Vertedero ilegal de Antofagasta Minerals: Chile sabía
08:00 | 
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Eco Sitio |
El gobierno chileno ayudó a la empresa que hizo un megabasurero minero del lado argentino
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Por Monsanto imputan a ex funcionarios en Córdoba
Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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Asamblea de Gualeguaychu pedirá audiencia
El municipio y la Asamblea pedirán una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Piaggio y Maradey recibieron este viernes a la Asamblea Ambiental. Entre otros temas, se acordó gestionar una audiencia para conocer la postura del Gobierno nacional sobre el monitoreo a UPM-Botnia y la instalación de la nueva pastera.
Este viernes a las 9 de la mañana, una delegación de seis miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental ingresaron al despacho del intendente municipal, donde además de Martín Piaggio se encontraban presentes el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Roberto Piaggio y la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte. Por la Asamblea Ciudadana, estuvieron presentes, entre otros, Martín Alazard, Juan Veronesi, Julio Rivero y Javier Preto.
En el encuentro se convino que la dirección de Ambiente proporcionará, en los próximos días, los nombres de tres técnicos que, junto a otras tres personas que designará la Facultad de Bromatología, serán capacitados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) en el manejo de la estación de monitoreo atmosférico ubicada actualmente en la zona del Ñandubaysal. Tanto el costo que demandará la capacitación de este personal, la reparación del equipo y su trasladado a una zona más adecuada, serán afrontados por las autoridades nacionales de Ambiente. De esta forma se podrán retomar los controles continuos y diarios de las emanaciones atmosféricas de la pastera UPM Botnia ubicada en Fray Bentos y que son de vital importancia.
Entre otras cuestiones también las autoridades municipales y los ambientalistas acordaron iniciar cuanto antes las gestiones para solicitar una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, a la que se va a invitar a participar a los legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú, al ministro de Ambiente Sergio Bergman, miembros de la CARU y su Comité Científico.
Lo que se pretende es que las autoridades expresen con absoluta claridad cual va a ser la política respecto del monitoreo a la pastera UPM Botnia y, también, cual va a ser la postura que adoptará el Gobierno nacional en relación a la contaminación del río Uruguay que se verá agravada por la ya confirmada instalación de una nueva mega pastera en territorio uruguayo en la cuenca del río Negro.
Dicho cauce de agua, desemboca en el río Uruguay, a tan solo 35 kilómetros aguas abajo del efluente de residuos líquidos de la planta de celulosa de Fray Bentos.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Piaggio y Maradey recibieron este viernes a la Asamblea Ambiental. Entre otros temas, se acordó gestionar una audiencia para conocer la postura del Gobierno nacional sobre el monitoreo a UPM-Botnia y la instalación de la nueva pastera.
Este viernes a las 9 de la mañana, una delegación de seis miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental ingresaron al despacho del intendente municipal, donde además de Martín Piaggio se encontraban presentes el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Roberto Piaggio y la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte. Por la Asamblea Ciudadana, estuvieron presentes, entre otros, Martín Alazard, Juan Veronesi, Julio Rivero y Javier Preto.
En el encuentro se convino que la dirección de Ambiente proporcionará, en los próximos días, los nombres de tres técnicos que, junto a otras tres personas que designará la Facultad de Bromatología, serán capacitados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) en el manejo de la estación de monitoreo atmosférico ubicada actualmente en la zona del Ñandubaysal. Tanto el costo que demandará la capacitación de este personal, la reparación del equipo y su trasladado a una zona más adecuada, serán afrontados por las autoridades nacionales de Ambiente. De esta forma se podrán retomar los controles continuos y diarios de las emanaciones atmosféricas de la pastera UPM Botnia ubicada en Fray Bentos y que son de vital importancia.
Entre otras cuestiones también las autoridades municipales y los ambientalistas acordaron iniciar cuanto antes las gestiones para solicitar una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, a la que se va a invitar a participar a los legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú, al ministro de Ambiente Sergio Bergman, miembros de la CARU y su Comité Científico.
Lo que se pretende es que las autoridades expresen con absoluta claridad cual va a ser la política respecto del monitoreo a la pastera UPM Botnia y, también, cual va a ser la postura que adoptará el Gobierno nacional en relación a la contaminación del río Uruguay que se verá agravada por la ya confirmada instalación de una nueva mega pastera en territorio uruguayo en la cuenca del río Negro.
Dicho cauce de agua, desemboca en el río Uruguay, a tan solo 35 kilómetros aguas abajo del efluente de residuos líquidos de la planta de celulosa de Fray Bentos.
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Córdoba aprueba el EsIA de la central nuclear de Embalse
La Provincia otorgó la licencia ambiental para la extensión de vida la central nuclear de Embalse
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La habilitación permitirá comenzar las obras de refacción en la usina, que permitirán prolongar su vida útil otros 30 años.
El proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse recibió este jueves la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, por lo que podrán comenzar las obras de refacción. Así lo informó la oficina de prensa de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
El estudio de impacto ambiental permitió identificar y prevenir las alteraciones que pueda generar un proyecto en el medio ambiente antes de su ejecución. Además, la audiencia pública permitió recolectar las inquietudes de los vecinos potencialmente afectados y resultó fundamental para determinar el irrefutable consenso social sobre el proyecto.
El Cedyat fue el encargado de realizar el estudio de impacto ambiental. "Pocos argentinos conocen que la empresa estatal Nucleoeléctrica trabaja decididamente para evitar la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la energía nuclear es esencial, no solo porque garantiza el suministro eléctrico, sino porque contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por su competitividad y por la reducción de emisiones de CO2, uno de los principales problemas ambientales en el mundo" expresó Mariano Riano, experto del Cedyat.
Con la resolución 203/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Nasa podrá extender la vida útil de la central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta, que estará parada por dos años por trabajos los de repotenciación a los que se destinarán 1.600 millones de dólares.
Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La habilitación permitirá comenzar las obras de refacción en la usina, que permitirán prolongar su vida útil otros 30 años.
El proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse recibió este jueves la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, por lo que podrán comenzar las obras de refacción. Así lo informó la oficina de prensa de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
El estudio de impacto ambiental permitió identificar y prevenir las alteraciones que pueda generar un proyecto en el medio ambiente antes de su ejecución. Además, la audiencia pública permitió recolectar las inquietudes de los vecinos potencialmente afectados y resultó fundamental para determinar el irrefutable consenso social sobre el proyecto.
El Cedyat fue el encargado de realizar el estudio de impacto ambiental. "Pocos argentinos conocen que la empresa estatal Nucleoeléctrica trabaja decididamente para evitar la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la energía nuclear es esencial, no solo porque garantiza el suministro eléctrico, sino porque contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por su competitividad y por la reducción de emisiones de CO2, uno de los principales problemas ambientales en el mundo" expresó Mariano Riano, experto del Cedyat.
Con la resolución 203/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Nasa podrá extender la vida útil de la central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta, que estará parada por dos años por trabajos los de repotenciación a los que se destinarán 1.600 millones de dólares.
Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.
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Mas territorio para fumigar y contaminar en Buenos Aires
Con el glifosato a diez metros
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los químicos son más nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusión”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categorías III y IV. “Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los químicos son más nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusión”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categorías III y IV. “Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.
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La Rioja: tala masiva genera amparo
Amparo ambiental para evitar que continúe la tala
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos de Valle Viejo presentaron ante la Corte de Justicia una acción de amparo ambiental, con el patrocinio letrado de Rosario Andrada, contra la Municipalidad del departamento.
La demanda lleva la firma de numerosos vecinos del lugar, que solicitan la cesación de la tala de árboles, la conservación de las acequias en la localidad de Santa Rosa, y la ejecución de medidas necesarias que aseguren el derecho a un ambiente sano y equilibrado mediante la preservación de las especies forestales. En el escrito señalan que la comuna violó un mandato legal con consecuencias impredecibles, comprometiendo el bienestar de los habitantes del departamento. Los hechos que provocaron la reacción de los vecinos tuvieron su origen cuando advirtieron que en la calle Crisanto Gómez, empleados de la municipalidad se encontraban talando árboles, y a punto de ser derribado un Pacará de más de 100 años. La inmediata intervención de éstos logró que momentáneamente se detuviera esta operación. El amparo refiere al accionar repudiable del municipio, que promueve la desforestación y consecuentemente con ello agrava los efectos del calor, la sequía y evaporación de la humedad.
Dice el escrito entre sus fundamentos que "los árboles cumplen una importantísima función en el medio ambiente, así es como actúan como verdaderos corredores biológicos entre especies, reguladores de la temperatura, crean un microclima apto para una gran variedad de especies animales y también de especies vegetales, además belleza paisajística al ambiente y proporcionan una sombra necesaria para el ecosistema. Los árboles actúan como defensa contra el viento, ejercen una influencia notable sobre el ambiente, trasladando grandes cantidades de tierra por la falta de agua, produciendo trastornos en la salud de los habitantes por el aumento de enfermedades respiratorias y alérgicas, también atenúan los efectos negativos en la salud producidos por estrés al calor”, entre otras.
Los amparistas solicitan la intervención de la Agencia del INTA, Delegación Catamarca y la Facultad de Ciencias Agrarias, Tecnicatura en Parques y Jardines, a fin de que evalúen el estado de las especies realmente comprometidas e informen sobre el estado en que se encuentran, carácter del daño que padecen, posibilidades de recuperación y secuelas. También deberán efectuar una evaluación completa del Plan de Tala, informando si han tenido participación en la confección de dicho Plan. Finalmente se peticiona el dictado de una Medida Cautelar, para que el Municipio se abstenga de realizar estos actos, hasta tanto se resuelva el Amparo.
La denuncia se originó la semana pasada, cuando vecinos de Santa Rosa observaron que se estaban talando arboles gigantescos como algarrobos y sauces y otros de más de 100 años.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos de Valle Viejo presentaron ante la Corte de Justicia una acción de amparo ambiental, con el patrocinio letrado de Rosario Andrada, contra la Municipalidad del departamento.
La demanda lleva la firma de numerosos vecinos del lugar, que solicitan la cesación de la tala de árboles, la conservación de las acequias en la localidad de Santa Rosa, y la ejecución de medidas necesarias que aseguren el derecho a un ambiente sano y equilibrado mediante la preservación de las especies forestales. En el escrito señalan que la comuna violó un mandato legal con consecuencias impredecibles, comprometiendo el bienestar de los habitantes del departamento. Los hechos que provocaron la reacción de los vecinos tuvieron su origen cuando advirtieron que en la calle Crisanto Gómez, empleados de la municipalidad se encontraban talando árboles, y a punto de ser derribado un Pacará de más de 100 años. La inmediata intervención de éstos logró que momentáneamente se detuviera esta operación. El amparo refiere al accionar repudiable del municipio, que promueve la desforestación y consecuentemente con ello agrava los efectos del calor, la sequía y evaporación de la humedad.
Dice el escrito entre sus fundamentos que "los árboles cumplen una importantísima función en el medio ambiente, así es como actúan como verdaderos corredores biológicos entre especies, reguladores de la temperatura, crean un microclima apto para una gran variedad de especies animales y también de especies vegetales, además belleza paisajística al ambiente y proporcionan una sombra necesaria para el ecosistema. Los árboles actúan como defensa contra el viento, ejercen una influencia notable sobre el ambiente, trasladando grandes cantidades de tierra por la falta de agua, produciendo trastornos en la salud de los habitantes por el aumento de enfermedades respiratorias y alérgicas, también atenúan los efectos negativos en la salud producidos por estrés al calor”, entre otras.
Los amparistas solicitan la intervención de la Agencia del INTA, Delegación Catamarca y la Facultad de Ciencias Agrarias, Tecnicatura en Parques y Jardines, a fin de que evalúen el estado de las especies realmente comprometidas e informen sobre el estado en que se encuentran, carácter del daño que padecen, posibilidades de recuperación y secuelas. También deberán efectuar una evaluación completa del Plan de Tala, informando si han tenido participación en la confección de dicho Plan. Finalmente se peticiona el dictado de una Medida Cautelar, para que el Municipio se abstenga de realizar estos actos, hasta tanto se resuelva el Amparo.
La denuncia se originó la semana pasada, cuando vecinos de Santa Rosa observaron que se estaban talando arboles gigantescos como algarrobos y sauces y otros de más de 100 años.
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Lobby de Bergman para que haya minería en Chubut
Bergman exhortó en Chubut a debatir sobre la actividad minera 'sin condicionamientos'
Fecha de Publicación: 30/07/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aseguró en Chubut que "a nivel de política nacional se tomó la decisión de fomentar la minería", por lo que exhortó a que "exista un debate sin condicionamientos" para promover las inversiones en el sector.
Las palabras del funcionario nacional tienen un especial sentido en Chubut, provincia que tiene una legislación que prohíbe la megaminería, lo que hasta el momento impidió la explotación del yacimiento de oro y plata de "Pan American Silver", conocido como "Proyecto Navidad", en la meseta del centro norte de este distrito, además de bloquear el desarrollo de las minas de uranio de "Cerro Solo", próximo a la localidad de Paso de Indios.
En la conferencia de prensa ofrecida hoy en Rawson, Bergman aseguró que "este debate sobre la actividad minera debe dirimirse en las instituciones y sin imponer, porque debatir no es reclutar, ni imponer, ni seducir, es darle la oportunidad al otro que en un contexto de cultura republicana y de respeto diga lo suyo".
"Esto es un tema cultural, ni siquiera de minería", sostuvo el ministro, quien refirió que al visitar la cordillera chubutense los grupos antimineros se manifestaban activamente y él los escuchó.
Pidió que "el debate sea interdisciplinario, institucional, con los técnicos y académicos que expongan en base a las experiencias comparadas, y no en base a dogmas o posturas políticas".
Recordó que "Chile y Argentina están separados por una cordillera que tiene al país vecino con un amplio desarrollo minero y del lado nuestro con pobreza; esa es la realidad que hay que revertir, y no es que no existan reclamos ambientales ahí, pero evidentemente en Chile existe más confianza en las instituciones que controlan".
"Creo que la gente sospecha más de la mala praxis política que de la minería", explicó el funcionario nacional en la conferencia de prensa.
Aseguró además que para avanzar en la minería no es necesario avasallar las autonomías provinciales, porque "respetando la Constitución se conjuga lo que dice el gobierno nacional con los intereses provinciales".
Consideró que "tampoco debe analizarse a la provincia como un distrito único para la explotación minera sino que hay que mirar por ecoregiones", y describió que en el caso del Chubut "no es la misma mirada que hay en la cordillera que en el centro y en la costa" atlántica.
"Para mí Chubut tiene que tener una discusión sobre la minería, y eso no inhibe la militancia ni de un lado ni del otro, pero hay que debatir porque falta llegar a un término medio" subrayó.
De paso puso en evidencia cierta "inconsistencia" en la postura de oponerse a una actividad extractiva cuando Chubut es una provincia con perfil petrolero, y hay proyectos de fracking a desarrollar en el sur provincial como ya se practica en otros puntos de la región, como el caso del yacimiento de petróleo "Shale" en el yacimiento "Vaca muerta", sobre la cuenca neuquina.
El ministro llegó a Chubut para firmar un acuerdo marco de cooperación que "tiene por objeto establecer vínculos de asistencia, complementación y colaboración en materias académicas, científicas y técnicas", según se informó oficialmente.
El acto se desarrolló esta mañana en la sala de situación de la Casa de Gobierno, y contó con la presencia de los ministros Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro.
Este último, en diálogo con Télam, explicó que "lo importante es la firma de un acuerdo global para el tratamiento de los residuos urbanos que en esta provincia se desarrollan desde hace bastante tiempo y queremos profundizar, pero necesitamos recursos y ayuda financiera".
"Nosotros queremos consolidar el sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) que ha tenido mucho éxito hasta ahora pero es a largo plazo, y necesitamos ayuda y asistencia para terminar con los basurales a cielo abierto", afirmó.
Agulleiro detalló que "la vigencia de esta cooperación será de dos años y tendrá una renovación automática, salvo que alguna de las partes comunique a la otra su voluntad de rescindirlo mediante un aviso previo".
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Fecha de Publicación: 30/07/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aseguró en Chubut que "a nivel de política nacional se tomó la decisión de fomentar la minería", por lo que exhortó a que "exista un debate sin condicionamientos" para promover las inversiones en el sector.
Las palabras del funcionario nacional tienen un especial sentido en Chubut, provincia que tiene una legislación que prohíbe la megaminería, lo que hasta el momento impidió la explotación del yacimiento de oro y plata de "Pan American Silver", conocido como "Proyecto Navidad", en la meseta del centro norte de este distrito, además de bloquear el desarrollo de las minas de uranio de "Cerro Solo", próximo a la localidad de Paso de Indios.
En la conferencia de prensa ofrecida hoy en Rawson, Bergman aseguró que "este debate sobre la actividad minera debe dirimirse en las instituciones y sin imponer, porque debatir no es reclutar, ni imponer, ni seducir, es darle la oportunidad al otro que en un contexto de cultura republicana y de respeto diga lo suyo".
"Esto es un tema cultural, ni siquiera de minería", sostuvo el ministro, quien refirió que al visitar la cordillera chubutense los grupos antimineros se manifestaban activamente y él los escuchó.
Pidió que "el debate sea interdisciplinario, institucional, con los técnicos y académicos que expongan en base a las experiencias comparadas, y no en base a dogmas o posturas políticas".
Recordó que "Chile y Argentina están separados por una cordillera que tiene al país vecino con un amplio desarrollo minero y del lado nuestro con pobreza; esa es la realidad que hay que revertir, y no es que no existan reclamos ambientales ahí, pero evidentemente en Chile existe más confianza en las instituciones que controlan".
"Creo que la gente sospecha más de la mala praxis política que de la minería", explicó el funcionario nacional en la conferencia de prensa.
Aseguró además que para avanzar en la minería no es necesario avasallar las autonomías provinciales, porque "respetando la Constitución se conjuga lo que dice el gobierno nacional con los intereses provinciales".
Consideró que "tampoco debe analizarse a la provincia como un distrito único para la explotación minera sino que hay que mirar por ecoregiones", y describió que en el caso del Chubut "no es la misma mirada que hay en la cordillera que en el centro y en la costa" atlántica.
"Para mí Chubut tiene que tener una discusión sobre la minería, y eso no inhibe la militancia ni de un lado ni del otro, pero hay que debatir porque falta llegar a un término medio" subrayó.
De paso puso en evidencia cierta "inconsistencia" en la postura de oponerse a una actividad extractiva cuando Chubut es una provincia con perfil petrolero, y hay proyectos de fracking a desarrollar en el sur provincial como ya se practica en otros puntos de la región, como el caso del yacimiento de petróleo "Shale" en el yacimiento "Vaca muerta", sobre la cuenca neuquina.
El ministro llegó a Chubut para firmar un acuerdo marco de cooperación que "tiene por objeto establecer vínculos de asistencia, complementación y colaboración en materias académicas, científicas y técnicas", según se informó oficialmente.
El acto se desarrolló esta mañana en la sala de situación de la Casa de Gobierno, y contó con la presencia de los ministros Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro.
Este último, en diálogo con Télam, explicó que "lo importante es la firma de un acuerdo global para el tratamiento de los residuos urbanos que en esta provincia se desarrollan desde hace bastante tiempo y queremos profundizar, pero necesitamos recursos y ayuda financiera".
"Nosotros queremos consolidar el sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) que ha tenido mucho éxito hasta ahora pero es a largo plazo, y necesitamos ayuda y asistencia para terminar con los basurales a cielo abierto", afirmó.
Agulleiro detalló que "la vigencia de esta cooperación será de dos años y tendrá una renovación automática, salvo que alguna de las partes comunique a la otra su voluntad de rescindirlo mediante un aviso previo".
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Jujuy fortalece su trabajo contra el cambioclimático
Jujuy contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 30/07/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía mantuvieron una reunión, en el marco de la iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, para avanzar en la determinación de las contribuciones nacionales que hará la provincia en materia de energías renovables.
Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030, es la iniciativa de política pública del Gobierno Provincial para abordar la problemática del cambio climático. Tiene como propósito, entre otros, reducir la generación de gases de efecto invernadero (GEI), promover un modelo de desarrollo sostenible, impulsar iniciativas ecológicas, reducir los impactos ambientales negativos de la actividad antropogénica e impulsar nuevos paradigmas como el de la sostenibilidad, el buen vivir y la Economía Circular.
Para avanzar en los trabajos interministeriales, es que se convocaron los equipos de Ambiente y de la Dirección de Energías Renovables de la Secretaria de Energía provincial. Lo que buscan es impulsar la medición de gases de efecto invernadero en todos los sectores institucionales, para poder armar un inventario provincial, y de esta manera mejorar la contribución y los datos de Jujuy en las participaciones nacionales.
De igual modo anunciaron que están trabajando en el desarrollo de planes de adaptación y mitigación para la reducción de los gases de efecto invernadero, en el marco de una política que se presenta como transversal, y en la que participan todos los ministerios de la provincia. Porque, según dijeron, todos los esfuerzos que se hagan, por ejemplo desde turismo, producción energía, son fundamentales para mejorar el aporte de Jujuy en materia de cambio climático.
La reunión, asimismo, fue el disparador para evaluar en qué medida uno de los sectores que mayor impacto provoca en términos de gases de efecto invernadero, en la provincia de Jujuy, es el sector energético. En ese sentido, desde la Secretaría de Energía se vienen desarrollando emprendimientos muy importantes para minimizar ese impacto.
Así ocurre con, por ejemplo, el parque solar en la zona de Cauchari: un proyecto para la instalación de tecnología a base de energía solar, en toda el área del sistema disperso; y los desarrollos en relación con la incorporación de tecnologías domiciliarias solares para la generación distribuida de energía. Son todas iniciativas que se estima que posicionarán a Jujuy como una de las provincias con mayor desarrollo de energías renovables.
La reunión concluyó con el compromiso de avanzar en la determinación de los aportes por sector, en términos de reducción de gases; hacer una previsión en función de los proyectos de trabajo que tiene la Secretaria de Energía, para evaluar cómo se llegaría al 2030 en materia de energías renovables; y asumir que todas las iniciativas que se hagan desde el sector energético, van a llevar el sello tanto de Pueblos Solares, como el de Jujuy Verde. Se trata, como describieron, de la decisión de que Jujuy se constituya como una provincia verde, con una fuerte identidad ambiental a nivel nacional.
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Fecha de Publicación: 30/07/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía mantuvieron una reunión, en el marco de la iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, para avanzar en la determinación de las contribuciones nacionales que hará la provincia en materia de energías renovables.
Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030, es la iniciativa de política pública del Gobierno Provincial para abordar la problemática del cambio climático. Tiene como propósito, entre otros, reducir la generación de gases de efecto invernadero (GEI), promover un modelo de desarrollo sostenible, impulsar iniciativas ecológicas, reducir los impactos ambientales negativos de la actividad antropogénica e impulsar nuevos paradigmas como el de la sostenibilidad, el buen vivir y la Economía Circular.
Para avanzar en los trabajos interministeriales, es que se convocaron los equipos de Ambiente y de la Dirección de Energías Renovables de la Secretaria de Energía provincial. Lo que buscan es impulsar la medición de gases de efecto invernadero en todos los sectores institucionales, para poder armar un inventario provincial, y de esta manera mejorar la contribución y los datos de Jujuy en las participaciones nacionales.
De igual modo anunciaron que están trabajando en el desarrollo de planes de adaptación y mitigación para la reducción de los gases de efecto invernadero, en el marco de una política que se presenta como transversal, y en la que participan todos los ministerios de la provincia. Porque, según dijeron, todos los esfuerzos que se hagan, por ejemplo desde turismo, producción energía, son fundamentales para mejorar el aporte de Jujuy en materia de cambio climático.
La reunión, asimismo, fue el disparador para evaluar en qué medida uno de los sectores que mayor impacto provoca en términos de gases de efecto invernadero, en la provincia de Jujuy, es el sector energético. En ese sentido, desde la Secretaría de Energía se vienen desarrollando emprendimientos muy importantes para minimizar ese impacto.
Así ocurre con, por ejemplo, el parque solar en la zona de Cauchari: un proyecto para la instalación de tecnología a base de energía solar, en toda el área del sistema disperso; y los desarrollos en relación con la incorporación de tecnologías domiciliarias solares para la generación distribuida de energía. Son todas iniciativas que se estima que posicionarán a Jujuy como una de las provincias con mayor desarrollo de energías renovables.
La reunión concluyó con el compromiso de avanzar en la determinación de los aportes por sector, en términos de reducción de gases; hacer una previsión en función de los proyectos de trabajo que tiene la Secretaria de Energía, para evaluar cómo se llegaría al 2030 en materia de energías renovables; y asumir que todas las iniciativas que se hagan desde el sector energético, van a llevar el sello tanto de Pueblos Solares, como el de Jujuy Verde. Se trata, como describieron, de la decisión de que Jujuy se constituya como una provincia verde, con una fuerte identidad ambiental a nivel nacional.
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Bienal de arte y ecología en Mendoza
Lanzan en Mendoza una bienal de arte y ecología
Fecha de Publicación: 30/07/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los artistas no son ajenos a las cuestiones ecológicas y las plurales perspectivas que su quehacer propone hace que se sumen o pongan en cuestión los puntos de vista de los especialistas
Mañana a las 19, en la sala Azul de la Nave Universitaria (España y Maza, Parque Central, Ciudad) se realizará una charla bajo el título "Anatomía del ornitorrinco: arte y diseño adaptativo". Se trata de un diálogo entre Gustavo Quiroga, especialista en diseño y gestión cultural, y Fernando Farina, curador y crítico, que se desarrollará en el marco de la presentación de la Bienal Medifé Arte y Medioambiente, de la cual Farina es el coordinador general y abordará distintos aspectos de la relación entre las artes y la cuestión medioambiental. La entrada es libre y gratuita.
En este marco se brindarán detalles del Premio Fundación Medifé Arte y Medioambiente, una convocatoria abierta hasta el próximo 15 de setiembre para artistas y quienes realicen prácticas afines de todo el país para presentar proyectos de arte contemporáneo que aborden esas temáticas en un sentido amplio del término.
Luz verde a la creación
Los artistas no son ajenos a las cuestiones ecológicas y las plurales perspectivas que su quehacer propone hace que se sumen o pongan en cuestión los puntos de vista de los especialistas. De allí el interés que despierta su singular manera de tratar la temática.
Esos planteos nos llevan a pensar en abordar la problemática del medioambiente en un sentido amplio, incluyendo aspectos culturales, sociales, políticos y económicos.
La primera edición de la Bienal Fundación Medifé Arte y Medioambiente tiene como propósito impulsar una plataforma que promueva la reflexión y el intercambio entre los diferentes agentes del ámbito del arte contemporáneo y especialistas en medioambiente.
Durante este año y el próximo se desarrollará un programa dedicado a las artes visuales que incluye una serie de conferencias, encuentros y jornadas en distintos lugares del país, como las ya realizadas en las ciudades de Córdoba y Rosario en las cuales la artista visual Ananké Asseff y el propio Farina ofrecieron charlas al respecto.
Dentro de la Bienal se encuentra el Premio Fundación Medifé Arte y Medioambiente 2016-2017 que convoca a artistas y a quienes realicen prácticas afines –individuos o colectivos– de todo el país para presentar proyectos de arte contemporáneo que aborden problemáticas medioambientales.
Se aceptarán proyectos a realizar o en desarrollo. Podrán presentarse intervenciones en espacios públicos, obras site specific, fotografía, video, instalaciones, pintura, escultura, trabajos que incluyan diseño y/o arquitectura, piezas efímeras sobre las que quede un registro audiovisual, proyectos y/o prácticas comunitarias que se desarrollen a corto y mediano plazo, entre otros.
La selección y premiación estará a cargo de un jurado de reconocidos especialistas internacionales: la española Chus Martínez, el paraguayo Ticio Escobar y el colombiano José Roca.
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Fecha de Publicación: 30/07/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los artistas no son ajenos a las cuestiones ecológicas y las plurales perspectivas que su quehacer propone hace que se sumen o pongan en cuestión los puntos de vista de los especialistas
Mañana a las 19, en la sala Azul de la Nave Universitaria (España y Maza, Parque Central, Ciudad) se realizará una charla bajo el título "Anatomía del ornitorrinco: arte y diseño adaptativo". Se trata de un diálogo entre Gustavo Quiroga, especialista en diseño y gestión cultural, y Fernando Farina, curador y crítico, que se desarrollará en el marco de la presentación de la Bienal Medifé Arte y Medioambiente, de la cual Farina es el coordinador general y abordará distintos aspectos de la relación entre las artes y la cuestión medioambiental. La entrada es libre y gratuita.
En este marco se brindarán detalles del Premio Fundación Medifé Arte y Medioambiente, una convocatoria abierta hasta el próximo 15 de setiembre para artistas y quienes realicen prácticas afines de todo el país para presentar proyectos de arte contemporáneo que aborden esas temáticas en un sentido amplio del término.
Luz verde a la creación
Los artistas no son ajenos a las cuestiones ecológicas y las plurales perspectivas que su quehacer propone hace que se sumen o pongan en cuestión los puntos de vista de los especialistas. De allí el interés que despierta su singular manera de tratar la temática.
Esos planteos nos llevan a pensar en abordar la problemática del medioambiente en un sentido amplio, incluyendo aspectos culturales, sociales, políticos y económicos.
La primera edición de la Bienal Fundación Medifé Arte y Medioambiente tiene como propósito impulsar una plataforma que promueva la reflexión y el intercambio entre los diferentes agentes del ámbito del arte contemporáneo y especialistas en medioambiente.
Durante este año y el próximo se desarrollará un programa dedicado a las artes visuales que incluye una serie de conferencias, encuentros y jornadas en distintos lugares del país, como las ya realizadas en las ciudades de Córdoba y Rosario en las cuales la artista visual Ananké Asseff y el propio Farina ofrecieron charlas al respecto.
Dentro de la Bienal se encuentra el Premio Fundación Medifé Arte y Medioambiente 2016-2017 que convoca a artistas y a quienes realicen prácticas afines –individuos o colectivos– de todo el país para presentar proyectos de arte contemporáneo que aborden problemáticas medioambientales.
Se aceptarán proyectos a realizar o en desarrollo. Podrán presentarse intervenciones en espacios públicos, obras site specific, fotografía, video, instalaciones, pintura, escultura, trabajos que incluyan diseño y/o arquitectura, piezas efímeras sobre las que quede un registro audiovisual, proyectos y/o prácticas comunitarias que se desarrollen a corto y mediano plazo, entre otros.
La selección y premiación estará a cargo de un jurado de reconocidos especialistas internacionales: la española Chus Martínez, el paraguayo Ticio Escobar y el colombiano José Roca.
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Se realizará un inventario nacional de humedales
El Gobierno pondrá en marcha un inventario nacional de humedales
Fecha de Publicación: 29/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, anunció que el Gobierno pondrá en marcha el Inventario Nacional de Humedales con el objetivo de proteger y favorecer el uso racional de estas áreas, que son esenciales para preservar el ambiente, el desarrollo humano y la diversidad biológica.
Bergman comunicó esa decisión tras una reunión que mantuvo con el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno y sostuvo que el relevamiento permitirá conocer con exactitud los límites y las características de estas zonas, que ocupan cerca del 23 por ciento de la superficie del territorio nacional.
Señaló además que la información aportará una amplia y detallada base de datos para la elaboración de la futura Ley de Humedales que anunció Macri en febrero pasado.
Cambio climático
El ministro remarcó también que la idea de utilizar esta herramienta se inscribe en el marco de las políticas que lleva adelante el Gobierno con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.
El inventario, que tomará al menos tres años y cuya primera etapa estará lista hacia fines de 2016, se realizará de manera intersectorial, interjurisdiccional y participativa, mediante la constitución de una Red Federal de Instituciones.
“Se realizará un trabajo interdisciplinario, retomando lo que se está haciendo y convocando a regiones, universidades y organismos técnicos”, afirmó el ministro.
En ese sentido, Bergman remarcó que “el tratamiento del proyecto en el Congreso no tiene que demorar nuestro plano, que es el Ejecutivo”.
Objetivos
El nuevo instrumento permitirá:
- Identificar y describir los humedales teniendo en cuenta las funciones ecológicas que cumplen.
- Identificar los beneficios que brindan los humedales a la sociedad.
- Identificar el estado y los sitios prioritarios para su conservación.
- Establecer una base de referencia para el desarrollo del monitoreo y la evaluación de cambios en las condiciones ecológicas de los humedales.
- Promover la creación de una red de expertos sobre humedales.
- Difundir el conocimiento sobre los humedales, sus funciones y el valor de éstos para la sociedad.
Proceso
El trabajo se llevará adelante en tres etapas. En la primera se identificarán las principales regiones y subregiones; en la segunda, los sistemas y subsistemas de humedales; y en la tercera se delimitarán las unidades prioritarias.
El primer nivel se encuentra avanzado debido a un trabajo realizado por el Ministerio de Ambiente y la Fundación Humedales, con la participación de especialistas de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, en el que ya se definieron y delimitaron las regiones y subregiones de los humedales con sus correspondientes caracterizaciones ambientales.
Este trabajo será incorporado al Inventario Nacional de Humedales, de manera que esta primera etapa podría estar lista antes de fin de año.
Además, este año se llevarán adelante tres proyectos pilotos en zonas de humedales prioritarios para validar las herramientas necesarias para llevar adelante las etapas segunda y tercera.
Características
Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o, por lo menos, con el suelo saturado con agua, y constituyen uno de los entornos más productivos del mundo, que funcionan como fuente de agua y sustento, no solo para innumerables especies de animales y vegetales, sino también para las personas.
Desempeñan funciones biológicas fundamentales para la preservación del ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático. Por un lado, sirven de importantes almacenes de carbono, por lo que su conservación se traduce en una menor cantidad de gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera.
Por otro lado, algunas especies vegetales que se encuentran en estos ecosistemas tienen la capacidad de absorber y almacenar metales pesados, como el hierro y el cobre, que contaminan los cursos de aguas.
También son vitales para controlar las inundaciones. Actúan como esponjas que absorben el agua de las lluvias y de las crecientes de los ríos, y así hacen más lento el filtrado del líquido a través del suelo y de la vegetación, reduciendo la velocidad y la cantidad de agua que fluye hacia las tierras más bajas.
Los humedales son también esenciales para la preservación de las reservas de agua dulce. Se estima que el agua subterránea representa el 95 por ciento del agua dulce disponible en el planeta. Los humedales, cuando se encuentran situados sobre sedimentos y rocas permeables, permiten que el agua que retienen se filtre a través del suelo y recargue los acuíferos.
La belleza natural y la diversidad de la vida animal y vegetal de muchos humedales los convierte en atractivos turísticos muy apreciados, que generan ingresos a partir de las actividades recreativas que ofrecen.
Estas zonas abundan en el noreste, por estar ligados a los ríos de la Cuenca del Plata, pero también pueden encontrarse en zonas áridas y semiáridas, como la Puna o la Estepa Patagónica.
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Fecha de Publicación: 29/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, anunció que el Gobierno pondrá en marcha el Inventario Nacional de Humedales con el objetivo de proteger y favorecer el uso racional de estas áreas, que son esenciales para preservar el ambiente, el desarrollo humano y la diversidad biológica.
Bergman comunicó esa decisión tras una reunión que mantuvo con el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno y sostuvo que el relevamiento permitirá conocer con exactitud los límites y las características de estas zonas, que ocupan cerca del 23 por ciento de la superficie del territorio nacional.
Señaló además que la información aportará una amplia y detallada base de datos para la elaboración de la futura Ley de Humedales que anunció Macri en febrero pasado.
Cambio climático
El ministro remarcó también que la idea de utilizar esta herramienta se inscribe en el marco de las políticas que lleva adelante el Gobierno con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.
El inventario, que tomará al menos tres años y cuya primera etapa estará lista hacia fines de 2016, se realizará de manera intersectorial, interjurisdiccional y participativa, mediante la constitución de una Red Federal de Instituciones.
“Se realizará un trabajo interdisciplinario, retomando lo que se está haciendo y convocando a regiones, universidades y organismos técnicos”, afirmó el ministro.
En ese sentido, Bergman remarcó que “el tratamiento del proyecto en el Congreso no tiene que demorar nuestro plano, que es el Ejecutivo”.
Objetivos
El nuevo instrumento permitirá:
- Identificar y describir los humedales teniendo en cuenta las funciones ecológicas que cumplen.
- Identificar los beneficios que brindan los humedales a la sociedad.
- Identificar el estado y los sitios prioritarios para su conservación.
- Establecer una base de referencia para el desarrollo del monitoreo y la evaluación de cambios en las condiciones ecológicas de los humedales.
- Promover la creación de una red de expertos sobre humedales.
- Difundir el conocimiento sobre los humedales, sus funciones y el valor de éstos para la sociedad.
Proceso
El trabajo se llevará adelante en tres etapas. En la primera se identificarán las principales regiones y subregiones; en la segunda, los sistemas y subsistemas de humedales; y en la tercera se delimitarán las unidades prioritarias.
El primer nivel se encuentra avanzado debido a un trabajo realizado por el Ministerio de Ambiente y la Fundación Humedales, con la participación de especialistas de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, en el que ya se definieron y delimitaron las regiones y subregiones de los humedales con sus correspondientes caracterizaciones ambientales.
Este trabajo será incorporado al Inventario Nacional de Humedales, de manera que esta primera etapa podría estar lista antes de fin de año.
Además, este año se llevarán adelante tres proyectos pilotos en zonas de humedales prioritarios para validar las herramientas necesarias para llevar adelante las etapas segunda y tercera.
Características
Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o, por lo menos, con el suelo saturado con agua, y constituyen uno de los entornos más productivos del mundo, que funcionan como fuente de agua y sustento, no solo para innumerables especies de animales y vegetales, sino también para las personas.
Desempeñan funciones biológicas fundamentales para la preservación del ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático. Por un lado, sirven de importantes almacenes de carbono, por lo que su conservación se traduce en una menor cantidad de gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera.
Por otro lado, algunas especies vegetales que se encuentran en estos ecosistemas tienen la capacidad de absorber y almacenar metales pesados, como el hierro y el cobre, que contaminan los cursos de aguas.
También son vitales para controlar las inundaciones. Actúan como esponjas que absorben el agua de las lluvias y de las crecientes de los ríos, y así hacen más lento el filtrado del líquido a través del suelo y de la vegetación, reduciendo la velocidad y la cantidad de agua que fluye hacia las tierras más bajas.
Los humedales son también esenciales para la preservación de las reservas de agua dulce. Se estima que el agua subterránea representa el 95 por ciento del agua dulce disponible en el planeta. Los humedales, cuando se encuentran situados sobre sedimentos y rocas permeables, permiten que el agua que retienen se filtre a través del suelo y recargue los acuíferos.
La belleza natural y la diversidad de la vida animal y vegetal de muchos humedales los convierte en atractivos turísticos muy apreciados, que generan ingresos a partir de las actividades recreativas que ofrecen.
Estas zonas abundan en el noreste, por estar ligados a los ríos de la Cuenca del Plata, pero también pueden encontrarse en zonas áridas y semiáridas, como la Puna o la Estepa Patagónica.
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Finalmente las represas patagónicas arrancan
Represas patagónicas: bajaron costos y arrancan en setiembre
Fecha de Publicación: 29/07/2016
Fuente: iEco
Provincia/Región: Santa Cruz
Con modificaciones al proyecto original que dejó Cristina Kirchner, en dos meses se retomará la obra para la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. El ambicioso complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, forma parte de la apuesta del gobierno de Mauricio Macri para hacer frente en el largo plazo, a los serios problemas energéticos que tiene el país. De los 1.760 MW que iban a generar originalmente, las represas producirán 1.290 MW de potencia, complementando con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, en Santa Cruz.
Las banderas de Argentina y de la República de China ya flamean en el terreno donde se emplazaron las villas para los trabajadores que en un futuro se convertirá en su hogar permanente. El movimiento es mínimo estos meses de veda invernal, las bajas temperaturas impiden cualquier trabajo en el suelo santacruceño. Después de muchas idas y venidas, el gobierno acordó con Electroingeniería las variaciones al proyecto que licitó Julio De Vido. Los trabajos se retoman desde septiembre.
Por decisión del actual ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, las represas quedaron bajo la órbita del Estado Nacional, y la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibirá en concepto de regalías, el 12% por la energía que genere.
La obra se retomará con modificaciones. Cristina Kirchner dejó una obra de 1.740 MW, que se convirtió en un complejo hidroeléctrico de 1.290 MW, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín. Se reduce la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic, de cinco a tres turbinas.
Esta nueva redistribución de la energía se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos. Aseguran que la generación de energía no se reducirá, “lo que se hizo fue distribuir la energía de otra forma, pasan a ser centrales de base (se utilizan más horas por día y de forma constante) cuando antes estaban pensadas para ser mayormente de punta (se inyectaba más energía al sistema en horas de mayor consumo)”, detallaron.
El costo se cubre con financiamiento proveniente de China. El proyecto original impulsado por el kirchnerismo contemplaba US$ 6.000 millones. El Gobierno estima en US$ 4.700 millones y concluir la obra entes de los 5 años. Para avanzar con la nueva propuesta, que cambia la forma de generación de energía y su distribución, hubo que contar con la aprobación del gigante asiático, que junto al préstamo, trae los equipos. En el Gobierno consideran saldada la discusión ambiental que llegó a judicializarse y esperan cumplir con los 900 puestos de empleo en esta primera etapa y en su punto de máxima actividad, son 5.000 los contratos prometidos por el proyecto.
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Fecha de Publicación: 29/07/2016
Fuente: iEco
Provincia/Región: Santa Cruz
Con modificaciones al proyecto original que dejó Cristina Kirchner, en dos meses se retomará la obra para la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. El ambicioso complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, forma parte de la apuesta del gobierno de Mauricio Macri para hacer frente en el largo plazo, a los serios problemas energéticos que tiene el país. De los 1.760 MW que iban a generar originalmente, las represas producirán 1.290 MW de potencia, complementando con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, en Santa Cruz.
Las banderas de Argentina y de la República de China ya flamean en el terreno donde se emplazaron las villas para los trabajadores que en un futuro se convertirá en su hogar permanente. El movimiento es mínimo estos meses de veda invernal, las bajas temperaturas impiden cualquier trabajo en el suelo santacruceño. Después de muchas idas y venidas, el gobierno acordó con Electroingeniería las variaciones al proyecto que licitó Julio De Vido. Los trabajos se retoman desde septiembre.
Por decisión del actual ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, las represas quedaron bajo la órbita del Estado Nacional, y la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibirá en concepto de regalías, el 12% por la energía que genere.
La obra se retomará con modificaciones. Cristina Kirchner dejó una obra de 1.740 MW, que se convirtió en un complejo hidroeléctrico de 1.290 MW, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín. Se reduce la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic, de cinco a tres turbinas.
Esta nueva redistribución de la energía se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos. Aseguran que la generación de energía no se reducirá, “lo que se hizo fue distribuir la energía de otra forma, pasan a ser centrales de base (se utilizan más horas por día y de forma constante) cuando antes estaban pensadas para ser mayormente de punta (se inyectaba más energía al sistema en horas de mayor consumo)”, detallaron.
El costo se cubre con financiamiento proveniente de China. El proyecto original impulsado por el kirchnerismo contemplaba US$ 6.000 millones. El Gobierno estima en US$ 4.700 millones y concluir la obra entes de los 5 años. Para avanzar con la nueva propuesta, que cambia la forma de generación de energía y su distribución, hubo que contar con la aprobación del gigante asiático, que junto al préstamo, trae los equipos. En el Gobierno consideran saldada la discusión ambiental que llegó a judicializarse y esperan cumplir con los 900 puestos de empleo en esta primera etapa y en su punto de máxima actividad, son 5.000 los contratos prometidos por el proyecto.
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Investigadores advierten sobre la tala del Quebracho
Quebracho, alertan sobre la intensa extracción de algunas de sus especies
Fecha de Publicación: 29/07/2016
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Un estudio alerta sobre las inciertas perspectivas de conservación de especies de Quebracho, debido a la descontrolada actividad extractiva en la región del Gran Chaco Americano, en especial en provincias argentinas. Los investigadores señalan que en la región nunca hubo manejo de recursos, por ello es importante revalorarlos, ya que la extinción de especies de Quebracho se pronostica sólo para sesenta años más.
El Gran Chaco Americano es el segundo sostén verde del Continente y presenta una alarmante pérdida de biodiversidad. Hasta hace pocas décadas, era uno de los sistemas mejor conservados del mundo, y en la actualidad se encuentra sujeto a severos procesos de conversión y degradación, con tasas de deforestación, incluso superiores a las registradas en otras áreas de bosques tropicales.
Dentro de las especies afectadas por la falta de manejo de los recursos naturales durante años, se encuentran varias del género Schinopsis, comúnmente conocido como Quebracho que integra la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En ese contexto, una investigadora realizó un estudio de revisión bibliográfica con el objetivo de revalorar el uso y la importancia forestal del emblemático quebracho, ampliamente distribuido en el Gran Chaco Argentino.
El trabajo estuvo a cargo de la doctora Claudia Luna, docente de la cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) e investigadora adjunta del Conicet, y se enmarca en una línea mayor de investigación llamada “Generación de tecnologías alternativas para la promoción y el desarrollo forestal regional”.
Según explica Luna a Argentina Investiga, en el territorio del Gran Chaco Americano los bosques son esenciales para mantener la fertilidad de los suelos y regular la dinámica de los ríos y los humedales que proveen de agua a su población.
Sin embargo, en el último tiempo, la presión de un modelo económico extractivo derivó en la tala indiscriminada de enormes extensiones de bosques, principalmente para dar paso a monocultivos de exportación.
El 60 % del Gran Chaco Americano está en suelo argentino, y corresponde al 70 % del área forestal del país. Abarca 675.000 kilómetros cuadrados e involucra la totalidad de las provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero y, parcialmente, a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.
El género Schinopsis es endémico de América del sur, incluye siete especies, cuatro se encuentran en Argentina, dos de las cuales son de gran importancia económica. La distribución geográfica de las especies de quebracho en el Chaco Argentino, está relacionada fundamentalmente con el régimen pluviométrico de la región.
Entre las especies de quebracho en el Chaco Argentino figuran Schinopsis balansae (Quebracho colorado chaqueño); Schinopsis lorentzii (Quebracho colorado santiagueño); Schinopsis aff. heterophylla (Quebracho colorado mestizo) y Schinopsis haenkeana (Horco quebracho).
Estas especies brindan distintos usos, en especial para leña y carbón, extracción de taninos, y el uso en la construcción como postes, vigas, durmientes, y en muebles torneados. La investigadora remarca que en la región del Gran Chaco la actividad forestal es enteramente extractiva, con poco manejo que fomente la regeneración de especies valiosas. La producción de carbón sigue a la tala y deja el suelo desnudo y expuesto a erosión severa y a degradación; aunque en los últimos años ha disminuido en forma gradual debido al agotamiento de este recurso.
“Lamentablemente, en esta región nunca hubo manejo de recursos, por ello es importante revalorarlos, ya que la extinción de la mayoría de los componentes de la familia Anacardiáceas es alarmante y la supervivencia, sobre todo del género Schinopsis sp., se pronostica sólo para sesenta años más”, alertó de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada.
Recuerda que distintas organizaciones ambientalistas solicitaron un plan de ordenamiento territorial que prevea la restauración de los bosques arrasados, priorizando no sólo la conservación de ecosistemas naturales, sino también el uso sustentable de los ambientes bajo explotación. Para ejemplificar, puede mencionarse, de acuerdo a investigaciones actuales, que el 85 % de la superficie original de un bosque único como es el Quebrachal, del Bosque Tres Quebrachos en el suroeste de la provincia de Chaco, “se ha perdido”.
Las especies
La investigación bibliográfica realizada por la especialista se centró en las especies conocidas como Quebracho colorado chaqueño, Quebracho colorado santiagueño, Quebracho colorado mestizo y Horco quebracho, que son las existentes en Argentina.
La especie Schinopsis balansae Engl. es también conocida como Quebracho Colorado Chaqueño, Quebracho Colorado, Urunde’ypytá, Yvyra jy’y, Quebracho variedad tupí o Quebracho variedad jakaré. Su madera es útil para aplicaciones que requieren de una larga duración, como construcciones (viga, horcones, postes). También se usa para leña y carbón (tiene un alto contenido calórico), y para piezas torneadas. Según las estadísticas, es la especie más exportada del Chaco como postes.
La especie Schinopsis lorentzii (Griseb) Engl. se conoce como Quebracho Colorado Santiagueño, Quebracho Santiagueño u Horco Quebracho y es una madera virtualmente imputrescible que se destina, por lo general, a la industria de la curtiembre. Debido a la dificultad de su trabajo y a la actual dificultad para obtenerla se emplea sólo ocasionalmente en construcción, y tiene alto rendimiento en taninos; rinde hasta un 24 % de extracto por peso de madera, con un 62-70 % de tanino puro. Es apta para uso en obras que deben permanecer en contacto con tierra y agua, durmientes de ferrocarril, bases de columnas y postes, montantes para barreras, alcantarillas, guardaganados, cubiertas de muelles, tranqueras, pilotes y postes cortos, generalmente labrados a hacha.
Schinopsis aff. Heterophylla, también llamado Quebracho Mestizo ya que es un híbrido interespecífico entre el Quebracho Colorado chaqueño y el Santiagueño, es quizás el más emblemático cuando se afirma que la comunidad conservacionista debe aumentar los esfuerzos sobre las comunidades y ecosistemas en peligro, antes que sobre las especies individuales. Se constató empíricamente que ciertas especies chaqueñas están en serio peligro, entre las que ésta se destaca. Es apto para uso en tornería, pisos, durmientes de ferrocarril, puentes, pilotes, guardaganados, umbrales, bases de columnas y postes de líneas aéreas.
Por último, Schinopsis haenkeana. Engl. o Quebracho Colorado, Soto, Orko Quebrado, Quebracho Serrano, es una especie declarada como vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se utiliza para curtir, posee gran poder calorífico, se usa mucho para leña y carbón, construcciones al aire libre, forraje, obtención de taninos y durmientes, conservación de suelos. En medicina casera, las hojas y la corteza fueron citadas como cicatrizantes, antiequimótico, antiasmático, cauterizante y en pediluvios.
Alerta
En base al análisis realizado, Luna concluye que si no se reformula un manejo sustentable de los recursos, “el alerta sobre esta amenaza implícita de su conservación se convertirá en historia”, en relación a la posible desaparición de especies de Quebracho.
La investigadora también realizó trabajos sobre la situación de otras especies de interés, y relacionados al impacto social de la gestión de bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 29/07/2016
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Un estudio alerta sobre las inciertas perspectivas de conservación de especies de Quebracho, debido a la descontrolada actividad extractiva en la región del Gran Chaco Americano, en especial en provincias argentinas. Los investigadores señalan que en la región nunca hubo manejo de recursos, por ello es importante revalorarlos, ya que la extinción de especies de Quebracho se pronostica sólo para sesenta años más.
El Gran Chaco Americano es el segundo sostén verde del Continente y presenta una alarmante pérdida de biodiversidad. Hasta hace pocas décadas, era uno de los sistemas mejor conservados del mundo, y en la actualidad se encuentra sujeto a severos procesos de conversión y degradación, con tasas de deforestación, incluso superiores a las registradas en otras áreas de bosques tropicales.
Dentro de las especies afectadas por la falta de manejo de los recursos naturales durante años, se encuentran varias del género Schinopsis, comúnmente conocido como Quebracho que integra la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En ese contexto, una investigadora realizó un estudio de revisión bibliográfica con el objetivo de revalorar el uso y la importancia forestal del emblemático quebracho, ampliamente distribuido en el Gran Chaco Argentino.
El trabajo estuvo a cargo de la doctora Claudia Luna, docente de la cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) e investigadora adjunta del Conicet, y se enmarca en una línea mayor de investigación llamada “Generación de tecnologías alternativas para la promoción y el desarrollo forestal regional”.
Según explica Luna a Argentina Investiga, en el territorio del Gran Chaco Americano los bosques son esenciales para mantener la fertilidad de los suelos y regular la dinámica de los ríos y los humedales que proveen de agua a su población.
Sin embargo, en el último tiempo, la presión de un modelo económico extractivo derivó en la tala indiscriminada de enormes extensiones de bosques, principalmente para dar paso a monocultivos de exportación.
El 60 % del Gran Chaco Americano está en suelo argentino, y corresponde al 70 % del área forestal del país. Abarca 675.000 kilómetros cuadrados e involucra la totalidad de las provincias del Chaco, Formosa, Santiago del Estero y, parcialmente, a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.
El género Schinopsis es endémico de América del sur, incluye siete especies, cuatro se encuentran en Argentina, dos de las cuales son de gran importancia económica. La distribución geográfica de las especies de quebracho en el Chaco Argentino, está relacionada fundamentalmente con el régimen pluviométrico de la región.
Entre las especies de quebracho en el Chaco Argentino figuran Schinopsis balansae (Quebracho colorado chaqueño); Schinopsis lorentzii (Quebracho colorado santiagueño); Schinopsis aff. heterophylla (Quebracho colorado mestizo) y Schinopsis haenkeana (Horco quebracho).
Estas especies brindan distintos usos, en especial para leña y carbón, extracción de taninos, y el uso en la construcción como postes, vigas, durmientes, y en muebles torneados. La investigadora remarca que en la región del Gran Chaco la actividad forestal es enteramente extractiva, con poco manejo que fomente la regeneración de especies valiosas. La producción de carbón sigue a la tala y deja el suelo desnudo y expuesto a erosión severa y a degradación; aunque en los últimos años ha disminuido en forma gradual debido al agotamiento de este recurso.
“Lamentablemente, en esta región nunca hubo manejo de recursos, por ello es importante revalorarlos, ya que la extinción de la mayoría de los componentes de la familia Anacardiáceas es alarmante y la supervivencia, sobre todo del género Schinopsis sp., se pronostica sólo para sesenta años más”, alertó de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada.
Recuerda que distintas organizaciones ambientalistas solicitaron un plan de ordenamiento territorial que prevea la restauración de los bosques arrasados, priorizando no sólo la conservación de ecosistemas naturales, sino también el uso sustentable de los ambientes bajo explotación. Para ejemplificar, puede mencionarse, de acuerdo a investigaciones actuales, que el 85 % de la superficie original de un bosque único como es el Quebrachal, del Bosque Tres Quebrachos en el suroeste de la provincia de Chaco, “se ha perdido”.
Las especies
La investigación bibliográfica realizada por la especialista se centró en las especies conocidas como Quebracho colorado chaqueño, Quebracho colorado santiagueño, Quebracho colorado mestizo y Horco quebracho, que son las existentes en Argentina.
La especie Schinopsis balansae Engl. es también conocida como Quebracho Colorado Chaqueño, Quebracho Colorado, Urunde’ypytá, Yvyra jy’y, Quebracho variedad tupí o Quebracho variedad jakaré. Su madera es útil para aplicaciones que requieren de una larga duración, como construcciones (viga, horcones, postes). También se usa para leña y carbón (tiene un alto contenido calórico), y para piezas torneadas. Según las estadísticas, es la especie más exportada del Chaco como postes.
La especie Schinopsis lorentzii (Griseb) Engl. se conoce como Quebracho Colorado Santiagueño, Quebracho Santiagueño u Horco Quebracho y es una madera virtualmente imputrescible que se destina, por lo general, a la industria de la curtiembre. Debido a la dificultad de su trabajo y a la actual dificultad para obtenerla se emplea sólo ocasionalmente en construcción, y tiene alto rendimiento en taninos; rinde hasta un 24 % de extracto por peso de madera, con un 62-70 % de tanino puro. Es apta para uso en obras que deben permanecer en contacto con tierra y agua, durmientes de ferrocarril, bases de columnas y postes, montantes para barreras, alcantarillas, guardaganados, cubiertas de muelles, tranqueras, pilotes y postes cortos, generalmente labrados a hacha.
Schinopsis aff. Heterophylla, también llamado Quebracho Mestizo ya que es un híbrido interespecífico entre el Quebracho Colorado chaqueño y el Santiagueño, es quizás el más emblemático cuando se afirma que la comunidad conservacionista debe aumentar los esfuerzos sobre las comunidades y ecosistemas en peligro, antes que sobre las especies individuales. Se constató empíricamente que ciertas especies chaqueñas están en serio peligro, entre las que ésta se destaca. Es apto para uso en tornería, pisos, durmientes de ferrocarril, puentes, pilotes, guardaganados, umbrales, bases de columnas y postes de líneas aéreas.
Por último, Schinopsis haenkeana. Engl. o Quebracho Colorado, Soto, Orko Quebrado, Quebracho Serrano, es una especie declarada como vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se utiliza para curtir, posee gran poder calorífico, se usa mucho para leña y carbón, construcciones al aire libre, forraje, obtención de taninos y durmientes, conservación de suelos. En medicina casera, las hojas y la corteza fueron citadas como cicatrizantes, antiequimótico, antiasmático, cauterizante y en pediluvios.
Alerta
En base al análisis realizado, Luna concluye que si no se reformula un manejo sustentable de los recursos, “el alerta sobre esta amenaza implícita de su conservación se convertirá en historia”, en relación a la posible desaparición de especies de Quebracho.
La investigadora también realizó trabajos sobre la situación de otras especies de interés, y relacionados al impacto social de la gestión de bosques nativos.
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Juicio por homicidio con agroquímicos: hay fecha
Se viene el primer juicio en Argentina por homicidio con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 28/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Corrientes - Nacional
Será en noviembre en Corrientes. Es por la muerte del niño Nicolás Arévalo (4), quien se descompuso al pisar barro donde había restos de un plaguicida en una plantación de tomates.
Un productor de tomates será sometido a partir de noviembre al primer juicio en Argentina por presunto homicidio con agrotóxicos, un caso cuya víctima es un niño de 4 años que murió casi al instante al entrar en contacto con el plaguicida.
El juicio oral se realizará en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes (noreste), a partir del 21 de noviembre, confirmaron desde la querella.
El imputado, un productor de tomates de la pequeña localidad de Lavalle (a 10 kilómetros de Goya), afronta cargos por el presunto "homicidio culposo" de Santiago Nicolás Arévalo, que tenía 4 años cuando murió, y por presuntas "lesiones culposas" en perjuicio de Celeste Estévez, prima del pequeño.
Ambos niños, que vivían en un área lindera a la plantación de tomates, jugaban en abril de 2011 en los alrededores de la finca, a pocos metros del río Paraná, cuando tomaron contacto con el insecticida endosulfan, que les provocó una severa intoxicación.
Santiago murió en el hospital pediátrico "Juan Pablo II", de la ciudad de Corrientes, adonde llegó en gravísimo estado derivado desde el hospital zonal de Goya por fuertes dolores en todo el cuerpo y vómitos.
La autopsia determinó que la causa de la muerte fue por intoxicación con el insecticida endosulfan, un producto utilizado en el cultivo de hortalizas.
"Es un producto clorado, totalmente nocivo, que provoca la muerte al instante en caso de que uno lo ingiera o lo huela o a través del contacto con la piel", explicó Julián Segovia, abogado querellante y miembro de la Fundación Infancia Robada.
El abogado explicó que el niño tomó contacto con la sustancia venenosa al pisar el barro de una zanja donde había desechos del producto.
Su prima, quien estuvo tres meses internada en el hospital Garraham de Buenos Aires, se habría intoxicado, en cambio, al inhalar el producto.
"Todo indica que en el caso de Santiago la muerte fue fulminante porque pisó el barro, mientras que su prima no", señaló Segovia.
Ituzaingó Anexo. El antecedente más próximo a este caso es el juicio por agrotóxicos realizado en 2012 en Córdoba, pero en ese caso no hubo víctimas fatales sino contaminación crónica.
En aquel juicio fueron condenados a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional un productor rural y un piloto fumigador.
Ambos fueron hallados culpables de contaminación del barrio de Ituzaingó Anexo, vecino a zonas de cultivo de soja, con agroquímicos esparcidos mediante fumigaciones aéreas no autorizadas.
"Hay muchísimas situaciones muy similares a éstas, que no se conocen y no se denuncian, con víctimas que quizás no llegan a la muerte pero contraen enfermedades", aseguró Segovia.
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Fecha de Publicación: 28/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Corrientes - Nacional
Será en noviembre en Corrientes. Es por la muerte del niño Nicolás Arévalo (4), quien se descompuso al pisar barro donde había restos de un plaguicida en una plantación de tomates.
Un productor de tomates será sometido a partir de noviembre al primer juicio en Argentina por presunto homicidio con agrotóxicos, un caso cuya víctima es un niño de 4 años que murió casi al instante al entrar en contacto con el plaguicida.
El juicio oral se realizará en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes (noreste), a partir del 21 de noviembre, confirmaron desde la querella.
El imputado, un productor de tomates de la pequeña localidad de Lavalle (a 10 kilómetros de Goya), afronta cargos por el presunto "homicidio culposo" de Santiago Nicolás Arévalo, que tenía 4 años cuando murió, y por presuntas "lesiones culposas" en perjuicio de Celeste Estévez, prima del pequeño.
Ambos niños, que vivían en un área lindera a la plantación de tomates, jugaban en abril de 2011 en los alrededores de la finca, a pocos metros del río Paraná, cuando tomaron contacto con el insecticida endosulfan, que les provocó una severa intoxicación.
Santiago murió en el hospital pediátrico "Juan Pablo II", de la ciudad de Corrientes, adonde llegó en gravísimo estado derivado desde el hospital zonal de Goya por fuertes dolores en todo el cuerpo y vómitos.
La autopsia determinó que la causa de la muerte fue por intoxicación con el insecticida endosulfan, un producto utilizado en el cultivo de hortalizas.
"Es un producto clorado, totalmente nocivo, que provoca la muerte al instante en caso de que uno lo ingiera o lo huela o a través del contacto con la piel", explicó Julián Segovia, abogado querellante y miembro de la Fundación Infancia Robada.
El abogado explicó que el niño tomó contacto con la sustancia venenosa al pisar el barro de una zanja donde había desechos del producto.
Su prima, quien estuvo tres meses internada en el hospital Garraham de Buenos Aires, se habría intoxicado, en cambio, al inhalar el producto.
"Todo indica que en el caso de Santiago la muerte fue fulminante porque pisó el barro, mientras que su prima no", señaló Segovia.
Ituzaingó Anexo. El antecedente más próximo a este caso es el juicio por agrotóxicos realizado en 2012 en Córdoba, pero en ese caso no hubo víctimas fatales sino contaminación crónica.
En aquel juicio fueron condenados a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional un productor rural y un piloto fumigador.
Ambos fueron hallados culpables de contaminación del barrio de Ituzaingó Anexo, vecino a zonas de cultivo de soja, con agroquímicos esparcidos mediante fumigaciones aéreas no autorizadas.
"Hay muchísimas situaciones muy similares a éstas, que no se conocen y no se denuncian, con víctimas que quizás no llegan a la muerte pero contraen enfermedades", aseguró Segovia.
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Macri quiere en marcha 40 proyectos mineros frenados
Intentan destrabar más de 40 proyectos mineros en el país
Fecha de Publicación: 28/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dicen los geólogos que la naturaleza repartió minerales valiosos a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes. Chile convirtió esa bondad en el principal sustento de su economía, pero la Argentina comenzó a transitar ese camino muchos años después y a los tumbos debido a las marchas y contramarchas políticas. Al tanto de esa situación, y en línea con su política de "normalizar" la economía, el gobierno de Mauricio Macri se propuso destrabar en su gestión más de 40 proyectos mineros de mediana y gran escala con la intención de que se pongan en marcha antes del final de su mandato.
La tarea es titánica, pero el premio también es grande: según los números que maneja la Secretaría de Minería, a cargo de Daniel Meilán, los proyectos mineros con un grado de avance importante, pero demorados o frenados en el último tiempo, podrían destrabar inversiones por US$ 20.000 millones para producir oro, plata, cobre, potasio y litio.
Meilán compartió la lista con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y ambos se lo comentaron a Macri. El secretario les mostró un papel que suele llevar encima. Indica que el proyecto Pachón, que hoy maneja Glencore -una compañía transnacional con origen en Suiza- fue descubierto en 1962 y aún está lejos de producir cobre, aunque tiene recursos probados. Según la mirada oficial, las demoras en el desarrollo de la minería tienen que ver con las cambiantes políticas económicas, que le infundieron temor a un sector que sufre especial aversión por el riesgo.
A fines del año pasado, Macri dio la orden de avanzar en gestiones para allanar el camino. Desde ese momento el titular de Minería intentó convertirse en un articulador que habla con funcionarios de otros países, ejecutivos de compañías multinacionales y gobernadores con vistas a facilitar la llegada de inversiones.
En lo que va del año, Meilán viajó a diversos países para encontrarse con ejecutivos de compañías con operaciones en el país. Estuvo en Canadá, epicentro de la minería internacional, y desde diciembre pasado fue cuatro veces a Chile, con cuya frontera la Argentina comparte Pascua-Lama, una mina de oro y plata en la que Barrick invirtió más de US$ 3000 millones y luego frenó debido a sus problemas financieros y conflictos ambientales del otro lado de la Cordillera, que la enfrentaron con las autoridades.
Potasio Río Colorado también está en la lista de Meilán. El proyecto original implicaba un desembolso de U$S 6400 millones, del que ya se hizo una parte sustancial. Hoy está paralizado.
Antes de dar la orden prominera, Macri hizo un trabajo de alto costo político: eliminó las retenciones a las exportaciones del sector, que se sumó al levantamiento del cepo cambiario y la luz verde para enviar utilidades al exterior.
La oposición y sectores ambientalistas cuestionaron que la primera de esas decisiones favoreció a "grupos concentrados" de la economía. Para defender la decisión, una planilla que circula en el Gobierno muestra que el costo fiscal de la eliminación de retenciones fue de US$ 128 millones, pero permitió un incremento de exportaciones por US$ 1325 millones debido a la extensión de la vida útil de los proyectos en marcha.
Después de varios años de precios bajos, el mercado internacional comenzó a darle mejores señales. Tras el Brexit, los inversores más conservadores corrieron a refugiarse en el oro, que elevó su precio a los US$ 1350 la onza. Se trata de un recurso bien esparcido en el subsuelo sanjuanino.
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Fecha de Publicación: 28/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dicen los geólogos que la naturaleza repartió minerales valiosos a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes. Chile convirtió esa bondad en el principal sustento de su economía, pero la Argentina comenzó a transitar ese camino muchos años después y a los tumbos debido a las marchas y contramarchas políticas. Al tanto de esa situación, y en línea con su política de "normalizar" la economía, el gobierno de Mauricio Macri se propuso destrabar en su gestión más de 40 proyectos mineros de mediana y gran escala con la intención de que se pongan en marcha antes del final de su mandato.
La tarea es titánica, pero el premio también es grande: según los números que maneja la Secretaría de Minería, a cargo de Daniel Meilán, los proyectos mineros con un grado de avance importante, pero demorados o frenados en el último tiempo, podrían destrabar inversiones por US$ 20.000 millones para producir oro, plata, cobre, potasio y litio.
Meilán compartió la lista con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y ambos se lo comentaron a Macri. El secretario les mostró un papel que suele llevar encima. Indica que el proyecto Pachón, que hoy maneja Glencore -una compañía transnacional con origen en Suiza- fue descubierto en 1962 y aún está lejos de producir cobre, aunque tiene recursos probados. Según la mirada oficial, las demoras en el desarrollo de la minería tienen que ver con las cambiantes políticas económicas, que le infundieron temor a un sector que sufre especial aversión por el riesgo.
A fines del año pasado, Macri dio la orden de avanzar en gestiones para allanar el camino. Desde ese momento el titular de Minería intentó convertirse en un articulador que habla con funcionarios de otros países, ejecutivos de compañías multinacionales y gobernadores con vistas a facilitar la llegada de inversiones.
En lo que va del año, Meilán viajó a diversos países para encontrarse con ejecutivos de compañías con operaciones en el país. Estuvo en Canadá, epicentro de la minería internacional, y desde diciembre pasado fue cuatro veces a Chile, con cuya frontera la Argentina comparte Pascua-Lama, una mina de oro y plata en la que Barrick invirtió más de US$ 3000 millones y luego frenó debido a sus problemas financieros y conflictos ambientales del otro lado de la Cordillera, que la enfrentaron con las autoridades.
Potasio Río Colorado también está en la lista de Meilán. El proyecto original implicaba un desembolso de U$S 6400 millones, del que ya se hizo una parte sustancial. Hoy está paralizado.
Antes de dar la orden prominera, Macri hizo un trabajo de alto costo político: eliminó las retenciones a las exportaciones del sector, que se sumó al levantamiento del cepo cambiario y la luz verde para enviar utilidades al exterior.
La oposición y sectores ambientalistas cuestionaron que la primera de esas decisiones favoreció a "grupos concentrados" de la economía. Para defender la decisión, una planilla que circula en el Gobierno muestra que el costo fiscal de la eliminación de retenciones fue de US$ 128 millones, pero permitió un incremento de exportaciones por US$ 1325 millones debido a la extensión de la vida útil de los proyectos en marcha.
Después de varios años de precios bajos, el mercado internacional comenzó a darle mejores señales. Tras el Brexit, los inversores más conservadores corrieron a refugiarse en el oro, que elevó su precio a los US$ 1350 la onza. Se trata de un recurso bien esparcido en el subsuelo sanjuanino.
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Argentina establece cupo fiscal para renovables
Argentina establece cupo fiscal para renovables para este año
Fecha de Publicación: 28/07/2016
Fuente: PV Magazine
Provincia/Región: Nacional
Este cupo para beneficios promocionales para las energías renovables se sitúa en US$1.700 millones. También se estableció que los contratos para proyectos de energías renovables tendrán un plazo máximo de 30 años.
El gobierno argentino estableció un cupo fiscal de 1.700 millones de dólares estadounidenses para que sea asignado en forma de beneficios promocionales para las energías renovables. El decreto 822/2016 publicado el viernes también establece que de haber un remanente este año, este se agregará al cupo fiscal del año próximo.
El cupo será asignado según lo establecido en la legislación argentina de energías renovables, en concreto el artículo 9 de la Ley 26.190 y de la Ley 27.191 y del artículo 14 de esta última ley.
Igualmente, en el decreto 822/2016 se detallan diversas cuestiones en relación a los contratos para proyectos de energías renovables, entre ellas cuestiones sobre posibles controversias e incumplimientos.
Se establece, entre otros, que el plazo máximo de los contratos para proyectos de energías renovables será de 30 años.
Recientemente se lanzó en Argentina una licitación para un gigavatio de proyectos de energías renovables, de los cuales 300 megavatios corresponde a iniciativas de la fuente fotovoltaica. La publicación de las bases definitivas de este certamen se prevé se produzca próximamente.
La potencia fotovoltaica se sitúa en algo más de 10 megavatios en la actualidad en Argentina. El país se ha propuesto alcanzar una meta de ocho por ciento de energías renovables en 2017 y del 20 por ciento en el año 2025.
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Fecha de Publicación: 28/07/2016
Fuente: PV Magazine
Provincia/Región: Nacional
Este cupo para beneficios promocionales para las energías renovables se sitúa en US$1.700 millones. También se estableció que los contratos para proyectos de energías renovables tendrán un plazo máximo de 30 años.
El gobierno argentino estableció un cupo fiscal de 1.700 millones de dólares estadounidenses para que sea asignado en forma de beneficios promocionales para las energías renovables. El decreto 822/2016 publicado el viernes también establece que de haber un remanente este año, este se agregará al cupo fiscal del año próximo.
El cupo será asignado según lo establecido en la legislación argentina de energías renovables, en concreto el artículo 9 de la Ley 26.190 y de la Ley 27.191 y del artículo 14 de esta última ley.
Igualmente, en el decreto 822/2016 se detallan diversas cuestiones en relación a los contratos para proyectos de energías renovables, entre ellas cuestiones sobre posibles controversias e incumplimientos.
Se establece, entre otros, que el plazo máximo de los contratos para proyectos de energías renovables será de 30 años.
Recientemente se lanzó en Argentina una licitación para un gigavatio de proyectos de energías renovables, de los cuales 300 megavatios corresponde a iniciativas de la fuente fotovoltaica. La publicación de las bases definitivas de este certamen se prevé se produzca próximamente.
La potencia fotovoltaica se sitúa en algo más de 10 megavatios en la actualidad en Argentina. El país se ha propuesto alcanzar una meta de ocho por ciento de energías renovables en 2017 y del 20 por ciento en el año 2025.
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