Preocupa en Córdoba modificaciones a la Ley de Bosques
08:00 | 
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Alerta Roja: Avanzan modificaciones a la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 26/10/2016
Fuente: Ecos Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los empresarios ganaderos del norte cordobés a través de CARTEZ -la entidad que los nuclea- están presionando desde hace unos meses para que se apruebe una modificación a la Ley de Bosques (Nº 9.814) en la que el desmonte de bosques nativos en zonas actualmente protegidas sea legal, con la intención de desarrollar la ganadería intensiva y sembrar pasturas exóticas para alimentar a su ganado.
Para ello, utilizarían el rolado, una técnica que se vale de maquinaria similar a las aplanadoras pero con púas que van pasando por arriba del monte y de esa forma van quebrando todo lo que encuentran a su paso, “limpiando” el área de arbustos y rompiendo el suelo para sembrar pasturas exóticas.
“El ecosistema no soportará ese ritmo de producción”
Al ser consultado, el biólogo Fernando Barri, Doctor en Ciencias Biológicas que se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), indica que el proyecto difundido por CARTEZ “implica ganadería intensiva en un ecosistema que no soportará ese ritmo de producción, ya que pretenden incorporar muchas cabezas de ganado por hectárea con el argumento falaz que los bosques sobrevivirán ya que dejarán algunos árboles en pie. Por supuesto, todo eso es una falacia”, afirma el especialista.
Fuentes consultadas por Sala de Prensa Ambiental que están participando en la Mesa Chica de discusiones para modificar la Ley -y que pidieron no ser identificadas- confirman que la disputa central de hoy es muy simple: los ruralistas quieren lograr su objetivo de obtener un permiso legal para realizar desmontes selectivos presionando al gobierno provincial por estas vías: o modifica el mapa de protección de los bosques para que las regiones rojas pasen a amarillas y puedan utilizar el rolado, o les permiten utilizar este sistema de rolo en la categoría roja, con lo que cual Córdoba seguiría violando los Presupuestos Mínimos establecidos por la Ley nacional de Bosques Nativos.
El uso del rolado puede trar gravísimos problemas
En las oficinas de Casa de Gobierno, desde hace unos meses en estricto silencio están decidiendo el futuro del rincón que atesora la mayor biodiversidad de la provincia: el arco noroeste cordobés y sus 400.000 hectáreas de bosque nativo bien conservado. Por eso, desde el año 2010, la Ley de Bosques estableció una franja muy importante de ese territorio como zona Roja, es decir una categoría que prohíbe todo tipo de desmontes.
Se trata de un extenso ecosistema que ha resguardado la vida y la cultura campesina transmitida durante generaciones en los montes del chaco árido provincial. Familias que sin el bosque no podrán seguir viviendo allí.
En aquella región en disputa, el cruzdelejeño Miguel Barreda, reconocido Ingeniero Agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) coordina un proyecto para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada. El Plan del INTA se extiende desde Villa María de Rio Seco hasta Villa Dolores, la franja boscosa que contiene al ecosistema del chaco árido cordobés.
Barreda, al ser consultado por Sala de Prensa Ambiental opina que “la opción para el noroeste no es el desmonte, tampoco la implantación de pasturas exóticas sino que hay otras alternativas que van desde la apicultura, la recolección de frutas y de distintos tipos de alimentos, la articulación con diferentes tipos de organizaciones familiares y campesinas”.
Al plantear sus discrepancias con el proyecto presentado por los ruralistas, el especialista del INTA explica que “el Manejo de Bosque con ganadería integrada no es una cuestión que habilita a simplificar el ecosistema solamente pensando en la ganadería bovina. Por eso, no creemos que un cambio de Categoría de los bosques nativos (de Roja a Amarilla o el permiso del rolado en áreas Rojas) sea lo que haya que hacer”, afirma Barreda. Y agrega: “También deduzco que los grandes productores quieren obtener más ganancias en sus campos pero tenemos que analizar la sustentabilidad, a mediano y largo plazo, en un contexto de cambio climático. Por eso, un proyecto como el de CARTEZ no viene siendo la herramienta adecuada: el desmonte y la simplificación con árboles y pasturas solamente, no ha sido sustentable. Cuando sufrimos una sequía grande, hace 5 años, productores grandes y chicos tuvieron que achicar stocks ganaderos porque la producción de la cantidad de pasto esperada por esa pastura exótica no se dio y tuvieron que vaciar los campos. Homogeneizar una zona con el rolado para un solo tipo de manejo del bosque nos va a traer gravísimos problemas”, afirma el experto del INTA.
El biólogo Fernando Barri, indica que “los grandes empresarios rurales pretenden que se incorpore el rolado, con lo que dejarían algunos árboles aislados pero arrasarían con todos los arbustos y toda la vida que compone el suelo nativo para implantar hierbas nativas de África o del sur de Asia”.
Miles de vacas en un pseudo-bosque
En el ecosistema del noroeste cordobés conviven diferentes estratos: diversidad de especies de árboles -chañares, quebrachos y algarrobos- mezclados con arbustos -como garabatos y churquis- y, por debajo de ellos, pasturas nativas. También, especies animales como corzuelas, pumas, chanchos del monte, además de abejas y demás insectos. Todos conviviendo en un ecosistema. Hasta ahora, las vacas con un sistema de producción extensivo, interactúan en él.
Pero la situación cambia drásticamente cuando entra un tractor con un rolado – cilindros pesados con púas que van rompiendo el suelo y sólo deja algunos árboles de gran porte- porque arrasan todo lo que está debajo. Es decir, reducen la biodiversidad, destruyen el hábitat de mamíferos, aves, insectos y demás para sembrar pasturas megatérmicas.
Al respecto, Barri señala que “en definitiva, los empresarios no quieren seguir haciendo ganadería extensiva, sino comprar este paquete tecnológico para el negocio, similar a la manera en que los sojeros compran el combo de la soja transgénica”.
El ingeniero Barreda sostiene que “la consigna de manejar bosques con ganadería no debe implicar miles de vacas dentro de un pseudo-bosque. Tiene que ser bosque con ganadería, pero además, en la región ya existe un modo de producir que valoriza la producción regional que desarrollan las familias campesinas” tras lo cual agrega que “el proceso de “pampeanización” ya se viene haciendo en el noroeste desde hace muchos años y nosotros creemos que ese proceso es lo que se ha llevado puesto caminos, cuencas y no nos ha ido bien con eso”.
El biólogo Barri indica que “la cría de ganado siempre se ha hecho en la región y eso no ha afectado, en general, al ecosistema y su necesaria biodiversidad. Es más, está demostrado que donde se ha hecho ganadería extensiva el monte aún sigue en pie y donde se intentó hacer actividad intensiva terminaron transformando esos lugares en peladales y desiertos. Pareciera que los ruralistas quieren volver a cometer el mismo error porque el ecosistema del chaco árido no permite un sistema de producción como el que ellos quieren. Hay limitaciones del suelo y condicionamientos hídricos entre otros aspectos pero los empresarios ganaderos proponen llevar a la región al límite de productividad; van a quebrar el equilibrio ecológico por su ambición y vamos a tener problemas”.
La pérdida de familias campesinas es agrandar el desierto
El agrónomo Barreda, en tanto, advierte que “es el Estado quien tiene que brindar una mirada sobre el uso del suelo”.
Lo que ha pasado con los suelos en la zona centro después de la sojización o lo que sucedió en el sur con la elevación de las napas freáticas a 50 cm del suelo son cosas que nos tienen que llamar a reflexionar sobre los manejos a gran escala, porque si no, son los mismos gobiernos los que tienen que salir a rescatar las pérdidas producidas en los campos más productivos de la provincia, como los de la región de Marcos Juárez.”
En la región que los ruralistas ganaderos pretenden intensificar su producción se concentra la mayor proporción de campesinado de la provincia.
Los desmontes generan un impacto sobre estas familias que han subsistido con sus producciones de cabras, ovejas, miel y leña, durante años.
“Lo cierto es que el desierto comienza cuando no hay gente y la pérdida de una familia campesina es agrandar el desierto, por más ingresos que le genere a la provincia y si nosotros estamos preocupados por la cuestión del hábitat, del éxodo y la migración tenemos que hacer que las familias campesinas sigan se quedándose en los bosques nativos”, concluye el agrónomo Barreda.
Más fuentes que están participando de la Mesa de discusión para la modificación de la Ley de Bosques, consultadas por Sala de Prensa Ambiental, aseguraron que el gobierno provincial acusa un desprestigio importante en este tema por lo que su estrategia es que cuando la información sobre las modificaciones a la Ley de Bosques salga a la luz, las reformas ya estén aprobadas para que el costo político sea menor que con una presión social, a partir de informaciones de lo que se está discutiendo en estos días.
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Fecha de Publicación: 26/10/2016
Fuente: Ecos Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los empresarios ganaderos del norte cordobés a través de CARTEZ -la entidad que los nuclea- están presionando desde hace unos meses para que se apruebe una modificación a la Ley de Bosques (Nº 9.814) en la que el desmonte de bosques nativos en zonas actualmente protegidas sea legal, con la intención de desarrollar la ganadería intensiva y sembrar pasturas exóticas para alimentar a su ganado.
Para ello, utilizarían el rolado, una técnica que se vale de maquinaria similar a las aplanadoras pero con púas que van pasando por arriba del monte y de esa forma van quebrando todo lo que encuentran a su paso, “limpiando” el área de arbustos y rompiendo el suelo para sembrar pasturas exóticas.
“El ecosistema no soportará ese ritmo de producción”
Al ser consultado, el biólogo Fernando Barri, Doctor en Ciencias Biológicas que se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), indica que el proyecto difundido por CARTEZ “implica ganadería intensiva en un ecosistema que no soportará ese ritmo de producción, ya que pretenden incorporar muchas cabezas de ganado por hectárea con el argumento falaz que los bosques sobrevivirán ya que dejarán algunos árboles en pie. Por supuesto, todo eso es una falacia”, afirma el especialista.
Fuentes consultadas por Sala de Prensa Ambiental que están participando en la Mesa Chica de discusiones para modificar la Ley -y que pidieron no ser identificadas- confirman que la disputa central de hoy es muy simple: los ruralistas quieren lograr su objetivo de obtener un permiso legal para realizar desmontes selectivos presionando al gobierno provincial por estas vías: o modifica el mapa de protección de los bosques para que las regiones rojas pasen a amarillas y puedan utilizar el rolado, o les permiten utilizar este sistema de rolo en la categoría roja, con lo que cual Córdoba seguiría violando los Presupuestos Mínimos establecidos por la Ley nacional de Bosques Nativos.
El uso del rolado puede trar gravísimos problemas
En las oficinas de Casa de Gobierno, desde hace unos meses en estricto silencio están decidiendo el futuro del rincón que atesora la mayor biodiversidad de la provincia: el arco noroeste cordobés y sus 400.000 hectáreas de bosque nativo bien conservado. Por eso, desde el año 2010, la Ley de Bosques estableció una franja muy importante de ese territorio como zona Roja, es decir una categoría que prohíbe todo tipo de desmontes.
Se trata de un extenso ecosistema que ha resguardado la vida y la cultura campesina transmitida durante generaciones en los montes del chaco árido provincial. Familias que sin el bosque no podrán seguir viviendo allí.
En aquella región en disputa, el cruzdelejeño Miguel Barreda, reconocido Ingeniero Agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) coordina un proyecto para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada. El Plan del INTA se extiende desde Villa María de Rio Seco hasta Villa Dolores, la franja boscosa que contiene al ecosistema del chaco árido cordobés.
Barreda, al ser consultado por Sala de Prensa Ambiental opina que “la opción para el noroeste no es el desmonte, tampoco la implantación de pasturas exóticas sino que hay otras alternativas que van desde la apicultura, la recolección de frutas y de distintos tipos de alimentos, la articulación con diferentes tipos de organizaciones familiares y campesinas”.
Al plantear sus discrepancias con el proyecto presentado por los ruralistas, el especialista del INTA explica que “el Manejo de Bosque con ganadería integrada no es una cuestión que habilita a simplificar el ecosistema solamente pensando en la ganadería bovina. Por eso, no creemos que un cambio de Categoría de los bosques nativos (de Roja a Amarilla o el permiso del rolado en áreas Rojas) sea lo que haya que hacer”, afirma Barreda. Y agrega: “También deduzco que los grandes productores quieren obtener más ganancias en sus campos pero tenemos que analizar la sustentabilidad, a mediano y largo plazo, en un contexto de cambio climático. Por eso, un proyecto como el de CARTEZ no viene siendo la herramienta adecuada: el desmonte y la simplificación con árboles y pasturas solamente, no ha sido sustentable. Cuando sufrimos una sequía grande, hace 5 años, productores grandes y chicos tuvieron que achicar stocks ganaderos porque la producción de la cantidad de pasto esperada por esa pastura exótica no se dio y tuvieron que vaciar los campos. Homogeneizar una zona con el rolado para un solo tipo de manejo del bosque nos va a traer gravísimos problemas”, afirma el experto del INTA.
El biólogo Fernando Barri, indica que “los grandes empresarios rurales pretenden que se incorpore el rolado, con lo que dejarían algunos árboles aislados pero arrasarían con todos los arbustos y toda la vida que compone el suelo nativo para implantar hierbas nativas de África o del sur de Asia”.
Miles de vacas en un pseudo-bosque
En el ecosistema del noroeste cordobés conviven diferentes estratos: diversidad de especies de árboles -chañares, quebrachos y algarrobos- mezclados con arbustos -como garabatos y churquis- y, por debajo de ellos, pasturas nativas. También, especies animales como corzuelas, pumas, chanchos del monte, además de abejas y demás insectos. Todos conviviendo en un ecosistema. Hasta ahora, las vacas con un sistema de producción extensivo, interactúan en él.
Pero la situación cambia drásticamente cuando entra un tractor con un rolado – cilindros pesados con púas que van rompiendo el suelo y sólo deja algunos árboles de gran porte- porque arrasan todo lo que está debajo. Es decir, reducen la biodiversidad, destruyen el hábitat de mamíferos, aves, insectos y demás para sembrar pasturas megatérmicas.
Al respecto, Barri señala que “en definitiva, los empresarios no quieren seguir haciendo ganadería extensiva, sino comprar este paquete tecnológico para el negocio, similar a la manera en que los sojeros compran el combo de la soja transgénica”.
El ingeniero Barreda sostiene que “la consigna de manejar bosques con ganadería no debe implicar miles de vacas dentro de un pseudo-bosque. Tiene que ser bosque con ganadería, pero además, en la región ya existe un modo de producir que valoriza la producción regional que desarrollan las familias campesinas” tras lo cual agrega que “el proceso de “pampeanización” ya se viene haciendo en el noroeste desde hace muchos años y nosotros creemos que ese proceso es lo que se ha llevado puesto caminos, cuencas y no nos ha ido bien con eso”.
El biólogo Barri indica que “la cría de ganado siempre se ha hecho en la región y eso no ha afectado, en general, al ecosistema y su necesaria biodiversidad. Es más, está demostrado que donde se ha hecho ganadería extensiva el monte aún sigue en pie y donde se intentó hacer actividad intensiva terminaron transformando esos lugares en peladales y desiertos. Pareciera que los ruralistas quieren volver a cometer el mismo error porque el ecosistema del chaco árido no permite un sistema de producción como el que ellos quieren. Hay limitaciones del suelo y condicionamientos hídricos entre otros aspectos pero los empresarios ganaderos proponen llevar a la región al límite de productividad; van a quebrar el equilibrio ecológico por su ambición y vamos a tener problemas”.
La pérdida de familias campesinas es agrandar el desierto
El agrónomo Barreda, en tanto, advierte que “es el Estado quien tiene que brindar una mirada sobre el uso del suelo”.
Lo que ha pasado con los suelos en la zona centro después de la sojización o lo que sucedió en el sur con la elevación de las napas freáticas a 50 cm del suelo son cosas que nos tienen que llamar a reflexionar sobre los manejos a gran escala, porque si no, son los mismos gobiernos los que tienen que salir a rescatar las pérdidas producidas en los campos más productivos de la provincia, como los de la región de Marcos Juárez.”
En la región que los ruralistas ganaderos pretenden intensificar su producción se concentra la mayor proporción de campesinado de la provincia.
Los desmontes generan un impacto sobre estas familias que han subsistido con sus producciones de cabras, ovejas, miel y leña, durante años.
“Lo cierto es que el desierto comienza cuando no hay gente y la pérdida de una familia campesina es agrandar el desierto, por más ingresos que le genere a la provincia y si nosotros estamos preocupados por la cuestión del hábitat, del éxodo y la migración tenemos que hacer que las familias campesinas sigan se quedándose en los bosques nativos”, concluye el agrónomo Barreda.
Más fuentes que están participando de la Mesa de discusión para la modificación de la Ley de Bosques, consultadas por Sala de Prensa Ambiental, aseguraron que el gobierno provincial acusa un desprestigio importante en este tema por lo que su estrategia es que cuando la información sobre las modificaciones a la Ley de Bosques salga a la luz, las reformas ya estén aprobadas para que el costo político sea menor que con una presión social, a partir de informaciones de lo que se está discutiendo en estos días.
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Glifosato en todos lados, incluso en alimentos
“El glifosato llega al río Paraná y está alcanzando a los alimentos”
Fecha de Publicación: 26/10/2016
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Nacional
En el marco de los llamados “Juicios éticos a Monsanto en La Haya” se realizó en el recinto del Concejo Municipal una jornada y debate organizada por la edila Celeste Lepratti.
En ese marco, El Ciudadano dialogó con Cecilia Bianco, referente del Taller Ecologista, que formó parte del panel expositor junto a Carlos Manesi de Paren de Fumigarnos y la bióloga Vanesa Pacotti, de la organización El Paraná no se Toca. Para quienes coordinaron la actividad, la empresa multinacional que fabrica y distribuye glifosato “es la responsable de miles de casos de cáncer en el mundo y de malformaciones genéticas”. Para peor, según denunció la activista ambiental, el agroquímico es usado en forma masiva en todos los cultivos de soja en el país, y en Santa Fe, que es provincia costera “alcanza las aguas del río Paraná a través de las napas subterráneas”.
“No es cierto que el glifosato se estanca en la parcela o lugar en donde se deposita, sino que está alcanzando también a los alimentos que consumimos”, denunció Bianco.
—El glifosato entonces ¿llega a los alimentos?
—De acuerdo a estudios que llegaron a nuestras manos hemos tenido conocimiento de que hay vinos, fabricados en California, Estados Unidos, e incluso de cervezas alemanas que se venden acá en la Argentina y en la ciudad, que tienen glifosato.
—¿Quiénes son los responsables?
—Hay detrás todo un sistema de producción que está avalando esto. La responsabilidad en la cadena empieza en los primeros que avalan la aprobación del uso de este agrotóxico y que no investigaron lo suficiente para decir: «Bueno, acá tenemos las consecuencias a nivel salud». De todas maneras toda la información que hay en este momento habilita el pedido de una restricción máxima y qué mejor si lo hacemos como lo hizo Sri Lanka.
—El agua que llega a las casas ¿es segura?
—Nosotros esperamos que se hagan debidamente todos los procesos de potabilización, y creemos que es así. En sí el agua, si está en circulación, debería ser segura. Pero reitero que estos datos deben estar a disposición pública y es muy difícil que estando en eje de discusión tanta cantidad de uso de tóxicos –no sólo el glifosato sino un gran listado que le sigue– se debe tener cuidado de que no se traslade al agua y a los alimentos que comemos.
—Un informe reciente del Conicet revela que efectivamente hay restos de glifosato en los sedimentos del río Paraná.
—De acuerdo al informe en determinados lugares en donde se han sacado muestras de sedimentos se han encontrados valores muy altos de glifosato y de otro metabolito del glifosato. Esto viene a demostrar que el glifosato que caía al suelo y que era aprovechado sólo por la planta, por así decirlo, y que no iba a moverse más, no es así. Quedó demostrado que el producto viaja. Y en algunos lugares se queda y está siendo consumido por algunos animales que a su vez forman parte de nuestro alimento.
—¿El glifosato viaja a través de las napas?, ¿qué puede provocar en los consumidores?
—Hay investigaciones a nivel internacional que han detectado en napas presencia del glifosato. En cuanto a las consecuencias en los seres humanos, reitero, está demostrado que puede ingresar a nuestro organismo a través de los alimentos y también del agua. Hay que extremar las medidas en cuanto a cuál es nuestra fuente de alimentación. Si bien es bastante difícil, hay que restringir al mínimo el glifosato que es aplicado en huertas y también en hogares. Esa venta libre que hay del producto tendría que ser severamente restringida con el objetivo final de prohibirlo definitivamente, porque tiene efectos muy dañinos en los humanos y animales.
—¿En qué quedó proyecto de ley que, entre otras cosas, proponía respetar los cordones de fumigación entre los sembrados y los ejidos urbanos?
—Seguimos esperando que se apruebe la ley en Diputados, seguimos con la 11.273 intacta. Dentro de todo, si tomamos de referencia el proyecto de la diputada socialista Inés Bertero, es mejor que no haya sido aprobada. Sí anhelamos que avance el proyecto del legislador mandato cumplido José María Tessa, confeccionado junto a organizaciones como Paren de Fumigarnos. Y a su vez anhelamos que cobre fuerza la iniciativa de ley de Agroecología, recientemente presentada por Carlos del Frade y Mercedes Meier, del Frente Social y Popular. Estamos a la expectativa, porque ahí empiezan a jugar las respuestas de cómo podemos salir de esta contaminación.
—¿Hay conciencia generalizada en las personas acerca de los riesgos existentes?
—Si no se sabe que hay tantos alimentos contaminados, tampoco se va a plantear que hay que tener un tipo de alimentación diferente a la que se venía llevando. Pongo un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos, donde encontraron que varias marcas de cereales muy reconocidas y muy bien vendidas en el mercado estadounidense, contenían glifosato. Realmente es increíble que niños y adolescentes estuvieran ingiriéndolo sin saberlo.
—¿Qué ocurre con los productos de plástico como juguetes o vajilla que pueden estar fabricados con recipientes que contuvieron glifosato?
—Juguetes y bolsas también. Lo único que puedo decir al respecto es que para detectar si el producto está fabricado con material no reciclado se debe ponerlo a trasluz y si aparecen como vetas no es fabricado por primera vez, sino que está hecho con material reciclado. Se supone que los chicos deberían tener las mínimas clases de juguetes de plástico porque es un material que lleva muchos agregados para que tenga distintas características. Por eso lo mejor es que los niños tengan la menor cantidad de productos de este material y en su defecto, que se tenga la certeza de que está fabricado con material no reciclado.
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Fecha de Publicación: 26/10/2016
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Nacional
En el marco de los llamados “Juicios éticos a Monsanto en La Haya” se realizó en el recinto del Concejo Municipal una jornada y debate organizada por la edila Celeste Lepratti.
En ese marco, El Ciudadano dialogó con Cecilia Bianco, referente del Taller Ecologista, que formó parte del panel expositor junto a Carlos Manesi de Paren de Fumigarnos y la bióloga Vanesa Pacotti, de la organización El Paraná no se Toca. Para quienes coordinaron la actividad, la empresa multinacional que fabrica y distribuye glifosato “es la responsable de miles de casos de cáncer en el mundo y de malformaciones genéticas”. Para peor, según denunció la activista ambiental, el agroquímico es usado en forma masiva en todos los cultivos de soja en el país, y en Santa Fe, que es provincia costera “alcanza las aguas del río Paraná a través de las napas subterráneas”.
“No es cierto que el glifosato se estanca en la parcela o lugar en donde se deposita, sino que está alcanzando también a los alimentos que consumimos”, denunció Bianco.
—El glifosato entonces ¿llega a los alimentos?
—De acuerdo a estudios que llegaron a nuestras manos hemos tenido conocimiento de que hay vinos, fabricados en California, Estados Unidos, e incluso de cervezas alemanas que se venden acá en la Argentina y en la ciudad, que tienen glifosato.
—¿Quiénes son los responsables?
—Hay detrás todo un sistema de producción que está avalando esto. La responsabilidad en la cadena empieza en los primeros que avalan la aprobación del uso de este agrotóxico y que no investigaron lo suficiente para decir: «Bueno, acá tenemos las consecuencias a nivel salud». De todas maneras toda la información que hay en este momento habilita el pedido de una restricción máxima y qué mejor si lo hacemos como lo hizo Sri Lanka.
—El agua que llega a las casas ¿es segura?
—Nosotros esperamos que se hagan debidamente todos los procesos de potabilización, y creemos que es así. En sí el agua, si está en circulación, debería ser segura. Pero reitero que estos datos deben estar a disposición pública y es muy difícil que estando en eje de discusión tanta cantidad de uso de tóxicos –no sólo el glifosato sino un gran listado que le sigue– se debe tener cuidado de que no se traslade al agua y a los alimentos que comemos.
—Un informe reciente del Conicet revela que efectivamente hay restos de glifosato en los sedimentos del río Paraná.
—De acuerdo al informe en determinados lugares en donde se han sacado muestras de sedimentos se han encontrados valores muy altos de glifosato y de otro metabolito del glifosato. Esto viene a demostrar que el glifosato que caía al suelo y que era aprovechado sólo por la planta, por así decirlo, y que no iba a moverse más, no es así. Quedó demostrado que el producto viaja. Y en algunos lugares se queda y está siendo consumido por algunos animales que a su vez forman parte de nuestro alimento.
—¿El glifosato viaja a través de las napas?, ¿qué puede provocar en los consumidores?
—Hay investigaciones a nivel internacional que han detectado en napas presencia del glifosato. En cuanto a las consecuencias en los seres humanos, reitero, está demostrado que puede ingresar a nuestro organismo a través de los alimentos y también del agua. Hay que extremar las medidas en cuanto a cuál es nuestra fuente de alimentación. Si bien es bastante difícil, hay que restringir al mínimo el glifosato que es aplicado en huertas y también en hogares. Esa venta libre que hay del producto tendría que ser severamente restringida con el objetivo final de prohibirlo definitivamente, porque tiene efectos muy dañinos en los humanos y animales.
—¿En qué quedó proyecto de ley que, entre otras cosas, proponía respetar los cordones de fumigación entre los sembrados y los ejidos urbanos?
—Seguimos esperando que se apruebe la ley en Diputados, seguimos con la 11.273 intacta. Dentro de todo, si tomamos de referencia el proyecto de la diputada socialista Inés Bertero, es mejor que no haya sido aprobada. Sí anhelamos que avance el proyecto del legislador mandato cumplido José María Tessa, confeccionado junto a organizaciones como Paren de Fumigarnos. Y a su vez anhelamos que cobre fuerza la iniciativa de ley de Agroecología, recientemente presentada por Carlos del Frade y Mercedes Meier, del Frente Social y Popular. Estamos a la expectativa, porque ahí empiezan a jugar las respuestas de cómo podemos salir de esta contaminación.
—¿Hay conciencia generalizada en las personas acerca de los riesgos existentes?
—Si no se sabe que hay tantos alimentos contaminados, tampoco se va a plantear que hay que tener un tipo de alimentación diferente a la que se venía llevando. Pongo un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos, donde encontraron que varias marcas de cereales muy reconocidas y muy bien vendidas en el mercado estadounidense, contenían glifosato. Realmente es increíble que niños y adolescentes estuvieran ingiriéndolo sin saberlo.
—¿Qué ocurre con los productos de plástico como juguetes o vajilla que pueden estar fabricados con recipientes que contuvieron glifosato?
—Juguetes y bolsas también. Lo único que puedo decir al respecto es que para detectar si el producto está fabricado con material no reciclado se debe ponerlo a trasluz y si aparecen como vetas no es fabricado por primera vez, sino que está hecho con material reciclado. Se supone que los chicos deberían tener las mínimas clases de juguetes de plástico porque es un material que lleva muchos agregados para que tenga distintas características. Por eso lo mejor es que los niños tengan la menor cantidad de productos de este material y en su defecto, que se tenga la certeza de que está fabricado con material no reciclado.
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Denuncia a funcionario por daño ambiental en el Limay
Denuncia contra Peressini por el río contaminado
Fecha de Publicación: 26/10/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una concejal lo acusa por supuesto daño ambiental en el Limay y malversación de fondos públicos.
La concejal del Movimiento Ciudadano Activa, Marisa Torres San Juan, denunció ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación al intendente Andrés Peressini por supuesto daño ambiental producido por la contaminación del río Limay en el manejo de la planta de líquidos cloacales.
Además, Torres San Juan realizó una segunda denuncia ante la Justicia provincial contra Peressini y Néstor Gelos, subsecretario de Hacienda, para que los investiguen por una supuesta “malversación de fondos”.
La concejal aseguró que realizó estas denuncias judiciales ya que agotó todas las instancias administrativas donde solicitó información al Ejecutivo pero que nunca obtuvo respuesta.
Explicó que luego de que la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia multara a la Municipalidad, en agosto del año pasado, con dos sanciones que alcanzaban en total 4.600.000 pesos por arrojar líquidos crudos al Limay, la comuna hizo su descargo, donde aseguró que invirtió en la planta 500 mil pesos provenientes de la Ley 2615.
“Ese monto había sido aprobado por ordenanza en la gestión anterior, pero luego llegó al Concejo Deliberante un pedido para derogarla porque supuestamente esos fondos nunca llegaron de Provincia”, describió la concejal, y se preguntó: “¿Cómo, por un lado, nos dicen que deroguemos la ordenanza porque los fondos no llegaron y, por otro, a Recursos Hídricos le dicen que los usaron para mejorar la planta, y de esta manera no tener que pagar la multa?”.
En la ordenanza 3688/15 que quisieron derogar, además, el Concejo Deliberante autorizaba al Ejecutivo a comprar un camión recolector de basura por 895 mil pesos y a utilizar 150 mil pesos en el cerramiento de la cancha de hockey que se está construyendo en el Camping Nepen Hue. Torres San Juan le pidió a la Justicia provincial que investigue qué pasó con esos fondos para confirmar si realmente llegaron desde Provincia y, si es así, dónde fueron destinados. “Que yo sepa, no se compró ningún camión y tampoco se cerró la cancha de hockey”, aseveró la concejal.
Además, manifestó que la Municipalidad realizó acuerdos con las empresas Serviur SA y Ecostim SRL para la refacción de sistemas de tratamientos en la planta de líquidos cloacales “sin proceso de licitación”, y que no recibió copia de esos acuerdos a pesar de que los pidió.
Desorden administrativo
La concejal afirmó ante la Fiscalía provincial que en la comuna hay “una falta de información absoluta de los recursos económicos y financieros, falta de rendición de las cuentas del fondo sojero y falta de rendición de cuentas en general”.
Comentó que las respuestas que en algunas oportunidades les dieron “fueron sólo parciales”.
“Nunca nos mostraron el libro de decretos”, apuntó. Por eso, declaró “ante la Justicia que hay un desorden administrativo importante”: “Por ejemplo, en algunos libros escriben con lápiz, lo que posibilita el borrado y cambio de la información”.
Hasta el cierre de esta edición, LM Neuquén intentó comunicarse con Peressini, quien no contestó ninguno de los llamados efectuados.
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Fecha de Publicación: 26/10/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una concejal lo acusa por supuesto daño ambiental en el Limay y malversación de fondos públicos.
La concejal del Movimiento Ciudadano Activa, Marisa Torres San Juan, denunció ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación al intendente Andrés Peressini por supuesto daño ambiental producido por la contaminación del río Limay en el manejo de la planta de líquidos cloacales.
Además, Torres San Juan realizó una segunda denuncia ante la Justicia provincial contra Peressini y Néstor Gelos, subsecretario de Hacienda, para que los investiguen por una supuesta “malversación de fondos”.
La concejal aseguró que realizó estas denuncias judiciales ya que agotó todas las instancias administrativas donde solicitó información al Ejecutivo pero que nunca obtuvo respuesta.
Explicó que luego de que la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia multara a la Municipalidad, en agosto del año pasado, con dos sanciones que alcanzaban en total 4.600.000 pesos por arrojar líquidos crudos al Limay, la comuna hizo su descargo, donde aseguró que invirtió en la planta 500 mil pesos provenientes de la Ley 2615.
“Ese monto había sido aprobado por ordenanza en la gestión anterior, pero luego llegó al Concejo Deliberante un pedido para derogarla porque supuestamente esos fondos nunca llegaron de Provincia”, describió la concejal, y se preguntó: “¿Cómo, por un lado, nos dicen que deroguemos la ordenanza porque los fondos no llegaron y, por otro, a Recursos Hídricos le dicen que los usaron para mejorar la planta, y de esta manera no tener que pagar la multa?”.
En la ordenanza 3688/15 que quisieron derogar, además, el Concejo Deliberante autorizaba al Ejecutivo a comprar un camión recolector de basura por 895 mil pesos y a utilizar 150 mil pesos en el cerramiento de la cancha de hockey que se está construyendo en el Camping Nepen Hue. Torres San Juan le pidió a la Justicia provincial que investigue qué pasó con esos fondos para confirmar si realmente llegaron desde Provincia y, si es así, dónde fueron destinados. “Que yo sepa, no se compró ningún camión y tampoco se cerró la cancha de hockey”, aseveró la concejal.
Además, manifestó que la Municipalidad realizó acuerdos con las empresas Serviur SA y Ecostim SRL para la refacción de sistemas de tratamientos en la planta de líquidos cloacales “sin proceso de licitación”, y que no recibió copia de esos acuerdos a pesar de que los pidió.
Desorden administrativo
La concejal afirmó ante la Fiscalía provincial que en la comuna hay “una falta de información absoluta de los recursos económicos y financieros, falta de rendición de las cuentas del fondo sojero y falta de rendición de cuentas en general”.
Comentó que las respuestas que en algunas oportunidades les dieron “fueron sólo parciales”.
“Nunca nos mostraron el libro de decretos”, apuntó. Por eso, declaró “ante la Justicia que hay un desorden administrativo importante”: “Por ejemplo, en algunos libros escriben con lápiz, lo que posibilita el borrado y cambio de la información”.
Hasta el cierre de esta edición, LM Neuquén intentó comunicarse con Peressini, quien no contestó ninguno de los llamados efectuados.
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El movimiento anti Monsanto en Córdoba sigue firme
Monsanto se fue, pero los asambleístas seguirán frente al predio de Malvinas
Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Quienes mantienen el acampe quieren conocer más detalles del proyecto de polo industrial en ese terreno. Desde el municipio aún no poseen mayor información para brindar.
“El fuego de la vida está en el bloqueo”. La frase está escrita en un trozo de tela deshilachada que flamea en la entrada del acampe que se instaló hace cuatro años frente al ingreso principal al predio de Malvinas Argentinas en el cual la multinacional Monsanto proyectaba levantar una planta de semillas de maíz.
Un poco más allá, otro retazo colgado del alambrado perimetral resume las convicciones de quienes se opusieron al emprendimiento desde el primer día: “El enemigo es Monsanto. La salida es colectiva”.
Y pese a que la compañía estadounidense –productora de agroquímicos y biotecnología destinada a la agricultura– anunció el 3 de agosto que desactivaba el plan y ponía a la venta el lote de 26 hectáreas, el campamento se mantiene. Aunque la actividad y el número de participantes se redujeron de manera sensible.
A la par de las construcciones precarias, se levantó un pequeño salón con bloques de cemento y techo de zinc. “Lo hicimos para protegernos de las lluvias”, explicó Gustavo, uno de los asambleístas activos. “Seguimos aquí porque tenemos más dudas que certezas”, agregó por su parte Eli, vecina de esa ciudad del departamento Colón –14 kilómetros al este de la Capital provincial– e integrante del colectivo que resiste.
“Nos enteramos por los medios de que Monsanto transfirió, supuestamente, estas tierras a una constructora cordobesa que piensa lotearlas y transformarlas en un parque industrial de pyme. Pero la escasa información al respecto es difusa y poco seria”, aseguró la mujer.
Pedido de informe
En la sesión del martes último, los concejales opositores presentaron un proyecto de pedido de informes requiriendo al Ejecutivo precisiones acerca del destino del predio que, en el plano catastral de la provincia, figura como zona de servicios. Lo hicieron ante “la necesidad de conocer en detalle los proyectos industriales que se desarrollan” en el pueblo y para “transmitirles a los vecinos información certera y veraz sobre el nuevo destino que tendrá el lote que pertenecía a Monsanto”, aclaró Vanesa Sartori, integrante del bloque Malvinas Despierta.
Al día siguiente, la empresa AMG Obras Civiles presentó una nota breve a la intendenta de Malvinas Argentinas, Silvina Paola González (UCR), en la cual le comunica que adquirió a la multinacional las 28 hectáreas y que la intención es desarrollar un polo fabril.
“No es ni siquiera un anteproyecto. Es sólo una idea, un panorama sencillo de lo que querrían hacer, acompañado de un dibujo muy simple del loteo”, dijo a La Voz Nicolás Arzani, secretario de Gobierno del municipio.
“AMG no presentó hasta ahora un boleto de compra venta del inmueble ni un proyecto de obra, como se exige en estos casos. Por eso aún no le enviamos nada al Concejo Deliberante ni podemos responder el pedido de informes”, agregó. El joven funcionario es hijo del exintendente de Malvinas Argentinas Daniel Arzani, actual secretario General de la Municipalidad de Córdoba.
Este integrante del gabinete de Ramón Mestre está imputado por supuesto abuso de autoridad al consentir durante su gestión el cambio de uso del suelo para que Monsanto pudiera construir la semillera de la discordia. En igual situación y por el mismo motivo se encuentra imputado el exsecretario de Ambiente de la Provincia Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
“A la decisión de mantener o levantar el acampe la vamos a tomar, como siempre, en el seno de la asamblea”, señaló Eli.
“Hay gente que pregunta por qué lo mantenemos. Seguimos acá porque tenemos más dudas que certezas, porque estamos cansados de las mentiras y que nos digan una cosa y hagan otra muy distinta”, concluyó la asambleísta, aún en pie de lucha.
Un camino sinuoso: comienzo y fin
Cómo fue la fallida historia de Monsanto en Malvinas.
2012. En junio, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que Monsanto realizaría una inversión millonaria en Malvinas Argentinas.
2013. En septiembre, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida organizó un acampe en el ingreso al predio para oponerse a la obra.
2014. En febrero, los asambleístas lograron detener los trabajos por la vía legal.
2016. El 3 de agosto, la multinacional anunció su despedida.
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Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Quienes mantienen el acampe quieren conocer más detalles del proyecto de polo industrial en ese terreno. Desde el municipio aún no poseen mayor información para brindar.
“El fuego de la vida está en el bloqueo”. La frase está escrita en un trozo de tela deshilachada que flamea en la entrada del acampe que se instaló hace cuatro años frente al ingreso principal al predio de Malvinas Argentinas en el cual la multinacional Monsanto proyectaba levantar una planta de semillas de maíz.
Un poco más allá, otro retazo colgado del alambrado perimetral resume las convicciones de quienes se opusieron al emprendimiento desde el primer día: “El enemigo es Monsanto. La salida es colectiva”.
Y pese a que la compañía estadounidense –productora de agroquímicos y biotecnología destinada a la agricultura– anunció el 3 de agosto que desactivaba el plan y ponía a la venta el lote de 26 hectáreas, el campamento se mantiene. Aunque la actividad y el número de participantes se redujeron de manera sensible.
A la par de las construcciones precarias, se levantó un pequeño salón con bloques de cemento y techo de zinc. “Lo hicimos para protegernos de las lluvias”, explicó Gustavo, uno de los asambleístas activos. “Seguimos aquí porque tenemos más dudas que certezas”, agregó por su parte Eli, vecina de esa ciudad del departamento Colón –14 kilómetros al este de la Capital provincial– e integrante del colectivo que resiste.
“Nos enteramos por los medios de que Monsanto transfirió, supuestamente, estas tierras a una constructora cordobesa que piensa lotearlas y transformarlas en un parque industrial de pyme. Pero la escasa información al respecto es difusa y poco seria”, aseguró la mujer.
Pedido de informe
En la sesión del martes último, los concejales opositores presentaron un proyecto de pedido de informes requiriendo al Ejecutivo precisiones acerca del destino del predio que, en el plano catastral de la provincia, figura como zona de servicios. Lo hicieron ante “la necesidad de conocer en detalle los proyectos industriales que se desarrollan” en el pueblo y para “transmitirles a los vecinos información certera y veraz sobre el nuevo destino que tendrá el lote que pertenecía a Monsanto”, aclaró Vanesa Sartori, integrante del bloque Malvinas Despierta.
Al día siguiente, la empresa AMG Obras Civiles presentó una nota breve a la intendenta de Malvinas Argentinas, Silvina Paola González (UCR), en la cual le comunica que adquirió a la multinacional las 28 hectáreas y que la intención es desarrollar un polo fabril.
“No es ni siquiera un anteproyecto. Es sólo una idea, un panorama sencillo de lo que querrían hacer, acompañado de un dibujo muy simple del loteo”, dijo a La Voz Nicolás Arzani, secretario de Gobierno del municipio.
“AMG no presentó hasta ahora un boleto de compra venta del inmueble ni un proyecto de obra, como se exige en estos casos. Por eso aún no le enviamos nada al Concejo Deliberante ni podemos responder el pedido de informes”, agregó. El joven funcionario es hijo del exintendente de Malvinas Argentinas Daniel Arzani, actual secretario General de la Municipalidad de Córdoba.
Este integrante del gabinete de Ramón Mestre está imputado por supuesto abuso de autoridad al consentir durante su gestión el cambio de uso del suelo para que Monsanto pudiera construir la semillera de la discordia. En igual situación y por el mismo motivo se encuentra imputado el exsecretario de Ambiente de la Provincia Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
“A la decisión de mantener o levantar el acampe la vamos a tomar, como siempre, en el seno de la asamblea”, señaló Eli.
“Hay gente que pregunta por qué lo mantenemos. Seguimos acá porque tenemos más dudas que certezas, porque estamos cansados de las mentiras y que nos digan una cosa y hagan otra muy distinta”, concluyó la asambleísta, aún en pie de lucha.
Un camino sinuoso: comienzo y fin
Cómo fue la fallida historia de Monsanto en Malvinas.
2012. En junio, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que Monsanto realizaría una inversión millonaria en Malvinas Argentinas.
2013. En septiembre, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida organizó un acampe en el ingreso al predio para oponerse a la obra.
2014. En febrero, los asambleístas lograron detener los trabajos por la vía legal.
2016. El 3 de agosto, la multinacional anunció su despedida.
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Misiones recibirá 2,70 pesos por hectárea para bosque
Misiones recibirá otra vez 'migajas' en el reparto de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La Provincia percibe, en promedio, 2,70 pesos por hectárea protegida, un monto exiguo que no sirve para cumplir con los objetivos de protección del monte. Nuevamente se iniciaron los reclamos ante la Nación.
Es que el exiguo fondo es una sábana corta que nunca alcanza para cumplir los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y de los montes nativos, por lo que año tras año, decenas de propietarios de lotes alcanzados por la regulación ambiental se quedan sin recibir un solo peso y deben afrontar por su cuenta los gastos de preservación, que incluyen el mantenimiento de caminos, la protección de intrusiones, la lucha contra la caza ilegal y la tala prohibida, y el avance de la frontera agrícola mediante rozados para conseguir tierras donde cultivar. Todo ello sin poder tocar su propio terreno, o con limitaciones serias respecto del tipo de explotación dentro de los predios declarados reserva o áreas protegidas.
Con 1.300.000 hectáreas bajo alguno de los regímenes de conservación (reservas naturales provinciales, parques provinciales, parques nacionales, monumento nacional, reserva íctica, reserva natural cultural, reserva de usos múltiples, reserva de Biósfera, corredor verde, reserva municipal) la provincia es una de las que mayor porcentaje total de su territorio protege, con casi el 40% de sus tierras comprendidas por leyes que limitan su explotación. Pero el reparto nacional no contempla este “sacrificio”, como tampoco los niveles de biodiversidad que se encuentran en estas tierras protegidas.
Como resultado, este año el gobierno nacional todavía le adeuda a la provincia los 7.550.000 pesos que destinó por todo concepto por 2016 y piensa repetir la cifra, con apenas un 10% de aumento, para 2017. Mientras, provincias como Córdoba, Santiago del Estero o La Pampa reciben entre 18 y 30 millones y la porción de los fondos que le toca a la tierra colorada es casi similar a los que les toca a Entre Ríos o Neuquén, que no tienen el último resquicio de selva paranaense del mundo dentro de su territorio.
“Monedas” para el reparto
La situación de carencia en la aplicación de la Ley de Bosques se repite desde que se puso en vigencia la norma. La Ley 26.331 fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, estableciendo que el monto asignado para su cumplimiento no podría ser inferior al 0,3% del total del presupuesto. Este es otro de los conceptos que durante sus 9 años de vigencia (2008-2016) nunca se cumplió.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000. Los montos mermaron otra vez en 2014 con $247.043.707 y en 2015 con $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre veintidós provincias, cuando inicialmente las beneficiarias eran sólo quince. En otras palabras, el presupuesto inicial disminuyó un 18% en seis años mientras que aumentó la cantidad de invitados a la torta.
Parece que la situación no va a cambiar con Macri en el Poder, ya que los montos del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2017 para repartir entre las provincias alcanzadas, son apenas un poco superiores a los de este año. Para 2016 se destinaron $224.052.000. En 2017, el gobierno destinará 246.478.000, apenas 22 millones más.
El 70% de los fondos que llega a cada provincia debe destinarse a sostener los planes de conservación presentados por los propietarios de tierras comprendidas en las áreas protegidas, en especial a las que están en zonas de alta protección según el ordenamiento territorial. El 30% restante se destina a las áreas gubernamentales destinadas a la Ecología, que en el caso de Misiones, es el ministerio correspondiente.
Este año, los siete millones y medio todavía no llegaron y el efecto de la inflación ya se comió casi la mitad del poder adquisitivo de las partidas, con ocho meses de retraso. Desde el Ministerio también resignaron el porcentaje de fortalecimiento para destinar esos fondos a una reserva privada que tenía su plan de manejo aprobado, pero que por la disminución de las partidas, quedó afuera.
Reclamos misioneros
Varios sectores se movilizaron en los últimos días para ver si logran un cambio en el destino de las partidas presupuestarias antes de que el proyecto de Presupuesto finalmente se apruebe en el Congreso de la Nación.
Los legisladores nacionales Luis Pastori y Jorge Franco presentaron iniciativas para que se contemple un aumento progresivo de los fondos que le tocan a la provincia, y tuvieron el apoyo de más de treinta parlamentarios.
“El monto previsto en el proyecto para el año 2017 sigue siendo insuficiente por lo que hemos solicitado a la Comisión de Presupuesto un incremento considerable para el próximo ejercicio para llevarlo progresivamente en los próximos tres años al importe que prescribe la ley”, explicó Pastori a PRIMERA EDICIÓN.
Paralelamente la ministra de Ecología y Recursos Naturales, Verónica Derna, participó este viernes de la última asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) donde elaboraron un fuerte documento con solicitudes concretas al gobierno nacional respecto de los fondos.
“Se le agradeció al Ministerio de Medio Ambiente Nacional las gestiones que realizó para obtener un aumento de partidas mediante solicitudes formales, pero a la fecha no se logró ese resultado”, confió la titular del área, por lo que espera un mejor resultado a partir del reclamo conjunto de todas las provincias.
El documento del Cofema solicita que el gobierno nacional aumente los fondos progresivamente, que el monto de transferencia de 2016 sea considerado el piso mínimo para que los porcentajes no sigan disminuyendo drásticamente, que se acorten los plazos de transferencia y que acoten los pasos burocráticos para lasa rendiciones.
Reservas privadas, grandes perjudicadas
En Misiones hay 22 reservas privadas cuyos dueños protegen 10.450 hectáreas y que en teoría, debieran recibir los fondos de la Ley de Bosques por los servicios ambientales. Para ello primero tienen que elaborar -contratando a los técnicos correspondientes- un plan de manejo que de ser aprobado, entra en el reparto. Pero todos los años y por la escasez de fondos, desde el gobierno provincial literalmente visten a un santo para desvestir a otro.
En 2016 sólo siete reservas recibirán fondos provenientes de Nación para sostenerse y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales renovables decidió hasta resignar el 30% que debió usar para fortalecimiento, y destinarlo a una reserva más.
Entre los varios casos de propietarios de reservas que la están pasando muy mal por falta de apoyo económico hay algunos más graves que otros.
Martín González, de la Reserva Yaguaroundí, protege como puede 400 hectáreas de monte en Fracrán, declaradas bajo el régimen especial desde 1999.
En 2014 “recibimos los fondos de la Ley de Bosques, unos 250 mil pesos. Fue la única vez, pero logramos hacer cartelería indicativa, reparación de miles de metros de senderos, se plantaron 800 renovables nativos, mantenimiento general, compra de herramientas, etc. Un año muy, muy, productivo. Nunca más recibimos el aporte. En este pedazo de monte se asienta una aldea mbya y ya el territorio es de ellos. Lo único que espero es poder generar alguna alternativa para ayudarlos a que tengan acceso a la educación, especialmente educación ambiental, y a la salud básica”, contó este soñador que pasó las mil y una para mantener su propiedad lo menos afectada posible por cazadores furtivos y ladrones de madera, contra quienes se enfrentó, sólo y sin defensas, en más de una oportunidad.
Otra de las reservas privadas que se encuentra en una situación crítica es la de Omar Aouada, que preserva 440 hectáreas de monte en la zona rural de Jardín América. Su predio “Ecos del Paraíso” está bajo el régimen de protección desde 1999 y al igual que Yaguaroundí, recibió fondos de la Ley de Bosques una sola vez, cuando en 2014 le llegó el aporte que le aprobaron para 2012, o sea, dos años de demoras. Solo, sin apoyo de ningún tipo, Omar se encuentra cada vez con más frecuencia con los claros abiertos por los furtivos y ladrones de madera y como puede, mantiene los caminos internos mínimamente transitables, ya que si llegaran a cerrarse del todo, el predio se volvería impenetrable para él y para los estudiantes e investigadores que de vez en cuando realizan experiencias en el pequeño pedazo de cielo, pero no para los delincuentes.
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Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La Provincia percibe, en promedio, 2,70 pesos por hectárea protegida, un monto exiguo que no sirve para cumplir con los objetivos de protección del monte. Nuevamente se iniciaron los reclamos ante la Nación.
Es que el exiguo fondo es una sábana corta que nunca alcanza para cumplir los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y de los montes nativos, por lo que año tras año, decenas de propietarios de lotes alcanzados por la regulación ambiental se quedan sin recibir un solo peso y deben afrontar por su cuenta los gastos de preservación, que incluyen el mantenimiento de caminos, la protección de intrusiones, la lucha contra la caza ilegal y la tala prohibida, y el avance de la frontera agrícola mediante rozados para conseguir tierras donde cultivar. Todo ello sin poder tocar su propio terreno, o con limitaciones serias respecto del tipo de explotación dentro de los predios declarados reserva o áreas protegidas.
Con 1.300.000 hectáreas bajo alguno de los regímenes de conservación (reservas naturales provinciales, parques provinciales, parques nacionales, monumento nacional, reserva íctica, reserva natural cultural, reserva de usos múltiples, reserva de Biósfera, corredor verde, reserva municipal) la provincia es una de las que mayor porcentaje total de su territorio protege, con casi el 40% de sus tierras comprendidas por leyes que limitan su explotación. Pero el reparto nacional no contempla este “sacrificio”, como tampoco los niveles de biodiversidad que se encuentran en estas tierras protegidas.
Como resultado, este año el gobierno nacional todavía le adeuda a la provincia los 7.550.000 pesos que destinó por todo concepto por 2016 y piensa repetir la cifra, con apenas un 10% de aumento, para 2017. Mientras, provincias como Córdoba, Santiago del Estero o La Pampa reciben entre 18 y 30 millones y la porción de los fondos que le toca a la tierra colorada es casi similar a los que les toca a Entre Ríos o Neuquén, que no tienen el último resquicio de selva paranaense del mundo dentro de su territorio.
“Monedas” para el reparto
La situación de carencia en la aplicación de la Ley de Bosques se repite desde que se puso en vigencia la norma. La Ley 26.331 fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, estableciendo que el monto asignado para su cumplimiento no podría ser inferior al 0,3% del total del presupuesto. Este es otro de los conceptos que durante sus 9 años de vigencia (2008-2016) nunca se cumplió.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000. Los montos mermaron otra vez en 2014 con $247.043.707 y en 2015 con $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre veintidós provincias, cuando inicialmente las beneficiarias eran sólo quince. En otras palabras, el presupuesto inicial disminuyó un 18% en seis años mientras que aumentó la cantidad de invitados a la torta.
Parece que la situación no va a cambiar con Macri en el Poder, ya que los montos del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2017 para repartir entre las provincias alcanzadas, son apenas un poco superiores a los de este año. Para 2016 se destinaron $224.052.000. En 2017, el gobierno destinará 246.478.000, apenas 22 millones más.
El 70% de los fondos que llega a cada provincia debe destinarse a sostener los planes de conservación presentados por los propietarios de tierras comprendidas en las áreas protegidas, en especial a las que están en zonas de alta protección según el ordenamiento territorial. El 30% restante se destina a las áreas gubernamentales destinadas a la Ecología, que en el caso de Misiones, es el ministerio correspondiente.
Este año, los siete millones y medio todavía no llegaron y el efecto de la inflación ya se comió casi la mitad del poder adquisitivo de las partidas, con ocho meses de retraso. Desde el Ministerio también resignaron el porcentaje de fortalecimiento para destinar esos fondos a una reserva privada que tenía su plan de manejo aprobado, pero que por la disminución de las partidas, quedó afuera.
Reclamos misioneros
Varios sectores se movilizaron en los últimos días para ver si logran un cambio en el destino de las partidas presupuestarias antes de que el proyecto de Presupuesto finalmente se apruebe en el Congreso de la Nación.
Los legisladores nacionales Luis Pastori y Jorge Franco presentaron iniciativas para que se contemple un aumento progresivo de los fondos que le tocan a la provincia, y tuvieron el apoyo de más de treinta parlamentarios.
“El monto previsto en el proyecto para el año 2017 sigue siendo insuficiente por lo que hemos solicitado a la Comisión de Presupuesto un incremento considerable para el próximo ejercicio para llevarlo progresivamente en los próximos tres años al importe que prescribe la ley”, explicó Pastori a PRIMERA EDICIÓN.
Paralelamente la ministra de Ecología y Recursos Naturales, Verónica Derna, participó este viernes de la última asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) donde elaboraron un fuerte documento con solicitudes concretas al gobierno nacional respecto de los fondos.
“Se le agradeció al Ministerio de Medio Ambiente Nacional las gestiones que realizó para obtener un aumento de partidas mediante solicitudes formales, pero a la fecha no se logró ese resultado”, confió la titular del área, por lo que espera un mejor resultado a partir del reclamo conjunto de todas las provincias.
El documento del Cofema solicita que el gobierno nacional aumente los fondos progresivamente, que el monto de transferencia de 2016 sea considerado el piso mínimo para que los porcentajes no sigan disminuyendo drásticamente, que se acorten los plazos de transferencia y que acoten los pasos burocráticos para lasa rendiciones.
Reservas privadas, grandes perjudicadas
En Misiones hay 22 reservas privadas cuyos dueños protegen 10.450 hectáreas y que en teoría, debieran recibir los fondos de la Ley de Bosques por los servicios ambientales. Para ello primero tienen que elaborar -contratando a los técnicos correspondientes- un plan de manejo que de ser aprobado, entra en el reparto. Pero todos los años y por la escasez de fondos, desde el gobierno provincial literalmente visten a un santo para desvestir a otro.
En 2016 sólo siete reservas recibirán fondos provenientes de Nación para sostenerse y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales renovables decidió hasta resignar el 30% que debió usar para fortalecimiento, y destinarlo a una reserva más.
Entre los varios casos de propietarios de reservas que la están pasando muy mal por falta de apoyo económico hay algunos más graves que otros.
Martín González, de la Reserva Yaguaroundí, protege como puede 400 hectáreas de monte en Fracrán, declaradas bajo el régimen especial desde 1999.
En 2014 “recibimos los fondos de la Ley de Bosques, unos 250 mil pesos. Fue la única vez, pero logramos hacer cartelería indicativa, reparación de miles de metros de senderos, se plantaron 800 renovables nativos, mantenimiento general, compra de herramientas, etc. Un año muy, muy, productivo. Nunca más recibimos el aporte. En este pedazo de monte se asienta una aldea mbya y ya el territorio es de ellos. Lo único que espero es poder generar alguna alternativa para ayudarlos a que tengan acceso a la educación, especialmente educación ambiental, y a la salud básica”, contó este soñador que pasó las mil y una para mantener su propiedad lo menos afectada posible por cazadores furtivos y ladrones de madera, contra quienes se enfrentó, sólo y sin defensas, en más de una oportunidad.
Otra de las reservas privadas que se encuentra en una situación crítica es la de Omar Aouada, que preserva 440 hectáreas de monte en la zona rural de Jardín América. Su predio “Ecos del Paraíso” está bajo el régimen de protección desde 1999 y al igual que Yaguaroundí, recibió fondos de la Ley de Bosques una sola vez, cuando en 2014 le llegó el aporte que le aprobaron para 2012, o sea, dos años de demoras. Solo, sin apoyo de ningún tipo, Omar se encuentra cada vez con más frecuencia con los claros abiertos por los furtivos y ladrones de madera y como puede, mantiene los caminos internos mínimamente transitables, ya que si llegaran a cerrarse del todo, el predio se volvería impenetrable para él y para los estudiantes e investigadores que de vez en cuando realizan experiencias en el pequeño pedazo de cielo, pero no para los delincuentes.
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San Juan dará de baja el polémico acuerdo con Pelambres
El gobierno de San Juan dará de baja el polémico acuerdo por el megabasurero minero
Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
El Fiscal de Estado de la provincia le envió un pedido al gobernador, que la semana que viene lo formalizaría por decreto. Infobae había descubierto que limitaba la responsabilidad de la minera
Luego de varias idas y vueltas, críticas, respuestas, desmentidas y cruces, el gobierno de San Juan pondrá fin al polémico acuerdo con la minera chilena Los Pelambres, que creó una escombrera con material potencialmente contaminante, parte del cual fue depositado del lado argentino de la frontera.
El acuerdo en cuestión fue firmado el 28 de abril. En rigor de verdad, materializó una medida cautelar ordenada por la Justicia: el aislamiento de la escombrera hasta que la Justicia decida si tiene que ser removido o no. Hubo varios puntos grises, pero lo que más ruido hizo fue un hallazgo que Infobae publicó en junio: que limitaba a 10 años la responsabilidad de la minera por la calidad de la obra.
Fuentes cercanas al Ejecutivo provincial señalaron a este medio que hace varias semanas el gobernador Sergio Uñac le hizo saber a la canciller Susana Malcorra que estaba dispuesto a dejar caer el pacto si obstaculizaba las tibias negociaciones que se estaban llevando a nivel bilateral, que formalmente se limitaron al envío de una carta, pero que, según el gobierno, se sucedieron a lo largo de una serie de reuniones.
Lo cierto que es que recién hoy el fiscal de Estado que había firmado el acuerdo, Guillermo De Sanctis, le envió una nota a Uñac pidiéndole la recesión del convenio. De Sanctis es un defensor de los intereses mineros en la provincia, al punto que en su momento logró frenar la aplicación de la ley de glaciares en San Juan.
El propio Uñac confirmó que el acuerdo está caído y desde su entorno aseguraron a este medio que la decisión será formalizada en un decreto, en el que explicará sus argumentos y pedirá que se tomen medidas adicionales.
Esos fundamentos tendrían que ver con las supuestas declaraciones de directivos de la minera chilena en el sentido de que con el aislamiento de la escombrera el tema quedaría resuelto.
Ante la consulta de Infobae, desde Minera Los Pelambres aclararon que aún no recibieron una notificación oficial. "Nuestra posición siempre ha sido colaborar en la solución de un problema que no es de nuestra responsabilidad", añadieron, en el sentido de que la instalación del botadero fue autorizado por el gobierno chileno.
De hecho, en un comunicado emitido el lunes, la empresa recordó que obtuvo "todos los permisos ambientales y mineros requeridos de acuerdo a la legislación chilena".
En esa nota de prensa, la minera reiteró que "el material depositado en la escombrera es roca inerte y que los informes técnicos existentes no dan evidencia de contaminación derivada de la misma". Un día antes, Infobae había publicado por primera vez un análisis elaborado por el Servicio Geológico Minero que detectó la presencia de metales pesados en valores no recomendados para el consumo humano y animal en los cursos del valle de la Carnicería, donde nace un curso de agua que alimenta el río San Juan.
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Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
El Fiscal de Estado de la provincia le envió un pedido al gobernador, que la semana que viene lo formalizaría por decreto. Infobae había descubierto que limitaba la responsabilidad de la minera
Luego de varias idas y vueltas, críticas, respuestas, desmentidas y cruces, el gobierno de San Juan pondrá fin al polémico acuerdo con la minera chilena Los Pelambres, que creó una escombrera con material potencialmente contaminante, parte del cual fue depositado del lado argentino de la frontera.
El acuerdo en cuestión fue firmado el 28 de abril. En rigor de verdad, materializó una medida cautelar ordenada por la Justicia: el aislamiento de la escombrera hasta que la Justicia decida si tiene que ser removido o no. Hubo varios puntos grises, pero lo que más ruido hizo fue un hallazgo que Infobae publicó en junio: que limitaba a 10 años la responsabilidad de la minera por la calidad de la obra.
Fuentes cercanas al Ejecutivo provincial señalaron a este medio que hace varias semanas el gobernador Sergio Uñac le hizo saber a la canciller Susana Malcorra que estaba dispuesto a dejar caer el pacto si obstaculizaba las tibias negociaciones que se estaban llevando a nivel bilateral, que formalmente se limitaron al envío de una carta, pero que, según el gobierno, se sucedieron a lo largo de una serie de reuniones.
Lo cierto que es que recién hoy el fiscal de Estado que había firmado el acuerdo, Guillermo De Sanctis, le envió una nota a Uñac pidiéndole la recesión del convenio. De Sanctis es un defensor de los intereses mineros en la provincia, al punto que en su momento logró frenar la aplicación de la ley de glaciares en San Juan.
El propio Uñac confirmó que el acuerdo está caído y desde su entorno aseguraron a este medio que la decisión será formalizada en un decreto, en el que explicará sus argumentos y pedirá que se tomen medidas adicionales.
Esos fundamentos tendrían que ver con las supuestas declaraciones de directivos de la minera chilena en el sentido de que con el aislamiento de la escombrera el tema quedaría resuelto.
Ante la consulta de Infobae, desde Minera Los Pelambres aclararon que aún no recibieron una notificación oficial. "Nuestra posición siempre ha sido colaborar en la solución de un problema que no es de nuestra responsabilidad", añadieron, en el sentido de que la instalación del botadero fue autorizado por el gobierno chileno.
De hecho, en un comunicado emitido el lunes, la empresa recordó que obtuvo "todos los permisos ambientales y mineros requeridos de acuerdo a la legislación chilena".
En esa nota de prensa, la minera reiteró que "el material depositado en la escombrera es roca inerte y que los informes técnicos existentes no dan evidencia de contaminación derivada de la misma". Un día antes, Infobae había publicado por primera vez un análisis elaborado por el Servicio Geológico Minero que detectó la presencia de metales pesados en valores no recomendados para el consumo humano y animal en los cursos del valle de la Carnicería, donde nace un curso de agua que alimenta el río San Juan.
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El presupuesto da luz verde a la deforestación
Falta de fondos da luz verde a la deforestación
Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto Nacional 2017 asigna $ 250 millones a la conservación de bosques nativos, representando esto solo 4% de lo que corresponde por ley, mientras la tala ilegal avanza en zonas como el Impenetrable.
Uno, dos, tres... el conteo continúa. Son más de 350 los kilómetros que separan al corazón del Impenetrable chaqueño de Resistencia, capital de la provincia gobernada por Domingo Peppo. Y, al recorrerlos, resulta casi imposible no cruzarse con camiones con acoplados cargados de troncos y más troncos de árboles recién talados. Según los locales, en Miraflores (una de las "puertas de acceso" al monte), pueden observarse pasar no menos de cinco a diez camiones -algunos con guía (que habilita el traslado de dicho producto), otros sin ella- por día. El volumen asusta, sobre todo si se considera que cada uno arrastra consigo entre 30 y 40 toneladas de madera extraída, no siempre legalmente, de su lugar de origen.
"Hay tala, y mucha. No solo ilegal, sino descontrolada", confirma Riccardo Tiddi, especialista de Conservation Land Trust (CLT), la organización creada por el difunto Douglas Tompkins, que tiene presencia desde hace años en la zona, con motivo de la creación del Parque Nacional El Impenetrable (ver recuadro). El desmonte del Gran Chaco Americano, cuenta, es "muy acelerado" y, en esta provincia en particular, la preocupación primera radica en el aprovechamiento forestal.
"Se está explotando muy rápidamente y todas las especies son árboles de crecimiento muy lento (por el clima seco y las elevadas temperaturas). Un aprovechamiento es solo sustentable cuando se respetan los ratios de crecimiento", define, al tiempo que advierte que, de continuar constante esta tendencia, en una o dos décadas se podría llegar al agotamiento del recurso.
Las palabras de Tiddi no hacen sino describir el escenario con el que el visitante se enfrenta al adentrarse en el Impenetrable, este bosque nativo al que -de acuerdo a la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la, entonces, Secretaría de Medio Ambiente- corresponde más del 60% de las 1,11 millones de hectáreas que desaparecieron entre 1998 y 2006.
De los quebrachos colorados, palo santos y algarrobos que antes caracterizaban su flora, hoy poco queda. Los ejemplares centenarios (exceptuando aquellos que residen dentro de las 128.000 hectáreas que constituirán el Parque Nacional El Impenetrable) son cada vez más difíciles de hallar. Las secuelas de la deforestación, en cambio, se observan en todas partes.
El tipo de monte está cambiando, su cara mutando y, con ello, también su significado tanto biológico como económico. Tal como señala el italiano que, desde hace años, tomó residencia en Chaco y lidera los equipos de CLT en el terreno, en el Impenetrable "hoy se están arbustificando los pastizales, y sacando los ejemplares más altos y viejos". En su lugar, en el monte actualmente abundan los cardones y viñales, los últimos impidiendo la aparición de cualquier otro tipo de vegetación a su paso. La tierra está árida, y cuesta imaginar que una especie nativa pueda florecer nuevamente de ella. Y, si en reforestación se piensa, solo baste saber que el ratio de crecimiento de, por ejemplo, el quebracho colorado, se estima en un centímetro al año como máximo en el caso del diámetro y de 10 a 15 centímetros en el de la altura.
El precio de la madera
Según pudo saber El Cronista, la tonelada de otra de las especies en peligro de extinción en la zona, el algarrobo, se paga entre $ 300 y $ 400 la tonelada al momento de la extracción. Al arribar a Resistencia, el precio puede haber ascendido a $ 1.500, en tanto, de llegar a Buenos Aires, este se multiplica por diez.
Si bien estos valores son solo estimativos, explican parte de las condiciones que incentivan el aumento de la deforestación. Otras son el cambio de uso del suelo y la ampliación de la frontera agrícola (particularmente de la soja, cuyas retenciones fueron reducidas), aunque no es este el principal peligro en el Impenetrable chaqueño.
La respuesta del Estado frente a estas amenazas tomó forma en 2007 con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -mejor conocida como Ley de Bosques. Sin embargo, la irregularidad de su aplicación, y la escasa asignación de recursos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, la convirtieron en un instrumento poco hábil a la hora de desmotivar el avance de la deforestación.
De acuerdo a los cálculos de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en su primer año de implementación, 2010, el Presupuesto Nacional solo proveyó al fondo del 24% de lo que, por ley, debía asignársele, con el agravante de que, luego, más del 50% de ese dinero fue reasignado al programa "Fútbol para Todos". Desde entonces hasta hoy, el porcentaje no ha hecho sino disminuir, colocándose en el último presupuesto kirchnerista en 5%.
"De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a $ 7.000 millones. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron $ 1.239 millones en vez de los $ 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley", advierten desde Fundación Vida Silvestre Argentina.
Ahora bien, de cara al año que viene, y pese al cambio de Gobierno, la situación no mejoró. El monto destinado en esta ocasión no se acerca a los $ 7.000 millones establecidos por ley y reclamados por diversas organizaciones ambientalistas. Por el contrario, el porcentaje se redujo en un punto: $ 270 millones se destinaron al fondo en el Presupuesto 2017, equivalentes al 4% de lo que la ley demanda.
"En el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos considero también al Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, que son $ 27 millones más. También tengo presente los derechos a la exportación, porque, por ley, se deben considerar en el fondo. Y el monto me da un 4%", puntualiza María Marta Di Paola, coordinadora en Economía y Política Ambiental de FARN.
¿Cuánto es este dinero si se lo distribuye por hectárea de bosque nativo? "Hay 53 millones de hectáreas de bosque nativo, pero allí están contabilizadas las tres categorías.
A los que están en categoría verde (sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse), no les corresponderían fondos. Si consideramos las categorías roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y amarilla (sectores de mediano valor de conservación), suman 41 millones de hectáreas. Lo que se les estaría dando es $ 7 por hectárea por año", responde la especialista. Y acota: "Esto es netamente lo que va a las provincias. El 30% de ese monto queda en administración y el 70% es lo que va a protección. Entonces, si se descuenta eso, son $ 5 netos que van por hectárea durante 2017".
Ejecución
Según explica una fuente que recorre pasillos ministeriales, algunas cosas sí habrían mejorado con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional, a saber: la ejecución del total de lo presupuestado.
De lo asignado en la Ley de leyes para 2015 (5% de lo que correspondía), solo se había ejecutado el 26%. Tras asumir en diciembre de ese año, el Gobierno liderado por Mauricio Macri habría completado este faltante, transfiriendo unos $ 65 millones. De este modo, y sumado a lo que le asignó el Presupuesto 2016, durante el transcurso de este año, se pagarían más de $ 360 millones al Fondo de Conservación. El compromiso para el año que viene es que, a diferencia de lo que históricamente sucede, el total de los $ 270 millones sean ejecutados y enviados a las provincias.
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Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto Nacional 2017 asigna $ 250 millones a la conservación de bosques nativos, representando esto solo 4% de lo que corresponde por ley, mientras la tala ilegal avanza en zonas como el Impenetrable.
Uno, dos, tres... el conteo continúa. Son más de 350 los kilómetros que separan al corazón del Impenetrable chaqueño de Resistencia, capital de la provincia gobernada por Domingo Peppo. Y, al recorrerlos, resulta casi imposible no cruzarse con camiones con acoplados cargados de troncos y más troncos de árboles recién talados. Según los locales, en Miraflores (una de las "puertas de acceso" al monte), pueden observarse pasar no menos de cinco a diez camiones -algunos con guía (que habilita el traslado de dicho producto), otros sin ella- por día. El volumen asusta, sobre todo si se considera que cada uno arrastra consigo entre 30 y 40 toneladas de madera extraída, no siempre legalmente, de su lugar de origen.
"Hay tala, y mucha. No solo ilegal, sino descontrolada", confirma Riccardo Tiddi, especialista de Conservation Land Trust (CLT), la organización creada por el difunto Douglas Tompkins, que tiene presencia desde hace años en la zona, con motivo de la creación del Parque Nacional El Impenetrable (ver recuadro). El desmonte del Gran Chaco Americano, cuenta, es "muy acelerado" y, en esta provincia en particular, la preocupación primera radica en el aprovechamiento forestal.
"Se está explotando muy rápidamente y todas las especies son árboles de crecimiento muy lento (por el clima seco y las elevadas temperaturas). Un aprovechamiento es solo sustentable cuando se respetan los ratios de crecimiento", define, al tiempo que advierte que, de continuar constante esta tendencia, en una o dos décadas se podría llegar al agotamiento del recurso.
Las palabras de Tiddi no hacen sino describir el escenario con el que el visitante se enfrenta al adentrarse en el Impenetrable, este bosque nativo al que -de acuerdo a la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la, entonces, Secretaría de Medio Ambiente- corresponde más del 60% de las 1,11 millones de hectáreas que desaparecieron entre 1998 y 2006.
De los quebrachos colorados, palo santos y algarrobos que antes caracterizaban su flora, hoy poco queda. Los ejemplares centenarios (exceptuando aquellos que residen dentro de las 128.000 hectáreas que constituirán el Parque Nacional El Impenetrable) son cada vez más difíciles de hallar. Las secuelas de la deforestación, en cambio, se observan en todas partes.
El tipo de monte está cambiando, su cara mutando y, con ello, también su significado tanto biológico como económico. Tal como señala el italiano que, desde hace años, tomó residencia en Chaco y lidera los equipos de CLT en el terreno, en el Impenetrable "hoy se están arbustificando los pastizales, y sacando los ejemplares más altos y viejos". En su lugar, en el monte actualmente abundan los cardones y viñales, los últimos impidiendo la aparición de cualquier otro tipo de vegetación a su paso. La tierra está árida, y cuesta imaginar que una especie nativa pueda florecer nuevamente de ella. Y, si en reforestación se piensa, solo baste saber que el ratio de crecimiento de, por ejemplo, el quebracho colorado, se estima en un centímetro al año como máximo en el caso del diámetro y de 10 a 15 centímetros en el de la altura.
El precio de la madera
Según pudo saber El Cronista, la tonelada de otra de las especies en peligro de extinción en la zona, el algarrobo, se paga entre $ 300 y $ 400 la tonelada al momento de la extracción. Al arribar a Resistencia, el precio puede haber ascendido a $ 1.500, en tanto, de llegar a Buenos Aires, este se multiplica por diez.
Si bien estos valores son solo estimativos, explican parte de las condiciones que incentivan el aumento de la deforestación. Otras son el cambio de uso del suelo y la ampliación de la frontera agrícola (particularmente de la soja, cuyas retenciones fueron reducidas), aunque no es este el principal peligro en el Impenetrable chaqueño.
La respuesta del Estado frente a estas amenazas tomó forma en 2007 con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -mejor conocida como Ley de Bosques. Sin embargo, la irregularidad de su aplicación, y la escasa asignación de recursos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, la convirtieron en un instrumento poco hábil a la hora de desmotivar el avance de la deforestación.
De acuerdo a los cálculos de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en su primer año de implementación, 2010, el Presupuesto Nacional solo proveyó al fondo del 24% de lo que, por ley, debía asignársele, con el agravante de que, luego, más del 50% de ese dinero fue reasignado al programa "Fútbol para Todos". Desde entonces hasta hoy, el porcentaje no ha hecho sino disminuir, colocándose en el último presupuesto kirchnerista en 5%.
"De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a $ 7.000 millones. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron $ 1.239 millones en vez de los $ 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley", advierten desde Fundación Vida Silvestre Argentina.
Ahora bien, de cara al año que viene, y pese al cambio de Gobierno, la situación no mejoró. El monto destinado en esta ocasión no se acerca a los $ 7.000 millones establecidos por ley y reclamados por diversas organizaciones ambientalistas. Por el contrario, el porcentaje se redujo en un punto: $ 270 millones se destinaron al fondo en el Presupuesto 2017, equivalentes al 4% de lo que la ley demanda.
"En el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos considero también al Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, que son $ 27 millones más. También tengo presente los derechos a la exportación, porque, por ley, se deben considerar en el fondo. Y el monto me da un 4%", puntualiza María Marta Di Paola, coordinadora en Economía y Política Ambiental de FARN.
¿Cuánto es este dinero si se lo distribuye por hectárea de bosque nativo? "Hay 53 millones de hectáreas de bosque nativo, pero allí están contabilizadas las tres categorías.
A los que están en categoría verde (sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse), no les corresponderían fondos. Si consideramos las categorías roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y amarilla (sectores de mediano valor de conservación), suman 41 millones de hectáreas. Lo que se les estaría dando es $ 7 por hectárea por año", responde la especialista. Y acota: "Esto es netamente lo que va a las provincias. El 30% de ese monto queda en administración y el 70% es lo que va a protección. Entonces, si se descuenta eso, son $ 5 netos que van por hectárea durante 2017".
Ejecución
Según explica una fuente que recorre pasillos ministeriales, algunas cosas sí habrían mejorado con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional, a saber: la ejecución del total de lo presupuestado.
De lo asignado en la Ley de leyes para 2015 (5% de lo que correspondía), solo se había ejecutado el 26%. Tras asumir en diciembre de ese año, el Gobierno liderado por Mauricio Macri habría completado este faltante, transfiriendo unos $ 65 millones. De este modo, y sumado a lo que le asignó el Presupuesto 2016, durante el transcurso de este año, se pagarían más de $ 360 millones al Fondo de Conservación. El compromiso para el año que viene es que, a diferencia de lo que históricamente sucede, el total de los $ 270 millones sean ejecutados y enviados a las provincias.
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Ya se ven consecuencias del cambio climático
El cambio climático mira hacia la Argentina
Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Nacional
Inundaciones en la zona central del país, sequías más prolongadas en Cuyo, lluvias intensas y tornados más frecuentes en el Norte y el Litoral , algunas muestras de las consecuencias.
De acuerdo al informe Stern sobre la Economía del cambio climático, publicado en 2007, por cada dólar invertido en mitigación y adaptación, se ahorran entre u$s 5 y 20 de pérdidas. Los países considerados "de ingresos medios", como la Argentina y la mayoría de los de América latina, son los que mayor riesgo enfrentan, ya que tienen más infraestructura expuesta y menor previsión en la mitigación de su impacto.
"Hay un falso dilema entre desarrollo con aumento de las emisiones o menos desarrollo para bajar las emisiones", destaca Alieto Guadagni, economista y miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.
"Es posible, mediante innovaciones tecnológicas y reformas institucionales, aspirar a un planeta con crecimiento (esencial para bajar la pobreza) y menos emisiones contaminantes", asegura. El actual modelo económico, basado en combustibles fósiles,"deberá ser sustituido por otro con nuevas energías limpias y mayor eficiencia energética", apunta el ex secretario de Energía. "No ha concluido aún la era de los combustibles fósiles nacida a fines del siglo XVIII, nunca hubo tanto petróleo y gas como hoy. Sin embargo, los flujos de inversiones ya comienzan a orientarse hacia las nuevas tecnologías y la eficiencia energética. Esto impulsará nuevos sectores productivos", afirma Guadagni.
Entre las propuestas que enumera el ex funcionario se cuentan: inversiones en energías renovables, modernización del transporte público y priorización de la vía ferroviaria y fluvial para el transporte de cargas, impulsar la eficiencia energética en la industria, nuevos códigos de edificación que aseguren la aislación térmica y el etiquetado para artefactos energéticamente eficientes.
También señala que "en el mundo se está debatiendo un impuesto al CO2, que ya ha sido implementado por alrededor de 40 naciones. Creo que es un tema que debería debatirse en breve en el país", sostiene Guadagni.
Un acuerdo bisagra
El acuerdo climático de París, firmado en diciembre del año pasado por 195 países, "significó un enorme avance en las negociaciones internacionales tendientes a frenar el aumento de la temperatura media global", evalúa Carolina Vera, del CIMA. Por primera vez, luego del fracaso del Protocolo de Kioto, todos los países firmantes (y no sólo los industrializados) se comprometieron a reducir sus emisiones de gases GEI, según metas voluntarias llamadas "contribuciones nacionales determinadas", o INDC por sus siglas en Inglés.
El compromiso firmado en la capital francesa estipula que se mantendrá el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5° C -algo que piden los países insulares, que están en riesgo de desaparecer por la suba del nivel del mar-.
"La meta es exigente, ya que requiere que dentro de 20 años estemos emitiendo un 30% menos de CO2 que hoy", dice Guadagni." Como para entonces tendremos 1400 millones más de habitantes y el PBI será el doble del actual, se trata de reducir las emisiones contaminantes por unidad de PBI en más de un 65%".
En la cumbre de París, la Argentina se comprometió a reducir sus emisiones un 15% hasta el 2030 en base a recursos propios, y otro 15% si accede a financiamiento. Este compromiso fue calificado como "poco ambicioso" por varios especialistas -entre ellos Guadagni-, destacando que "si todos los países hubiesen presentado una oferta similar, la temperatura mundial subiría 4°C".
"Lo que se firmó en París fue un acuerdo marco -destaca Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático del ministerio de Ambiente-. En la próxima cumbre de Marruecos se discutirá la "letra chica", y llevaremos un compromiso más proactivo", adelanta.
Por lo pronto, la cartera comandada por el rabino Sergio Bergman está trabajando junto a otros 11 ministerios que conforman el "gabinete climático", en una propuesta superadora que incluya además un "plan nacional de respuesta" a la crisis ambiental.
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Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Nacional
Inundaciones en la zona central del país, sequías más prolongadas en Cuyo, lluvias intensas y tornados más frecuentes en el Norte y el Litoral , algunas muestras de las consecuencias.
De acuerdo al informe Stern sobre la Economía del cambio climático, publicado en 2007, por cada dólar invertido en mitigación y adaptación, se ahorran entre u$s 5 y 20 de pérdidas. Los países considerados "de ingresos medios", como la Argentina y la mayoría de los de América latina, son los que mayor riesgo enfrentan, ya que tienen más infraestructura expuesta y menor previsión en la mitigación de su impacto.
"Hay un falso dilema entre desarrollo con aumento de las emisiones o menos desarrollo para bajar las emisiones", destaca Alieto Guadagni, economista y miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.
"Es posible, mediante innovaciones tecnológicas y reformas institucionales, aspirar a un planeta con crecimiento (esencial para bajar la pobreza) y menos emisiones contaminantes", asegura. El actual modelo económico, basado en combustibles fósiles,"deberá ser sustituido por otro con nuevas energías limpias y mayor eficiencia energética", apunta el ex secretario de Energía. "No ha concluido aún la era de los combustibles fósiles nacida a fines del siglo XVIII, nunca hubo tanto petróleo y gas como hoy. Sin embargo, los flujos de inversiones ya comienzan a orientarse hacia las nuevas tecnologías y la eficiencia energética. Esto impulsará nuevos sectores productivos", afirma Guadagni.
Entre las propuestas que enumera el ex funcionario se cuentan: inversiones en energías renovables, modernización del transporte público y priorización de la vía ferroviaria y fluvial para el transporte de cargas, impulsar la eficiencia energética en la industria, nuevos códigos de edificación que aseguren la aislación térmica y el etiquetado para artefactos energéticamente eficientes.
También señala que "en el mundo se está debatiendo un impuesto al CO2, que ya ha sido implementado por alrededor de 40 naciones. Creo que es un tema que debería debatirse en breve en el país", sostiene Guadagni.
Un acuerdo bisagra
El acuerdo climático de París, firmado en diciembre del año pasado por 195 países, "significó un enorme avance en las negociaciones internacionales tendientes a frenar el aumento de la temperatura media global", evalúa Carolina Vera, del CIMA. Por primera vez, luego del fracaso del Protocolo de Kioto, todos los países firmantes (y no sólo los industrializados) se comprometieron a reducir sus emisiones de gases GEI, según metas voluntarias llamadas "contribuciones nacionales determinadas", o INDC por sus siglas en Inglés.
El compromiso firmado en la capital francesa estipula que se mantendrá el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5° C -algo que piden los países insulares, que están en riesgo de desaparecer por la suba del nivel del mar-.
"La meta es exigente, ya que requiere que dentro de 20 años estemos emitiendo un 30% menos de CO2 que hoy", dice Guadagni." Como para entonces tendremos 1400 millones más de habitantes y el PBI será el doble del actual, se trata de reducir las emisiones contaminantes por unidad de PBI en más de un 65%".
En la cumbre de París, la Argentina se comprometió a reducir sus emisiones un 15% hasta el 2030 en base a recursos propios, y otro 15% si accede a financiamiento. Este compromiso fue calificado como "poco ambicioso" por varios especialistas -entre ellos Guadagni-, destacando que "si todos los países hubiesen presentado una oferta similar, la temperatura mundial subiría 4°C".
"Lo que se firmó en París fue un acuerdo marco -destaca Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático del ministerio de Ambiente-. En la próxima cumbre de Marruecos se discutirá la "letra chica", y llevaremos un compromiso más proactivo", adelanta.
Por lo pronto, la cartera comandada por el rabino Sergio Bergman está trabajando junto a otros 11 ministerios que conforman el "gabinete climático", en una propuesta superadora que incluya además un "plan nacional de respuesta" a la crisis ambiental.
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“Grito Blanco” en Gualeguaychú
Estudiantes de Gualeguaychú se manifestaron contra la contaminación del Río Uruguay en el 12° “Grito Blanco”
Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
"Basta de contaminación" y "No a la pastera Botnia" fueron algunas de las frases expresadas por los alumnos durante el acto que terminó en un "ruidazo" en la Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad.
Alumnos de 30 jardines de infantes, primarias y secundarias marcharon hoy por las calles de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y al llegar a la Plaza Urquiza se unieron en un emocionado llamado a los adultos a que trabajen por el cuidado del ambiente y contra la contaminación del río Uruguay, en la 12° edición del Grito Blanco.
"Por un futuro limpio, sano y una vida digna para todos" fue el reclamo del Grito Blanco, una iniciativa que desde hace 10 años convoca a los estudiantes de la ciudad a visibilizar la preocupación por el cuidado del ambiente y la necesidad de trabajar contra la contaminación.
"Basta de contaminación", "Ayúdennos a tener un futuro limpio y sano" y "No a la pastera Botnia" fueron algunas de las frases expresadas por los alumnos durante el acto que terminó en un "ruidazo" en la Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad de Gualeguaychú.
"Los chicos hicieron un fuerte y claro llamado a los padres, mayores y gobernantes para que los ayuden a tener un futuro limpio, sano y una vida digna para todos", dijo a Télam Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
El asambleísta contó que entre las escuelas que llegaron de otras ciudades se destacó la presencia de Raíces y Alas, una institución de la ciudad bonaerense de Escobar que tiene como eje la educación ambiental y participa en cada edición del acto en la ciudad entrerriana.
Durante el Grito Blanco de hoy esos estudiantes bonaerenses clamaron por "ver a los ríos como esos cursos de agua capaces de unir a los pueblos y no de separarlos".
"Fue emocionante escuchar de boca de los chicos de Gualeguaychú cómo ellos mismos cuidan el agua, las propuestas para evitar la emisión de gases tóxicos y las iniciativas para evitar que el río se contramine con la especial preocupación por la pastera Botnia en la Cuenca del Uruguay", contó el dirigente social.
Durante la caminata, que comenzó en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo y concluyó en la plaza municipal, la frase que resonó fue: "Nosotros somos el Grito Blanco".
La columna integrada por alumnos de guardapolvo blanco y de uniformes distintivos de colegios privados se dirigió hasta la Plaza Urquiza, donde los esperaban vecinos al pie del escenario para un acto que contó con el apoyo de la Departamental de Educación.
"Más que nunca insistimos en que es el grito de los niños y jóvenes dirigido a sus mayores, a sus padres, a los funcionarios y a la dirigencia política, porque ellos nos piden que cuidemos el ambiente para que lo encuentren mucho mejor que ahora, durante la vida que les espera", dijo al asambleista al resumir el mensaje que año a año repiten las delegaciones de las escuelas.
El primer Grito Blanco que se hizo en la costanera de Gualeguaychú recibió críticas de parte de los defensores de la papelera Botnia, quienes esgrimían "la utilización de los guardapolvos".
Sin embargo, a lo largo de estos años, en cada edición, los chicos y jóvenes han demostrado una creciente conciencia ambiental, no solamente con mensajes en contra de la presencia de la pastera ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sino también poniendo énfasis en otras problemáticas ambientales.
El conflicto por la instalación de la pastera, que funciona en Uruguay desde 2007, comenzó en 2005 y desde entonces pobladores de Gualeguaychú y ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y del puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países.
Por el conflicto, Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, argumentando que la instalación de las plantas de celulosa era contaminante y se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay.
Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el Mercosur y ante la Corte de la Haya por los cortes de ruta, a los que consideró una violación al principio de libre circulación.
El tribunal desestimó la demanda uruguaya y el 20 de abril de 2010 dio a conocer su resolución definitiva respecto a la demanda argentina, resolviendo que Uruguay había violado sus obligaciones (establecidas en el Estatuto del Rio Uruguay) de notificar e informar de buena fe, pero consideró desproporcionado ordenar el cierre de la planta.
Finalmente, la Corte de la Haya instruyó a ambos países a realizar un monitoreo conjunto del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El conflicto finalizó tras la firma, el 30 de agosto de 2010 en Montevideo, de un acuerdo para conformar un comité científico en la CARU, pero las voces de los vecinos de Gualeguaychú siguen alzándose cada año en contra de la actividad de la pastera sobre aguas del río Uruguay.
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Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
"Basta de contaminación" y "No a la pastera Botnia" fueron algunas de las frases expresadas por los alumnos durante el acto que terminó en un "ruidazo" en la Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad.
Alumnos de 30 jardines de infantes, primarias y secundarias marcharon hoy por las calles de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y al llegar a la Plaza Urquiza se unieron en un emocionado llamado a los adultos a que trabajen por el cuidado del ambiente y contra la contaminación del río Uruguay, en la 12° edición del Grito Blanco.
"Por un futuro limpio, sano y una vida digna para todos" fue el reclamo del Grito Blanco, una iniciativa que desde hace 10 años convoca a los estudiantes de la ciudad a visibilizar la preocupación por el cuidado del ambiente y la necesidad de trabajar contra la contaminación.
"Basta de contaminación", "Ayúdennos a tener un futuro limpio y sano" y "No a la pastera Botnia" fueron algunas de las frases expresadas por los alumnos durante el acto que terminó en un "ruidazo" en la Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad de Gualeguaychú.
"Los chicos hicieron un fuerte y claro llamado a los padres, mayores y gobernantes para que los ayuden a tener un futuro limpio, sano y una vida digna para todos", dijo a Télam Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
El asambleísta contó que entre las escuelas que llegaron de otras ciudades se destacó la presencia de Raíces y Alas, una institución de la ciudad bonaerense de Escobar que tiene como eje la educación ambiental y participa en cada edición del acto en la ciudad entrerriana.
Durante el Grito Blanco de hoy esos estudiantes bonaerenses clamaron por "ver a los ríos como esos cursos de agua capaces de unir a los pueblos y no de separarlos".
"Fue emocionante escuchar de boca de los chicos de Gualeguaychú cómo ellos mismos cuidan el agua, las propuestas para evitar la emisión de gases tóxicos y las iniciativas para evitar que el río se contramine con la especial preocupación por la pastera Botnia en la Cuenca del Uruguay", contó el dirigente social.
Durante la caminata, que comenzó en la esquina de Rocamora y 25 de Mayo y concluyó en la plaza municipal, la frase que resonó fue: "Nosotros somos el Grito Blanco".
La columna integrada por alumnos de guardapolvo blanco y de uniformes distintivos de colegios privados se dirigió hasta la Plaza Urquiza, donde los esperaban vecinos al pie del escenario para un acto que contó con el apoyo de la Departamental de Educación.
"Más que nunca insistimos en que es el grito de los niños y jóvenes dirigido a sus mayores, a sus padres, a los funcionarios y a la dirigencia política, porque ellos nos piden que cuidemos el ambiente para que lo encuentren mucho mejor que ahora, durante la vida que les espera", dijo al asambleista al resumir el mensaje que año a año repiten las delegaciones de las escuelas.
El primer Grito Blanco que se hizo en la costanera de Gualeguaychú recibió críticas de parte de los defensores de la papelera Botnia, quienes esgrimían "la utilización de los guardapolvos".
Sin embargo, a lo largo de estos años, en cada edición, los chicos y jóvenes han demostrado una creciente conciencia ambiental, no solamente con mensajes en contra de la presencia de la pastera ubicada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sino también poniendo énfasis en otras problemáticas ambientales.
El conflicto por la instalación de la pastera, que funciona en Uruguay desde 2007, comenzó en 2005 y desde entonces pobladores de Gualeguaychú y ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y del puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países.
Por el conflicto, Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, argumentando que la instalación de las plantas de celulosa era contaminante y se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay.
Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el Mercosur y ante la Corte de la Haya por los cortes de ruta, a los que consideró una violación al principio de libre circulación.
El tribunal desestimó la demanda uruguaya y el 20 de abril de 2010 dio a conocer su resolución definitiva respecto a la demanda argentina, resolviendo que Uruguay había violado sus obligaciones (establecidas en el Estatuto del Rio Uruguay) de notificar e informar de buena fe, pero consideró desproporcionado ordenar el cierre de la planta.
Finalmente, la Corte de la Haya instruyó a ambos países a realizar un monitoreo conjunto del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El conflicto finalizó tras la firma, el 30 de agosto de 2010 en Montevideo, de un acuerdo para conformar un comité científico en la CARU, pero las voces de los vecinos de Gualeguaychú siguen alzándose cada año en contra de la actividad de la pastera sobre aguas del río Uruguay.
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Se viene el Nuevo Acuerdo Federal Minero
Nación y provincias se comprometen a un Nuevo Acuerdo Federal minero antes de fin de año
Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El futuro acuerdo requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó esta tarde el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El ministro explicó que “hoy se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del Acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar mas trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un Nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó implica: “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
En ese mismo sentido, planteó que la nueva minería argentina tiene que “transformar o correr de lado a quien no se puede acomodar a una explotación responsable de un recurso que no es renovable”.
Si bien no hizo explícita su referencia al caso de la mina sanjuanina Veladero que sufrió distintos accidentes de seguridad ambiental, Aranguren al ser consultado por la prensa dijo que el futuro del proyecto “es decisión de la provincia de San Juan”, pero expresó que analizó con el gobernador Sergio Uñac “un accionar conjunto que tiende a ir preservando no sólo el recurso sino la posibilidad de desarrollar una actividad minera de forma responsable”.
A su turno, el secretario de Minería, Daniel Meilán, quien encabezo las tres jornadas de reuniones en Buenos Aires, explicó que la relación de la Nación con las provincias “estaba tan oxidada que era muy difícil la comunicación y demandó los primeros meses de gestión y cinco reuniones el poder sentar a todos los representantes en estas tres jornadas de trabajo”.
La tarea del Nuevo Acuerdo Federal Minero es “conciliar los intereses de la Nación y los de las provincias mediante un instrumento que permita la sustentabilidad del sector para al menos los próximos 30 años”.
Meilán sostuvo que se trata de ir avanzando “sin perder de vista nunca que la única manera de lograr esto es con diálogo federal y consenso”. Y agregó: “se ha trabajado muchos años a espaldas de las provincias, por lo que ya era hora de que nos diéramos vuelta y volviéramos a actuar juntos”.
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Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El futuro acuerdo requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó esta tarde el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El ministro explicó que “hoy se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del Acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar mas trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un Nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó implica: “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
En ese mismo sentido, planteó que la nueva minería argentina tiene que “transformar o correr de lado a quien no se puede acomodar a una explotación responsable de un recurso que no es renovable”.
Si bien no hizo explícita su referencia al caso de la mina sanjuanina Veladero que sufrió distintos accidentes de seguridad ambiental, Aranguren al ser consultado por la prensa dijo que el futuro del proyecto “es decisión de la provincia de San Juan”, pero expresó que analizó con el gobernador Sergio Uñac “un accionar conjunto que tiende a ir preservando no sólo el recurso sino la posibilidad de desarrollar una actividad minera de forma responsable”.
A su turno, el secretario de Minería, Daniel Meilán, quien encabezo las tres jornadas de reuniones en Buenos Aires, explicó que la relación de la Nación con las provincias “estaba tan oxidada que era muy difícil la comunicación y demandó los primeros meses de gestión y cinco reuniones el poder sentar a todos los representantes en estas tres jornadas de trabajo”.
La tarea del Nuevo Acuerdo Federal Minero es “conciliar los intereses de la Nación y los de las provincias mediante un instrumento que permita la sustentabilidad del sector para al menos los próximos 30 años”.
Meilán sostuvo que se trata de ir avanzando “sin perder de vista nunca que la única manera de lograr esto es con diálogo federal y consenso”. Y agregó: “se ha trabajado muchos años a espaldas de las provincias, por lo que ya era hora de que nos diéramos vuelta y volviéramos a actuar juntos”.
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Castores desbocados
Los castores del Sur están fuera de control y por primera vez buscarán erradicarlos
Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Es primavera pero en Ushuaia amaneció nevando. Se supone que acá, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, debería haber un bosque tupido de lengas de más de un siglo de vida. Pero en este lugar parece que alguien hubiera puesto una bomba: hay árboles que murieron de pie, hay árboles de los que sólo queda un tronco mutilado que llega a la rodilla y hay árboles ahogados en el agua quieta. Lo que pasó acá no fue el estallido de una bomba sino una expansión descontrolada de castores, unos roedores que también destruyen los puentes que van a las pistas de esquí e inundan rutas. Hasta ahora, los expertos habían probado con cazarlos para controlar la especie, pero no funcionó. Por eso, cambiaron de plan: por primera vez, van a entrenar a un equipo para terminar para siempre con ellos.
“En 1946, trajeron 20 castores de Canadá con la idea de fomentar la industria de las pieles. Pero acá, los castores no se encontraron ni con osos ni con lobos, los depredadores que tenían allá, y empezaron a multiplicarse y a expandirse”, arranca el biólogo Adrián Schiavini, investigador del Conicet y a cargo de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. El descontrol fue tal que aquellos 20 castores hoy son, por lo menos, 100.000 y ya afectaron una superficie de bosque equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, fueron catalogados como “especie exótica invasora”: algo raro de escuchar para el turista que llega a una provincia en la que el “Cerro Castor” es uno de sus grandes atractivo turísticos.
La imagen del árbol carcomido parece de dibujitos animados. “El castor roe el árbol hasta que lo derriba, luego lo troza y lo usa para alimentarse y para construir su madriguera”, dice Schiavini, parado al lado de una lenga de tanto porte que lo hace parecer pequeño. El árbol está erguido pero muerto porque el castor, que esta vez no logró derribarlo, cortó las venas que conectaban las raíces con el cuerpo. Cuando lo tumba, lo troza y arma diques que cortan el flujo del agua, “por lo cual, lo que era un arroyo de montaña se convierte en una serie de embalses de agua quieta y muchos seres vivos que vivían ahí dejan de poder moverse”, sigue. No es un arroyo o un río aislado: el 95% de las cuencas de la provincia ya fueron colonizadas.
Erio Curto, Director de Áreas Protegidas de Tierra del Fuego habla de tiempos: “Puede cortar un árbol pequeño en horas y un árbol grande en días. Hablamos de árboles de 100, 150 años de vida”. Y a diferencia de lo que pasa en Canadá, donde los árboles vuelven a crecer, la lenga no rebrota. Acá, estos troncos delgados y grises, estáticos y con el agua al cuello, son los brazos en alto de los árboles que murieron ahogados cuando los castores alteraron la escena: voltearon árboles de ribera, provocaron el desborde de los arroyos, inundaron todo.
Pero los daños no se limitan a las lengas, los ñires y los guindos. Este verano destruyeron en semanas un puente de madera que habían hecho para llegar a un centro de esquí (y que había costado 50 mil pesos). “Puede cortar una pista de sky también porque se llevan los árboles e inundan el lugar. También las rutas. Para la mente del castor, un terraplén con una alcantarilla es un dique casi hecho. Tapan el agujero, eso se llena de agua y la ruta se inunda. Llevar una máquina y deshacer todo eso cuesta unos 30 mil pesos, y encima te vas y el castor lo hace de nuevo en 2 o 3 semanas”, dice el biólogo. También son una amenaza para el agua de consumo porque pueden tener enfermedades o parásitos que, cuando defecan u orinan, quedan en el agua.
Lo primero que quisieron hacer fue controlar la especie: que los vecinos los cazaran, vendieran las pieles y cobraran por cola. “Pero no funcionó porque lo hacían como un hobby o para tener ingresos extra. Y sólo cazaban cerca de los caminos, nadie se metía al bosque y caminaba tres días con el frío que hace acá”, dice Curto. Hasta que vieron que los castores ya habían salido de la isla y habían nadado hasta Punta Arenas. Entendieron que si no le ponían un punto final había un riesgo de que invadieran el continente, se desparramaran por la cordillera y llegaran, por lo menos, hasta Neuquén.
Lo que ahora empieza, entomces, es un programa piloto –coordinado por el ministerio de Ambiente de la Nación y la provincia de Tierra del Fuego– en ocho áreas específicas. ¿Qué buscan? Por primera vez, intentarán erradicarlos y restaurar después los ambientes afectados.
Esta semana comienza el “cásting”: entrenarán a varias personas hasta elegir a las 10 mejores que irán a buscarlos: gente de campo, guías de montaña acostumbrados a andar en el frío extremo, gente que se banque meterse en helicóptero en los bosques y quedarse varios días con temperaturas bajo cero, cazándolos y registrando todo, hasta que no quede ninguno. Chile hará lo mismo: es la primera vez que dos países van a trabajar juntos para frenar el avance de la invasión. El plan será implementado por la FAO, un organismo especializado de la ONU.
Irán con trampas –que les dan un golpe en la cabeza y aseguran una muerte rápida–, y será una tarea titánica: “Hay una o dos colonias de castores cada kilómetro de río. Esperamos tener buenos resultados en 10 o 15 años”, dice Schiavini. La idea es que en este embalse de árboles asfixiados vuelva a haber pasto y árboles naciendo. “Si este bosque vuelve a ser lo que era, yo no lo voy a ver: para eso faltarán otros 70, 80 años”, sigue. ¿Habrá que pensar en un nuevo nombre para el Cerro Castor, entonces? “No –cierra–. Si algún día alguien pregunta por qué el cerro se llama Castor querrá decir que hemos ganado la batalla”.
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Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Es primavera pero en Ushuaia amaneció nevando. Se supone que acá, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, debería haber un bosque tupido de lengas de más de un siglo de vida. Pero en este lugar parece que alguien hubiera puesto una bomba: hay árboles que murieron de pie, hay árboles de los que sólo queda un tronco mutilado que llega a la rodilla y hay árboles ahogados en el agua quieta. Lo que pasó acá no fue el estallido de una bomba sino una expansión descontrolada de castores, unos roedores que también destruyen los puentes que van a las pistas de esquí e inundan rutas. Hasta ahora, los expertos habían probado con cazarlos para controlar la especie, pero no funcionó. Por eso, cambiaron de plan: por primera vez, van a entrenar a un equipo para terminar para siempre con ellos.
“En 1946, trajeron 20 castores de Canadá con la idea de fomentar la industria de las pieles. Pero acá, los castores no se encontraron ni con osos ni con lobos, los depredadores que tenían allá, y empezaron a multiplicarse y a expandirse”, arranca el biólogo Adrián Schiavini, investigador del Conicet y a cargo de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. El descontrol fue tal que aquellos 20 castores hoy son, por lo menos, 100.000 y ya afectaron una superficie de bosque equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, fueron catalogados como “especie exótica invasora”: algo raro de escuchar para el turista que llega a una provincia en la que el “Cerro Castor” es uno de sus grandes atractivo turísticos.
La imagen del árbol carcomido parece de dibujitos animados. “El castor roe el árbol hasta que lo derriba, luego lo troza y lo usa para alimentarse y para construir su madriguera”, dice Schiavini, parado al lado de una lenga de tanto porte que lo hace parecer pequeño. El árbol está erguido pero muerto porque el castor, que esta vez no logró derribarlo, cortó las venas que conectaban las raíces con el cuerpo. Cuando lo tumba, lo troza y arma diques que cortan el flujo del agua, “por lo cual, lo que era un arroyo de montaña se convierte en una serie de embalses de agua quieta y muchos seres vivos que vivían ahí dejan de poder moverse”, sigue. No es un arroyo o un río aislado: el 95% de las cuencas de la provincia ya fueron colonizadas.
Erio Curto, Director de Áreas Protegidas de Tierra del Fuego habla de tiempos: “Puede cortar un árbol pequeño en horas y un árbol grande en días. Hablamos de árboles de 100, 150 años de vida”. Y a diferencia de lo que pasa en Canadá, donde los árboles vuelven a crecer, la lenga no rebrota. Acá, estos troncos delgados y grises, estáticos y con el agua al cuello, son los brazos en alto de los árboles que murieron ahogados cuando los castores alteraron la escena: voltearon árboles de ribera, provocaron el desborde de los arroyos, inundaron todo.
Pero los daños no se limitan a las lengas, los ñires y los guindos. Este verano destruyeron en semanas un puente de madera que habían hecho para llegar a un centro de esquí (y que había costado 50 mil pesos). “Puede cortar una pista de sky también porque se llevan los árboles e inundan el lugar. También las rutas. Para la mente del castor, un terraplén con una alcantarilla es un dique casi hecho. Tapan el agujero, eso se llena de agua y la ruta se inunda. Llevar una máquina y deshacer todo eso cuesta unos 30 mil pesos, y encima te vas y el castor lo hace de nuevo en 2 o 3 semanas”, dice el biólogo. También son una amenaza para el agua de consumo porque pueden tener enfermedades o parásitos que, cuando defecan u orinan, quedan en el agua.
Lo primero que quisieron hacer fue controlar la especie: que los vecinos los cazaran, vendieran las pieles y cobraran por cola. “Pero no funcionó porque lo hacían como un hobby o para tener ingresos extra. Y sólo cazaban cerca de los caminos, nadie se metía al bosque y caminaba tres días con el frío que hace acá”, dice Curto. Hasta que vieron que los castores ya habían salido de la isla y habían nadado hasta Punta Arenas. Entendieron que si no le ponían un punto final había un riesgo de que invadieran el continente, se desparramaran por la cordillera y llegaran, por lo menos, hasta Neuquén.
Lo que ahora empieza, entomces, es un programa piloto –coordinado por el ministerio de Ambiente de la Nación y la provincia de Tierra del Fuego– en ocho áreas específicas. ¿Qué buscan? Por primera vez, intentarán erradicarlos y restaurar después los ambientes afectados.
Esta semana comienza el “cásting”: entrenarán a varias personas hasta elegir a las 10 mejores que irán a buscarlos: gente de campo, guías de montaña acostumbrados a andar en el frío extremo, gente que se banque meterse en helicóptero en los bosques y quedarse varios días con temperaturas bajo cero, cazándolos y registrando todo, hasta que no quede ninguno. Chile hará lo mismo: es la primera vez que dos países van a trabajar juntos para frenar el avance de la invasión. El plan será implementado por la FAO, un organismo especializado de la ONU.
Irán con trampas –que les dan un golpe en la cabeza y aseguran una muerte rápida–, y será una tarea titánica: “Hay una o dos colonias de castores cada kilómetro de río. Esperamos tener buenos resultados en 10 o 15 años”, dice Schiavini. La idea es que en este embalse de árboles asfixiados vuelva a haber pasto y árboles naciendo. “Si este bosque vuelve a ser lo que era, yo no lo voy a ver: para eso faltarán otros 70, 80 años”, sigue. ¿Habrá que pensar en un nuevo nombre para el Cerro Castor, entonces? “No –cierra–. Si algún día alguien pregunta por qué el cerro se llama Castor querrá decir que hemos ganado la batalla”.
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Santa Fe: agua de bidones por a las fumigaciones
A chicos de una escuela les dan agua de bidones por temor a las fumigaciones
Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
A los agrotóxicos los utilizan en un campo lindante a la Escuela nº30 donde cosechan frutillas. A nivel provincial, se recalcó que esas fumigaciones son ilegales y se conformó una mesa interministerial para tratar el tema. Desde Educación de la provincia esperan los resultados del análisis del agua potable. La comuna proyecta una ordenanza para empezar a controlar las aplicaciones fitosanitarias
Vecinos organizados y autoconvocados de la costa denunciaron en distintas oportunidades la aplicación de fitosanitarios sobre un campo lindero de frutillas a la escuela nº 30 y el jardín de infantes nº281 de Arroyo Leyes. Esta semana comenzaron a obtener respuestas de la comuna a través de una reunión informativa convocada por el presidente comunal, Eduardo Lorinz, y desde la provincia con la conformación de una mesa interministerial.
El presidente comunal afirmó a que "estamos abordando la problemática desde varios puntos. Más que todo de respetar la ley vigente que regula un poco la actividad frutihortícola. Es poner impronta dentro de nuestra localidad para mejorar nuestra actividad productiva, lamentablemente lo que hace a la utilización de agroquímicos y fungicidas".
Sobre los reclamos de los vecinos Lorinz contestó que "la actividad agrícola se ha desarrollado por siempre y no tenemos información oficial sobre realmente chicos con enfermedades o afecciones producidas por agroquímicos. No existe. Los chicos se enferman de cualquier otra cosa un tiempo pero no está comprobado que sea producto de la actividad agroquímica que está frente a la escuela. Nos preocupa y hemos pedido de carácter de urgencia los muestreos en el establecimiento educativo".
Cabe destacar que lo que los vecinos reclaman es un estudio social y sanitario que pueda revelar la salud de las personas y el estado del medio ambiente, ante la relación que establecieron al observar las fumigaciones y detectar reiterados casos de fiebres sostenidas en niños asistentes a la escuela nº 30 y el jardín de infantes nº281.
Además agregó que "en Arroyo Leyes la utilización de agroquímicos de acuerdo a los que se utilice en la actividad frutihortícola son de baja o muy baja toxicidad y el único modo de aplicación es la mochila. La fumigación es muy puntual: a 50 centímetros de la planta". Al ser consultado por quién debería controlar que la reglamentación se cumpla contestó que "en este momento nadie, toda la vida se ha producido. Nunca se produjeron controles, y estamos en eso".
"Como no había una ordenanza que regulaba esto, como en muchos territorios de la provincia, estos controles no se hacen. Estamos trabajando en una ordenanza que regule", apuntó.
Asimismo, enfatizó que "nosotros a través de esta ordenanza vamos a tratar de poner impronta como por ejemplo no sembrar a tantos metros de la escuela. Donde, según los estudios, no inviten a otro tipo de problemas".
El jueves 13 de octubre, desde la comuna, se convocó a una reunión informativa a la que asistieron más de cincuenta personas preocupadas, los productores y los funcionarios. Se llegó al acuerdo de delimitar el ejido urbano y se llevará un trabajo consensuado donde los vecinos participarán activamente. Además se anunció formalmente la realización de la ordenanza para el control. Sin embargo, ante algunos altercados, se decidió llamar a la policía para poder terminar el encuentro sin inconvenientes.
Facundo Viola, vecino autoconvocado, señaló que "quedó claro que cada vez somos más vecinos preocupados. También fueron maestros de la escuela a cuestionar y a decir que ellos se están enfermando. Se armó una discusión importante".
Por su parte, el subsecretario de gestión ambiental de la provincia, Edgardo Seguro, dijo a UNO Santa Fe que "este tema se planteó ya hace bastante tiempo incluso con la gente de la costa. Fue derivado al comité interministerial de salud ambiental. También vino un pedido de informe de la defensoría del pueblo. Ya hubo intervenciones en el ministerio de la producción".
Sobre la ordenanza para el control, Seguro insistió en que es una competencia local y que "el ministerio de producción lo estuvo asesorando para generarle una ordenanza. Desde el Ministerio de Medioambiente vamos a estar trabajando en un estudio de Arroyo Leyes para el ordenamiento global. Además se va a tocar fundamentalmente el tema de la producción primaria y de lo que se puede hacer o no en una zona tan urbanizada".
Y destacó "para que quede claro: al lado de una escuela está prohibida la fumigación. Eso en la ley está claro".
Seguro comentó que la problemática se evaluará en el comité "presidido por el Ministerio de salud en el que además actúan el de Medioambiente y el de Trabajo. Se está tratando desde la semana pasada pero viene trabajándose durante todo el año, así que evidentemente no hemos logrado resolverlo porque vemos que se sigue produciendo el mismo problema".
En este sentido, cuando este medio intentó dialogar sobre la mesa interministerial con el Ministerio de Salud, fuentes oficiales cercanas al ministro Miguel González negaron haber convocado a una reunión.
Al mismo tiempo Seguro reconoció que "si esto no se ha revertido es porque no tenemos una buena comunicación con los productores. Quien produce al lado de una escuela tiene que saber que no lo puede hacer con los métodos convencionales de fumigación".
Llegó el agua
La directora de la Escuela nº30 de Arroyo Leyes, Daniela Ruiz, dijo a UNO Santa Fe que "en principio como medida, ante la inquietud de la comunidad, se trata de conservar la integridad de los niños. Por lo pronto ya se ha suspendido el consumo de agua que abastece a la escuela y se han comprado bidones que es lo que consumen los pequeños por ahora".
Ante la consulta sobre desde hace cuando se tomó esta medida, la directora contestó que "desde hace cinco años con la plata de la cooperadora. A raíz de todo esto, hemos recibido autorización con fondos del Estado para comprar mayor cantidad si hace falta".
Frente a una pregunta referida a rumores desde algunos padres que plantearon que los bidones anteriormente estaban destinados al uso exclusivo del plantel educador, Ruiz desmintió: "no es así. El agua siempre se compró para los niños. Porque en esta zona hay muchos cortes de luz y como esta escuela tiene 124 años, está rodeada de pozos absorbentes por lo tanto la perforación del agua no está en cercanía de la escuela, está bastante alejada. Entonces, no hemos tenido constancia de que haya algún tipo de contaminación en el agua" (sic).
Sobre la correspondiente realización de la actuación del protocolo frente a estos casos puntualizó que "los tres directivos de las instituciones que funcionan en este local lo hemos seguido y dimos conocimiento a los superiores como corresponde. Hemos tenido acompañamiento y están tratando de dar respuesta, lo que pasa es que son gestiones que las autoridades están realizando, que llevan un tiempo para poder resolver, no es inmediata la solución".
En relación a las fumigaciones en inmediaciones escolares, Ruiz dijo que "no tengo conocimiento que se hagan en horario de clase. Nosotros no podemos ver hacia el campo porque no hay ventana para el lado donde se está sembrando, hay paredes. No puedo informar sobre las actividades de los agricultores porque estoy adentro de la institución con todos los actores escolares y, las paredes, no nos permiten ver hacia el otro lado".
Sobre la preocupación manifestada con los padres sobre las fiebres, dijo que "es totalmente incorrecto. No hay ningún caso de intoxicación, malestar y demás. Lo que tenemos acá por ser zona de la costa es que hay algún tipo de contaminación bacteriológica, entonces esto provoca en algunos chicos gastroenteritis, parásitos y demás. Son enfermedades de las que hay que ir detrás, pero esto es todo lo que podemos entender como comunes en este lugar. Pero no hemos registrado en la escuela un caso de intoxicación por agroquímicos. Es totalmente incierto. No ha habido una certificación extendida por un profesional de la salud que diga que el chico está intoxicado".
Por otro lado, Ruiz enfatizó: "solicitamos hace tiempo al Ministerio de Educación que se realicen análisis del agua, hemos tenido reuniones con los supervisores, tratando de idear estrategias con el gremio y con la comuna. Estamos tratando, entre todos de encontrar una solución. Nosotros manifestamos la situación por escrito a quien corresponde siguiendo la línea jerárquica y el protocolo institucional".
Por su parte, el Delegado Seccional de AMSAFE La Capital, Oscar Loseco comentó que están asesorando a los docentes de la escuela, pero que no accionaron gremialmente porque "no hubo una denuncia de la directora en AMSAFÉ".
En este sentido, el secretario de Educación, Oscar Di Paolo, dijo a UNO Santa Fe que "venimos trabajando en este tema. Vamos a participar de la reunión interministerial que se va a hacer la semana que viene. Es complejo, es necesario mejorar algunas cuestiones que están planteadas en el protocolo de acción, como la articulación entre el productor o el propietario del campo y los directivos de la escuela para tratar de avisar con bastante anticipación o al menos con 24 horas de los procesos de fumigación para que los chicos no estén presentes en la escuela, ya que el perímetro de protección en esa institución es prácticamente nulo. Además hemos llevado agua potable a la escuela que se compraron con fondos del Ministerio de Educación".
Sobre los estudios del agua, Di Paolo agregó que "tengo entendido que se han pedido los análisis del agua para determinados fumigantes y supongo que en un tiempo prudente estarán esos resultados". En relación al control, "lamentablemente no tenemos ni una ley provincial, ni una ordenanza comunal", culminó.
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Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
A los agrotóxicos los utilizan en un campo lindante a la Escuela nº30 donde cosechan frutillas. A nivel provincial, se recalcó que esas fumigaciones son ilegales y se conformó una mesa interministerial para tratar el tema. Desde Educación de la provincia esperan los resultados del análisis del agua potable. La comuna proyecta una ordenanza para empezar a controlar las aplicaciones fitosanitarias
Vecinos organizados y autoconvocados de la costa denunciaron en distintas oportunidades la aplicación de fitosanitarios sobre un campo lindero de frutillas a la escuela nº 30 y el jardín de infantes nº281 de Arroyo Leyes. Esta semana comenzaron a obtener respuestas de la comuna a través de una reunión informativa convocada por el presidente comunal, Eduardo Lorinz, y desde la provincia con la conformación de una mesa interministerial.
El presidente comunal afirmó a que "estamos abordando la problemática desde varios puntos. Más que todo de respetar la ley vigente que regula un poco la actividad frutihortícola. Es poner impronta dentro de nuestra localidad para mejorar nuestra actividad productiva, lamentablemente lo que hace a la utilización de agroquímicos y fungicidas".
Sobre los reclamos de los vecinos Lorinz contestó que "la actividad agrícola se ha desarrollado por siempre y no tenemos información oficial sobre realmente chicos con enfermedades o afecciones producidas por agroquímicos. No existe. Los chicos se enferman de cualquier otra cosa un tiempo pero no está comprobado que sea producto de la actividad agroquímica que está frente a la escuela. Nos preocupa y hemos pedido de carácter de urgencia los muestreos en el establecimiento educativo".
Cabe destacar que lo que los vecinos reclaman es un estudio social y sanitario que pueda revelar la salud de las personas y el estado del medio ambiente, ante la relación que establecieron al observar las fumigaciones y detectar reiterados casos de fiebres sostenidas en niños asistentes a la escuela nº 30 y el jardín de infantes nº281.
Además agregó que "en Arroyo Leyes la utilización de agroquímicos de acuerdo a los que se utilice en la actividad frutihortícola son de baja o muy baja toxicidad y el único modo de aplicación es la mochila. La fumigación es muy puntual: a 50 centímetros de la planta". Al ser consultado por quién debería controlar que la reglamentación se cumpla contestó que "en este momento nadie, toda la vida se ha producido. Nunca se produjeron controles, y estamos en eso".
"Como no había una ordenanza que regulaba esto, como en muchos territorios de la provincia, estos controles no se hacen. Estamos trabajando en una ordenanza que regule", apuntó.
Asimismo, enfatizó que "nosotros a través de esta ordenanza vamos a tratar de poner impronta como por ejemplo no sembrar a tantos metros de la escuela. Donde, según los estudios, no inviten a otro tipo de problemas".
El jueves 13 de octubre, desde la comuna, se convocó a una reunión informativa a la que asistieron más de cincuenta personas preocupadas, los productores y los funcionarios. Se llegó al acuerdo de delimitar el ejido urbano y se llevará un trabajo consensuado donde los vecinos participarán activamente. Además se anunció formalmente la realización de la ordenanza para el control. Sin embargo, ante algunos altercados, se decidió llamar a la policía para poder terminar el encuentro sin inconvenientes.
Facundo Viola, vecino autoconvocado, señaló que "quedó claro que cada vez somos más vecinos preocupados. También fueron maestros de la escuela a cuestionar y a decir que ellos se están enfermando. Se armó una discusión importante".
Por su parte, el subsecretario de gestión ambiental de la provincia, Edgardo Seguro, dijo a UNO Santa Fe que "este tema se planteó ya hace bastante tiempo incluso con la gente de la costa. Fue derivado al comité interministerial de salud ambiental. También vino un pedido de informe de la defensoría del pueblo. Ya hubo intervenciones en el ministerio de la producción".
Sobre la ordenanza para el control, Seguro insistió en que es una competencia local y que "el ministerio de producción lo estuvo asesorando para generarle una ordenanza. Desde el Ministerio de Medioambiente vamos a estar trabajando en un estudio de Arroyo Leyes para el ordenamiento global. Además se va a tocar fundamentalmente el tema de la producción primaria y de lo que se puede hacer o no en una zona tan urbanizada".
Y destacó "para que quede claro: al lado de una escuela está prohibida la fumigación. Eso en la ley está claro".
Seguro comentó que la problemática se evaluará en el comité "presidido por el Ministerio de salud en el que además actúan el de Medioambiente y el de Trabajo. Se está tratando desde la semana pasada pero viene trabajándose durante todo el año, así que evidentemente no hemos logrado resolverlo porque vemos que se sigue produciendo el mismo problema".
En este sentido, cuando este medio intentó dialogar sobre la mesa interministerial con el Ministerio de Salud, fuentes oficiales cercanas al ministro Miguel González negaron haber convocado a una reunión.
Al mismo tiempo Seguro reconoció que "si esto no se ha revertido es porque no tenemos una buena comunicación con los productores. Quien produce al lado de una escuela tiene que saber que no lo puede hacer con los métodos convencionales de fumigación".
Llegó el agua
La directora de la Escuela nº30 de Arroyo Leyes, Daniela Ruiz, dijo a UNO Santa Fe que "en principio como medida, ante la inquietud de la comunidad, se trata de conservar la integridad de los niños. Por lo pronto ya se ha suspendido el consumo de agua que abastece a la escuela y se han comprado bidones que es lo que consumen los pequeños por ahora".
Ante la consulta sobre desde hace cuando se tomó esta medida, la directora contestó que "desde hace cinco años con la plata de la cooperadora. A raíz de todo esto, hemos recibido autorización con fondos del Estado para comprar mayor cantidad si hace falta".
Frente a una pregunta referida a rumores desde algunos padres que plantearon que los bidones anteriormente estaban destinados al uso exclusivo del plantel educador, Ruiz desmintió: "no es así. El agua siempre se compró para los niños. Porque en esta zona hay muchos cortes de luz y como esta escuela tiene 124 años, está rodeada de pozos absorbentes por lo tanto la perforación del agua no está en cercanía de la escuela, está bastante alejada. Entonces, no hemos tenido constancia de que haya algún tipo de contaminación en el agua" (sic).
Sobre la correspondiente realización de la actuación del protocolo frente a estos casos puntualizó que "los tres directivos de las instituciones que funcionan en este local lo hemos seguido y dimos conocimiento a los superiores como corresponde. Hemos tenido acompañamiento y están tratando de dar respuesta, lo que pasa es que son gestiones que las autoridades están realizando, que llevan un tiempo para poder resolver, no es inmediata la solución".
En relación a las fumigaciones en inmediaciones escolares, Ruiz dijo que "no tengo conocimiento que se hagan en horario de clase. Nosotros no podemos ver hacia el campo porque no hay ventana para el lado donde se está sembrando, hay paredes. No puedo informar sobre las actividades de los agricultores porque estoy adentro de la institución con todos los actores escolares y, las paredes, no nos permiten ver hacia el otro lado".
Sobre la preocupación manifestada con los padres sobre las fiebres, dijo que "es totalmente incorrecto. No hay ningún caso de intoxicación, malestar y demás. Lo que tenemos acá por ser zona de la costa es que hay algún tipo de contaminación bacteriológica, entonces esto provoca en algunos chicos gastroenteritis, parásitos y demás. Son enfermedades de las que hay que ir detrás, pero esto es todo lo que podemos entender como comunes en este lugar. Pero no hemos registrado en la escuela un caso de intoxicación por agroquímicos. Es totalmente incierto. No ha habido una certificación extendida por un profesional de la salud que diga que el chico está intoxicado".
Por otro lado, Ruiz enfatizó: "solicitamos hace tiempo al Ministerio de Educación que se realicen análisis del agua, hemos tenido reuniones con los supervisores, tratando de idear estrategias con el gremio y con la comuna. Estamos tratando, entre todos de encontrar una solución. Nosotros manifestamos la situación por escrito a quien corresponde siguiendo la línea jerárquica y el protocolo institucional".
Por su parte, el Delegado Seccional de AMSAFE La Capital, Oscar Loseco comentó que están asesorando a los docentes de la escuela, pero que no accionaron gremialmente porque "no hubo una denuncia de la directora en AMSAFÉ".
En este sentido, el secretario de Educación, Oscar Di Paolo, dijo a UNO Santa Fe que "venimos trabajando en este tema. Vamos a participar de la reunión interministerial que se va a hacer la semana que viene. Es complejo, es necesario mejorar algunas cuestiones que están planteadas en el protocolo de acción, como la articulación entre el productor o el propietario del campo y los directivos de la escuela para tratar de avisar con bastante anticipación o al menos con 24 horas de los procesos de fumigación para que los chicos no estén presentes en la escuela, ya que el perímetro de protección en esa institución es prácticamente nulo. Además hemos llevado agua potable a la escuela que se compraron con fondos del Ministerio de Educación".
Sobre los estudios del agua, Di Paolo agregó que "tengo entendido que se han pedido los análisis del agua para determinados fumigantes y supongo que en un tiempo prudente estarán esos resultados". En relación al control, "lamentablemente no tenemos ni una ley provincial, ni una ordenanza comunal", culminó.
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Científicos logran reproducir a la ranita de Valcheta
Científicos platenses logran exitosa reproducción de especie en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 22/10/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadores del Museo de La Plata lograron por primera vez reproducir en condiciones de cautiverio a la ranita de Valcheta (Pleurodema somuncurense), una especie de anfibio en peligro de extinción que habita únicamente en las nacientes del arroyo homónimo, cerca de la localidad de Chipauquil, en la Meseta de Somuncurá, Río Negro.
Esta especie está amenazada por la destrucción de su hábitat y la introducción de animales exóticos. Hoy, se encuentra entre las ocho especies en peligro en la Lista Roja Nacional y como una de las tres únicas “críticamente amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN.
Desde 2012, varios proyectos promueven la conservación de la biodiversidad en la meseta de Somuncurá y el año pasado se estableció en el anexo del Museo de La Plata un laboratorio para el estudio reproductivo de los anfibios, donde se instaló una colonia de supervivencia de este anfibio. El exitoso proyecto fue dirigido por el profesor Jorge D. Williams y el doctor Federico P. Kacoliris, docentes e investigadores del Museo de La Plata.
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Fecha de Publicación: 22/10/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadores del Museo de La Plata lograron por primera vez reproducir en condiciones de cautiverio a la ranita de Valcheta (Pleurodema somuncurense), una especie de anfibio en peligro de extinción que habita únicamente en las nacientes del arroyo homónimo, cerca de la localidad de Chipauquil, en la Meseta de Somuncurá, Río Negro.
Esta especie está amenazada por la destrucción de su hábitat y la introducción de animales exóticos. Hoy, se encuentra entre las ocho especies en peligro en la Lista Roja Nacional y como una de las tres únicas “críticamente amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN.
Desde 2012, varios proyectos promueven la conservación de la biodiversidad en la meseta de Somuncurá y el año pasado se estableció en el anexo del Museo de La Plata un laboratorio para el estudio reproductivo de los anfibios, donde se instaló una colonia de supervivencia de este anfibio. El exitoso proyecto fue dirigido por el profesor Jorge D. Williams y el doctor Federico P. Kacoliris, docentes e investigadores del Museo de La Plata.
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Biopintura contra la contaminación, creación del Conicet
Estudiantes diseñan una biopintura contra la contaminación
Fecha de Publicación: 22/10/2016
Fuente: Agencia CTyS
Provincia/Región: Nacional
Son jóvenes de la UNSAM y UBA que, coordinados por especialistas del CONICET, trabajan en un material ecológico para evitar el fouling, la adhesión de microorganismos a superficies sumergidas. Actualmente, para enfrentarlo, los marineros utilizan pinturas que dañan al ambiente marino y sus especies.
En la inmensidad del océano, un caracol sufre cambios en su estructura hasta cambiar su sexo. Una hembra puede volverse macho y fallecer, al no lograr expulsar sus huevos. El fenómeno, llamado “imposex”, afecta a 120 animales de todo el mundo causando una sensible disminución de las especies. por causa de las sustancias que se usan contra el fouling.
Pero, ¿Qué es fouling? Consiste en la adhesión de bacterias, microalgas y hongos en redes de cultivo, cascos de embarcaciones y plataformas portuarias sumergidas. Permite el asentamiento de colonias de moluscos e invertebrados en esas superficies y genera más peso y fricción en las diversas estructuras. Para tratarlo, los marineros utilizan pinturas con alto contenido de estaño y materiales pesados, causando un desequilibrio en el ecosistema marino.
Estudiantes de la UNSAM y la UBA, con la coordinación de profesores e investigadores del CONICET, buscan enfrentar la problemática y desarrollan un biofilm que actúe sin perjudicar al ambiente. “Nos preocupaba la constante extinción de especies y a partir de recolectar información y leer papers optamos por elaborar una pintura ecológica”, afirma, en diálogo con Agencia CTyS, Ana Laura Medina Fraga, miembro del equipo de trabajo.
El proyecto fue presentado este año en TecnoX, la competencia argentina que nuclea a jóvenes de Latinoamérica para motivar trabajos de biología sintética que respondan a un bien común.
El material diseñado se conforma a partir de la conjunción de dos bacterias del género Pseudomonas: contiene una cepa de la bacteria protegens, propia del ecosistema acuático y beneficiosa para el medioambiente y una de aeuroginosa, que permite que el biofilm cumpla el rol de pintura anti-incrustante al producir una sustancia llamada “piocianina”, que interfiere con el crecimiento de otros microorganismos.
A través de la biología sintética, el equipo utilizó los diversos genes para formar la película y combinaron los sustratos que los microorganismos producen normalmente. “Hay dos maneras en que las bacterias pueden vivir: libres o formando colonias. Para el proyecto nos basamos en esta última cualidad”, agrega Florencia Malamud, investigadora del CONICET y coordinadora del estudio.
La industrialización del producto está siendo analizada debido a las diferentes regulaciones que posee el manejo de transgénicos. La piocianina funciona como un mecanismo de defensa y de competencia en el ambiente para la bacteria. Sin embargo, la cepa que produce esa sustancia es patógena y no puede ser utilizada cerca de los humanos. Por eso los especialistas retiraron la partícula que necesitaban y crearon el film incorporándola a la Pseudomonas protegens.
Otro modo de aprender
La propuesta apunta a evitar la contaminación del agua y posterior daño en las especies, pero también impulsa una capacitación diferencial para los jóvenes profesionales. La oportunidad de realizar tareas en laboratorio, apostar al trabajo en conjunto, calcular costos y buscar un posible financiamiento, son situaciones que los estudiantes no siempre enfrentan.
Según Medina Fraga, la experiencia fue “distinta a todo lo que estábamos acostumbrados”, y destaca “la posibilidad de pensar cómo ayudar a la gente” y haber entendido que la ciencia “no es simplemente pensar buenas ideas”. El pasaje de los conceptos teóricos a la aplicación práctica se vuelve conocimiento para los jóvenes, que encontraron en la biotecnología una herramienta para aportar soluciones y seguir aprendiendo.
*El proyecto se elaboró en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Rodolfo Ugalde y participaron los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Nicolás Méndez, Belén Monardo, Florencia Paván, Ana Laura Medina Fraga, Gustavo Vidal, Laura Serantes y Lucca Salomón, este último de la Universidad de Buenos Aires. En la coordinación estuvieron Diego Álvarez, Florencia Malamud, David Moi, Patricio Portal.
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Fecha de Publicación: 22/10/2016
Fuente: Agencia CTyS
Provincia/Región: Nacional
Son jóvenes de la UNSAM y UBA que, coordinados por especialistas del CONICET, trabajan en un material ecológico para evitar el fouling, la adhesión de microorganismos a superficies sumergidas. Actualmente, para enfrentarlo, los marineros utilizan pinturas que dañan al ambiente marino y sus especies.
En la inmensidad del océano, un caracol sufre cambios en su estructura hasta cambiar su sexo. Una hembra puede volverse macho y fallecer, al no lograr expulsar sus huevos. El fenómeno, llamado “imposex”, afecta a 120 animales de todo el mundo causando una sensible disminución de las especies. por causa de las sustancias que se usan contra el fouling.
Pero, ¿Qué es fouling? Consiste en la adhesión de bacterias, microalgas y hongos en redes de cultivo, cascos de embarcaciones y plataformas portuarias sumergidas. Permite el asentamiento de colonias de moluscos e invertebrados en esas superficies y genera más peso y fricción en las diversas estructuras. Para tratarlo, los marineros utilizan pinturas con alto contenido de estaño y materiales pesados, causando un desequilibrio en el ecosistema marino.
Estudiantes de la UNSAM y la UBA, con la coordinación de profesores e investigadores del CONICET, buscan enfrentar la problemática y desarrollan un biofilm que actúe sin perjudicar al ambiente. “Nos preocupaba la constante extinción de especies y a partir de recolectar información y leer papers optamos por elaborar una pintura ecológica”, afirma, en diálogo con Agencia CTyS, Ana Laura Medina Fraga, miembro del equipo de trabajo.
El proyecto fue presentado este año en TecnoX, la competencia argentina que nuclea a jóvenes de Latinoamérica para motivar trabajos de biología sintética que respondan a un bien común.
El material diseñado se conforma a partir de la conjunción de dos bacterias del género Pseudomonas: contiene una cepa de la bacteria protegens, propia del ecosistema acuático y beneficiosa para el medioambiente y una de aeuroginosa, que permite que el biofilm cumpla el rol de pintura anti-incrustante al producir una sustancia llamada “piocianina”, que interfiere con el crecimiento de otros microorganismos.
A través de la biología sintética, el equipo utilizó los diversos genes para formar la película y combinaron los sustratos que los microorganismos producen normalmente. “Hay dos maneras en que las bacterias pueden vivir: libres o formando colonias. Para el proyecto nos basamos en esta última cualidad”, agrega Florencia Malamud, investigadora del CONICET y coordinadora del estudio.
La industrialización del producto está siendo analizada debido a las diferentes regulaciones que posee el manejo de transgénicos. La piocianina funciona como un mecanismo de defensa y de competencia en el ambiente para la bacteria. Sin embargo, la cepa que produce esa sustancia es patógena y no puede ser utilizada cerca de los humanos. Por eso los especialistas retiraron la partícula que necesitaban y crearon el film incorporándola a la Pseudomonas protegens.
Otro modo de aprender
La propuesta apunta a evitar la contaminación del agua y posterior daño en las especies, pero también impulsa una capacitación diferencial para los jóvenes profesionales. La oportunidad de realizar tareas en laboratorio, apostar al trabajo en conjunto, calcular costos y buscar un posible financiamiento, son situaciones que los estudiantes no siempre enfrentan.
Según Medina Fraga, la experiencia fue “distinta a todo lo que estábamos acostumbrados”, y destaca “la posibilidad de pensar cómo ayudar a la gente” y haber entendido que la ciencia “no es simplemente pensar buenas ideas”. El pasaje de los conceptos teóricos a la aplicación práctica se vuelve conocimiento para los jóvenes, que encontraron en la biotecnología una herramienta para aportar soluciones y seguir aprendiendo.
*El proyecto se elaboró en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Rodolfo Ugalde y participaron los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Nicolás Méndez, Belén Monardo, Florencia Paván, Ana Laura Medina Fraga, Gustavo Vidal, Laura Serantes y Lucca Salomón, este último de la Universidad de Buenos Aires. En la coordinación estuvieron Diego Álvarez, Florencia Malamud, David Moi, Patricio Portal.
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Cámara Minera de Córdoba va a la Corte por la ley
La 'ley antiminera' de Córdoba llegó a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 22/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja en el máximo órgano. Insisten en que la ley provincial 9.526 es inconstitucional. El Tribunal Superior la avaló.
La Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la ley provincial 9.526.
La normativa, sancionada en 2008, prohíbe la actividad minera metalífera “en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales”.
También prohíbe el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en diferentes leyes nacionales.
La prohibición también rige para los minerales nucleares tales como el uranio y el torio.
En junio de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió estudiar si la ley era o no constitucional. Su fallo recién se conoció en 2015.
EL AVAL DEL TSJ. El fallo completo (PDF)
El órgano judicial ratificó la plena constitucionalidad de la ley. Argumentó que las restricciones establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo” que debe ser preservado.
El TSJ puso como ejemplo lo sucedido con la mina de uranio de Los Gigantes. El predio nunca fue remediado y las instalaciones están abandonadas desde hace décadas aguas arriba del dique San Roque.
Cemincor llevó ahora sus mismos argumentos jurídicos contra la ley a la Corte Suprema. La entidad empresaria considera que la ley “avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
José Díaz, titular de Cemincor, recalcó que, además, la norma provincial “legisla sobre el Código de Minería, que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación, también desconoce el sistema federal y afecta el interés público, el orden económico y el bien común, además de los derechos individuales de cada productor”.
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Fecha de Publicación: 22/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja en el máximo órgano. Insisten en que la ley provincial 9.526 es inconstitucional. El Tribunal Superior la avaló.
La Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la ley provincial 9.526.
La normativa, sancionada en 2008, prohíbe la actividad minera metalífera “en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales”.
También prohíbe el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en diferentes leyes nacionales.
La prohibición también rige para los minerales nucleares tales como el uranio y el torio.
En junio de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió estudiar si la ley era o no constitucional. Su fallo recién se conoció en 2015.
EL AVAL DEL TSJ. El fallo completo (PDF)
El órgano judicial ratificó la plena constitucionalidad de la ley. Argumentó que las restricciones establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo” que debe ser preservado.
El TSJ puso como ejemplo lo sucedido con la mina de uranio de Los Gigantes. El predio nunca fue remediado y las instalaciones están abandonadas desde hace décadas aguas arriba del dique San Roque.
Cemincor llevó ahora sus mismos argumentos jurídicos contra la ley a la Corte Suprema. La entidad empresaria considera que la ley “avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
José Díaz, titular de Cemincor, recalcó que, además, la norma provincial “legisla sobre el Código de Minería, que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación, también desconoce el sistema federal y afecta el interés público, el orden económico y el bien común, además de los derechos individuales de cada productor”.
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