La agricultura se llevó la superficie de Jujuy en 7 años
08:23 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Deforestación: en 7 años se perdió una superficie equivalente a Jujuy
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El 90% de los desmontes se produjo en las provincias del norte del país, según un informe del Banco Mundial que marca los daños económicos y sociales por la falta de políticas de protección.
La Argentina sancionó en 2007 la Ley de Protección de Bosques con el objetivo de frenar la deforestación. Pero su aplicación brilla por su ausencia. Entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera, de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial.
Y precisa que el 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte. En el Gran Chaco, en los primeros ocho meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios, lo que equivale a la superficie de tres ciudades como Buenos Aires, publica el diario Clarín.
El Análisis Ambiental para la Argentina del Banco Mundial de octubre último sitúa la degradación ambiental (el desmonte, las inundaciones urbanas y ribereñas, la contaminación del aire, el uso de agroquímicos, entre otros factores) en el 8,1% del PBI argentino, calculado en unos 40.000 millones de dólares.
"Los supuestos beneficios de los emprendimientos económicos, con el avance de la frontera agropecuaria, son de corto plazo. Pero los costos están en el largo plazo. El daño al suelo es el costo más grande la deforestación. El objetivo es que, con datos y evidencias del daño ambiental que presenta el reporte, se puedan decidir políticas públicas que protejan el crecimiento sustentable", señaló al matutino Jesko Hentschel, director del Banco Mundial.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El 90% de los desmontes se produjo en las provincias del norte del país, según un informe del Banco Mundial que marca los daños económicos y sociales por la falta de políticas de protección.
La Argentina sancionó en 2007 la Ley de Protección de Bosques con el objetivo de frenar la deforestación. Pero su aplicación brilla por su ausencia. Entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera, de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial.
Y precisa que el 90% de la deforestación se produjo en las provincias del norte. En el Gran Chaco, en los primeros ocho meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios, lo que equivale a la superficie de tres ciudades como Buenos Aires, publica el diario Clarín.
El Análisis Ambiental para la Argentina del Banco Mundial de octubre último sitúa la degradación ambiental (el desmonte, las inundaciones urbanas y ribereñas, la contaminación del aire, el uso de agroquímicos, entre otros factores) en el 8,1% del PBI argentino, calculado en unos 40.000 millones de dólares.
"Los supuestos beneficios de los emprendimientos económicos, con el avance de la frontera agropecuaria, son de corto plazo. Pero los costos están en el largo plazo. El daño al suelo es el costo más grande la deforestación. El objetivo es que, con datos y evidencias del daño ambiental que presenta el reporte, se puedan decidir políticas públicas que protejan el crecimiento sustentable", señaló al matutino Jesko Hentschel, director del Banco Mundial.
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'Mapa' de dioxinas de Buenos Aires
Científicos de la UNLP realizaron el primer 'mapa' bonaerense de contaminación por dioxinas
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: infoblancosobrenegro.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Las dioxinas y furanos, a menudo englobados simplemente como dioxinas, son un grupo de contaminantes orgánicos clorados que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como una preocupación mayor para la salud pública. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicaron el primer “mapa” o registro de la concentración de estas sustancias en el aire de 18 lugares rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.
“Aunque la inhalación no es una vía de ingreso importante en seres humanos, el riesgo de su presencia en aire radica en su probable transferencia a las cadenas alimentarias”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir la autora principal del estudio, la doctora Natalia Cappelletti, del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Según la OMS, más del 90% de la exposición humana a esas sustancias se produce por medio de los alimentos, en particular los productos cárnicos y lácteos, pescados y mariscos.
Las dioxinas y furanos provienen de fuentes tales como quemas no controladas de residuos, incineradores en mal estado y ciertos procesos industriales. “La exposición prolongada a estos compuestos se ha relacionado con efectos carcinogénicos y alteraciones inmunológicas, del sistema nervioso, del desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora”, afirmó la investigadora del CONICET.
Para este estudio, publicado en la revista “Science of the Total Environment”, los investigadores ubicaron captadores de aire durante dos a tres meses en 18 locaciones bonaerenses y luego realizaron las determinaciones en laboratorio.
Como era de esperar, en el campo las concentraciones promedio de dioxinas y furanos resultaron ser entre diez y treinta veces inferiores a las registradas en ciudades (aunque todavía inferiores a los máximos valores admitidos por la OMS). Sin embargo, los autores encontraron un sitio rural con niveles muy elevados de estos compuestos, lo que podría atribuirse a la emisión de incineradores municipales.
Para Cappelletti, la prevención o reducción de esos contaminantes debe basarse en un control estricto de los procesos industriales y de gestión de residuos. “Además, es preciso incluir el monitoreo de esos compuestos en diversas etapas de producción de los alimentos”, añadió.
Los investigadores fueron liderados por el doctor Juan Carlos Colombo, de la UNLP, y también participaron otros miembros de su grupo: las doctoras Julia Astoviza y María Carolina Migoya.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: infoblancosobrenegro.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Las dioxinas y furanos, a menudo englobados simplemente como dioxinas, son un grupo de contaminantes orgánicos clorados que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como una preocupación mayor para la salud pública. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicaron el primer “mapa” o registro de la concentración de estas sustancias en el aire de 18 lugares rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.
“Aunque la inhalación no es una vía de ingreso importante en seres humanos, el riesgo de su presencia en aire radica en su probable transferencia a las cadenas alimentarias”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir la autora principal del estudio, la doctora Natalia Cappelletti, del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Según la OMS, más del 90% de la exposición humana a esas sustancias se produce por medio de los alimentos, en particular los productos cárnicos y lácteos, pescados y mariscos.
Las dioxinas y furanos provienen de fuentes tales como quemas no controladas de residuos, incineradores en mal estado y ciertos procesos industriales. “La exposición prolongada a estos compuestos se ha relacionado con efectos carcinogénicos y alteraciones inmunológicas, del sistema nervioso, del desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora”, afirmó la investigadora del CONICET.
Para este estudio, publicado en la revista “Science of the Total Environment”, los investigadores ubicaron captadores de aire durante dos a tres meses en 18 locaciones bonaerenses y luego realizaron las determinaciones en laboratorio.
Como era de esperar, en el campo las concentraciones promedio de dioxinas y furanos resultaron ser entre diez y treinta veces inferiores a las registradas en ciudades (aunque todavía inferiores a los máximos valores admitidos por la OMS). Sin embargo, los autores encontraron un sitio rural con niveles muy elevados de estos compuestos, lo que podría atribuirse a la emisión de incineradores municipales.
Para Cappelletti, la prevención o reducción de esos contaminantes debe basarse en un control estricto de los procesos industriales y de gestión de residuos. “Además, es preciso incluir el monitoreo de esos compuestos en diversas etapas de producción de los alimentos”, añadió.
Los investigadores fueron liderados por el doctor Juan Carlos Colombo, de la UNLP, y también participaron otros miembros de su grupo: las doctoras Julia Astoviza y María Carolina Migoya.
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Sigue el atropello de Manaos sobre campesinos
Santiago del Estero: disputa por tierras y desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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Anulan absolucion de directivos de ingenio tucumano
Anulan un fallo que absolvió a los directivos del ingenio La trinidad
Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Tucumán
Los directores del ingenio tucumano están sospechados de contaminar los ríos Salí y Dulce con desechos industriales
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había absuelto a dos directores del ingenio tucumano La Trinidad, sospechados de contaminación con desechos industriales a la cuenca de los ríos Salí-Dulce y ordenó que se dicte una nueva sentencia con respecto a la ley que protege el medio ambiente.
La Sala I de la Cámara de Casación, con las firmas de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, remarcó las pruebas que indicaban que la contaminación de las aguas era diez veces más alta que los valores permitidos y que se valoró como testigos a los funcionarios provinciales que debían controlar el funcionamiento del ingenio.
"No es posible separar en compartimientos estancos la tutela que el Estado debe llevar a cabo sobre el medio ambiente de la protección a la salud pública", sostuvo el fallo, al que accedió DyN.
Los jueces remarcaron que "el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 [de residuos peligrosos] reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
En junio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán absolvió a Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, socios de empresa Azucarera del Sur, administradora del ingenio La Trinidad.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube. Por eso apeló la absolución y ahora la Sala I de la Cámara de Casación hizo lugar y resolvió reenviar el caso nuevamente al TOF de Tucumán para que dicte una nueva sentencia.
La causa se inició en 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos 24.051. Según las pruebas, había en una zona rural una "laguna de sacrificio" que recibía los efluentes tóxicos emitidos por el Ingenio La Trinidad, y que no cumplía con la aislación requerida para que los tóxicos no ingresaran al suelo.
Además, en ocasiones la laguna desbordaba y el agua contaminada llegaba a arroyos de la cuenca Salí Dulce.
El TOF otorgó preeminencia en la sentencia absolutoria a los testimonios de funcionarios provinciales que debían controlar que la empresa respetara los estándares mínimos requeridos para funcionar sin dañar el medio ambiente, "sin tomar en cuenta en la valoración de sendas exposiciones que ellos poseen un interés -aunque sea indirecto en el resultado de este proceso, pues está indudablemente vinculado con la eficacia de su gestión en la administración pública", dijo Casación.
Figueroa, en su voto, señaló que "no se advierte que el tribunal haya realizado un reconocimiento al status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano".
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Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Tucumán
Los directores del ingenio tucumano están sospechados de contaminar los ríos Salí y Dulce con desechos industriales
La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había absuelto a dos directores del ingenio tucumano La Trinidad, sospechados de contaminación con desechos industriales a la cuenca de los ríos Salí-Dulce y ordenó que se dicte una nueva sentencia con respecto a la ley que protege el medio ambiente.
La Sala I de la Cámara de Casación, con las firmas de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, remarcó las pruebas que indicaban que la contaminación de las aguas era diez veces más alta que los valores permitidos y que se valoró como testigos a los funcionarios provinciales que debían controlar el funcionamiento del ingenio.
"No es posible separar en compartimientos estancos la tutela que el Estado debe llevar a cabo sobre el medio ambiente de la protección a la salud pública", sostuvo el fallo, al que accedió DyN.
Los jueces remarcaron que "el daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 [de residuos peligrosos] reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
En junio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán absolvió a Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, socios de empresa Azucarera del Sur, administradora del ingenio La Trinidad.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube. Por eso apeló la absolución y ahora la Sala I de la Cámara de Casación hizo lugar y resolvió reenviar el caso nuevamente al TOF de Tucumán para que dicte una nueva sentencia.
La causa se inició en 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos 24.051. Según las pruebas, había en una zona rural una "laguna de sacrificio" que recibía los efluentes tóxicos emitidos por el Ingenio La Trinidad, y que no cumplía con la aislación requerida para que los tóxicos no ingresaran al suelo.
Además, en ocasiones la laguna desbordaba y el agua contaminada llegaba a arroyos de la cuenca Salí Dulce.
El TOF otorgó preeminencia en la sentencia absolutoria a los testimonios de funcionarios provinciales que debían controlar que la empresa respetara los estándares mínimos requeridos para funcionar sin dañar el medio ambiente, "sin tomar en cuenta en la valoración de sendas exposiciones que ellos poseen un interés -aunque sea indirecto en el resultado de este proceso, pues está indudablemente vinculado con la eficacia de su gestión en la administración pública", dijo Casación.
Figueroa, en su voto, señaló que "no se advierte que el tribunal haya realizado un reconocimiento al status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano".
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El desmanejo de los agrotóxicos en La Pampa asusta
Colectivo Sanitario de La Pampa advierte sobre nuevos casos de contaminación en la provincia
Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa hace un tiempo que venimos advirtiendo y poniendo en conocimiento tanto a la población como a las autoridades de los riesgos que genera el uso de productos agroquímicos como mecanismo para mejorar la producción agropecuaria.
Lamentablemente no tenemos información que desde el estado se estén instrumentando políticas de control y monitoreo sobre esta realidad, como tampoco vemos que desde el orden legislativo nuestros legisladores asuman un compromiso sobre este tema orientado a la prevención y a la protección de la salud de la población y del ambiente. De hecho el Colectivo Sanitario de La Pampa envió hace pocas semanas una nota a cada bloque y al presidente de la Cámara de Diputados solicitando que esta impulse un debate público abierto con la participación de todos los sectores comprometidos en esta problemática y la población en general. Nunca tuvimos respuesta como tampoco vimos manifestaciones públicas de parte de ningún bloque asumiendo posición sobre esto.
En estos días están apareciendo noticias en distintos medios de incidentes de contaminación que pudieron ser evitables y que reflejan nuestra preocupación; por ejemplo, la mortandad de cientos de animales vacunos en Ingeniero Luiggi por ingerir agua contaminada con agroquímicos; las grandes precipitaciones que hubo en la provincia permitió que se formaran grandes espejos de agua como lo que sucedió en Vértiz lo cual puso en evidencia la contaminación con cientos de bidones plásticos flotando, y que fueron utilizados como envases de agroquímicos. También está la denuncia hecha por un vecino de Intendente Alvear ante la Fiscalía, por la intoxicación de un equino y destrucción de plantaciones; en todos los casos son impactantes las imágenes fotográficas que ilustran estos hechos. El Colectivo Sanitario de La Pampa permanentemente recibe correos, mensajes de personas de distintos lugares de la provincia que denuncian situaciones que ponen en riesgo la salud de la población, algunos ejemplos son los depósitos de bidones con agroquímicos en los pueblos, la presencia de las pulverizadoras (“mosquitos”) estacionados con total indiferencia también en el pueblo, la “fumigación” que se ve diariamente en las plazas de las localidades en sitios donde juegan los niños, etc.
Como decimos en las discusiones de nuestro espacio, no somos alarmistas ni nos interesa difundir mensajes catastróficos pero creemos que es necesario dar a conocer la realidad con ejemplos de lo que cotidianamente ocurre en nuestra provincia. Quisiéramos ver que se produzca la reacción que impulse a trabajar seriamente, especialmente a todas las autoridades del estado provincial y municipal, tendiente a proteger tanto la salud humana como la del medio ambiente. Está claro que se necesita empezar a trabajar ya, antes de que estos problemas se agraven. Afortunadamente podemos comprobar que desde nuestra aparición como espacio de reflexión y difusión se multiplica la información sobre hechos que tienen que ver con el uso irresponsable de agroquímicos. Es para nosotros una señal inequívoca de que, al menos la población, está tomando conciencia de los graves riesgos a la que está sometida su salud.
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Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa hace un tiempo que venimos advirtiendo y poniendo en conocimiento tanto a la población como a las autoridades de los riesgos que genera el uso de productos agroquímicos como mecanismo para mejorar la producción agropecuaria.
Lamentablemente no tenemos información que desde el estado se estén instrumentando políticas de control y monitoreo sobre esta realidad, como tampoco vemos que desde el orden legislativo nuestros legisladores asuman un compromiso sobre este tema orientado a la prevención y a la protección de la salud de la población y del ambiente. De hecho el Colectivo Sanitario de La Pampa envió hace pocas semanas una nota a cada bloque y al presidente de la Cámara de Diputados solicitando que esta impulse un debate público abierto con la participación de todos los sectores comprometidos en esta problemática y la población en general. Nunca tuvimos respuesta como tampoco vimos manifestaciones públicas de parte de ningún bloque asumiendo posición sobre esto.
En estos días están apareciendo noticias en distintos medios de incidentes de contaminación que pudieron ser evitables y que reflejan nuestra preocupación; por ejemplo, la mortandad de cientos de animales vacunos en Ingeniero Luiggi por ingerir agua contaminada con agroquímicos; las grandes precipitaciones que hubo en la provincia permitió que se formaran grandes espejos de agua como lo que sucedió en Vértiz lo cual puso en evidencia la contaminación con cientos de bidones plásticos flotando, y que fueron utilizados como envases de agroquímicos. También está la denuncia hecha por un vecino de Intendente Alvear ante la Fiscalía, por la intoxicación de un equino y destrucción de plantaciones; en todos los casos son impactantes las imágenes fotográficas que ilustran estos hechos. El Colectivo Sanitario de La Pampa permanentemente recibe correos, mensajes de personas de distintos lugares de la provincia que denuncian situaciones que ponen en riesgo la salud de la población, algunos ejemplos son los depósitos de bidones con agroquímicos en los pueblos, la presencia de las pulverizadoras (“mosquitos”) estacionados con total indiferencia también en el pueblo, la “fumigación” que se ve diariamente en las plazas de las localidades en sitios donde juegan los niños, etc.
Como decimos en las discusiones de nuestro espacio, no somos alarmistas ni nos interesa difundir mensajes catastróficos pero creemos que es necesario dar a conocer la realidad con ejemplos de lo que cotidianamente ocurre en nuestra provincia. Quisiéramos ver que se produzca la reacción que impulse a trabajar seriamente, especialmente a todas las autoridades del estado provincial y municipal, tendiente a proteger tanto la salud humana como la del medio ambiente. Está claro que se necesita empezar a trabajar ya, antes de que estos problemas se agraven. Afortunadamente podemos comprobar que desde nuestra aparición como espacio de reflexión y difusión se multiplica la información sobre hechos que tienen que ver con el uso irresponsable de agroquímicos. Es para nosotros una señal inequívoca de que, al menos la población, está tomando conciencia de los graves riesgos a la que está sometida su salud.
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Cuarto intermedio en juicio por homicidio con agroquímico
Una semana más para la causa
Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Ya se recogieron los primeros testimonios y el tribunal correntino se vuelve a reunir el 5 de diciembre. Es el primer caso de homicidio por uso indiscriminado de agrotóxicos en la historia argentina.
La Justicia correntina decidió ayer establecer un cuarto intermedio para el 5 de diciembre próximo en el juicio por el homicidio del chico de cinco años Santiago Nicolás Arévalo y las serias lesiones que sufrió su prima Celeste Estévez, de entonces 4 años, a raíz de la intoxicación con agrotóxicos ocurrida en la localidad de Lavalle en 2011. La defensa de Ricardo Nicolás Prieto, acusado de haber fumigado con las cortinas de los tendaleros levantas y permitiendo así la propagación de los plaguicidas tóxicos hacia la casa de sus vecinos, planteó el pasado lunes un pedido de nulidad que fue desestimado por el Tribunal Oral Penal de Goya.
La tragedia ocurrió en marzo de 2011, cuando Santiago Nicolás y Celeste absorbieron los plaguicidas tóxicos que usaba Prieto para fumigar las plantaciones de tomate de su quinta, ubicada junto a la casa de la familia Arévalo. El chico, además de inhalar el gas, pisó un charco con el veneno, lo cual le causó la muerte dos días más tarde. Celeste, que hoy tiene 7 años, se salvó por sólo haber inhalado el veneno, pero después del accidente pasó tres meses internada en el Hospital Garrahan y quedó con secuelas permanentes.
La acusación que cae sobre Prieto sostiene que “en la chacra de tomates y hortalizas ubicada en Puerto Viejo Lavalle se hicieron fumigar plantaciones sin la prevención de controlar en forma personal el proceso, que se realizó con las cortinas de los tendaleros levantadas”, de modo que fue imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal”.
El Tribunal presidido por el juez Julio Duarte y sus pares Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta, definió ayer que las audiencias se retomarán el lunes 5 de diciembre. La ronda de testimonios tuvo inicio el martes último con las declaraciónes de Gladis Arévalo, madre del Santiago Nicolas, y de Miguel Ángel Escobar, padrastro de Celeste. Cerraron la primera serie de testimonios las declaraciones, durante el día viernes, del médico Guillermo Ivaldi y de dos ingenieros agrónomos, Carlos Alberto Pezzelato y Juan Alberto Sablich, propuestos por la defensa del productor agrario acusado, conformada por los abogados Diego Brest y Ariel Brest Enjuanes.
Durante la última audiencia se hicieron presentes frente a la sede del Tribunal de Goya manifestantes de organizaciones de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y vecinos de Lavalle, quienes acompañaron a los familiares de los chicos y reclamaron una condena justa para el productor agrario acusado. Terminadas las declaraciones, el abogado querellante, Julián Segovia, se dirigió a los manifestantes y afirmó que “en representación de las familias voy a pedir condena porque hay pruebas suficientes para hacerlo”.
“Creo que los jueces están ante la posibilidad única en el país para dictar una condena”, aseguró Segovia, antes de aclarar que con esto “no se ataca a la producción hortícola, sino que la cuestión aquí es la mala práctica”, agregó en referencia al uso de agrotóxicos que hoy están prohibidos en todo el mundo.
En diálogo con PáginaI12, Segovia dijo que está “convencido de que las pruebas que se recolectaron durante más de 5 años son contundentes para que se declare culpable a Prieto. Hay estudios de suelo, de las plantes de tomate, análisis realizados a Celeste, y está la autposia de Santiago Nicolás que habla de una intoxicación aguda”. El abogado contó además que en la zona de Lavalle es muy normal que los vecinos tengan problemas de salud a raíz de la intoxicación con agrotóxicos: “una hermana de Celeste está con tratamientos por hidrocefalia, en estos días la van a operar por segunda vez. Cuando fueron a la consulta los médicos le preguntaron a la madre si vivía cerca de una tomatera o alguna plantación similar, porque lo más probable era que se haya agarrado la enfermedad por la inhalación de agrotóxicos”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Ya se recogieron los primeros testimonios y el tribunal correntino se vuelve a reunir el 5 de diciembre. Es el primer caso de homicidio por uso indiscriminado de agrotóxicos en la historia argentina.
La Justicia correntina decidió ayer establecer un cuarto intermedio para el 5 de diciembre próximo en el juicio por el homicidio del chico de cinco años Santiago Nicolás Arévalo y las serias lesiones que sufrió su prima Celeste Estévez, de entonces 4 años, a raíz de la intoxicación con agrotóxicos ocurrida en la localidad de Lavalle en 2011. La defensa de Ricardo Nicolás Prieto, acusado de haber fumigado con las cortinas de los tendaleros levantas y permitiendo así la propagación de los plaguicidas tóxicos hacia la casa de sus vecinos, planteó el pasado lunes un pedido de nulidad que fue desestimado por el Tribunal Oral Penal de Goya.
La tragedia ocurrió en marzo de 2011, cuando Santiago Nicolás y Celeste absorbieron los plaguicidas tóxicos que usaba Prieto para fumigar las plantaciones de tomate de su quinta, ubicada junto a la casa de la familia Arévalo. El chico, además de inhalar el gas, pisó un charco con el veneno, lo cual le causó la muerte dos días más tarde. Celeste, que hoy tiene 7 años, se salvó por sólo haber inhalado el veneno, pero después del accidente pasó tres meses internada en el Hospital Garrahan y quedó con secuelas permanentes.
La acusación que cae sobre Prieto sostiene que “en la chacra de tomates y hortalizas ubicada en Puerto Viejo Lavalle se hicieron fumigar plantaciones sin la prevención de controlar en forma personal el proceso, que se realizó con las cortinas de los tendaleros levantadas”, de modo que fue imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal”.
El Tribunal presidido por el juez Julio Duarte y sus pares Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta, definió ayer que las audiencias se retomarán el lunes 5 de diciembre. La ronda de testimonios tuvo inicio el martes último con las declaraciónes de Gladis Arévalo, madre del Santiago Nicolas, y de Miguel Ángel Escobar, padrastro de Celeste. Cerraron la primera serie de testimonios las declaraciones, durante el día viernes, del médico Guillermo Ivaldi y de dos ingenieros agrónomos, Carlos Alberto Pezzelato y Juan Alberto Sablich, propuestos por la defensa del productor agrario acusado, conformada por los abogados Diego Brest y Ariel Brest Enjuanes.
Durante la última audiencia se hicieron presentes frente a la sede del Tribunal de Goya manifestantes de organizaciones de Derechos Humanos, agrupaciones políticas y vecinos de Lavalle, quienes acompañaron a los familiares de los chicos y reclamaron una condena justa para el productor agrario acusado. Terminadas las declaraciones, el abogado querellante, Julián Segovia, se dirigió a los manifestantes y afirmó que “en representación de las familias voy a pedir condena porque hay pruebas suficientes para hacerlo”.
“Creo que los jueces están ante la posibilidad única en el país para dictar una condena”, aseguró Segovia, antes de aclarar que con esto “no se ataca a la producción hortícola, sino que la cuestión aquí es la mala práctica”, agregó en referencia al uso de agrotóxicos que hoy están prohibidos en todo el mundo.
En diálogo con PáginaI12, Segovia dijo que está “convencido de que las pruebas que se recolectaron durante más de 5 años son contundentes para que se declare culpable a Prieto. Hay estudios de suelo, de las plantes de tomate, análisis realizados a Celeste, y está la autposia de Santiago Nicolás que habla de una intoxicación aguda”. El abogado contó además que en la zona de Lavalle es muy normal que los vecinos tengan problemas de salud a raíz de la intoxicación con agrotóxicos: “una hermana de Celeste está con tratamientos por hidrocefalia, en estos días la van a operar por segunda vez. Cuando fueron a la consulta los médicos le preguntaron a la madre si vivía cerca de una tomatera o alguna plantación similar, porque lo más probable era que se haya agarrado la enfermedad por la inhalación de agrotóxicos”.
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Ahora los proteccionistas se oponen a eliminar el castor
Un plan para erradicar al castor divide a científicos y proteccionistas en Tierra del Fuego
Fecha de Publicación: 28/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Esta especie introducida en la isla hace 70 años se reprodujo hasta llegar a los 100 mil ejemplares, lo que derivó en la destrucción de parte del bosque autóctono fueguino por el talado de árboles y el desvío de cauces de agua.
Protectores de animales y científicos de Tierra del Fuego quedaron inmersos en una polémica acerca de la implementación de un plan de erradicación del castor, una especie introducida en la isla hace 70 años y que por falta de depredadores naturales se reprodujo hasta llegar a los 100 mil ejemplares, lo que derivó en la destrucción de parte del bosque autóctono fueguino por el talado de árboles y el desvío de cauces de agua.
Profesionales del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) y de otras instituciones públicas y privadas pusieron en marcha este mes una primera experiencia piloto del plan de matanza de estos animales que cumple con un acuerdo binacional suscripto en 2008 entre Argentina y Chile.
Sin embargo, la estrategia fue cuestionada por integrantes de la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf), quienes se oponen a los sacrificios y postulan que los roedores deberían ser capturados y trasladados a sus lugares de origen.
Araf emitió un comunicado en el que sostiene que debería controlarse la reproducción de castores para empezar a recuperar las áreas afectadas, pero que ni la “matanza” ni “la forma en que se lleva a cabo” constituyen soluciones satisfactorias.
La organización cuestionó la utilización de las 180 trampas con que un grupo de cazadores entrenados comenzó su labor en ocho zonas diferentes de la provincia seleccionadas por sus características particulares.
La asociación protectora insistió en que “expertos de otros continentes han desarrollado programas de capturas de animales vivos que luego son llevados por tandas a sus lugares originales”.
Por su parte, otros vecinos iniciaron una campaña de recolección de firmas por Internet donde también se exige que “se detenga la matanza de castores en Tierra del Fuego”, y que hoy ya había superado las 3000 adhesiones.
A su vez, el biólogo del Cadic y uno de los coordinadores del plan de erradicación del castor, Adrián Schiavini, recordó que la iniciativa no es propia de la provincia y tampoco del país, sino que forma parte de un acuerdo más amplio con autoridades chilenas, por lo que se consiguió financiamiento del Fondo Ambiental Mundial (GEF) gestionado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
"Esta es una decisión de dos países a partir de un tratado internacional, y no de un loco que quiere cazar castores", afirmó el científico e investigador principal del Conicet.
Schiavini le contó a Télam que en las últimas horas mantuvieron una reunión con la presidenta de Araf, Rosana Vélez, y con una abogada especialista en derecho animal, y dijo que el resultado fue “positivo”, porque “si bien ellos no están de acuerdo con la matanza de castores, y quedaron en acercar una propuesta para contener su natalidad, al menos manifestaron entender los motivos de esta decisión”, señaló el biólogo.
También afirmó que el método utilizado para la caza no implica un trato cruel a los animales, y pronosticó que aunque no existe experiencia en este tipo de intervenciones, llevaría “dos años y medio más” controlar la especie y mitigar sus efectos en el bosque.
Las áreas de donde se erradicará el castor en una primera etapa fueron elegidas en función de distintos parámetros, como el hecho de que abarcaran tierras fiscales y privadas, pero también diferentes paisajes, desde la cordillera hasta el ecotono y la estepa, señaló el especialista.
Las primeras parejas de castores fueron introducidas a Tierra del Fuego en 1947, por una iniciativa oficial que promovía el eventual desarrollo futuro de una industria peletera.
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Fecha de Publicación: 28/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Esta especie introducida en la isla hace 70 años se reprodujo hasta llegar a los 100 mil ejemplares, lo que derivó en la destrucción de parte del bosque autóctono fueguino por el talado de árboles y el desvío de cauces de agua.
Protectores de animales y científicos de Tierra del Fuego quedaron inmersos en una polémica acerca de la implementación de un plan de erradicación del castor, una especie introducida en la isla hace 70 años y que por falta de depredadores naturales se reprodujo hasta llegar a los 100 mil ejemplares, lo que derivó en la destrucción de parte del bosque autóctono fueguino por el talado de árboles y el desvío de cauces de agua.
Profesionales del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) y de otras instituciones públicas y privadas pusieron en marcha este mes una primera experiencia piloto del plan de matanza de estos animales que cumple con un acuerdo binacional suscripto en 2008 entre Argentina y Chile.
Sin embargo, la estrategia fue cuestionada por integrantes de la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf), quienes se oponen a los sacrificios y postulan que los roedores deberían ser capturados y trasladados a sus lugares de origen.
Araf emitió un comunicado en el que sostiene que debería controlarse la reproducción de castores para empezar a recuperar las áreas afectadas, pero que ni la “matanza” ni “la forma en que se lleva a cabo” constituyen soluciones satisfactorias.
La organización cuestionó la utilización de las 180 trampas con que un grupo de cazadores entrenados comenzó su labor en ocho zonas diferentes de la provincia seleccionadas por sus características particulares.
La asociación protectora insistió en que “expertos de otros continentes han desarrollado programas de capturas de animales vivos que luego son llevados por tandas a sus lugares originales”.
Por su parte, otros vecinos iniciaron una campaña de recolección de firmas por Internet donde también se exige que “se detenga la matanza de castores en Tierra del Fuego”, y que hoy ya había superado las 3000 adhesiones.
A su vez, el biólogo del Cadic y uno de los coordinadores del plan de erradicación del castor, Adrián Schiavini, recordó que la iniciativa no es propia de la provincia y tampoco del país, sino que forma parte de un acuerdo más amplio con autoridades chilenas, por lo que se consiguió financiamiento del Fondo Ambiental Mundial (GEF) gestionado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
"Esta es una decisión de dos países a partir de un tratado internacional, y no de un loco que quiere cazar castores", afirmó el científico e investigador principal del Conicet.
Schiavini le contó a Télam que en las últimas horas mantuvieron una reunión con la presidenta de Araf, Rosana Vélez, y con una abogada especialista en derecho animal, y dijo que el resultado fue “positivo”, porque “si bien ellos no están de acuerdo con la matanza de castores, y quedaron en acercar una propuesta para contener su natalidad, al menos manifestaron entender los motivos de esta decisión”, señaló el biólogo.
También afirmó que el método utilizado para la caza no implica un trato cruel a los animales, y pronosticó que aunque no existe experiencia en este tipo de intervenciones, llevaría “dos años y medio más” controlar la especie y mitigar sus efectos en el bosque.
Las áreas de donde se erradicará el castor en una primera etapa fueron elegidas en función de distintos parámetros, como el hecho de que abarcaran tierras fiscales y privadas, pero también diferentes paisajes, desde la cordillera hasta el ecotono y la estepa, señaló el especialista.
Las primeras parejas de castores fueron introducidas a Tierra del Fuego en 1947, por una iniciativa oficial que promovía el eventual desarrollo futuro de una industria peletera.
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Córdoba está queriendo modificar su mapa de bosques y...
Pidieron informes sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 28/11/2016
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
El legislador Martín Fresneda solicitó información acerca de los criterios con los que se está cumpliendo la normativa provincial. A punto de concluir el período legislativo, no hay novedades acerca de la normativa cordobesa que se debe actualizar cada cinco años.
El miércoles último, en medio de una sesión álgida por los pases de un bloque a otro que se dieron esta semana, el legislador Martín Fresneda presentó un pedido de informes sobe la situación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, enmarcado en la Ley Provincial 9814, donde se establece que se debe garantizar un proceso participativo en el nuevo ordenamiento.
La solicitud, como sucede con gran parte de los proyectos o pedidos de informe presentados por la oposición, volvió a comisión.
Sin embargo, esta situación tiene como eje la problemática de lo que sucede con los ecosistemas boscosos de la provincia, que siguen disminuyendo.
En 2010 se sancionó la normativa provincial que debe actualizarse cada cinco años. Y a partir de la ley sancionada durante el primer mandato del gobernador Juan Schiaretti, se determinó que existen tres categorías para el bosque nativo: rojo, para zonas en las que no se puede intervenir; amarillo, sectores en los que es factible alguna actividad productiva; y verde, donde está habilitado un cambio de uso del suelo.
A punto de concluir el período legislativo 2016, no hay novedades acerca de lo que se determinará en la Unicameral con respecto a la preservación de bosques nativos. Lo único que se conoce es la realización de reuniones cada dos semanas en El Panal, y a las cuales son convocados algunos sectores. Entre ellos, el Movimiento Campesino.
Ahora, en medio de la situación que vive la provincia con la pérdida constante de bosques nativos –de las 16 millones de hectáreas del territorio provincial, en algún momento, 12 millones correspondían a ese tipo suelo- no hay avances en torno a la actualización. Y esto preocupa, no solo a las organizaciones ambientalistas, sino también a sectores académicos que ven con inquietud que la ley provincial no se pliegue a la normativa nacional (Nº 26331).
En su exposición del pasado miércoles, Fresneda se preguntó qué sectores participan de las reuniones en Casa de Gobierno, qué carácter tienen las definiciones que allí se toman y si inciden sobre la confección del nuevo mapa que elabora el equipo técnico.
Los ecosistemas boscosos, que como se dijo antes, en algún momento llegaron a ser 12 millones de hectáreas, hoy son solo cuatro millones que en este momento están dentro de las denominadas zonas rojas.
“Este mapa de situación explica el desarreglo ambiental que vive Córdoba y que se manifestó claramente en las dramáticas inundaciones que sufrimos los cordobeses. Sabemos que la Sociedad Rural, CARTES y la Federación Agraria tienen la firme voluntad de reducir la zona roja y sinceramente nos preocupa que el Gobierno Provincial ceda frente a las circunstancias” expresó Fresneda en su intervención.
Asimismo, otro de los puntos que manifestó el parlamentario en su intervención, fue el principio de “no regresividad” como condición para percibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
“Teniendo en cuenta que cualquier proyecto de ordenamiento tiene que cumplir con el principio de no regresividad para poder percibir el fondo nacional para la conservación de bosques nativos, y que el monto depende de la superficie a custodiar, en caso de prosperar el planteo interesado de un sector de aumentar la zona amarilla y disminuir la roja ¿con qué partida presupuestaria se garantizarán las tareas de conservación de los mismos?” sostuvo Fresneda.
Al mismo tiempo, desde el entorno del legislador de Córdoba Podemos, sostienen que otra preocupación es la demora en la convocatoria para la audiencia pública. “De la cual deberían participar todos los sectores, no únicamente los que concurren ahora a El Panal” afirman cerca de Fresneda y agregan la preocupación por una actualización que pueda darse sobre el final del año y con el foco de la opinión pública puesto en otro lado.
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Fecha de Publicación: 28/11/2016
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
El legislador Martín Fresneda solicitó información acerca de los criterios con los que se está cumpliendo la normativa provincial. A punto de concluir el período legislativo, no hay novedades acerca de la normativa cordobesa que se debe actualizar cada cinco años.
El miércoles último, en medio de una sesión álgida por los pases de un bloque a otro que se dieron esta semana, el legislador Martín Fresneda presentó un pedido de informes sobe la situación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, enmarcado en la Ley Provincial 9814, donde se establece que se debe garantizar un proceso participativo en el nuevo ordenamiento.
La solicitud, como sucede con gran parte de los proyectos o pedidos de informe presentados por la oposición, volvió a comisión.
Sin embargo, esta situación tiene como eje la problemática de lo que sucede con los ecosistemas boscosos de la provincia, que siguen disminuyendo.
En 2010 se sancionó la normativa provincial que debe actualizarse cada cinco años. Y a partir de la ley sancionada durante el primer mandato del gobernador Juan Schiaretti, se determinó que existen tres categorías para el bosque nativo: rojo, para zonas en las que no se puede intervenir; amarillo, sectores en los que es factible alguna actividad productiva; y verde, donde está habilitado un cambio de uso del suelo.
A punto de concluir el período legislativo 2016, no hay novedades acerca de lo que se determinará en la Unicameral con respecto a la preservación de bosques nativos. Lo único que se conoce es la realización de reuniones cada dos semanas en El Panal, y a las cuales son convocados algunos sectores. Entre ellos, el Movimiento Campesino.
Ahora, en medio de la situación que vive la provincia con la pérdida constante de bosques nativos –de las 16 millones de hectáreas del territorio provincial, en algún momento, 12 millones correspondían a ese tipo suelo- no hay avances en torno a la actualización. Y esto preocupa, no solo a las organizaciones ambientalistas, sino también a sectores académicos que ven con inquietud que la ley provincial no se pliegue a la normativa nacional (Nº 26331).
En su exposición del pasado miércoles, Fresneda se preguntó qué sectores participan de las reuniones en Casa de Gobierno, qué carácter tienen las definiciones que allí se toman y si inciden sobre la confección del nuevo mapa que elabora el equipo técnico.
Los ecosistemas boscosos, que como se dijo antes, en algún momento llegaron a ser 12 millones de hectáreas, hoy son solo cuatro millones que en este momento están dentro de las denominadas zonas rojas.
“Este mapa de situación explica el desarreglo ambiental que vive Córdoba y que se manifestó claramente en las dramáticas inundaciones que sufrimos los cordobeses. Sabemos que la Sociedad Rural, CARTES y la Federación Agraria tienen la firme voluntad de reducir la zona roja y sinceramente nos preocupa que el Gobierno Provincial ceda frente a las circunstancias” expresó Fresneda en su intervención.
Asimismo, otro de los puntos que manifestó el parlamentario en su intervención, fue el principio de “no regresividad” como condición para percibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
“Teniendo en cuenta que cualquier proyecto de ordenamiento tiene que cumplir con el principio de no regresividad para poder percibir el fondo nacional para la conservación de bosques nativos, y que el monto depende de la superficie a custodiar, en caso de prosperar el planteo interesado de un sector de aumentar la zona amarilla y disminuir la roja ¿con qué partida presupuestaria se garantizarán las tareas de conservación de los mismos?” sostuvo Fresneda.
Al mismo tiempo, desde el entorno del legislador de Córdoba Podemos, sostienen que otra preocupación es la demora en la convocatoria para la audiencia pública. “De la cual deberían participar todos los sectores, no únicamente los que concurren ahora a El Panal” afirman cerca de Fresneda y agregan la preocupación por una actualización que pueda darse sobre el final del año y con el foco de la opinión pública puesto en otro lado.
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bosques nativos,
Córdoba,
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El plan para las renovables
Nuevos planes de energía solar y eólica
Fecha de Publicación: 28/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
En dos años el 8% de la energía provendrá de fuentes renovables
En esta segunda etapa, Energía adjudicó 30 proyectos en cuatro zonas, por 4000 millones de dólares.
Tras la firma de la resolución N° 281, para la adjudicación de proyectos de energías renovables, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que el objetivo de provisión del 8% de la demanda eléctrica en base a estas fuentes energéticas “tiene un cumplimiento asegurado” para el año 2018.
Ayer, por la tarde, en una conferencia de prensa, el titular de la cartera de Energía anunció con su equipo la adjudicación de 30 nuevos proyectos de tecnologías eólica y solar por 1.281,5 megawatts de potencia, en el cierre de la licitación de la Ronda 1.5 del Programa Renovar.
En esta segunda ronda de adjudicaciones, la provisión de 4.311 mw anuales, se logró a un precio promedio de U$S53,98, detalló Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables, del ministerio que conduce Aranguren.
Según el funcionario, “el Gobierno está satisfecho” con el proceso de adjudicación que se hizo en las dos etapas (1.0 y 1.5), por los que llegarán inversiones por unos U$S4000 millones. También estimó en 20.000 los nuevos empleos que se generarán a partir de ambas rondas. Aranguren señaló también que, en esta oportunidad, se adjudicó un 9% del potencial eléctrico. Es decir un 1% por encima de lo que establece la ley. “Tratamos de adjudicar hasta el máximo de las posibilidades para asegurar la suficiente capacidad de transmisión”, resaltó el ministro.
De acuerdo con la información ofrecida ayer, el Gobierno adjudicó en la segunda ronda 30 proyectos, de los cuales 20 corresponden a energía solar y otros 10 a la provisión de energía eólica. Las adjudicaciones se hicieron en cuatro zonas: Buenos Aires (proyectos “Miramar”, “Pampa”, “Vientos de Necochea 1”); Comahue (“La Banderita”, en la Pampa, “Pomona 1”, en Río Negro); en Chubut, “Loma Blanca 6”; en Santa Cruz, “Del Biocentenario”. En Cordoba el proyecto “Achiras”; en La Rioja, “Arauco II” y en Mendoza “El Sosneado”.
Algunas de las empresas ganadoras de los proyectos eólicos son Isolux Ingeniería, Sinohydro Corporation, Centrales d ela Costa Atlántica, Facundo Frávega y Genneia S.A., entre otras.
Entre los proyectos de energía solar, las provincias involucradas son Catamarca, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan y San Luis. En este caso, algunas de las empresas adjudicatarias de los proyectos son Energías Sustentables S.A.; Alejandro Ivanissevich, Fides Group S.A., Empresa Mendocina de Energía, Jincosolar, Colway 08 industrial, Soenergy International INC, Quatro Participacoes S: A. y Diaser S.A, entre otras.
Hasta enero se estarán firmando los contratos con estas empresas, y el llamado a la próxima ronda –según estimaciones de la cartera de Energía– podría ser en mayo de 2017.
Según la información del tercer trimestre del año, el resultado del intercambio comercial energético fue de U$S -1.433 millones. Esto implica una reducción del déficit del 27% respecto del mismo lapso del año anterior.
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Fecha de Publicación: 28/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
En dos años el 8% de la energía provendrá de fuentes renovables
En esta segunda etapa, Energía adjudicó 30 proyectos en cuatro zonas, por 4000 millones de dólares.
Tras la firma de la resolución N° 281, para la adjudicación de proyectos de energías renovables, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que el objetivo de provisión del 8% de la demanda eléctrica en base a estas fuentes energéticas “tiene un cumplimiento asegurado” para el año 2018.
Ayer, por la tarde, en una conferencia de prensa, el titular de la cartera de Energía anunció con su equipo la adjudicación de 30 nuevos proyectos de tecnologías eólica y solar por 1.281,5 megawatts de potencia, en el cierre de la licitación de la Ronda 1.5 del Programa Renovar.
En esta segunda ronda de adjudicaciones, la provisión de 4.311 mw anuales, se logró a un precio promedio de U$S53,98, detalló Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables, del ministerio que conduce Aranguren.
Según el funcionario, “el Gobierno está satisfecho” con el proceso de adjudicación que se hizo en las dos etapas (1.0 y 1.5), por los que llegarán inversiones por unos U$S4000 millones. También estimó en 20.000 los nuevos empleos que se generarán a partir de ambas rondas. Aranguren señaló también que, en esta oportunidad, se adjudicó un 9% del potencial eléctrico. Es decir un 1% por encima de lo que establece la ley. “Tratamos de adjudicar hasta el máximo de las posibilidades para asegurar la suficiente capacidad de transmisión”, resaltó el ministro.
De acuerdo con la información ofrecida ayer, el Gobierno adjudicó en la segunda ronda 30 proyectos, de los cuales 20 corresponden a energía solar y otros 10 a la provisión de energía eólica. Las adjudicaciones se hicieron en cuatro zonas: Buenos Aires (proyectos “Miramar”, “Pampa”, “Vientos de Necochea 1”); Comahue (“La Banderita”, en la Pampa, “Pomona 1”, en Río Negro); en Chubut, “Loma Blanca 6”; en Santa Cruz, “Del Biocentenario”. En Cordoba el proyecto “Achiras”; en La Rioja, “Arauco II” y en Mendoza “El Sosneado”.
Algunas de las empresas ganadoras de los proyectos eólicos son Isolux Ingeniería, Sinohydro Corporation, Centrales d ela Costa Atlántica, Facundo Frávega y Genneia S.A., entre otras.
Entre los proyectos de energía solar, las provincias involucradas son Catamarca, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan y San Luis. En este caso, algunas de las empresas adjudicatarias de los proyectos son Energías Sustentables S.A.; Alejandro Ivanissevich, Fides Group S.A., Empresa Mendocina de Energía, Jincosolar, Colway 08 industrial, Soenergy International INC, Quatro Participacoes S: A. y Diaser S.A, entre otras.
Hasta enero se estarán firmando los contratos con estas empresas, y el llamado a la próxima ronda –según estimaciones de la cartera de Energía– podría ser en mayo de 2017.
Según la información del tercer trimestre del año, el resultado del intercambio comercial energético fue de U$S -1.433 millones. Esto implica una reducción del déficit del 27% respecto del mismo lapso del año anterior.
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Avanza causa contra petrolera en Neuquén
Avanza una causa por contaminación en Neuquén
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La fiscalía y superficiarios investigan a exdirectivos de una petrolera por presunta contaminación de las aguas y el suelo en un yacimiento. Los acusadores están de acuerdo en imputarles el delito, pero uno sostiene que no es intencional y otro que sí.
Tres exdirectivos de la petrolera Pan American Energy (PAE) están en la mira de la justicia y ayer estuvieron a punto de ser imputados por el delito de contaminación ambiental. La fiscalía sostiene que durante sus administraciones se habrían producido derrames de hidrocarburos en varios pozos en los que luego se detectaron irregularidades en los acuíferos.
La causa comenzó en 2009 y se iba a avanzar en la imputación de los tres exdirectivos ahora jubilados, Osvaldo Montero, Juan Antoci y Juan Ratti, pero se decidió un cuarto intermedio dado que mientras el fiscal Andrés Azar solicitó la imputación por contaminación culposa de suelo y agua, el querellante Lucio Funes pidió que esa figura sea agravada a dolosa, ya que “lo hacen con conocimiento y adrede”.
Se investiga lo ocurrido entre enero de 2010 y julio de 2012 en la zona de Lindero Atravesado Oriental, donde PAE tiene pozos. Los superficiario de esas tierras son los que realizaron la denuncia a través del querellante.
En mayo de 2012, luego de la intervención de la secretaría de Medio Ambiente, la causa se cerró al indicarse que si bien hubo derrames en los pozos LA18 y LA47 no afectarían la salud pública.
Sin embargo el archivo de la causa se apeló y en octubre se ordenó obtener muestras de aguas subterráneas y el resultado arrojó que se detectó la presencia de hidrocarburos en el acuífero.
En mayo de 2015 Medio Ambiente informó que en tres pozos se detectó una fase libre no acuosa, lo que llevó a un peritaje a través del Poder Judicial.
“La pericia concluyó en que en el suelo los valores superan ampliamente los niveles permitidos, al igual que en el agua que se encontró por ejemplo un nivel de benceno de 200 cuando el máximo permitido es de 10”, indicó el fiscal en la audiencia.
Y destacó que “en mayo de este año se constató con escribano público que la pileta del pozo LA18, de más de 50 metros, fue abierta y se ve abundante cantidad de hidrocarburos filtrándose con el agua”.
El fiscal y el querellante solicitaron un aplazamiento para tratar de llegar a un acuerdo en la figura penal a imputar.
“Una muestra dio un valor de benceno de 200 ug/l y el permitido es 10 para agua de consumo, una sustancia que es cancerígena”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La fiscalía y superficiarios investigan a exdirectivos de una petrolera por presunta contaminación de las aguas y el suelo en un yacimiento. Los acusadores están de acuerdo en imputarles el delito, pero uno sostiene que no es intencional y otro que sí.
Tres exdirectivos de la petrolera Pan American Energy (PAE) están en la mira de la justicia y ayer estuvieron a punto de ser imputados por el delito de contaminación ambiental. La fiscalía sostiene que durante sus administraciones se habrían producido derrames de hidrocarburos en varios pozos en los que luego se detectaron irregularidades en los acuíferos.
La causa comenzó en 2009 y se iba a avanzar en la imputación de los tres exdirectivos ahora jubilados, Osvaldo Montero, Juan Antoci y Juan Ratti, pero se decidió un cuarto intermedio dado que mientras el fiscal Andrés Azar solicitó la imputación por contaminación culposa de suelo y agua, el querellante Lucio Funes pidió que esa figura sea agravada a dolosa, ya que “lo hacen con conocimiento y adrede”.
Se investiga lo ocurrido entre enero de 2010 y julio de 2012 en la zona de Lindero Atravesado Oriental, donde PAE tiene pozos. Los superficiario de esas tierras son los que realizaron la denuncia a través del querellante.
En mayo de 2012, luego de la intervención de la secretaría de Medio Ambiente, la causa se cerró al indicarse que si bien hubo derrames en los pozos LA18 y LA47 no afectarían la salud pública.
Sin embargo el archivo de la causa se apeló y en octubre se ordenó obtener muestras de aguas subterráneas y el resultado arrojó que se detectó la presencia de hidrocarburos en el acuífero.
En mayo de 2015 Medio Ambiente informó que en tres pozos se detectó una fase libre no acuosa, lo que llevó a un peritaje a través del Poder Judicial.
“La pericia concluyó en que en el suelo los valores superan ampliamente los niveles permitidos, al igual que en el agua que se encontró por ejemplo un nivel de benceno de 200 cuando el máximo permitido es de 10”, indicó el fiscal en la audiencia.
Y destacó que “en mayo de este año se constató con escribano público que la pileta del pozo LA18, de más de 50 metros, fue abierta y se ve abundante cantidad de hidrocarburos filtrándose con el agua”.
El fiscal y el querellante solicitaron un aplazamiento para tratar de llegar a un acuerdo en la figura penal a imputar.
“Una muestra dio un valor de benceno de 200 ug/l y el permitido es 10 para agua de consumo, una sustancia que es cancerígena”.
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En Rosario se tomaron enserio la multa sobre arbolado
Rosario: vecino extrajo un árbol sin autorización y deberá pagar 800 ejemplares
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe
Serán destinados para el arbolado público. Además, será multado por trasgredir el Código de Faltas.
Un vecino extrajo un añoso árbol en el centro rosarino y la Municipalidad lo sancionó exigiéndole la donación de 800 ejemplares como resarcimiento ambiental, además de una multa por transgredir el Código de Faltas, informó hoy la Dirección General de Comunicación Social.
El titular de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, señaló a la prensa que "se trataría del primer caso registrado en el que un particular debe afrontar consecuencias por daño ambiental".
El funcionario explicó que "la donación de unos 800 árboles está determinada por la fórmula de compensación utilizada en estos casos para valorar el daño causado".
El árbol centenario fue retirado el pasado 9 de noviembre en la tradicional esquina del bulevar Oroño y Jujuy, en el macrocentro rosarino, en momentos en que los agentes municipales realizaban el primer día de un paro de 48 horas, sin asistencia en los lugares de trabajo.
Esa circunstancia fue aprovechada por el hombre, ayudado por un grupo de amigos, quien presuntamente ignoraba lo establecido en las ordenanzas.
Las mismas fuentes señalaron que el infractor tenía un acta confeccionada por el cuerpo de Inspectores, fechada en marzo pasado, por podar sin permiso el mismo ejemplar.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe
Serán destinados para el arbolado público. Además, será multado por trasgredir el Código de Faltas.
Un vecino extrajo un añoso árbol en el centro rosarino y la Municipalidad lo sancionó exigiéndole la donación de 800 ejemplares como resarcimiento ambiental, además de una multa por transgredir el Código de Faltas, informó hoy la Dirección General de Comunicación Social.
El titular de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, señaló a la prensa que "se trataría del primer caso registrado en el que un particular debe afrontar consecuencias por daño ambiental".
El funcionario explicó que "la donación de unos 800 árboles está determinada por la fórmula de compensación utilizada en estos casos para valorar el daño causado".
El árbol centenario fue retirado el pasado 9 de noviembre en la tradicional esquina del bulevar Oroño y Jujuy, en el macrocentro rosarino, en momentos en que los agentes municipales realizaban el primer día de un paro de 48 horas, sin asistencia en los lugares de trabajo.
Esa circunstancia fue aprovechada por el hombre, ayudado por un grupo de amigos, quien presuntamente ignoraba lo establecido en las ordenanzas.
Las mismas fuentes señalaron que el infractor tenía un acta confeccionada por el cuerpo de Inspectores, fechada en marzo pasado, por podar sin permiso el mismo ejemplar.
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Números preocupantes del saneamiento del Riachuelo
Saneamiento en la cuenca Matanza Riachuelo: los números preocupantes de los últimos años
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Humedales: el agronegocio y el desarrollismo pudo más
Vuelta al primer casillero
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como “esponja” y regulan el caudal de agua, absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocios (ganadería, arrozales, soja) y minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias, como los countries, que suelen ubicarse, y destruir humedales. Desde hace más de una década, organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
La media sanción parecía encaminada, pero el 15 de noviembre el senador del PRO y dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli (presidente de la Comisión de Agricultura), presentó un proyecto por la minoría junto con Cristina Fiore Viñuales y Silvia Giacoppo.
El Senado debía votar ayer, pero el legislador de Chubut Alfredo Luenzo sorprendió a todos. Aunque en comision había apoyado el proyecto de protección de humedales, en el recinto Luenzo propuso que vuelva a comisión y se siga debatiendo. “Es una vergüenza lo que hizo y es herir de muerte el proyecto de ley. Que vuelva a comisión es dilatar todo, con muchísimas posibilidades de que no vuelva al recinto”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como “esponja” y regulan el caudal de agua, absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocios (ganadería, arrozales, soja) y minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias, como los countries, que suelen ubicarse, y destruir humedales. Desde hace más de una década, organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
La media sanción parecía encaminada, pero el 15 de noviembre el senador del PRO y dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli (presidente de la Comisión de Agricultura), presentó un proyecto por la minoría junto con Cristina Fiore Viñuales y Silvia Giacoppo.
El Senado debía votar ayer, pero el legislador de Chubut Alfredo Luenzo sorprendió a todos. Aunque en comision había apoyado el proyecto de protección de humedales, en el recinto Luenzo propuso que vuelva a comisión y se siga debatiendo. “Es una vergüenza lo que hizo y es herir de muerte el proyecto de ley. Que vuelva a comisión es dilatar todo, con muchísimas posibilidades de que no vuelva al recinto”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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1000 bidones de agroquímicos flotando
1000 bidones de agroquímicos flotan en un pueblo de La Pampa
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: El Federal
Provincia/Región: La Pampa
Un vecino de la localidad de Vértiz denunció a través de un video la contaminación que ocasionan mil bidones de agroquímicos que flotan a pocos metros de la ciudad, entre ellos se encuentra el glifosato.
Un centro de acopio de bidones de agroquímicos ubicado en la localidad de Vértiz, provincia de La Pampa, se inundó a causa de la intensidad de las lluvias y ahora más de mil envases se encuentran flotando a escasos 500 metros de la localidad, desparramando sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente y para la salud de los pobladores.
Un vecino del lugar, Lucas Alcántara, denunció esta situación a través de un video en el que advierte que “hay patos muertos, animales con diarrea”, que la contaminación “va a llegar a las napas de agua” ya que "todos esos bidones se lavaron con el agua que ahora está chupando la misma tierra. Hoy en Vértiz le tenemos miedo al agua".
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: El Federal
Provincia/Región: La Pampa
Un vecino de la localidad de Vértiz denunció a través de un video la contaminación que ocasionan mil bidones de agroquímicos que flotan a pocos metros de la ciudad, entre ellos se encuentra el glifosato.
Un centro de acopio de bidones de agroquímicos ubicado en la localidad de Vértiz, provincia de La Pampa, se inundó a causa de la intensidad de las lluvias y ahora más de mil envases se encuentran flotando a escasos 500 metros de la localidad, desparramando sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente y para la salud de los pobladores.
Un vecino del lugar, Lucas Alcántara, denunció esta situación a través de un video en el que advierte que “hay patos muertos, animales con diarrea”, que la contaminación “va a llegar a las napas de agua” ya que "todos esos bidones se lavaron con el agua que ahora está chupando la misma tierra. Hoy en Vértiz le tenemos miedo al agua".
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Certificaciones de "edificios verdes" por Conicet
Edificios verdes: certificaciones con sello argentino
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Hoteles, bibliotecas, museos, oficinas, viviendas sociales y privadas, escuelas, y más. Cada tipo de construcción tendrá su propio modelo de certificación de edificio sustentable cuando culmine el proyecto de investigación que lleva adelante Jorge Czajkowski, investigador independiente del CONICET, junto al equipo que dirige en el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (LAyHS, FAU-UNLP).
Una certificación de sustentabilidad para edificaciones es la que acredita la existencia de condiciones que reducen el impacto negativo de una construcción en el medio ambiente. Desde la elección de los materiales, el uso y consumo de recursos y energía, el reciclado de agua y los espacios verdes, hasta la generación de residuos, son múltiples los aspectos que dicho instrumento toma en cuenta para constatar que un edificio es sustentable o “verde”, es decir, respetuoso con la naturaleza en sus procesos y prácticas.
“Nuestras líneas de investigación se orientan a la generación de conocimiento basado en la realidad argentina para dar lugar a protocolos propios, porque nos regimos por los norteamericanos o europeos, que han sido diseñados según condiciones ambientales, geográficas, tecnológicas y culturales muy distintas a las de esta región”, explica el experto. “Así –continúa- mientras en otras partes del mundo se busca resolver principalmente aspectos como la accesibilidad o el frío extremo, aquí el acento debe estar puesto en la eficiencia en el uso de la energía, porque ese es el mayor problema a nivel local”.
Dentro de todos los componentes incluidos en el concepto de sustentabilidad, el LAyHS se concentra especialmente en el diseño pasivo o bioclimático, es decir, el aprovechamiento de las características climáticas al momento de proyectar una construcción. “El conocimiento generado desde hace más de veinte años nos muestra que en condiciones medias se podría vivir tranquilamente sin calefaccionar ni refrigerar una vivienda, utilizando la diferencia de temperatura entre el día y la noche, los vientos típicos de la región y un poco de aislamiento térmico. El sol más las actividades propias de las personas, como cocinar, iluminarse o guardar alimentos en la heladera, serían la fuente de calor”, asegura Czajkowski.
Sin ser obligatorias, las certificaciones de sustentabilidad edilicia se erigen como un incentivo para fomentar los proyectos de obra respetuosos del medio ambiente en su construcción y funcionamiento. Al no haber normas nacionales, en la Argentina los edificios que quieran atenerse a estos parámetros deben acudir a las extranjeras, como BREEAM (Reino Unido), LEED (EEUU) o Passivhaus (Alemania), entre las más conocidas.
“Además de ser estándares pensados para las problemáticas de otros lugares, aspirar a esas certificaciones es muy costoso, y es por eso que en los últimos años recibimos el pedido de asesoramiento de algunos privados que sabían de nuestro conocimiento en el tema”, relata el investigador, que junto a su equipo decidió entonces enmarcar la iniciativa en un proyecto de investigación que incluya un protocolo distinto para cada tipo de edificación, algunos incluso ya elaborados a partir de sus experiencias en la realización de informes técnicos.
Precisamente, la intervención más destacada del grupo de trabajo fue en el Instituto “José Manuel Estrada” de City Bell, cuyas autoridades se acercaron hace algunos años a Czajkowski y le pidieron ayuda para convertir al Salón de Usos Múltiples de la escuela en un espacio sustentable. Con 700 metros cuadrados y capacidad para 450 personas sentadas, el sitio es una obra subterránea que se inauguró en diciembre de 2015.
“Los asesoramos en diseño bioclimático; si bien el lugar tiene equipos de calefacción y refrigeración, no se usan en ningún momento del año. Lo único que hay es un sistema sencillo de ventilación”, apunta el especialista, cuya participación culminó con el otorgamiento de un certificado que constata la eficiencia edilicia del lugar. Las prácticas incorporadas, además, llevaron a las autoridades del establecimiento a retirar los aires acondicionados de todas las aulas, con la idea de ir convirtiendo paulatinamente a todo el colegio en sustentable.
Otro caso al que actualmente asesoran mediante un convenio con la UNLP es la empresa de soluciones en aislamiento ISOVER Saint Gobain Argentina SA, en la construcción de su sede en la localidad de Llavallol. El edificio aspira a funcionar con tecnología geotérmica estacional, consistente en el almacenamiento subterráneo de aire caliente en el verano para utilizar en invierno y viceversa, a través de la recirculación de agua del acuífero con bombas accionadas por paneles solares. El objetivo será eliminar el uso de energía para climatizar 900 metros cuadrados de oficinas.
Decisión política global
Entre 50 y 100 años es lo que Czajkowski estima llevaría convertir a todos los países en sustentables si se tomara la decisión política global de transformar ciertos conceptos y hábitos. “Hace un tiempo distintas organizaciones internacionales comenzaron a observar que el hábitat en su construcción y mantenimiento era responsable de la mitad del calentamiento global”, explica el experto.
Si bien en nuestro país existe normativa actualizada sobre el tema, Czajkowski señala que “no hay un cumplimiento efectivo”. “Hay leyes en Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de aplicarse, permitirían reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de edificios, generar innovación tecnológica y hacerlos confortables”, añade el experto y agrega que “por ahora sólo la localidad de Rosario posee un Código de Edificación que promueve la eficiencia y sustentabilidad”.
De acuerdo al experto, el reemplazo de ladrillos por materiales crudos que no necesitan cocción, como el adobe o la tapia, implica un 30 por ciento menos de GEI. “Lo mismo con el abuso de los ventanales de vidrio, que termina siendo un factor de derroche energético, debido a la pérdida de calor que provoca”, concluye.
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Hoteles, bibliotecas, museos, oficinas, viviendas sociales y privadas, escuelas, y más. Cada tipo de construcción tendrá su propio modelo de certificación de edificio sustentable cuando culmine el proyecto de investigación que lleva adelante Jorge Czajkowski, investigador independiente del CONICET, junto al equipo que dirige en el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (LAyHS, FAU-UNLP).
Una certificación de sustentabilidad para edificaciones es la que acredita la existencia de condiciones que reducen el impacto negativo de una construcción en el medio ambiente. Desde la elección de los materiales, el uso y consumo de recursos y energía, el reciclado de agua y los espacios verdes, hasta la generación de residuos, son múltiples los aspectos que dicho instrumento toma en cuenta para constatar que un edificio es sustentable o “verde”, es decir, respetuoso con la naturaleza en sus procesos y prácticas.
“Nuestras líneas de investigación se orientan a la generación de conocimiento basado en la realidad argentina para dar lugar a protocolos propios, porque nos regimos por los norteamericanos o europeos, que han sido diseñados según condiciones ambientales, geográficas, tecnológicas y culturales muy distintas a las de esta región”, explica el experto. “Así –continúa- mientras en otras partes del mundo se busca resolver principalmente aspectos como la accesibilidad o el frío extremo, aquí el acento debe estar puesto en la eficiencia en el uso de la energía, porque ese es el mayor problema a nivel local”.
Dentro de todos los componentes incluidos en el concepto de sustentabilidad, el LAyHS se concentra especialmente en el diseño pasivo o bioclimático, es decir, el aprovechamiento de las características climáticas al momento de proyectar una construcción. “El conocimiento generado desde hace más de veinte años nos muestra que en condiciones medias se podría vivir tranquilamente sin calefaccionar ni refrigerar una vivienda, utilizando la diferencia de temperatura entre el día y la noche, los vientos típicos de la región y un poco de aislamiento térmico. El sol más las actividades propias de las personas, como cocinar, iluminarse o guardar alimentos en la heladera, serían la fuente de calor”, asegura Czajkowski.
Sin ser obligatorias, las certificaciones de sustentabilidad edilicia se erigen como un incentivo para fomentar los proyectos de obra respetuosos del medio ambiente en su construcción y funcionamiento. Al no haber normas nacionales, en la Argentina los edificios que quieran atenerse a estos parámetros deben acudir a las extranjeras, como BREEAM (Reino Unido), LEED (EEUU) o Passivhaus (Alemania), entre las más conocidas.
“Además de ser estándares pensados para las problemáticas de otros lugares, aspirar a esas certificaciones es muy costoso, y es por eso que en los últimos años recibimos el pedido de asesoramiento de algunos privados que sabían de nuestro conocimiento en el tema”, relata el investigador, que junto a su equipo decidió entonces enmarcar la iniciativa en un proyecto de investigación que incluya un protocolo distinto para cada tipo de edificación, algunos incluso ya elaborados a partir de sus experiencias en la realización de informes técnicos.
Precisamente, la intervención más destacada del grupo de trabajo fue en el Instituto “José Manuel Estrada” de City Bell, cuyas autoridades se acercaron hace algunos años a Czajkowski y le pidieron ayuda para convertir al Salón de Usos Múltiples de la escuela en un espacio sustentable. Con 700 metros cuadrados y capacidad para 450 personas sentadas, el sitio es una obra subterránea que se inauguró en diciembre de 2015.
“Los asesoramos en diseño bioclimático; si bien el lugar tiene equipos de calefacción y refrigeración, no se usan en ningún momento del año. Lo único que hay es un sistema sencillo de ventilación”, apunta el especialista, cuya participación culminó con el otorgamiento de un certificado que constata la eficiencia edilicia del lugar. Las prácticas incorporadas, además, llevaron a las autoridades del establecimiento a retirar los aires acondicionados de todas las aulas, con la idea de ir convirtiendo paulatinamente a todo el colegio en sustentable.
Otro caso al que actualmente asesoran mediante un convenio con la UNLP es la empresa de soluciones en aislamiento ISOVER Saint Gobain Argentina SA, en la construcción de su sede en la localidad de Llavallol. El edificio aspira a funcionar con tecnología geotérmica estacional, consistente en el almacenamiento subterráneo de aire caliente en el verano para utilizar en invierno y viceversa, a través de la recirculación de agua del acuífero con bombas accionadas por paneles solares. El objetivo será eliminar el uso de energía para climatizar 900 metros cuadrados de oficinas.
Decisión política global
Entre 50 y 100 años es lo que Czajkowski estima llevaría convertir a todos los países en sustentables si se tomara la decisión política global de transformar ciertos conceptos y hábitos. “Hace un tiempo distintas organizaciones internacionales comenzaron a observar que el hábitat en su construcción y mantenimiento era responsable de la mitad del calentamiento global”, explica el experto.
Si bien en nuestro país existe normativa actualizada sobre el tema, Czajkowski señala que “no hay un cumplimiento efectivo”. “Hay leyes en Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de aplicarse, permitirían reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de edificios, generar innovación tecnológica y hacerlos confortables”, añade el experto y agrega que “por ahora sólo la localidad de Rosario posee un Código de Edificación que promueve la eficiencia y sustentabilidad”.
De acuerdo al experto, el reemplazo de ladrillos por materiales crudos que no necesitan cocción, como el adobe o la tapia, implica un 30 por ciento menos de GEI. “Lo mismo con el abuso de los ventanales de vidrio, que termina siendo un factor de derroche energético, debido a la pérdida de calor que provoca”, concluye.
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