecina del barrio, cuenta cómo los vecinos comenzaron a organizarse y cuál fue la reacción de la empresa contra ellos.
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Indec comenzará a medir variables medioambientales
El Indec comenzará a generar estadísticas medioambientales
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Se sienten los impactos del facking en Río Negro
Medio Ambiente asegura controles para que la actividad petrolera sea segura y compatible con la frutícola
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El subsecretario de Medio Ambiente, Guillermo Ceballos, destacó que “hemos podido acrecentar la estructura y por lo tanto los controles en los últimos años”, de manera que la actividad petrolera sea sostenible en forma segura, compatible con otras actividades como la frutícola. Indicó que también hay un seguimiento de los compromisos de remediación establecidos en la renegociación última de contratos petroleros y, en general, “hay un alto grado de cumplimiento”.
Ceballos indicó a la agencia APP que “sabemos que la actividad petrolera es de alto riesgo, toda acción humana tiene un impacto y en este caso es una industria con un impacto bastante importante, pero con el paso del tiempo las tecnologías han ido avanzando y hoy tenemos certeza que se puede desarrollar en forma segura y en forma compatible con otras”.
Dijo que también se ha ido actualizando el marco normativo y “se cuenta con procedimientos que permiten que la actividad se pueda hacer en forma segura, al margen que, como dije, sea de alto riesgo”.
Señaló que desde el organismo se ha puesto el foco fundamentalmente en Allen –área de mayor producción gasífera de la provincia-, “una vitrina de la explotación hidrocarburífera de la provincia”, ya que en función de ser a la vez una zona frutícola y poblada “demanda una mayor atención nuestra”.
Especificó que “desde el gobierno provincial hay una integración gran de los organismos de control, trabajamos codo a codo con la Secretaría de Hidrocarburos, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la delegación nuestra del Alto Valle que está concentrada en la actividad del petróleo”.
Ratificó además a la agencia APP que en función de los compromisos de remediación establecidos en los contratos que se renegociación con empresas petroleras, también se hace un seguimiento y control en este sentido en forma periódica.
Dijo que en este marco se envían los informes a la Comisión de Seguimiento de los contratos petroleros, y desde la renegociación han constatado “un alto grado de cumplimiento” por parte de las operadoras.
Recordó que hay compromisos “a mediano plazo”, es decir, hay un cronograma con determinados plazos, de hasta cinco años para algunos procesos de remediación.
Respecto a estas fiscalizaciones, informó que se toman muestras en campo porque se cuenta con un Laboratorio de referencia en la provincia, el CIATI, que hace además contramuestras para verificar que la evolución de la remediación se hace de acuerdo a lo establecido, conforme a lo legal.
En cuanto a quejas o demandas de superficiarios, dijo que como organismo de control ambiental no han recibido formalmente muchas denuncias, sino que en “en general con mediáticas y no llegan a nosotros”.
Explicitó que en los últimos años habrán recibido una 10 denuncias en este sentido y se han dado las respuestas, se han hecho fiscalizaciones, ejemplificando que se ha denunciado que las napas estaban contaminadas o el agua de consumo, “y hemos ido con el DPA y se ha verificado que no es así a través de tomas de muestras”.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
Viedma. El subsecretario de Medio Ambiente, Guillermo Ceballos, destacó que “hemos podido acrecentar la estructura y por lo tanto los controles en los últimos años”, de manera que la actividad petrolera sea sostenible en forma segura, compatible con otras actividades como la frutícola. Indicó que también hay un seguimiento de los compromisos de remediación establecidos en la renegociación última de contratos petroleros y, en general, “hay un alto grado de cumplimiento”.
Ceballos indicó a la agencia APP que “sabemos que la actividad petrolera es de alto riesgo, toda acción humana tiene un impacto y en este caso es una industria con un impacto bastante importante, pero con el paso del tiempo las tecnologías han ido avanzando y hoy tenemos certeza que se puede desarrollar en forma segura y en forma compatible con otras”.
Dijo que también se ha ido actualizando el marco normativo y “se cuenta con procedimientos que permiten que la actividad se pueda hacer en forma segura, al margen que, como dije, sea de alto riesgo”.
Señaló que desde el organismo se ha puesto el foco fundamentalmente en Allen –área de mayor producción gasífera de la provincia-, “una vitrina de la explotación hidrocarburífera de la provincia”, ya que en función de ser a la vez una zona frutícola y poblada “demanda una mayor atención nuestra”.
Especificó que “desde el gobierno provincial hay una integración gran de los organismos de control, trabajamos codo a codo con la Secretaría de Hidrocarburos, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la delegación nuestra del Alto Valle que está concentrada en la actividad del petróleo”.
Ratificó además a la agencia APP que en función de los compromisos de remediación establecidos en los contratos que se renegociación con empresas petroleras, también se hace un seguimiento y control en este sentido en forma periódica.
Dijo que en este marco se envían los informes a la Comisión de Seguimiento de los contratos petroleros, y desde la renegociación han constatado “un alto grado de cumplimiento” por parte de las operadoras.
Recordó que hay compromisos “a mediano plazo”, es decir, hay un cronograma con determinados plazos, de hasta cinco años para algunos procesos de remediación.
Respecto a estas fiscalizaciones, informó que se toman muestras en campo porque se cuenta con un Laboratorio de referencia en la provincia, el CIATI, que hace además contramuestras para verificar que la evolución de la remediación se hace de acuerdo a lo establecido, conforme a lo legal.
En cuanto a quejas o demandas de superficiarios, dijo que como organismo de control ambiental no han recibido formalmente muchas denuncias, sino que en “en general con mediáticas y no llegan a nosotros”.
Explicitó que en los últimos años habrán recibido una 10 denuncias en este sentido y se han dado las respuestas, se han hecho fiscalizaciones, ejemplificando que se ha denunciado que las napas estaban contaminadas o el agua de consumo, “y hemos ido con el DPA y se ha verificado que no es así a través de tomas de muestras”.
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Riachuelo a la deriva
Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Apuradísimos por el Acuerdo Federal Minero
Minería: quieren que el Acuerdo Federal esté listo pronto
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, Néstor Álvarez, se expresó con optimismo respecto de la elaboración de un Acuerdo Federal Minero y aseguró que el documento establecerá “los máximos estándares de calidad” para la actividad.
Néstor Álvarez afirmó ser “muy optimista” en relación con el trabajo que desarrollan el Gobierno Nacional y las provincias para la elaboración del Acuerdo Federal Minero que en su opinión, establecerá “los máximos estándares de calidad” para la industria en todo el país.
El objetivo es que todas las provincias suscriban un acuerdo para habilitar la actividad minera fijando estándares de explotación, pautas para el cuidado del medio ambiente, protocolos para la utilización de agua y el aspecto tributario. “Estamos trabajando desde hace varios meses junto con el Gobierno Nacional y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero”, dijo Álvarez, al señalar que en los primeros meses de 2017 estaría concluido el texto del acuerdo.
En opinión del presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, el documento representa “el inicio del desarrollo minero” que la industria espera y se expresó “muy optimista” por el impulso que se está dando a esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional que busca el consenso con las provincias para que en conjunto se fijen las bases de la explotación minera de primera, segunda y tercera categoría.
Álvarez valoró las sucesivas visitas al país de gobernantes extranjeros como japoneses, chinos y canadienses, que plantearon al más alto nivel, es decir ante el presidente Mauricio Macri, su interés por invertir en proyectos mineros, y en ese contexto es que el sector empresario chubutense aspira a que se logre el consenso necesario para avanzar en la iniciativa y aspiran que el Acuerdo Federal Minero sea la herramienta para la actividad en los próximos 30 años.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, Néstor Álvarez, se expresó con optimismo respecto de la elaboración de un Acuerdo Federal Minero y aseguró que el documento establecerá “los máximos estándares de calidad” para la actividad.
Néstor Álvarez afirmó ser “muy optimista” en relación con el trabajo que desarrollan el Gobierno Nacional y las provincias para la elaboración del Acuerdo Federal Minero que en su opinión, establecerá “los máximos estándares de calidad” para la industria en todo el país.
El objetivo es que todas las provincias suscriban un acuerdo para habilitar la actividad minera fijando estándares de explotación, pautas para el cuidado del medio ambiente, protocolos para la utilización de agua y el aspecto tributario. “Estamos trabajando desde hace varios meses junto con el Gobierno Nacional y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero”, dijo Álvarez, al señalar que en los primeros meses de 2017 estaría concluido el texto del acuerdo.
En opinión del presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, el documento representa “el inicio del desarrollo minero” que la industria espera y se expresó “muy optimista” por el impulso que se está dando a esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional que busca el consenso con las provincias para que en conjunto se fijen las bases de la explotación minera de primera, segunda y tercera categoría.
Álvarez valoró las sucesivas visitas al país de gobernantes extranjeros como japoneses, chinos y canadienses, que plantearon al más alto nivel, es decir ante el presidente Mauricio Macri, su interés por invertir en proyectos mineros, y en ese contexto es que el sector empresario chubutense aspira a que se logre el consenso necesario para avanzar en la iniciativa y aspiran que el Acuerdo Federal Minero sea la herramienta para la actividad en los próximos 30 años.
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Pelambres: comenzarán a rendir cuentas ante la justicia
Los Pelambres: en dos semanas iniciará el desfile de directivos de la minera por tribunales
Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Nacional
El proceso judicial del conflicto ente Los Pelambres y Argentina por la escombrera Cerro Amarillo en la que la minera chilena depositó desechos en suelo calingastino tendrá un avance dentro de dos semanas. Es que tendrán que someterse a la indagatoria solicitada por la Justicia Federal con asiento en San Juan.
Si bien hace dos semanas había sido la fecha inicial para comenzar con la indagatoria a los gerentes de la minera chilena del proyecto Los Pelambres que explota la empresa Antofagasta Minerals, se decidió la postergación. En esa oportunidad fue por falta de documentación que había sido solicitada, explicó el fiscal federal que entiende en la causa, Francisco Maldonado.
A partir de la semana del 19 de diciembre, los ex directivos y el actual gerente general del proyecto Los Pelambres pasarán por el tribunal de calle Entre Ríos para comparecer ante el magistrado Leopoldo Rago Gallo.
Por el momento, los días de cita están “fijadas para el 20, 21 y 22 de diciembre. De todos modos todavía faltan varios días”, contó el fiscal Maldonado.
“Las indagatorias se suspendieron la vez anterior porque no llegaron unos informes exhortos internacionales que se habían hecho, pidiendo los datos personales y los antecedentes. Es por estos motivos que el juzgado la postergó”, recordó Maldonado.
Los primeros en llegar serán los ex directivos. Se tiene previsto que Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerdá Mery arriben el 20 y 21 respectivamente. Mientras que el actual gerente general, Robert Andrew Mayne lo haría el 22, cerrando el desfile por el Tribunal Federal Nº 2.
Sobre la posibilidad de que los chilenos no lleguen a San Juan, Maldonado dijo que “hay una imputación y tienen que darle a conocer los hechos y las pruebas que hay. Ellos tendrán que realizar su descargo o no y luego el juez tendrá un plazo de 10 días para resolver si situación procesal. El acto de indagatoria es personal, no puede venir ningún representante legal”.
El conflicto es por el depósito de roca estéril y neumáticos que comenzaron a ser depositados en la escombrera Cerro Amarillo( que comenzaba en Chile y pasaba a suelo calingastino) entre los años 2004-2006 hasta 2011 cuando Glencore (ex Xtrata), se quejó de una usurpación de territorio ya que la escombrera excedía el límite del país. A raíz de esto, una medida judicial prohibió los trabajos en la zona y el sitio quedó bajo la orden de no realizar ninguna operación.
Desde la empresa sostienen que se trató de un error involuntario por un cambio de cartografía chileno que se hizo en 2008 y del cual no fueron informados.
Desde principios de noviembre Los Pelambres comenzó a retirar las gomas de camiones fuera de ruta del suelo sanjuanino. También expresaron que no tienen intención de quitar del lugar las toneladas de roca estéril depositadas en el lado argentino.
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Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Nacional
El proceso judicial del conflicto ente Los Pelambres y Argentina por la escombrera Cerro Amarillo en la que la minera chilena depositó desechos en suelo calingastino tendrá un avance dentro de dos semanas. Es que tendrán que someterse a la indagatoria solicitada por la Justicia Federal con asiento en San Juan.
Si bien hace dos semanas había sido la fecha inicial para comenzar con la indagatoria a los gerentes de la minera chilena del proyecto Los Pelambres que explota la empresa Antofagasta Minerals, se decidió la postergación. En esa oportunidad fue por falta de documentación que había sido solicitada, explicó el fiscal federal que entiende en la causa, Francisco Maldonado.
A partir de la semana del 19 de diciembre, los ex directivos y el actual gerente general del proyecto Los Pelambres pasarán por el tribunal de calle Entre Ríos para comparecer ante el magistrado Leopoldo Rago Gallo.
Por el momento, los días de cita están “fijadas para el 20, 21 y 22 de diciembre. De todos modos todavía faltan varios días”, contó el fiscal Maldonado.
“Las indagatorias se suspendieron la vez anterior porque no llegaron unos informes exhortos internacionales que se habían hecho, pidiendo los datos personales y los antecedentes. Es por estos motivos que el juzgado la postergó”, recordó Maldonado.
Los primeros en llegar serán los ex directivos. Se tiene previsto que Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerdá Mery arriben el 20 y 21 respectivamente. Mientras que el actual gerente general, Robert Andrew Mayne lo haría el 22, cerrando el desfile por el Tribunal Federal Nº 2.
Sobre la posibilidad de que los chilenos no lleguen a San Juan, Maldonado dijo que “hay una imputación y tienen que darle a conocer los hechos y las pruebas que hay. Ellos tendrán que realizar su descargo o no y luego el juez tendrá un plazo de 10 días para resolver si situación procesal. El acto de indagatoria es personal, no puede venir ningún representante legal”.
El conflicto es por el depósito de roca estéril y neumáticos que comenzaron a ser depositados en la escombrera Cerro Amarillo( que comenzaba en Chile y pasaba a suelo calingastino) entre los años 2004-2006 hasta 2011 cuando Glencore (ex Xtrata), se quejó de una usurpación de territorio ya que la escombrera excedía el límite del país. A raíz de esto, una medida judicial prohibió los trabajos en la zona y el sitio quedó bajo la orden de no realizar ninguna operación.
Desde la empresa sostienen que se trató de un error involuntario por un cambio de cartografía chileno que se hizo en 2008 y del cual no fueron informados.
Desde principios de noviembre Los Pelambres comenzó a retirar las gomas de camiones fuera de ruta del suelo sanjuanino. También expresaron que no tienen intención de quitar del lugar las toneladas de roca estéril depositadas en el lado argentino.
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Más denuncias de abuso de agrotóxicos en La Pampa
Alvear: vecinos denuncian focos de contaminación
Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Siguen apareciendo denuncias por el uso de los agroquímicos en la provincia. Un alvearense dijo que miembros de su familia presentaron problemas de salud y otro denunció que estuvo internado por intoxicación y que también se vieron afectados sus caballos y su huerta.
Dos vecinos alvearenses denunciaron durante los últimos días las consecuencias que sufren por el mal uso de agroquímicos en cercanías a la zona urbana. En un caso los insumos agropecuarios afectaron a sus caballos y a su huerta, y le provocaron al denunciante problemas respiratorios. En otro caso, un poblador que reside al lado de un depósito de máquinas pulverizadoras, dijo que miembros de su entorno familiar presentaron problemas de salud.
Uno de los perjudicados fue Abel Omar Lucero, quien manifestó que en cercanías a su domicilio se estacionan máquinas pulverizadoras y que esta situación afectó a la salud de algunos miembros de su familia.
El vecino, que concurrió a la charla que brindó recientemente el Colectivo Sanitario La Pampa que se realizó en el edificio Médano de General Pico, manifestó que tiene certificados médicos en los que constan las dolencias físicas sufridas por miembros de sus familias, a causa de la convivencia cercana al lugar donde se estacionan unas máquinas pulverizadoras.
Según le manifestó el vecino al sitio el norte en movimiento, su esposa y una de sus hijas sufren problemas de salud relacionados con la contaminación generada por los agroquímicos.
“Tengo certificados médicos, uno de ellos de la mamá de mis hijos, donde supuestamente tuvo un ACV de alta complejidad por el que se atendió con muchos médicos. Tengo también otro certificado médico por una hija con náuseas, ardor de cuero cabelludo y rostro, agotamiento físico, donde la doctora no dudó en decirme que esto tiene que ver con los sistemas químicos”, señaló.
Lucero en relación a esto dijo que está “conviviendo con dos máquinas fumigadoras a la par de mi casa, a 25 metros de distancia, con un olor que no te deja vivir”. Además manifestó que hizo una presentación en el Juzgado de Faltas de Intendente Alvear donde le pidieron tiempo para poder tomar alguna medida al respecto.
Caballos y huerta
Otro vecino alvearense, Diego Marsiglio, dijo que los agroquímicos le provocaron problemas respiratorios y refirió que también le intoxicaron dos equinos y le afectaron los cultivos de su huerta.
El vecino afectado aseguró que estuvo internado con problemas respiratorios, que se los adjudica a los agroquímicos.
Marsiglio había denunciado semanas atrás, la intoxicación de dos yeguas que presentaron ampollas de tamaño considerable. Los animales son utilizados para las pruebas de Endurance. Para este tipo de prácticas tenía afectados a cinco equinos de los cuales ahora sólo puede disponer de tres.
Además reveló que los agroquímicos también alcanzaron a los cultivos de una huerta que tiene, de la cual “no quedó nada”.
Estos casos se sumaron a la muerte de más de dos centenares de vacunos en la zona de Ingeniero Luiggi, tras beber agua contaminada que derramó en un bebedero una fumigadora, y a la aparición de centenares de bidones de agroquímicos en cercanías al poblado de Vértiz, que fueron arrastrados por el agua de las inundaciones.
CD piquense trata ordenanza sobre el uso de agroquímicos
Los concejales piquenses trabajan en un proyecto de ordenanza que tiene como objeto regular el manejo y el uso responsable de los agroquímicos en explotaciones agropecuarias. El proyecto que fue impulsado por el edil Reneé Pechín (PJ) ingresó en la vigésima sesión anual ordinaria que se desarrolló días atrás y el miércoles comenzará ser tratada en comisión, con la intención que sea aprobada antes de fin de año.
El impulsor del proyecto explicó que se presentó una “actualización de la norma porque la norma que está aprobada en el Plano Urbano, y el Código Urbano establece adecuar periódicamente la misma”.
El proyecto de ordenanza presentado por el bloque oficialista, tras los focos de contaminación que se generaron durante las últimas semanas en tres localidades norteñas (Vértiz, Ingeniero Luiggi e Intendente Alvear), clasifica los productos fitosanitarios o agroquímicos, de acuerdo a su toxicidad, y en su articulado se refiere a la correcta aplicación de los productos.
Dentro de la Zona de Protección Ambiental, sólo se podrán aplicar de forma terrestre, mediante una mochila u otro dispositivo. En tanto, desde el perímetro de la Zona de Resguardo Ambiental hasta los 1.500 metros, no se permite la aplicación por vía aérea, algo que si se autoriza superado ese límite.
Sanciones
Además el proyecto establece una serie de prohibiciones, que hacen al uso de responsable agroquímicos dentro del casco urbano. Como ser, se prohíbe dentro del ejido municipal correspondiente a suelo urbanizable, ingresar, circular, guardar o limpiar las pulverizadoras o todo equipo de aplicación terrestre.
También se establecen prohibiciones para los vehículos cargados con agroquímicos, y se prohíbe el descarte de envases de productos fitosanitarios. En caso de incumplimiento se aplicarán multas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza fiscal y tarifaria.
“Esto es un pedido no sólo de algunas organizaciones que vienen a disertar, sino simplemente porque la gente está exigiendo algunos tipos de norma. En este tipo de problemáticas, las ciudades chicas en provincias como La Pampa, que son zonas agropecuarias en un gran porcentaje, los pueblos se empiezan a desarrollar horizontalmente por tanto los límites sobre fumigaciones y demás se van extendiendo, cada vez que hay que ir acompañando el desarrollo de los ciudades y de los pequeños pueblos, donde prácticamente se les fumiga al lado de las casas”, dijo Pechín.
“Esto es de suma importancia, por todo lo que nos rodea y por las cosas que han pasado. Tiene que ser un análisis técnico y político también porque hay que tomar decisiones importantes”, agregó.
Discusión profunda
El edil oficialista señaló que el proyecto ingresará esta semana al trabajo de comisión, y que se pretende aprobarla en la última sesión del año que se desarrollará el jueves 15 de diciembre.
“Esto pasó a comisión y el miércoles va a ser tratado, no creo que sufra demasiadas modificaciones porque es una actualización de la norma que fuera aprobada por el año 2013”, explicó.
Además dijo que se acompañará a cada uno de los concejos deliberantes de la zona para que legislen en el mismo sentido.
“Los demás concejos están requiriendo que los acompañemos con la normativa para ver si ellos pueden hacer algo similar que se adapte a las características de los pueblos. Hay estadísticas de casos de pueblos pequeños que nos rodean donde los problemas de salud están superando la media”, dijo.
Por último se refirió a los focos de contaminación que aparecieron en las últimas semanas, y dijo que se pretende legislar a favor de un uso responsable de los agroquímicos.
“Creo que pasa por hacer un uso del agroquímico como corresponde. Lo que pasó en Luiggi demuestra la toxicidad de los elementos que se usan que provocaron la muerte de 214 animales. Lo que pasó en Vértiz es una cosa que no tiene control. Se está duplicando el uso de agroquímicos porque las plagas generan resistencia y van aumentando los insumos. En nuestra ciudad en temporada estival concurren a la laguna cerca de 5.000 personas los fines de semana, donde se está fumigando al lado”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Siguen apareciendo denuncias por el uso de los agroquímicos en la provincia. Un alvearense dijo que miembros de su familia presentaron problemas de salud y otro denunció que estuvo internado por intoxicación y que también se vieron afectados sus caballos y su huerta.
Dos vecinos alvearenses denunciaron durante los últimos días las consecuencias que sufren por el mal uso de agroquímicos en cercanías a la zona urbana. En un caso los insumos agropecuarios afectaron a sus caballos y a su huerta, y le provocaron al denunciante problemas respiratorios. En otro caso, un poblador que reside al lado de un depósito de máquinas pulverizadoras, dijo que miembros de su entorno familiar presentaron problemas de salud.
Uno de los perjudicados fue Abel Omar Lucero, quien manifestó que en cercanías a su domicilio se estacionan máquinas pulverizadoras y que esta situación afectó a la salud de algunos miembros de su familia.
El vecino, que concurrió a la charla que brindó recientemente el Colectivo Sanitario La Pampa que se realizó en el edificio Médano de General Pico, manifestó que tiene certificados médicos en los que constan las dolencias físicas sufridas por miembros de sus familias, a causa de la convivencia cercana al lugar donde se estacionan unas máquinas pulverizadoras.
Según le manifestó el vecino al sitio el norte en movimiento, su esposa y una de sus hijas sufren problemas de salud relacionados con la contaminación generada por los agroquímicos.
“Tengo certificados médicos, uno de ellos de la mamá de mis hijos, donde supuestamente tuvo un ACV de alta complejidad por el que se atendió con muchos médicos. Tengo también otro certificado médico por una hija con náuseas, ardor de cuero cabelludo y rostro, agotamiento físico, donde la doctora no dudó en decirme que esto tiene que ver con los sistemas químicos”, señaló.
Lucero en relación a esto dijo que está “conviviendo con dos máquinas fumigadoras a la par de mi casa, a 25 metros de distancia, con un olor que no te deja vivir”. Además manifestó que hizo una presentación en el Juzgado de Faltas de Intendente Alvear donde le pidieron tiempo para poder tomar alguna medida al respecto.
Caballos y huerta
Otro vecino alvearense, Diego Marsiglio, dijo que los agroquímicos le provocaron problemas respiratorios y refirió que también le intoxicaron dos equinos y le afectaron los cultivos de su huerta.
El vecino afectado aseguró que estuvo internado con problemas respiratorios, que se los adjudica a los agroquímicos.
Marsiglio había denunciado semanas atrás, la intoxicación de dos yeguas que presentaron ampollas de tamaño considerable. Los animales son utilizados para las pruebas de Endurance. Para este tipo de prácticas tenía afectados a cinco equinos de los cuales ahora sólo puede disponer de tres.
Además reveló que los agroquímicos también alcanzaron a los cultivos de una huerta que tiene, de la cual “no quedó nada”.
Estos casos se sumaron a la muerte de más de dos centenares de vacunos en la zona de Ingeniero Luiggi, tras beber agua contaminada que derramó en un bebedero una fumigadora, y a la aparición de centenares de bidones de agroquímicos en cercanías al poblado de Vértiz, que fueron arrastrados por el agua de las inundaciones.
CD piquense trata ordenanza sobre el uso de agroquímicos
Los concejales piquenses trabajan en un proyecto de ordenanza que tiene como objeto regular el manejo y el uso responsable de los agroquímicos en explotaciones agropecuarias. El proyecto que fue impulsado por el edil Reneé Pechín (PJ) ingresó en la vigésima sesión anual ordinaria que se desarrolló días atrás y el miércoles comenzará ser tratada en comisión, con la intención que sea aprobada antes de fin de año.
El impulsor del proyecto explicó que se presentó una “actualización de la norma porque la norma que está aprobada en el Plano Urbano, y el Código Urbano establece adecuar periódicamente la misma”.
El proyecto de ordenanza presentado por el bloque oficialista, tras los focos de contaminación que se generaron durante las últimas semanas en tres localidades norteñas (Vértiz, Ingeniero Luiggi e Intendente Alvear), clasifica los productos fitosanitarios o agroquímicos, de acuerdo a su toxicidad, y en su articulado se refiere a la correcta aplicación de los productos.
Dentro de la Zona de Protección Ambiental, sólo se podrán aplicar de forma terrestre, mediante una mochila u otro dispositivo. En tanto, desde el perímetro de la Zona de Resguardo Ambiental hasta los 1.500 metros, no se permite la aplicación por vía aérea, algo que si se autoriza superado ese límite.
Sanciones
Además el proyecto establece una serie de prohibiciones, que hacen al uso de responsable agroquímicos dentro del casco urbano. Como ser, se prohíbe dentro del ejido municipal correspondiente a suelo urbanizable, ingresar, circular, guardar o limpiar las pulverizadoras o todo equipo de aplicación terrestre.
También se establecen prohibiciones para los vehículos cargados con agroquímicos, y se prohíbe el descarte de envases de productos fitosanitarios. En caso de incumplimiento se aplicarán multas de acuerdo a lo establecido por la ordenanza fiscal y tarifaria.
“Esto es un pedido no sólo de algunas organizaciones que vienen a disertar, sino simplemente porque la gente está exigiendo algunos tipos de norma. En este tipo de problemáticas, las ciudades chicas en provincias como La Pampa, que son zonas agropecuarias en un gran porcentaje, los pueblos se empiezan a desarrollar horizontalmente por tanto los límites sobre fumigaciones y demás se van extendiendo, cada vez que hay que ir acompañando el desarrollo de los ciudades y de los pequeños pueblos, donde prácticamente se les fumiga al lado de las casas”, dijo Pechín.
“Esto es de suma importancia, por todo lo que nos rodea y por las cosas que han pasado. Tiene que ser un análisis técnico y político también porque hay que tomar decisiones importantes”, agregó.
Discusión profunda
El edil oficialista señaló que el proyecto ingresará esta semana al trabajo de comisión, y que se pretende aprobarla en la última sesión del año que se desarrollará el jueves 15 de diciembre.
“Esto pasó a comisión y el miércoles va a ser tratado, no creo que sufra demasiadas modificaciones porque es una actualización de la norma que fuera aprobada por el año 2013”, explicó.
Además dijo que se acompañará a cada uno de los concejos deliberantes de la zona para que legislen en el mismo sentido.
“Los demás concejos están requiriendo que los acompañemos con la normativa para ver si ellos pueden hacer algo similar que se adapte a las características de los pueblos. Hay estadísticas de casos de pueblos pequeños que nos rodean donde los problemas de salud están superando la media”, dijo.
Por último se refirió a los focos de contaminación que aparecieron en las últimas semanas, y dijo que se pretende legislar a favor de un uso responsable de los agroquímicos.
“Creo que pasa por hacer un uso del agroquímico como corresponde. Lo que pasó en Luiggi demuestra la toxicidad de los elementos que se usan que provocaron la muerte de 214 animales. Lo que pasó en Vértiz es una cosa que no tiene control. Se está duplicando el uso de agroquímicos porque las plagas generan resistencia y van aumentando los insumos. En nuestra ciudad en temporada estival concurren a la laguna cerca de 5.000 personas los fines de semana, donde se está fumigando al lado”, finalizó.
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Ambiente adjudicó tratamiento de RSU para Jujuy
Ambiente adjudicó obra para la gestión integral de residuos que beneficiará a 500.000 jujeños
Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce el rabino Sergio Bergman, concretó la adjudicación de la licitación para Chanchillos 2, en Jujuy, el proyecto de obra pública más ambicioso del área ambiental de la Nación que se haya realizado en materia de gestión integral de residuos. A través del mismo serán beneficiados más de medio millón de habitantes, lo que representa el 76% de la población de la provincia.
El proyecto comprende a los municipios San Pedro, Yala, San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Monterrico y Perico y contó con una inversión total, junto a la primera etapa ya finalizada denominada Chanchillos 1, de alrededor de $ 250.000.000.
El ministro Bergman aseguró que “la política del ministerio de Ambiente está inscripta en una política de derechos humanos. Si se degrada el ambiente, se degrada lo humano”. Y agregó que “en este tema nuestra concepción es que los residuos son recursos en el marco de una economía circular. Pero primero hay que terminar con la indignidad de los basurales a cielo abierto”.
El emprendimiento consta de una planta de separación de materiales con una capacidad nominal de 120 toneladas diarias, con todas sus construcciones complementarias y que comprenden accesos, sistema de pesaje, caminos internos, playa de estacionamiento, oficinas, baños y vestuarios. Al mismo tiempo, se incluye la adquisición de equipos, maquinaria y la capacitación del personal que operará la planta de separación de materiales en su puesta en marcha, operación y mantenimiento.
La cartera de ambiente de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos, será la ejecutora en el marco del Programa Basural Cero. Bergman explicó sobre el programa que “promueve obras de saneamiento para erradicar los basurales a cielo abierto, una correcta gestión de los residuos; y resolver así las problemáticas sociales, ambientales y de salud de la gente”.
La propuesta prevé también la construcción del primer módulo de relleno sanitario, un playón de compostaje y obras civiles auxiliares del Centro Ambiental Chanchillos. Se contempla además una planta de separación y transferencia en la localidad de San Pedro y la clausura de dos de los basurales a cielo abierto más grandes del país: el de Palpalá y El Pongo.
Cabe destacar además que se está implementando un plan de inclusión social y otro de comunicación ambiental y social, que permiten integrar, educar y concientizar, colaborando en la mejora de la calidad de vida de los jujeños.
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Fecha de Publicación: 07/12/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce el rabino Sergio Bergman, concretó la adjudicación de la licitación para Chanchillos 2, en Jujuy, el proyecto de obra pública más ambicioso del área ambiental de la Nación que se haya realizado en materia de gestión integral de residuos. A través del mismo serán beneficiados más de medio millón de habitantes, lo que representa el 76% de la población de la provincia.
El proyecto comprende a los municipios San Pedro, Yala, San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Monterrico y Perico y contó con una inversión total, junto a la primera etapa ya finalizada denominada Chanchillos 1, de alrededor de $ 250.000.000.
El ministro Bergman aseguró que “la política del ministerio de Ambiente está inscripta en una política de derechos humanos. Si se degrada el ambiente, se degrada lo humano”. Y agregó que “en este tema nuestra concepción es que los residuos son recursos en el marco de una economía circular. Pero primero hay que terminar con la indignidad de los basurales a cielo abierto”.
El emprendimiento consta de una planta de separación de materiales con una capacidad nominal de 120 toneladas diarias, con todas sus construcciones complementarias y que comprenden accesos, sistema de pesaje, caminos internos, playa de estacionamiento, oficinas, baños y vestuarios. Al mismo tiempo, se incluye la adquisición de equipos, maquinaria y la capacitación del personal que operará la planta de separación de materiales en su puesta en marcha, operación y mantenimiento.
La cartera de ambiente de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos, será la ejecutora en el marco del Programa Basural Cero. Bergman explicó sobre el programa que “promueve obras de saneamiento para erradicar los basurales a cielo abierto, una correcta gestión de los residuos; y resolver así las problemáticas sociales, ambientales y de salud de la gente”.
La propuesta prevé también la construcción del primer módulo de relleno sanitario, un playón de compostaje y obras civiles auxiliares del Centro Ambiental Chanchillos. Se contempla además una planta de separación y transferencia en la localidad de San Pedro y la clausura de dos de los basurales a cielo abierto más grandes del país: el de Palpalá y El Pongo.
Cabe destacar además que se está implementando un plan de inclusión social y otro de comunicación ambiental y social, que permiten integrar, educar y concientizar, colaborando en la mejora de la calidad de vida de los jujeños.
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No hay justicia para Nicolás Arévalo
Juicio por agrotóxicos en Corrientes: el productor hortícola fue sobreseído
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Hoy Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
Por unanimidad, el Tribunal Oral Penal de Goya, resolvió sobreseer de culpa y cargo al productor hortícola Nicolás Prieto, quien estaba acusado por la muerte de Nicolás Arévalo y daños a la salud de Celeste Estévez por el uso indebido de agrotóxicos en un establecimiento rural de Lavalle.
Bajo una fuerte presencia policial dentro de la sala se leyó el fallo. La familia Arévalo, afuera del recinto, una vez conocido el fallo, expresó su disconformidad con gritos e insultos; donde se armó un cordón policial para la salida de Prieto.
El único acusado, Ricardo Prieto, fue considerado inocente por la justicia correntina, donde se estimó que faltaron pruebas desde la querella para encontrarlo culpable.
El juicio salió a favor del productor de la tomatera ubicada en el Departamento Lavalle; quien fue acusado por el homicidio a Nicolás Arévalo y las profundas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez por tener contacto con el endosulfan, un insecticida y acaricida organoclorado, en aquella localidad del interior correntino en el año 2011.
El 25 de noviembre la justicia correntina decidió enviar a cuarto intermedio hasta este 5 de diciembre. La defensa de Ricardo Prieto, único acusado de haber utilizado de forma indiscriminada el agroquímico para la tomatera que se encuentra a 30 metros de la casa de las víctimas trabajó de forma durísima.
Finalmente, Prieto fue considerado inocente por falta de pruebas por parte de la querella. Es el propietario de la tomatera, era considerado el único responsable de fumigar los tendaleros y haber realizado un escurrido con ese insecticida.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Hoy Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
Por unanimidad, el Tribunal Oral Penal de Goya, resolvió sobreseer de culpa y cargo al productor hortícola Nicolás Prieto, quien estaba acusado por la muerte de Nicolás Arévalo y daños a la salud de Celeste Estévez por el uso indebido de agrotóxicos en un establecimiento rural de Lavalle.
Bajo una fuerte presencia policial dentro de la sala se leyó el fallo. La familia Arévalo, afuera del recinto, una vez conocido el fallo, expresó su disconformidad con gritos e insultos; donde se armó un cordón policial para la salida de Prieto.
El único acusado, Ricardo Prieto, fue considerado inocente por la justicia correntina, donde se estimó que faltaron pruebas desde la querella para encontrarlo culpable.
El juicio salió a favor del productor de la tomatera ubicada en el Departamento Lavalle; quien fue acusado por el homicidio a Nicolás Arévalo y las profundas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez por tener contacto con el endosulfan, un insecticida y acaricida organoclorado, en aquella localidad del interior correntino en el año 2011.
El 25 de noviembre la justicia correntina decidió enviar a cuarto intermedio hasta este 5 de diciembre. La defensa de Ricardo Prieto, único acusado de haber utilizado de forma indiscriminada el agroquímico para la tomatera que se encuentra a 30 metros de la casa de las víctimas trabajó de forma durísima.
Finalmente, Prieto fue considerado inocente por falta de pruebas por parte de la querella. Es el propietario de la tomatera, era considerado el único responsable de fumigar los tendaleros y haber realizado un escurrido con ese insecticida.
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Acumar hace agua
Un organismo que hace agua
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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Formosa desmonta a un rítmo de 4 canchas por hora
En Formosa se están desmontando más de 4 canchas de fútbol por hora en los últimos 5 años
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
En el centro oeste de Formosa, en 5 años se han desmontado más de 188.000 hectáreas una superficie igual a 36 veces el de la capital provincial
En 5 años de vigencia de la Ley Provincial Nº 1552, “Programa de Ordenamiento Territorial para la Provincia de Formosa”, se han desmontado más de 188.000 has en los departamentos de Matacos, Patiño y Bermejo.
Así lo muestra un trabajo conjunto desarrollado por investigadores de la Red Agroforestal Chaco Argentina y el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que monitorea las áreas de desmonte en las provincias del norte argentino.
Como marco de referencia, desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo – APCD - miembro de la Redaf con sede en Las Lomitas, ofrecen algunos datos sobre las hectáreas desmontadas en la zona oeste de la provincia de Formosa (Chaco seco) desde el momento de la aprobación de la ley provincial y hasta el año 2015:
En los departamentos formoseños de Patiño, Matacos y Bermejo, correspondientes a la zona del Chaco seco provincial, se desmontaron entre 2010 y 2015 un total de 188.668 ha. Representación gráfica de la deforestación en 3 departamentos de la provincia de Formosa
Para una referencia comparativa, es prácticamente la misma cantidad que las hectáreas desmontadas desde el año 1986 y hasta el 2009 (23 años): 186.698 ha.
Pero además observaron que del total de hectáreas desmontadas entre la implementación de la Ley Provincial Nº 1552, en el año 2010, y hasta el año 2015: 1955 has. corresponden a zonas que se encuentran en la categoría II categorizado por la ley como bosques de mediano valor de conservación que tienen muchas restricciones para el desmonte.
120.983 has. se encuentran dentro de la categoría III (de acuerdo al OTBN provincial), sectores de bajo valor de conservación que pueden deforestarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la ley. Y lo que más llama la atención son las 65.730 has. desmontadas en zonas denominadas ‘0’, donde en teoría la provincia había señalado como zonas donde no había ningún tipo de bosques.
Es decir que, del total de desmontes realizados entre 2010 y 2015, el 38 % se dio en áreas que la provincia no había categorizado como zona de bosques, en el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) presentado a las autoridades nacionales de su momento.
Afirmaron finalmente que: “Preocupa que las distintas zonas de la provincia y sus montes necesitan una continuidad de paisaje y el desmonte genera pequeñas islas de bosques rodeadas de zonas desmontadas.
Desmontar no tiene vuelta atrás
Es claro que esto atenta contra la diversidad ambiental y cultural de las zonas, empobreciéndolas en ambos aspectos. Lamentablemente en Formosa se están desamontonando más de 4 canchas de fútbol por hora en los últimos 5 años”.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
En el centro oeste de Formosa, en 5 años se han desmontado más de 188.000 hectáreas una superficie igual a 36 veces el de la capital provincial
En 5 años de vigencia de la Ley Provincial Nº 1552, “Programa de Ordenamiento Territorial para la Provincia de Formosa”, se han desmontado más de 188.000 has en los departamentos de Matacos, Patiño y Bermejo.
Así lo muestra un trabajo conjunto desarrollado por investigadores de la Red Agroforestal Chaco Argentina y el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que monitorea las áreas de desmonte en las provincias del norte argentino.
Como marco de referencia, desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo – APCD - miembro de la Redaf con sede en Las Lomitas, ofrecen algunos datos sobre las hectáreas desmontadas en la zona oeste de la provincia de Formosa (Chaco seco) desde el momento de la aprobación de la ley provincial y hasta el año 2015:
En los departamentos formoseños de Patiño, Matacos y Bermejo, correspondientes a la zona del Chaco seco provincial, se desmontaron entre 2010 y 2015 un total de 188.668 ha. Representación gráfica de la deforestación en 3 departamentos de la provincia de Formosa
Para una referencia comparativa, es prácticamente la misma cantidad que las hectáreas desmontadas desde el año 1986 y hasta el 2009 (23 años): 186.698 ha.
Pero además observaron que del total de hectáreas desmontadas entre la implementación de la Ley Provincial Nº 1552, en el año 2010, y hasta el año 2015: 1955 has. corresponden a zonas que se encuentran en la categoría II categorizado por la ley como bosques de mediano valor de conservación que tienen muchas restricciones para el desmonte.
120.983 has. se encuentran dentro de la categoría III (de acuerdo al OTBN provincial), sectores de bajo valor de conservación que pueden deforestarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la ley. Y lo que más llama la atención son las 65.730 has. desmontadas en zonas denominadas ‘0’, donde en teoría la provincia había señalado como zonas donde no había ningún tipo de bosques.
Es decir que, del total de desmontes realizados entre 2010 y 2015, el 38 % se dio en áreas que la provincia no había categorizado como zona de bosques, en el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) presentado a las autoridades nacionales de su momento.
Afirmaron finalmente que: “Preocupa que las distintas zonas de la provincia y sus montes necesitan una continuidad de paisaje y el desmonte genera pequeñas islas de bosques rodeadas de zonas desmontadas.
Desmontar no tiene vuelta atrás
Es claro que esto atenta contra la diversidad ambiental y cultural de las zonas, empobreciéndolas en ambos aspectos. Lamentablemente en Formosa se están desamontonando más de 4 canchas de fútbol por hora en los últimos 5 años”.
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Mendoza: críticas al plan minero oficial
Ambientalistas critican un supuesto plan minero oficial
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Dicen que el Gobierno “cajoneó” un proyecto que protegía a Uspallata y Polvaredas para beneficiar a San Jorge. La respuesta oficial.
Las críticas contra la minería volvieron con un reproche al gobierno por un proyecto de ley que presentó la UCR antes de ser oficialismo y que ahora ha “cajoneado”. Proponía declarar como área natural protegida a Uspallata y Polvaredas para “blindarlas” ante proyectos mineros.
Ahora, en el Ejecutivo aseguran que antes de tratarlo deben definir una política minera.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata le puso cuerpo a la crítica en un taller que convocó el Senado sobre uso del agua. Allí narraron lo que es un pedido con más de 20 años que se ha actualizado con distintos proyectos.
La propuesta en cuestión data de 2014 y es autoría de Tadeo García Zalazar y Héctor Quevedo, con el título “Denominar como Área Natural Protegida a las Altas Cumbres y el Faldeo Oriental del Cordón del Tigre y al Valle de Uspallata en el Departamento de Las Heras”. El proyecto no alcanzó ni la media sanción y duerme en comisiones.
Para Federico Soria, parte de la asamblea, el problema es grave: “Acá los funcionarios están mirando a otro lado y no quieren tomar la decisión de proteger la cuenca completa del río Mendoza sino que están atendiendo a otros intereses. Queremos que se saque este proyecto de donde esté cajoneado”.
Siguiendo la versión de los asambleístas, en otoño de este año trabajaron para que el Concejo Deliberante de Las Heras avalara una ordenanza ambiental minera. Consiguieron los votos pero finalmente fue vetada “por presiones de los mineros”.
Una oficialista que apoya en parte el reclamo es la vicegobernadora Laura Montero. Manteniendo cierta distancia, asegura que todas las propuestas son válidas, que hay que planificar sobre el agua partiendo de una idea de escasez y que es clave la licencia social para cualquier iniciativa.
Cabe recordar que Montero voto a favor de la ley de glaciares de 2010 y que en distintos encuentros para reformar la Constitución ha reiterado la importancia social del cuidado del agua y del medio ambiente.
En ese sentido, la vicegobernadora no quiere arriesgar la apuesta por cualquier emprendimiento. “Las mineras tienden a la magnificación de sus beneficios, eso es algo que aún no se ha zanjado y eso produjo lo que pasó en San Juan con el derrame de cianuro en un río”, reflexionó antes de afirmar que debe estudiarse qué minería se quiere.
El temor de los vecinos de Uspallata está en el proyecto minero San Jorge. La iniciativa para extraer oro y cobre fue rechazada en una audiencia pública de 2010, después en 2011 por la Legislatura y tuvo otro revés en 2015 en la Justicia. Sin embargo, los asambleístas aseguran que la minera insiste en instalarse.
Así, Soria señaló al subsecretario de Minería y Energía, Emilio Guiñazú, como responsable de que el proyecto no haya tenido un rechazo definitivo. En su cuestionamiento, sostuvo que “la resolución está cajoneada en su despacho” y que la empresa espera el momento para reactivarlo.
Guiñazú desestimó por completo la acusación afirmando que San Jorge presentó una actualización que debe ser evaluada por una comisión especial, no por su dirección. “Cuando esa comisión se expida veremos, no es mi función”, aseguró. En cuanto a declarar la zona como reserva natural, afirmó que no estaría ni en contra ni a favor hasta estudiar esa medida.
El debate vuelve a poner el foco en una política minera que, a un año de asumir el gobierno, todavía no se define. Ante ello, algunos apuestan por el Espacio de Diálogo Minero que se inició hace unos meses. “Hay que darle una mirada global, sin apuro. Todo este ruido de la gente tiene que ver con lo mal que han manejado el tema los gobiernos anteriores”, dijo un funcionario en off.
En eso concuerda Guiñazú, que evitó definirse sobre San Jorge sin antes tener una política de Estado sobre minería. El objetivo es presentarla antes de fin de año en base a los diálogos de los encuentros, aunque por las dudas y ante las presiones aclara: “Va a llevarnos todo el tiempo necesario”.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Dicen que el Gobierno “cajoneó” un proyecto que protegía a Uspallata y Polvaredas para beneficiar a San Jorge. La respuesta oficial.
Las críticas contra la minería volvieron con un reproche al gobierno por un proyecto de ley que presentó la UCR antes de ser oficialismo y que ahora ha “cajoneado”. Proponía declarar como área natural protegida a Uspallata y Polvaredas para “blindarlas” ante proyectos mineros.
Ahora, en el Ejecutivo aseguran que antes de tratarlo deben definir una política minera.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata le puso cuerpo a la crítica en un taller que convocó el Senado sobre uso del agua. Allí narraron lo que es un pedido con más de 20 años que se ha actualizado con distintos proyectos.
La propuesta en cuestión data de 2014 y es autoría de Tadeo García Zalazar y Héctor Quevedo, con el título “Denominar como Área Natural Protegida a las Altas Cumbres y el Faldeo Oriental del Cordón del Tigre y al Valle de Uspallata en el Departamento de Las Heras”. El proyecto no alcanzó ni la media sanción y duerme en comisiones.
Para Federico Soria, parte de la asamblea, el problema es grave: “Acá los funcionarios están mirando a otro lado y no quieren tomar la decisión de proteger la cuenca completa del río Mendoza sino que están atendiendo a otros intereses. Queremos que se saque este proyecto de donde esté cajoneado”.
Siguiendo la versión de los asambleístas, en otoño de este año trabajaron para que el Concejo Deliberante de Las Heras avalara una ordenanza ambiental minera. Consiguieron los votos pero finalmente fue vetada “por presiones de los mineros”.
Una oficialista que apoya en parte el reclamo es la vicegobernadora Laura Montero. Manteniendo cierta distancia, asegura que todas las propuestas son válidas, que hay que planificar sobre el agua partiendo de una idea de escasez y que es clave la licencia social para cualquier iniciativa.
Cabe recordar que Montero voto a favor de la ley de glaciares de 2010 y que en distintos encuentros para reformar la Constitución ha reiterado la importancia social del cuidado del agua y del medio ambiente.
En ese sentido, la vicegobernadora no quiere arriesgar la apuesta por cualquier emprendimiento. “Las mineras tienden a la magnificación de sus beneficios, eso es algo que aún no se ha zanjado y eso produjo lo que pasó en San Juan con el derrame de cianuro en un río”, reflexionó antes de afirmar que debe estudiarse qué minería se quiere.
El temor de los vecinos de Uspallata está en el proyecto minero San Jorge. La iniciativa para extraer oro y cobre fue rechazada en una audiencia pública de 2010, después en 2011 por la Legislatura y tuvo otro revés en 2015 en la Justicia. Sin embargo, los asambleístas aseguran que la minera insiste en instalarse.
Así, Soria señaló al subsecretario de Minería y Energía, Emilio Guiñazú, como responsable de que el proyecto no haya tenido un rechazo definitivo. En su cuestionamiento, sostuvo que “la resolución está cajoneada en su despacho” y que la empresa espera el momento para reactivarlo.
Guiñazú desestimó por completo la acusación afirmando que San Jorge presentó una actualización que debe ser evaluada por una comisión especial, no por su dirección. “Cuando esa comisión se expida veremos, no es mi función”, aseguró. En cuanto a declarar la zona como reserva natural, afirmó que no estaría ni en contra ni a favor hasta estudiar esa medida.
El debate vuelve a poner el foco en una política minera que, a un año de asumir el gobierno, todavía no se define. Ante ello, algunos apuestan por el Espacio de Diálogo Minero que se inició hace unos meses. “Hay que darle una mirada global, sin apuro. Todo este ruido de la gente tiene que ver con lo mal que han manejado el tema los gobiernos anteriores”, dijo un funcionario en off.
En eso concuerda Guiñazú, que evitó definirse sobre San Jorge sin antes tener una política de Estado sobre minería. El objetivo es presentarla antes de fin de año en base a los diálogos de los encuentros, aunque por las dudas y ante las presiones aclara: “Va a llevarnos todo el tiempo necesario”.
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Monsanto en la TV pública
La TV Pública cede espacio a Monsanto mientras crecen las intoxicaciones por plaguicidas
Fecha de Publicación: 05/12/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación registró un aumento del 26% en personas afectadas por herbicidas.
La multinacional líder en agronegocios Monsanto sigue ganando espacios de poder de la Argentina. La empresa denunciada por glifosato en todo el mundo sumó en los últimos días su presencia en programas de televisión de canales públicos. Al mismo tiempo, un dato aportado por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación genera alarma: los intoxicados por plaguicidas aumentaron un 26% este año.
La TV Pública arrancó sin muchos anuncios un nuevo programa llamado Locos por el campo los domingos a las 14. El detalle es que tiene el auspicio central de Monsanto, quien se encargó de promocionar el envío en su Twitter. El protagonista central es Fernando Entín, galerista de arte que visita establecimientos rurales y conoce cómo producen leche, carne, soja y trigo.
Aparte de Monsanto (cuyo representante de Asuntos Legales habla en el canal de Youtube del programa), también los acompaña la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), de donde proviene Luis María Urriza, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. Desde la productora Comando TV anunciaron que el producto "pretende ser un certero reflejo de lo que es la actividad agropecuaria".
El director del canal, Horacio Levin, admitió a Página/12 que desconocía los auspiciantes aunque no cree que "afecte a la artística del programa".
Y contó: "En mayo me vino a ver Nicolás Borenstein, de Comando TV, y me mostró el programa. Me encantó. Me dijo que me lo daba gratis a cambio de tres chivos. Como no tenía ninguna erogación para el Estado dije que sí."
Durante la semana pasada, Canal Encuentro también le dio lugar a Monsanto en el programa "¿Qué piensan los que no piensan como yo?" El tema de debate era el agro y los transgénicos. Y ahí Dardo Lizárraga, ingeniero, líder de Operaciones de Semillas de la compañía, afirmó que "si eliminamos el glifosato no se resuelven ninguno de los otros problemas: la desnutrición, el hambre mundial, etcétera".
Cuando se habla de Monsanto hay que referirse a la mayor empresa multinacional del agronegocio y la biotecnología del planeta, líder en el desarrollo de la soja transgénica y el herbicida glifosato, "probablemente cancerígeno" según dictaminó la OMS. Pero lo suyo no es sólo la soja. En septiembre fue adquirida por la farmacéutica Bayer en 66 mil millones de dólares.
El médico Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva realizados 28 campamentos sanitarios en localidades rurales, donde evalúan el estado de sus habitantes. "Que Monsanto-Bayer tenga la posibilidad de financiar y estar presente en la TV pública de nuestro país no es pluralidad de voces sino habilitar los espacios que son del pueblo a quienes están dañando, enfermando y matando al pueblo", asegura a Tiempo.
En el rubro "Intoxicación aguda por agentes químicos" del Boletín Epidemiológico del Ministerio de salud el ítem que más creció es el de plaguicidas (un 26%). De 1315 casos en 2015, a 1659 este año.
"A partir de la instalación del modelo de producción de transgénicos en nuestra región han cambiado las formas de enfermar y morir de las poblaciones: cada vez tenemos mayores problemas de salud vinculados al sistema endocrino, a problemas respiratorios, de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, y también enfermedades oncológicas. Esto pudimos evidenciarlo con nuestro trabajo de campo", resalta Verzeñassi. Según sus relevamientos en la zona que rodea a Rosario "se incrementó un 848% el uso de venenos". Al regresar de La Haya, donde testimonió contra Monsanto para que sea incorporada la figura de "ecocidio" como delito penal, Verzeñassi se encontró con que la universidad le había clausurado sus oficinas con cadenas.
La inserción de Monsanto en la TV Pública "tiene que ver con estrategias de legitimación que fueron encontrando para justificar los efectos nocivos que ya se hacen más que evidentes", subraya Tamara Perelmuter, integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Al ser constitutivos los agrotóxicos del modelo agrario que tiene el país desde hace 20 años, propone como salida cambiar el modelo: "Cerca del 60% de la superficie cultivada del país tiene soja transgénica. Cada vez es necesaria más cantidad de glifosato para misma cantidad de superficie." «
Más fondos para la soja en el norte
Tras la quita de retenciones, devaluación, modificación de Ley de Semillas y compra de tierras por extranjeros, el sector de agroindustria sigue recibiendo beneficios por parte del Ejecutivo. El presupuesto nacional aprobado en el Congreso prevé una partida extra de 4.500 millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria, de los cuales 1000 millones irán como compensación a la producción de soja en las provincias comprendidas por el Plan Belgrano. Esos 4500 superan en más de seis veces los 700 millones que el gobierno decidió otorgarle como “refuerzo” al presupuesto de Ciencia, y que fuera anunciado en todos los medios afines.
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Fecha de Publicación: 05/12/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación registró un aumento del 26% en personas afectadas por herbicidas.
La multinacional líder en agronegocios Monsanto sigue ganando espacios de poder de la Argentina. La empresa denunciada por glifosato en todo el mundo sumó en los últimos días su presencia en programas de televisión de canales públicos. Al mismo tiempo, un dato aportado por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación genera alarma: los intoxicados por plaguicidas aumentaron un 26% este año.
La TV Pública arrancó sin muchos anuncios un nuevo programa llamado Locos por el campo los domingos a las 14. El detalle es que tiene el auspicio central de Monsanto, quien se encargó de promocionar el envío en su Twitter. El protagonista central es Fernando Entín, galerista de arte que visita establecimientos rurales y conoce cómo producen leche, carne, soja y trigo.
Aparte de Monsanto (cuyo representante de Asuntos Legales habla en el canal de Youtube del programa), también los acompaña la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), de donde proviene Luis María Urriza, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. Desde la productora Comando TV anunciaron que el producto "pretende ser un certero reflejo de lo que es la actividad agropecuaria".
El director del canal, Horacio Levin, admitió a Página/12 que desconocía los auspiciantes aunque no cree que "afecte a la artística del programa".
Y contó: "En mayo me vino a ver Nicolás Borenstein, de Comando TV, y me mostró el programa. Me encantó. Me dijo que me lo daba gratis a cambio de tres chivos. Como no tenía ninguna erogación para el Estado dije que sí."
Durante la semana pasada, Canal Encuentro también le dio lugar a Monsanto en el programa "¿Qué piensan los que no piensan como yo?" El tema de debate era el agro y los transgénicos. Y ahí Dardo Lizárraga, ingeniero, líder de Operaciones de Semillas de la compañía, afirmó que "si eliminamos el glifosato no se resuelven ninguno de los otros problemas: la desnutrición, el hambre mundial, etcétera".
Cuando se habla de Monsanto hay que referirse a la mayor empresa multinacional del agronegocio y la biotecnología del planeta, líder en el desarrollo de la soja transgénica y el herbicida glifosato, "probablemente cancerígeno" según dictaminó la OMS. Pero lo suyo no es sólo la soja. En septiembre fue adquirida por la farmacéutica Bayer en 66 mil millones de dólares.
El médico Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva realizados 28 campamentos sanitarios en localidades rurales, donde evalúan el estado de sus habitantes. "Que Monsanto-Bayer tenga la posibilidad de financiar y estar presente en la TV pública de nuestro país no es pluralidad de voces sino habilitar los espacios que son del pueblo a quienes están dañando, enfermando y matando al pueblo", asegura a Tiempo.
En el rubro "Intoxicación aguda por agentes químicos" del Boletín Epidemiológico del Ministerio de salud el ítem que más creció es el de plaguicidas (un 26%). De 1315 casos en 2015, a 1659 este año.
"A partir de la instalación del modelo de producción de transgénicos en nuestra región han cambiado las formas de enfermar y morir de las poblaciones: cada vez tenemos mayores problemas de salud vinculados al sistema endocrino, a problemas respiratorios, de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, y también enfermedades oncológicas. Esto pudimos evidenciarlo con nuestro trabajo de campo", resalta Verzeñassi. Según sus relevamientos en la zona que rodea a Rosario "se incrementó un 848% el uso de venenos". Al regresar de La Haya, donde testimonió contra Monsanto para que sea incorporada la figura de "ecocidio" como delito penal, Verzeñassi se encontró con que la universidad le había clausurado sus oficinas con cadenas.
La inserción de Monsanto en la TV Pública "tiene que ver con estrategias de legitimación que fueron encontrando para justificar los efectos nocivos que ya se hacen más que evidentes", subraya Tamara Perelmuter, integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Al ser constitutivos los agrotóxicos del modelo agrario que tiene el país desde hace 20 años, propone como salida cambiar el modelo: "Cerca del 60% de la superficie cultivada del país tiene soja transgénica. Cada vez es necesaria más cantidad de glifosato para misma cantidad de superficie." «
Más fondos para la soja en el norte
Tras la quita de retenciones, devaluación, modificación de Ley de Semillas y compra de tierras por extranjeros, el sector de agroindustria sigue recibiendo beneficios por parte del Ejecutivo. El presupuesto nacional aprobado en el Congreso prevé una partida extra de 4.500 millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria, de los cuales 1000 millones irán como compensación a la producción de soja en las provincias comprendidas por el Plan Belgrano. Esos 4500 superan en más de seis veces los 700 millones que el gobierno decidió otorgarle como “refuerzo” al presupuesto de Ciencia, y que fuera anunciado en todos los medios afines.
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El Senado aprueba la ley de humedales
Pino Solanas logró aprobar la ley de humedales
Fecha de Publicación: 05/12/2016
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Fue minutos antes de terminar el período ordinario y tras duros cruces con De Angeli.
El Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que fue girado a la cámara baja.
La iniciativa fue sancionada en general por 53 votos afirmativos, contra 5 negativos y 5 abstenciones (del radical Luis Naidenoff, la peronista Marina Riofrío y los macristas Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado).
Al presentar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, apuntó que la propuesta busca proteger los humedales, que ocupan "poco más de 20 por ciento del territorio nacional" y refirió que "todas las provincias argentinas tienen algún tipo de humedal", a los que definió como "una suerte de esponja".
Indicó que la norma propuesta "podría llamarse ley de prevención a las inundaciones, o ley de reposición de agua en momentos de sequía", en un contexto y en una "época del cambio climático y el calentamiento global", recordó el porteño, quien en su momento había denunciado una presunta maniobra dilatoria por parte del presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el entrerriano De Angeli.
Molesto, De Angeli aclaró en el recinto que "a fines de julio, el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) mandó una carta y pidió que abramos el debate, y no podíamos dejar de hacerlos participar" y aseguró que la versión original le quitaba a las provincias control sobre los humedales.
"Es fácil hacer una ley desde la ciudad, pero hay que volver a las provincias, hay que ir a aplicar la ley en las provincias", advirtió De Angeli, y desmintió que su postura tuviera de trasfondo la defensa de supuestos intereses inmobiliarios.
"No estamos a favor de las inmobiliarias", se quejó el ex referente agrario entrerriano y ejemplificó que "el arroz se produce en humedales y cualquiera puede pedir un recurso judicial y frenar una producción de arroz", que "no se le puede decir a la gente no se puede hacer más caminos, tendrá que salir de su campo solo a caballo", o que "no te vamos a hacer el proyecto de infraestructura para que no se inunde más Paranacito".
Por su parte, la sendora del ARI-CC de Río Negro Magdalena Odarda respaldó el dictamen impulsado por Solanas al sostener que "este Congreso no puede no votar este proyecto para la defensa de los humedales, que es un piso mínimo de protección de nuestros bienes naturales comunes".
El jefe del interbloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, indicó que no podía compartir algunos de los argumentos vertidos en el debate "cuando la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias" y que ello "no significa que las provincias pueden hacer cualquier cosa, es una responsabilidad que tenemos las provincias de cuidar nuestros recursos".
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Fecha de Publicación: 05/12/2016
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Fue minutos antes de terminar el período ordinario y tras duros cruces con De Angeli.
El Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que fue girado a la cámara baja.
La iniciativa fue sancionada en general por 53 votos afirmativos, contra 5 negativos y 5 abstenciones (del radical Luis Naidenoff, la peronista Marina Riofrío y los macristas Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado).
Al presentar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, apuntó que la propuesta busca proteger los humedales, que ocupan "poco más de 20 por ciento del territorio nacional" y refirió que "todas las provincias argentinas tienen algún tipo de humedal", a los que definió como "una suerte de esponja".
Indicó que la norma propuesta "podría llamarse ley de prevención a las inundaciones, o ley de reposición de agua en momentos de sequía", en un contexto y en una "época del cambio climático y el calentamiento global", recordó el porteño, quien en su momento había denunciado una presunta maniobra dilatoria por parte del presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el entrerriano De Angeli.
Molesto, De Angeli aclaró en el recinto que "a fines de julio, el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) mandó una carta y pidió que abramos el debate, y no podíamos dejar de hacerlos participar" y aseguró que la versión original le quitaba a las provincias control sobre los humedales.
"Es fácil hacer una ley desde la ciudad, pero hay que volver a las provincias, hay que ir a aplicar la ley en las provincias", advirtió De Angeli, y desmintió que su postura tuviera de trasfondo la defensa de supuestos intereses inmobiliarios.
"No estamos a favor de las inmobiliarias", se quejó el ex referente agrario entrerriano y ejemplificó que "el arroz se produce en humedales y cualquiera puede pedir un recurso judicial y frenar una producción de arroz", que "no se le puede decir a la gente no se puede hacer más caminos, tendrá que salir de su campo solo a caballo", o que "no te vamos a hacer el proyecto de infraestructura para que no se inunde más Paranacito".
Por su parte, la sendora del ARI-CC de Río Negro Magdalena Odarda respaldó el dictamen impulsado por Solanas al sostener que "este Congreso no puede no votar este proyecto para la defensa de los humedales, que es un piso mínimo de protección de nuestros bienes naturales comunes".
El jefe del interbloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, indicó que no podía compartir algunos de los argumentos vertidos en el debate "cuando la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias" y que ello "no significa que las provincias pueden hacer cualquier cosa, es una responsabilidad que tenemos las provincias de cuidar nuestros recursos".
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