Bergman prometió deforestación cero en la COP22
08:00 | 
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En la cumbre del clima, la Argentina se comprometió a impulsar "deforestación cero y el uso del transporte bajo en emisiones"
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman , anunció que impulsará políticas de "deforestación cero, reparación de tierras degradadas, un cambio muy profundo en la matriz energética y el uso del transporte bajo en emisiones". Las medidas fueron dadas a conocer por el funcionario durante el discurso que pronunció en su participación en el plenario de la cumbre del cambio climático (COP22) de los países firmantes del Acuerdo de París.
"El desafío del cambio climático no es técnico, sino ético. Es sobre derechos humanos y deberes humanos. Es el síntoma y no la enfermedad; debemos decidir si somos parte del problema o de la solución. Debe existir un nuevo vínculo entre la política y la economía y eso no se consigue sin liderazgo", dijo Bergman durante su discurso en el que detalló que la gestión que conduce Mauricio Macri creó el ministerio de Ambiente, conformó un gabinete climático y se propuso revisar el compromiso que asumió el país para reducir la emisión de los gases contaminantes.
"Fue un esfuerzo poder mejorar la propuesta original pero antes de hablar del número preferimos hablar del proceso. Nuestra meta revisada proyecta emitir para 2030 483 millones de tn de dióxido de carbono. Esta medida nos va a implicar que a lo largo de todo el proceso la economía se focalice en políticas de bosques, de transporte, de agro", agregó Bergman respecto del compromiso argentino para reducir un 18% las emisiones y un 37% con ayuda internacional y será presentado aquí oficialmente mañana.
Por ultimo el ministro hizo referencia a la Biblia: "Debemos inspirarnos en el liderazgo de Noé, escuchar la voz que nos llama. Quizá nadie creía que el diluvio iba a venir. Los que estamos aquí escuchamos la voz, sabemos que el diluvio viene, no por castigo divino sino por el accionar del hombre negligente. Sabiendo que no todos van a participar de la misma manera y aunque sólo lo hagamos algunos, el arca tiene que tener lugar para todos".
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La Pampa sigue penenando por el agua
El riesgo de salinización del río Colorado sigue latente
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: La Pampa - Río Negro - Mendoza
En la reunión del Coirco en la que se iba a tratar el tema no hubo acuerdo porque el gobernador de La Pampa se retiró enojado cuando aprobaron una obra en Mendoza.
La discusión por una eventual apertura del “Tapón de Alonso” en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) volvió a postergarse. El gobernador pampeano Carlos Verna se retiró molesto de la reunión y frustró ese tratamiento requerido por Río Negro. En cambio, el mandatario de La Pampa volvió a criticar a los rionegrinos, cuestionando su apoyo a la construcción de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento propuesta por Mendoza.
El gobernador Alberto Weretilneck fue a Buenos Aires para participar de esa reunión, orientado al debate de la apertura del Tapón de Alonso, instrumentada por La Pampa y resistida por Río Negro porque ese paso de agua (con alto nivel de sal) concluye en el río Colorado, afectando la provisión para su uso humano y producción. Esta cuestión no se abordó porque Verna se fue cuando el Comité autorizó el proyecto de Portezuelo. En su reacción, Verna también criticó a otro rionegrino, el ingeniero Horacio Collado -extitular del Departamento Provincial de Aguas (DPA)- que en la actualidad es el presidente de Coirco.
En Santa Rosa, en conferencia de prensa, el pampeano -acompañado por todo el gabinete- denunció esa maniobra y anticipó su denuncia penal contra Collado por el armado de un “acta trucha”, en referencia a un encuentro anterior que “no se hizo” y donde aparecen las firmas de Weretilneck y su par neuquino, Omar Gutiérrez.
La Pampa no quiere la obra mendocina aprobada por los otros mandatarios, María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Weretilneck y Gutiérrez, como también, por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. La autorización exige algunos estudios ambientales previos.
Ya La Pampa y Mendoza mantienen un viejo conflicto por el río Atuel, con una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Pampa inició la disputa ante el máximo tribunal en 1979 y recién le dio la razón sobre la “interprovincialidad” de ese curso de agua ocho años más tarde, sin embargo, desde entonces la provincia cuyana viene haciendo caso omiso a que debe decidir la erogación de un caudal ecológico por el territorio pampeano que sólo tiene una demarcación física del río.
En su último embate, el gobernador pampeano aludió que alentaba en la reunión que se trate la cuenca del Salado Chadileuvú cuando el gobierno mendocino propuso su voto a cambio que “desista del reclamo por el Atuel”. “Una clara extorsión. Me levanté y me fui”, recordó. El resto del Comité aprobó la obra de Portezuelo, entre ellos, con el voto de Weretilneck. Verna manifestó su desagrado por esa postura.
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Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: La Pampa - Río Negro - Mendoza
En la reunión del Coirco en la que se iba a tratar el tema no hubo acuerdo porque el gobernador de La Pampa se retiró enojado cuando aprobaron una obra en Mendoza.
La discusión por una eventual apertura del “Tapón de Alonso” en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) volvió a postergarse. El gobernador pampeano Carlos Verna se retiró molesto de la reunión y frustró ese tratamiento requerido por Río Negro. En cambio, el mandatario de La Pampa volvió a criticar a los rionegrinos, cuestionando su apoyo a la construcción de la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento propuesta por Mendoza.
El gobernador Alberto Weretilneck fue a Buenos Aires para participar de esa reunión, orientado al debate de la apertura del Tapón de Alonso, instrumentada por La Pampa y resistida por Río Negro porque ese paso de agua (con alto nivel de sal) concluye en el río Colorado, afectando la provisión para su uso humano y producción. Esta cuestión no se abordó porque Verna se fue cuando el Comité autorizó el proyecto de Portezuelo. En su reacción, Verna también criticó a otro rionegrino, el ingeniero Horacio Collado -extitular del Departamento Provincial de Aguas (DPA)- que en la actualidad es el presidente de Coirco.
En Santa Rosa, en conferencia de prensa, el pampeano -acompañado por todo el gabinete- denunció esa maniobra y anticipó su denuncia penal contra Collado por el armado de un “acta trucha”, en referencia a un encuentro anterior que “no se hizo” y donde aparecen las firmas de Weretilneck y su par neuquino, Omar Gutiérrez.
La Pampa no quiere la obra mendocina aprobada por los otros mandatarios, María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Weretilneck y Gutiérrez, como también, por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. La autorización exige algunos estudios ambientales previos.
Ya La Pampa y Mendoza mantienen un viejo conflicto por el río Atuel, con una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Pampa inició la disputa ante el máximo tribunal en 1979 y recién le dio la razón sobre la “interprovincialidad” de ese curso de agua ocho años más tarde, sin embargo, desde entonces la provincia cuyana viene haciendo caso omiso a que debe decidir la erogación de un caudal ecológico por el territorio pampeano que sólo tiene una demarcación física del río.
En su último embate, el gobernador pampeano aludió que alentaba en la reunión que se trate la cuenca del Salado Chadileuvú cuando el gobierno mendocino propuso su voto a cambio que “desista del reclamo por el Atuel”. “Una clara extorsión. Me levanté y me fui”, recordó. El resto del Comité aprobó la obra de Portezuelo, entre ellos, con el voto de Weretilneck. Verna manifestó su desagrado por esa postura.
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Gualeguaychú pidió profundizar controles a UPM
La CARU en Gualeguaychú: La Asamblea pidió profundizar los controles a Botnia
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El encuentro se dio en la Casa de la Cultura, donde los ambientalistas recibieron a los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El propósito del encuentro fue analizar el informe del Comité Científico Binacional, sobre el monitoreo del Río Uruguay, la planta de UPM- exBotnia y la desembocadura del río Gualeguaychú.
En la reunión, participaron: el senador nacional Alfredo De Àngeli; el senador provincial de Cambiemos, Nicolás Mattiauda; la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú; el dirigente del Frente Renovador, Luis Leissa; el Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Osvaldo Fernández, y los concejales Andrés Sobredo (Frente Renovador) y Daniel Berón (Cambiemos).
“Es una injusticia”
El presidente de la Delegación argentina en la CARU, Mauro Vazón aseguró que es una “injusticia” comparar los vertidos de efluentes de UPM con los del río Gualeguaychú.
Además, volvió a expresar que el trabajo que están realizando, no implica una necesidad o una búsqueda de volver al Tribunal Internacional de La Haya.
En tanto, fueron los integrantes de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, quienes le entregaron un informe remarcando irregularidades o sospechas que observaron en el informe del Comité Científico.
Por su parte, el concejal y ambientalista, Andrés Sobredo, conversó con ElDía una vez concluida la reunión, y explicó que “el monitoreo tal como está no es lo mejor para demostrar la contaminación, por lo que se pidió profundizar los controles”.
Además, manifestó que “la delegación argentina en la CARU se comprometió a trabajar en este tema, pero nosotros pusimos un reparo y tiene que ver con el control en sí. Más allá que quieran monitorear todo el río Uruguay y la desembocadura del Gualeguaychú, la sentencia de La Haya ordenó a la CARU que monitoree a la planta de celulosa en sí”.
Asimismo, opinó que “tal como está hoy, es un control muy suave y muy endeble, partiendo de la base que se le avisa a la planta qué día van a ir”.
El compromiso asumido
Sobredo explicó que desde la delegación argentina indicaron que “están dispuestos a tomar estas observaciones para mejorar y tratarlas en Cancillería. Nosotros les planteamos que necesitamos un monitoreo más puntual y más continuo de la planta y nos dijeron que estaban dispuestos, entendiendo que el monitoreo tal como está, no es lo mejor”.
En cuanto a la posibilidad de regresar al Tribunal de La Haya -que en su momento había expresado que si se demostraba la contaminación, se podía avanzar en “el desmantelamiento” de la planta- Sobredo expresó, según publicó El Día: “Volver a La Haya con estos resultados debería ser una decisión del Presidente de la Nación, es una política nacional, pero sin un monitoreo serio no podemos ir a ningún tribunal internacional”.
En el mismo sentido profundizó: “si se trabaja en un monitoreo profundo, nosotros pediríamos que ya mismo vayamos a La Haya, y si tomamos las palabras del ex canciller Héctor Timmerman y el ex gobernador Sergio Urribarri en el 2013, ya tendríamos la intención de ir”.
Un monitoreo riguroso
El concejal y ambientalista resaltó la necesidad de un monitoreo más riguroso, más continuo y permanente para lograr un informe más pormenorizado de lo que está ocurriendo en el Río Uruguay.
“Está bien que se haya ampliado a los 500 kilómetros, pero la decisión de La Haya es controlar a la pastera”, sintetizó.
Respecto a la realidad del río Gualeguaychú, explicó que “hay una mesa de conciencia ambiental organizada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad que están trabajando en el control” y sentenció: “Pero esto, sin ningún lugar a dudas, es una responsabilidad del gobierno anterior, de Juan José Bahillo, de no haber tomado las medidas cuando la Asamblea planteó en enormes oportunidades, que el río Gualeguaychú tenía que ser controlado y que había que trabajar en la planta de tratamientos de efluentes del Parque Industrial y la planta de efluentes de la ciudad”.
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Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El encuentro se dio en la Casa de la Cultura, donde los ambientalistas recibieron a los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El propósito del encuentro fue analizar el informe del Comité Científico Binacional, sobre el monitoreo del Río Uruguay, la planta de UPM- exBotnia y la desembocadura del río Gualeguaychú.
En la reunión, participaron: el senador nacional Alfredo De Àngeli; el senador provincial de Cambiemos, Nicolás Mattiauda; la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú; el dirigente del Frente Renovador, Luis Leissa; el Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Osvaldo Fernández, y los concejales Andrés Sobredo (Frente Renovador) y Daniel Berón (Cambiemos).
“Es una injusticia”
El presidente de la Delegación argentina en la CARU, Mauro Vazón aseguró que es una “injusticia” comparar los vertidos de efluentes de UPM con los del río Gualeguaychú.
Además, volvió a expresar que el trabajo que están realizando, no implica una necesidad o una búsqueda de volver al Tribunal Internacional de La Haya.
En tanto, fueron los integrantes de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, quienes le entregaron un informe remarcando irregularidades o sospechas que observaron en el informe del Comité Científico.
Por su parte, el concejal y ambientalista, Andrés Sobredo, conversó con ElDía una vez concluida la reunión, y explicó que “el monitoreo tal como está no es lo mejor para demostrar la contaminación, por lo que se pidió profundizar los controles”.
Además, manifestó que “la delegación argentina en la CARU se comprometió a trabajar en este tema, pero nosotros pusimos un reparo y tiene que ver con el control en sí. Más allá que quieran monitorear todo el río Uruguay y la desembocadura del Gualeguaychú, la sentencia de La Haya ordenó a la CARU que monitoree a la planta de celulosa en sí”.
Asimismo, opinó que “tal como está hoy, es un control muy suave y muy endeble, partiendo de la base que se le avisa a la planta qué día van a ir”.
El compromiso asumido
Sobredo explicó que desde la delegación argentina indicaron que “están dispuestos a tomar estas observaciones para mejorar y tratarlas en Cancillería. Nosotros les planteamos que necesitamos un monitoreo más puntual y más continuo de la planta y nos dijeron que estaban dispuestos, entendiendo que el monitoreo tal como está, no es lo mejor”.
En cuanto a la posibilidad de regresar al Tribunal de La Haya -que en su momento había expresado que si se demostraba la contaminación, se podía avanzar en “el desmantelamiento” de la planta- Sobredo expresó, según publicó El Día: “Volver a La Haya con estos resultados debería ser una decisión del Presidente de la Nación, es una política nacional, pero sin un monitoreo serio no podemos ir a ningún tribunal internacional”.
En el mismo sentido profundizó: “si se trabaja en un monitoreo profundo, nosotros pediríamos que ya mismo vayamos a La Haya, y si tomamos las palabras del ex canciller Héctor Timmerman y el ex gobernador Sergio Urribarri en el 2013, ya tendríamos la intención de ir”.
Un monitoreo riguroso
El concejal y ambientalista resaltó la necesidad de un monitoreo más riguroso, más continuo y permanente para lograr un informe más pormenorizado de lo que está ocurriendo en el Río Uruguay.
“Está bien que se haya ampliado a los 500 kilómetros, pero la decisión de La Haya es controlar a la pastera”, sintetizó.
Respecto a la realidad del río Gualeguaychú, explicó que “hay una mesa de conciencia ambiental organizada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad que están trabajando en el control” y sentenció: “Pero esto, sin ningún lugar a dudas, es una responsabilidad del gobierno anterior, de Juan José Bahillo, de no haber tomado las medidas cuando la Asamblea planteó en enormes oportunidades, que el río Gualeguaychú tenía que ser controlado y que había que trabajar en la planta de tratamientos de efluentes del Parque Industrial y la planta de efluentes de la ciudad”.
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De Ángeli contra la ley de humedales
De Ángeli se opone al proyecto de Pino Solanas sobre la ley de humedales
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Radio Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Radio Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
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Mueren 212 vacunos por beber agua con agroquímicos
Bebedero envenenado
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 212 vacunos murieron durante los últimos días en un campo ubicado en cercanías a la localidad norteña de Ingeniero Luiggi, luego de haber bebido agua intoxicada por un herbicida. Los animales eran propiedad del productor Sergio Franchetto, quien estimó que las pérdidas rondan en una suma cercana a los dos millones de pesos.
Por el hecho se realizó una denuncia judicial y tomó intervención el Senasa. La mortandad de animales fue provocada por la rotura de una bomba de una máquina pulverizadora que cargaba agua del mismo tanque que abastecía a los bebederos de los animales. Personal del Senasa recorrió el lugar y se enviaron muestras para su análisis a Bahía Blanca y a Santa Rosa.
En diálogo con LA ARENA el productor damnificado indicó que una fumigadora “cargó agua en un tanque” y que “se le hizo retorno y contaminó el agua”, algo que no habría sido advertido por la persona que trabajaba con la maquinaria.
El hecho ocurrió el sábado en un campo ubicado a aproximadamente 10 kilómetros al noroeste de la localidad de Ingeniero Luiggi, que es propiedad del padre de Franchetto. La mayor parte del predio rural está alquilado para siembra y en una sector el productor ganadero afectado tiene un feet lot.
En ese momento, una pulverizadora terrestre que realizaba tareas de fumigación en un lote de siembra, cargaba agua de un tanque australiano y la rotura de la bomba, hizo que el herbicida llamado Paraquat cayera en el tanque, que es el mismo que abastece a los bebederos del establecimiento “San Marcos”, propiedad de la familia Franchetto. Esto hizo que los animales tomaran agua contaminada y mueran intoxicados.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 212 vacunos murieron durante los últimos días en un campo ubicado en cercanías a la localidad norteña de Ingeniero Luiggi, luego de haber bebido agua intoxicada por un herbicida. Los animales eran propiedad del productor Sergio Franchetto, quien estimó que las pérdidas rondan en una suma cercana a los dos millones de pesos.
Por el hecho se realizó una denuncia judicial y tomó intervención el Senasa. La mortandad de animales fue provocada por la rotura de una bomba de una máquina pulverizadora que cargaba agua del mismo tanque que abastecía a los bebederos de los animales. Personal del Senasa recorrió el lugar y se enviaron muestras para su análisis a Bahía Blanca y a Santa Rosa.
En diálogo con LA ARENA el productor damnificado indicó que una fumigadora “cargó agua en un tanque” y que “se le hizo retorno y contaminó el agua”, algo que no habría sido advertido por la persona que trabajaba con la maquinaria.
El hecho ocurrió el sábado en un campo ubicado a aproximadamente 10 kilómetros al noroeste de la localidad de Ingeniero Luiggi, que es propiedad del padre de Franchetto. La mayor parte del predio rural está alquilado para siembra y en una sector el productor ganadero afectado tiene un feet lot.
En ese momento, una pulverizadora terrestre que realizaba tareas de fumigación en un lote de siembra, cargaba agua de un tanque australiano y la rotura de la bomba, hizo que el herbicida llamado Paraquat cayera en el tanque, que es el mismo que abastece a los bebederos del establecimiento “San Marcos”, propiedad de la familia Franchetto. Esto hizo que los animales tomaran agua contaminada y mueran intoxicados.
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Jujuy realizó su audiencia pública por OT
Ordenamiento territorial: Concretaron la audiencia pública
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Página Central
Provincia/Región: Jujuy
Presidieron el encuentro la ministra Zigarán junto al secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y la directora de Bosques de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Julieta Bono; acompañados por la directora de Bosques, Virginia Outon, y la coordinadora de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos, Estefanía Sánchez Cuartielles. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios y equipos técnicos de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Entre los expositores, se contaron referentes y miembros del sector académico, científico, de las comunidades indígenas, del sector campesino, del ámbito de la producción, del espacio sindical, gremial, de movimientos ambientalista, entre otros.
“Hemos escuchado con atención y bastante expectativa los aportes y las críticas de los diversos sectores. Vamos a hacer una reunión de evaluación técnica y política para considerarlos y tratar de tomar las mejores decisiones, pensando siempre en gestionar entre la diversidad de intereses que existen en la provincia”, evaluó la titular de Ambiente al término de la audiencia.
Zigarán, quien estuvo presente durante todo el desarrollo del encuentro, tomando nota de cada aporte, se refirió a la pluralidad de puntos de vista que coexisten en Jujuy a partir de la diversidad cultural. “Como estado tenemos la responsabilidad de gestionar en esa diversidad -abundó- de administrar las tensiones y de garantizar el equilibrio entre las posturas de los diversos sectores”.
Luego de explicar que el proceso de actualización del OTBN es dinámico, la funcionaria destacó que “nuestra visión es que una vez aprobado el OTBN debe comenzarse inmediatamente un trabajo continuo para llegar al quinto año donde se debe hacer la actualización con un ordenamiento que tenga el mayor consenso posible”.
La Ministra se manifestó satisfecha con el desarrollo de la jornada, que describió como “de absoluto respeto y verdaderamente democrática”.
Finalmente dijo que “tenemos el desafío de compatibilizar los esfuerzos de conservación con los esfuerzos para que se haga un manejo y un uso sustentable de los bosques, que ayude a las comunidades a salir de una situación de postergación y que de alguna manera sea el inicio de un proceso que garantice lo que muchas de las comunidades han denominado: el buen vivir”.
Diversidad de puntos de vista
En el marco de la Audiencia Pública por el OTBN, diversos sectores pudieron expresarse y manifestar su punto de vista en relación al proyecto puesto en consideración por el ministerio de ambiente de la provincia de Jujuy. Hubo expresiones a favor y en contra.
Por ejemplo, tal es el caso de María José Castillo, de la organización Tierra Fértil y miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Palma Sola; y de Jesús Alberto Maita, de la Comunidad Guaraní Tataiyipi de Vinalito, departamento de Santa Bárbara.
La primera, sostuvo que “nuestro territorio es uno de los lugares donde más masa boscosa hay en la provincia, y es una zona frágil desde el punto de vista ecológico, es el último remanente de bosque chaqueño, de transición de yungas a chaco, que necesita especial atención; y que en nuestras comunidades no se haya hecho ningún proceso de consulta para la actual propuesta ya es un vicio que notamos y lo expusimos”.
Por su parte, el segundo se manifestó a favor del nuevo ordenamiento que, según dijo, “nos encamina a un buen vivir para todas las comunidades indígenas”. Para finalmente concluir que “estamos presentes para expresar lo adquirido en todo el proceso y plantear nuestra realidad, y esperamos seguir teniendo la respuesta que estamos teniendo con este gobierno, ya que en la gestión pasada no lo tuvimos, había descontrol, tala ilegal de madera, se denunciaba y no había respuesta por parte de las autoridades, no se sabía a dónde recurrir por el avasallamiento”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Página Central
Provincia/Región: Jujuy
Presidieron el encuentro la ministra Zigarán junto al secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y la directora de Bosques de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Julieta Bono; acompañados por la directora de Bosques, Virginia Outon, y la coordinadora de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos, Estefanía Sánchez Cuartielles. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios y equipos técnicos de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Entre los expositores, se contaron referentes y miembros del sector académico, científico, de las comunidades indígenas, del sector campesino, del ámbito de la producción, del espacio sindical, gremial, de movimientos ambientalista, entre otros.
“Hemos escuchado con atención y bastante expectativa los aportes y las críticas de los diversos sectores. Vamos a hacer una reunión de evaluación técnica y política para considerarlos y tratar de tomar las mejores decisiones, pensando siempre en gestionar entre la diversidad de intereses que existen en la provincia”, evaluó la titular de Ambiente al término de la audiencia.
Zigarán, quien estuvo presente durante todo el desarrollo del encuentro, tomando nota de cada aporte, se refirió a la pluralidad de puntos de vista que coexisten en Jujuy a partir de la diversidad cultural. “Como estado tenemos la responsabilidad de gestionar en esa diversidad -abundó- de administrar las tensiones y de garantizar el equilibrio entre las posturas de los diversos sectores”.
Luego de explicar que el proceso de actualización del OTBN es dinámico, la funcionaria destacó que “nuestra visión es que una vez aprobado el OTBN debe comenzarse inmediatamente un trabajo continuo para llegar al quinto año donde se debe hacer la actualización con un ordenamiento que tenga el mayor consenso posible”.
La Ministra se manifestó satisfecha con el desarrollo de la jornada, que describió como “de absoluto respeto y verdaderamente democrática”.
Finalmente dijo que “tenemos el desafío de compatibilizar los esfuerzos de conservación con los esfuerzos para que se haga un manejo y un uso sustentable de los bosques, que ayude a las comunidades a salir de una situación de postergación y que de alguna manera sea el inicio de un proceso que garantice lo que muchas de las comunidades han denominado: el buen vivir”.
Diversidad de puntos de vista
En el marco de la Audiencia Pública por el OTBN, diversos sectores pudieron expresarse y manifestar su punto de vista en relación al proyecto puesto en consideración por el ministerio de ambiente de la provincia de Jujuy. Hubo expresiones a favor y en contra.
Por ejemplo, tal es el caso de María José Castillo, de la organización Tierra Fértil y miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Palma Sola; y de Jesús Alberto Maita, de la Comunidad Guaraní Tataiyipi de Vinalito, departamento de Santa Bárbara.
La primera, sostuvo que “nuestro territorio es uno de los lugares donde más masa boscosa hay en la provincia, y es una zona frágil desde el punto de vista ecológico, es el último remanente de bosque chaqueño, de transición de yungas a chaco, que necesita especial atención; y que en nuestras comunidades no se haya hecho ningún proceso de consulta para la actual propuesta ya es un vicio que notamos y lo expusimos”.
Por su parte, el segundo se manifestó a favor del nuevo ordenamiento que, según dijo, “nos encamina a un buen vivir para todas las comunidades indígenas”. Para finalmente concluir que “estamos presentes para expresar lo adquirido en todo el proceso y plantear nuestra realidad, y esperamos seguir teniendo la respuesta que estamos teniendo con este gobierno, ya que en la gestión pasada no lo tuvimos, había descontrol, tala ilegal de madera, se denunciaba y no había respuesta por parte de las autoridades, no se sabía a dónde recurrir por el avasallamiento”.
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La Justicia investiga los desmontes de las islas Victoria
La Justicia de Victoria interviene contra los desmontes en zona protegida de islas
Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Justicia de Entre Ríos decidió abrir una investigación de oficio tras hacerse público un caso de desmonte en zona protegida de islas ubicadas frente a Puerto General San Martín. Así lo confirmó el fiscal Nº 2 de Victoria, Jorge Gamal Taleb, quien decidió avanzar judicialmente tras la denuncia pública que había realizado a finales de septiembre el grupo ambientalista Guardianes de Victoria, respecto a maquinaria pesada y tala indiscriminada de vegetación nativa en esa zona del Humedal.
Taleb explicó que decidió actuar de oficio tras enterarse por los Guardianes de desmontes en zona de islas, un hecho que también motivó un pedido de informe realizado por la diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador-Gualeguay) dirigido al poder ejecutivo de la provincia, en el que se pedía información sobre el mismo tema.
"En virtud de ese pedido de informe y teniendo en cuenta lo conversado con los ambientalistas decidí abrir una investigación de oficio sin que mediara ninguna denuncia penal de particulares", dijo el fiscal, quien agregó que ya en ese momento entendió que existía un grado de sospecha atendible respecto a la posible comisión de ese delito.
Respecto a la figura legal en cuestión, Taleb aclaró que enfocó su investigación bajo la figura de "daño", ya que si bien existe una profusa legislación ambiental en Entre Ríos, la misma es de carácter tutelar. "Estamos en cierta manera a la zaga respecto a protección penal de medio ambiente, que sólo existe para el caso de residuos peligrosos y este no era el caso", agregó.
Por eso la causa avanza sobre la figura de daños, ya que tanto las islas como las riveras son de dominio público tal como establece el nuevo código civil: "Cuando vi las fotos de los daños en la rivera por efecto de la tala decidí actuar de oficio por el delito de daños en inmueble, que en este caso es la isla la que es dañada por la acción sobre sus árboles".
Daños en dominio público
Luego, el fiscal pudo confirmar esta hipótesis al informarle el gobierno de Entre Ríos que el islote Pancho —donde se hizo el desmonte— es efectivamente un bien de dominio público. En ese punto se supo que se había acordado un permiso de uso para amarre a una empresa particular, pero ese permiso no comprendía la facultad de realizar tareas de desmonte: "Eso no se puede hacer por ley nacional a la que adhirió la provincia, para desmontar hace falta un trámite administrativo que en este caso no estaba hecho".
La Justicia pudo constatar con fotos e informes elaborados por la Delegación de Islas que se habían talado árboles de especies autóctonas en una franja costera de mil metros de largo por siete de ancho hacia adentro. También se conoció quienes eran los dueños de la empresa La Barranquita, se corroboró que no tenían permiso para realizar esas tareas y que el inmueble era propiedad del Estado: "La hipótesis inicial sobre el delito de daños se vio confirmada a nivel probatoria", argumentó el fiscal.
A partir de allí, Taleb solicitó al juez de garantías una audiencia para pedir una medida inhibitoria que prohibiera continuar con los desmontes de la isla, algo a lo cual el juez hizo lugar aunque la audiencia fue diferida hasta tanto los posibles imputados designaran abogado defensor. Según el fiscal, el próximo paso en su investigación será mensurar el daño ambiental que produjo la tala de árboles nativos: "Si bien el delito de daños no tiene una pena alta —hasta un año de prisión—, en este caso está agravado por ser bienes de uso público".
"El objetivo es actuar según la ley nacional del ambiente que no es penal, por eso la finalidad es recomponer el daño ambiental mediante la reimplantación de esos árboles por parte de la persona acusada", argumentó el funcionario público en declaraciones a La Capital.
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Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Justicia de Entre Ríos decidió abrir una investigación de oficio tras hacerse público un caso de desmonte en zona protegida de islas ubicadas frente a Puerto General San Martín. Así lo confirmó el fiscal Nº 2 de Victoria, Jorge Gamal Taleb, quien decidió avanzar judicialmente tras la denuncia pública que había realizado a finales de septiembre el grupo ambientalista Guardianes de Victoria, respecto a maquinaria pesada y tala indiscriminada de vegetación nativa en esa zona del Humedal.
Taleb explicó que decidió actuar de oficio tras enterarse por los Guardianes de desmontes en zona de islas, un hecho que también motivó un pedido de informe realizado por la diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador-Gualeguay) dirigido al poder ejecutivo de la provincia, en el que se pedía información sobre el mismo tema.
"En virtud de ese pedido de informe y teniendo en cuenta lo conversado con los ambientalistas decidí abrir una investigación de oficio sin que mediara ninguna denuncia penal de particulares", dijo el fiscal, quien agregó que ya en ese momento entendió que existía un grado de sospecha atendible respecto a la posible comisión de ese delito.
Respecto a la figura legal en cuestión, Taleb aclaró que enfocó su investigación bajo la figura de "daño", ya que si bien existe una profusa legislación ambiental en Entre Ríos, la misma es de carácter tutelar. "Estamos en cierta manera a la zaga respecto a protección penal de medio ambiente, que sólo existe para el caso de residuos peligrosos y este no era el caso", agregó.
Por eso la causa avanza sobre la figura de daños, ya que tanto las islas como las riveras son de dominio público tal como establece el nuevo código civil: "Cuando vi las fotos de los daños en la rivera por efecto de la tala decidí actuar de oficio por el delito de daños en inmueble, que en este caso es la isla la que es dañada por la acción sobre sus árboles".
Daños en dominio público
Luego, el fiscal pudo confirmar esta hipótesis al informarle el gobierno de Entre Ríos que el islote Pancho —donde se hizo el desmonte— es efectivamente un bien de dominio público. En ese punto se supo que se había acordado un permiso de uso para amarre a una empresa particular, pero ese permiso no comprendía la facultad de realizar tareas de desmonte: "Eso no se puede hacer por ley nacional a la que adhirió la provincia, para desmontar hace falta un trámite administrativo que en este caso no estaba hecho".
La Justicia pudo constatar con fotos e informes elaborados por la Delegación de Islas que se habían talado árboles de especies autóctonas en una franja costera de mil metros de largo por siete de ancho hacia adentro. También se conoció quienes eran los dueños de la empresa La Barranquita, se corroboró que no tenían permiso para realizar esas tareas y que el inmueble era propiedad del Estado: "La hipótesis inicial sobre el delito de daños se vio confirmada a nivel probatoria", argumentó el fiscal.
A partir de allí, Taleb solicitó al juez de garantías una audiencia para pedir una medida inhibitoria que prohibiera continuar con los desmontes de la isla, algo a lo cual el juez hizo lugar aunque la audiencia fue diferida hasta tanto los posibles imputados designaran abogado defensor. Según el fiscal, el próximo paso en su investigación será mensurar el daño ambiental que produjo la tala de árboles nativos: "Si bien el delito de daños no tiene una pena alta —hasta un año de prisión—, en este caso está agravado por ser bienes de uso público".
"El objetivo es actuar según la ley nacional del ambiente que no es penal, por eso la finalidad es recomponer el daño ambiental mediante la reimplantación de esos árboles por parte de la persona acusada", argumentó el funcionario público en declaraciones a La Capital.
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Médicos rurales preocupados por las fumigaciones
Preocupación en los médicos rurales por el uso de agrotóxicos cerca de los pueblos
Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios médicos y organizaciones provinciales piden regular el uso de pesticidas cerca del trazado urbano de los pueblos, y alertan sobre la multiplicación de problemas de salud entre quienes viven cerca de las zonas fumigadas
En el país los campos se fumigan con pesticidas, como en la mayor parte del planeta. Pero aquí tenemos una particularidad: el mapa de salud de los pueblos fumigados está manifestando grandes diferencias con el mapa epidemiológico nacional.
El Dr. Damián Verzeñassi, Profesor Titular de la Práctica Final de la carrera de Medicina en la Universidad de Rosario, viene visitando 26 localidades desde 2010 y observó algo inusual: los perfiles epidemiológicos se repiten entre ellas. Mientras que a nivel nacional la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, en estas regiones un tercio de las muertes llega por alguna forma de cáncer, lo que representa un 50% más que en el resto del país. Estos estudios fueron presentados como prueba en juicios, en congresos nacionales e internacionales y ante toda autoridad científica que lo ha requerido.
"Cuando estudiamos qué ejes en común unían a todas estas localidades, observamos que eran pueblos que habían comenzado con la producción sojera a gran escala hace 20 años. De hecho, muchos de ellos tenían tradición ganadera, pero con las perspectivas de rendimiento que prometía la soja y las políticas ganaderas tan poco favorables del gobierno anterior, se aseguraban una rentabilidad muy alta a corto plazo con el ingreso de los transgénicos. Por ello, cambiaron su cultura centenaria de producción por el monocultivo sin rotación. Las enfermedades que prevalecen en estas localidades, según los datos observados, coinciden con los problemas de salud asociados a los agrotóxicos, de uso obligatorio en el paquete de transgénicos", dice Verzeñassi.
Casos que se multiplican
En 2010 se formó la Red Universitaria de Ambiente y Salud, para coordinar y potenciar el trabajo de investigación científica, asistencia sanitaria y divulgación de los médicos de pueblos fumigados. Es una situación que no afecta sólo a la cuenca sojera, sino también a otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. El Dr. Medardo Ávila es coordinador general de la red y su posición es clara. "Los agrotóxicos no sólo afectan la soja, sino también el arroz, la yerba y el algodón. Durante el gobierno anterior nos cortaron los subsidios a la universidad para realizar estas investigaciones y apoyaron la construcción de una nueva planta de Monsanto en la provincia. Finalmente, se fueron, hicimos un bloqueo en la puerta que no permitió entrar ni un ladrillo", denuncia Ávila, y lista algunos casos conocidos.
Leila Derudder falleció de leucemia en el hospital Garrahan a los 14 años. Los profesionales relacionaron su enfermedad a las reiteradas exposiciones a las fumigaciones. Nicolás Arévalo, de 4 años, murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos entre las tomateras de Lavalle, provincia de Corrientes (hay un juicio en marcha por ese fallecimiento). También resultó envenenada Celeste, la prima de Nicolás. Y un año después murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa.
Los médicos también evalúan a diario niños con malformaciones, abortos espontáneos, problemas endócrinos, dificultades respiratorias y problemas de desarrollo."Tengo pacientes que son hijos de productores; ellos tratan de pensar que las enfermedades o, inclusive la muerte de sus hijos, son por algo ajeno a esta problemática, que les podría haber pasado en otro lugar, siguen creyendo en el discurso de la industria, pero desde hace algún tiempo también tienen que escucharnos a nosotros", agrega.
Fabián Tomasi, de Basavilbaso, Entre Ríos, tiene una pensión otorgada por la Anses tras constatarse que sufre una polineuropatía tóxica por efecto de cargar agroquímicos en los aviones fumigadores. Los casos se multiplican y están muy cerca. Fueron expuestos ante la Cámara de Diputados de la Nación, este año, por Patricio Eleisegui, autor del libro Envenenados, una investigación sobre los efectos de las fumigaciones en el país. Fue invitado para disertar en las Jornadas por la primera Ley Nacional de Agroquímicos.
Valeria Katzman vive al lado de una chacra pequeña que hasta hace pocos meses se fumigaba sin control, intoxicando a los vecinos. "Yo sabía los daños que provocaban los agrotóxicos, pero mi vecino me decía que no pasaba nada. En 2012, a mí me detectaron cáncer en el sistema linfático; al tiempo, mi yegua tenía un cáncer en la vulva y una de mis perras, cáncer en la pata. Mi vecino suspendió las fumigaciones temporalmente, ante las numerosas denuncias que se venían acumulando, pero un día volvió clandestinamente mientras yo estaba con quimioterapia. Lo denuncié y lo multaron. Finalmente, abandonó el campo, aunque nunca supe qué químicos usaba. Mis vecinas, que trabajaban en ese campo, tienen trastornos tiroideos. Es demasiada población enferma en un radio reducido para ser coincidencia", cuenta Katzman.
Los chicos, afectados
Las escuelas rurales son afectadas en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos, en horarios de clase y sin previo aviso. "Paren de fumigar escuelas" decían los carteles de asociaciones docentes, padres y organizaciones ambientalistas que se movilizaron contra esta práctica. Al igual que Ana Zabaloy, también la docente Estela Lemes sufrió fumigaciones mientras daba clases en la escuela Bartolito Mitre, en Gualeguaychú, en 2012. Luego de eso, comenzó a padecer mareos, problema de respiración y dolor en los músculos. Los estudios realizados detectaron glifosato en sangre, lo que sería la causa de su problema neurológico. Tres años después, sigue en discusión con la ART para que le cubra el tratamiento, ya que no reconocen el diagnóstico.
Un informe realizado entre 2014 y 2015 por el sindicato docente en la provincia de Entre Ríos destaca que sobre 82 escuelas, con un total de 447 docentes, 82 de personal no docente y bajo una población de 2452 alumnos, aseguran haber sido fumigadas en horarios de clase y la mayoría de los casos no son denunciados. En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
Lo mismo sucede en Córdoba, según Medardo Ávila, donde hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados, con 12 mil alumnos y 900 maestros que están expuestos a los agrotóxicos. Esta realidad se repite en todas las provincias expuestas a fumigaciones de este tipo. Todos los que luchan por cambiar esta realidad coinciden en que algunas leyes se van logrando a nivel municipal, pero no se cumplen y los docentes tienen miedo a denunciarlo.
Cañuelas, un caso emblemático
Diana Iceruk es periodista. Se mudó a Cañuelas en el 2006 para formar parte del Canal 5 de esa ciudad. Al lado de la escuela donde concurría su hija había campos donde se sembraba soja y se fumigaba en horario escolar. Al lado de la casa donde ellos vivían también sucedía lo mismo. Entre 2008 y 2013, toda la familia pasó por un episodio de salud relacionado a las enfermedades que provoca el contacto con agrotóxicos: el marido tuvo cáncer de colon, ella tuvo problemas endócrinos y su hija, luego de una fumigación durante horario de clases, tuvo una intoxicación aguda con derrame ocular.
En 2010 en Cañuelas promulgaron una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas y otorga un resguardo de 20 cuadras para fumigar por vía terrestre. Fue muy difícil lograr el apoyo de la gente, cuentan, porque los mismos que se enferman viven de lo que les produce la enfermedad y prefieren no denunciar por miedo a perder su trabajo. Recuerda Eliana Muñoz, vecina de la zona: "Nos fumigaban al lado de donde estábamos comiendo asado o con los chicos, en las piletas. Uno asocia después las cosas y se pregunta por qué tantos enfermos de cáncer tan cerca. Así fue cómo empezamos a movilizarnos".
Legislación y agroecología
El actual gobierno carece de estadísticas oficiales. Ha recibido a organizaciones vecinales, profesionales, docentes y voluntarios que trabajan hace años para denunciar estas realidades y redactan proyectos de leyes para proteger la salud de la población. Diego Moreno, el Secretario Nacional de Medio Ambiente, le manifestó a LA NACION su compromiso por cambiar el rumbo de esta tendencia. "Creo que tenemos que ir a sistemas biodiversificados de producción. No es lo mismo producir cerca de lugares poblados y tendríamos que tener sistemas productivos que requieran menos uso de insumos agrotóxicos. Hemos presentado un proyecto para trabajar el ordenamiento medio ambiental del territorio y eso incluye al tema de las fumigaciones en zonas urbanas y periurbanas.", afirma.
Mientras que en Europa se está discutiendo prohibir las fumigaciones aéreas en todos los países de la comunidad, acá recién se está estudiando redactar una ley nacional que unifique los criterios para las legislaciones provinciales y municipales. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se está analizando la propuesta del senador Carlos Coll Areco, rechazada por los ambientalistas: "definimos una especie de división de zonas y de amortiguamiento, de acuerdo a su cercanía al casco urbano, escuelas y hospitales. La distancia de fumigación es lo menos importante. Las diferencias están dadas en el tipo de producto a utilizar y cómo lo clasifica las OMS y en las condiciones climáticas del día de la aplicación.El productor tiene que pedir permiso al municipio para hacerlo y ese día tiene que ir un inspector a verificar que se cumpla la ley", explica Coll Areco.
En la ciudad de Buenos Aires, la ley prohíbe fumigar los parques y jardines públicos; la Cámara de Diputados de la Nación, luego de 20 años, se apresta a debatir la primera ley nacional de agrotóxicos
Parte de la discusión está en definir con certeza el impacto de los agrotóxicos en la salud, sobre todo cuando se usan cerca de los poblados. Son múltiples las organizaciones que piden que se prohíba su uso cerca de plazas, jardines, escuelas o donde haya chicos.
En 2015, la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, recategorizó al glifosato como "probablemente cancerígeno"; es el mismo status que tiene tomar mate (en ese caso, el problema viene por la temperatura del agua y su efecto sobre la laringe). Pero ese mismo año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desautorizó al IARC: considera que el glifosato no es ni carcinogénico ni mutagénico.
El 29 de junio último, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicaran un estudio conjunto en el que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, la Comisión Europea renovó el permiso de uso del glifosato en su continente hasta el último día de 2017; para entonces la Agencia Europea de Productos Químicos tendrá -se espera- una conclusión definitiva sobre el efecto de esta sustancia en las personas.
La agroecología, una solución sustentable
Es claro que el uso de agrotóxicos responde a una necesidad de generar más alimentos, con más eficiencia y menores costos. Ese es el argumento más importante que sostienen quienes los defienden.
La agroecología es una alternativa posible. No se trata de soluciones hippies a problemas serios, sino de soluciones científicas a problemas de salud y al deterioro del suelo y del medio ambiente cuya reparación llevaría muchas décadas. El ingeniero agrónomo Javier Souza es investigador y un referente en este tema. "Desde siempre, la humanidad pudo alimentarse sin usar plaguicidas. Hoy tenemos estrategias que se basan en la diversidad biológica y en cómo trabajar la nutrición adecuada de los suelos. La rentabilidad es lícita, pero debe ser razonable y sustentable. La agroecología te propone trabajar, planificar y pensar en las futuras generaciones, como hicieron muchos siglos antes los productores de todo el mundo. Luego de la revolución tecnológica, se tendrá que volver a estas soluciones porque son mucho más viables desde una mirada humana, donde se pone al ser humano por delante de las ganancias", reflexiona Souza.
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Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Varios médicos y organizaciones provinciales piden regular el uso de pesticidas cerca del trazado urbano de los pueblos, y alertan sobre la multiplicación de problemas de salud entre quienes viven cerca de las zonas fumigadas
En el país los campos se fumigan con pesticidas, como en la mayor parte del planeta. Pero aquí tenemos una particularidad: el mapa de salud de los pueblos fumigados está manifestando grandes diferencias con el mapa epidemiológico nacional.
El Dr. Damián Verzeñassi, Profesor Titular de la Práctica Final de la carrera de Medicina en la Universidad de Rosario, viene visitando 26 localidades desde 2010 y observó algo inusual: los perfiles epidemiológicos se repiten entre ellas. Mientras que a nivel nacional la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, en estas regiones un tercio de las muertes llega por alguna forma de cáncer, lo que representa un 50% más que en el resto del país. Estos estudios fueron presentados como prueba en juicios, en congresos nacionales e internacionales y ante toda autoridad científica que lo ha requerido.
"Cuando estudiamos qué ejes en común unían a todas estas localidades, observamos que eran pueblos que habían comenzado con la producción sojera a gran escala hace 20 años. De hecho, muchos de ellos tenían tradición ganadera, pero con las perspectivas de rendimiento que prometía la soja y las políticas ganaderas tan poco favorables del gobierno anterior, se aseguraban una rentabilidad muy alta a corto plazo con el ingreso de los transgénicos. Por ello, cambiaron su cultura centenaria de producción por el monocultivo sin rotación. Las enfermedades que prevalecen en estas localidades, según los datos observados, coinciden con los problemas de salud asociados a los agrotóxicos, de uso obligatorio en el paquete de transgénicos", dice Verzeñassi.
Casos que se multiplican
En 2010 se formó la Red Universitaria de Ambiente y Salud, para coordinar y potenciar el trabajo de investigación científica, asistencia sanitaria y divulgación de los médicos de pueblos fumigados. Es una situación que no afecta sólo a la cuenca sojera, sino también a otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. El Dr. Medardo Ávila es coordinador general de la red y su posición es clara. "Los agrotóxicos no sólo afectan la soja, sino también el arroz, la yerba y el algodón. Durante el gobierno anterior nos cortaron los subsidios a la universidad para realizar estas investigaciones y apoyaron la construcción de una nueva planta de Monsanto en la provincia. Finalmente, se fueron, hicimos un bloqueo en la puerta que no permitió entrar ni un ladrillo", denuncia Ávila, y lista algunos casos conocidos.
Leila Derudder falleció de leucemia en el hospital Garrahan a los 14 años. Los profesionales relacionaron su enfermedad a las reiteradas exposiciones a las fumigaciones. Nicolás Arévalo, de 4 años, murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos entre las tomateras de Lavalle, provincia de Corrientes (hay un juicio en marcha por ese fallecimiento). También resultó envenenada Celeste, la prima de Nicolás. Y un año después murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa.
Los médicos también evalúan a diario niños con malformaciones, abortos espontáneos, problemas endócrinos, dificultades respiratorias y problemas de desarrollo."Tengo pacientes que son hijos de productores; ellos tratan de pensar que las enfermedades o, inclusive la muerte de sus hijos, son por algo ajeno a esta problemática, que les podría haber pasado en otro lugar, siguen creyendo en el discurso de la industria, pero desde hace algún tiempo también tienen que escucharnos a nosotros", agrega.
Fabián Tomasi, de Basavilbaso, Entre Ríos, tiene una pensión otorgada por la Anses tras constatarse que sufre una polineuropatía tóxica por efecto de cargar agroquímicos en los aviones fumigadores. Los casos se multiplican y están muy cerca. Fueron expuestos ante la Cámara de Diputados de la Nación, este año, por Patricio Eleisegui, autor del libro Envenenados, una investigación sobre los efectos de las fumigaciones en el país. Fue invitado para disertar en las Jornadas por la primera Ley Nacional de Agroquímicos.
Valeria Katzman vive al lado de una chacra pequeña que hasta hace pocos meses se fumigaba sin control, intoxicando a los vecinos. "Yo sabía los daños que provocaban los agrotóxicos, pero mi vecino me decía que no pasaba nada. En 2012, a mí me detectaron cáncer en el sistema linfático; al tiempo, mi yegua tenía un cáncer en la vulva y una de mis perras, cáncer en la pata. Mi vecino suspendió las fumigaciones temporalmente, ante las numerosas denuncias que se venían acumulando, pero un día volvió clandestinamente mientras yo estaba con quimioterapia. Lo denuncié y lo multaron. Finalmente, abandonó el campo, aunque nunca supe qué químicos usaba. Mis vecinas, que trabajaban en ese campo, tienen trastornos tiroideos. Es demasiada población enferma en un radio reducido para ser coincidencia", cuenta Katzman.
Los chicos, afectados
Las escuelas rurales son afectadas en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos, en horarios de clase y sin previo aviso. "Paren de fumigar escuelas" decían los carteles de asociaciones docentes, padres y organizaciones ambientalistas que se movilizaron contra esta práctica. Al igual que Ana Zabaloy, también la docente Estela Lemes sufrió fumigaciones mientras daba clases en la escuela Bartolito Mitre, en Gualeguaychú, en 2012. Luego de eso, comenzó a padecer mareos, problema de respiración y dolor en los músculos. Los estudios realizados detectaron glifosato en sangre, lo que sería la causa de su problema neurológico. Tres años después, sigue en discusión con la ART para que le cubra el tratamiento, ya que no reconocen el diagnóstico.
Un informe realizado entre 2014 y 2015 por el sindicato docente en la provincia de Entre Ríos destaca que sobre 82 escuelas, con un total de 447 docentes, 82 de personal no docente y bajo una población de 2452 alumnos, aseguran haber sido fumigadas en horarios de clase y la mayoría de los casos no son denunciados. En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
Lo mismo sucede en Córdoba, según Medardo Ávila, donde hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados, con 12 mil alumnos y 900 maestros que están expuestos a los agrotóxicos. Esta realidad se repite en todas las provincias expuestas a fumigaciones de este tipo. Todos los que luchan por cambiar esta realidad coinciden en que algunas leyes se van logrando a nivel municipal, pero no se cumplen y los docentes tienen miedo a denunciarlo.
Cañuelas, un caso emblemático
Diana Iceruk es periodista. Se mudó a Cañuelas en el 2006 para formar parte del Canal 5 de esa ciudad. Al lado de la escuela donde concurría su hija había campos donde se sembraba soja y se fumigaba en horario escolar. Al lado de la casa donde ellos vivían también sucedía lo mismo. Entre 2008 y 2013, toda la familia pasó por un episodio de salud relacionado a las enfermedades que provoca el contacto con agrotóxicos: el marido tuvo cáncer de colon, ella tuvo problemas endócrinos y su hija, luego de una fumigación durante horario de clases, tuvo una intoxicación aguda con derrame ocular.
En 2010 en Cañuelas promulgaron una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas y otorga un resguardo de 20 cuadras para fumigar por vía terrestre. Fue muy difícil lograr el apoyo de la gente, cuentan, porque los mismos que se enferman viven de lo que les produce la enfermedad y prefieren no denunciar por miedo a perder su trabajo. Recuerda Eliana Muñoz, vecina de la zona: "Nos fumigaban al lado de donde estábamos comiendo asado o con los chicos, en las piletas. Uno asocia después las cosas y se pregunta por qué tantos enfermos de cáncer tan cerca. Así fue cómo empezamos a movilizarnos".
Legislación y agroecología
El actual gobierno carece de estadísticas oficiales. Ha recibido a organizaciones vecinales, profesionales, docentes y voluntarios que trabajan hace años para denunciar estas realidades y redactan proyectos de leyes para proteger la salud de la población. Diego Moreno, el Secretario Nacional de Medio Ambiente, le manifestó a LA NACION su compromiso por cambiar el rumbo de esta tendencia. "Creo que tenemos que ir a sistemas biodiversificados de producción. No es lo mismo producir cerca de lugares poblados y tendríamos que tener sistemas productivos que requieran menos uso de insumos agrotóxicos. Hemos presentado un proyecto para trabajar el ordenamiento medio ambiental del territorio y eso incluye al tema de las fumigaciones en zonas urbanas y periurbanas.", afirma.
Mientras que en Europa se está discutiendo prohibir las fumigaciones aéreas en todos los países de la comunidad, acá recién se está estudiando redactar una ley nacional que unifique los criterios para las legislaciones provinciales y municipales. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se está analizando la propuesta del senador Carlos Coll Areco, rechazada por los ambientalistas: "definimos una especie de división de zonas y de amortiguamiento, de acuerdo a su cercanía al casco urbano, escuelas y hospitales. La distancia de fumigación es lo menos importante. Las diferencias están dadas en el tipo de producto a utilizar y cómo lo clasifica las OMS y en las condiciones climáticas del día de la aplicación.El productor tiene que pedir permiso al municipio para hacerlo y ese día tiene que ir un inspector a verificar que se cumpla la ley", explica Coll Areco.
En la ciudad de Buenos Aires, la ley prohíbe fumigar los parques y jardines públicos; la Cámara de Diputados de la Nación, luego de 20 años, se apresta a debatir la primera ley nacional de agrotóxicos
Parte de la discusión está en definir con certeza el impacto de los agrotóxicos en la salud, sobre todo cuando se usan cerca de los poblados. Son múltiples las organizaciones que piden que se prohíba su uso cerca de plazas, jardines, escuelas o donde haya chicos.
En 2015, la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, recategorizó al glifosato como "probablemente cancerígeno"; es el mismo status que tiene tomar mate (en ese caso, el problema viene por la temperatura del agua y su efecto sobre la laringe). Pero ese mismo año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desautorizó al IARC: considera que el glifosato no es ni carcinogénico ni mutagénico.
El 29 de junio último, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicaran un estudio conjunto en el que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, la Comisión Europea renovó el permiso de uso del glifosato en su continente hasta el último día de 2017; para entonces la Agencia Europea de Productos Químicos tendrá -se espera- una conclusión definitiva sobre el efecto de esta sustancia en las personas.
La agroecología, una solución sustentable
Es claro que el uso de agrotóxicos responde a una necesidad de generar más alimentos, con más eficiencia y menores costos. Ese es el argumento más importante que sostienen quienes los defienden.
La agroecología es una alternativa posible. No se trata de soluciones hippies a problemas serios, sino de soluciones científicas a problemas de salud y al deterioro del suelo y del medio ambiente cuya reparación llevaría muchas décadas. El ingeniero agrónomo Javier Souza es investigador y un referente en este tema. "Desde siempre, la humanidad pudo alimentarse sin usar plaguicidas. Hoy tenemos estrategias que se basan en la diversidad biológica y en cómo trabajar la nutrición adecuada de los suelos. La rentabilidad es lícita, pero debe ser razonable y sustentable. La agroecología te propone trabajar, planificar y pensar en las futuras generaciones, como hicieron muchos siglos antes los productores de todo el mundo. Luego de la revolución tecnológica, se tendrá que volver a estas soluciones porque son mucho más viables desde una mirada humana, donde se pone al ser humano por delante de las ganancias", reflexiona Souza.
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La solar con apuesta fuerte en licitación Ronda 1.5
Alto interés en licitación renovable con cupo de 200 MW para la solar en Argentina
Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: PV Magazine
Provincia/Región: Nacional
Se presentaron 28 proyectos con 925 MW en conjunto en la categoría de fotovoltaica de la licitación renovable Ronda 1.5.
Un total de 28 proyectos fotovoltaicos que suman una potencia de 925 megavatios se presentaron a la licitación Ronda 1.5 en Argentina la semana pasada. Los proyectos concurren en la categoría solar que cuenta con un cupo de 200 megavatios.
Esta repesca de la primera licitación del programa de renovables RenovAr está abierta a proyectos solares y eólicos registrados el certamen Ronda 1 resuelto en octubre pero que no resultaron ganadores. La categoría solar estaba abierta a 54 proyectos con 2,4 gigavatios de potencia.
En Ronda 1.5, el precio techo es el precio medio de la licitación Ronda 1, que para la categoría de energía solar se sitúa en 59,75 dólares estadounidenses el megavatio hora.
En la categoría de solar, el cupo a su vez se divide en dos partes: se subastan 100 megavatios con ubicación en la Región del Noroeste y otros 100 megavatios con localización en cualquier región distinta a Región del Noroeste.
En concreto, nueve proyectos fotovoltaicos presentados con una potencia en conjunto de 394 megavatios están ubicados en la Región del Noroeste. Los proyectos se localizan en las provincias de Catamarca (179 megavatios), La Rioja (85 megavatios) y Salta (130 megavatios).
En la categoría de “Resto del país”, concurren 19 iniciativas con una potencia en conjunto de 531 megavatios. Las plantas solares propuestas se sitúan en Mendoza (118 megavatios), San Juan (366 megavatios) y San Luis (47 megavatios).
La licitación Ronda 1.5 cuenta también con un cupo de 400 megavatios para la fuente eólica. De esta tecnología se presentaron 19 proyectos con una potencia en conjunto de 1.561 megavatios. El precio máximo para la fuente eólica se sitúa 59,39 dólares estadounidenses el megavatio hora.
La apertura de las ofertas económicas de Ronda 1.5 se ha fijado para el 23 de noviembre y la adjudicación de los proyectos ganadores se producirá el 25 de diciembre.
En la licitación Ronda 1, resuelta a principios de octubre, se adjudicaron 29 proyectos de distintas tencologías renovables con una potencia en conjunto de 1.142 megavatios.
En la categoría solar de Ronda 1 resultaron ganadores cuatro proyectos, una iniciativa de 100 megavatios de Fieldfare e Isolux en Salta, y un proyecto de 300 megavatios de la empresa energética de la provincia de Jujuy Jemse. También se adjudicaron 12 proyectos eólicos con 707 megavatios.
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Fecha de Publicación: 16/11/2016
Fuente: PV Magazine
Provincia/Región: Nacional
Se presentaron 28 proyectos con 925 MW en conjunto en la categoría de fotovoltaica de la licitación renovable Ronda 1.5.
Un total de 28 proyectos fotovoltaicos que suman una potencia de 925 megavatios se presentaron a la licitación Ronda 1.5 en Argentina la semana pasada. Los proyectos concurren en la categoría solar que cuenta con un cupo de 200 megavatios.
Esta repesca de la primera licitación del programa de renovables RenovAr está abierta a proyectos solares y eólicos registrados el certamen Ronda 1 resuelto en octubre pero que no resultaron ganadores. La categoría solar estaba abierta a 54 proyectos con 2,4 gigavatios de potencia.
En Ronda 1.5, el precio techo es el precio medio de la licitación Ronda 1, que para la categoría de energía solar se sitúa en 59,75 dólares estadounidenses el megavatio hora.
En la categoría de solar, el cupo a su vez se divide en dos partes: se subastan 100 megavatios con ubicación en la Región del Noroeste y otros 100 megavatios con localización en cualquier región distinta a Región del Noroeste.
En concreto, nueve proyectos fotovoltaicos presentados con una potencia en conjunto de 394 megavatios están ubicados en la Región del Noroeste. Los proyectos se localizan en las provincias de Catamarca (179 megavatios), La Rioja (85 megavatios) y Salta (130 megavatios).
En la categoría de “Resto del país”, concurren 19 iniciativas con una potencia en conjunto de 531 megavatios. Las plantas solares propuestas se sitúan en Mendoza (118 megavatios), San Juan (366 megavatios) y San Luis (47 megavatios).
La licitación Ronda 1.5 cuenta también con un cupo de 400 megavatios para la fuente eólica. De esta tecnología se presentaron 19 proyectos con una potencia en conjunto de 1.561 megavatios. El precio máximo para la fuente eólica se sitúa 59,39 dólares estadounidenses el megavatio hora.
La apertura de las ofertas económicas de Ronda 1.5 se ha fijado para el 23 de noviembre y la adjudicación de los proyectos ganadores se producirá el 25 de diciembre.
En la licitación Ronda 1, resuelta a principios de octubre, se adjudicaron 29 proyectos de distintas tencologías renovables con una potencia en conjunto de 1.142 megavatios.
En la categoría solar de Ronda 1 resultaron ganadores cuatro proyectos, una iniciativa de 100 megavatios de Fieldfare e Isolux en Salta, y un proyecto de 300 megavatios de la empresa energética de la provincia de Jujuy Jemse. También se adjudicaron 12 proyectos eólicos con 707 megavatios.
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Otros 47 proyectos para la ronda 1.5 de RenovAr
El Gobierno recibió 47 ofertas por 2.486 Mw de potencia para la ronda 1.5 del Programa RenovAr
Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Energía recibió 47 ofertas por un total de 2.486 Mw de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, de los cuales prevé adjudicar antes de fin de mes unos 600 MW en proyectos de tecnología eólica y solar.
La cartera energética informó que se recibieron 47 proyectos por un total de 2.486 Mw, de los cuales 1.561 Mw corresponden a emprendimientos de energía eólica y 925 Mw de solar, surgidos de los proyectos no seleccionados de la Ronda 1 que permitió 1.142 Mw adjudicados.
En esta Ronda, el Gobierno invitó a los oferentes a mejorar las ofertas presentadas y no adjudicadas de la Ronda 1 que había despertado el interés de propuestas por más de 6.400 Mw.
En esta instancia, la potencia a contratar es por un total de 600 Mw en seis módulos de 100 Mw cada uno, de los cuales cuatro se adjudicarán para eólica y dos para solar.
Los precios máximos de esta nueva convocatoria corresponden a los precios medios adjudicados en la Ronda 1, que fueron de 59,39 dólares por Mw/hora para eólica y 59,75 dólared por Mw/hora para solar.
En el cronograma de licitación, se prevé para el próximo miércoles 23 la apertura de propuestas económicas y el viernes 25 se procederá a la adjudicación de los proyectos.
El 7 de octubre, el Gobierno adjudicó 17 proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables por un total de 1.109 Mw como cierre de la Ronda 1, de los cuales 12 fueron de tecnología eólica, 4 de solar fotovoltaica y 1 de biogas.
Una semana después, sumó la adjudicación de 12 proyectos adicionales por 34 Mw de potencia ofertada, de los cuales cinco proyectos son de biogás, dos de biomasa y cinco de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con lo que acumula 1.142 Mw adjudicados.
Lo adjudicado hasta el momento demandará una inversión estimada en 1.800 millones de dólares, y los proyectos -cuyos contratos se deberán firmar antes de fin de año-, comenzarán a entregar su potencia dentro de los próximos 12 y 24 meses.
A raíz del interés que despertó el proceso de licitación en renovables, el Gobierno ya anunció la denominada Ronda 2 para la licitación de nuevos proyectos que lanzará en mayo.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, había estimado al cierre de la primera licitación que el total de las ofertas recibidas le permitía al país un ahorro de hasta 5.500 millones de dólares en los 20 años de contratos en que se planteó la actual licitación respecto a lo que el país pagaba hasta fines de 2015.
Tras cerrar el proceso de licitación, el Gobierno buscará avanzar junto al Congreso en la sanción de una Ley de Generación Distribuida que le permitirá a cualquier consumidor generar su propia energía y venderla al sistema, y otra Ley de Generación Solar Térmica para promocionar la fabricación y el consumo de equipos de calefacción no eléctrica, como por ejemplo lo son los calefones solares.
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Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Energía recibió 47 ofertas por un total de 2.486 Mw de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, correspondientes a la Ronda 1.5 del Programa RenovAr, de los cuales prevé adjudicar antes de fin de mes unos 600 MW en proyectos de tecnología eólica y solar.
La cartera energética informó que se recibieron 47 proyectos por un total de 2.486 Mw, de los cuales 1.561 Mw corresponden a emprendimientos de energía eólica y 925 Mw de solar, surgidos de los proyectos no seleccionados de la Ronda 1 que permitió 1.142 Mw adjudicados.
En esta Ronda, el Gobierno invitó a los oferentes a mejorar las ofertas presentadas y no adjudicadas de la Ronda 1 que había despertado el interés de propuestas por más de 6.400 Mw.
En esta instancia, la potencia a contratar es por un total de 600 Mw en seis módulos de 100 Mw cada uno, de los cuales cuatro se adjudicarán para eólica y dos para solar.
Los precios máximos de esta nueva convocatoria corresponden a los precios medios adjudicados en la Ronda 1, que fueron de 59,39 dólares por Mw/hora para eólica y 59,75 dólared por Mw/hora para solar.
En el cronograma de licitación, se prevé para el próximo miércoles 23 la apertura de propuestas económicas y el viernes 25 se procederá a la adjudicación de los proyectos.
El 7 de octubre, el Gobierno adjudicó 17 proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables por un total de 1.109 Mw como cierre de la Ronda 1, de los cuales 12 fueron de tecnología eólica, 4 de solar fotovoltaica y 1 de biogas.
Una semana después, sumó la adjudicación de 12 proyectos adicionales por 34 Mw de potencia ofertada, de los cuales cinco proyectos son de biogás, dos de biomasa y cinco de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con lo que acumula 1.142 Mw adjudicados.
Lo adjudicado hasta el momento demandará una inversión estimada en 1.800 millones de dólares, y los proyectos -cuyos contratos se deberán firmar antes de fin de año-, comenzarán a entregar su potencia dentro de los próximos 12 y 24 meses.
A raíz del interés que despertó el proceso de licitación en renovables, el Gobierno ya anunció la denominada Ronda 2 para la licitación de nuevos proyectos que lanzará en mayo.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, había estimado al cierre de la primera licitación que el total de las ofertas recibidas le permitía al país un ahorro de hasta 5.500 millones de dólares en los 20 años de contratos en que se planteó la actual licitación respecto a lo que el país pagaba hasta fines de 2015.
Tras cerrar el proceso de licitación, el Gobierno buscará avanzar junto al Congreso en la sanción de una Ley de Generación Distribuida que le permitirá a cualquier consumidor generar su propia energía y venderla al sistema, y otra Ley de Generación Solar Térmica para promocionar la fabricación y el consumo de equipos de calefacción no eléctrica, como por ejemplo lo son los calefones solares.
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Escobar prohibe countries sobre la cuenta del Río Luján
Escobar prohibió los countries sobre humedales
Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Es un histórico reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas de toda la cuenta del Río Luján. Argumentan que estos emprendimientos inmobiliarios provocan las inundaciones.
Mientras que en el partido de Escobar se prohibió la construcción de countries y barrios privados en zona de humedales, en Tigre los vecinos y las organizaciones ambientalistas siguen movilizados para frenar el avance de estos emprendimientos inmobiliarios de los que aseguran, son los causantes de las inundaciones.
Esta semana se sancionó en Escobar una ordenanza enviada por el intendente Ariel Sujarchuk al Concejo Deliberante en la que se establece la protección de 8.000 hectáreas sobre la cuenca del río Luján. La ordenanza preserva en primer lugar unas 6.000 hectáreas, con posibilidad de sumar otras 2.000 a futuro. El texto deja en claro que no aprobará nuevos barrios privados, clubes de campo y cualquier tipo de urbanización abierta o cerrada que modifique las condiciones ambientales y topográficas de las áreas de humedales insulares.
Con respecto a los desarrollos inmobiliarios que ya estaban en curso, el proyecto reformula parte de las acciones urbanas propuestas en el Plan Estratégico del partido de Escobar con la intención de “evitar posibles demandas judiciales contra el municipio y sus vecinos por parte de los desarrolladores que habían recibido la aprobación formal de sus emprendimientos urbanísticos con anterioridad a la nueva gestión”, según informaron fuentes municipales.
En abril de este año, y como antesala del proyecto de ordenanza, la Municipalidad de Escobar suspendió los permisos de construcción de cinco urbanizaciones, hasta que los desarrolladores realizaran las obras públicas necesarias para adaptarse a los lineamientos requeridos por la nueva gestión y beneficiar a los vecinos del distrito. Esos emprendimientos adaptados, y otros dos prexistentes, conforman los 7 barrios que se construyeron en zonas de humedales en los últimos años en una extensión de más de 2.000 hectáreas. A partir de ahora directamente no se aprobarán barrios privados en humedales, y también queda prohibida la caza comercial o deportiva, la realización de lagos o lagunas artificiales y el alumbrado de aguas salobres o saladas (que se produce al alcanzar la napa).
“El primer paso fue solucionar el grave problema de las urbanizaciones que no respetaban las ordenanzas municipales y las leyes provinciales. Y ahora avanzamos en la protección medio ambiental de casi una cuarta parte del territorio de Escobar”, sostuvo Sujarchuk.
Las únicas instalaciones que sí quedaron habilitadas por la ordenanza son los clásicos “recreos” con parrilla y bajadas para lanchas que permiten acampar a la orilla del río, así como actividades comerciales de probada tradición en zona de islas del Delta (apicultura, frutales y horticultura, por ejemplo), la crianza de animales, entre otras.
Por lo pronto, organizaciones ambientalistas y sociales de Tigre estuvieron en el Congreso de la Nación para manifestar su interés por la aprobación de la Ley Nacional de Humedales y se entrevistaron con la senadora nacional Teresita Luna. Junto a laa organizaciones estuvo presente el concejal Federico Ugo quien viene impulsando propuestas para la preservación de los humedales. "Podemos lograr el crecimiento de Tigre en armonía con la naturaleza y la comunidad, respetando el ambiente y la calidad de vida, sin que ningún sector quede afuera de ese crecimiento", manifestó Ugo.
El 6 de julio la Justicia federal frenó la construcción de barrios privados en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná. La causa se había impulsado por la exigencia de los vecinos de frenar los emprendimientos Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach en Tigre y fue iniciada por organizaciones sociales que denunciaron la directa vinculación entre los countries construidos sobre los humedales y las cada vez más trágicas inundaciones en la región, que en 2014 se cobraron dos vidas en la zona.
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Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Es un histórico reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas de toda la cuenta del Río Luján. Argumentan que estos emprendimientos inmobiliarios provocan las inundaciones.
Mientras que en el partido de Escobar se prohibió la construcción de countries y barrios privados en zona de humedales, en Tigre los vecinos y las organizaciones ambientalistas siguen movilizados para frenar el avance de estos emprendimientos inmobiliarios de los que aseguran, son los causantes de las inundaciones.
Esta semana se sancionó en Escobar una ordenanza enviada por el intendente Ariel Sujarchuk al Concejo Deliberante en la que se establece la protección de 8.000 hectáreas sobre la cuenca del río Luján. La ordenanza preserva en primer lugar unas 6.000 hectáreas, con posibilidad de sumar otras 2.000 a futuro. El texto deja en claro que no aprobará nuevos barrios privados, clubes de campo y cualquier tipo de urbanización abierta o cerrada que modifique las condiciones ambientales y topográficas de las áreas de humedales insulares.
Con respecto a los desarrollos inmobiliarios que ya estaban en curso, el proyecto reformula parte de las acciones urbanas propuestas en el Plan Estratégico del partido de Escobar con la intención de “evitar posibles demandas judiciales contra el municipio y sus vecinos por parte de los desarrolladores que habían recibido la aprobación formal de sus emprendimientos urbanísticos con anterioridad a la nueva gestión”, según informaron fuentes municipales.
En abril de este año, y como antesala del proyecto de ordenanza, la Municipalidad de Escobar suspendió los permisos de construcción de cinco urbanizaciones, hasta que los desarrolladores realizaran las obras públicas necesarias para adaptarse a los lineamientos requeridos por la nueva gestión y beneficiar a los vecinos del distrito. Esos emprendimientos adaptados, y otros dos prexistentes, conforman los 7 barrios que se construyeron en zonas de humedales en los últimos años en una extensión de más de 2.000 hectáreas. A partir de ahora directamente no se aprobarán barrios privados en humedales, y también queda prohibida la caza comercial o deportiva, la realización de lagos o lagunas artificiales y el alumbrado de aguas salobres o saladas (que se produce al alcanzar la napa).
“El primer paso fue solucionar el grave problema de las urbanizaciones que no respetaban las ordenanzas municipales y las leyes provinciales. Y ahora avanzamos en la protección medio ambiental de casi una cuarta parte del territorio de Escobar”, sostuvo Sujarchuk.
Las únicas instalaciones que sí quedaron habilitadas por la ordenanza son los clásicos “recreos” con parrilla y bajadas para lanchas que permiten acampar a la orilla del río, así como actividades comerciales de probada tradición en zona de islas del Delta (apicultura, frutales y horticultura, por ejemplo), la crianza de animales, entre otras.
Por lo pronto, organizaciones ambientalistas y sociales de Tigre estuvieron en el Congreso de la Nación para manifestar su interés por la aprobación de la Ley Nacional de Humedales y se entrevistaron con la senadora nacional Teresita Luna. Junto a laa organizaciones estuvo presente el concejal Federico Ugo quien viene impulsando propuestas para la preservación de los humedales. "Podemos lograr el crecimiento de Tigre en armonía con la naturaleza y la comunidad, respetando el ambiente y la calidad de vida, sin que ningún sector quede afuera de ese crecimiento", manifestó Ugo.
El 6 de julio la Justicia federal frenó la construcción de barrios privados en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná. La causa se había impulsado por la exigencia de los vecinos de frenar los emprendimientos Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach en Tigre y fue iniciada por organizaciones sociales que denunciaron la directa vinculación entre los countries construidos sobre los humedales y las cada vez más trágicas inundaciones en la región, que en 2014 se cobraron dos vidas en la zona.
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Gendarmería también controlará la caza en Jujuy
Gendarmería controlará de cerca a los cazadores furtivos en la Puna
Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
Es a raíz de los hechos ocurridos recientemente en Vilama y Susques, donde cazadores furtivos de vicuñas dejaron un tendal de animales muertos. Se busca implementar un sistema de control efectivo ya que la caza de animales está prohibida en la provincia de Jujuy.
Días pasados, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán se reunió con autoridades de Gendarmería Nacional a propósito de episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en la localidad de Susques, ambos en la región Puna, que fueron difundidos por medios locales a través de imágenes en las que se advierte la caza furtiva de vicuñas, que tienen la fibra natural más cotizada de la industria textil.
Respecto de esta situación, la Directora de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, Mercedes Zamorano, manifestó a Radio 2 que “si bien yo soy de la Dirección de Áreas Protegidas, que en la provincia tenemos muchas áreas protegidas, no solo con rango provincial sino también nacional e internacional, y también de estas especies como es la vicuña, que es una especie protegida a nivel nacional. Lamentablemente la semana pasada hemos tenido esta noticia que sucedió en Susques, que no es la primera vez que ocurre, es un problema de hace muchos años, de larga data”.
“Los cazadores furtivos que ingresan por pasos no habilitados en nuestra Puna. La extensión de la Puna hace también que sea muy complejo llevar un control, esto fue en la zona de Olaroz Cauchari, que es una zona protegida, también en la zona de Vilama se han reportado algunas denuncias, no se ha encontrado ningún ejemplar pero son las zonas de ingreso de estos cazadores furtivos, que en su mayoría provienen de los países limítrofes vecinos: Bolivia y Chile”.
“La propia geografía de la Puna hace complicados los controles, por eso es que se está trabajando, se están realizando gestiones desde el ministerio y desde el Gobierno de la provincia con Gendarmería Nacional para poder incrementar esos controles, para mayor presencia de Gendarmería, que colabore con nuestros técnicos en los controles porque la presencia de las fuerzas de seguridad van a bajar un poco la presencia de estos cazadores furtivos”, señaló.
Caza prohibida
Por otro lado, Zamorano se refirió también a la prohibición de todo tipo de caza que rige en la provincia de Jujuy, destacando que “la caza está prohibida en toda la provincia, no solamente con respecto a la vicuña u otras especies protegidas como la taruca y el yaguareté, que son monumento nacional, la caza en general está prohibida. Y la vicuña, al ser una especie protegida nacional, tiene una normativa específica, por eso tiene una protección especial y en esto se está trabajando con las fuerzas de seguridad para que cuando ocurran estos hechos, las multas o detenciones en los casos más graves no solo sean por la portación de armas, sino por la protección específica que tiene la especie”.
“Esto se logra con capacitación a todos aquellos que están encargados de los controles para que conozcan un poco la especie. Actualmente se está trabajando para que Gendarmería pueda hacer recorridos porque también los técnicos y guardaparques hacen recorridos pero muchas veces se encuentran en una situación de desprotección de cazadores furtivos que están armados”, dijo.
En tanto, la Directora de Áreas protegidas dio cuenta también de que “en junio de este año se dio la situación de que Gendarmería detuvo a dos personas en la zona de Yavi, pero los detuvieron por la tenencia ilegal de armas, no por la vicuña. Entonces, se está trabajando para que la protección sea integral. Cuando matan al animal, dejan la carne y se llevan el cuero y la lana, que es lo que tiene valor económico, tiene un precio internacional muy alto, por eso es que dejan tirados los cuerpos”.
“Hemos tenido reuniones con la gente de la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente de la Nación, donde también nos manifestaron su preocupación, ellos también están realizando gestiones a nivel nacional para que Gendarmería pueda implementar estos controles y lo que se busca es que se pueda implementar un puesto fronterizo en Ciénaga de Paicone, donde eso va a mostrar una presencia constante de las fuerzas en la Puna”.
“En la provincia no hay específicamente una Policía Ambiental, se está trabajando en varios proyectos sobre eso, pero hasta que tengamos algo parecido se está trabajando en la capacitación de las otras fuerzas provinciales, para que también colaboren en otro tipo de procedimientos, no solo de cazadores furtivos, sino también en el tráfico de especies, el tráfico ilegal de animales, tráfico ilegal de especies arbóreas, es un trabajo integral y es fudamental también la colaboración que necesitamos”.
Parque Potrero de Yala
Asimismo, Zamorano habló también del caso de desforestación en el Parque Potrero de Yala, descubierto hace poco tiempo, remarcando que “se está trabajando en la remediación, se ha logrado todo el alambrado perimetral, se va a hacer una remediación con plantación de especies nativas como es el aliso del cerro, el pino del cerro. Calculamos que en los próximos días vamos a poder terminar con la plantación de las especies, en eso está trabajando no solamente nuestra área sino también la Dirección de Bosques que depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”.
“En cuanto a las denuncias, eso ya está encaminado en manos de la Justicia, todos los sumarios administrativos están continuando su curso dentro del mismo ministerio. Se iniciaron los sumarios correspondientes y sigue su curso legal”, puntualizó.
Y añadió que “la madera está decomisada y una vez que se resuelvan los sumarios se decidirá su destino, porque eso tiene un valor, por lo que será una decisión ministerial cuál será el destino de esa madera”.
“Si la gente se entera de hechos delictivos como el de la vicuña, tráfico de animales y todo tipo de especies, que hagan las denuncias ante el Ministerio de Ambiente para que nosotros podamos actuar con la celeridad que se necesita. También lo pueden hacer en una seccional de Policía cercana para que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros podamos actuar y mandar nuestros técnicos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 15/11/2016
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
Es a raíz de los hechos ocurridos recientemente en Vilama y Susques, donde cazadores furtivos de vicuñas dejaron un tendal de animales muertos. Se busca implementar un sistema de control efectivo ya que la caza de animales está prohibida en la provincia de Jujuy.
Días pasados, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán se reunió con autoridades de Gendarmería Nacional a propósito de episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en la localidad de Susques, ambos en la región Puna, que fueron difundidos por medios locales a través de imágenes en las que se advierte la caza furtiva de vicuñas, que tienen la fibra natural más cotizada de la industria textil.
Respecto de esta situación, la Directora de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, Mercedes Zamorano, manifestó a Radio 2 que “si bien yo soy de la Dirección de Áreas Protegidas, que en la provincia tenemos muchas áreas protegidas, no solo con rango provincial sino también nacional e internacional, y también de estas especies como es la vicuña, que es una especie protegida a nivel nacional. Lamentablemente la semana pasada hemos tenido esta noticia que sucedió en Susques, que no es la primera vez que ocurre, es un problema de hace muchos años, de larga data”.
“Los cazadores furtivos que ingresan por pasos no habilitados en nuestra Puna. La extensión de la Puna hace también que sea muy complejo llevar un control, esto fue en la zona de Olaroz Cauchari, que es una zona protegida, también en la zona de Vilama se han reportado algunas denuncias, no se ha encontrado ningún ejemplar pero son las zonas de ingreso de estos cazadores furtivos, que en su mayoría provienen de los países limítrofes vecinos: Bolivia y Chile”.
“La propia geografía de la Puna hace complicados los controles, por eso es que se está trabajando, se están realizando gestiones desde el ministerio y desde el Gobierno de la provincia con Gendarmería Nacional para poder incrementar esos controles, para mayor presencia de Gendarmería, que colabore con nuestros técnicos en los controles porque la presencia de las fuerzas de seguridad van a bajar un poco la presencia de estos cazadores furtivos”, señaló.
Caza prohibida
Por otro lado, Zamorano se refirió también a la prohibición de todo tipo de caza que rige en la provincia de Jujuy, destacando que “la caza está prohibida en toda la provincia, no solamente con respecto a la vicuña u otras especies protegidas como la taruca y el yaguareté, que son monumento nacional, la caza en general está prohibida. Y la vicuña, al ser una especie protegida nacional, tiene una normativa específica, por eso tiene una protección especial y en esto se está trabajando con las fuerzas de seguridad para que cuando ocurran estos hechos, las multas o detenciones en los casos más graves no solo sean por la portación de armas, sino por la protección específica que tiene la especie”.
“Esto se logra con capacitación a todos aquellos que están encargados de los controles para que conozcan un poco la especie. Actualmente se está trabajando para que Gendarmería pueda hacer recorridos porque también los técnicos y guardaparques hacen recorridos pero muchas veces se encuentran en una situación de desprotección de cazadores furtivos que están armados”, dijo.
En tanto, la Directora de Áreas protegidas dio cuenta también de que “en junio de este año se dio la situación de que Gendarmería detuvo a dos personas en la zona de Yavi, pero los detuvieron por la tenencia ilegal de armas, no por la vicuña. Entonces, se está trabajando para que la protección sea integral. Cuando matan al animal, dejan la carne y se llevan el cuero y la lana, que es lo que tiene valor económico, tiene un precio internacional muy alto, por eso es que dejan tirados los cuerpos”.
“Hemos tenido reuniones con la gente de la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente de la Nación, donde también nos manifestaron su preocupación, ellos también están realizando gestiones a nivel nacional para que Gendarmería pueda implementar estos controles y lo que se busca es que se pueda implementar un puesto fronterizo en Ciénaga de Paicone, donde eso va a mostrar una presencia constante de las fuerzas en la Puna”.
“En la provincia no hay específicamente una Policía Ambiental, se está trabajando en varios proyectos sobre eso, pero hasta que tengamos algo parecido se está trabajando en la capacitación de las otras fuerzas provinciales, para que también colaboren en otro tipo de procedimientos, no solo de cazadores furtivos, sino también en el tráfico de especies, el tráfico ilegal de animales, tráfico ilegal de especies arbóreas, es un trabajo integral y es fudamental también la colaboración que necesitamos”.
Parque Potrero de Yala
Asimismo, Zamorano habló también del caso de desforestación en el Parque Potrero de Yala, descubierto hace poco tiempo, remarcando que “se está trabajando en la remediación, se ha logrado todo el alambrado perimetral, se va a hacer una remediación con plantación de especies nativas como es el aliso del cerro, el pino del cerro. Calculamos que en los próximos días vamos a poder terminar con la plantación de las especies, en eso está trabajando no solamente nuestra área sino también la Dirección de Bosques que depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”.
“En cuanto a las denuncias, eso ya está encaminado en manos de la Justicia, todos los sumarios administrativos están continuando su curso dentro del mismo ministerio. Se iniciaron los sumarios correspondientes y sigue su curso legal”, puntualizó.
Y añadió que “la madera está decomisada y una vez que se resuelvan los sumarios se decidirá su destino, porque eso tiene un valor, por lo que será una decisión ministerial cuál será el destino de esa madera”.
“Si la gente se entera de hechos delictivos como el de la vicuña, tráfico de animales y todo tipo de especies, que hagan las denuncias ante el Ministerio de Ambiente para que nosotros podamos actuar con la celeridad que se necesita. También lo pueden hacer en una seccional de Policía cercana para que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros podamos actuar y mandar nuestros técnicos”, concluyó.
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Ambiente comienza a trabjar la degradación de las tierras
Encuentro para combatir la degradación de las tierras
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación convocó a diferentes organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil a participar en un encuentro que buscó definir políticas y metodologías con el fin de combatir la desertificación. La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
“La degradación de los suelos es un tema que Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo y que tiene consecuencias no sólo ambientales, sino también sociales y productivas”, explicó Moreno durante el evento realizado ayer. También dijo que “estamos buscando la forma de articular iniciativas que muchas veces funcionaron en forma aislada con otras conversaciones que también ocurren en otros ámbitos. La degradación de suelos tiene muchas implicancias”.
Además, Moreno expresó su voluntad para que “las propuestas que surjan de esta mesa, en torno a cómo abordar la lucha contra la desertificación y lograr una neutralidad de la degradación de las tierras al 2030, se empiecen a combinar con todas las discusiones que se están dando en el Gabinete Nacional de Cambio Climático”.
El encuentro se dividió en dos partes. La primera buscó definir los lineamientos políticos y metodológicos del Programa Nacional de Neutralidad de la Degradación de las Tierras, una iniciativa presentada por el Ministerio de Ambiente en julio de este año. Para ello, se conformaron dos mesas de trabajo en las que se discutieron los indicadores, las líneas de base y los instrumentos políticos y de financiamiento para lograr que la tasa de recuperación de las tierras sea igual o superior a la tasas de degradación.
Durante la segunda parte de la jornada se dialogó sobre la alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) con la nueva estrategia presentada por la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Anteriormente, la UNCCD había presentado una estrategia decenal que abarcaba el período 2008-2018, pero fue recientemente reformulada para enmarcarse en la agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya meta 15.3 propone “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación natural del suelo”.
De la jornada participaron representantes del Ministerio de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Defensoría del Pueblo, el Senado Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Ministerio de Ambiente de Jujuy, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Fundación Agreste, The Nature Conservacy (TNC), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Fundación RIE, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, OVIS 21, la Fundación Patagonia Natural, la Fundación Vida Silvestre, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER), la Fundación Proyungas, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Syngenta, la Universidad Maimónides, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA). También estuvo presente el director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, Octavio Pérez Pardo.
Degradación de las tierras y desertificación
Cabe señalar que el 70 % del territorio argentino está ocupado por tierras secas (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas), que se caracterizan por ser más vulnerables a los procesos de degradación ocasionados por un manejo no sustentable del suelo durante las actividades agropecuarias. Al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no resisten la presión del uso intensivo. El proceso de degradación de las tierras secas recibe el nombre de desertificación.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación convocó a diferentes organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil a participar en un encuentro que buscó definir políticas y metodologías con el fin de combatir la desertificación. La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
“La degradación de los suelos es un tema que Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo y que tiene consecuencias no sólo ambientales, sino también sociales y productivas”, explicó Moreno durante el evento realizado ayer. También dijo que “estamos buscando la forma de articular iniciativas que muchas veces funcionaron en forma aislada con otras conversaciones que también ocurren en otros ámbitos. La degradación de suelos tiene muchas implicancias”.
Además, Moreno expresó su voluntad para que “las propuestas que surjan de esta mesa, en torno a cómo abordar la lucha contra la desertificación y lograr una neutralidad de la degradación de las tierras al 2030, se empiecen a combinar con todas las discusiones que se están dando en el Gabinete Nacional de Cambio Climático”.
El encuentro se dividió en dos partes. La primera buscó definir los lineamientos políticos y metodológicos del Programa Nacional de Neutralidad de la Degradación de las Tierras, una iniciativa presentada por el Ministerio de Ambiente en julio de este año. Para ello, se conformaron dos mesas de trabajo en las que se discutieron los indicadores, las líneas de base y los instrumentos políticos y de financiamiento para lograr que la tasa de recuperación de las tierras sea igual o superior a la tasas de degradación.
Durante la segunda parte de la jornada se dialogó sobre la alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) con la nueva estrategia presentada por la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Anteriormente, la UNCCD había presentado una estrategia decenal que abarcaba el período 2008-2018, pero fue recientemente reformulada para enmarcarse en la agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya meta 15.3 propone “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación natural del suelo”.
De la jornada participaron representantes del Ministerio de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Defensoría del Pueblo, el Senado Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Ministerio de Ambiente de Jujuy, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Fundación Agreste, The Nature Conservacy (TNC), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Fundación RIE, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, OVIS 21, la Fundación Patagonia Natural, la Fundación Vida Silvestre, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER), la Fundación Proyungas, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Syngenta, la Universidad Maimónides, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA). También estuvo presente el director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, Octavio Pérez Pardo.
Degradación de las tierras y desertificación
Cabe señalar que el 70 % del territorio argentino está ocupado por tierras secas (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas), que se caracterizan por ser más vulnerables a los procesos de degradación ocasionados por un manejo no sustentable del suelo durante las actividades agropecuarias. Al poseer menor cantidad de materia orgánica, su capacidad productiva es menor y no resisten la presión del uso intensivo. El proceso de degradación de las tierras secas recibe el nombre de desertificación.
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Denuncian el apoyo de Macri a la Barrick Gold
Greenpeace usa calaveras de oro para denunciar el apoyo de Macri a Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Greenpeace colocó hoy carros mineros llenos de calaveras color oro frente a la Casa Rosada para denunciar la supuesta connivencia del presidente argentino, Mauricio Macri, con la minera canadiense Barrick Gold, cuya actividad en el país, critica, es un atentado contra el medioambiente y los glaciares.
Vestidos de ejecutivos, con cascos de obra sobre la cabeza, 15 activistas de la ONG ambientalista se plantaron hoy en la porteña Plaza de Mayo con el mensaje "Macri, los glaciares no se tocan", y pidieron al mandatario que cumpla la ley que prohíbe cualquier actividad minera cerca de áreas de glaciares.
Además, exigieron al dirigente que clausure la mina de Veladero, que explota Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste), donde en septiembre se produjo un derrame de cianuro, justo un año después de otro polémico escape de unos 1.072 metros cúbicos en la misma planta que todavía es investigado por la Justicia argentina.
"Veladero no solo viola la ley de glaciares, sino que fue la responsable de haber vertido más de un millón de litros de solución de cianuro en septiembre del año pasado en la tragedia más grande a nivel de minería que tuvo nuestro país", dijo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de la ONG en Argentina.
Mientras la legislación, sancionada por el Parlamento en 2010, prohíbe cualquier actividad industrial en áreas glaciares o periglaciares de la cordillera, el Ministerio de Ambiente publicó recientemente un documento en el que informa de que existen hasta 44 emprendimientos mineros en este tipo de espacios protegidos.
"El Gobierno parece promover la actividad minera en detrimento del medioambiente", denunció Strano a Efe, a la vez que criticó que Macri aprobara poco después de asumir como presidente la eliminación de las retenciones al sector minero "como un premio a la actividad que tanto daño hace a nuestros recursos hídricos".
"Es importante que Macri se ponga la camiseta de los glaciares y cierre la mina de Veladero", zanjó.
No obstante, para el portavoz de Greenpeace, la inacción de este Gobierno ante lo que consideran una ataque a la naturaleza trasciende el signo ideológico, ya que, dijo, "todos los Gobiernos desde Carlos Ménem han apoyado al sector minero sin preocuparse por el medio ambiente".
"La anterior presidenta, Cristina Fernández, se juntó cuatro veces con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, y nunca con un asambleísta minero", recordó al término de la protesta, que duró escasos minutos, ya que los activistas fueron rápidamente desalojados por los efectivos policiales que custodian la zona.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Greenpeace colocó hoy carros mineros llenos de calaveras color oro frente a la Casa Rosada para denunciar la supuesta connivencia del presidente argentino, Mauricio Macri, con la minera canadiense Barrick Gold, cuya actividad en el país, critica, es un atentado contra el medioambiente y los glaciares.
Vestidos de ejecutivos, con cascos de obra sobre la cabeza, 15 activistas de la ONG ambientalista se plantaron hoy en la porteña Plaza de Mayo con el mensaje "Macri, los glaciares no se tocan", y pidieron al mandatario que cumpla la ley que prohíbe cualquier actividad minera cerca de áreas de glaciares.
Además, exigieron al dirigente que clausure la mina de Veladero, que explota Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste), donde en septiembre se produjo un derrame de cianuro, justo un año después de otro polémico escape de unos 1.072 metros cúbicos en la misma planta que todavía es investigado por la Justicia argentina.
"Veladero no solo viola la ley de glaciares, sino que fue la responsable de haber vertido más de un millón de litros de solución de cianuro en septiembre del año pasado en la tragedia más grande a nivel de minería que tuvo nuestro país", dijo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de la ONG en Argentina.
Mientras la legislación, sancionada por el Parlamento en 2010, prohíbe cualquier actividad industrial en áreas glaciares o periglaciares de la cordillera, el Ministerio de Ambiente publicó recientemente un documento en el que informa de que existen hasta 44 emprendimientos mineros en este tipo de espacios protegidos.
"El Gobierno parece promover la actividad minera en detrimento del medioambiente", denunció Strano a Efe, a la vez que criticó que Macri aprobara poco después de asumir como presidente la eliminación de las retenciones al sector minero "como un premio a la actividad que tanto daño hace a nuestros recursos hídricos".
"Es importante que Macri se ponga la camiseta de los glaciares y cierre la mina de Veladero", zanjó.
No obstante, para el portavoz de Greenpeace, la inacción de este Gobierno ante lo que consideran una ataque a la naturaleza trasciende el signo ideológico, ya que, dijo, "todos los Gobiernos desde Carlos Ménem han apoyado al sector minero sin preocuparse por el medio ambiente".
"La anterior presidenta, Cristina Fernández, se juntó cuatro veces con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, y nunca con un asambleísta minero", recordó al término de la protesta, que duró escasos minutos, ya que los activistas fueron rápidamente desalojados por los efectivos policiales que custodian la zona.
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El polémico zoo de Mendoza cerró para siempre
Los guanacos fueron los últimos en irse del zoo de Mendoza, que cerró para siempre
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
El traslado de los animales marcó el cierre definitivo del Zoológico de San Rafael, como habían acordado sus autoridades y organizaciones ambientalistas y defensoras de los animales.
Los guanacos fueron trasladados a una reserva sanrafaelina en la zona de las Salinas del Diamante en El Nihuil, con lo que el predio que ocupaba el zoo en el parque Mariano Moreno quedó vacío, informó la comuna.
“Acompañé cada uno de los traslados y me aseguré in situ que todos fueran felices en sus nuevos hogares”, dijo hoy Josefina Mazzini, miembro de Cultura Animal que trabajó dos años arduamente con reservas naturales y santuarios para reubicar los animales en el mejor lugar posible.
A partir de ahora, el predio donde estuvo el zoológico, a pocos kilómetros San Rafael, se convertirá en un parque-camping gestionado por las agrupaciones gauchas locales.
La mona capuchina "Panchi" inició la aventura liberadora el 15 de diciembre de 2014 cuando la llevaron a una reserva llena de árboles en la localidad cordobesa de La Cumbre, donde trabajan profesionales y voluntarios de todo el mundo y convive con otros 170 ejemplares de primates.
Hastiados de las jaulas y las piletas artificiales la siguieron el ciervo y la tortuga de agua, que ahora viven en el parque ecológico urbano de Río Cuarto (Córdoba); los burros; un par de jabalíes; decenas de aves de rapiña que pueden volar a sus anchas y a la altura que les plazca en un predio de conservación de carnívoros silvestres en San Carlos (Mendoza) y una curiosa lechuza.
Entidades protectoras de animales, veterinarios y el municipio coincidieron en este logro de darle un nuevo y feliz destino a los animales y cerrar para siempre el predio, que funcionaba desde 1958.
“No queremos más zoológicos en San Rafael. Tenemos reportes de los lugares donde los recibieron que nos dicen que están muy bien y que no tuvieron ningún problema de adaptación”, afirmó hoy el intendente, Emir Félix, y reconoció que “los animales están más felices ahora".
La decisión del municipio de cerrar el zoo, al que nadie podía ingresar desde hace dos años, “hizo que desde muchos lugares de la Argentina nos llamaran para imitar la iniciativa”, comentó Félix.
El zoológico llevaba el nombre de Mario Bonandi, quien lo fundó hace más de medio siglo como un emprendimiento particular hasta que por razones de espacio el municipio le cedió predio de siete hectáreas, del que sólo se ocupaban dos.
En 2011 los concejales aprobaron un proyecto de reestructuración que proponía convertirlo en granja educativa y sumar una huerta orgánica que formara parte del paseo para los niños, pero jamás se puso en vigencia.
Antes de derivar los animales el zoo tenía 1 pavo real, 8 patos Pekín, 1 iguana tropical, 1 loro barranquero, 2 gallinetas, 4 lechuzas, 10 cobayos, 1 oveja somalí, 3 gallinas polacas, 1 mono aullador o carayá, 1 mono caí, 3 vizcachas, 10 tortugas, 1 coatí, 2 caranchos, 2 águilas coronadas, 2 pumas, 2 hurones, 4 aguiluchos, 2 cóndores, 3 jabalíes, 3 guanacos, 1 ciervo colorado, 7 ciervos Dama y 2 burros.
También en la ciudad de Mendoza está cerrado el zoológico, que había entrado en una espiral de decadencia de la que no pudo salir: 70 muertes en los primeros meses del año y otros hechos incalificables, como la supuesta herida de bala del hipopótamo y las sospechas de tráfico de fauna, lo pusieron en el ojo de la opinión pública.
En medio de la polémica realizaron tareas de mantenimiento en los corrales que se vieron afectadas por distintas variables, como la superpoblación de animales y un temporal, y hubo reclamos para que no rematen a los animales cuando se propuso cerrarlo.
La ya difícil situación sumó tristeza el 3 de julio a la tarde cuando murió el oso polar Arturo, cuya salud se deterioraba y los medios periodísticos seguían su estado a través de partes diarios de los veterinarios.
Arturo venía de un proceso de descompensación y un marcado deterioro irreversible, con un cuadro clínico terminal debido a su avanzada edad pues estaba a punto de cumplir 31 años, diez más que el promedio de vida para su especie.
Las discusiones en torno al zoo mendocino aceleraron procesos similares en otros puntos del país.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
El traslado de los animales marcó el cierre definitivo del Zoológico de San Rafael, como habían acordado sus autoridades y organizaciones ambientalistas y defensoras de los animales.
Los guanacos fueron trasladados a una reserva sanrafaelina en la zona de las Salinas del Diamante en El Nihuil, con lo que el predio que ocupaba el zoo en el parque Mariano Moreno quedó vacío, informó la comuna.
“Acompañé cada uno de los traslados y me aseguré in situ que todos fueran felices en sus nuevos hogares”, dijo hoy Josefina Mazzini, miembro de Cultura Animal que trabajó dos años arduamente con reservas naturales y santuarios para reubicar los animales en el mejor lugar posible.
A partir de ahora, el predio donde estuvo el zoológico, a pocos kilómetros San Rafael, se convertirá en un parque-camping gestionado por las agrupaciones gauchas locales.
La mona capuchina "Panchi" inició la aventura liberadora el 15 de diciembre de 2014 cuando la llevaron a una reserva llena de árboles en la localidad cordobesa de La Cumbre, donde trabajan profesionales y voluntarios de todo el mundo y convive con otros 170 ejemplares de primates.
Hastiados de las jaulas y las piletas artificiales la siguieron el ciervo y la tortuga de agua, que ahora viven en el parque ecológico urbano de Río Cuarto (Córdoba); los burros; un par de jabalíes; decenas de aves de rapiña que pueden volar a sus anchas y a la altura que les plazca en un predio de conservación de carnívoros silvestres en San Carlos (Mendoza) y una curiosa lechuza.
Entidades protectoras de animales, veterinarios y el municipio coincidieron en este logro de darle un nuevo y feliz destino a los animales y cerrar para siempre el predio, que funcionaba desde 1958.
“No queremos más zoológicos en San Rafael. Tenemos reportes de los lugares donde los recibieron que nos dicen que están muy bien y que no tuvieron ningún problema de adaptación”, afirmó hoy el intendente, Emir Félix, y reconoció que “los animales están más felices ahora".
La decisión del municipio de cerrar el zoo, al que nadie podía ingresar desde hace dos años, “hizo que desde muchos lugares de la Argentina nos llamaran para imitar la iniciativa”, comentó Félix.
El zoológico llevaba el nombre de Mario Bonandi, quien lo fundó hace más de medio siglo como un emprendimiento particular hasta que por razones de espacio el municipio le cedió predio de siete hectáreas, del que sólo se ocupaban dos.
En 2011 los concejales aprobaron un proyecto de reestructuración que proponía convertirlo en granja educativa y sumar una huerta orgánica que formara parte del paseo para los niños, pero jamás se puso en vigencia.
Antes de derivar los animales el zoo tenía 1 pavo real, 8 patos Pekín, 1 iguana tropical, 1 loro barranquero, 2 gallinetas, 4 lechuzas, 10 cobayos, 1 oveja somalí, 3 gallinas polacas, 1 mono aullador o carayá, 1 mono caí, 3 vizcachas, 10 tortugas, 1 coatí, 2 caranchos, 2 águilas coronadas, 2 pumas, 2 hurones, 4 aguiluchos, 2 cóndores, 3 jabalíes, 3 guanacos, 1 ciervo colorado, 7 ciervos Dama y 2 burros.
También en la ciudad de Mendoza está cerrado el zoológico, que había entrado en una espiral de decadencia de la que no pudo salir: 70 muertes en los primeros meses del año y otros hechos incalificables, como la supuesta herida de bala del hipopótamo y las sospechas de tráfico de fauna, lo pusieron en el ojo de la opinión pública.
En medio de la polémica realizaron tareas de mantenimiento en los corrales que se vieron afectadas por distintas variables, como la superpoblación de animales y un temporal, y hubo reclamos para que no rematen a los animales cuando se propuso cerrarlo.
La ya difícil situación sumó tristeza el 3 de julio a la tarde cuando murió el oso polar Arturo, cuya salud se deterioraba y los medios periodísticos seguían su estado a través de partes diarios de los veterinarios.
Arturo venía de un proceso de descompensación y un marcado deterioro irreversible, con un cuadro clínico terminal debido a su avanzada edad pues estaba a punto de cumplir 31 años, diez más que el promedio de vida para su especie.
Las discusiones en torno al zoo mendocino aceleraron procesos similares en otros puntos del país.
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