ONGs piden frenar las represas en Santa Cruz
08:00 | 
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Santa Cruz: piden frenar las represas por daño ambiental
Fecha de Publicación: 26/09/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz
Un grupo de ONGs pidió ayer en una conferencia de prensa que el gobierno de Mauricio Macri detenga el proyecto de las represas Kirchner y Cepernic planeadas por la administración anterior para ser construidas en el cauce del río Santa Cruz, por un consorcio de empresas chinas. Directivos de Fundación Vida Silvestre, FARN, Aves Argentinas y otras organizaciones especializadas en energía y medio ambiente argumentaron que “estas obras son un mal negocio ambiental, social y también económico”.
Vale recordar que, hace apenas tres semanas, Diego Guelar, el embajador argentino en China, le confirmó a PERFIL que “las represas hidroeléctricas de Santa Cruz comenzarán a construirse antes de fin de año”.
Según Pedro Friederich, presidente de la ONG Banco de Bosques, “en materia ambiental vemos un desacople interno en el Gobierno”. Y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que “las autoridades muestran contradicciones en su política ambiental. Por un lado promueven las energías alternativas y un Ministerio de Medio Ambiente. Pero también afirman que llevarán adelante las represas cuyo proyecto se renovó y que no tienen un estudio actualizado de impacto ambiental”.
Esta situación irregular, según los expertos, podría llevar a que la red de ONGs judicialice su reclamo e impulse acciones legales para que las obras no se inicien sin antes realizar el nuevo estudio de impacto.
Entre las razones ambientales para pedir la revisión Rodrigo Fariña, de la ONG Aves Argentinas, detalló que “la desembocadura del río Santa Cruz es un sitio clave para la supervivencia del amenazado macá tobiano, un ave endémica de nuestro país. Casi la totalidad de los individuos que quedan (apenas 400 parejas reproductivas) pasan el invierno en ese sitio”.
Según los expertos, esta obra tampoco tiene una lógica “energética”. “En el mundo las grandes represas no se consideran un recurso renovable. Con la misma inversión se podría obtener un aumento del 74% de energías sustentables como solar, eólica o biomasa”, detalló Manuel Jaramillo, director de Conservación y Desarrollo Sustentable de Fundación Vida Silvestre, y agregó que “las represas tampoco son un buen negocio si se analiza su perfil económico. “Hoy sólo el 43% de la energía que generarían podría aprovecharse con las redes de alta tensión que existen. Para llegar al cien por ciento de la futura energía generada se debería construir una nueva red que tendría un costo superior a los US$ 2 mil millones”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz
Un grupo de ONGs pidió ayer en una conferencia de prensa que el gobierno de Mauricio Macri detenga el proyecto de las represas Kirchner y Cepernic planeadas por la administración anterior para ser construidas en el cauce del río Santa Cruz, por un consorcio de empresas chinas. Directivos de Fundación Vida Silvestre, FARN, Aves Argentinas y otras organizaciones especializadas en energía y medio ambiente argumentaron que “estas obras son un mal negocio ambiental, social y también económico”.
Vale recordar que, hace apenas tres semanas, Diego Guelar, el embajador argentino en China, le confirmó a PERFIL que “las represas hidroeléctricas de Santa Cruz comenzarán a construirse antes de fin de año”.
Según Pedro Friederich, presidente de la ONG Banco de Bosques, “en materia ambiental vemos un desacople interno en el Gobierno”. Y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que “las autoridades muestran contradicciones en su política ambiental. Por un lado promueven las energías alternativas y un Ministerio de Medio Ambiente. Pero también afirman que llevarán adelante las represas cuyo proyecto se renovó y que no tienen un estudio actualizado de impacto ambiental”.
Esta situación irregular, según los expertos, podría llevar a que la red de ONGs judicialice su reclamo e impulse acciones legales para que las obras no se inicien sin antes realizar el nuevo estudio de impacto.
Entre las razones ambientales para pedir la revisión Rodrigo Fariña, de la ONG Aves Argentinas, detalló que “la desembocadura del río Santa Cruz es un sitio clave para la supervivencia del amenazado macá tobiano, un ave endémica de nuestro país. Casi la totalidad de los individuos que quedan (apenas 400 parejas reproductivas) pasan el invierno en ese sitio”.
Según los expertos, esta obra tampoco tiene una lógica “energética”. “En el mundo las grandes represas no se consideran un recurso renovable. Con la misma inversión se podría obtener un aumento del 74% de energías sustentables como solar, eólica o biomasa”, detalló Manuel Jaramillo, director de Conservación y Desarrollo Sustentable de Fundación Vida Silvestre, y agregó que “las represas tampoco son un buen negocio si se analiza su perfil económico. “Hoy sólo el 43% de la energía que generarían podría aprovecharse con las redes de alta tensión que existen. Para llegar al cien por ciento de la futura energía generada se debería construir una nueva red que tendría un costo superior a los US$ 2 mil millones”.
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Reintroducen al pecari en Misiones
Ecología concretó la reintroducción del pecari en el Parque Salto Encantado
Fecha de Publicación: 26/09/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Luego de más de 4 meses de cuidados en corrales con cerco electrificado especialmente construidos para tal fin, se concreto este jueves la suelta de la piara de especie de Pecari Labiado provenientes del Parque Ecológico “El Puma” y del Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres Guira Oga, los cueles fueron monitoreados previamente en la Isla Palacio en Iguazú por casi diez meses. La suelta se concretó en el Destacamento Cerro 20, ubicado en el corazón del Parque provincial Salto Encantado del Valle del Cuña Piru en Aristóbulo del Valle; y contó con la presencia de la titular del Ministerio de Ecología Verónica Derna, integrantes de la Policía Ecológica de la provincia de Córdoba, representantes del Ministerio del Agro y la Producción, el subsecretario de Ecología Juan Manuel Díaz, guardaparques, representantes de empresas privadas, diputados provinciales e intendentes y representantes de los municipios de Aristóbulo de Valle y Ruiz de Montoya entre otros actores vinculados a tal fin.
En esta etapa luego de la suelta, comenzara el monitoreo con telemetría y cámaras trampa. Cabe recordar que en esta zona no se tiene registros desde mediados de los 80.
Esta suelta se inscribe en los alcances del Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en Misiones, y de sus presas con el propósito de brindar el alimento primordial del felino mas grande de America, y que en la provincia de Misiones fue declarado mediante ley Provincial XVI – 22 (Antes Ley Nº 2589) como Monumento provincial y definido como especie en peligro.
Estas acciones se concretan luego de un incesante trabajo llevado a cabo por este ministerio, el cual vela por el cuidado y protección de la biodiversidad en la provincia de Misiones.
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Fecha de Publicación: 26/09/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Luego de más de 4 meses de cuidados en corrales con cerco electrificado especialmente construidos para tal fin, se concreto este jueves la suelta de la piara de especie de Pecari Labiado provenientes del Parque Ecológico “El Puma” y del Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres Guira Oga, los cueles fueron monitoreados previamente en la Isla Palacio en Iguazú por casi diez meses. La suelta se concretó en el Destacamento Cerro 20, ubicado en el corazón del Parque provincial Salto Encantado del Valle del Cuña Piru en Aristóbulo del Valle; y contó con la presencia de la titular del Ministerio de Ecología Verónica Derna, integrantes de la Policía Ecológica de la provincia de Córdoba, representantes del Ministerio del Agro y la Producción, el subsecretario de Ecología Juan Manuel Díaz, guardaparques, representantes de empresas privadas, diputados provinciales e intendentes y representantes de los municipios de Aristóbulo de Valle y Ruiz de Montoya entre otros actores vinculados a tal fin.
En esta etapa luego de la suelta, comenzara el monitoreo con telemetría y cámaras trampa. Cabe recordar que en esta zona no se tiene registros desde mediados de los 80.
Esta suelta se inscribe en los alcances del Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en Misiones, y de sus presas con el propósito de brindar el alimento primordial del felino mas grande de America, y que en la provincia de Misiones fue declarado mediante ley Provincial XVI – 22 (Antes Ley Nº 2589) como Monumento provincial y definido como especie en peligro.
Estas acciones se concretan luego de un incesante trabajo llevado a cabo por este ministerio, el cual vela por el cuidado y protección de la biodiversidad en la provincia de Misiones.
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El Riachuelo en emergencia por cinco años más
Se extendió por cinco años la emergencia en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 26/09/2016
Fuente: Nueva Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
Ayer se aprobó el proyecto de ley de la legisladora Paula Oliveto Lago de la Coialición Cívica-ARI para modificar la Ley 3947 y otra iniciativa de la diputada María Patricia Vischi (SUMA +) para prorrogar por el término de cinco años dicha ley y sus modificatorias.
La Legislatura porteña aprobó hoy por unanimidad un texto conjunto que incluye los proyectos de la diputada Paula Oliveto Lago (CC-ARI) para modificar la Ley 3947 de Emergencia Social, Urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR. También se aprobó otra iniciativa de la diputada María Patricia Vischi (SUMA +), para prorrogar por el término de cinco años dicha ley y sus modificatorias.
En los fundamentos la iniciativa conjunta se sostiene que durante mucho tiempo, gran parte de la sociedad y los gobiernos electos, le dieron la espalda al Riachuelo. Se olvidaron de la población que vive en su cuenca (unos 800.000 habitantes en el caso de ciudad de Buenos Aires) que padecía las consecuencias de la grave contaminación que se fue generando durante muchas décadas de descuido y manejo irresponsable de ese recurso natural y su entorno ambiental.
La norma sancionada considera necesario mantener la emergencia en los términos de la Ley N° 3947 hasta tanto sean resueltos los serios inconvenientes que aún subsisten, considerando que en la actualidad este punto geográfico se encuentra entre los diez sitios más contaminados del mundo, en perjuicio de los ciudadanos que habitan en las comunas que atraviesa esta cuenca (4, 7, 8 y 9 de la CABA).
Para finalizar la ley explica que deben "mantenerse las alertas sobre la situación social, urbanística, ambiental y sanitaria. Establece redoblar esfuerzos y actúa sobre la conciencia, fundamentalmente de los gobiernos competentes, para definir la resolución de estos conflictos como ejemplo para el presente, y el de las generaciones futuras en relación al cuidado del ambiente incorporado a la temática para el desarrollo social en el más amplio sentido de su definición y acciones".
En este sentido se aprobó la modificación del artículo 7 que establece que "En octubre de cada año la Comisión de Ambiente celebrará una reunión pública especial en la Legislatura, a la cual los representantes del Poder Ejecutivo concurrirán a fin de informar sobre las acciones realizadas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley".
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Fecha de Publicación: 26/09/2016
Fuente: Nueva Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
Ayer se aprobó el proyecto de ley de la legisladora Paula Oliveto Lago de la Coialición Cívica-ARI para modificar la Ley 3947 y otra iniciativa de la diputada María Patricia Vischi (SUMA +) para prorrogar por el término de cinco años dicha ley y sus modificatorias.
La Legislatura porteña aprobó hoy por unanimidad un texto conjunto que incluye los proyectos de la diputada Paula Oliveto Lago (CC-ARI) para modificar la Ley 3947 de Emergencia Social, Urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR. También se aprobó otra iniciativa de la diputada María Patricia Vischi (SUMA +), para prorrogar por el término de cinco años dicha ley y sus modificatorias.
En los fundamentos la iniciativa conjunta se sostiene que durante mucho tiempo, gran parte de la sociedad y los gobiernos electos, le dieron la espalda al Riachuelo. Se olvidaron de la población que vive en su cuenca (unos 800.000 habitantes en el caso de ciudad de Buenos Aires) que padecía las consecuencias de la grave contaminación que se fue generando durante muchas décadas de descuido y manejo irresponsable de ese recurso natural y su entorno ambiental.
La norma sancionada considera necesario mantener la emergencia en los términos de la Ley N° 3947 hasta tanto sean resueltos los serios inconvenientes que aún subsisten, considerando que en la actualidad este punto geográfico se encuentra entre los diez sitios más contaminados del mundo, en perjuicio de los ciudadanos que habitan en las comunas que atraviesa esta cuenca (4, 7, 8 y 9 de la CABA).
Para finalizar la ley explica que deben "mantenerse las alertas sobre la situación social, urbanística, ambiental y sanitaria. Establece redoblar esfuerzos y actúa sobre la conciencia, fundamentalmente de los gobiernos competentes, para definir la resolución de estos conflictos como ejemplo para el presente, y el de las generaciones futuras en relación al cuidado del ambiente incorporado a la temática para el desarrollo social en el más amplio sentido de su definición y acciones".
En este sentido se aprobó la modificación del artículo 7 que establece que "En octubre de cada año la Comisión de Ambiente celebrará una reunión pública especial en la Legislatura, a la cual los representantes del Poder Ejecutivo concurrirán a fin de informar sobre las acciones realizadas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley".
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Nuevo problema para la creación del PN Iberá
Una medida cautelar podría paralizar el proyecto del Parque Nacional del Iberá
Fecha de Publicación: 25/09/2016
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
La jueza María Virginia Tenev ordenó una serie de medidas cautelares tras resolver sobre una Acción de Amparo con Medida Cautelar presentada por pobladores de los Parajes Yahaveré, Ñu Pi, Plumero y Carambola. La medida intenta frenar la aplicación de la ley que cede al Gobierno Nacional la jurisdicción y el dominio sobre un territorio indeterminado de los Esteros del Iberá, con el fin de crear un Parque Nacional.
La doctora Tenev ordenó librar oficios al gobernador Ricardo Colombi, al fiscal de Estado Carlos Pila, al Poder Legislativo de la Provincia y al Estado Nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales.
Por la medida, a los funcionarios nacionales y provinciales se les intima para que presenten el informe circunstanciado que dispone la Ley de Amparo Provincial y a la Legislatura se le requiere el envío de una copia certificada de todo el expediente parlamentario que dio origen a la Ley N° 6.384 que impugnan los pobladores.
En la presentación judicial, los lugareños denuncian que varios inmuebles presentados como propiedad de Conservation Land Trust (CLT) corresponden al ejido de sus parajes y posesiones ancestrales, derechos reconocidos por la Constitución Provincial en el artículo 66 y que ellos nunca autorizaron o fueron consultados para transformar sus tierras en un parque o reserva nacional.
La ex diputada Sonia López, sostuvo que “es falaz” que los territorios cedidos pasen al Estado Nacional, debido a que “no existe ninguna donación y hay un convenio firmado para que Conservation continúe con el manejo de lo que sería el parque nacional, incluso se señala que un empleado de ‘CLT’ llamado Pascual Pérez, sería el intendente del flamante Parque, en caso de concretarse”.
“Se detectaron adquisiciones de tierras prohibidas para extranjeros conforme a la Constitución Provincial” (artículo 61), recordó Sonia López, como apoderada legal de los pobladores.
“Hay personas de nacionalidad argentina que adquieren terrenos con fondos de origen foráneo”, como método para eludir la prohibición, explicó la ex diputada provincial, haciendo referencia a Sofía Heinonen, representante de Conservation Land Trust (CLT), la empresa del difunto multimillonario norteamericano, Douglas Tompkins.
“El dinero con el que Heinonen compró tierras es de origen dudoso, ya que esta mujer aparece inscripta en la AFIP como una trabajadora autónoma con ingresos mínimos declarados de hasta $15.000 mensuales, como consta en la documental probatoria que adjuntamos”, apuntó como dato llamativo Sonia López.
La jueza María Virginia Tenev ordenó una serie de medidas cautelares tras resolver sobre una Acción de Amparo con Medida Cautelar presentada por pobladores de los Parajes Yahaveré, Ñu Pi, Plumero y Carambola. La medida intenta frenar la aplicación de la ley que cede al Gobierno Nacional la jurisdicción y el dominio sobre un territorio indeterminado de los Esteros del Iberá, con el fin de crear un Parque Nacional.
La doctora Tenev ordenó librar oficios al gobernador Ricardo Colombi, al fiscal de Estado Carlos Pila, al Poder Legislativo de la Provincia y al Estado Nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales.
Por la medida, a los funcionarios nacionales y provinciales se les intima para que presenten el informe circunstanciado que dispone la Ley de Amparo Provincial y a la Legislatura se le requiere el envío de una copia certificada de todo el expediente parlamentario que dio origen a la Ley N° 6.384 que impugnan los pobladores.
En la presentación judicial, los lugareños denuncian que varios inmuebles presentados como propiedad de Conservation Land Trust (CLT) corresponden al ejido de sus parajes y posesiones ancestrales, derechos reconocidos por la Constitución Provincial en el artículo 66 y que ellos nunca autorizaron o fueron consultados para transformar sus tierras en un parque o reserva nacional.
La ex diputada Sonia López, sostuvo que “es falaz” que los territorios cedidos pasen al Estado Nacional, debido a que “no existe ninguna donación y hay un convenio firmado para que Conservation continúe con el manejo de lo que sería el parque nacional, incluso se señala que un empleado de ‘CLT’ llamado Pascual Pérez, sería el intendente del flamante Parque, en caso de concretarse”.
“Se detectaron adquisiciones de tierras prohibidas para extranjeros conforme a la Constitución Provincial” (artículo 61), recordó Sonia López, como apoderada legal de los pobladores.
“Hay personas de nacionalidad argentina que adquieren terrenos con fondos de origen foráneo”, como método para eludir la prohibición, explicó la ex diputada provincial, haciendo referencia a Sofía Heinonen, representante de Conservation Land Trust (CLT), la empresa del difunto multimillonario norteamericano, Douglas Tompkins.
“El dinero con el que Heinonen compró tierras es de origen dudoso, ya que esta mujer aparece inscripta en la AFIP como una trabajadora autónoma con ingresos mínimos declarados de hasta $15.000 mensuales, como consta en la documental probatoria que adjuntamos”, apuntó como dato llamativo Sonia López.
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Fecha de Publicación: 25/09/2016
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
La jueza María Virginia Tenev ordenó una serie de medidas cautelares tras resolver sobre una Acción de Amparo con Medida Cautelar presentada por pobladores de los Parajes Yahaveré, Ñu Pi, Plumero y Carambola. La medida intenta frenar la aplicación de la ley que cede al Gobierno Nacional la jurisdicción y el dominio sobre un territorio indeterminado de los Esteros del Iberá, con el fin de crear un Parque Nacional.
La doctora Tenev ordenó librar oficios al gobernador Ricardo Colombi, al fiscal de Estado Carlos Pila, al Poder Legislativo de la Provincia y al Estado Nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales.
Por la medida, a los funcionarios nacionales y provinciales se les intima para que presenten el informe circunstanciado que dispone la Ley de Amparo Provincial y a la Legislatura se le requiere el envío de una copia certificada de todo el expediente parlamentario que dio origen a la Ley N° 6.384 que impugnan los pobladores.
En la presentación judicial, los lugareños denuncian que varios inmuebles presentados como propiedad de Conservation Land Trust (CLT) corresponden al ejido de sus parajes y posesiones ancestrales, derechos reconocidos por la Constitución Provincial en el artículo 66 y que ellos nunca autorizaron o fueron consultados para transformar sus tierras en un parque o reserva nacional.
La ex diputada Sonia López, sostuvo que “es falaz” que los territorios cedidos pasen al Estado Nacional, debido a que “no existe ninguna donación y hay un convenio firmado para que Conservation continúe con el manejo de lo que sería el parque nacional, incluso se señala que un empleado de ‘CLT’ llamado Pascual Pérez, sería el intendente del flamante Parque, en caso de concretarse”.
“Se detectaron adquisiciones de tierras prohibidas para extranjeros conforme a la Constitución Provincial” (artículo 61), recordó Sonia López, como apoderada legal de los pobladores.
“Hay personas de nacionalidad argentina que adquieren terrenos con fondos de origen foráneo”, como método para eludir la prohibición, explicó la ex diputada provincial, haciendo referencia a Sofía Heinonen, representante de Conservation Land Trust (CLT), la empresa del difunto multimillonario norteamericano, Douglas Tompkins.
“El dinero con el que Heinonen compró tierras es de origen dudoso, ya que esta mujer aparece inscripta en la AFIP como una trabajadora autónoma con ingresos mínimos declarados de hasta $15.000 mensuales, como consta en la documental probatoria que adjuntamos”, apuntó como dato llamativo Sonia López.
La jueza María Virginia Tenev ordenó una serie de medidas cautelares tras resolver sobre una Acción de Amparo con Medida Cautelar presentada por pobladores de los Parajes Yahaveré, Ñu Pi, Plumero y Carambola. La medida intenta frenar la aplicación de la ley que cede al Gobierno Nacional la jurisdicción y el dominio sobre un territorio indeterminado de los Esteros del Iberá, con el fin de crear un Parque Nacional.
La doctora Tenev ordenó librar oficios al gobernador Ricardo Colombi, al fiscal de Estado Carlos Pila, al Poder Legislativo de la Provincia y al Estado Nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales.
Por la medida, a los funcionarios nacionales y provinciales se les intima para que presenten el informe circunstanciado que dispone la Ley de Amparo Provincial y a la Legislatura se le requiere el envío de una copia certificada de todo el expediente parlamentario que dio origen a la Ley N° 6.384 que impugnan los pobladores.
En la presentación judicial, los lugareños denuncian que varios inmuebles presentados como propiedad de Conservation Land Trust (CLT) corresponden al ejido de sus parajes y posesiones ancestrales, derechos reconocidos por la Constitución Provincial en el artículo 66 y que ellos nunca autorizaron o fueron consultados para transformar sus tierras en un parque o reserva nacional.
La ex diputada Sonia López, sostuvo que “es falaz” que los territorios cedidos pasen al Estado Nacional, debido a que “no existe ninguna donación y hay un convenio firmado para que Conservation continúe con el manejo de lo que sería el parque nacional, incluso se señala que un empleado de ‘CLT’ llamado Pascual Pérez, sería el intendente del flamante Parque, en caso de concretarse”.
“Se detectaron adquisiciones de tierras prohibidas para extranjeros conforme a la Constitución Provincial” (artículo 61), recordó Sonia López, como apoderada legal de los pobladores.
“Hay personas de nacionalidad argentina que adquieren terrenos con fondos de origen foráneo”, como método para eludir la prohibición, explicó la ex diputada provincial, haciendo referencia a Sofía Heinonen, representante de Conservation Land Trust (CLT), la empresa del difunto multimillonario norteamericano, Douglas Tompkins.
“El dinero con el que Heinonen compró tierras es de origen dudoso, ya que esta mujer aparece inscripta en la AFIP como una trabajadora autónoma con ingresos mínimos declarados de hasta $15.000 mensuales, como consta en la documental probatoria que adjuntamos”, apuntó como dato llamativo Sonia López.
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Barrick Gold cada vez más complicada
Piden el cierre definitivo de la mina de Barrick Gold porque se encuentra en zona de glaciares
Fecha de Publicación: 25/09/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La Asamblea "Jáchal no se toca" volvió a insistir con la clausura definitiva de la mina sanjuanina de Veladero tras los derrames de cianuro, ya que aseguró que está emplazada en una zona de glaciares y por lo tanto, viola la normativa ambiental.
"La mina debería cerrar por estar en zona de glaciares: la Ley de Glaciares prohíbe la minería en este tipo de zonas. Cuando se difunda el inventario de glaciares de San Juan se comprobará que Veladero no puede funcionar ahí", sostuvo el abogado de los asambleístas, Enrique Viale, tras las nuevas denuncias por el derrame de solución cianurada en el yacimiento que explota la multinacional Barrick Gold.
El dato fue confirmado hoy por el gobierno nacional. "El inventario ha identificado una serie de cuerpos de hielo, glaciares de escombro y periglaciares, en el área donde está el emprendimiento de Veladero. El próximo paso es que la provincia de San Juan actualice esta auditoría ambiental", señaló al diario La Nación Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Para el ministerio, con la difusión de los datos por parte del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), hay que comparar los mapas y solicitar a la provincia de San Juan que realice una auditoría ambiental para que se determine si afecta estos cuerpos de hielo y roca.
Aunque hay que cumplir con esos procedimientos, lo cierto es que existen informes que ya corroboran la violación de la Ley de Glaciares por parte de la multinacional canadiense, aunque la firma lo niegue. Incluso, la propia compañía determinó este hecho, según un reporte a pedido de la Barrick Gold. Todavía no estaba sancionada la norma que restringe la actividad en estas zonas de protección ambiental.
En el Informe e Impacto Ambiental (IIA) – Etapa de Explotación, sobre Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold SA para Barrick Gold y publicado por Infobae, confiesa en la página 47: "En el área del Proyecto y zonas aledañas predominan las geoformas relacionadas con un ambiente actual de tipo Periglacial". Habla también de "permafrost subyacente", admite que "el hielo es el principal agente morfogenético de la región", y remata: "En varios sectores se presentan glaciares de roca". El documento está repleto con datos de este tipo.
sta semana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó una denuncia penal en San Juan contra la Barrick Gold, por el derrame de solución cianurada en el yacimiento aurífero ocurrido el 8 de septiembre pasado.
Tras la intervención de la Corte Suprema, que pidió informes sobre la cuestión, el Poder Ejecutivo puso en tela de juicio "la aplicación del protocolo de contingencia y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa". Asimismo, solicitó a las autoridades judiciales que implemente medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que "no se reinicie la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos".
Más Información:
Advierten que se podría “agravar” la situación de Barrick ante nuevas exigencias
Barrick Gold se presentará ante la Justicia
Juan Ordoñez, CEO de Barrick Argentina: “Debemos cambiar nuestra comunicación”
Otro derrame, otras mentiras
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Fecha de Publicación: 25/09/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La Asamblea "Jáchal no se toca" volvió a insistir con la clausura definitiva de la mina sanjuanina de Veladero tras los derrames de cianuro, ya que aseguró que está emplazada en una zona de glaciares y por lo tanto, viola la normativa ambiental.
"La mina debería cerrar por estar en zona de glaciares: la Ley de Glaciares prohíbe la minería en este tipo de zonas. Cuando se difunda el inventario de glaciares de San Juan se comprobará que Veladero no puede funcionar ahí", sostuvo el abogado de los asambleístas, Enrique Viale, tras las nuevas denuncias por el derrame de solución cianurada en el yacimiento que explota la multinacional Barrick Gold.
El dato fue confirmado hoy por el gobierno nacional. "El inventario ha identificado una serie de cuerpos de hielo, glaciares de escombro y periglaciares, en el área donde está el emprendimiento de Veladero. El próximo paso es que la provincia de San Juan actualice esta auditoría ambiental", señaló al diario La Nación Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Para el ministerio, con la difusión de los datos por parte del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), hay que comparar los mapas y solicitar a la provincia de San Juan que realice una auditoría ambiental para que se determine si afecta estos cuerpos de hielo y roca.
Aunque hay que cumplir con esos procedimientos, lo cierto es que existen informes que ya corroboran la violación de la Ley de Glaciares por parte de la multinacional canadiense, aunque la firma lo niegue. Incluso, la propia compañía determinó este hecho, según un reporte a pedido de la Barrick Gold. Todavía no estaba sancionada la norma que restringe la actividad en estas zonas de protección ambiental.
En el Informe e Impacto Ambiental (IIA) – Etapa de Explotación, sobre Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold SA para Barrick Gold y publicado por Infobae, confiesa en la página 47: "En el área del Proyecto y zonas aledañas predominan las geoformas relacionadas con un ambiente actual de tipo Periglacial". Habla también de "permafrost subyacente", admite que "el hielo es el principal agente morfogenético de la región", y remata: "En varios sectores se presentan glaciares de roca". El documento está repleto con datos de este tipo.
sta semana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó una denuncia penal en San Juan contra la Barrick Gold, por el derrame de solución cianurada en el yacimiento aurífero ocurrido el 8 de septiembre pasado.
Tras la intervención de la Corte Suprema, que pidió informes sobre la cuestión, el Poder Ejecutivo puso en tela de juicio "la aplicación del protocolo de contingencia y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa". Asimismo, solicitó a las autoridades judiciales que implemente medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que "no se reinicie la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos".
Más Información:
Advierten que se podría “agravar” la situación de Barrick ante nuevas exigencias
Barrick Gold se presentará ante la Justicia
Juan Ordoñez, CEO de Barrick Argentina: “Debemos cambiar nuestra comunicación”
Otro derrame, otras mentiras
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Buscan edificios públicos más sustentables en Jujuy
Jujuy verde: buscan que edificios públicos sean más sustentables
Fecha de Publicación: 25/09/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente comenzó a implementar el programa “Edificios Públicos Más Sustentables”, iniciativa para que las instituciones públicas promuevan prácticas respetuosas y valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
Se trata del puntapié inicial para que otras instituciones gubernamentales vayan adhiriendo a la política ambiental impulsada por el gobierno de Jujuy, a través del trabajo que el ministerio de ambiente viene desarrollando junto a otros organismos públicos, privados, y diversos sectores de la sociedad civil.
“Es una de las iniciativas que tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, y se enmarca en la política provincial de abordaje del cambio climático, reducción de gases de efecto invernadero, y modificación de la matriz energética y de transporte”, valoró la titular de Ambiente, María Inés Zigarán. Agradeció la participación permanente del Concejo de Planificación Estratégica de Jujuy (COPEJ), la Fundación Tinku – Encuentro, la Fundación Eco Andina, y las familias recuperadoras de El Pongo, con quienes vienen trabajando en varios proyectos.
“Incorporamos dentro de nuestras prácticas algunos componentes específicos que tiene que ver, por un lado con la separación institucional de los residuos y la valorización del material con potencial de reciclado; además de la reducción en la utilización del papel a través del Sistema ANTA, para gestión de expedientes y notas”, señaló.
Además, puntualizó que “vamos a disponer de unidades de bicicletas solares para que el personal pueda utilizarlas como medio de transporte alternativo y ecológico y finalmente presentamos el boletín electrónico y una calculadora de huella de carbono, como herramientas de comunicación y sensibilización frente a nuestras acciones cotidianas”.
Con este programa, el Ministerio de Ambiente intenta convertirse en modelo de gestión ambiental, para que otras reparticiones públicas puedan replicar la experiencia y sumarse a la iniciativa de gestionar los residuos más responsablemente e incorpora prácticas sustentables en el desarrollo de sus actividades diarias.
Jujuy Verde
El programa se inscribe dentro de la iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, a través de la cual la cartera de Ambiente junto al COPEJ, convocan al sector público, privado, industrial y a la sociedad civil en general a contribuir de manera conjunta en la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, y en el desarrollo de planes de adaptación para la provincia.
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Fecha de Publicación: 25/09/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente comenzó a implementar el programa “Edificios Públicos Más Sustentables”, iniciativa para que las instituciones públicas promuevan prácticas respetuosas y valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
Se trata del puntapié inicial para que otras instituciones gubernamentales vayan adhiriendo a la política ambiental impulsada por el gobierno de Jujuy, a través del trabajo que el ministerio de ambiente viene desarrollando junto a otros organismos públicos, privados, y diversos sectores de la sociedad civil.
“Es una de las iniciativas que tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, y se enmarca en la política provincial de abordaje del cambio climático, reducción de gases de efecto invernadero, y modificación de la matriz energética y de transporte”, valoró la titular de Ambiente, María Inés Zigarán. Agradeció la participación permanente del Concejo de Planificación Estratégica de Jujuy (COPEJ), la Fundación Tinku – Encuentro, la Fundación Eco Andina, y las familias recuperadoras de El Pongo, con quienes vienen trabajando en varios proyectos.
“Incorporamos dentro de nuestras prácticas algunos componentes específicos que tiene que ver, por un lado con la separación institucional de los residuos y la valorización del material con potencial de reciclado; además de la reducción en la utilización del papel a través del Sistema ANTA, para gestión de expedientes y notas”, señaló.
Además, puntualizó que “vamos a disponer de unidades de bicicletas solares para que el personal pueda utilizarlas como medio de transporte alternativo y ecológico y finalmente presentamos el boletín electrónico y una calculadora de huella de carbono, como herramientas de comunicación y sensibilización frente a nuestras acciones cotidianas”.
Con este programa, el Ministerio de Ambiente intenta convertirse en modelo de gestión ambiental, para que otras reparticiones públicas puedan replicar la experiencia y sumarse a la iniciativa de gestionar los residuos más responsablemente e incorpora prácticas sustentables en el desarrollo de sus actividades diarias.
Jujuy Verde
El programa se inscribe dentro de la iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, a través de la cual la cartera de Ambiente junto al COPEJ, convocan al sector público, privado, industrial y a la sociedad civil en general a contribuir de manera conjunta en la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, y en el desarrollo de planes de adaptación para la provincia.
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Impulsan proyecto de Régimen Penal por desmontes
Impulsan una ley para que sea delito el desmonte ilegal y el incendio intencional
Fecha de Publicación: 24/09/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
Ante la falta de aplicación de la ley de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosques Nativos, Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas presentará el proyecto de ley de Régimen Penal de Protección del Bosque Nativo. Será este jueves en el Anexo del Congreso de la Nación. Participará la comunicadora qom chaqueña, Bashe Charole.
La organización ambientalista Greenpeace presentará este jueves un proyecto de ley que prevé penas de 2 a 10 años a quienes provoquen desmontes, incendios, cambios de uso del suelo o destrucción del bosque nativo. Se considerarán agravantes cuando el delito se haya cometido para obtener beneficio económico, desalojando familias que habitan el lugar, afectando gravemente la salud y el ambiente. Asimismo, prevé aumento de penas para el funcionario o empleado público que forme parte del delito.
La presentación
La presentación se realizará este jueves 22 de septiembre, a las 15 horas, en la Sala 3 del 2º Piso, Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación y el panel estará coordinado por la diputada nacional de Libres de Sur, Victoria Donda.
Estarán presentes: Lic. Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña Bosques de Greenpeace Argentina; Guido Rolando Corvalán y Nelly Veliz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE); Fabián Ernesto Orellana y Ramón Oscar Ferreyra del MOCASE –Vía Campesina; Fabián Pérez y Sebastián Segundo de la comunidad Wichi de Cuchuy, y José Villareal, campesino de Sauzalito de Salta; Bashe Charole, comunicadora Qom del Chaco; Julieta Rossia, de Salvemos a El Terrón de Córdoba; Patricio Alberto Raposo de Alerta Angostura y Victoria Amancay Escudero Quintriqueo, comunidad Mapuche de Zonal Lafkenche de Neuquén.
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Fecha de Publicación: 24/09/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
Ante la falta de aplicación de la ley de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosques Nativos, Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas presentará el proyecto de ley de Régimen Penal de Protección del Bosque Nativo. Será este jueves en el Anexo del Congreso de la Nación. Participará la comunicadora qom chaqueña, Bashe Charole.
La organización ambientalista Greenpeace presentará este jueves un proyecto de ley que prevé penas de 2 a 10 años a quienes provoquen desmontes, incendios, cambios de uso del suelo o destrucción del bosque nativo. Se considerarán agravantes cuando el delito se haya cometido para obtener beneficio económico, desalojando familias que habitan el lugar, afectando gravemente la salud y el ambiente. Asimismo, prevé aumento de penas para el funcionario o empleado público que forme parte del delito.
La presentación
La presentación se realizará este jueves 22 de septiembre, a las 15 horas, en la Sala 3 del 2º Piso, Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación y el panel estará coordinado por la diputada nacional de Libres de Sur, Victoria Donda.
Estarán presentes: Lic. Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña Bosques de Greenpeace Argentina; Guido Rolando Corvalán y Nelly Veliz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE); Fabián Ernesto Orellana y Ramón Oscar Ferreyra del MOCASE –Vía Campesina; Fabián Pérez y Sebastián Segundo de la comunidad Wichi de Cuchuy, y José Villareal, campesino de Sauzalito de Salta; Bashe Charole, comunicadora Qom del Chaco; Julieta Rossia, de Salvemos a El Terrón de Córdoba; Patricio Alberto Raposo de Alerta Angostura y Victoria Amancay Escudero Quintriqueo, comunidad Mapuche de Zonal Lafkenche de Neuquén.
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Otro productor procesado por muerte de un niño
Procesaron a un productor hortícola por la muerte de un niño por agrotóxicos
Fecha de Publicación: 24/09/2016
Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)
Provincia/Región: Corrientes
La Justicia de Corrientes lo procesó por homicidio culposo. En 2011, el niño metió los pies en un canal de escurrimiento de una fumigación de campos de tomates y murió dos días después.
La Justicia de Corrientes procesó por homicidio culposo a un productor hortícola tras la muerte por la afectación de agrotóxicos de un niño de cuatro años en la localidad de Lavalle, en lo que constituye el segundo caso en vías de juicio por fallecimientos a causa de intoxicaciones con fumigaciones en esa provincia.
El avance en la justicia de la causa por la muerte del niño José Carlos Rivero fue comunicado por la fundación Infancia Robada, que conduce la Hermana Martha Pelloni en la ciudad de Goya, donde hoy el juez de Instrucción 1, Lucio López Lecube, procesó al productor Oscar Antonio Candussi.
El productor está acusado por homicidio culposo tras la muerte del niño en la localidad de Lavalle, distante 200 kilómetros de la capital correntina, hace "casi cuatro años y medio", explicaron hoy desde Infancia Robada.
"Luego de una larga lucha de familiares, organizaciones ecologistas y la fundación Infancia Robada, que han salido a reclamar justicia por todos los medios, pero principalmente ante el órgano judicial que investiga la causa, con gran beneplácito recibimos una gran noticia", indicaron esta tarde desde la organización conducida por Pelloni.
El caso
La muerte del niño "Killy" Rivero se produjo el 12 de mayo de 2012, tras permanecer internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires a raíz de una intoxicación con un agrotóxico organofosforado, según indicaron desde la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Un año antes murió por las mismas razones el niño de cuatro años Nicolás Arévalo, también de Lavalle, cuyo fallecimiento se investigó en el marco de una causa en la que fue procesado por primera vez en el interior del país por un homicidio culposo agravado por agrotóxicos otro productor agropecuario de la zona, Ricardo Nicolás Prieto.
Prieto será sometido a juicio por el tribunal oral penal de Goya, con jurisdicción sobre la localidad de Lavalle, a partir del 21 de noviembre, cuando también se lo enjuiciará por "lesiones culposas" de la prima del niño, Celeste Estévez, quien sobrevivió tras un tratamiento en Corrientes y Buenos Aires.
Nicolás Arévalo y su prima se intoxicaron el 2 de abril de 2011 al meter los pies en un canal de escurrimiento de una fumigación de campos de tomates, en tanto que el niño murió dos días después en el hospital pediátrico Juan Pablo II de la capital correntina.
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Fecha de Publicación: 24/09/2016
Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)
Provincia/Región: Corrientes
La Justicia de Corrientes lo procesó por homicidio culposo. En 2011, el niño metió los pies en un canal de escurrimiento de una fumigación de campos de tomates y murió dos días después.
La Justicia de Corrientes procesó por homicidio culposo a un productor hortícola tras la muerte por la afectación de agrotóxicos de un niño de cuatro años en la localidad de Lavalle, en lo que constituye el segundo caso en vías de juicio por fallecimientos a causa de intoxicaciones con fumigaciones en esa provincia.
El avance en la justicia de la causa por la muerte del niño José Carlos Rivero fue comunicado por la fundación Infancia Robada, que conduce la Hermana Martha Pelloni en la ciudad de Goya, donde hoy el juez de Instrucción 1, Lucio López Lecube, procesó al productor Oscar Antonio Candussi.
El productor está acusado por homicidio culposo tras la muerte del niño en la localidad de Lavalle, distante 200 kilómetros de la capital correntina, hace "casi cuatro años y medio", explicaron hoy desde Infancia Robada.
"Luego de una larga lucha de familiares, organizaciones ecologistas y la fundación Infancia Robada, que han salido a reclamar justicia por todos los medios, pero principalmente ante el órgano judicial que investiga la causa, con gran beneplácito recibimos una gran noticia", indicaron esta tarde desde la organización conducida por Pelloni.
El caso
La muerte del niño "Killy" Rivero se produjo el 12 de mayo de 2012, tras permanecer internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires a raíz de una intoxicación con un agrotóxico organofosforado, según indicaron desde la organización ecologista Guardianes del Iberá.
Un año antes murió por las mismas razones el niño de cuatro años Nicolás Arévalo, también de Lavalle, cuyo fallecimiento se investigó en el marco de una causa en la que fue procesado por primera vez en el interior del país por un homicidio culposo agravado por agrotóxicos otro productor agropecuario de la zona, Ricardo Nicolás Prieto.
Prieto será sometido a juicio por el tribunal oral penal de Goya, con jurisdicción sobre la localidad de Lavalle, a partir del 21 de noviembre, cuando también se lo enjuiciará por "lesiones culposas" de la prima del niño, Celeste Estévez, quien sobrevivió tras un tratamiento en Corrientes y Buenos Aires.
Nicolás Arévalo y su prima se intoxicaron el 2 de abril de 2011 al meter los pies en un canal de escurrimiento de una fumigación de campos de tomates, en tanto que el niño murió dos días después en el hospital pediátrico Juan Pablo II de la capital correntina.
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Santa Fe incentiva la energía solar
Santa Fe incentiva la instalación de paneles solares
Fecha de Publicación: 24/09/2016
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Santa Fe
La provincia alienta el desarrollo de proyectos para el abastecimiento hogareño e industrial. Cuáles son las principales líneas vigentes y los proyectos a futuro.
La "cuna de la Constitución" también podría considerarse vanguardista en la promoción de políticas para la transformación de la matriz energética. Entre cañadones y vaguadas, la provincia de Santa Fe esconde recursos que desde hace algunos años se están explorando para reemplazar la energía convencional con fuentes limpias y amigables con el ambiente.
En este sendero, Santa Fe cuenta desde hace más de una década con una subsecretaría de Estado para las Energías Renovables. "Nos propusimos transformar la vida de los santafesinos, sean personas o industrias", señala Damián Bleguer, el jefe de la cartera provincial.
La jurisdicción ha desarrollado una red solarimétrica que mide la radiación del sol en cinco departamentos de la provincia, y otros estudios que le permitieron comprobar la calidad de sus vientos para la generación eólica. Con esta información, despliega desde hace tiempo programas de concientización, difusión y promoción de estas tecnologías para el abastecimiento energético.
Un Sol para tu Techo es, tal vez, el programa más ambicioso de la provincia. Con el 70% del territorio apartado de la red de gas natural, el gobierno estableció líneas de crédito blandas para adquirir calefones solares, que reemplazan el consumo de garrafas para el calentamiento del agua.
Los equipos cuestan cerca de $ 20.000 y pueden adquirirse hasta en 60 cuotas.
En materia eléctrica, a través del programa Prosumidores, Santa Fe incentiva la instalación de paneles solares para cubrir la demanda de hogares y pequeñas comunidades rurales. Quienes inviertan para producir su energía, reciben una bonificación de $ 5,50 por kilowatt hora generado. Sin embargo, el sistema es poco seductor para el inversor porque el precio que paga la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es el mismo al que ésta compra a Cammesa, y que está subsidiado -para usuarios residenciales, no para industriales.
Con apoyo crediticio
Para las industrias, la provincia cuenta con la Línea Verde de Financiamiento, con tasas del 22% anual y a pagar en 40 meses. Según el subsecretario de Energías Renovables, hasta el momento han otorgado créditos por $ 70 millones de las más variadas tecnologías, que financian hasta el 80% del proyecto. "El repago -agrega el subsecretario Blejer- tarda entre uno y tres años si se habla de calefones solares, y de 6 a 8 años con otras energías renovables".
La agenda gubernamental también incluye la creación de parques solares. En San Lorenzo, la compañía Valtellina Sudamericana -filial de la constructora de capitales italianos Valtellina- está construyendo un parque solar fotovoltaico que podría producir 1,5 gigawatts al año. El desarrollo "llave en mano" costará a la provincia $ 32 millones y alimentará a poco más de 1.000 hogares.
Según como sopla el viento, la provincia planea instalar un parque eólico en Rufino de 24,15 MW. La provincia postuló el proyecto dentro de las licitaciones públicas del Programa RenovAr.
Para Blejer, pese a tener legislación provincial y nacional favorable, se necesita de un mayor compromiso del sector privado. "Yo soy abogado, conozco de leyes y, con los años de gestión, puedo asegurar que las transformaciones se logran cuando hay voluntad en la gente. El Gobierno nacional va a tener que hacer algo para generar un vuelco y crear más incentivos para inyectar energía limpia", concluye el funcionario.
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Fecha de Publicación: 24/09/2016
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Santa Fe
La provincia alienta el desarrollo de proyectos para el abastecimiento hogareño e industrial. Cuáles son las principales líneas vigentes y los proyectos a futuro.
La "cuna de la Constitución" también podría considerarse vanguardista en la promoción de políticas para la transformación de la matriz energética. Entre cañadones y vaguadas, la provincia de Santa Fe esconde recursos que desde hace algunos años se están explorando para reemplazar la energía convencional con fuentes limpias y amigables con el ambiente.
En este sendero, Santa Fe cuenta desde hace más de una década con una subsecretaría de Estado para las Energías Renovables. "Nos propusimos transformar la vida de los santafesinos, sean personas o industrias", señala Damián Bleguer, el jefe de la cartera provincial.
La jurisdicción ha desarrollado una red solarimétrica que mide la radiación del sol en cinco departamentos de la provincia, y otros estudios que le permitieron comprobar la calidad de sus vientos para la generación eólica. Con esta información, despliega desde hace tiempo programas de concientización, difusión y promoción de estas tecnologías para el abastecimiento energético.
Un Sol para tu Techo es, tal vez, el programa más ambicioso de la provincia. Con el 70% del territorio apartado de la red de gas natural, el gobierno estableció líneas de crédito blandas para adquirir calefones solares, que reemplazan el consumo de garrafas para el calentamiento del agua.
Los equipos cuestan cerca de $ 20.000 y pueden adquirirse hasta en 60 cuotas.
En materia eléctrica, a través del programa Prosumidores, Santa Fe incentiva la instalación de paneles solares para cubrir la demanda de hogares y pequeñas comunidades rurales. Quienes inviertan para producir su energía, reciben una bonificación de $ 5,50 por kilowatt hora generado. Sin embargo, el sistema es poco seductor para el inversor porque el precio que paga la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es el mismo al que ésta compra a Cammesa, y que está subsidiado -para usuarios residenciales, no para industriales.
Con apoyo crediticio
Para las industrias, la provincia cuenta con la Línea Verde de Financiamiento, con tasas del 22% anual y a pagar en 40 meses. Según el subsecretario de Energías Renovables, hasta el momento han otorgado créditos por $ 70 millones de las más variadas tecnologías, que financian hasta el 80% del proyecto. "El repago -agrega el subsecretario Blejer- tarda entre uno y tres años si se habla de calefones solares, y de 6 a 8 años con otras energías renovables".
La agenda gubernamental también incluye la creación de parques solares. En San Lorenzo, la compañía Valtellina Sudamericana -filial de la constructora de capitales italianos Valtellina- está construyendo un parque solar fotovoltaico que podría producir 1,5 gigawatts al año. El desarrollo "llave en mano" costará a la provincia $ 32 millones y alimentará a poco más de 1.000 hogares.
Según como sopla el viento, la provincia planea instalar un parque eólico en Rufino de 24,15 MW. La provincia postuló el proyecto dentro de las licitaciones públicas del Programa RenovAr.
Para Blejer, pese a tener legislación provincial y nacional favorable, se necesita de un mayor compromiso del sector privado. "Yo soy abogado, conozco de leyes y, con los años de gestión, puedo asegurar que las transformaciones se logran cuando hay voluntad en la gente. El Gobierno nacional va a tener que hacer algo para generar un vuelco y crear más incentivos para inyectar energía limpia", concluye el funcionario.
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Las últimas noticias sobre el derrame de la Barrick
Para el Gobierno, Veladero está en una zona periglaciar restringida para la minería
Fecha de Publicación: 23/09/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Piden a San Juan que haga una auditoría para determinar los efectos en el área
La mina Veladero, que opera la empresa Barrick Argentina, está en un ambiente periglaciar. Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente de la Nación que adelantó lo que revela la última actualización del inventario de estos cuerpos de hielo en la provincia de San Juan y que se conocerá oficialmente en las próximas semanas. La información se conoce luego de que el gobierno nacional denunció a la empresa por incumplimiento del protocolo de información del accidente que ocurrió el 8 pasado.
"El inventario ha identificado una serie de cuerpos de hielo, glaciares de escombro y periglaciares, en el área donde está el emprendimiento de Veladero. El próximo paso es que la provincia de San Juan actualice esta auditoría ambiental", explicó Diego Moreno, el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según informó la empresa a LA NACION, la mina de Veladero fue auditada y "no afecta directa ni indirectamente ninguna de las geoformas existentes en los ambientes glaciales y/o periglaciales protegidos bajo la ley". En tanto, en diarios nacionales, la compañía publica hoy una solicitada en la que ratifica, entre otros puntos, que "todos los estudios efectuados [en la zona] arrojaron resultados negativos de presencia de cianuro" luego del incidente.
Para el ministerio, con la publicación oficial de los datos por parte del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), hay que comparar los mapas y solicitar a la provincia de San Juan que realice una auditoría ambiental para que se determine si afecta estos cuerpos de hielo y roca.
Precisamente, impulsada por los abogados de la Asamblea "Jáchal no se toca" se presentaron ante la justicia federal para denunciar que Barrick viola la ley de glaciares. En ese contexto el juez Sebastián Casanello pidió informes al Ministerio de Ambiente esta semana.
"San Juan ya hizo una auditoría en 2013, pero que ahora con el inventario debería hacerse una nueva para contrastarla. Con su publicación vamos a enviar a todas las jurisdicciones la información y el pedido formal de que se haga cada uno de los contrastes en cada lugar. Para los emprendimientos que existen previos a la ley deben hacerse auditorías de impacto ambiental y quedarán prohibidos aquellos que establece la ley de aquí en adelante", agregó Moreno.
Para Diego Seguí, abogado de la asamblea sanjuanina, "el Inigla permitió que Veladero y Pascua Lama se instalen en la cuenca del río Jáchal".
"Ellos dicen que el tamaño de los glaciares son de más de una hectárea, violan la ley. Elevaron el inventario de glaciares al Ministerio de Ambiente. Por eso, le pedimos a Casanello que allane los dos lugares", indicó el letrado.
Sobre el rol del Inigla, indicó Seguí: "Ellos mismos describen lo que está en la mina Veladero como ambiente periglaciar y después ese dato no está en el inventario". Y destacó: "La empresa oculta información de los derrames, el Ianigla oculta información de glaciares, es todo un sistema. Es curioso que el CEO de la Barrick use el mismo lenguaje que el Inigla para describir los glaciares".
Ayer en tanto, el Ministerio de Ambiente se presentó ante la justicia federal sanjuanina. La acción judicial pone en tela de juicio "la aplicación del protocolo de contingencia y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa". Asimismo, se solicita a las autoridades judiciales la toma de medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que "no se reinicie la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos".
Además, especifica que previo a retomar los trabajos en la mina, "se disponga la implementación de un sistema de monitoreo continuo de la calidad de aguas fuera del emprendimiento, un sistema de monitoreo vía cámaras, con filmación nocturna y detección de movimiento en todo el valle de lixiviación", como condición indispensable para que la mina vuelva a operar.
Por último, el Ministerio de Ambiente solicita que la Justicia obligue a que "se aplique una auditoría ambiental y de proceso, con inspecciones cada dos meses, y que sus resultados sean informados a la autoridad ambiental de aplicación competente".
Más Información:
Barrick Gold reconoció que el nuevo derrame en San Juan fue "un incidente grave"
El Gobierno denunciará a Barrick por ocultar datos del derrame
Un fiscal también pide el freno de la mina Veladero
Condicionan más a la Barrick para poder reabrir Veladero
Cuáles son las inconsistencias de Barrick Gold
Sergio Bergman: "Barrick Gold gozó de una impunidad que nosotros no queremos que la tenga"
Tras la presentación de Nación en la Justicia, Barrick emitió un comunicado
Ordenan la suspensión de actividades en el Veladero
Desplazaron a los secretarios de Minería y este viernes asumen sus reemplazantes
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Fecha de Publicación: 23/09/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Piden a San Juan que haga una auditoría para determinar los efectos en el área
La mina Veladero, que opera la empresa Barrick Argentina, está en un ambiente periglaciar. Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente de la Nación que adelantó lo que revela la última actualización del inventario de estos cuerpos de hielo en la provincia de San Juan y que se conocerá oficialmente en las próximas semanas. La información se conoce luego de que el gobierno nacional denunció a la empresa por incumplimiento del protocolo de información del accidente que ocurrió el 8 pasado.
"El inventario ha identificado una serie de cuerpos de hielo, glaciares de escombro y periglaciares, en el área donde está el emprendimiento de Veladero. El próximo paso es que la provincia de San Juan actualice esta auditoría ambiental", explicó Diego Moreno, el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según informó la empresa a LA NACION, la mina de Veladero fue auditada y "no afecta directa ni indirectamente ninguna de las geoformas existentes en los ambientes glaciales y/o periglaciales protegidos bajo la ley". En tanto, en diarios nacionales, la compañía publica hoy una solicitada en la que ratifica, entre otros puntos, que "todos los estudios efectuados [en la zona] arrojaron resultados negativos de presencia de cianuro" luego del incidente.
Para el ministerio, con la publicación oficial de los datos por parte del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), hay que comparar los mapas y solicitar a la provincia de San Juan que realice una auditoría ambiental para que se determine si afecta estos cuerpos de hielo y roca.
Precisamente, impulsada por los abogados de la Asamblea "Jáchal no se toca" se presentaron ante la justicia federal para denunciar que Barrick viola la ley de glaciares. En ese contexto el juez Sebastián Casanello pidió informes al Ministerio de Ambiente esta semana.
"San Juan ya hizo una auditoría en 2013, pero que ahora con el inventario debería hacerse una nueva para contrastarla. Con su publicación vamos a enviar a todas las jurisdicciones la información y el pedido formal de que se haga cada uno de los contrastes en cada lugar. Para los emprendimientos que existen previos a la ley deben hacerse auditorías de impacto ambiental y quedarán prohibidos aquellos que establece la ley de aquí en adelante", agregó Moreno.
Para Diego Seguí, abogado de la asamblea sanjuanina, "el Inigla permitió que Veladero y Pascua Lama se instalen en la cuenca del río Jáchal".
"Ellos dicen que el tamaño de los glaciares son de más de una hectárea, violan la ley. Elevaron el inventario de glaciares al Ministerio de Ambiente. Por eso, le pedimos a Casanello que allane los dos lugares", indicó el letrado.
Sobre el rol del Inigla, indicó Seguí: "Ellos mismos describen lo que está en la mina Veladero como ambiente periglaciar y después ese dato no está en el inventario". Y destacó: "La empresa oculta información de los derrames, el Ianigla oculta información de glaciares, es todo un sistema. Es curioso que el CEO de la Barrick use el mismo lenguaje que el Inigla para describir los glaciares".
Ayer en tanto, el Ministerio de Ambiente se presentó ante la justicia federal sanjuanina. La acción judicial pone en tela de juicio "la aplicación del protocolo de contingencia y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa". Asimismo, se solicita a las autoridades judiciales la toma de medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que "no se reinicie la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos".
Además, especifica que previo a retomar los trabajos en la mina, "se disponga la implementación de un sistema de monitoreo continuo de la calidad de aguas fuera del emprendimiento, un sistema de monitoreo vía cámaras, con filmación nocturna y detección de movimiento en todo el valle de lixiviación", como condición indispensable para que la mina vuelva a operar.
Por último, el Ministerio de Ambiente solicita que la Justicia obligue a que "se aplique una auditoría ambiental y de proceso, con inspecciones cada dos meses, y que sus resultados sean informados a la autoridad ambiental de aplicación competente".
Más Información:
Barrick Gold reconoció que el nuevo derrame en San Juan fue "un incidente grave"
El Gobierno denunciará a Barrick por ocultar datos del derrame
Un fiscal también pide el freno de la mina Veladero
Condicionan más a la Barrick para poder reabrir Veladero
Cuáles son las inconsistencias de Barrick Gold
Sergio Bergman: "Barrick Gold gozó de una impunidad que nosotros no queremos que la tenga"
Tras la presentación de Nación en la Justicia, Barrick emitió un comunicado
Ordenan la suspensión de actividades en el Veladero
Desplazaron a los secretarios de Minería y este viernes asumen sus reemplazantes
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Dictamen favorable en el Senado de la Ley de Humedales
Avanza proyecto para la conservación de humedales
Fecha de Publicación: 23/09/2016
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
Obtuvo dictamen favorable la iniciativa en el Senado. Por su parte, representantes del sector lechero expusieron en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la problemática del sector.
Tras una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca se obtuvo dictamen unificado de los proyectos de ley que establecen los presupuestos mínimos para conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales.
“Estamos muy satisfechos por esta resolución -dijo el senador Solanas-, ya que es una lucha que venimos sosteniendo hace años. La Ley de Humedales había sido prometida por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien en febrero de este año dijo: ‘Tenemos que cuidar esto que es tan valioso para nuestro país, desde la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, pasando por los Esteros del Iberá, por el Palmar Yatay de Entre Ríos, la reserva de la Costanera Sur hasta la Península de Valdés’. Sin embargo el lobby del agronegocio impidió hasta hoy el debate de una problemática tan importante como son los humedales, fuente de vida y trabajo de millones de personas y de los cuales, parece, sólo nos acordamos cuando hay una fatal inundación o sequías prolongadas”.
Participaron del plenario de comisiones los senadores Magdalena Odarda, Jaime Linares, LIliana Fellner, Sandra Giménez, María Esther Labado, María de los Angeles Sacnun, Alfredo Luenzo, Nancy González, Marcelo Fuentes, Alfredo Martínez y Fernando “Pino” Solanas.
Más temprano, representantes del sector lechero expusieron en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la problemática del sector.
De la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Edificio Alfredo Palacios estuvieron presentes los vicepresidente de la Confederación rural Argentina, Jorge Chemes y de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina. También participaron las entidades CONINAGRO, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), la Asociación Productores de Leche (APL); de la Cámara de Productores de leche de la Cuenca del Oeste de la provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA) y de la Mesa Nacional de Productores de Leche.
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Fecha de Publicación: 23/09/2016
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
Obtuvo dictamen favorable la iniciativa en el Senado. Por su parte, representantes del sector lechero expusieron en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la problemática del sector.
Tras una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca se obtuvo dictamen unificado de los proyectos de ley que establecen los presupuestos mínimos para conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales.
“Estamos muy satisfechos por esta resolución -dijo el senador Solanas-, ya que es una lucha que venimos sosteniendo hace años. La Ley de Humedales había sido prometida por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien en febrero de este año dijo: ‘Tenemos que cuidar esto que es tan valioso para nuestro país, desde la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, pasando por los Esteros del Iberá, por el Palmar Yatay de Entre Ríos, la reserva de la Costanera Sur hasta la Península de Valdés’. Sin embargo el lobby del agronegocio impidió hasta hoy el debate de una problemática tan importante como son los humedales, fuente de vida y trabajo de millones de personas y de los cuales, parece, sólo nos acordamos cuando hay una fatal inundación o sequías prolongadas”.
Participaron del plenario de comisiones los senadores Magdalena Odarda, Jaime Linares, LIliana Fellner, Sandra Giménez, María Esther Labado, María de los Angeles Sacnun, Alfredo Luenzo, Nancy González, Marcelo Fuentes, Alfredo Martínez y Fernando “Pino” Solanas.
Más temprano, representantes del sector lechero expusieron en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la problemática del sector.
De la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Edificio Alfredo Palacios estuvieron presentes los vicepresidente de la Confederación rural Argentina, Jorge Chemes y de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina. También participaron las entidades CONINAGRO, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), la Asociación Productores de Leche (APL); de la Cámara de Productores de leche de la Cuenca del Oeste de la provincia de Buenos Aires (CAPROLECOBA) y de la Mesa Nacional de Productores de Leche.
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En busca de dinero para la cuarta central nuclear
El Gobierno pide U$S 9 mil millones para construir una cuarta central nuclear
Fecha de Publicación: 23/09/2016
Fuente: LPO
Provincia/Región: Nacional
Incluyó avales en el presupuesto de 2017. China y Rusia, los posibles financistas. Mañana exponen los funcionarios.
El presupuesto para el año próximo enviado el jueves al Congreso contiene un pedido de aval de endeudamiento por U$S 9 mil millones para construir una cuarta central nuclear.
La obra está pautada en seis meses de duración, pero no especifica el financiamiento. Sólo contempla derivar el dinero en Nucleoeléctrica Argentina SA, la empresa estatal creada en los noventa o de “una entidad o Vehículo de Financiamiento elegido”.
En el Congreso creen que los aportes llegarán desde China o Rusia, cuyos jefes de Estado ya expresaron interés en reuniones bilaterales.
China avanzó más, mediante un acuerdo de intención con Cristina Kirchner, que Macri retomó en sus últimas visitas al gigante asiático. Pero también abrió la negociación con su par Vladimir Putir, con quien volvió a reunirse en el G20.
Mañana deberán dar más detalles los funcionarios del Ministerio de Economía que visitarán la Comisión de Presupuesto y Hacienda para exponer sobre la ley de leyes.
Argentina tiene una rica historia como generador de energía nuclear para fines pacíficos que entró en crisis durante el gobierno de Carlos Menem que intentó desmantelar el desarrollo local, que recién se recuperó con los gobiernos kirchneristas que terminaron Atucha II. Macri parece inclinado a continuar la obra de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que podría empezar a dar al Plan Nuclear Argentino la característica de política de Estado.
El recurso representa el 4,8% de su matriz, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
“El objetivo es llevar la energía nuclear a un 11-12% para los años 2025-2030”, anticipó meses atrás a Clarín Julián Gadano, actual subsecretario de Energía Nuclear.
Actualmente funcionan tres centrales nucleares: la presidente Perón (Atucha 1), la central nuclear Embalse de Córdoba y la Néstor Kirchner (Atucha 2), inaugurada en 2014.
Situadas en la localidad bonaerense de Lima, las Atucha fueron la nave insignia del kirchnerismo y se convirtieron en una obsesión de Julio De Vido, que fijó domicilio en la región.
Macri no las abandonó, pero una de sus primeras actividades oficiales fue asistir a la IV Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington en abril para frenar la presión de Estados Unidos, que siempre custodia el desarrollo tecnológico argentino por temor a que le sea útil a potencias militares enemigas.
“Argentina avanzó en un proceso de reconversión para que todos los reactores trabajen con uranio de bajo enriquecimiento", tranquilizó Macri a los funcionarios de Barack Obama, pero dejó claro que no frenará ningún proyecto nuclear.
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Fecha de Publicación: 23/09/2016
Fuente: LPO
Provincia/Región: Nacional
Incluyó avales en el presupuesto de 2017. China y Rusia, los posibles financistas. Mañana exponen los funcionarios.
El presupuesto para el año próximo enviado el jueves al Congreso contiene un pedido de aval de endeudamiento por U$S 9 mil millones para construir una cuarta central nuclear.
La obra está pautada en seis meses de duración, pero no especifica el financiamiento. Sólo contempla derivar el dinero en Nucleoeléctrica Argentina SA, la empresa estatal creada en los noventa o de “una entidad o Vehículo de Financiamiento elegido”.
En el Congreso creen que los aportes llegarán desde China o Rusia, cuyos jefes de Estado ya expresaron interés en reuniones bilaterales.
China avanzó más, mediante un acuerdo de intención con Cristina Kirchner, que Macri retomó en sus últimas visitas al gigante asiático. Pero también abrió la negociación con su par Vladimir Putir, con quien volvió a reunirse en el G20.
Mañana deberán dar más detalles los funcionarios del Ministerio de Economía que visitarán la Comisión de Presupuesto y Hacienda para exponer sobre la ley de leyes.
Argentina tiene una rica historia como generador de energía nuclear para fines pacíficos que entró en crisis durante el gobierno de Carlos Menem que intentó desmantelar el desarrollo local, que recién se recuperó con los gobiernos kirchneristas que terminaron Atucha II. Macri parece inclinado a continuar la obra de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que podría empezar a dar al Plan Nuclear Argentino la característica de política de Estado.
El recurso representa el 4,8% de su matriz, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
“El objetivo es llevar la energía nuclear a un 11-12% para los años 2025-2030”, anticipó meses atrás a Clarín Julián Gadano, actual subsecretario de Energía Nuclear.
Actualmente funcionan tres centrales nucleares: la presidente Perón (Atucha 1), la central nuclear Embalse de Córdoba y la Néstor Kirchner (Atucha 2), inaugurada en 2014.
Situadas en la localidad bonaerense de Lima, las Atucha fueron la nave insignia del kirchnerismo y se convirtieron en una obsesión de Julio De Vido, que fijó domicilio en la región.
Macri no las abandonó, pero una de sus primeras actividades oficiales fue asistir a la IV Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington en abril para frenar la presión de Estados Unidos, que siempre custodia el desarrollo tecnológico argentino por temor a que le sea útil a potencias militares enemigas.
“Argentina avanzó en un proceso de reconversión para que todos los reactores trabajen con uranio de bajo enriquecimiento", tranquilizó Macri a los funcionarios de Barack Obama, pero dejó claro que no frenará ningún proyecto nuclear.
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Investigadores crean un Índice de Salud Ambiental
UNNE: elaboran Índice de Salud Ambiental de Corrientes y Gran Resistencia
Fecha de Publicación: 22/09/2016
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Corrientes
Investigadores de la UNNE elaboraron el “Índice de Salud Ambiental” para los conglomerados de Corrientes y el Área Metropolitana del Gran Resistencia, que permite identificar áreas urbanas en situación de vulnerabilidad.
Con el objetivo de sintetizar un conjunto de variables que se miden y se registran en ocasiones de censos nacionales y que dan cuenta de algunas de las dimensiones o campos de actuación de la Salud Ambiental, investigadores del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNNE se propusieron elaborar un índice que permita caracterizar la salud ambiental en territorio urbanos de la ciudad de Corrientes y el Área Metropolitana del Gran Resistencia en la provincia del Chaco.
Para ello, trabajaron con lo que se conoce como Modelos Multiatributo o Modelos de Utilidad Multiatributo (MAUT), que forman parte del amplio abanico de métodos de evaluación y decisión multicriterio. Estos modelos permiten trabajar con distintos indicadores, y ajustarlos a distintos criterios a analizar.
Los investigadores de la UNNE lo aplicaron al estudio de la Salud Ambiental, que comprende aquellos aspectos de la salud y la enfermedad humanas que son determinados por factores del ambiente, como características de la vivienda y del hábitat (acceso al agua segura y a la red cloacal”.
Así, tomando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010, lograron elaborar el “Índice Salud Ambiental (ISA)” para los conglomerados de Corrientes y el Área Metropolitana del Gran Resistencia, que permiten estimar el grado de vulnerabilidad de los radios censales en que se dividen ambos conglomerados urbanos, y conocer la cantidad de población expuesta.
El estudio permitió identificar las diferentes realidades de la salud ambiental de Corrientes y el Gran Resistencia, y a su vez las diferencias dentro de cada uno de estos conglomerados urbanos, según explican las responsables del proyecto de investigación, la doctora Liliana Ramírez, docente e investigadora de la UNNE y CONICET, y la licenciada Romina Claret, becaria de investigación del CONICET y docente en la Facultad de Humanidades de la UNNE.
En el estudio la unidad de análisis es el Radio Censal. El Área Metropolitana del Gran Resistencia (Chaco) se divide en 426 Radios Censales y Corrientes tiene 300 Radios Censales.
Se toman en cuenta dos “Dimensiones” de análisis, que contienen a su vez distintos indicadores.
La Dimensión "Condiciones de la viviendas, instalaciones y habitabilidad" incluye a los indicadores “Hacinamiento”, “Calidad de materiales de la vivienda”, “Material predominante de los pisos” y “Material de la cubierta exterior del techo”. En tanto, la Dimensión "Acceso a Servicios Públicos, agua y saneamiento" toma en cuenta como indicadores los hogares sin acceso a agua de la red pública y hogares sin inodoro a la red pública.
Resultados
De acuerdo con el procedimiento desarrollado, el valor máximo del Indicador de Salud Ambiental (ISA) puede alcanzar el valor de 1 que implica alta vulnerabilidad y el valor mínimo 0 que representa un contexto óptimo.
El valor promedio del ISA es mayor en el Gran Resistencia, cercano a 0,2 mientras que en Corrientes supera el 0,1. Sin embargo Corrientes registra valores atípicos que dan cuenta de una situación más crítica en algunas áreas.
En el caso del AMGR el patrón de distribución muestra un centro en mejores condiciones y una periferia más comprometida. Los valores máximos que se alcanzan de vulnerabilidad en el Gran Resistencia se corresponden al intervalo que comprende a 1,5 a 2,5 desviaciones de la media es decir entre 0,37 y 0,52 de ISA como valores más extremos.
En tanto, la distribución en la ciudad de Corrientes también se corresponde con la expansión urbana que ha experimentado, el sector menos crítico se encuentra en el extremo noroeste coincidente con el área portuaria y más antigua de la ciudad; mientras hacia el sur y noreste se encuentran las áreas que obtienen un ISA más elevado.
A diferencia del Área Metropolitana del Gran Resistencia, en Corrientes los valores más extremos que se registran se ubican en la categoría que contiene más de 2,5 veces el valor medio, es decir entre 0,52 y 0,68 valores de ISA.
Sobre las diferencias entre ambos conglomerados, los investigadores explican que en Corrientes la variabilidad del índice de vulnerabilidad es mayor, y los dos primeros grupos con condiciones más favorables reúnen en Corrientes una mayor cantidad de población si se compara con el Gran Resistencia, 75% y 62% respectivamente.
Sin embargo al observar las categorías más críticas, en el Gran Resistencia no se distinguen radios censales en la última clase (más de 2,5 veces la desviación del índice promedio), mientras que en Corrientes, esta última categoría, que contiene a los ya citados radios con valores atípicos, reúne el 4% de la población en situaciones críticas de vulnerabilidad.
Con el propósito de conocer la cantidad de habitantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, al considerar el ISA obtenido, en la investigación estimaron cuántas personas se encontrarían residiendo en aquellos radios censales que obtuvieron valores de ISA por sobre 1,5 veces de desviación de la media, es decir las áreas más críticas en salud ambiental.
En el Área Metropolitana del Gran Resistencia, son 30 radios censales los que se ubican entre 1,5 y 2,5 veces la media, sin superar este último valor. Estas unidades espaciales contienen el 7,49% de la población y el 7,06% de los hogares, y representa cerca de 29.000 personas que se encuentran en condiciones críticas respecto del acceso al agua segura, de la eliminación de las excretas a través de cloacas, de las características habitacionales de su vivienda sumado a la condición de hacinamiento que sobrellevan.
En tanto, en la ciudad de Corrientes si bien la cantidad de radios censales en situación crítica son 25 (menos que en el AMGR), en ellos reside más del 10% de la población que en términos absolutos son más de 35.000 habitantes y casi el 9% de los hogares.
Relevnacia
Para las investigadoras, el Índice de Salud Ambiental (ISA) obtenido puede constituirse en una herramienta para los órganos decisores, pues identifica realidades descritas por los censos poblacionales, es decir expuestos por los mismos habitantes.
Señalan que el principal objetivo de estos modelos de utilidad multiatributo es auxiliar a los centros decisores a describir evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos en base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) de acuerdo con varios criterios. Esto admite que se transformen en herramientas que permiten analizar y dar cuenta de complejas situaciones de la realidad actual.
La doctora Ramírez y la licenciada Claret destacan que el aporte de la Geografía Cuantitativa para el estudio del territorio, y del valor del análisis cuantitativo de los datos y de la información geográfica que permiten, entre otras cosas, encontrar y visualizar los desequilibrios, las desigualdades y las inequidades territoriales.
“En un mundo en el que se estima que en 2020 se duplicará la información cada 73 días, los estudios geográficos cuantitativos que permiten alcanzar resultados concretos de una realidad tan compleja, seguirán siendo sustanciales” concluyen las responsables del Índice de Salud Ambiental.
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Fecha de Publicación: 22/09/2016
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Corrientes
Investigadores de la UNNE elaboraron el “Índice de Salud Ambiental” para los conglomerados de Corrientes y el Área Metropolitana del Gran Resistencia, que permite identificar áreas urbanas en situación de vulnerabilidad.
Con el objetivo de sintetizar un conjunto de variables que se miden y se registran en ocasiones de censos nacionales y que dan cuenta de algunas de las dimensiones o campos de actuación de la Salud Ambiental, investigadores del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNNE se propusieron elaborar un índice que permita caracterizar la salud ambiental en territorio urbanos de la ciudad de Corrientes y el Área Metropolitana del Gran Resistencia en la provincia del Chaco.
Para ello, trabajaron con lo que se conoce como Modelos Multiatributo o Modelos de Utilidad Multiatributo (MAUT), que forman parte del amplio abanico de métodos de evaluación y decisión multicriterio. Estos modelos permiten trabajar con distintos indicadores, y ajustarlos a distintos criterios a analizar.
Los investigadores de la UNNE lo aplicaron al estudio de la Salud Ambiental, que comprende aquellos aspectos de la salud y la enfermedad humanas que son determinados por factores del ambiente, como características de la vivienda y del hábitat (acceso al agua segura y a la red cloacal”.
Así, tomando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010, lograron elaborar el “Índice Salud Ambiental (ISA)” para los conglomerados de Corrientes y el Área Metropolitana del Gran Resistencia, que permiten estimar el grado de vulnerabilidad de los radios censales en que se dividen ambos conglomerados urbanos, y conocer la cantidad de población expuesta.
El estudio permitió identificar las diferentes realidades de la salud ambiental de Corrientes y el Gran Resistencia, y a su vez las diferencias dentro de cada uno de estos conglomerados urbanos, según explican las responsables del proyecto de investigación, la doctora Liliana Ramírez, docente e investigadora de la UNNE y CONICET, y la licenciada Romina Claret, becaria de investigación del CONICET y docente en la Facultad de Humanidades de la UNNE.
En el estudio la unidad de análisis es el Radio Censal. El Área Metropolitana del Gran Resistencia (Chaco) se divide en 426 Radios Censales y Corrientes tiene 300 Radios Censales.
Se toman en cuenta dos “Dimensiones” de análisis, que contienen a su vez distintos indicadores.
La Dimensión "Condiciones de la viviendas, instalaciones y habitabilidad" incluye a los indicadores “Hacinamiento”, “Calidad de materiales de la vivienda”, “Material predominante de los pisos” y “Material de la cubierta exterior del techo”. En tanto, la Dimensión "Acceso a Servicios Públicos, agua y saneamiento" toma en cuenta como indicadores los hogares sin acceso a agua de la red pública y hogares sin inodoro a la red pública.
Resultados
De acuerdo con el procedimiento desarrollado, el valor máximo del Indicador de Salud Ambiental (ISA) puede alcanzar el valor de 1 que implica alta vulnerabilidad y el valor mínimo 0 que representa un contexto óptimo.
El valor promedio del ISA es mayor en el Gran Resistencia, cercano a 0,2 mientras que en Corrientes supera el 0,1. Sin embargo Corrientes registra valores atípicos que dan cuenta de una situación más crítica en algunas áreas.
En el caso del AMGR el patrón de distribución muestra un centro en mejores condiciones y una periferia más comprometida. Los valores máximos que se alcanzan de vulnerabilidad en el Gran Resistencia se corresponden al intervalo que comprende a 1,5 a 2,5 desviaciones de la media es decir entre 0,37 y 0,52 de ISA como valores más extremos.
En tanto, la distribución en la ciudad de Corrientes también se corresponde con la expansión urbana que ha experimentado, el sector menos crítico se encuentra en el extremo noroeste coincidente con el área portuaria y más antigua de la ciudad; mientras hacia el sur y noreste se encuentran las áreas que obtienen un ISA más elevado.
A diferencia del Área Metropolitana del Gran Resistencia, en Corrientes los valores más extremos que se registran se ubican en la categoría que contiene más de 2,5 veces el valor medio, es decir entre 0,52 y 0,68 valores de ISA.
Sobre las diferencias entre ambos conglomerados, los investigadores explican que en Corrientes la variabilidad del índice de vulnerabilidad es mayor, y los dos primeros grupos con condiciones más favorables reúnen en Corrientes una mayor cantidad de población si se compara con el Gran Resistencia, 75% y 62% respectivamente.
Sin embargo al observar las categorías más críticas, en el Gran Resistencia no se distinguen radios censales en la última clase (más de 2,5 veces la desviación del índice promedio), mientras que en Corrientes, esta última categoría, que contiene a los ya citados radios con valores atípicos, reúne el 4% de la población en situaciones críticas de vulnerabilidad.
Con el propósito de conocer la cantidad de habitantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, al considerar el ISA obtenido, en la investigación estimaron cuántas personas se encontrarían residiendo en aquellos radios censales que obtuvieron valores de ISA por sobre 1,5 veces de desviación de la media, es decir las áreas más críticas en salud ambiental.
En el Área Metropolitana del Gran Resistencia, son 30 radios censales los que se ubican entre 1,5 y 2,5 veces la media, sin superar este último valor. Estas unidades espaciales contienen el 7,49% de la población y el 7,06% de los hogares, y representa cerca de 29.000 personas que se encuentran en condiciones críticas respecto del acceso al agua segura, de la eliminación de las excretas a través de cloacas, de las características habitacionales de su vivienda sumado a la condición de hacinamiento que sobrellevan.
En tanto, en la ciudad de Corrientes si bien la cantidad de radios censales en situación crítica son 25 (menos que en el AMGR), en ellos reside más del 10% de la población que en términos absolutos son más de 35.000 habitantes y casi el 9% de los hogares.
Relevnacia
Para las investigadoras, el Índice de Salud Ambiental (ISA) obtenido puede constituirse en una herramienta para los órganos decisores, pues identifica realidades descritas por los censos poblacionales, es decir expuestos por los mismos habitantes.
Señalan que el principal objetivo de estos modelos de utilidad multiatributo es auxiliar a los centros decisores a describir evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos en base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) de acuerdo con varios criterios. Esto admite que se transformen en herramientas que permiten analizar y dar cuenta de complejas situaciones de la realidad actual.
La doctora Ramírez y la licenciada Claret destacan que el aporte de la Geografía Cuantitativa para el estudio del territorio, y del valor del análisis cuantitativo de los datos y de la información geográfica que permiten, entre otras cosas, encontrar y visualizar los desequilibrios, las desigualdades y las inequidades territoriales.
“En un mundo en el que se estima que en 2020 se duplicará la información cada 73 días, los estudios geográficos cuantitativos que permiten alcanzar resultados concretos de una realidad tan compleja, seguirán siendo sustanciales” concluyen las responsables del Índice de Salud Ambiental.
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Caza furitva en reserva natural de Magdalena
Denuncian matanza de animales en la reserva natural de Magdalena
Fecha de Publicación: 22/09/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los guardaparques decomisan cada semana decenas de vizcachas, coipos y carpinchos cazados en forma ilegal
El domingo pasado, la patrulla Rural de Magdalena detuvo a un cazador furtivo con medio centenar de vizcachas muertas. Las había “cazado” ahogándolas en su madriguera con una manguera y una bomba de agua. Más allá de la crueldad del método, la captura se produjo en un área protegida: el Refugio de Vida Silvestre de San Borombón, una zona que por la abundancia de fauna silvestre se ha convertido durante los últimos años en un imán para la caza ilegal.
“Cuando no son vizcachas, son coipos, carpinchos, liebres, zorros o ñandúes. Llevamos hechas más de 800 actas de decomisos pero es cosa de nunca acabar”, se lamenta Ricardo Cañete, uno de los guardaparques de esa reserva provincial que algunos desconocen como área protegida y otros utilizan de coto de caza por interés o simple diversión.
Establecida sobre la franja costera entre Magdalena y el Partido de la Costa, la Reserva de Vida Silvestre Bahía Samborombón, constituye un tipo de reserva natural particular. Y es que gran parte de sus más de 400 mil hectáreas corresponden a campos privados; de ahí la dificultad de poder lograr que se cumpla en ella con la prohibición de caza y captura de fauna.
“Los refugios de vida silvestre son áreas que -por la riqueza o vulnerabilidad de su fauna- el Estado decide proteger más allá de quién sea la propiedad de la tierra, porque se considera que la fauna es un bien común”, explica el guardaparque al comentar que en esa zona se concentran las especies autóctonas desplazadas por la producción agrícola, entre ellas los últimos 200 ciervos de los pantanos que quedan en todo el territorio provincial.
Semejante abundancia ha convertido a toda el área en una zona caliente de caza ilegal. De ahí que media docena de guardaparques, apoyados por la Policía Ecológica y las patrullas rurales de cada distrito, realizan constantes operativos de fiscalización en rutas y caminos rurales.
“Tenemos un flujo muy grande de gente del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata que viene a cazar acá. Si bien algunos no saben que es un área protegida donde se prohibe la caza, a la mayoría no le interesa”, sostiene Cañete, quien detalla que “las piezas más castigadas son las vizcachas, las mulitas, las liebres, los carpinchos, los coipos y los patos, pero también matan ñandúes y chanchos cimarrones”.
A la caza de piezas, en la mayoría de los casos por “diversión” pero también “para vender”, se le suma la captura de pájaros. “La presencia de aves muy preciadas como los cardenales, los federales, los cabecitas negras y los naranjeros hace que mucha gente venga a poner tramperas. En estos últimos cuatro años decomisamos más de dos mil pájaros que pudimos liberar. Desafortunadamente muchos otros terminan en veterinarias y ferias”, se lamente el guardaparques.
El riesgo de desatender la prohibición de caza en toda esa zona -que se extiende aproximadamente entre la ruta 11 y el río- es alto. Además del decomiso de las piezas y todos los elementos utilizados para la caza, ya sean armas de fuego o no, los agentes de fiscalización tienen potestad para labrar actas que pueden derivar en multas de hasta 50 mil pesos.
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Fecha de Publicación: 22/09/2016
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los guardaparques decomisan cada semana decenas de vizcachas, coipos y carpinchos cazados en forma ilegal
El domingo pasado, la patrulla Rural de Magdalena detuvo a un cazador furtivo con medio centenar de vizcachas muertas. Las había “cazado” ahogándolas en su madriguera con una manguera y una bomba de agua. Más allá de la crueldad del método, la captura se produjo en un área protegida: el Refugio de Vida Silvestre de San Borombón, una zona que por la abundancia de fauna silvestre se ha convertido durante los últimos años en un imán para la caza ilegal.
“Cuando no son vizcachas, son coipos, carpinchos, liebres, zorros o ñandúes. Llevamos hechas más de 800 actas de decomisos pero es cosa de nunca acabar”, se lamenta Ricardo Cañete, uno de los guardaparques de esa reserva provincial que algunos desconocen como área protegida y otros utilizan de coto de caza por interés o simple diversión.
Establecida sobre la franja costera entre Magdalena y el Partido de la Costa, la Reserva de Vida Silvestre Bahía Samborombón, constituye un tipo de reserva natural particular. Y es que gran parte de sus más de 400 mil hectáreas corresponden a campos privados; de ahí la dificultad de poder lograr que se cumpla en ella con la prohibición de caza y captura de fauna.
“Los refugios de vida silvestre son áreas que -por la riqueza o vulnerabilidad de su fauna- el Estado decide proteger más allá de quién sea la propiedad de la tierra, porque se considera que la fauna es un bien común”, explica el guardaparque al comentar que en esa zona se concentran las especies autóctonas desplazadas por la producción agrícola, entre ellas los últimos 200 ciervos de los pantanos que quedan en todo el territorio provincial.
Semejante abundancia ha convertido a toda el área en una zona caliente de caza ilegal. De ahí que media docena de guardaparques, apoyados por la Policía Ecológica y las patrullas rurales de cada distrito, realizan constantes operativos de fiscalización en rutas y caminos rurales.
“Tenemos un flujo muy grande de gente del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata que viene a cazar acá. Si bien algunos no saben que es un área protegida donde se prohibe la caza, a la mayoría no le interesa”, sostiene Cañete, quien detalla que “las piezas más castigadas son las vizcachas, las mulitas, las liebres, los carpinchos, los coipos y los patos, pero también matan ñandúes y chanchos cimarrones”.
A la caza de piezas, en la mayoría de los casos por “diversión” pero también “para vender”, se le suma la captura de pájaros. “La presencia de aves muy preciadas como los cardenales, los federales, los cabecitas negras y los naranjeros hace que mucha gente venga a poner tramperas. En estos últimos cuatro años decomisamos más de dos mil pájaros que pudimos liberar. Desafortunadamente muchos otros terminan en veterinarias y ferias”, se lamente el guardaparques.
El riesgo de desatender la prohibición de caza en toda esa zona -que se extiende aproximadamente entre la ruta 11 y el río- es alto. Además del decomiso de las piezas y todos los elementos utilizados para la caza, ya sean armas de fuego o no, los agentes de fiscalización tienen potestad para labrar actas que pueden derivar en multas de hasta 50 mil pesos.
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Piden monitoreo de la contaminación en el Limay
Exigen un monitoreo integral de la contaminación en el Limay
Fecha de Publicación: 22/09/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Un grupo de especialistas congregado en el Colegio de Profesionales del Ambiente solicitó a las autoridades que se realice un monitoreo integral de la situación del río.
Un grupo de especialistas congregado en el Colegio de Profesionales del Ambiente solicitó a las autoridades que se realice un monitoreo integral de la situación del río Limay, que contemple una mirada "conjunta" para evitar conflictos sobre interpretaciones.
Martín Islas, uno de los referentes de los Profesionales del Ambiente explicó esta mañana en declaraciones a LU5 que pidieron a los responsables de Ambiente de la provincia, de los municipios, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y de Recursos Hídricos "hacer un estudio integral del río".
El especialista consideró que "ante la bajante del río, es muy probable que se hayan incrementado los valores de contaminación", pero aclaró que el pedido realizado meses atrás no tuvo eco hasta el momento.
Seis meses sin novedades
En marzo pasado, a partir de un pedido del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, el gobierno de la provincia se comprometió a monitorear el estado en que se encuentran las aguas del Limay.
Esto se estableció después de una reunión que el presidente del Colegio mantuvo con el ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara.
La entidad le entregó al funcionario provincial un proyecto que establece la colocación de al menos 20 estaciones de "telemonitoreo" en distintos puntos del río en el recorrido que va de Senillosa a la Confluencia.
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Fecha de Publicación: 22/09/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Un grupo de especialistas congregado en el Colegio de Profesionales del Ambiente solicitó a las autoridades que se realice un monitoreo integral de la situación del río.
Un grupo de especialistas congregado en el Colegio de Profesionales del Ambiente solicitó a las autoridades que se realice un monitoreo integral de la situación del río Limay, que contemple una mirada "conjunta" para evitar conflictos sobre interpretaciones.
Martín Islas, uno de los referentes de los Profesionales del Ambiente explicó esta mañana en declaraciones a LU5 que pidieron a los responsables de Ambiente de la provincia, de los municipios, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y de Recursos Hídricos "hacer un estudio integral del río".
El especialista consideró que "ante la bajante del río, es muy probable que se hayan incrementado los valores de contaminación", pero aclaró que el pedido realizado meses atrás no tuvo eco hasta el momento.
Seis meses sin novedades
En marzo pasado, a partir de un pedido del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, el gobierno de la provincia se comprometió a monitorear el estado en que se encuentran las aguas del Limay.
Esto se estableció después de una reunión que el presidente del Colegio mantuvo con el ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara.
La entidad le entregó al funcionario provincial un proyecto que establece la colocación de al menos 20 estaciones de "telemonitoreo" en distintos puntos del río en el recorrido que va de Senillosa a la Confluencia.
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