Denuncia internacional por Veladero
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Denuncian al Estado argentino por violación a los derechos humanos y ambientales en la mina Veladero
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La presentación la realizó un grupo de abogados cordobeses en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en Washington decidirán si es admisible
Un grupo de abogados de esta ciudad denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por "violación a los derechos humanos y derechos ambientales" en perjuicio de los vecinos de Jáchal, en San Juan. El estudio jurídico Iuris & Iuris actuó en representación de la asamblea autoconvocada que reclama el cierre de la mina Veladero que explota la empresa Barrick Gold y que en el último año registró dos incidentes ambientales.
Los abogados Fabián Manrique, Laura Garrido Peralta y Pablo Luque hicieron la presentación y ahora esperan que la Comisión declare la admisibilidad de la denuncia para avanzar con el proceso. "No buscamos un perjuicio al Estado, sino llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a todos", explicó a LA NACION Garrido Peralta.
La mina opera con normalidad desde el 4 de octubre, cuando el juez de paz de Iglesia, en reemplazo del magistrado natural de la causa, Pablo Oritja, y de la jueza de paz de Jáchal, de licencia, levantó la clausura impuesta por el gobierno sanjuanino después del segundo incidente, ocurrido un año después del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada.
Para la justicia, las bolsas de plástico rellenas con tierra con que se levantó 1,20 metros la altura de los 7,5 kilómetros de las bermas (paredes de contención) del valle de lixiviación son suficientes como prevención ante nuevos derrames. El trabajo fue parte de las exigencias del gobierno provincial.
Garrido Peralta sostiene que es el Estado nacional el responsable de "garantizar y resguardar" la salud de la población y de establecer las normas para la actividad de la empresa. "Debería haber tomado parte en el asunto para evitar que se produjeran los incidentes que hubo", dijo. Según la denuncia, se violaron los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
"Estamos convencidos de que hubo un atropello de los derechos humanos y a los principios y normas de protección y cuidado del medio ambiente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales ratificados por la Argentina", agrega la abogada.
En la presentación se solicita a la Comisión que "intervenga de inmediato, disponga una investigación seria y objetiva de lo sucedido". Los abogados entienden que se deben tomar medidas para que "cesen de manera definitiva e inmediata los daños ambientales y los ya provocados en la salud".
Cuestionamientos
Después del segundo incidente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuestionó que la compañía "se venía manejando con niveles de descontrol, inmunidad e impunidad inaceptables" y advirtió que había que prepararse para un "escenario de cierre" de la mina.
Sin embargo, su accionar se limitó a hacer una denuncia ante la Justicia sanjuanina. En ese sentido, recordó que "las actividades mineras y el uso de los recursos naturales son autonomías soberanas de las provincias".
Desde la empresa ratificaron que hay reservas hasta 2024 y que continuarán trabajando. Sostienen que cumplen con todas las normas y que no hay daños al ambiente glaciar y periglaciar. Desde la asamblea, en cambio, insisten en que hay contaminación de aguas y reclaman el cese de la actividad.
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Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La presentación la realizó un grupo de abogados cordobeses en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en Washington decidirán si es admisible
Un grupo de abogados de esta ciudad denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por "violación a los derechos humanos y derechos ambientales" en perjuicio de los vecinos de Jáchal, en San Juan. El estudio jurídico Iuris & Iuris actuó en representación de la asamblea autoconvocada que reclama el cierre de la mina Veladero que explota la empresa Barrick Gold y que en el último año registró dos incidentes ambientales.
Los abogados Fabián Manrique, Laura Garrido Peralta y Pablo Luque hicieron la presentación y ahora esperan que la Comisión declare la admisibilidad de la denuncia para avanzar con el proceso. "No buscamos un perjuicio al Estado, sino llegar a un acuerdo entre las partes que beneficie a todos", explicó a LA NACION Garrido Peralta.
La mina opera con normalidad desde el 4 de octubre, cuando el juez de paz de Iglesia, en reemplazo del magistrado natural de la causa, Pablo Oritja, y de la jueza de paz de Jáchal, de licencia, levantó la clausura impuesta por el gobierno sanjuanino después del segundo incidente, ocurrido un año después del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada.
Para la justicia, las bolsas de plástico rellenas con tierra con que se levantó 1,20 metros la altura de los 7,5 kilómetros de las bermas (paredes de contención) del valle de lixiviación son suficientes como prevención ante nuevos derrames. El trabajo fue parte de las exigencias del gobierno provincial.
Garrido Peralta sostiene que es el Estado nacional el responsable de "garantizar y resguardar" la salud de la población y de establecer las normas para la actividad de la empresa. "Debería haber tomado parte en el asunto para evitar que se produjeran los incidentes que hubo", dijo. Según la denuncia, se violaron los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
"Estamos convencidos de que hubo un atropello de los derechos humanos y a los principios y normas de protección y cuidado del medio ambiente reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales ratificados por la Argentina", agrega la abogada.
En la presentación se solicita a la Comisión que "intervenga de inmediato, disponga una investigación seria y objetiva de lo sucedido". Los abogados entienden que se deben tomar medidas para que "cesen de manera definitiva e inmediata los daños ambientales y los ya provocados en la salud".
Cuestionamientos
Después del segundo incidente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuestionó que la compañía "se venía manejando con niveles de descontrol, inmunidad e impunidad inaceptables" y advirtió que había que prepararse para un "escenario de cierre" de la mina.
Sin embargo, su accionar se limitó a hacer una denuncia ante la Justicia sanjuanina. En ese sentido, recordó que "las actividades mineras y el uso de los recursos naturales son autonomías soberanas de las provincias".
Desde la empresa ratificaron que hay reservas hasta 2024 y que continuarán trabajando. Sostienen que cumplen con todas las normas y que no hay daños al ambiente glaciar y periglaciar. Desde la asamblea, en cambio, insisten en que hay contaminación de aguas y reclaman el cese de la actividad.
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Barrick Gold,
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Mocase se une a la Uader para llevar adelante programas
El Mocase estrechó sus vínculos con la Universidad
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Santiago del Estero - Entre Ríos
Miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) visitaron Entre Ríos hace unos días con el objetivo de profundizar los vínculos que mantienen con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La histórica organización santiagueña, que se ha extendido a otras provincias, ofreció a la casa de estudios entrerriana sus conocimientos ancestrales sobre ecología, trabajo de la tierra y hasta de salud, contaron a UNO Ángel Strapazzon, Pedro Lunello y Margarita Gómez, quienes visitaron la Redacción acompañados del docente Manuel Ramat.
Como director de carrera del Profesorado de Educación Tecnológica de la Uader, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Ramat impulsó un convenio entre la Universidad Campesina (Unicam) del Mocase y la Uader, que se firmó en setiembre. Para profundizar esta vinculación, representantes del Movimiento llegaron a Entre Ríos para contactarse con las otras facultades con la idea de darle contenido a ese acuerdo y avanzar en nuevos convenios. Desde 2010 se realizan visitas e intercambios de alumnos y docentes de las escuelas Alberdi y Almafuerte con la Escuela de Agroecología de Quimilí y la Unicam.
Soberanía alimentaria, modelo productivo, la lucha por la tierra de campesinos y pueblos originarios y la propuesta de educación popular son ejes que se incorporan a través de esos intercambios.
Ángel Strapazzon destacó la descentralización de las carreras de la Uader y su propuesta académica de producción de conocimiento y tecnología. En ese sentido, dijo que buscan estrechar vínculos con las cátedras y afirmar los existentes con las escuelas agrotécnicas. Les interesa acercar la cuestión agraria a lo urbano, a la juventud y a las mujeres. Otro tema que interesa es la ecología: "Avanzar tecnológicamente, pero causando el menor impacto ambiental. Por eso también nos interesa la investigación, en función de un planeta que produzca todo lo que tiene para producir, pero con mayor cuidado".
"A los estudiantes de Entre Ríos les podemos aportar el amor a la tierra. En China, en Estados Unidos y Europa se está pensando que las grandes ciudades no son lo más sano y lo más conveniente. Se está pensando en comunas. Nosotros deberíamos decir en Ayllus, como lo organizó el mundo inca. Antes las maestras rurales les decían a los jóvenes: 'estudien porque si no se van a quedar toda la vida en el campo', como si quedarse en el campo fuera ser ignorante, atrasado o menos realizado. Hoy la tecnología está en las zonas rurales y nos permite estar comunicados, viajar por el mundo con nuestros aparatitos (por los celulares)", reflexionó Ángel.
Otra contribución posible pasa por la salud. "Podemos aportar que los jóvenes sanen", dijo. "Tenemos experiencia de recibir muchos chicos y chicas de Rosario que la Justicia envía en casos muy límites de drogadicción. Los jóvenes se sanan con esta metodología que inventamos: una psicología pedagógica social que no mira hacia el pasado sino al futuro y no utiliza tanto la palabra sino la acción: producir, trabajar, industrializar, no tanto individualmente, sino en forma comunitaria".
Strapazzon está en el Mocase desde que tenía 19 años. La organización retomó la experiencia de las Ligas Agrarias, en los años de la dictadura y hoy ha crecido no solo en Santiago del Estero sino también en otras provincias como Misiones. Pedro Lunello agregó: "Nosotros pensamos que es fundamental dar esta batalla en la universidad, existe una manera de mirar y de creer y de desarrollar la vida y que pasa por el campo y no es la que se intenta imponer del agronegocio. Siempre se habló del campesinado y de los pueblos originarios como excluidos, pero la alimentación del mundo dependió siempre y aún depende de estos grupos. Tenemos que desarmar toda esta mentira".
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Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Santiago del Estero - Entre Ríos
Miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) visitaron Entre Ríos hace unos días con el objetivo de profundizar los vínculos que mantienen con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La histórica organización santiagueña, que se ha extendido a otras provincias, ofreció a la casa de estudios entrerriana sus conocimientos ancestrales sobre ecología, trabajo de la tierra y hasta de salud, contaron a UNO Ángel Strapazzon, Pedro Lunello y Margarita Gómez, quienes visitaron la Redacción acompañados del docente Manuel Ramat.
Como director de carrera del Profesorado de Educación Tecnológica de la Uader, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Ramat impulsó un convenio entre la Universidad Campesina (Unicam) del Mocase y la Uader, que se firmó en setiembre. Para profundizar esta vinculación, representantes del Movimiento llegaron a Entre Ríos para contactarse con las otras facultades con la idea de darle contenido a ese acuerdo y avanzar en nuevos convenios. Desde 2010 se realizan visitas e intercambios de alumnos y docentes de las escuelas Alberdi y Almafuerte con la Escuela de Agroecología de Quimilí y la Unicam.
Soberanía alimentaria, modelo productivo, la lucha por la tierra de campesinos y pueblos originarios y la propuesta de educación popular son ejes que se incorporan a través de esos intercambios.
Ángel Strapazzon destacó la descentralización de las carreras de la Uader y su propuesta académica de producción de conocimiento y tecnología. En ese sentido, dijo que buscan estrechar vínculos con las cátedras y afirmar los existentes con las escuelas agrotécnicas. Les interesa acercar la cuestión agraria a lo urbano, a la juventud y a las mujeres. Otro tema que interesa es la ecología: "Avanzar tecnológicamente, pero causando el menor impacto ambiental. Por eso también nos interesa la investigación, en función de un planeta que produzca todo lo que tiene para producir, pero con mayor cuidado".
"A los estudiantes de Entre Ríos les podemos aportar el amor a la tierra. En China, en Estados Unidos y Europa se está pensando que las grandes ciudades no son lo más sano y lo más conveniente. Se está pensando en comunas. Nosotros deberíamos decir en Ayllus, como lo organizó el mundo inca. Antes las maestras rurales les decían a los jóvenes: 'estudien porque si no se van a quedar toda la vida en el campo', como si quedarse en el campo fuera ser ignorante, atrasado o menos realizado. Hoy la tecnología está en las zonas rurales y nos permite estar comunicados, viajar por el mundo con nuestros aparatitos (por los celulares)", reflexionó Ángel.
Otra contribución posible pasa por la salud. "Podemos aportar que los jóvenes sanen", dijo. "Tenemos experiencia de recibir muchos chicos y chicas de Rosario que la Justicia envía en casos muy límites de drogadicción. Los jóvenes se sanan con esta metodología que inventamos: una psicología pedagógica social que no mira hacia el pasado sino al futuro y no utiliza tanto la palabra sino la acción: producir, trabajar, industrializar, no tanto individualmente, sino en forma comunitaria".
Strapazzon está en el Mocase desde que tenía 19 años. La organización retomó la experiencia de las Ligas Agrarias, en los años de la dictadura y hoy ha crecido no solo en Santiago del Estero sino también en otras provincias como Misiones. Pedro Lunello agregó: "Nosotros pensamos que es fundamental dar esta batalla en la universidad, existe una manera de mirar y de creer y de desarrollar la vida y que pasa por el campo y no es la que se intenta imponer del agronegocio. Siempre se habló del campesinado y de los pueblos originarios como excluidos, pero la alimentación del mundo dependió siempre y aún depende de estos grupos. Tenemos que desarmar toda esta mentira".
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Procurador de la CS pone freno a desmontes en Jujuy
Freno a los desmontes
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, dictaminó que se debe dejar sin efecto una sentencia que autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en Jujuy. “La decisión se apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”, indicó el dictamen.
En el caso, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dejó sin efecto la sentencia de grado que había declarado la nulidad de las resoluciones de la Dirección provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, mediante las cuales se autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en la localidad de Palma Sola en el marco de los autos “M., A. P. y otros c/ Estado Provincial – D. Prov. de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram SA”.
En este contexto, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, dictaminó en favor de la procedencia de un recurso de queja interpuesto por los habitantes de la población. En este sentido, calificó como “arbitraria” la decisión, ya que se “apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”.
Asimismo, recordó que la Sala II del tribunal en lo Contencioso Administrativo había indicado la “relevancia de la zona boscosa en conflicto, al ser un nexo entre las yungas y el chaco salteño, y había señalado la ausencia de planificación y determinación de corredores ecológicos en el diagrama del desmonte con el objeto de preservar la biodiversidad existente”.
El Procurador consideró que “para hacer lugar a la demanda, no se requería un pronunciamiento sobre la acreditación de daño”, y explicó: “En función del deber genérico de prevención y del principio precautorio, bastaba con acreditar la posibilidad o el peligro de que el daño o el impacto ambiental negativo se produjera como resultado del desmonte”.
Para Abramovich, el tribunal “debió entender que la autoridad administrativa tenía el deber de analizarlas para decidir si correspondía autorizar las respectivas solicitudes de desmonte, en tanto resultaban fundamentales para la prevención del daño ambiental”.
Asimismo, consignó que la resolución “no ponderó que la autorización de desmonte comprendía una superficie mayor a la detallada en el Estudio de Impacto Ambiental ni el alcance parcial de las inspecciones ejecutadas por el personal técnico”.
Finalmente, destacó que “no se analizó de manera adecuada las observaciones específicas efectuadas a partir de las inspección”, y concluyó: “Todo ello torna descalificable el pronunciamiento apelado como acto jurisdiccional sobre la base de la doctrina de arbitrariedad de sentencia”.
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Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, dictaminó que se debe dejar sin efecto una sentencia que autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en Jujuy. “La decisión se apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”, indicó el dictamen.
En el caso, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dejó sin efecto la sentencia de grado que había declarado la nulidad de las resoluciones de la Dirección provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, mediante las cuales se autorizó el desmonte de 1479 hectáreas en la localidad de Palma Sola en el marco de los autos “M., A. P. y otros c/ Estado Provincial – D. Prov. de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa Cram SA”.
En este contexto, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, dictaminó en favor de la procedencia de un recurso de queja interpuesto por los habitantes de la población. En este sentido, calificó como “arbitraria” la decisión, ya que se “apartó del principio precautorio que rige a la materia bajo análisis y que debe prevalecer cuando se trata de la protección de bosques nativos”.
Asimismo, recordó que la Sala II del tribunal en lo Contencioso Administrativo había indicado la “relevancia de la zona boscosa en conflicto, al ser un nexo entre las yungas y el chaco salteño, y había señalado la ausencia de planificación y determinación de corredores ecológicos en el diagrama del desmonte con el objeto de preservar la biodiversidad existente”.
El Procurador consideró que “para hacer lugar a la demanda, no se requería un pronunciamiento sobre la acreditación de daño”, y explicó: “En función del deber genérico de prevención y del principio precautorio, bastaba con acreditar la posibilidad o el peligro de que el daño o el impacto ambiental negativo se produjera como resultado del desmonte”.
Para Abramovich, el tribunal “debió entender que la autoridad administrativa tenía el deber de analizarlas para decidir si correspondía autorizar las respectivas solicitudes de desmonte, en tanto resultaban fundamentales para la prevención del daño ambiental”.
Asimismo, consignó que la resolución “no ponderó que la autorización de desmonte comprendía una superficie mayor a la detallada en el Estudio de Impacto Ambiental ni el alcance parcial de las inspecciones ejecutadas por el personal técnico”.
Finalmente, destacó que “no se analizó de manera adecuada las observaciones específicas efectuadas a partir de las inspección”, y concluyó: “Todo ello torna descalificable el pronunciamiento apelado como acto jurisdiccional sobre la base de la doctrina de arbitrariedad de sentencia”.
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Damián Verzeñassi ganó otra batalla
Damián Verzeñassi ganó otra batalla
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Concordia 7
Provincia/Región: Santa Fe
La noticia más esperada, finalmente ocurrió. El médico paranense Damián Verzeñassi logró recuperar el voluminoso archivo colectado a través del trabajo de los campamentos sanitarios hechos en Santa Fe y Entre Ríos y que contiene información valiosísima sobre el impacto del uso de pesticidas en la salud de la población.
“Gracias a los apoyos recibidos! Hemos logrado recuperar la custodia de la documental de los #CampamentosSanitarios”, escribió Verzeñassi en su cuenta de Twitter, luego de la campaña nacional e internacional de apoyo que se desató no bien la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario empezó a aplicar recortes de profesionales y amenazó con eliminar el programa que dirige el médico paranaense.
La responsabilidad por ese recorte recayó en el decano de Ciencias Médicas, Ricardo Nidd, que públicamente se despegó del entredicho. “Lejos de esa inculpación, nuestra Facultad ha dado sobradas muestras del compromiso social por las causas populares. Desde su modelo de ingreso irrestricto y de currículas innovadas basadas en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, hasta mi manifestación pública en defensa de la Salud como Derecho y el posicionamiento en favor de la Salud Colectiva, en la cual, la lucha por la Salud Socioambiental es una temática innegociable. Este decanato favoreció y gestionó personalmente la asignación de los recursos necesarios para los campamentos sanitarios que se realizan al cierre de la Práctica Final y de los cuales se obtiene toda la información, que obra en poder de sus organizadores: el Dr. Verzeñassi y el Dr. Palacios al frente de ellos”, manifestó.
Y dijo que las denuncias públicas de Vezeñassi, “que es docente de la Casa y responsable académico de la Práctica Final, pero que no es Investigador Acreditado de la Facultad, no forma parte de ningún organismo vinculado a la Investigación Científica y que tampoco es Epidemiólogo titulado aparecen posteriormente a un conflicto suscitado a mediados de agosto, cuando él presentó un proyecto de Práctica Final que a consideración del grupo de gestión y mía, perjudicaba a todos los estudiantes y era resistido por las agrupaciones estudiantiles, por lo que lo desactivé en el marco del Consejo Directivo”.
Lo que había ocurrido es que la Facultad clausuró el lugar que ocupaban Verzeñassi y su equipo, y separó profesionales. Además, corría serio riesgo de pérdida la información colectada en los campamentos sanitarios.
Ahora, los integrantes del equipo de trabajo del Instituto y la materia Salud Socioambiental y de los Campamentos Sanitarios y Práctica Final de la Carrera de Medicina de la UNR queremos hacer público nuestro profundo agradecimiento a quienes desde los más diversos rincones del planeta nos han hecho llegar su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que se han vivido en nuestra Facultad en las últimas semanas”.
“Nos urge poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto, que en el día de la fecha, con la presencia del asesor jurídico de la Facultad de Ciencias Médicas, fue posible ingresar en la oficina donde se encontraba el material documental referido a los Campamentos Sanitarios realizados hasta la fecha y trasladar el mismo, previo inventario, a la sede del Instituto de Salud Socioambiental (ubicada dentro de la Institución) para, de esta manera, reiniciar el proceso de trabajo de análisis de los datos y construcción de los informes finales”, señalaron.
Y agregaron: “Sin dudas las innumerables muestras de solidaridad recibidas de movimientos sociales, vecinos y vecinas, intelectuales, académicos, artistas, periodistas, trabajadores de la educación y de la salud públicas, investigadores, entidades gremiales, legisladores, referentes sociales, así como las acciones de muchos actores que desde sus lugares garantizaron la posibilidad de recuperación de algunos diálogos, permitió que en el día de la fecha el Decano de la Facultad se comprometa además de permitirnos acceder y recuperar la documental reclamada, a garantizar la continuidad de los Campamentos Sanitarios, así como del funcionamiento del Instituto y la materia Salud Socioambiental, y la libertad de trabajo de todos sus miembros”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Concordia 7
Provincia/Región: Santa Fe
La noticia más esperada, finalmente ocurrió. El médico paranense Damián Verzeñassi logró recuperar el voluminoso archivo colectado a través del trabajo de los campamentos sanitarios hechos en Santa Fe y Entre Ríos y que contiene información valiosísima sobre el impacto del uso de pesticidas en la salud de la población.
“Gracias a los apoyos recibidos! Hemos logrado recuperar la custodia de la documental de los #CampamentosSanitarios”, escribió Verzeñassi en su cuenta de Twitter, luego de la campaña nacional e internacional de apoyo que se desató no bien la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario empezó a aplicar recortes de profesionales y amenazó con eliminar el programa que dirige el médico paranaense.
La responsabilidad por ese recorte recayó en el decano de Ciencias Médicas, Ricardo Nidd, que públicamente se despegó del entredicho. “Lejos de esa inculpación, nuestra Facultad ha dado sobradas muestras del compromiso social por las causas populares. Desde su modelo de ingreso irrestricto y de currículas innovadas basadas en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, hasta mi manifestación pública en defensa de la Salud como Derecho y el posicionamiento en favor de la Salud Colectiva, en la cual, la lucha por la Salud Socioambiental es una temática innegociable. Este decanato favoreció y gestionó personalmente la asignación de los recursos necesarios para los campamentos sanitarios que se realizan al cierre de la Práctica Final y de los cuales se obtiene toda la información, que obra en poder de sus organizadores: el Dr. Verzeñassi y el Dr. Palacios al frente de ellos”, manifestó.
Y dijo que las denuncias públicas de Vezeñassi, “que es docente de la Casa y responsable académico de la Práctica Final, pero que no es Investigador Acreditado de la Facultad, no forma parte de ningún organismo vinculado a la Investigación Científica y que tampoco es Epidemiólogo titulado aparecen posteriormente a un conflicto suscitado a mediados de agosto, cuando él presentó un proyecto de Práctica Final que a consideración del grupo de gestión y mía, perjudicaba a todos los estudiantes y era resistido por las agrupaciones estudiantiles, por lo que lo desactivé en el marco del Consejo Directivo”.
Lo que había ocurrido es que la Facultad clausuró el lugar que ocupaban Verzeñassi y su equipo, y separó profesionales. Además, corría serio riesgo de pérdida la información colectada en los campamentos sanitarios.
Ahora, los integrantes del equipo de trabajo del Instituto y la materia Salud Socioambiental y de los Campamentos Sanitarios y Práctica Final de la Carrera de Medicina de la UNR queremos hacer público nuestro profundo agradecimiento a quienes desde los más diversos rincones del planeta nos han hecho llegar su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que se han vivido en nuestra Facultad en las últimas semanas”.
“Nos urge poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto, que en el día de la fecha, con la presencia del asesor jurídico de la Facultad de Ciencias Médicas, fue posible ingresar en la oficina donde se encontraba el material documental referido a los Campamentos Sanitarios realizados hasta la fecha y trasladar el mismo, previo inventario, a la sede del Instituto de Salud Socioambiental (ubicada dentro de la Institución) para, de esta manera, reiniciar el proceso de trabajo de análisis de los datos y construcción de los informes finales”, señalaron.
Y agregaron: “Sin dudas las innumerables muestras de solidaridad recibidas de movimientos sociales, vecinos y vecinas, intelectuales, académicos, artistas, periodistas, trabajadores de la educación y de la salud públicas, investigadores, entidades gremiales, legisladores, referentes sociales, así como las acciones de muchos actores que desde sus lugares garantizaron la posibilidad de recuperación de algunos diálogos, permitió que en el día de la fecha el Decano de la Facultad se comprometa además de permitirnos acceder y recuperar la documental reclamada, a garantizar la continuidad de los Campamentos Sanitarios, así como del funcionamiento del Instituto y la materia Salud Socioambiental, y la libertad de trabajo de todos sus miembros”.
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La CSJ llamó a audiencia pública por el Riachuelo
Riachuelo: la Corte Suprema convocó a una audiencia pública
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Empresario empujando el Acuerdo Federal Minero
“El lobby empresarial buscará interceder en la discusión del Acuerdo Federal Minero”
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Nuevo Día
Provincia/Región: Nacional
El senador 'Freddy' Martínez e integrante de la Comisión de Minería y Energía, descartó que el Acuerdo Federal Minero sea acordado entre las 23 provincias y nación antes que finalice este año, de acuerdo a la voluntad manifiesta del presidente de la nación, Mauricio Macri.
Asimismo, sostuvo que es necesario revisar el esquema impositivo por el cual el estado nacional se queda con el "75%” de los ingresos, mientras que a las provincias propietarias de los recursos retorna el 25% aproximadamente. "No tengo miedo a dar este debate a pesar del creciente y poderoso lobby de las empresas”, dijo el ex intendente de Río Gallegos, al tiempo que advirtió la necesidad de encontrar "un nuevo equilibrio” a favor de las Provincias.
A modo de buscar mayor beneficio para los estados provinciales, Martínez recordó que hace más de "ocho años que pedimos generar el marco legal para que las mineras sean socias de Santa Cruz”, por lo que apuntó a FOMICRUZ como la responsable de ése rol.
Manantial Espejo
En primer lugar, el Senador santacruceño hizo mención al cierre definitivo que anunció Tritón Argentina de su proyecto Manantial Espejo, ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, información dada a conocer por esta agencia de noticias mineras (ANM).
"El Plan de Cierre Programado (PCP) de Manantial Espejo se ha mezclado con las declaraciones del Secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, quien expresó que estaba la posibilidad de estirar este proceso de cierre, en realidad es un deseo y ojalá se pueda cumplir”, criticó y no dejó de lado que "hasta AOMA manifestó su deseo de que se estire la vida útil de este proyecto, pero en realidad es sólo una expresión ya que no hay ningún papel firmado al respecto”.
Seguidamente, destaco lo dado a conocer por aquella entidad sindical (AOMA), la cual expreso que "existía la posibilidad de que la gente que quedaba afuera de manantial espejo serían reubicados en otros emprendimientos que inician, pero lo cierto es que este trabajo viene lento y no podemos dejar de lado que en Gobernador Gregores impactará muy fuerte ése cierre”.
En otro orden, recomendó a las autoridades provinciales "avanzar en la creación de un seguro de remediación, la obligación de las mineras es dejar el medio ambiente limpio, salvo el lugar donde realizó la explotación ya que estará modificado”, al tiempo que pidió a Tritón que "no deje deuda con los proveedores locales”.
Asimismo, pidió a la Municipalidad de Gobernador Gregores poner claridad sobre los aportes que efectuó Tritón a la comuna. "Desde Tritón Argentina habían firmado con el intendente Juan Vázquez un acuerdo para aportar un valor aproximado al 1,5% del valor boca y sería destinado a obras de infraestructura, pero hubo concejales como Pablo Lombroni (Partido Obrero) y Carina
Bozo (UCR) que plantearon que nunca se había visto un documento sobre ese aporte”; recordó Martínez y aclaró que "la compañía oportunamente manifestó que realizó los aportes y la aclaración desde ésa comuna nunca llegó”.
En este contexto, es que el histórico radical santacruceño demandó una decisión política respecto a la minería. "No debemos quedarnos solamente con que pagan las regalías, pretendemos que las mineras sean socias de mi provincia. Tenemos una empresa como FOMICRUZ que puede cumplir ese rol asociativo, lo hizo en pequeña escala con Cerro Vanguardia” y reprochó que en el resto de los proyectos "su participación es nula, esto lo venimos planteando hace más de 8 años”.
Legislación
Semanas atrás, desde AOMA advirtieron sobre la falta de legislación específica que rija la actividad minera, un claro ejemplo es el vacío legal respecto al cierre definitivo de los emprendimientos.
"En Argentina tenemos el derrame de Barrick Gold en Valedero el año pasado y este se repite. Eso marca a las claras el poco poder de policía que tienen las provincias y prácticamente no pueden actuar contra estos emprendimientos mineros”, analizó el Senador y advirtió que cuando se inicia el camino para modificar el Código Minero "aparece el lobby empresarial que cada día es más fuerte”.
Para respaldar sus dichos, Martínez expuso que "todavía se mantiene el pago del 3% de regalías del valor boca mina de pago hacia las provincias, es una legislación que cuesta mucho modificar precisamente por la fuerza que ejercen las empresas”.
Acuerdo Federal Minero
Consultado sobre la pretensión presidencial de poner el vigencia el pacto federal antes que finalice el año, Martínez sostuvo que se trata de "un proceso que llevará su tiempo, no creo que la definición sea rápida. Tenemos que trabajar intensamente para generar reglas de juego claras y atraer las inversiones”.
Al ser indagado sobre la pretensión de las provincias mineras de obtener mayores beneficios económicos, Martínez repitió que "Yo no le tengo temor al lobby de las empresas, ellos buscarán los mejores resultados para engrandecer su rentabilidad, pero ahí radica el desafío que tenemos por delante: buscar un equilibrio para que los empresarios ganen lo justo y necesario y que las provincias sean socias de estos emprendimientos, esos son los ejes en lo que debemos movernos, además de exigir el cuidado del medio ambiente”, aseguró.
En cuanto al régimen impositivo sostuvo que debe ser revisado y explicó que en Argentina "hubo una degradación de la participación de la provincias en la renta minera desde 1983 hasta la actualidad”, precisó que "ni bien restablecida la democracia, del total ingresado la mitad iba para el Estado Nacional y la otra mitad para las provincias”, en tanto que hoy el "75% es retenido por nación y el 25% destinado a las provincias que además deben atender la demanda de salud y educación”, indicó "Fredy” Martínez.
Para finalizar, expreso que este esquema debe ser revisado y advirtió que "ningún ejecutivo quiere dar debate cuando lo que se debate significa retiro de fondos, hoy vemos que hay un fuerte apoyo a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, pero debemos lograr una estrategia distributiva para todas las provincias por igual”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Nuevo Día
Provincia/Región: Nacional
El senador 'Freddy' Martínez e integrante de la Comisión de Minería y Energía, descartó que el Acuerdo Federal Minero sea acordado entre las 23 provincias y nación antes que finalice este año, de acuerdo a la voluntad manifiesta del presidente de la nación, Mauricio Macri.
Asimismo, sostuvo que es necesario revisar el esquema impositivo por el cual el estado nacional se queda con el "75%” de los ingresos, mientras que a las provincias propietarias de los recursos retorna el 25% aproximadamente. "No tengo miedo a dar este debate a pesar del creciente y poderoso lobby de las empresas”, dijo el ex intendente de Río Gallegos, al tiempo que advirtió la necesidad de encontrar "un nuevo equilibrio” a favor de las Provincias.
A modo de buscar mayor beneficio para los estados provinciales, Martínez recordó que hace más de "ocho años que pedimos generar el marco legal para que las mineras sean socias de Santa Cruz”, por lo que apuntó a FOMICRUZ como la responsable de ése rol.
Manantial Espejo
En primer lugar, el Senador santacruceño hizo mención al cierre definitivo que anunció Tritón Argentina de su proyecto Manantial Espejo, ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, información dada a conocer por esta agencia de noticias mineras (ANM).
"El Plan de Cierre Programado (PCP) de Manantial Espejo se ha mezclado con las declaraciones del Secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, quien expresó que estaba la posibilidad de estirar este proceso de cierre, en realidad es un deseo y ojalá se pueda cumplir”, criticó y no dejó de lado que "hasta AOMA manifestó su deseo de que se estire la vida útil de este proyecto, pero en realidad es sólo una expresión ya que no hay ningún papel firmado al respecto”.
Seguidamente, destaco lo dado a conocer por aquella entidad sindical (AOMA), la cual expreso que "existía la posibilidad de que la gente que quedaba afuera de manantial espejo serían reubicados en otros emprendimientos que inician, pero lo cierto es que este trabajo viene lento y no podemos dejar de lado que en Gobernador Gregores impactará muy fuerte ése cierre”.
En otro orden, recomendó a las autoridades provinciales "avanzar en la creación de un seguro de remediación, la obligación de las mineras es dejar el medio ambiente limpio, salvo el lugar donde realizó la explotación ya que estará modificado”, al tiempo que pidió a Tritón que "no deje deuda con los proveedores locales”.
Asimismo, pidió a la Municipalidad de Gobernador Gregores poner claridad sobre los aportes que efectuó Tritón a la comuna. "Desde Tritón Argentina habían firmado con el intendente Juan Vázquez un acuerdo para aportar un valor aproximado al 1,5% del valor boca y sería destinado a obras de infraestructura, pero hubo concejales como Pablo Lombroni (Partido Obrero) y Carina
Bozo (UCR) que plantearon que nunca se había visto un documento sobre ese aporte”; recordó Martínez y aclaró que "la compañía oportunamente manifestó que realizó los aportes y la aclaración desde ésa comuna nunca llegó”.
En este contexto, es que el histórico radical santacruceño demandó una decisión política respecto a la minería. "No debemos quedarnos solamente con que pagan las regalías, pretendemos que las mineras sean socias de mi provincia. Tenemos una empresa como FOMICRUZ que puede cumplir ese rol asociativo, lo hizo en pequeña escala con Cerro Vanguardia” y reprochó que en el resto de los proyectos "su participación es nula, esto lo venimos planteando hace más de 8 años”.
Legislación
Semanas atrás, desde AOMA advirtieron sobre la falta de legislación específica que rija la actividad minera, un claro ejemplo es el vacío legal respecto al cierre definitivo de los emprendimientos.
"En Argentina tenemos el derrame de Barrick Gold en Valedero el año pasado y este se repite. Eso marca a las claras el poco poder de policía que tienen las provincias y prácticamente no pueden actuar contra estos emprendimientos mineros”, analizó el Senador y advirtió que cuando se inicia el camino para modificar el Código Minero "aparece el lobby empresarial que cada día es más fuerte”.
Para respaldar sus dichos, Martínez expuso que "todavía se mantiene el pago del 3% de regalías del valor boca mina de pago hacia las provincias, es una legislación que cuesta mucho modificar precisamente por la fuerza que ejercen las empresas”.
Acuerdo Federal Minero
Consultado sobre la pretensión presidencial de poner el vigencia el pacto federal antes que finalice el año, Martínez sostuvo que se trata de "un proceso que llevará su tiempo, no creo que la definición sea rápida. Tenemos que trabajar intensamente para generar reglas de juego claras y atraer las inversiones”.
Al ser indagado sobre la pretensión de las provincias mineras de obtener mayores beneficios económicos, Martínez repitió que "Yo no le tengo temor al lobby de las empresas, ellos buscarán los mejores resultados para engrandecer su rentabilidad, pero ahí radica el desafío que tenemos por delante: buscar un equilibrio para que los empresarios ganen lo justo y necesario y que las provincias sean socias de estos emprendimientos, esos son los ejes en lo que debemos movernos, además de exigir el cuidado del medio ambiente”, aseguró.
En cuanto al régimen impositivo sostuvo que debe ser revisado y explicó que en Argentina "hubo una degradación de la participación de la provincias en la renta minera desde 1983 hasta la actualidad”, precisó que "ni bien restablecida la democracia, del total ingresado la mitad iba para el Estado Nacional y la otra mitad para las provincias”, en tanto que hoy el "75% es retenido por nación y el 25% destinado a las provincias que además deben atender la demanda de salud y educación”, indicó "Fredy” Martínez.
Para finalizar, expreso que este esquema debe ser revisado y advirtió que "ningún ejecutivo quiere dar debate cuando lo que se debate significa retiro de fondos, hoy vemos que hay un fuerte apoyo a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, pero debemos lograr una estrategia distributiva para todas las provincias por igual”.
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Jujuy quiere trabajar con Gendarmería para cuidar fauna
Mayor control en áreas fronterizas y protegidas
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Gazeta Jujuy
Provincia/Región: Nacional
Para abordar la problemática de la caza furtiva de especies animales, funcionarios del Ministerio de Ambiente visitaron la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional para requerir se refuercen las acciones de control en puestos fronterizos y áreas protegidas de la provincia.
A propósito de algunos episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en Susques, los funcionarios de Ambiente decidieron abordar junto a los referentes de Gendarmería Nacional una agenda conjunta para intensificar las tareas de control, en vistas a prevenir la caza furtiva y el tráfico ilegal de vicuñas y a la vez poner en conocimiento la preocupación de resguardar dos monumentos naturales nacionales: la taruca, y el yaguareté.
La ministra María Inés Zigarán fue recibida por el comandante principal Antonio Insaurralde, segundo Jefe de la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional. Acompañaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y los directores de Recursos Genéticos y Protección de Biodiversidad y de Areas Protegidas, Álvaro Núñez y Mercedes Zamorano, respectivamente.
En este marco, plantearon la creciente preocupación por los hechos de público conocimiento que tienen que ver con algunos episodios de caza indiscriminada de la vicuña en el norte de nuestra provincia. Al mismo tiempo, se informó a la fuerza de seguridad que estos episodios se repiten en algunas poblaciones de burros y también de tarucas, que es un animal declarado Monumento Natural Nacional.
Zigarán, luego de evaluar los trabajos que se vienen haciendo desde el ministerio y condenar terminantemente la caza furtiva, reflexionó en torno a la necesidad de desarrollar operativos de control, sistemáticos y permanentes, en las zonas de posible tráfico ilegal de cueros y lanas.
“Es nuestra competencia alertar sobre posibles hechos de tráfico de fauna y flora local, y accionar en forma coordinada con las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería Nacional, para reforzar los controles en puestos fronterizos y áreas protegidas”, sostuvo.
En el mismo sentido se expresó el Director de Recursos Genéticos, quien explicó que “necesitamos que desde Gendarmería se nos informe cada vez que haya algún operativo, para nosotros poder armar un registro y ejercer otro tipo de control sobre la cantidad de pieles o lanas que se secuestran y así poder proceder de acuerdo a nuestras competencias”.
Por otra parte, la Directora de Áreas Protegidas manifestó la verdadera preocupación institucional de que los hechos ocurran en zonas que están resguardadas por leyes locales y federales. Precisó de igual modo que “las vicuñas habitan nuestros parque provinciales y nacionales protegidos, y en otros casos significan para muchas comunidades la oportunidad de desarrollo productivo, ya que aprovechan las lanas extraídas en los chakus de manera controlada”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: Gazeta Jujuy
Provincia/Región: Nacional
Para abordar la problemática de la caza furtiva de especies animales, funcionarios del Ministerio de Ambiente visitaron la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional para requerir se refuercen las acciones de control en puestos fronterizos y áreas protegidas de la provincia.
A propósito de algunos episodios registrados en la zona de la Laguna de Vilama y en Susques, los funcionarios de Ambiente decidieron abordar junto a los referentes de Gendarmería Nacional una agenda conjunta para intensificar las tareas de control, en vistas a prevenir la caza furtiva y el tráfico ilegal de vicuñas y a la vez poner en conocimiento la preocupación de resguardar dos monumentos naturales nacionales: la taruca, y el yaguareté.
La ministra María Inés Zigarán fue recibida por el comandante principal Antonio Insaurralde, segundo Jefe de la Agrupación IX Jujuy de Gendarmería Nacional. Acompañaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, y los directores de Recursos Genéticos y Protección de Biodiversidad y de Areas Protegidas, Álvaro Núñez y Mercedes Zamorano, respectivamente.
En este marco, plantearon la creciente preocupación por los hechos de público conocimiento que tienen que ver con algunos episodios de caza indiscriminada de la vicuña en el norte de nuestra provincia. Al mismo tiempo, se informó a la fuerza de seguridad que estos episodios se repiten en algunas poblaciones de burros y también de tarucas, que es un animal declarado Monumento Natural Nacional.
Zigarán, luego de evaluar los trabajos que se vienen haciendo desde el ministerio y condenar terminantemente la caza furtiva, reflexionó en torno a la necesidad de desarrollar operativos de control, sistemáticos y permanentes, en las zonas de posible tráfico ilegal de cueros y lanas.
“Es nuestra competencia alertar sobre posibles hechos de tráfico de fauna y flora local, y accionar en forma coordinada con las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería Nacional, para reforzar los controles en puestos fronterizos y áreas protegidas”, sostuvo.
En el mismo sentido se expresó el Director de Recursos Genéticos, quien explicó que “necesitamos que desde Gendarmería se nos informe cada vez que haya algún operativo, para nosotros poder armar un registro y ejercer otro tipo de control sobre la cantidad de pieles o lanas que se secuestran y así poder proceder de acuerdo a nuestras competencias”.
Por otra parte, la Directora de Áreas Protegidas manifestó la verdadera preocupación institucional de que los hechos ocurran en zonas que están resguardadas por leyes locales y federales. Precisó de igual modo que “las vicuñas habitan nuestros parque provinciales y nacionales protegidos, y en otros casos significan para muchas comunidades la oportunidad de desarrollo productivo, ya que aprovechan las lanas extraídas en los chakus de manera controlada”.
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Firman “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático”
El Gobierno prepara un 'Indec ambiental'
Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la firma de un “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático” entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las autoridades ambientales de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Sergio Bergman expresó que prevé la conformación de un “Indec ambiental”. De qué se trata.
Esta tarde se llevó a cabo en Casa Rosada una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, en la que se firmó un acuerdo de cara a las negociaciones de la delegación argentina en la Conferencia sobre Cambio Climático –COP22– que arrancó ayer en Marrakech, Marruecos.
El acuerdo consiste en el compromiso de las autoridades nacionales de representar “la agenda federal de cambio climático”, incorporando propuestas hechas por las provincias al plan nacional de medidas contra el cambio climático presentado ante Naciones Unidas. Además, el gobierno de Macri se compromete a facilitar el financiamiento internacional a las provincias en acciones de mitigación y/o adaptación del cambio climático.
En su intervención, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó el trabajo de revisión de la contribución argentina presentada en la ONU y aseguró que durante 2017 el Ministerio de Ambiente seguirá trabajando para “mejorar y hacer más ambiciosa” esa contribución, al tiempo que mencionó que están trabajando en la creación de “un Indec ambiental en coordinación con las provincias”.
Claves21 consultó al ministro Sergio Bergman sobre la idea de este “Indec ambiental“. Al respecto, el funcionario expresó que si bien “el Indec ya tiene algunos indicadores ambientales, la Argentina no tiene un sistema independiente de monitoreo de los índices que tienen impacto en los indicadores (de cambio climático)”.
Según Bergman, este “Indec ambiental” atenderá las demandas de la financiación internacional “que pide líneas de base y referencias claras”, así como también, aportará al informe anual del Presidente ante el Congreso de la Nación.
“Así como se dibujó en su momento al Indec en lo económico, nunca se establecieron parámetros medioambientales y tenemos que ser serios y consistentes en términos de tener indicadores“, concluyó Bergman.
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Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la firma de un “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático” entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las autoridades ambientales de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Sergio Bergman expresó que prevé la conformación de un “Indec ambiental”. De qué se trata.
Esta tarde se llevó a cabo en Casa Rosada una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, en la que se firmó un acuerdo de cara a las negociaciones de la delegación argentina en la Conferencia sobre Cambio Climático –COP22– que arrancó ayer en Marrakech, Marruecos.
El acuerdo consiste en el compromiso de las autoridades nacionales de representar “la agenda federal de cambio climático”, incorporando propuestas hechas por las provincias al plan nacional de medidas contra el cambio climático presentado ante Naciones Unidas. Además, el gobierno de Macri se compromete a facilitar el financiamiento internacional a las provincias en acciones de mitigación y/o adaptación del cambio climático.
En su intervención, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó el trabajo de revisión de la contribución argentina presentada en la ONU y aseguró que durante 2017 el Ministerio de Ambiente seguirá trabajando para “mejorar y hacer más ambiciosa” esa contribución, al tiempo que mencionó que están trabajando en la creación de “un Indec ambiental en coordinación con las provincias”.
Claves21 consultó al ministro Sergio Bergman sobre la idea de este “Indec ambiental“. Al respecto, el funcionario expresó que si bien “el Indec ya tiene algunos indicadores ambientales, la Argentina no tiene un sistema independiente de monitoreo de los índices que tienen impacto en los indicadores (de cambio climático)”.
Según Bergman, este “Indec ambiental” atenderá las demandas de la financiación internacional “que pide líneas de base y referencias claras”, así como también, aportará al informe anual del Presidente ante el Congreso de la Nación.
“Así como se dibujó en su momento al Indec en lo económico, nunca se establecieron parámetros medioambientales y tenemos que ser serios y consistentes en términos de tener indicadores“, concluyó Bergman.
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Más trámites judiciales en Allen por contaminación
Nuevos trámites judiciales en la causa sobre contaminación en Allen
Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
La Jueza Federal de General Roca, Carolina Pandolfi, dispuso tomar declaración testimonial a oficiales de la prefectura Naval Argentina con jurisdicción en el Alto Valle, en el marco de la causa por contaminación ambiental por vertidos de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Allen.
Ambos integrantes del área Científica de la Fuerza de Seguridad deberán informar acerca de los resultados de las análisis de las muestras tomadas en diversos sectores del río Negro a la altura de la ciudad y en la planta potabilizadora local, pericias que fueron dispuestas en el marco de la querella iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por contaminación ambiental.
Las declaraciones testimoniales de los oficiales se concretarán el próximo miércoles 16, oportunidad en que se les requerirán mayores datos y aclaraciones sobres las pericias realizadas en el área afectada.
La Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, recordó que el año pasado se efectuó una denuncia penal y a la vez se presentó como querellante por contaminación del río a la altura de la Isla 19, atravesando el barrio Costa Blanco de Allen por contaminación bacteriológica y presuntamente industrial con volcado de aguas residuales.
Esta acción judicial se suma a la querella y amparo iniciados por la Defensoría por el derrame de hidrocarburos en el pozo EFO 280 de la firma YSUR, también en el área de Allen, sobre los que el Juzgado Federal de General, en el marco de la investigación, dispuso recientemente nuevas medidas.
También Nadina Díaz destacó que en las acciones del organismo a su cargo, hay actuaciones judiciales vinculadas a la contaminación del río a la altura de la Isla Jordán y sobre otras áreas y cursos de aguas del territorio provincial, donde por distintos motivos existen la afectación o vulnerabilidad del medio ambiente por la acción humana.
Destacó que la Defensoría del Pueblo trabaja permanentemente en la problemática por entender que la preservación del medio ambiente es fundamental para el desarrollo humano de la actual y futuras generaciones y de su cuidado depende gran parte del futuro de la humanidad.
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Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Río Negro
La Jueza Federal de General Roca, Carolina Pandolfi, dispuso tomar declaración testimonial a oficiales de la prefectura Naval Argentina con jurisdicción en el Alto Valle, en el marco de la causa por contaminación ambiental por vertidos de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Allen.
Ambos integrantes del área Científica de la Fuerza de Seguridad deberán informar acerca de los resultados de las análisis de las muestras tomadas en diversos sectores del río Negro a la altura de la ciudad y en la planta potabilizadora local, pericias que fueron dispuestas en el marco de la querella iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por contaminación ambiental.
Las declaraciones testimoniales de los oficiales se concretarán el próximo miércoles 16, oportunidad en que se les requerirán mayores datos y aclaraciones sobres las pericias realizadas en el área afectada.
La Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, recordó que el año pasado se efectuó una denuncia penal y a la vez se presentó como querellante por contaminación del río a la altura de la Isla 19, atravesando el barrio Costa Blanco de Allen por contaminación bacteriológica y presuntamente industrial con volcado de aguas residuales.
Esta acción judicial se suma a la querella y amparo iniciados por la Defensoría por el derrame de hidrocarburos en el pozo EFO 280 de la firma YSUR, también en el área de Allen, sobre los que el Juzgado Federal de General, en el marco de la investigación, dispuso recientemente nuevas medidas.
También Nadina Díaz destacó que en las acciones del organismo a su cargo, hay actuaciones judiciales vinculadas a la contaminación del río a la altura de la Isla Jordán y sobre otras áreas y cursos de aguas del territorio provincial, donde por distintos motivos existen la afectación o vulnerabilidad del medio ambiente por la acción humana.
Destacó que la Defensoría del Pueblo trabaja permanentemente en la problemática por entender que la preservación del medio ambiente es fundamental para el desarrollo humano de la actual y futuras generaciones y de su cuidado depende gran parte del futuro de la humanidad.
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Fiscal uruguayo denuncia que UPM contamina siempre
El fiscal Viana denunció que Botnia vuelca efluentes tóxicos siempre
Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El fiscal uruguayo Enrique Viana, criticó el informe del monitoreo conjunto que realizaron Argentina y Uruguay en la zona de influencia de la papelera Orión (UPM ex-Botnia), ubicada en Fray Bentos, y no descartó que el reporte haya subestimado el nivel de contaminación generado por la planta industrial
“El gran problema es la contaminación acumulada durante un período de tiempo muy importante. No percibo que esos informes refieran a acumulación, sino a episodios, a circunstancias muy concretas cuando en realidad la planta está volcando permanentemente efluentes tóxicos”, advirtió Viana.
El funcionario, ex fiscal ambiental, señaló que el informe difundido sólo da a conocer datos de “monitoreos periódicos, puntuales” y con “un ingreso muy esporádico a la planta de celulosa”.
“El gran problema es la contaminación acumulada durante un período de tiempo muy importante”, advirtió Viana, quien consideró que el informe conjunto no brinda esa información.
Además, señaló que “el hecho de mantener” el informe “oculto tanto tiempo es sospechoso”, al tiempo que volvió a cuestionar el impacto ambiental de plantas como la instalada en Fray Bentos.
La realidad en Europa
En tanto, Viana dijo que preguntó “si en Europa hay una planta de celulosa de un millón de toneladas anuales en ríos interiores, no las hay. Decir que una planta como esta no contamina es mentira abiertamente”, subrayó.
Seis años después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el monitoreo conjunto que realizaron la Argentina y Uruguay en la zona de influencia de la papelera Orión (UPM ex-Botnia), ubicada en Fray Bentos, reveló esta semana que la planta contaminó el Río Uruguay.
El estudio aseguró que la pastera registró “apartamientos de la normativa” en solo 4 puntos de los más de 30 medidos, aunque el Comité Científico de expertos que analizó la información no contó con un dato necesario para completar el examen: la cantidad de celulosa que produjo la ex-Botnia durante el lapso en el que se tomaron las muestras.
En el mismo sentido se manifestó Carlos Melo, ex delegado argentino en la CARU, quien denunció la contaminación y manipulación a través de “un caño clandestino” encontrado en la empresa.
En dicho informe resume que en el texto oficial “no informan sobre el caño clandestino de dilución de los efluentes líquidos constatado por el Comité Científico en el primer ingreso a la Planta.
No explica por qué las piletas de pluviales, tenían caudal en muchas oportunidades sin precipitaciones que lo justifiquen, menos aún dónde vuelcan los mismos, constituyendo verdaderos efluentes no declarados por la Industria. En el mismo sentido no explican cómo funciona el vertedero industrial, donde se ha formado un depósito de aguas de una sospechosa contaminación, sin explicar el destino final de esos efluentes.
En cuanto a la reja de 10 mm de separación entre barras, tampoco se advierte que el proyecto original no contemplaba su colocación, no estableciendo cuanto tiempo funcionó la industria con esta anomalía.
También omite informar o explicar sobre la función que tenía el caño clandestino que comunicaba la planta de tratamientos de agua potable con la pileta de pluviales N°4. Deficiencias que constan en las Actas de Ingreso a la Industria por parte del C.C. de la CARU”.
Más datos sobre el informe oficial
La canciller argentina, Susana Malcorra, fue quien recibió el miércoles pasado el documento elaborado en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El estudio también analizó las condiciones ambientales en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay y en este último en la zona de influencia de la planta Orión, donde también se encontraron “apartamientos de la normativa”.
Cómo lo ven en Uruguay
Los medios uruguayos se hicieron eco rápidamente del informe oficial. En el diario El País de Uruguay se publicó: “Argentina y Uruguay difundieron el resultado de cuatro años de monitoreos de las aguas del río Uruguay cerca de la planta de UPM y de la desembocadura del río Gualeguaychú, de los cuales surge que “el nivel de afectación del río generado por la fábrica de celulosa no es preocupante”.
Además, consultaron a Gastón Silberman, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) quien explicó que los dos países decidieron divulgar un análisis “específico” y comprensible. Preguntado sobre si los niveles de contaminación generados por UPM eran preocupantes, respondió: “Para nada”.
Los resultados fueron entregados ayer al vicecanciller uruguayo, José Luis Cancela, y a la canciller argentina, Susana Malcorra. El informe presentado a los respectivos gobiernos corresponde a la implementación de 50 análisis realizados en la planta de UPM cercana a Fray Bentos y en la desembocadura del río Gualeguaychú, entre junio de 2011 y julio de 2015 por parte de la CARU.
También se efectuaron 32 campañas de monitoreo del río Uruguay entre septiembre de 2012 y abril de 2015, en un tramo comprendido entre las localidades de Las Cañas y Nuevo Berlín respectivamente, en el departamento de Río Negro.
Sobre las 400 páginas
Los análisis hechos luego de estas fechas “se encuentran en proceso de carga y validación de datos, a fin de ser informados oportunamente”, según un comunicado de la Cancillería uruguaya. El informe sobre los análisis supera las 400 páginas que contienen tablas y representaciones gráficas con la información reunida. Se presentan más de 30.000 datos.
Según los datos oficiales “no se registraron apartamientos de la normativa en ninguno de los exámenes en la concentración de sustancias tales como sulfuros, detergentes, coliformes fecales, arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, níquel, plomo, amoníaco total, nitratos y dioxinas, entre otros. En dos ocasiones se verificaron apartamientos en cuanto a la temperatura de efluentes y en un caso en cuanto al nivel de PH, presencia de aceite, grasas y sólidos”.
Un tema sensible es la concentración de fósforo. En tres de los 50 monitoreos (agosto 2011, marzo 2014 y diciembre de 2014) se constató que la denominada “carga diaria” resultó superior a la máxima permitida. En una única oportunidad se constataron valores superiores a lo permitido en el parámetro denominado Demanda Bioquímica de Oxígeno.
En este lugar el Comité Científico de la CARU, acompañando a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, también constató incumplimientos.
Una de las alarmas se prendió cuando Mauro Vazón, titular de la delegación argentina en la CARU reconoció que se habían encontrado restos de agrotóxicos en las aguas.
Por otra parte, la CARU anunció también que en los primeros días del mes próximo comenzará el monitoreo inicial en la totalidad del tramo compartido. También se avanza en la futura instalación del Laboratorio Binacional anunciado por los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando se reunieron la semana pasada en Buenos Aires. Se busca que el laboratorio sea de referencia en la región.
La difusión de los monitoreos es el resultado concreto de las dos reuniones bilaterales que Macri y Vázquez mantuvieron este año (una en Colonia y otra en Buenos Aires). Macri había dicho que su postura respecto a la construcción de una segunda planta de UPM (sobre el río Negro, en las cercanías de Paso de los Toros) dependería en gran medida de los resultados de los monitoreos. La difusión se vio demorada como consecuencia de las severas discrepancias que el anterior gobierno uruguayo tuvo con el de la ex mandataria argentina, Cristina Fernández. La realización de los análisis había sido acordada por Argentina y Uruguay en 2010, informó El Día.
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Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El fiscal uruguayo Enrique Viana, criticó el informe del monitoreo conjunto que realizaron Argentina y Uruguay en la zona de influencia de la papelera Orión (UPM ex-Botnia), ubicada en Fray Bentos, y no descartó que el reporte haya subestimado el nivel de contaminación generado por la planta industrial
“El gran problema es la contaminación acumulada durante un período de tiempo muy importante. No percibo que esos informes refieran a acumulación, sino a episodios, a circunstancias muy concretas cuando en realidad la planta está volcando permanentemente efluentes tóxicos”, advirtió Viana.
El funcionario, ex fiscal ambiental, señaló que el informe difundido sólo da a conocer datos de “monitoreos periódicos, puntuales” y con “un ingreso muy esporádico a la planta de celulosa”.
“El gran problema es la contaminación acumulada durante un período de tiempo muy importante”, advirtió Viana, quien consideró que el informe conjunto no brinda esa información.
Además, señaló que “el hecho de mantener” el informe “oculto tanto tiempo es sospechoso”, al tiempo que volvió a cuestionar el impacto ambiental de plantas como la instalada en Fray Bentos.
La realidad en Europa
En tanto, Viana dijo que preguntó “si en Europa hay una planta de celulosa de un millón de toneladas anuales en ríos interiores, no las hay. Decir que una planta como esta no contamina es mentira abiertamente”, subrayó.
Seis años después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el monitoreo conjunto que realizaron la Argentina y Uruguay en la zona de influencia de la papelera Orión (UPM ex-Botnia), ubicada en Fray Bentos, reveló esta semana que la planta contaminó el Río Uruguay.
El estudio aseguró que la pastera registró “apartamientos de la normativa” en solo 4 puntos de los más de 30 medidos, aunque el Comité Científico de expertos que analizó la información no contó con un dato necesario para completar el examen: la cantidad de celulosa que produjo la ex-Botnia durante el lapso en el que se tomaron las muestras.
En el mismo sentido se manifestó Carlos Melo, ex delegado argentino en la CARU, quien denunció la contaminación y manipulación a través de “un caño clandestino” encontrado en la empresa.
En dicho informe resume que en el texto oficial “no informan sobre el caño clandestino de dilución de los efluentes líquidos constatado por el Comité Científico en el primer ingreso a la Planta.
No explica por qué las piletas de pluviales, tenían caudal en muchas oportunidades sin precipitaciones que lo justifiquen, menos aún dónde vuelcan los mismos, constituyendo verdaderos efluentes no declarados por la Industria. En el mismo sentido no explican cómo funciona el vertedero industrial, donde se ha formado un depósito de aguas de una sospechosa contaminación, sin explicar el destino final de esos efluentes.
En cuanto a la reja de 10 mm de separación entre barras, tampoco se advierte que el proyecto original no contemplaba su colocación, no estableciendo cuanto tiempo funcionó la industria con esta anomalía.
También omite informar o explicar sobre la función que tenía el caño clandestino que comunicaba la planta de tratamientos de agua potable con la pileta de pluviales N°4. Deficiencias que constan en las Actas de Ingreso a la Industria por parte del C.C. de la CARU”.
Más datos sobre el informe oficial
La canciller argentina, Susana Malcorra, fue quien recibió el miércoles pasado el documento elaborado en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El estudio también analizó las condiciones ambientales en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay y en este último en la zona de influencia de la planta Orión, donde también se encontraron “apartamientos de la normativa”.
Cómo lo ven en Uruguay
Los medios uruguayos se hicieron eco rápidamente del informe oficial. En el diario El País de Uruguay se publicó: “Argentina y Uruguay difundieron el resultado de cuatro años de monitoreos de las aguas del río Uruguay cerca de la planta de UPM y de la desembocadura del río Gualeguaychú, de los cuales surge que “el nivel de afectación del río generado por la fábrica de celulosa no es preocupante”.
Además, consultaron a Gastón Silberman, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) quien explicó que los dos países decidieron divulgar un análisis “específico” y comprensible. Preguntado sobre si los niveles de contaminación generados por UPM eran preocupantes, respondió: “Para nada”.
Los resultados fueron entregados ayer al vicecanciller uruguayo, José Luis Cancela, y a la canciller argentina, Susana Malcorra. El informe presentado a los respectivos gobiernos corresponde a la implementación de 50 análisis realizados en la planta de UPM cercana a Fray Bentos y en la desembocadura del río Gualeguaychú, entre junio de 2011 y julio de 2015 por parte de la CARU.
También se efectuaron 32 campañas de monitoreo del río Uruguay entre septiembre de 2012 y abril de 2015, en un tramo comprendido entre las localidades de Las Cañas y Nuevo Berlín respectivamente, en el departamento de Río Negro.
Sobre las 400 páginas
Los análisis hechos luego de estas fechas “se encuentran en proceso de carga y validación de datos, a fin de ser informados oportunamente”, según un comunicado de la Cancillería uruguaya. El informe sobre los análisis supera las 400 páginas que contienen tablas y representaciones gráficas con la información reunida. Se presentan más de 30.000 datos.
Según los datos oficiales “no se registraron apartamientos de la normativa en ninguno de los exámenes en la concentración de sustancias tales como sulfuros, detergentes, coliformes fecales, arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, níquel, plomo, amoníaco total, nitratos y dioxinas, entre otros. En dos ocasiones se verificaron apartamientos en cuanto a la temperatura de efluentes y en un caso en cuanto al nivel de PH, presencia de aceite, grasas y sólidos”.
Un tema sensible es la concentración de fósforo. En tres de los 50 monitoreos (agosto 2011, marzo 2014 y diciembre de 2014) se constató que la denominada “carga diaria” resultó superior a la máxima permitida. En una única oportunidad se constataron valores superiores a lo permitido en el parámetro denominado Demanda Bioquímica de Oxígeno.
En este lugar el Comité Científico de la CARU, acompañando a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, también constató incumplimientos.
Una de las alarmas se prendió cuando Mauro Vazón, titular de la delegación argentina en la CARU reconoció que se habían encontrado restos de agrotóxicos en las aguas.
Por otra parte, la CARU anunció también que en los primeros días del mes próximo comenzará el monitoreo inicial en la totalidad del tramo compartido. También se avanza en la futura instalación del Laboratorio Binacional anunciado por los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando se reunieron la semana pasada en Buenos Aires. Se busca que el laboratorio sea de referencia en la región.
La difusión de los monitoreos es el resultado concreto de las dos reuniones bilaterales que Macri y Vázquez mantuvieron este año (una en Colonia y otra en Buenos Aires). Macri había dicho que su postura respecto a la construcción de una segunda planta de UPM (sobre el río Negro, en las cercanías de Paso de los Toros) dependería en gran medida de los resultados de los monitoreos. La difusión se vio demorada como consecuencia de las severas discrepancias que el anterior gobierno uruguayo tuvo con el de la ex mandataria argentina, Cristina Fernández. La realización de los análisis había sido acordada por Argentina y Uruguay en 2010, informó El Día.
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Ahora también es un problema el visón americano
El visón americano se convirtió en una plaga difícil de controlar para los ecosistemas patagónicos
Fecha de Publicación: 10/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Patagonia
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata llegó hasta la Patagonia Argentina tras los pasos del pequeño mamífero exótico que se transformó en una auténtica amenaza para los ecosistemas sureños y pone en riesgo de extinción a distintas especies de aves acuáticas de la región.
En un comunicado, la universidad explicó que "por primera vez, un estudio científico busca medir el impacto del visón americano en el ecosistema, cuya creciente expansión en el territorio patagónico afecta notablemente la población de las aves acuáticas ya que se alimenta de prácticamente todo animal que encuentra cerca".
Los estudios revelaron que hay especies que disminuyeron notablemente su población, en especial las familias de aves migradoras que suelen vivir en las proximidades del agua, como cauquenes, macaes, cisnes de cuello negro, patos y otras aves anfibias.
El licenciado en Zoología e investigador de la Sección Ornitología del Museo de la UNLP, Juan Manuel Girini, explicó que “tras ser introducido en la Patagonia, y a medida que perdió valor como recurso para la industria de las pieles, el visón se escapó o fue directamente liberado de los criaderos, y comenzó así a dispersarse por toda la región”.
Este animal carnívoro y carroñero consume todo tipo de peces, mamíferos, aves, crustáceos, insectos, y anfibios disponibles en el entorno. A su voracidad le suma una enorme facilidad para distribuirse por terrenos de diversas características como lagos, ríos y costas, adaptándose rápidamente a diferentes tipos de climas y regiones.
“El nuestro es el primer estudio que se hace en la región sobre el impacto del visón americano en el ecosistema, y tiene una gran importancia como justificación y prueba fáctica para que las autoridades tomen medidas de control sistemáticas sobre la población del visón, como la captura”, contó Girini y aseguró que “es la única manera de proteger a las especies locales que están gravemente amenazadas”.
Esta especie invasora “come tanto aves acuáticas como terrestres o paseriformes”, dijo Girini, lo que supone un alto nivel de voracidad, que pone en peligro latente la existencia de muchas especies nativas, sea cual fuere su hábitat.
El visón americano es un mamífero que pertenece a la familia de los mustélidos, pariente de hurones y comadrejas, y originario de América del Norte.
Fue introducido en la zona sur de Argentina y Chile durante la primera mitad del Siglo XX por la industria peletera y, poco a poco, se convirtió en una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitat o los ecosistemas, por su potencial colonizador y gran poder de adaptación.
Este pequeño mamífero “es un depredador voraz como todos los mustélidos, y está muy adaptado a los ambientes acuáticos”, agrega Girini, que investiga la población de visones americanos en la zona del Parque Nacional Lanín, en Neuquén, desde el año 2012, como parte de las tareas de Doctorado, dirigidas por el experto Diego Montalti.
“Para estimar la incidencia del visón en las poblaciones locales, estudiamos sitios en los que el mamífero no se encuentra y luego lo comparamos con los sitios en los que sí está presente”, lo que ofrece un índice que explica de manera precisa la forma en que afecta al entorno y a la fauna, manifestó el especialista que actualmente trabaja en la División de Zoología Vertebrados del Museo de la UNLP.
Durante los trabajos de campo, realizados en las épocas de primavera y verano entre los años 2012 y 2016, Girini confirmó que “el visón depreda huevos, pichones y adultos y eso provoca que baje el índice de supervivencia y reproducción” de aves de hábitos acuáticos, dejando a salvo, por ahora, a las especies que no frecuentan este tipo de ecosistema.
“El visón se distribuye desde el centro patagónico, y fue desplazándose hacia el norte gradualmente”, y a pesar de algunos relevamientos, por ahora “es difícil estimar la cantidad de estos mamíferos presentes en el Parque Nacional Lanín, a donde llegó a mediados de la década de 1990, y en todo el territorio patagónico”.
“Durante el estudio, trabajamos con guardaparques y biólogos del Parque Nacional”, proyecto del que además participaron muchos observadores aficionados de aves, conformando “un ida y vuelta entre ciencia y sociedad”, destacó el investigador del Museo.
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Fecha de Publicación: 10/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Patagonia
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata llegó hasta la Patagonia Argentina tras los pasos del pequeño mamífero exótico que se transformó en una auténtica amenaza para los ecosistemas sureños y pone en riesgo de extinción a distintas especies de aves acuáticas de la región.
En un comunicado, la universidad explicó que "por primera vez, un estudio científico busca medir el impacto del visón americano en el ecosistema, cuya creciente expansión en el territorio patagónico afecta notablemente la población de las aves acuáticas ya que se alimenta de prácticamente todo animal que encuentra cerca".
Los estudios revelaron que hay especies que disminuyeron notablemente su población, en especial las familias de aves migradoras que suelen vivir en las proximidades del agua, como cauquenes, macaes, cisnes de cuello negro, patos y otras aves anfibias.
El licenciado en Zoología e investigador de la Sección Ornitología del Museo de la UNLP, Juan Manuel Girini, explicó que “tras ser introducido en la Patagonia, y a medida que perdió valor como recurso para la industria de las pieles, el visón se escapó o fue directamente liberado de los criaderos, y comenzó así a dispersarse por toda la región”.
Este animal carnívoro y carroñero consume todo tipo de peces, mamíferos, aves, crustáceos, insectos, y anfibios disponibles en el entorno. A su voracidad le suma una enorme facilidad para distribuirse por terrenos de diversas características como lagos, ríos y costas, adaptándose rápidamente a diferentes tipos de climas y regiones.
“El nuestro es el primer estudio que se hace en la región sobre el impacto del visón americano en el ecosistema, y tiene una gran importancia como justificación y prueba fáctica para que las autoridades tomen medidas de control sistemáticas sobre la población del visón, como la captura”, contó Girini y aseguró que “es la única manera de proteger a las especies locales que están gravemente amenazadas”.
Esta especie invasora “come tanto aves acuáticas como terrestres o paseriformes”, dijo Girini, lo que supone un alto nivel de voracidad, que pone en peligro latente la existencia de muchas especies nativas, sea cual fuere su hábitat.
El visón americano es un mamífero que pertenece a la familia de los mustélidos, pariente de hurones y comadrejas, y originario de América del Norte.
Fue introducido en la zona sur de Argentina y Chile durante la primera mitad del Siglo XX por la industria peletera y, poco a poco, se convirtió en una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitat o los ecosistemas, por su potencial colonizador y gran poder de adaptación.
Este pequeño mamífero “es un depredador voraz como todos los mustélidos, y está muy adaptado a los ambientes acuáticos”, agrega Girini, que investiga la población de visones americanos en la zona del Parque Nacional Lanín, en Neuquén, desde el año 2012, como parte de las tareas de Doctorado, dirigidas por el experto Diego Montalti.
“Para estimar la incidencia del visón en las poblaciones locales, estudiamos sitios en los que el mamífero no se encuentra y luego lo comparamos con los sitios en los que sí está presente”, lo que ofrece un índice que explica de manera precisa la forma en que afecta al entorno y a la fauna, manifestó el especialista que actualmente trabaja en la División de Zoología Vertebrados del Museo de la UNLP.
Durante los trabajos de campo, realizados en las épocas de primavera y verano entre los años 2012 y 2016, Girini confirmó que “el visón depreda huevos, pichones y adultos y eso provoca que baje el índice de supervivencia y reproducción” de aves de hábitos acuáticos, dejando a salvo, por ahora, a las especies que no frecuentan este tipo de ecosistema.
“El visón se distribuye desde el centro patagónico, y fue desplazándose hacia el norte gradualmente”, y a pesar de algunos relevamientos, por ahora “es difícil estimar la cantidad de estos mamíferos presentes en el Parque Nacional Lanín, a donde llegó a mediados de la década de 1990, y en todo el territorio patagónico”.
“Durante el estudio, trabajamos con guardaparques y biólogos del Parque Nacional”, proyecto del que además participaron muchos observadores aficionados de aves, conformando “un ida y vuelta entre ciencia y sociedad”, destacó el investigador del Museo.
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Tucumán: idean monitoreo ambiental en tiempo real
Científicos tucumanos están armando un monitoreo ambiental en tiempo real
Fecha de Publicación: 10/11/2016
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Hoy podés saber dónde alguien causó un foco de fuego. Tienen listo el prototipo de sensor de contaminantes del aire. Proyectan aplicaciones para celulares. Fondos.
Dato 1: según un reporte de la ONU, 6,5 millones de personas mueren por año por la contaminación del aire y el 92% de la población del mundo vive en lugares donde los niveles de polución excedan los límites recomendados.
Dato 2: investigadores de la University of Southern California demostraron que trabajar en espacios cerrados mal ventilados baja la productividad: sólo en China, el sector de servicios crecería en 2.200 millones de dólares al año si se redujeran apenas un 10% los niveles de contaminación del aire que respiran los empleados de oficinas.
Dato 3: desde hace 15 años se pueden detectar focos de fuego con mucha precisión de lugar y tiempo usando imágenes satelitales. Para Tucumán los datos muestran el mismo patrón: más de 500 incendios por año, todos causados por la mano del hombre; la gran mayoría, en cañaverales durante la zafra.
“En 15 años muy poco ha cambiado... y queremos que cambie”, dice el biólogo Leonardo Paolini.
Estos y otros datos les pegaron un empujón a Paolini y a su equipo, que se dedica a estudiar la ecología de lo que describen como ecosistemas construidos. Son esos donde la intervención humana es tan importante que produce cambios estructurales, y resultan modificados funcional y espacialmente.
“El objetivo del proyecto, que ya está encaminado, es armar un sistema de monitoreo de calidad ambiental para el Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), que sea abierto, de acceso público y con mediciones de variables en tiempo real”, explica Paolini.
Algunos beneficios
“El hecho de que sea información pública y chequeable permitirá que las decisiones se tomen sobre la base de datos reales, y no de creencias o prejuicios; por ejemplo, le permitirá al Siprosa hacer previsiones sobre lo que puede pasar con la demanda de internaciones por patologías respiratorias en determinadas situaciones”, destaca.
Eso no es todo: “también permitirá a los ciudadanos saber al detalle lo que pasa -con la quema de caña, por ejemplo- y reclamar que se cumpla la ley. Se podrían desarrollar aplicaciones que se puedan bajar al celular e informen (a pacientes asmáticos, por ejemplo) cómo está el aire en la ciudad”, describe algunos de los muchos proyectos que bullen en el seno del equipo.
Trabajo arduo
La tarea implica manejar una inmensa cantidad de datos, pues están combinando imágenes satelitales con sensores que miden temperatura, humedad, presión atmosférica, CO2 y VOCs (compuestos volátiles orgánicos) NO2 y partículas en suspensión en el GSMT. “Actualmente los datos satelitales se reciben dos veces al día, pero demoran en procesarse; el objetivo es hacer que esa información esté disponible en tiempo real”, destaca Paolini.
Por de pronto, ya tienen listos la primera versión de una plataforma de detección de fuegos (que es la “autora” del Dato 3) y un prototipo de sensor de calidad de aire que realiza mediciones y transmisiones de datos en tiempo real. Entrando a los siguientes links se puede ver de qué se trata (https://public.tableau.com/profile/leo.paolini#!/vizhome/incendios20012016/Dashboard1 y http://emoncms.org/leopaolini)
“Para el monitoreo tenemos los primeros prototipos, y funcionan como esperábamos, pero para armar e instalar los sensores para todo el GSMT hace falta financiamiento. Hemos hecho presentaciones en el Conicet y en el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, pero la inversión privada, o de los municipios receptores del servicio, por ejemplo, sería una muy buena alternativa de trabajo conjunto”, afirma.
Proponer soluciones.
“Las imágenes satelitales y los sensores permiten tanto detectar y mapear procesos que degradan la calidad ambiental (como incendios de caña y quema de basurales) como para analizar lo que contribuye a mejorarla, como la incorporación de cobertura vegetal y los cambios en la actividad fotosintética de las plantas”, explica Paolini. Concretamente, los sensores miden en el terreno con muy alta frecuencia (cada segundo, si fuera necesario) las variaciones en la contaminación del aire. “Combinando estos datos vamos a poder monitorear estos procesos, generar información de calidad y proponer posibles soluciones”, añade. Y ese es el gran objetivo: “somos investigadores y nuestro trabajo se solventa mayoritariamente con fondos públicos. Nuestro trabajo busca devolver a la sociedad servicios que redunden en una mejor calidad de vida”.
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Fecha de Publicación: 10/11/2016
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Hoy podés saber dónde alguien causó un foco de fuego. Tienen listo el prototipo de sensor de contaminantes del aire. Proyectan aplicaciones para celulares. Fondos.
Dato 1: según un reporte de la ONU, 6,5 millones de personas mueren por año por la contaminación del aire y el 92% de la población del mundo vive en lugares donde los niveles de polución excedan los límites recomendados.
Dato 2: investigadores de la University of Southern California demostraron que trabajar en espacios cerrados mal ventilados baja la productividad: sólo en China, el sector de servicios crecería en 2.200 millones de dólares al año si se redujeran apenas un 10% los niveles de contaminación del aire que respiran los empleados de oficinas.
Dato 3: desde hace 15 años se pueden detectar focos de fuego con mucha precisión de lugar y tiempo usando imágenes satelitales. Para Tucumán los datos muestran el mismo patrón: más de 500 incendios por año, todos causados por la mano del hombre; la gran mayoría, en cañaverales durante la zafra.
“En 15 años muy poco ha cambiado... y queremos que cambie”, dice el biólogo Leonardo Paolini.
Estos y otros datos les pegaron un empujón a Paolini y a su equipo, que se dedica a estudiar la ecología de lo que describen como ecosistemas construidos. Son esos donde la intervención humana es tan importante que produce cambios estructurales, y resultan modificados funcional y espacialmente.
“El objetivo del proyecto, que ya está encaminado, es armar un sistema de monitoreo de calidad ambiental para el Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), que sea abierto, de acceso público y con mediciones de variables en tiempo real”, explica Paolini.
Algunos beneficios
“El hecho de que sea información pública y chequeable permitirá que las decisiones se tomen sobre la base de datos reales, y no de creencias o prejuicios; por ejemplo, le permitirá al Siprosa hacer previsiones sobre lo que puede pasar con la demanda de internaciones por patologías respiratorias en determinadas situaciones”, destaca.
Eso no es todo: “también permitirá a los ciudadanos saber al detalle lo que pasa -con la quema de caña, por ejemplo- y reclamar que se cumpla la ley. Se podrían desarrollar aplicaciones que se puedan bajar al celular e informen (a pacientes asmáticos, por ejemplo) cómo está el aire en la ciudad”, describe algunos de los muchos proyectos que bullen en el seno del equipo.
Trabajo arduo
La tarea implica manejar una inmensa cantidad de datos, pues están combinando imágenes satelitales con sensores que miden temperatura, humedad, presión atmosférica, CO2 y VOCs (compuestos volátiles orgánicos) NO2 y partículas en suspensión en el GSMT. “Actualmente los datos satelitales se reciben dos veces al día, pero demoran en procesarse; el objetivo es hacer que esa información esté disponible en tiempo real”, destaca Paolini.
Por de pronto, ya tienen listos la primera versión de una plataforma de detección de fuegos (que es la “autora” del Dato 3) y un prototipo de sensor de calidad de aire que realiza mediciones y transmisiones de datos en tiempo real. Entrando a los siguientes links se puede ver de qué se trata (https://public.tableau.com/profile/leo.paolini#!/vizhome/incendios20012016/Dashboard1 y http://emoncms.org/leopaolini)
“Para el monitoreo tenemos los primeros prototipos, y funcionan como esperábamos, pero para armar e instalar los sensores para todo el GSMT hace falta financiamiento. Hemos hecho presentaciones en el Conicet y en el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, pero la inversión privada, o de los municipios receptores del servicio, por ejemplo, sería una muy buena alternativa de trabajo conjunto”, afirma.
Proponer soluciones.
“Las imágenes satelitales y los sensores permiten tanto detectar y mapear procesos que degradan la calidad ambiental (como incendios de caña y quema de basurales) como para analizar lo que contribuye a mejorarla, como la incorporación de cobertura vegetal y los cambios en la actividad fotosintética de las plantas”, explica Paolini. Concretamente, los sensores miden en el terreno con muy alta frecuencia (cada segundo, si fuera necesario) las variaciones en la contaminación del aire. “Combinando estos datos vamos a poder monitorear estos procesos, generar información de calidad y proponer posibles soluciones”, añade. Y ese es el gran objetivo: “somos investigadores y nuestro trabajo se solventa mayoritariamente con fondos públicos. Nuestro trabajo busca devolver a la sociedad servicios que redunden en una mejor calidad de vida”.
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Ambiente de Mendoza lleva 600 animales rescatados
La Secretaría de Ambiente lleva 600 animales rescatados del tráfico ilegal
Fecha de Publicación: 10/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Ayer, detectaron 20 aves en operativos realizados en los departamentos de La Paz y Maipú.
La Secretaría de Ambiente de Mendoza rescató 20 aves del tráfico ilegal en distintos operativos realizados en los departamentos de La Paz y Maipú, según informó el organismo provincial, desde donde afirmaron que en lo que va del año recuperaron más de 600 animales.
El primer operativo estuvo a cargo del personal de Recursos Naturales Renovables en la comuna de La Paz, donde un equipo de Fauna allanó un domicilio particular en el que se decomisaron 11 ejemplares: 4 eran picahuesos, 2 diucas, 1 vira vira, 1 ladrillito, 1 cabecita negra, 1 misto y 1 naranjero.
Además del rescate, se secuestraron diversos tipos de artificios utilizados para la caza de aves como tramperos, jaulas, transportines, gomeras, como así también algunas piezas de la fauna silvestre como colmillos de jabalí y cola de piche.
"Ante la prohibición legal de tenencia, caza, transporte o comercialización, se sancionó al infractor por transgredir las normativas vigentes de protección a la fauna silvestre, quién -según trascendió- ya cuenta con antecedentes en estos ilícitos", indicaron desde la Secretaría de Ambiente.
Por otra parte, en el departamento de Maipú se realizó otro operativo del que también participó la Policía Rural de Mendoza, a raíz de una denuncia realizada en la red social Facebook, durante este fin de semana.
En esta oportunidad se recuperaron 9 aves que se encontraban albergados en dos viviendas de esa comuna del Gran Mendoza.
En el primer caso, encontraron que se comercializaba una corbatita y tramperos y la persona denunciada dio testimonio sobre el resto de las aves que también se ofrecían en un grupo ilegal de Facebook.
El equipo de Fauna provincial se presentó luego en el segundo domicilio denunciado, donde lograron rescatar dos Gavilanes Pichones, un Padre Cardenal Copete Rojo, un Zorzal Colorado, una Reina Mora, un Zorzal Chalchalero, un Zorzal Chiguanco y un Tordo Músico.
La Secretaría de Ambiente informó, además, que las aves están siendo atendidas y rehabilitadas para poder accionar a la liberación y reintroducción de su habitad natural en la fauna autóctona provincial.
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Fecha de Publicación: 10/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Ayer, detectaron 20 aves en operativos realizados en los departamentos de La Paz y Maipú.
La Secretaría de Ambiente de Mendoza rescató 20 aves del tráfico ilegal en distintos operativos realizados en los departamentos de La Paz y Maipú, según informó el organismo provincial, desde donde afirmaron que en lo que va del año recuperaron más de 600 animales.
El primer operativo estuvo a cargo del personal de Recursos Naturales Renovables en la comuna de La Paz, donde un equipo de Fauna allanó un domicilio particular en el que se decomisaron 11 ejemplares: 4 eran picahuesos, 2 diucas, 1 vira vira, 1 ladrillito, 1 cabecita negra, 1 misto y 1 naranjero.
Además del rescate, se secuestraron diversos tipos de artificios utilizados para la caza de aves como tramperos, jaulas, transportines, gomeras, como así también algunas piezas de la fauna silvestre como colmillos de jabalí y cola de piche.
"Ante la prohibición legal de tenencia, caza, transporte o comercialización, se sancionó al infractor por transgredir las normativas vigentes de protección a la fauna silvestre, quién -según trascendió- ya cuenta con antecedentes en estos ilícitos", indicaron desde la Secretaría de Ambiente.
Por otra parte, en el departamento de Maipú se realizó otro operativo del que también participó la Policía Rural de Mendoza, a raíz de una denuncia realizada en la red social Facebook, durante este fin de semana.
En esta oportunidad se recuperaron 9 aves que se encontraban albergados en dos viviendas de esa comuna del Gran Mendoza.
En el primer caso, encontraron que se comercializaba una corbatita y tramperos y la persona denunciada dio testimonio sobre el resto de las aves que también se ofrecían en un grupo ilegal de Facebook.
El equipo de Fauna provincial se presentó luego en el segundo domicilio denunciado, donde lograron rescatar dos Gavilanes Pichones, un Padre Cardenal Copete Rojo, un Zorzal Colorado, una Reina Mora, un Zorzal Chalchalero, un Zorzal Chiguanco y un Tordo Músico.
La Secretaría de Ambiente informó, además, que las aves están siendo atendidas y rehabilitadas para poder accionar a la liberación y reintroducción de su habitad natural en la fauna autóctona provincial.
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Decenas de proyectos mineros en plenos glaciares
Más de 40 proyectos mineros se desarrollan sobre glaciares
Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Según un informe presentado por asociaciones ambientalistas al Ministerio de Ambiente de la Nación, hay al menos 40 proyectos mineros en zonas de glaciares. Cabe destacar que en Argentina existe un total de 322, en distinto grado de avance, de los cuales 77 se ubican en zonas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales.
Desde Greenpeace, declararon que con el 10 % del inventario realizado, ya se han detectado 44 proyectos mineros en donde está expresamente prohibido por el árticulo 6 de la Ley de Glaciares, y que sin dudas ese numero crecerá mientras se sigan relevando las zonas que faltan.
En Mendoza existe la ley 7722 que protege el recurso hídrico del agua. La ley consta de seis artículos, básicamente. En el artículo 1 se detalla que, a los efectos de garantizar los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en todas las etapas de los procesos mineros. Además, la norma genera nuevas instancias para aprobar una iniciativa, ya que el artículo 3 prevé que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe tener ratificación legislativa. También detalla la necesidad de contar con informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación (DGI), de otros organismos autárquicos, así como una manifestación específica de impacto ambiental sobre el recurso hídrico.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión de los recurso Hídricos y Acuáticos, en marco a la causa que investiga los derrames de solución cianurada de la mina Valedero, en 2015 y 2016, en manos de la empresa Barrick Gold en San Juan. La causa se encuentra en manos del juez federal Sebastian Casanello.
En el este derrame se detectaron 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso, cuando el promedio histórico en ese punto del río La Palca es de 0,25 mg/l de agua. En tanto, en el caso del aluminio, se verificaron 70 mg/l y se habían medido a esa altura del río de 3 a 4 mg/l. El valor máximo tolerado según el informante por norma nacional de residuos peligrosos destinada para riego y consumo animal es de 5 miligramos por litro.
Desde la Fundación Ambientes y Recursos Naturales declararon que el informe muestra la gravedad de la situación actual con los proyectos mineros, además la importancia de que no se avance con ningún otro. Existen próximos a iniciarse como lo son: Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señalaron que la información proporcionada por el informe es de suma importancia, tanto para que tome carácter público como para seguir con la investigación. De esta forma se evita el ocultamiento y se demuestra la falta de controles por parte del gobierno nacional sobre el sector minero, que perjudica un recurso primordial como lo que es el agua y por lo tanto la vida de personas.
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Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Según un informe presentado por asociaciones ambientalistas al Ministerio de Ambiente de la Nación, hay al menos 40 proyectos mineros en zonas de glaciares. Cabe destacar que en Argentina existe un total de 322, en distinto grado de avance, de los cuales 77 se ubican en zonas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales.
Desde Greenpeace, declararon que con el 10 % del inventario realizado, ya se han detectado 44 proyectos mineros en donde está expresamente prohibido por el árticulo 6 de la Ley de Glaciares, y que sin dudas ese numero crecerá mientras se sigan relevando las zonas que faltan.
En Mendoza existe la ley 7722 que protege el recurso hídrico del agua. La ley consta de seis artículos, básicamente. En el artículo 1 se detalla que, a los efectos de garantizar los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en todas las etapas de los procesos mineros. Además, la norma genera nuevas instancias para aprobar una iniciativa, ya que el artículo 3 prevé que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe tener ratificación legislativa. También detalla la necesidad de contar con informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación (DGI), de otros organismos autárquicos, así como una manifestación específica de impacto ambiental sobre el recurso hídrico.
El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión de los recurso Hídricos y Acuáticos, en marco a la causa que investiga los derrames de solución cianurada de la mina Valedero, en 2015 y 2016, en manos de la empresa Barrick Gold en San Juan. La causa se encuentra en manos del juez federal Sebastian Casanello.
En el este derrame se detectaron 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso, cuando el promedio histórico en ese punto del río La Palca es de 0,25 mg/l de agua. En tanto, en el caso del aluminio, se verificaron 70 mg/l y se habían medido a esa altura del río de 3 a 4 mg/l. El valor máximo tolerado según el informante por norma nacional de residuos peligrosos destinada para riego y consumo animal es de 5 miligramos por litro.
Desde la Fundación Ambientes y Recursos Naturales declararon que el informe muestra la gravedad de la situación actual con los proyectos mineros, además la importancia de que no se avance con ningún otro. Existen próximos a iniciarse como lo son: Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señalaron que la información proporcionada por el informe es de suma importancia, tanto para que tome carácter público como para seguir con la investigación. De esta forma se evita el ocultamiento y se demuestra la falta de controles por parte del gobierno nacional sobre el sector minero, que perjudica un recurso primordial como lo que es el agua y por lo tanto la vida de personas.
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Etiquetas:
ecosistemas,
glaciares,
legislación y derecho ambiental,
minería,
Nacional,
recursos hídricos
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Chubut será el destino de la nueva planta de uranio
El Gobierno nacional construirá una planta de uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Se trata de una planta "piloto" para la producción de uranio en Cerro Solo, yacimiento ubicado en el centro de la meseta chubutense y que de acuerdo al Código Minero es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La obra aparece al pie del listado de 39 ejecuciones que Nación financiará en Chubut y según el diputado Santiago Igon fue incluida a último momento. De acuerdo al Presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de la Cámara baja, la obra estará concluida en 2019.
En Chubut la explotación minera está expresamente prohibida por la Ley 5001, aunque solo abarca a la producción metalífera, mientras que el uranio, de condición nuclear, está considerado como un combustible. Además, mientras los permisos de cateo y exploración se extienden bajo la figura de concesiones, el Código Nacional Minero estableció que el yacimiento uranífero Cerro Solo es "propiedad" de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Eso implica que Nación tiene las potestades para decidir si explota o no en territorio chubutense donde, por marcos legales, el proyecto requiere del tan mentado "consenso social" para ser explotado y atravesar las instancias administrativas provinciales para obtener autorizaciones como la ambiental, y reglamentación para el transporte y la metodología de extracción, entre otros aspectos.
El yacimiento de uranio se ubica en el centro de la meseta chubutense y sus reservas se estiman en 30 millones de libras en un tiempo de explotación de diez años. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya había anticipado en junio el interés de Nación en explotar uranio en la Provincia y finalmente la obra para una planta piloto que permitirá los primeros ensayos tiene monto asignado en el presupuesto nacional. Aunque de baja escala, basta para la culminación de la obra en dos años: $8 millones en 2017 y otros $2 millones en 2018 para concluirla.
El desarrollo total del proyecto de uranio en Chubut implicaría una inversión inicial cercana a los 170 millones de dólares, y hay que indicar que mientras en este caso puntual solo se contempla la situación de Cerro Solo existen en Chubut otros cateos uraníferos que podrían avanzar si el de la CNEA logra la licencia social. De hecho, la empresa provincial Petrominera tiene su propio proyecto en desarrollo en la zona de Laguna Salada, cercana a Paso de Indios, en sociedad con una empresa canadiense, aunque en este caso el interés extractivo estaría asociado en forma mayoritaria a la medicina nuclear.
Mientras diputados y senadores de la provincia habían discutido en bloque por la inclusión en el Presupuesto Nacional de obras clave para Chubut, como el Camino de Circunvalación del tránsito pesado para Comodoro Rivadavia, en ningún caso trascendió en esa etapa de análisis que la planta piloto para la producción de uranio fuera parte del listado.
Según Santiago Igon (FpV), que había sido uno de los más críticos con el proyecto presupuestario, la planta "no estaba en el listado de obras hasta la semana pasada. Apareció publicada cuando se firmó el dictamen en mayoría". Sucedió el lunes, cuando se reunió la Comisión de Hacienda previamente a la sesión especial que comenzó el miércoles y que terminó en la madrugada del jueves, donde se sancionó el proyecto que ahora debe discutir el Senado.
Para el diputado, la obra "va en contraposición a lo que se viene planteando en la provincia", considerando que "si viene una prueba piloto, definitivamente hay una intención de empezar a incursionar en estos temas en Chubut. Ya lo habían anticipado (Sergio) Bergman, (ministro de Ambiente); (Mauricio) Macri y Aranguren, y entiendo que habrá voluntad en algunos actores políticos de la provincia".
Según planteó Igon, el valor asignado nivel presupuestario es "chico", aunque consideró que hay que estar atentos a que el presupuesto no sea reconducido y determine la inversión millonaria para avanzar en la explotación. Advirtió: "están poniendo el caballo delante del carro" ya que se están imponiendo el tema desde Nación, y antes debería plantearse cuál será el perfil o matriz productiva de Chubut.
"Nadie desconoce la importancia que tiene el uranio para la provincia, el país y el mundo, pero hay que discutir la matriz en la provincia primero", sostuvo. Y agregó que en el mismo presupuesto la obra más importante que recibirá Chubut, con una inversión de 600 millones de pesos, es el proyecto de riego en la meseta, aunque de avanzar con la minería se pierde la factibilidad de producción agrícola, que es en teoría para lo que se planifica la irrigación en la zona.
"Lo plantean como una planta de prueba cuando claramente pueden bajar un presupuesto monstruoso para avanzar más rápido. Es significativa la intención detrás de lo dicho con este tema, sobre todo porque apareció de la noche a la mañana", insistió.
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Fecha de Publicación: 09/11/2016
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Se trata de una planta "piloto" para la producción de uranio en Cerro Solo, yacimiento ubicado en el centro de la meseta chubutense y que de acuerdo al Código Minero es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La obra aparece al pie del listado de 39 ejecuciones que Nación financiará en Chubut y según el diputado Santiago Igon fue incluida a último momento. De acuerdo al Presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de la Cámara baja, la obra estará concluida en 2019.
En Chubut la explotación minera está expresamente prohibida por la Ley 5001, aunque solo abarca a la producción metalífera, mientras que el uranio, de condición nuclear, está considerado como un combustible. Además, mientras los permisos de cateo y exploración se extienden bajo la figura de concesiones, el Código Nacional Minero estableció que el yacimiento uranífero Cerro Solo es "propiedad" de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Eso implica que Nación tiene las potestades para decidir si explota o no en territorio chubutense donde, por marcos legales, el proyecto requiere del tan mentado "consenso social" para ser explotado y atravesar las instancias administrativas provinciales para obtener autorizaciones como la ambiental, y reglamentación para el transporte y la metodología de extracción, entre otros aspectos.
El yacimiento de uranio se ubica en el centro de la meseta chubutense y sus reservas se estiman en 30 millones de libras en un tiempo de explotación de diez años. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya había anticipado en junio el interés de Nación en explotar uranio en la Provincia y finalmente la obra para una planta piloto que permitirá los primeros ensayos tiene monto asignado en el presupuesto nacional. Aunque de baja escala, basta para la culminación de la obra en dos años: $8 millones en 2017 y otros $2 millones en 2018 para concluirla.
El desarrollo total del proyecto de uranio en Chubut implicaría una inversión inicial cercana a los 170 millones de dólares, y hay que indicar que mientras en este caso puntual solo se contempla la situación de Cerro Solo existen en Chubut otros cateos uraníferos que podrían avanzar si el de la CNEA logra la licencia social. De hecho, la empresa provincial Petrominera tiene su propio proyecto en desarrollo en la zona de Laguna Salada, cercana a Paso de Indios, en sociedad con una empresa canadiense, aunque en este caso el interés extractivo estaría asociado en forma mayoritaria a la medicina nuclear.
Mientras diputados y senadores de la provincia habían discutido en bloque por la inclusión en el Presupuesto Nacional de obras clave para Chubut, como el Camino de Circunvalación del tránsito pesado para Comodoro Rivadavia, en ningún caso trascendió en esa etapa de análisis que la planta piloto para la producción de uranio fuera parte del listado.
Según Santiago Igon (FpV), que había sido uno de los más críticos con el proyecto presupuestario, la planta "no estaba en el listado de obras hasta la semana pasada. Apareció publicada cuando se firmó el dictamen en mayoría". Sucedió el lunes, cuando se reunió la Comisión de Hacienda previamente a la sesión especial que comenzó el miércoles y que terminó en la madrugada del jueves, donde se sancionó el proyecto que ahora debe discutir el Senado.
Para el diputado, la obra "va en contraposición a lo que se viene planteando en la provincia", considerando que "si viene una prueba piloto, definitivamente hay una intención de empezar a incursionar en estos temas en Chubut. Ya lo habían anticipado (Sergio) Bergman, (ministro de Ambiente); (Mauricio) Macri y Aranguren, y entiendo que habrá voluntad en algunos actores políticos de la provincia".
Según planteó Igon, el valor asignado nivel presupuestario es "chico", aunque consideró que hay que estar atentos a que el presupuesto no sea reconducido y determine la inversión millonaria para avanzar en la explotación. Advirtió: "están poniendo el caballo delante del carro" ya que se están imponiendo el tema desde Nación, y antes debería plantearse cuál será el perfil o matriz productiva de Chubut.
"Nadie desconoce la importancia que tiene el uranio para la provincia, el país y el mundo, pero hay que discutir la matriz en la provincia primero", sostuvo. Y agregó que en el mismo presupuesto la obra más importante que recibirá Chubut, con una inversión de 600 millones de pesos, es el proyecto de riego en la meseta, aunque de avanzar con la minería se pierde la factibilidad de producción agrícola, que es en teoría para lo que se planifica la irrigación en la zona.
"Lo plantean como una planta de prueba cuando claramente pueden bajar un presupuesto monstruoso para avanzar más rápido. Es significativa la intención detrás de lo dicho con este tema, sobre todo porque apareció de la noche a la mañana", insistió.
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