Estudian como salvar las aves del agronegocio
08:00 | 
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Eco Sitio |
El desafío de preservar las aves en agroecosistemas
Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: INTA
Provincia/Región: Nacional
Frente a la amenaza de extinción de la loica pampeana, con una población menor a 28.000 individuos, investigadores trabajan en un proyecto de conservación y preservación del hábitat donde proponen impulsar un corredor de vida silvestre con ganadería sustentable.
Esta investigación aplicada junto a otro proyecto que estudia los efectos de la agricultura orgánica y convencional sobre las aves de bordes en agroecosistemas del centro de Argentina, fueron distinguidos con mención especial en la séptima edición del Fondo para la Conservación Ambiental organizado por el Banco Galicia y Aves Argentinas.
Desde la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Bordenave -sudoeste bonaerense-, a través de un proyecto interinstitucional y en el marco del Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, Francisco Rodrigo Tizón realiza acciones para la conservación de la loica pampeana en base al manejo de los agroecosistemas donde habita.
Con el conocimiento de las consecuencias directas que tuvo la transformación de los pastizales pampeanos en el último siglo sobre la loica pampeana, los técnicos buscan lograr una agricultura y ganadería sustentable y climáticamente resiliente, para que esta especie pueda recuperar parte de sus poblaciones originales
Durante este primer año trabajo “fue fundamental tomar contacto con los pobladores, escuelas locales, observadores de aves y continuar algunos proyectos que habían sido iniciados por estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional del Sur”, indicó Tizón.
De color negro con pecho y abdomen rojo el macho y de color pardo la hembra, la loica pampeana (Sturnella defilippii), también conocida como “pecho colorado mediano”, ha sufrido una gran disminución poblacional por pérdida de hábitats que alcanza al 90 por ciento de su distribución original. La fragmentación que observan los especialistas en el mapa de distribución actual, permite solo avistarla en campos del sudoeste bonaerense y del norte de Uruguay.
Pérdida de hábitat
El estudio abarca más de 1 millón 500 mil hectáreas de los partidos de Puán, Saavedra, Tornquist –localidades donde por iniciativa del proyecto se dictaron ordenanzas que la declaran emblema con protección-, Bahía Blanca y parte de Cnel. Rosales, Villarino y Adolfo Alsina.
Para Tizón, es fundamental alcanzar “un compromiso de estos municipios para desarrollar programas de educación y conservación de la especie”, señaló.
Con la Oficina Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense apuntan a zonas de vías de ferrocarril abandonadas – Villa Iris, Nueva Roma, López Lecube-, con la intención de que sean declaradas áreas protegidas, ya que “representan una gran oportunidad, dado que tienen relativamente buen estado de conservación y se ha visto nidificar a la especie”, destacó.
El contrapunto son los “lotes nuevos roturados” donde fueron vistos “varios individuos”, reconoció y agregó: “Esto provoca el consecuente desplazamiento del ave de esos campos”.
Las acciones de conservación fuera de sus hábitats naturales “se vuelven cada vez más importantes”, aclaró. Para ello, los refugios de vida silvestre son una estrategia muy utilizada en Argentina.
Para Tizón “los corredores de vida silvestre representan una propuesta superadora, dado que implica la conservación de áreas con ciertas características que facilitan el movimiento de las poblaciones de este ave, otros animales y plantas, entre parches de vegetación nativa. Esta conectividad se vuelve muy importante en la conservación efectiva de animales grandes”.
La reducción de su población la coloca en la categoría “vulnerable” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, según sus siglas en inglés), y “en peligro de extinción” a nivel nacional de acuerdo con la Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS).
Diversos factores han incidido en su retracción. Se destaca el uso de agroquímicos en los agroecosistemas del sudoeste bonaerense que la pusieron en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que tiene una fuerte dependencia de cierta estructura de vegetación y, además, mantiene fidelidad al sitio donde nidificación.
Este proyecto interinstitucional también lo integran Natalia Cozzani, Universidad Nacional del Sur, y los observadores de aves locales Alejando Morici y Ricardo Fernández. En el marco del programa se creó el sitio www.loica.org.ar denominado “Salvemos a la loica pampeana”, que se suma a la preservación de esta especie.
Efectos de la agricultura sobre las aves
La evaluación de las comunidades de aves en distintos tipos de bordes bajo manejo orgánico y convencional, es el tema de estudio de investigadores que buscan reconocer los efectos de la disponibilidad de recursos de hábitat y alimento así como su relación con agroquímicos.
Según Andrea Paula Goijman, del Instituto de Recursos Biológicos (IRB, CIRN) del INTA Castelar, tienen previsto en diciembre iniciar el muestreo en establecimientos que realizan total o parcialmente agricultura y ganadería orgánica del sudeste de Córdoba -entre las localidades de Río Cuarto y Arias-.
“El objetivo general es evaluar el efecto de diferentes manejos agrícolas sobre aves para aportar información sobre manejo de cultivos y bordes de cultivos con vegetación natural, compatibilizando su conservación con la agricultura sostenible”, indicó.
Para ello esperan evaluar “el efecto del manejo orgánico y convencional sobre aves que utilizan los bordes, teniendo en cuenta tipos de borde, el paisaje y el uso de la tierra alrededor, con foco en las aves insectívoras y la disponibilidad de alimento y hábitat para las mismas”.
De esta manera, podrán brindar información “para la toma de decisiones de productores, tanto orgánicos como convencionales, teniendo en cuenta el potencial que tienen las aves como proveedoras de un servicio ecosistémico importante, como lo es el control natural de plagas”, puntualizó.
Las consecuencias de la intensificación agrícola, con remoción de hábitats y uso de agroquímicos, se presenta como un desafío para la conservación de aves, entre las que pueden mencionarse especies como: la tijereta, ratona, leñatero, verdón, pico de plata, entre otras. Y, según este proyecto, la agricultura orgánica podría beneficiarlas con más oferta de recursos que la convencional.
A partir de este estudio, enmarcado en el Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que también integran Facundo Contreras –Conicet- y José Priotto –Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET-, buscarán generar recomendaciones que apuntarán “a compatibilizar la producción agrícola con la conservación de biodiversidad”.
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Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: INTA
Provincia/Región: Nacional
Frente a la amenaza de extinción de la loica pampeana, con una población menor a 28.000 individuos, investigadores trabajan en un proyecto de conservación y preservación del hábitat donde proponen impulsar un corredor de vida silvestre con ganadería sustentable.
Esta investigación aplicada junto a otro proyecto que estudia los efectos de la agricultura orgánica y convencional sobre las aves de bordes en agroecosistemas del centro de Argentina, fueron distinguidos con mención especial en la séptima edición del Fondo para la Conservación Ambiental organizado por el Banco Galicia y Aves Argentinas.
Desde la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Bordenave -sudoeste bonaerense-, a través de un proyecto interinstitucional y en el marco del Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, Francisco Rodrigo Tizón realiza acciones para la conservación de la loica pampeana en base al manejo de los agroecosistemas donde habita.
Con el conocimiento de las consecuencias directas que tuvo la transformación de los pastizales pampeanos en el último siglo sobre la loica pampeana, los técnicos buscan lograr una agricultura y ganadería sustentable y climáticamente resiliente, para que esta especie pueda recuperar parte de sus poblaciones originales
Durante este primer año trabajo “fue fundamental tomar contacto con los pobladores, escuelas locales, observadores de aves y continuar algunos proyectos que habían sido iniciados por estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional del Sur”, indicó Tizón.
De color negro con pecho y abdomen rojo el macho y de color pardo la hembra, la loica pampeana (Sturnella defilippii), también conocida como “pecho colorado mediano”, ha sufrido una gran disminución poblacional por pérdida de hábitats que alcanza al 90 por ciento de su distribución original. La fragmentación que observan los especialistas en el mapa de distribución actual, permite solo avistarla en campos del sudoeste bonaerense y del norte de Uruguay.
Pérdida de hábitat
El estudio abarca más de 1 millón 500 mil hectáreas de los partidos de Puán, Saavedra, Tornquist –localidades donde por iniciativa del proyecto se dictaron ordenanzas que la declaran emblema con protección-, Bahía Blanca y parte de Cnel. Rosales, Villarino y Adolfo Alsina.
Para Tizón, es fundamental alcanzar “un compromiso de estos municipios para desarrollar programas de educación y conservación de la especie”, señaló.
Con la Oficina Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense apuntan a zonas de vías de ferrocarril abandonadas – Villa Iris, Nueva Roma, López Lecube-, con la intención de que sean declaradas áreas protegidas, ya que “representan una gran oportunidad, dado que tienen relativamente buen estado de conservación y se ha visto nidificar a la especie”, destacó.
El contrapunto son los “lotes nuevos roturados” donde fueron vistos “varios individuos”, reconoció y agregó: “Esto provoca el consecuente desplazamiento del ave de esos campos”.
Las acciones de conservación fuera de sus hábitats naturales “se vuelven cada vez más importantes”, aclaró. Para ello, los refugios de vida silvestre son una estrategia muy utilizada en Argentina.
Para Tizón “los corredores de vida silvestre representan una propuesta superadora, dado que implica la conservación de áreas con ciertas características que facilitan el movimiento de las poblaciones de este ave, otros animales y plantas, entre parches de vegetación nativa. Esta conectividad se vuelve muy importante en la conservación efectiva de animales grandes”.
La reducción de su población la coloca en la categoría “vulnerable” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, según sus siglas en inglés), y “en peligro de extinción” a nivel nacional de acuerdo con la Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS).
Diversos factores han incidido en su retracción. Se destaca el uso de agroquímicos en los agroecosistemas del sudoeste bonaerense que la pusieron en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que tiene una fuerte dependencia de cierta estructura de vegetación y, además, mantiene fidelidad al sitio donde nidificación.
Este proyecto interinstitucional también lo integran Natalia Cozzani, Universidad Nacional del Sur, y los observadores de aves locales Alejando Morici y Ricardo Fernández. En el marco del programa se creó el sitio www.loica.org.ar denominado “Salvemos a la loica pampeana”, que se suma a la preservación de esta especie.
Efectos de la agricultura sobre las aves
La evaluación de las comunidades de aves en distintos tipos de bordes bajo manejo orgánico y convencional, es el tema de estudio de investigadores que buscan reconocer los efectos de la disponibilidad de recursos de hábitat y alimento así como su relación con agroquímicos.
Según Andrea Paula Goijman, del Instituto de Recursos Biológicos (IRB, CIRN) del INTA Castelar, tienen previsto en diciembre iniciar el muestreo en establecimientos que realizan total o parcialmente agricultura y ganadería orgánica del sudeste de Córdoba -entre las localidades de Río Cuarto y Arias-.
“El objetivo general es evaluar el efecto de diferentes manejos agrícolas sobre aves para aportar información sobre manejo de cultivos y bordes de cultivos con vegetación natural, compatibilizando su conservación con la agricultura sostenible”, indicó.
Para ello esperan evaluar “el efecto del manejo orgánico y convencional sobre aves que utilizan los bordes, teniendo en cuenta tipos de borde, el paisaje y el uso de la tierra alrededor, con foco en las aves insectívoras y la disponibilidad de alimento y hábitat para las mismas”.
De esta manera, podrán brindar información “para la toma de decisiones de productores, tanto orgánicos como convencionales, teniendo en cuenta el potencial que tienen las aves como proveedoras de un servicio ecosistémico importante, como lo es el control natural de plagas”, puntualizó.
Las consecuencias de la intensificación agrícola, con remoción de hábitats y uso de agroquímicos, se presenta como un desafío para la conservación de aves, entre las que pueden mencionarse especies como: la tijereta, ratona, leñatero, verdón, pico de plata, entre otras. Y, según este proyecto, la agricultura orgánica podría beneficiarlas con más oferta de recursos que la convencional.
A partir de este estudio, enmarcado en el Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que también integran Facundo Contreras –Conicet- y José Priotto –Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET-, buscarán generar recomendaciones que apuntarán “a compatibilizar la producción agrícola con la conservación de biodiversidad”.
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Juicio por homicidio con agrotóxicos, como sigue
Juicio por homicidio con agrotóxicos: “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora”, dijo el periodista Jorge Solari
Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Corrientes
Este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa” y se espera que mañana viernes haya un dictamen del Tribunal Oral Penal de Goya (provincia de Corrientes) que juzga al productor Ricardo Nicolás Prieto por el homicidio del pequeño de cinco años Santiago Nicolás Arévalo, ocurrido en 2011, y por las severas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez que entonces tenía cuatro años, quienes fueron afectados por agrotóxicos ilegales utilizados en la finca del productor. El periodista de la revista Acción del Instituto de Cultura Popular (Incupo), Jorge Solari, informó que el abogado querellante “solicitó una pena de nueve años de prisión, con lo cual podría el imputado -que enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal- ir a prisión si la pena impuesta es superior a los tres años”. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”, señaló. También recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Solari informó que este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa, donde fueron 19 personas que declararon y se espera que para mañana haya dictamen del Tribunal de Goya”.
Recordó que el hecho “ocurrió en 2001 cuando dos chicos que caminaban cerca de una quinta, un tendalero de producción de tomates, y las investigaciones dan cuenta que las fumigaciones se hacían con las cortinas levantadas del tendalero y lo que escurría del veneno pasaba a un lugar lindante donde están las casas de los vecinos”. “El niño solamente pisó el charco donde había restos de endosulfán, lo que da cuenta del grado de toxicidad de este químico, y solamente el contacto le provocó una intoxicación muy fuerte por la que falleció a los pocos días. Además su primita salvó su vida porque fue de inmediato derivada al Hospital Garrahan donde le realizaron un proceso de desintoxicación”, rememoró.
También resaltó que este juicio “es el segundo a nivel nacional donde se juzga por uso de agro tóxicos, y el primero fue en Córdoba donde se encontró culpables a un productor y a un aero-fumigador a quienes se les impuso una pena menor y no fueron a la cárcel, pero al menos se consideró que cometieron un delito”.
Solari destacó que “es un tema que cada vez despierta más preocupación” y recalcó que “en Corrientes hay una ley sobre el tema, pero no se especifica la distancia de aplicación de los agro tóxicos es decir que pueden fumigar al lado de las casas, de una escuela o de una sala de primeros auxilios sin problemas”. En tal sentido, contó que “a raíz de este hecho una diputada elevó un proyecto de ley poniendo como mínimo una distancia de 600 metros para realizar las fumigaciones, pero el proyecto quedo en comisión y en intención”.
Asimismo, aseveró que “el Estado reacciona cuando ya es tarde, porque se empezaron a mover recién el año pasado cuando se tuvo fecha cierta del juicio y el Ministerio de Agricultura empezó a realizar talleres para fumigadores y charlas”.
Informó que “al año siguiente de la muerte del pequeño Arévalo, en 2012, falleció otro chico en el mismo lugar, la localidad de Lavalle”.
Respecto del químico utilizado, Solari recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
Consultado por la defensa de los productores, mencionó que “sostienen que usan productos aprobados por el Ministerio de Agricultura y hasta ahí va su respuesta; dicen que la gente de los alrededores debe tener más cuidado, y que la intención no fue causar perjuicio”.
“Acá el problema es que fallan los órganos de control, y la discusión a nivel social sobre este sistema productivo que utiliza agro tóxicos. Hay estudios que demuestran que las frutas y verduras que compramos en los supermercados tienen restos de agro tóxicos, con lo cual el problema no es del campo sino de todos, y sin embargo todo sigue igual y las fumigaciones se siguen realizando”, reflexionó el periodista.
Por último, sobre las penas que enfrenta el productor en caso de ser condenado afirmó que “el abogado perteneciente a la Red Infancia Robada, Julián Segovia, viene apoyando a la familia del niño y pide unos 9 años de prisión, con lo cual podría ir a prisión si la pena es superior a los tres años. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”.
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Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Corrientes
Este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa” y se espera que mañana viernes haya un dictamen del Tribunal Oral Penal de Goya (provincia de Corrientes) que juzga al productor Ricardo Nicolás Prieto por el homicidio del pequeño de cinco años Santiago Nicolás Arévalo, ocurrido en 2011, y por las severas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez que entonces tenía cuatro años, quienes fueron afectados por agrotóxicos ilegales utilizados en la finca del productor. El periodista de la revista Acción del Instituto de Cultura Popular (Incupo), Jorge Solari, informó que el abogado querellante “solicitó una pena de nueve años de prisión, con lo cual podría el imputado -que enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal- ir a prisión si la pena impuesta es superior a los tres años”. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”, señaló. También recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Solari informó que este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa, donde fueron 19 personas que declararon y se espera que para mañana haya dictamen del Tribunal de Goya”.
Recordó que el hecho “ocurrió en 2001 cuando dos chicos que caminaban cerca de una quinta, un tendalero de producción de tomates, y las investigaciones dan cuenta que las fumigaciones se hacían con las cortinas levantadas del tendalero y lo que escurría del veneno pasaba a un lugar lindante donde están las casas de los vecinos”. “El niño solamente pisó el charco donde había restos de endosulfán, lo que da cuenta del grado de toxicidad de este químico, y solamente el contacto le provocó una intoxicación muy fuerte por la que falleció a los pocos días. Además su primita salvó su vida porque fue de inmediato derivada al Hospital Garrahan donde le realizaron un proceso de desintoxicación”, rememoró.
También resaltó que este juicio “es el segundo a nivel nacional donde se juzga por uso de agro tóxicos, y el primero fue en Córdoba donde se encontró culpables a un productor y a un aero-fumigador a quienes se les impuso una pena menor y no fueron a la cárcel, pero al menos se consideró que cometieron un delito”.
Solari destacó que “es un tema que cada vez despierta más preocupación” y recalcó que “en Corrientes hay una ley sobre el tema, pero no se especifica la distancia de aplicación de los agro tóxicos es decir que pueden fumigar al lado de las casas, de una escuela o de una sala de primeros auxilios sin problemas”. En tal sentido, contó que “a raíz de este hecho una diputada elevó un proyecto de ley poniendo como mínimo una distancia de 600 metros para realizar las fumigaciones, pero el proyecto quedo en comisión y en intención”.
Asimismo, aseveró que “el Estado reacciona cuando ya es tarde, porque se empezaron a mover recién el año pasado cuando se tuvo fecha cierta del juicio y el Ministerio de Agricultura empezó a realizar talleres para fumigadores y charlas”.
Informó que “al año siguiente de la muerte del pequeño Arévalo, en 2012, falleció otro chico en el mismo lugar, la localidad de Lavalle”.
Respecto del químico utilizado, Solari recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
Consultado por la defensa de los productores, mencionó que “sostienen que usan productos aprobados por el Ministerio de Agricultura y hasta ahí va su respuesta; dicen que la gente de los alrededores debe tener más cuidado, y que la intención no fue causar perjuicio”.
“Acá el problema es que fallan los órganos de control, y la discusión a nivel social sobre este sistema productivo que utiliza agro tóxicos. Hay estudios que demuestran que las frutas y verduras que compramos en los supermercados tienen restos de agro tóxicos, con lo cual el problema no es del campo sino de todos, y sin embargo todo sigue igual y las fumigaciones se siguen realizando”, reflexionó el periodista.
Por último, sobre las penas que enfrenta el productor en caso de ser condenado afirmó que “el abogado perteneciente a la Red Infancia Robada, Julián Segovia, viene apoyando a la familia del niño y pide unos 9 años de prisión, con lo cual podría ir a prisión si la pena es superior a los tres años. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”.
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Desmonte en Victoria: para RN está todo bien
Desmonte en Victoria: en Recursos naturales dicen que no se afectó un área protegida
Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Diario Victoria
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras las denuncias y pedidos de informes de vecinos de Victoria y la investigación abierta por el fiscal Gamal Taleb por el desmonte de una parte del islote Pancho, el director de Recursos naturales de la provincia, Claudio Ledesma, dijo a AIM que la zona involucrada no está declarada área protegida por la provincia y las especies afectadas por el desmonte “no tienen importancia biológica” y sostuvo que la única falta fue que las empresas no hayan pedido autorización.
El desmonte producido a fines de septiembre generó la reacción y denuncias de los ambientalistas -encabezados por la ONG Guardianes de Victoria- que motivaron la la actuación de oficio del fiscal Gamal Taleb.
Sin embargo, el funcionario minimizó las denuncias y aseguró que realizaron los procedimientos administrativos pertinentes, vinculados más a la falta de autorización para realizar el desmonte que al presunto daño ambiental.
“Lo que se sacó fue un listón de cinco a seis metros por 1.000 que exige Prefectura para el amarre de barcazas. Eso es algo que se viene haciendo hace más de 100 años”, afirmó Ledesma a esta Agencia.
El director de Recursos naturales sostuvo que la tala de la franja de tierra sobre el borde del islote se hizo “por seguridad” y consideró que “es totalmente válido”, aunque aclaró: “Lo que sí no es válido es que no hayan pedido autorización ahora que está la Ley”, en referencia a la Ley 8.967 de creación de Áreas naturales protegidas.
Sauces y alisos, “sin importancia biológica”
Ledesma recordó que antes, en los contratos de arrendamientos de las islas fiscales de la provincia, se autorizaba a los arrendatarios “a que se haga esta limpieza, porque son árboles que no tienen ninguna importancia biológica, alisos y sauces, que son dos especies que no nos importa conservar porque no producen ninguna biodiversidad. No tienen ningún valor para nosotros porque van a los cursos de inundación; cuando se inunda desaparecen y cuando baja el agua vuelven a aparecer”.
“No es área protegida”
“Para nosotros no es área protegida”, dijo el funcionario basándose en la Ley antes mencionada, que establece que será área natural “todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad”, aunque para ello, deberán ser declaradas como tales mediante por Ley.
Si bien hubo una protección dictada por la ordenanza municipal 2.185/03, una norma municipal no puede contradecir a otra de alcance provincial. Además, según Ledesma, “no cumple con los criterios para áreas protegidas previstos en la ley 8.967. No está declarada por la provincia y las especies que se sacaron tampoco tienen valor”
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Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Diario Victoria
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras las denuncias y pedidos de informes de vecinos de Victoria y la investigación abierta por el fiscal Gamal Taleb por el desmonte de una parte del islote Pancho, el director de Recursos naturales de la provincia, Claudio Ledesma, dijo a AIM que la zona involucrada no está declarada área protegida por la provincia y las especies afectadas por el desmonte “no tienen importancia biológica” y sostuvo que la única falta fue que las empresas no hayan pedido autorización.
El desmonte producido a fines de septiembre generó la reacción y denuncias de los ambientalistas -encabezados por la ONG Guardianes de Victoria- que motivaron la la actuación de oficio del fiscal Gamal Taleb.
Sin embargo, el funcionario minimizó las denuncias y aseguró que realizaron los procedimientos administrativos pertinentes, vinculados más a la falta de autorización para realizar el desmonte que al presunto daño ambiental.
“Lo que se sacó fue un listón de cinco a seis metros por 1.000 que exige Prefectura para el amarre de barcazas. Eso es algo que se viene haciendo hace más de 100 años”, afirmó Ledesma a esta Agencia.
El director de Recursos naturales sostuvo que la tala de la franja de tierra sobre el borde del islote se hizo “por seguridad” y consideró que “es totalmente válido”, aunque aclaró: “Lo que sí no es válido es que no hayan pedido autorización ahora que está la Ley”, en referencia a la Ley 8.967 de creación de Áreas naturales protegidas.
Sauces y alisos, “sin importancia biológica”
Ledesma recordó que antes, en los contratos de arrendamientos de las islas fiscales de la provincia, se autorizaba a los arrendatarios “a que se haga esta limpieza, porque son árboles que no tienen ninguna importancia biológica, alisos y sauces, que son dos especies que no nos importa conservar porque no producen ninguna biodiversidad. No tienen ningún valor para nosotros porque van a los cursos de inundación; cuando se inunda desaparecen y cuando baja el agua vuelven a aparecer”.
“No es área protegida”
“Para nosotros no es área protegida”, dijo el funcionario basándose en la Ley antes mencionada, que establece que será área natural “todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad”, aunque para ello, deberán ser declaradas como tales mediante por Ley.
Si bien hubo una protección dictada por la ordenanza municipal 2.185/03, una norma municipal no puede contradecir a otra de alcance provincial. Además, según Ledesma, “no cumple con los criterios para áreas protegidas previstos en la ley 8.967. No está declarada por la provincia y las especies que se sacaron tampoco tienen valor”
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Riachuelo: poca población trasladada
Vivir a orillas del Riachuelo: sólo el 14% de la gente mejoró su situación
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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El nuevo acuerdo federal minero recibe otras críticas
Avanza el nuevo acuerdo federal minero y surgen dudas sobre “la letra chica”
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El Ministro explicó que “se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En diálogo con Tiemposur, algunos referentes de la minería santacruceña aseguraron que es un paso mas hacia la flexibilización laboral y una vuelta a los 90 en cuanto a las legislaciones que acabaron con derechos adquiridos de los trabajadores. Por otro lado el referente de YCRT Luis González aseguró que es la misma línea de lo ocurrido en Mendoza y en Vaca Muerta de la “mano de Pereira”. Por otro lado indicaron que un buen ejemplo para entender es lo que ocurrió con la denuncia a todos los convenios de la empresa minera de carbón.
Esto se sumaría, según manifestaron “al gran beneficio que ya obtuvieron las empresas mineras a principio de año con las retenciones y que no redundaron en una mayor inversión ni en un crecimiento de los puestos de trabajo”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
Propósito
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar más trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó que implica “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El Ministro explicó que “se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En diálogo con Tiemposur, algunos referentes de la minería santacruceña aseguraron que es un paso mas hacia la flexibilización laboral y una vuelta a los 90 en cuanto a las legislaciones que acabaron con derechos adquiridos de los trabajadores. Por otro lado el referente de YCRT Luis González aseguró que es la misma línea de lo ocurrido en Mendoza y en Vaca Muerta de la “mano de Pereira”. Por otro lado indicaron que un buen ejemplo para entender es lo que ocurrió con la denuncia a todos los convenios de la empresa minera de carbón.
Esto se sumaría, según manifestaron “al gran beneficio que ya obtuvieron las empresas mineras a principio de año con las retenciones y que no redundaron en una mayor inversión ni en un crecimiento de los puestos de trabajo”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
Propósito
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar más trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó que implica “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
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Si atrapan a quien ahorcó al condor, se viene la multa
Ambiente podría multar al responsable hasta con 2 millones de pesos
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió al cóndor que fue hallado sin vida colgado de un árbol en la localidad de Ampascachi y expresó que una vez realizada la denuncia correspondiente por los testigos del hecho, iniciarán un sumario.
Además lamentó que pese a los trabajos de concientización realizados tras la liberación del cóndor “Luracatao” de Seclantás, se sigan suscitando este tipo de hechos. “Se visitaron escuelas secundarias, primarias, se hizo todo un trabajo sobre la población que duró más de dos semanas”, dijo.
En ese sentido, agregó que hace dos semanas dictaron un taller de educación ambiental en las escuelas de La Viña. “Es permanente la salida de nuestro programa al interior, sabemos que el trabajo no va a tener resultados a corto plazo, pero bueno es algo en lo que venimos trabajando y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
No obstante, consideró que la indignación que produjo la muerte del ave es una señal que existe una valoración de la fauna nativa. “Todavía no sabemos si ha sido muerto por ser visto como una amenaza para el ganado o por un cazador furtivo, sabemos que hay gente que disfruta con matar animales, pero lo más común es que al cóndor se lo ve como una amenaza”, sostuvo.
Soler, también, manifestó que la ley de medio ambiente establece multas para aquellos responsables de atentar contra la fauna en Salta. Los valores pueden ser hasta de 100 mil litros de nafta super, lo que equivaldría a 2 millones de pesos.
Por último, adelantó que el próximo 6 de diciembre iniciará una muestra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) sobre cóndor andino que tiene por objeto generar conciencia y que se extenderá por un mes. “Vamos a recibir una muestra de fotografías y de pintura, que han ido siguiendo las liberaciones del cóndor”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió al cóndor que fue hallado sin vida colgado de un árbol en la localidad de Ampascachi y expresó que una vez realizada la denuncia correspondiente por los testigos del hecho, iniciarán un sumario.
Además lamentó que pese a los trabajos de concientización realizados tras la liberación del cóndor “Luracatao” de Seclantás, se sigan suscitando este tipo de hechos. “Se visitaron escuelas secundarias, primarias, se hizo todo un trabajo sobre la población que duró más de dos semanas”, dijo.
En ese sentido, agregó que hace dos semanas dictaron un taller de educación ambiental en las escuelas de La Viña. “Es permanente la salida de nuestro programa al interior, sabemos que el trabajo no va a tener resultados a corto plazo, pero bueno es algo en lo que venimos trabajando y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
No obstante, consideró que la indignación que produjo la muerte del ave es una señal que existe una valoración de la fauna nativa. “Todavía no sabemos si ha sido muerto por ser visto como una amenaza para el ganado o por un cazador furtivo, sabemos que hay gente que disfruta con matar animales, pero lo más común es que al cóndor se lo ve como una amenaza”, sostuvo.
Soler, también, manifestó que la ley de medio ambiente establece multas para aquellos responsables de atentar contra la fauna en Salta. Los valores pueden ser hasta de 100 mil litros de nafta super, lo que equivaldría a 2 millones de pesos.
Por último, adelantó que el próximo 6 de diciembre iniciará una muestra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) sobre cóndor andino que tiene por objeto generar conciencia y que se extenderá por un mes. “Vamos a recibir una muestra de fotografías y de pintura, que han ido siguiendo las liberaciones del cóndor”, finalizó.
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Garantizan la remediación de la golpeada Abra Pampa
Garantizan última etapa de remediación ambiental en Abra Pampa
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Con el propósito de garantizar la presencia del gobierno en el territorio, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, junto a concejales de Abra Pampa y miembros del equipo del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), recorrieron la zona donde se están iniciando las obras para finalizar con la última etapa de remediación de Metal Huasi, que consiste en la remoción, transporte y disposición final de suelo impactado.
Zigarán, acompañada por un equipo técnico, se reunió en primera instancia con el intendente de Abra Pampa, José Luis Liquín, concejales de los diferentes bloques que integran el poder legislativo municipal, y el Lic. Rolando Cabrera (GEAMIN), con el objeto de conversar sobre los avances en la última etapa de remediación de los pasivos ambientales que la ex fundidora Metal Huasi había generado en el pueblo puneño.
Se trata de un trabajo que se inscribe dentro del Programa II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), y el cual prevé remover un volumen aproximado de 1.200 m3 de suelo impactado ubicado por debajo del nivel de material que fue removido oportunamente, en la periferia del barrio 12 de octubre de Abra Pampa. Los trabajos, que tendrán una duración de aproximadamente un mes, serán realizados por la empresa Beton S.R.L. con todas las medidas de seguridad necesarias para el caso.
"Estamos participando de esta última etapa del proceso porque nos hemos comprometido a hacer un trabajo de monitoreo y de fiscalización, pero además también venimos a conversar con la comunidad para garantizar que el proceso se va a realizar de acuerdo a normas y estándares de seguridad ambiental”, evaluó la Ministra.
Describió además, que se trata de un proceso que incluye la participación y el compromiso de diversos actores: la subsecretaría de política minera con Santiago Dondo a la cabeza, la secretaría de minería de nación, el GEAMIN, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la secretaría de pueblos indígenas cuya referente es Natalia Sarapura, el propio ministerio de ambiente de la provincia.
"Junto con Santiago Dondo, Rolando Cabrera, y otros miembros de la secretaria de minería de nación, el ministerio de ambiente y la secretaría de minería de la provincia que lidera Miguel Soler, hemos trabajado con las comunidades para informarles de qué se trata esta etapa del proceso, para que supieran qué tipos de tierras son las que se van a depositar en la cava, qué medidas de seguridad se van a tomar en esa zona, y también para ponernos a disposición y como garantes de la fiscalización ambiental”, concluyó.
Procedimientos y medidas de seguridad
Por otro lado, Rolando Cabrera, del GEAMIN, brindó precisiones respecto a los trabajos y las medidas de seguridad que se van a adoptar durante todo el proceso.
"Estamos realizando trabajos de delimitación de las áreas a remediar. Tenemos delimitados cinco sectores, que son el resultado de un estudio detallado realizado hace tres meses atrás, desde el comité de inspección y supervisión”, puntualizó.
Concretamente, realizaron mediciones a través de un espectrómetro que permite registrar los componentes que tiene el suelo a remover, obteniendo como resultado de cinco áreas sobre las cuales van a trabajar y remover suelo afectado por las escorias de la ex fundidora.
Cabrera detalló además que, luego de remover la tierra, "vamos a colocar un nivel de cal para neutralizar el PH, y encima se coloca suelo que no esté afectado, para depositar y devolverle al suelo el relieve que naturalmente tenía”.
Por último, explicó que respecto a las medidas de higiene y seguridad, señalando que "estamos levantando un vallado, un cercado perimetral que cumple funciones de evitar el ingreso de personas al área de trabajo, y evitar la dispersión de material particulado cuando se realiza el trabajo”. "Vamos a señalizar la zona, y proceder a un regado para dar una determinada humedad y evitar que las partículas se vuelen por medio de los vientos; lo mismo que durante el transporte, vamos a contener el material en los camiones de manera tal que no se dispersen”, completó.
Compromiso gubernamental
Finalmente, los concejales Méndez, Armella, Ramos y Llampa y el secretario de Ambiente del municipio abrapampeño, Raúl Gutiérrez, agradecieron la presencia de la ministra, interpretándola como un gesto de garantía y compromiso frente a una demanda histórica de la comunidad.
Asimismo, le confiaron el deseo de que la obra pueda concluir, resguardando la integridad de los habitantes del pueblo, remediando un pasivo ambiental que les causó enormes daños a la salud de sus miembros.
Como conclusión, quedó el compromiso de sostener encuentros permanentes a lo largo de todo el proceso, para llegar a la etapa de auditoría ambiental con una participación conjunta que le brinde a la comunidad los resultados de un trabajo eficiente.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Con el propósito de garantizar la presencia del gobierno en el territorio, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, junto a concejales de Abra Pampa y miembros del equipo del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), recorrieron la zona donde se están iniciando las obras para finalizar con la última etapa de remediación de Metal Huasi, que consiste en la remoción, transporte y disposición final de suelo impactado.
Zigarán, acompañada por un equipo técnico, se reunió en primera instancia con el intendente de Abra Pampa, José Luis Liquín, concejales de los diferentes bloques que integran el poder legislativo municipal, y el Lic. Rolando Cabrera (GEAMIN), con el objeto de conversar sobre los avances en la última etapa de remediación de los pasivos ambientales que la ex fundidora Metal Huasi había generado en el pueblo puneño.
Se trata de un trabajo que se inscribe dentro del Programa II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), y el cual prevé remover un volumen aproximado de 1.200 m3 de suelo impactado ubicado por debajo del nivel de material que fue removido oportunamente, en la periferia del barrio 12 de octubre de Abra Pampa. Los trabajos, que tendrán una duración de aproximadamente un mes, serán realizados por la empresa Beton S.R.L. con todas las medidas de seguridad necesarias para el caso.
"Estamos participando de esta última etapa del proceso porque nos hemos comprometido a hacer un trabajo de monitoreo y de fiscalización, pero además también venimos a conversar con la comunidad para garantizar que el proceso se va a realizar de acuerdo a normas y estándares de seguridad ambiental”, evaluó la Ministra.
Describió además, que se trata de un proceso que incluye la participación y el compromiso de diversos actores: la subsecretaría de política minera con Santiago Dondo a la cabeza, la secretaría de minería de nación, el GEAMIN, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la secretaría de pueblos indígenas cuya referente es Natalia Sarapura, el propio ministerio de ambiente de la provincia.
"Junto con Santiago Dondo, Rolando Cabrera, y otros miembros de la secretaria de minería de nación, el ministerio de ambiente y la secretaría de minería de la provincia que lidera Miguel Soler, hemos trabajado con las comunidades para informarles de qué se trata esta etapa del proceso, para que supieran qué tipos de tierras son las que se van a depositar en la cava, qué medidas de seguridad se van a tomar en esa zona, y también para ponernos a disposición y como garantes de la fiscalización ambiental”, concluyó.
Procedimientos y medidas de seguridad
Por otro lado, Rolando Cabrera, del GEAMIN, brindó precisiones respecto a los trabajos y las medidas de seguridad que se van a adoptar durante todo el proceso.
"Estamos realizando trabajos de delimitación de las áreas a remediar. Tenemos delimitados cinco sectores, que son el resultado de un estudio detallado realizado hace tres meses atrás, desde el comité de inspección y supervisión”, puntualizó.
Concretamente, realizaron mediciones a través de un espectrómetro que permite registrar los componentes que tiene el suelo a remover, obteniendo como resultado de cinco áreas sobre las cuales van a trabajar y remover suelo afectado por las escorias de la ex fundidora.
Cabrera detalló además que, luego de remover la tierra, "vamos a colocar un nivel de cal para neutralizar el PH, y encima se coloca suelo que no esté afectado, para depositar y devolverle al suelo el relieve que naturalmente tenía”.
Por último, explicó que respecto a las medidas de higiene y seguridad, señalando que "estamos levantando un vallado, un cercado perimetral que cumple funciones de evitar el ingreso de personas al área de trabajo, y evitar la dispersión de material particulado cuando se realiza el trabajo”. "Vamos a señalizar la zona, y proceder a un regado para dar una determinada humedad y evitar que las partículas se vuelen por medio de los vientos; lo mismo que durante el transporte, vamos a contener el material en los camiones de manera tal que no se dispersen”, completó.
Compromiso gubernamental
Finalmente, los concejales Méndez, Armella, Ramos y Llampa y el secretario de Ambiente del municipio abrapampeño, Raúl Gutiérrez, agradecieron la presencia de la ministra, interpretándola como un gesto de garantía y compromiso frente a una demanda histórica de la comunidad.
Asimismo, le confiaron el deseo de que la obra pueda concluir, resguardando la integridad de los habitantes del pueblo, remediando un pasivo ambiental que les causó enormes daños a la salud de sus miembros.
Como conclusión, quedó el compromiso de sostener encuentros permanentes a lo largo de todo el proceso, para llegar a la etapa de auditoría ambiental con una participación conjunta que le brinde a la comunidad los resultados de un trabajo eficiente.
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Mendoza: luego de la "Mesa de Diálogo", la minería pica
El Gobierno apura un plan minero 'sustentable'
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado (ver aparte), luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
Mendoza proveedora
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
Normativa de calidad
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Vale: un mes para iniciar la reformulación de Potasio
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado (ver aparte), luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
Mendoza proveedora
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
Normativa de calidad
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Vale: un mes para iniciar la reformulación de Potasio
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
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Biodigestores desaprovechados
Más del 80% de los biodigestores desaprovechan su potencial
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El INTI destacó en un informe que los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes.
Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes, destaca con el informe "El biogás en la Argentina: mapa de situación" difundido hoy por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores nacionales, se podrían generar más de 4.200 garrafas extras de 1 kilogramo por día (lo que equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)", puntualiza.
El informe es el resultado de un trabajo realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras entidades a fin de elaborar un plan estratégico y sostenido de aprovechamiento del biogas para diversificar la matriz energética argentina.
Del censo realizado se determinó que en el país existen 105 plantas que utilizan biodigestión anaeróbica, concentradas mayoritariamente en Santa Fe (27%), mientras que las restantes se ubican en 16 provincias.
De ese total, el estudio relevó el funcionamiento de 62 plantas, que emplean biodigestores ya sea para el tratamiento de efluentes o para la generación de energía.
De las plantas relevadas, el 53% corresponden al sector privado y el 37% al sector público, en tanto que el resto se dividen entre organizaciones no gubernamentales, cooperativas y desarrollos familiares.
En relación a su funcionamiento, el 85,3% utilizan los biodigestores para el tratamiento de efluentes, en tanto que del sector privado sólo un 6% los utiliza con fines energéticos.
En el sector público el 54,2% se construyeron con fines de tratamiento, y el 33,3% con funcionalidad educativa o de investigación.
“El trabajo realizado da cuenta de la existencia de un sector industrial que entiende a la biodigestión anaeróbica como una etapa necesaria dentro del tratamiento de sus efluentes, y no como una alternativa exclusiva de generación de energía”, explica Víctor Goicoa de INTI-San Luis, quien formó parte del equipo de trabajo.
Otro de los resultados que se observa es que los déficits de los equipos instalados tienen su origen en diferentes tipo de falencias operativas, constructivas y tecnológicas, lo cual permitirá planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético, para el cual nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas.
“Entre las metas que deben figurar necesariamente en la agenda que el sector tiene por delante se encuentran el desarrollo de un manual de recomendaciones de seguridad en plantas de biogás, y la consolidación de capacidades de laboratorio y asistencia técnica en todo el territorio nacional. En todas estas líneas, el INTI puede asistir a la industria y brindar su experiencia para potenciar el sector”, señaló Goicoa.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El INTI destacó en un informe que los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes.
Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes, destaca con el informe "El biogás en la Argentina: mapa de situación" difundido hoy por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores nacionales, se podrían generar más de 4.200 garrafas extras de 1 kilogramo por día (lo que equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)", puntualiza.
El informe es el resultado de un trabajo realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras entidades a fin de elaborar un plan estratégico y sostenido de aprovechamiento del biogas para diversificar la matriz energética argentina.
Del censo realizado se determinó que en el país existen 105 plantas que utilizan biodigestión anaeróbica, concentradas mayoritariamente en Santa Fe (27%), mientras que las restantes se ubican en 16 provincias.
De ese total, el estudio relevó el funcionamiento de 62 plantas, que emplean biodigestores ya sea para el tratamiento de efluentes o para la generación de energía.
De las plantas relevadas, el 53% corresponden al sector privado y el 37% al sector público, en tanto que el resto se dividen entre organizaciones no gubernamentales, cooperativas y desarrollos familiares.
En relación a su funcionamiento, el 85,3% utilizan los biodigestores para el tratamiento de efluentes, en tanto que del sector privado sólo un 6% los utiliza con fines energéticos.
En el sector público el 54,2% se construyeron con fines de tratamiento, y el 33,3% con funcionalidad educativa o de investigación.
“El trabajo realizado da cuenta de la existencia de un sector industrial que entiende a la biodigestión anaeróbica como una etapa necesaria dentro del tratamiento de sus efluentes, y no como una alternativa exclusiva de generación de energía”, explica Víctor Goicoa de INTI-San Luis, quien formó parte del equipo de trabajo.
Otro de los resultados que se observa es que los déficits de los equipos instalados tienen su origen en diferentes tipo de falencias operativas, constructivas y tecnológicas, lo cual permitirá planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético, para el cual nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas.
“Entre las metas que deben figurar necesariamente en la agenda que el sector tiene por delante se encuentran el desarrollo de un manual de recomendaciones de seguridad en plantas de biogás, y la consolidación de capacidades de laboratorio y asistencia técnica en todo el territorio nacional. En todas estas líneas, el INTI puede asistir a la industria y brindar su experiencia para potenciar el sector”, señaló Goicoa.
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Inicia juicio por homicidio de un niño con agrotóxicos
Un productor de tomates va a juicio oral por el homicidio de un niño intoxicado con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes
Su "pecado" fue salir a jugar al patio de su casa con su prima Celeste. Nicolás Arévalo tenía cuatro años cuando en la tarde del 2 de abril de 2011 inhaló el endosulfán con el que estaban fumigando el campo de tomates que estaba pegado a su casa, en el Paraje Puerto Viejo de la localidad correntina de Lavalle. Dos días más tarde falleció. Hoy comienza un histórico juicio oral por su muerte, en lo que será el primer proceso penal de la historia argentina en el que se ventilará un homicidio por el uso de agrotóxicos.
La autopsia de Nicolás arrojó que murió por una intoxicación con endosulfán. Su prima Celeste se salvó porque le practicaron una hemofiltración y la trasladaron al Hospital Garrahan, donde le salvaron la vida, luego de haber estado en coma. Todavía hoy sufre las consecuencias de esa fatídica tarde, en la que luego de jugar fueron a hacer unos mandados y atravesaron un vado por el que supuestamente la finca drenaba los líquidos con los que fumigaba sus tomates. Pero en su familia están seguros de que murió por haber inhalado un agrotóxico.
El endosulfán es un veneno usado para controlar plagas, tan eficaz como tóxico, por lo que está prohibido en unos cincuenta países y es de uso restringido en casi treinta. Es altamente peligroso si se inhala, se traga o se absorbe a través de la piel, ya que afecta directamente el sistema nervioso central. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lo prohibió dos meses después de la muerte de Nicolás. Aún así, los vecinos de la familia Arévalo aseguran que en la finca tomatera siguen fumigando con agrotóxicos hasta el día de hoy.
El juicio que comienza hoy y que se prolongará al menos hasta el jueves tendrá en el banquillo al horticultor Ricardo Nicolás Prieto, procesado por homicidio culposo y lesiones culposas. Su padre también había sido acusado, pero el juez consideró que las órdenes las daba el hijo y lo liberó del expediente.
"Cuando los Arévalo sentían olores entraban a su casa o directamente se iban a otro lado, pero no se puede aguantar la respiración 20 minutos. En Lavalle hay tomate por todos lados, no se puede escapar de los agrotóxicos", contó a Infobae el abogado Julián Segovia, de la Fundación Infancia Robada, que asesora a la familia de Nicolás.
En esa lógica que comentó el letrado se inscribe la muerte de otro niño, José Carlos "Kily" Rivero, que vivía casi en el límite urbano de Lavalle, y que falleció un año después que Nicolás. La autopsia no fue tan concluyente como la del primer caso, pero sugirió que la causa de la muerte fue el uso de un producto clorado, lo que va en sintonía con otros análisis y el agrotóxico que se usaba en el campo del productor acusado en ese expediente, donde se espera que se resuelva la apelación del procesamiento del sospechoso.
Se estima que hasta el jueves declararán los testigos y ahí comenzarán los alegatos. Es probable que el viernes el juzgado de Goya dicte su fallo. Prieto podría recibir una pena de hasta 5 años de prisión. Si la sentencia es condenatoria, la querella pedirá su inmediata detención, ya que, según explicó el abogado, "el hecho de que haya seguido fumigando muestra que es un peligro para la sociedad".
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Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes
Su "pecado" fue salir a jugar al patio de su casa con su prima Celeste. Nicolás Arévalo tenía cuatro años cuando en la tarde del 2 de abril de 2011 inhaló el endosulfán con el que estaban fumigando el campo de tomates que estaba pegado a su casa, en el Paraje Puerto Viejo de la localidad correntina de Lavalle. Dos días más tarde falleció. Hoy comienza un histórico juicio oral por su muerte, en lo que será el primer proceso penal de la historia argentina en el que se ventilará un homicidio por el uso de agrotóxicos.
La autopsia de Nicolás arrojó que murió por una intoxicación con endosulfán. Su prima Celeste se salvó porque le practicaron una hemofiltración y la trasladaron al Hospital Garrahan, donde le salvaron la vida, luego de haber estado en coma. Todavía hoy sufre las consecuencias de esa fatídica tarde, en la que luego de jugar fueron a hacer unos mandados y atravesaron un vado por el que supuestamente la finca drenaba los líquidos con los que fumigaba sus tomates. Pero en su familia están seguros de que murió por haber inhalado un agrotóxico.
El endosulfán es un veneno usado para controlar plagas, tan eficaz como tóxico, por lo que está prohibido en unos cincuenta países y es de uso restringido en casi treinta. Es altamente peligroso si se inhala, se traga o se absorbe a través de la piel, ya que afecta directamente el sistema nervioso central. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lo prohibió dos meses después de la muerte de Nicolás. Aún así, los vecinos de la familia Arévalo aseguran que en la finca tomatera siguen fumigando con agrotóxicos hasta el día de hoy.
El juicio que comienza hoy y que se prolongará al menos hasta el jueves tendrá en el banquillo al horticultor Ricardo Nicolás Prieto, procesado por homicidio culposo y lesiones culposas. Su padre también había sido acusado, pero el juez consideró que las órdenes las daba el hijo y lo liberó del expediente.
"Cuando los Arévalo sentían olores entraban a su casa o directamente se iban a otro lado, pero no se puede aguantar la respiración 20 minutos. En Lavalle hay tomate por todos lados, no se puede escapar de los agrotóxicos", contó a Infobae el abogado Julián Segovia, de la Fundación Infancia Robada, que asesora a la familia de Nicolás.
En esa lógica que comentó el letrado se inscribe la muerte de otro niño, José Carlos "Kily" Rivero, que vivía casi en el límite urbano de Lavalle, y que falleció un año después que Nicolás. La autopsia no fue tan concluyente como la del primer caso, pero sugirió que la causa de la muerte fue el uso de un producto clorado, lo que va en sintonía con otros análisis y el agrotóxico que se usaba en el campo del productor acusado en ese expediente, donde se espera que se resuelva la apelación del procesamiento del sospechoso.
Se estima que hasta el jueves declararán los testigos y ahí comenzarán los alegatos. Es probable que el viernes el juzgado de Goya dicte su fallo. Prieto podría recibir una pena de hasta 5 años de prisión. Si la sentencia es condenatoria, la querella pedirá su inmediata detención, ya que, según explicó el abogado, "el hecho de que haya seguido fumigando muestra que es un peligro para la sociedad".
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Triste imagen de un cóndor ahorcado en Salta
Mataron a un cóndor y lo colgaron de un árbol en cercanías del Cabra Corral
Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se viraliza en las redes sociales un video en el que se puede ver a un cóndor ahorcado, pendiendo de un árbol en inmediaciones al dique Cabra Corral. Dos hermanos que realizaban un paseo por el dique a la altura de la playa Ampascachi, se encontraron con la trágica escena.
Testigos del hecho se comunicaron con la prensa de los municipios de La Viña y Guachipas y aseguraron que el matador es un lugareño. "Espero que se haga justicia por lo que hizo con este animalito, esta persona no debería vivir, yo se que tiene animales por la zona pero hay dos testigo quienes saben como mató a este cóndor, por lo que me comentaron primeramente se escuchó un disparo y luego cuando se arrimaron al lugar del hecho a lo lejos lo vieron como lo colgaba", relatan.
El cóndor es un ave emblemática y está protegida internacionalmente porque es una especie en peligro de extinción; es el ave voladora más grande, Exclusivamente carroñera (que se alimenta de animales muertos)".
Las causas que hacen a la retracción de esta especie están ligadas a la actividad humana. La errónea creencia de que el cóndor mata el ganado para comer, cuando en realidad es carroñero, ha hecho que se lo considere una plaga y que se lo mate injustificadamente. Así mismo cabe destacar que su poderoso pico juega un papel fundamental en la cadena alimenticia, dado que es el encargado de abrir los cueros de grandes animales muertos, permitiendo de esta manera que otros carroñeros menores, puedan acceder al recurso alimenticio.
En épocas en donde crece una toma de consciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y la puesta en valor de todos los seres de la naturaleza, el video de un ejemplar de esta magnífica ave conmociona a la provincia. Ya sea que se trate de Guachipas o de cualquier otra latitud de la extensa cordillera, hábitat natural del cóndor, se trata de una aberración inentendible e inexplicable en tiempos en los que se multiplican los esfuerzos cuidar el medio ambiente.
Sin ir más lejos, a principios de octubre, Luracatao, un cóndor rehabilitado tras haber sufrido serias heridas de bala fue liberado en Seclantás. De su recuperación participaron instituciones privadas y estatales, profesionales y voluntarios, que formando una gran red solidaria pusieron a nuevamente a este ejemplar en su hábitat natural. El hecho tuvo trascendencia nacional e internacional y sirvió para concientizar sobre el valor de cuidar la naturaleza, pero al parecer el mensaje no llegó a todos.
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Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se viraliza en las redes sociales un video en el que se puede ver a un cóndor ahorcado, pendiendo de un árbol en inmediaciones al dique Cabra Corral. Dos hermanos que realizaban un paseo por el dique a la altura de la playa Ampascachi, se encontraron con la trágica escena.
Testigos del hecho se comunicaron con la prensa de los municipios de La Viña y Guachipas y aseguraron que el matador es un lugareño. "Espero que se haga justicia por lo que hizo con este animalito, esta persona no debería vivir, yo se que tiene animales por la zona pero hay dos testigo quienes saben como mató a este cóndor, por lo que me comentaron primeramente se escuchó un disparo y luego cuando se arrimaron al lugar del hecho a lo lejos lo vieron como lo colgaba", relatan.
El cóndor es un ave emblemática y está protegida internacionalmente porque es una especie en peligro de extinción; es el ave voladora más grande, Exclusivamente carroñera (que se alimenta de animales muertos)".
Las causas que hacen a la retracción de esta especie están ligadas a la actividad humana. La errónea creencia de que el cóndor mata el ganado para comer, cuando en realidad es carroñero, ha hecho que se lo considere una plaga y que se lo mate injustificadamente. Así mismo cabe destacar que su poderoso pico juega un papel fundamental en la cadena alimenticia, dado que es el encargado de abrir los cueros de grandes animales muertos, permitiendo de esta manera que otros carroñeros menores, puedan acceder al recurso alimenticio.
En épocas en donde crece una toma de consciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y la puesta en valor de todos los seres de la naturaleza, el video de un ejemplar de esta magnífica ave conmociona a la provincia. Ya sea que se trate de Guachipas o de cualquier otra latitud de la extensa cordillera, hábitat natural del cóndor, se trata de una aberración inentendible e inexplicable en tiempos en los que se multiplican los esfuerzos cuidar el medio ambiente.
Sin ir más lejos, a principios de octubre, Luracatao, un cóndor rehabilitado tras haber sufrido serias heridas de bala fue liberado en Seclantás. De su recuperación participaron instituciones privadas y estatales, profesionales y voluntarios, que formando una gran red solidaria pusieron a nuevamente a este ejemplar en su hábitat natural. El hecho tuvo trascendencia nacional e internacional y sirvió para concientizar sobre el valor de cuidar la naturaleza, pero al parecer el mensaje no llegó a todos.
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Asambleístas afirman que la CARU no da respuestas
Asamblea Ambiental: 'La CARU sigue aún sin dar respuestas'
Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Día On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
A través de un comunicado enviado a ElDía, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
El texto indica que “luego de la reunión realizada el pasado 14 de noviembre en la Casa de la Cultura, entre los representantes de la CARU, Delegación Argentina, integrada por Mauro Vazón, Diego Satto y Juan Orrico, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
Quizás allí pueda centrarse la síntesis que a manera de reflexión final quedó en los asambleístas, que reclamaron respuestas concretas frente a los perjuicios y afectaciones que sigue generando BOTNIA. Lejos de significar un avance, la publicidad de los informes obtenidos por el Comité Científico, puede significar un retroceso sino se adoptan medidas más activas que no solo confirmen lo que ya todos sabemos, sino que la contaminación de Botnia debe cesar”.
Así lo expresaron en nombre de la Asamblea, sus integrantes Raúl Almeida, Juan Veronesi y Javier Pretto. Ellos coincidieron en expresar que “la Delegación argentina no comprende aún la gravedad del problema por el que Gualeguaychú viene reclamando hace más de doce años, ante una pastera que ya fue reconocida como ilegal pero que debe ser cuestionada a partir de pruebas concretas que exhiban las alteraciones que generan”.
Pretto señaló que “no son aceptables las expresiones de Vazón cuando señaló que de ninguna manera el objetivo es ir a La Haya, sino buscar el consenso con la República Oriental del Uruguay y sus representantes ante el organismo binacional”. Todos afirmaron que nadie busca el conflicto por el mismo conflicto. Sí tener una postura racional y ajustada a derecho que se sostenga con firmeza en el propio ámbito de la CARU pero que también se haga conocer públicamente.
Advirtieron que “apostar a que Uruguay continuará siendo reticente, no va a cambiar de opinión y que se deben activar mecanismos internacionales como consecuencia que el país vecino adopta medidas como autorizar mayor temperatura en el agua, sin que desde el lado argentino se tomen medidas mínimas en defensa del ambiente”.
Y agregaron: “confiar solo en el diálogo con el Uruguay -algo que nunca se debe desdeñar-, significaría seguir en el camino de estos doce años, dónde se ha apostado a la política de los hechos consumados sin que haya respuestas institucionales concretas del lado de Argentina, que se pueden activar, a partir del incumplimiento de ROU a tratados firmados y que se incumplen”.
Por su parte, Veronesi afirmó: “la pasividad argentina nos conduce mansamente a ser la variable de ajuste del Uruguay que sigue tomando medidas unilaterales sin que se actúe desde nuestras autoridades y representantes”. Señaló el dirigente además, que “la actual integración de la CARU no difiere mucho de la inacción que tuvieron los anteriores miembros encabezados por Hernán Orduna y que estuvieron hasta el cambio de autoridades en diciembre de 2015”.
“La Asamblea como movimiento social va a seguir apostando al diálogo, a la búsqueda de información que debe hacerse pública, y simultáneamente piensan alzar su voz ante la CARU para que se actúe priorizando la salud de los vecinos y el ambiente, en lugar de encerrarse en excusas como la necesidad que exista consenso de ambos países para que ese organismo actúe”, aseguraron y finalmente se preguntaron: “Simplemente, ¿nos vamos a conformar con que se diga que se controla cuando el monitoreo no tiene ni la intensidad ni la periodicidad que fijó el fallo de la CIJ de La Haya en el 2005 que mandaba a realizar controles continuos?”.
Los asambleístas señalaron que la voluntad es seguir en permanente contacto con todos los estamentos nacionales, seguir reclamando ante la CARU y los distintos estados, pero siempre en la convicción que no nos podemos resignar a convivir con la contaminación.-
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Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Día On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
A través de un comunicado enviado a ElDía, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
El texto indica que “luego de la reunión realizada el pasado 14 de noviembre en la Casa de la Cultura, entre los representantes de la CARU, Delegación Argentina, integrada por Mauro Vazón, Diego Satto y Juan Orrico, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
Quizás allí pueda centrarse la síntesis que a manera de reflexión final quedó en los asambleístas, que reclamaron respuestas concretas frente a los perjuicios y afectaciones que sigue generando BOTNIA. Lejos de significar un avance, la publicidad de los informes obtenidos por el Comité Científico, puede significar un retroceso sino se adoptan medidas más activas que no solo confirmen lo que ya todos sabemos, sino que la contaminación de Botnia debe cesar”.
Así lo expresaron en nombre de la Asamblea, sus integrantes Raúl Almeida, Juan Veronesi y Javier Pretto. Ellos coincidieron en expresar que “la Delegación argentina no comprende aún la gravedad del problema por el que Gualeguaychú viene reclamando hace más de doce años, ante una pastera que ya fue reconocida como ilegal pero que debe ser cuestionada a partir de pruebas concretas que exhiban las alteraciones que generan”.
Pretto señaló que “no son aceptables las expresiones de Vazón cuando señaló que de ninguna manera el objetivo es ir a La Haya, sino buscar el consenso con la República Oriental del Uruguay y sus representantes ante el organismo binacional”. Todos afirmaron que nadie busca el conflicto por el mismo conflicto. Sí tener una postura racional y ajustada a derecho que se sostenga con firmeza en el propio ámbito de la CARU pero que también se haga conocer públicamente.
Advirtieron que “apostar a que Uruguay continuará siendo reticente, no va a cambiar de opinión y que se deben activar mecanismos internacionales como consecuencia que el país vecino adopta medidas como autorizar mayor temperatura en el agua, sin que desde el lado argentino se tomen medidas mínimas en defensa del ambiente”.
Y agregaron: “confiar solo en el diálogo con el Uruguay -algo que nunca se debe desdeñar-, significaría seguir en el camino de estos doce años, dónde se ha apostado a la política de los hechos consumados sin que haya respuestas institucionales concretas del lado de Argentina, que se pueden activar, a partir del incumplimiento de ROU a tratados firmados y que se incumplen”.
Por su parte, Veronesi afirmó: “la pasividad argentina nos conduce mansamente a ser la variable de ajuste del Uruguay que sigue tomando medidas unilaterales sin que se actúe desde nuestras autoridades y representantes”. Señaló el dirigente además, que “la actual integración de la CARU no difiere mucho de la inacción que tuvieron los anteriores miembros encabezados por Hernán Orduna y que estuvieron hasta el cambio de autoridades en diciembre de 2015”.
“La Asamblea como movimiento social va a seguir apostando al diálogo, a la búsqueda de información que debe hacerse pública, y simultáneamente piensan alzar su voz ante la CARU para que se actúe priorizando la salud de los vecinos y el ambiente, en lugar de encerrarse en excusas como la necesidad que exista consenso de ambos países para que ese organismo actúe”, aseguraron y finalmente se preguntaron: “Simplemente, ¿nos vamos a conformar con que se diga que se controla cuando el monitoreo no tiene ni la intensidad ni la periodicidad que fijó el fallo de la CIJ de La Haya en el 2005 que mandaba a realizar controles continuos?”.
Los asambleístas señalaron que la voluntad es seguir en permanente contacto con todos los estamentos nacionales, seguir reclamando ante la CARU y los distintos estados, pero siempre en la convicción que no nos podemos resignar a convivir con la contaminación.-
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Bergman quiere una Ley de Humedales "consensuada"
El ministerio de Ambiente apuesta por una ley de Humedales que contenga a productores y ecologistas
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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Neuquén busca potenciar la actividad minera
Buscan relanzar la actividad minera en la provincia
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Funcionarios y equipos técnicos están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial de la región.
El ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, Alejandro Nicola, se reunió en Zapala con el director provincial de Minería, Carlos Portilla, para trabajar en las acciones del relanzamiento de la actividad en Neuquén.
Nicola comentó que el gobierno de la provincia trabaja conjuntamente con Nación, municipios, productores, empresarios y trabajadores para relanzar la minería neuquina, “bajo una visión de la sustentabilidad económica, social y ambiental”.
Funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial e identificar las oportunidades que presenta cada región para poner en marcha proyectos.
Nicola afirmó que el relanzamiento de la actividad minera debe darse en un marco de diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad, para que la actividad pueda desarrollarse bajo los más estrictos estándares ambientales.
Además, se reunió con representantes de la Asociación de Apoderados Mineros, los representantes legales encargados de realizar los trámites ante la dirección provincial de Minería.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Funcionarios y equipos técnicos están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial de la región.
El ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, Alejandro Nicola, se reunió en Zapala con el director provincial de Minería, Carlos Portilla, para trabajar en las acciones del relanzamiento de la actividad en Neuquén.
Nicola comentó que el gobierno de la provincia trabaja conjuntamente con Nación, municipios, productores, empresarios y trabajadores para relanzar la minería neuquina, “bajo una visión de la sustentabilidad económica, social y ambiental”.
Funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial e identificar las oportunidades que presenta cada región para poner en marcha proyectos.
Nicola afirmó que el relanzamiento de la actividad minera debe darse en un marco de diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad, para que la actividad pueda desarrollarse bajo los más estrictos estándares ambientales.
Además, se reunió con representantes de la Asociación de Apoderados Mineros, los representantes legales encargados de realizar los trámites ante la dirección provincial de Minería.
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Río Negro complicado con los RSU en algunas localidades
Cipolletti no salda su deuda con la gestión de los residuos
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno de Aníbal Tortoriello y Ambiente de la Provincia coinciden en que se necesitan fondos para resolverlo. Mientras, el basural acumula problemas.
“Esto es un proceso a largo plazo”, esgrimió Dina Migani, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro sobre la implementación de políticas para la gestión de residuos sólidos urbanos en la región. “Financiamiento y educación” son los dos pilares que según Migani se necesitan para estructurar políticas de Estado que contribuyan a la disminución de elaboración de basura.
El miércoles hubo una jornada de capacitación en Cipolletti de la que participó un nutrido número de funcionarios provinciales y locales. Sin embargo todos coincidieron en que la implementación y el funcionamiento de un aparato que permita generar ciudades más limpias llevará mucho tiempo y necesita mucho dinero.
“Tenemos que empezar desde el convencimiento, a trabajar desde la casa, separando la cantidad de residuos que generamos”, indicó la funcionaria provincial a Río Negro. Sin embargo, poco es lo que se hace al respecto.
Entre las preocupaciones que más aquejan a los municipios es la contaminación a cielo abierto. En Cipolletti, el Ejecutivo planteó en junio pasado la necesidad de llevar la basura a otro lugar porque el basurero local está cada vez más cerca de los centros urbanos y está colapsado. Incluso a principio de año se barajó la posibilidad que Neuquén reciba los residuos cipoleños. Nunca llegó a concretarse. El basurero recibe alrededor de 120 mil kilos de desperdicios por día. Además se producen quemas a cielo abierto, a pesar de que está prohibido; hay gente que trabaja informalmente y la situación ambiental del sector es compleja.
Entre los ejes más importantes de la capacitación se debatió sobre la importancia de sanear los basureros a cielo abierto. “Tenemos que trabajar en esa dirección”, repitió el intendente Aníbal Tortoriello.
“Es un trabajo a largo plazo, se necesita decisión política y educación. Tenemos que generar conciencia”.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno de Aníbal Tortoriello y Ambiente de la Provincia coinciden en que se necesitan fondos para resolverlo. Mientras, el basural acumula problemas.
“Esto es un proceso a largo plazo”, esgrimió Dina Migani, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro sobre la implementación de políticas para la gestión de residuos sólidos urbanos en la región. “Financiamiento y educación” son los dos pilares que según Migani se necesitan para estructurar políticas de Estado que contribuyan a la disminución de elaboración de basura.
El miércoles hubo una jornada de capacitación en Cipolletti de la que participó un nutrido número de funcionarios provinciales y locales. Sin embargo todos coincidieron en que la implementación y el funcionamiento de un aparato que permita generar ciudades más limpias llevará mucho tiempo y necesita mucho dinero.
“Tenemos que empezar desde el convencimiento, a trabajar desde la casa, separando la cantidad de residuos que generamos”, indicó la funcionaria provincial a Río Negro. Sin embargo, poco es lo que se hace al respecto.
Entre las preocupaciones que más aquejan a los municipios es la contaminación a cielo abierto. En Cipolletti, el Ejecutivo planteó en junio pasado la necesidad de llevar la basura a otro lugar porque el basurero local está cada vez más cerca de los centros urbanos y está colapsado. Incluso a principio de año se barajó la posibilidad que Neuquén reciba los residuos cipoleños. Nunca llegó a concretarse. El basurero recibe alrededor de 120 mil kilos de desperdicios por día. Además se producen quemas a cielo abierto, a pesar de que está prohibido; hay gente que trabaja informalmente y la situación ambiental del sector es compleja.
Entre los ejes más importantes de la capacitación se debatió sobre la importancia de sanear los basureros a cielo abierto. “Tenemos que trabajar en esa dirección”, repitió el intendente Aníbal Tortoriello.
“Es un trabajo a largo plazo, se necesita decisión política y educación. Tenemos que generar conciencia”.
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