Barrick Gold: Los derrames que no contarás
08:00 | 
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Los derrames que no contarás
Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un informe del Ministerio de Ambiente confirmó que la minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no los informó a la población. Tampoco lo hizo el poder político. En Jujuy, Romero abre la puerta a una minera de litio.
La minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no fueron informados a la población. Así lo confirmó un documento oficial (del Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio luz a la minería de litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de 33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal (San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió que resistirán la avanzada de nuevos proyectos.
El 12 de septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río.
En diciembre, un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
La semana pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de Nación que consta en el expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.
Se repitió el mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población. La empresa los calificó como de una gravedad “baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre, la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.
Del 24 al 27 de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana). Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del extractivismo (quite de retenciones al agronegocio y a las mineras, despidos de Secretaría de Agricultura Familiar, subsidios a las petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales: señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
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Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un informe del Ministerio de Ambiente confirmó que la minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no los informó a la población. Tampoco lo hizo el poder político. En Jujuy, Romero abre la puerta a una minera de litio.
La minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no fueron informados a la población. Así lo confirmó un documento oficial (del Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio luz a la minería de litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de 33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal (San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió que resistirán la avanzada de nuevos proyectos.
El 12 de septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río.
En diciembre, un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
La semana pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de Nación que consta en el expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.
Se repitió el mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población. La empresa los calificó como de una gravedad “baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre, la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.
Del 24 al 27 de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana). Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del extractivismo (quite de retenciones al agronegocio y a las mineras, despidos de Secretaría de Agricultura Familiar, subsidios a las petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales: señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
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De repende llega el estudio de la nuclear en Córdoba
Llegó el estudio ambiental sobre la nueva Nuclear
Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia se lo exigía a la Nación para cumplir con la ley vigente. Las obras de reconversión de la usina están en marcha desde 2011. Habrá audiencia pública y dictamen provincial.
Finalmente, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina presentó ante la Provincia el estudio de impacto ambiental para que se le otorgue la autorización a la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse, que en realidad está en marcha desde 2011 y ya en avanzado estado de ejecución.
La presentación era reclamada por la Provincia desde el año pasado, para cumplir con los requisitos que impone la ley de ambiente de Córdoba.
Ahora, una comisión técnica a designar por la Secretaría de Ambiente de Córdoba deberá evaluar el informe y someterlo a audiencia pública, para luego decidir si otorga o no la “licencia ambiental” al proyecto.
El proceso de reconversión en marcha implica una nueva usina atómica en el mismo sitio donde la existente generó energía entre 1984 y 2015.
En la noche del jueves, directivos de Nucleoeléctrica (que opera las centrales nucleares argentinas) presentaron el informe ante funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El trabajo fue elaborado por la consultora privada Cedyat (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica) y consta de 36 tomos, con 20 mil fojas.
Javier Britch, secretario de Ambiente provincial, confirmó ayer haber recibido el voluminoso informe. “Formalmente, está bien. Ahora sigue la etapa de evaluación, para la que designaremos una comisión técnica, como establece la ley, pero convocando a especialistas externos, ya que la Provincia no los tiene en este tema”, señaló.
Luego, confirmó que se convocará a audiencia pública. “El mecanismo que prevé la ley es que puedan participar todos los interesados, con oradores que se inscriban previamente para expresarse por 15 minutos y aportar documentación”, precisó. Britch recordó que las audiencias “no son vinculantes”, aunque acotó que pueden generar “aportes importantes”.
Tras ese paso, la comisión técnica emitirá un dictamen y la Secretaría de Ambiente resolverá si otorga o no la licencia ambiental al proyecto.
Avance consumado
La definición se dará con gran parte del desarrollo del proyecto ya ejecutado. De hecho, actualmente, más de dos mil trabajadores de varias empresas trabajan en las obras para la reconversión de la usina, que tenía un plantel estable de unos 500 empleados.
Britch admitió este hecho, pero marcó que “hay un compromiso de Nucleoeléctrica de no tocar los sectores críticos, como el reactor, hasta que la Provincia le otorgue la licencia ambiental”.
Con la vida útil de su reactor ya vencida, la planta salió de servicio en diciembre pasado. Se estima que entre dos y tres años demandarán las obras para que pueda volver a generar energía.
Hace una semana, este diario reveló que el estudio de impacto ambiental estaba pendiente de entrega y que la Provincia venía intimando a la Nación por ese paso desde enero de 2015.
Entidades ambientalistas cordobeses reclamaban por el incumplimiento de esa exigencia legal y la escasa discusión en Córdoba sobre los alcances del proyecto.
Britch marcó que “hasta diciembre era evidente que había un problema de comunicación entre Nación y Provincia también por este tema”, y valoró que “quedó superado” con el cambio de gobierno.
Rubén Semmoloni, nuevo presidente de Nucleoeléctrica, fue hasta hace meses gerente del proyecto de extensión de vida útil de la Central Embalse.
Una inversión estatal millonaria
Sigue. La obra de extensión de vida útil costará unos 1.600 millones de dólares. El nuevo Gobierno nacional la ratificó. Buena parte del proceso ya se ha realizado y hay contratos firmados para lo que resta. Los equipos críticos a cambiar, entre muchos otros, son los tubos del reactor y los generadores de vapor. Se construyen más repositorios de seguridad en el predio, para el material radioactivo a retirar.
30. La finalidad es que genere energía por 30 años más. Embalse aportaba, hasta diciembre pasado, casi el tres por ciento de la energía que utiliza hoy el país.
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Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia se lo exigía a la Nación para cumplir con la ley vigente. Las obras de reconversión de la usina están en marcha desde 2011. Habrá audiencia pública y dictamen provincial.
Finalmente, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina presentó ante la Provincia el estudio de impacto ambiental para que se le otorgue la autorización a la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse, que en realidad está en marcha desde 2011 y ya en avanzado estado de ejecución.
La presentación era reclamada por la Provincia desde el año pasado, para cumplir con los requisitos que impone la ley de ambiente de Córdoba.
Ahora, una comisión técnica a designar por la Secretaría de Ambiente de Córdoba deberá evaluar el informe y someterlo a audiencia pública, para luego decidir si otorga o no la “licencia ambiental” al proyecto.
El proceso de reconversión en marcha implica una nueva usina atómica en el mismo sitio donde la existente generó energía entre 1984 y 2015.
En la noche del jueves, directivos de Nucleoeléctrica (que opera las centrales nucleares argentinas) presentaron el informe ante funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El trabajo fue elaborado por la consultora privada Cedyat (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica) y consta de 36 tomos, con 20 mil fojas.
Javier Britch, secretario de Ambiente provincial, confirmó ayer haber recibido el voluminoso informe. “Formalmente, está bien. Ahora sigue la etapa de evaluación, para la que designaremos una comisión técnica, como establece la ley, pero convocando a especialistas externos, ya que la Provincia no los tiene en este tema”, señaló.
Luego, confirmó que se convocará a audiencia pública. “El mecanismo que prevé la ley es que puedan participar todos los interesados, con oradores que se inscriban previamente para expresarse por 15 minutos y aportar documentación”, precisó. Britch recordó que las audiencias “no son vinculantes”, aunque acotó que pueden generar “aportes importantes”.
Tras ese paso, la comisión técnica emitirá un dictamen y la Secretaría de Ambiente resolverá si otorga o no la licencia ambiental al proyecto.
Avance consumado
La definición se dará con gran parte del desarrollo del proyecto ya ejecutado. De hecho, actualmente, más de dos mil trabajadores de varias empresas trabajan en las obras para la reconversión de la usina, que tenía un plantel estable de unos 500 empleados.
Britch admitió este hecho, pero marcó que “hay un compromiso de Nucleoeléctrica de no tocar los sectores críticos, como el reactor, hasta que la Provincia le otorgue la licencia ambiental”.
Con la vida útil de su reactor ya vencida, la planta salió de servicio en diciembre pasado. Se estima que entre dos y tres años demandarán las obras para que pueda volver a generar energía.
Hace una semana, este diario reveló que el estudio de impacto ambiental estaba pendiente de entrega y que la Provincia venía intimando a la Nación por ese paso desde enero de 2015.
Entidades ambientalistas cordobeses reclamaban por el incumplimiento de esa exigencia legal y la escasa discusión en Córdoba sobre los alcances del proyecto.
Britch marcó que “hasta diciembre era evidente que había un problema de comunicación entre Nación y Provincia también por este tema”, y valoró que “quedó superado” con el cambio de gobierno.
Rubén Semmoloni, nuevo presidente de Nucleoeléctrica, fue hasta hace meses gerente del proyecto de extensión de vida útil de la Central Embalse.
Una inversión estatal millonaria
Sigue. La obra de extensión de vida útil costará unos 1.600 millones de dólares. El nuevo Gobierno nacional la ratificó. Buena parte del proceso ya se ha realizado y hay contratos firmados para lo que resta. Los equipos críticos a cambiar, entre muchos otros, son los tubos del reactor y los generadores de vapor. Se construyen más repositorios de seguridad en el predio, para el material radioactivo a retirar.
30. La finalidad es que genere energía por 30 años más. Embalse aportaba, hasta diciembre pasado, casi el tres por ciento de la energía que utiliza hoy el país.
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CEAMSE apuntando al CDR para trata la basura
La basura como combustible
Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Buenos Aires
Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), más de 15.000 toneladas de residuos terminan en rellenos sanitarios todos los días solo en la provincia de Buenos Aires y en el área metropolitana. ¿Es posible disminuir esta cantidad y convertir la basura en algo útil? Esta fue una de las preguntas que se hizo Marcelo Santangelo, gerente de Combustibles Alternativos de Recycomb. Así fue como surgió el denominado proyecto RYVERI (Reciclado y Valoración Energética de Residuos Industriales), para el cual establecieron un consorcio público-privado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El objetivo final del proyecto es desarrollar una plataforma que pueda ser replicable para producir combustible derivado de residuos industriales no especiales (RINE), es decir, no peligrosos y que sean aptos para sustituir los combustibles fósiles que hoy se utilizan en hornos de cemento. La iniciativa demandará una inversión de 29,2 millones de pesos.
Por lo general, como combustible para sus hornos, las cementeras usan carbón y otro material denominado pet coke, que es un residuo de las refinerías y es más barato que el primero. “En la Argentina, históricamente, utilizábamos gas natural, lo que es una locura”, dice Santangelo.
Recycomb es una unidad de negocios del grupo brasileño InterCement (propietario desde 2005 de la cementera Loma Negra) que fue creada en 1997 (cuando Loma Negra todavía pertenecía al Grupo Fortabat) con el objetivo de producir combustibles alternativos para los hornos a base de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
El problema principal que movió la creación de esta unidad fue que, durante los meses de invierno, la cementera debía permanecer cerrada para evitar escasez de gas en las ciudades. “La producción no podía seguir parando durante cuatro meses porque la Argentina consume mucho cemento. Entonces, se hicieron las inversiones necesarias para consumir carbón, como en el resto del mundo”, recuerda Santangelo, pero advierte que el carbón que se produce en la Argentina es de “excelente calidad y no sirve para estos usos”, al igual que el pet coke que resulta del proceso de destilación de petróleo crudo en las refinerías del país
“Desde 2005, empezamos a usar pet coke de alto azufre, que es muy barato, proveniente de Venezuela y del golfo de México”, dice Santangelo, y desde la unidad de negocios que lidera desarrollaron combustibles alternativos a base de residuos industriales peligrosos o especiales, entre los cuales se encuentran los fondos de tanques de petroleras, barros con hidrocarburos, pinturas, solventes y adhesivos, entre otros.
En estos casos, es necesario que reciban un tratamiento especial y una certificación para poder ser desechados. Por eso, Recycomb presta un servicio a las industrias que responde a esa necesidad: “Retiramos sus residuos, que requieren ser tratados adecuadamente, y, con ellos, formulamos un combustible líquido y uno sólido que sirven para reemplazar parcialmente los combustibles fósiles que utiliza la industria del cemento en sus hornos”, explica Santangelo y detalla que ese producto es una marca registrada conocida como Recyfuel.
Otra clase de residuos, conocidos como RINE, similares a los que producen los hogares y, muchas veces —cuando no pueden ser reciclados— terminan en rellenos sanitarios pese a que podrían ser aprovechados. En este grupo, por ejemplo, se encuentra el cartón, laminados, maderas, productos textiles y plásticos, entre otros, que son los que podrían convertirse en un combustible alternativo.
Esa es la intención del proyecto RYVERI, sobre todo si se tiene en cuenta que los rellenos sanitarios están saturados en la Argentina y el pet coke que utilizan las cementeras es importado. “No solo podríamos reemplazar una mayor cantidad de los combustibles fósiles, que ya de por sí es un beneficio gigantesco, sino que, además, en el contexto internacional y financiero de la Argentina, representaría una menor salida de divisas al evitar que debamos seguir importando y pagando en dólares el combustible”, destaca Santangelo y subraya que la intención es lograr una capacidad de producción mensual de 3000 toneladas de CDR (combustible derivado de residuos, en particular de aquellos no son peligrosos), que alcanzarían las 36.000 toneladas al año y le permitirían a la cementera obtener ahorros netos del orden de los 5000 millones de dólares anuales.
Trabajo en equipo
Muchos materiales no son aptos para ser reciclados o, para serlo, necesitarían un procesamiento demasiado costoso, por lo que terminan enterrados. “La propuesta es tomar esos residuos y pasarlos por una línea de preparación que nos permita formular un CDR capaz de ser usado como combustible alternativo en hornos de cemento, complementario al de los residuos industriales peligrosos que ya producimos”, comenta Santangelo y subraya que, para ello, formaron un consorcio público-privado con la UNSAM, para el cual recibieron financiamiento de la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) a través de la línea Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
“El compromiso es por tres años, pero el consorcio podrá seguir funcionando si se lo desea”, explica Roberto Candal, secretario de investigación del instituto 3iA de la UNSAM, que está a cargo de la primera fase del proyecto RYVERI, que consiste en la caracterización de los materiales que se quieren transformar en combustible y la búsqueda de la metodología apropiada para determinar una muestra representativa que permita desarrollar dicha tarea.
“La pregunta es cómo analizar eso, porque uno tiene un volquete lleno de residuos mezclados del que hay que sacar una muestra que, en unos pocos gramos, represente a un volquete de 1000 o 2000 kilos”, dice Candal. Para que el residuo se transforme en un combustible adecuado para un horno de cemento, hay que tener en cuenta la combinación de tres parámetros: humedad, cloruro y poder calorífico. Según Candal, “el agua es importante porque toma calor, al igual que cuando se trata de quemar una madera mojada. El cloro es un problema porque deteriora el horno. Y el poder calorífico es importante porque, cuanto mayor es, más valioso será el combustible”.
Junto con este equipo que se ocupa del muestreo y análisis de los residuos trabajan otros tres. Uno está a cargo del desarrollo de la planta (el diseño de la línea de producción, la compra de los equipos y el montaje, la puesta en marcha y la operación), otro es responsable de la logística y el último se encarga de las instalaciones de alimentación para el horno de cemento, para que pueda quemar de manera segura y continua este tipo de materiales.
Si bien la UNSAM participa del primer grupo de trabajo, liderado por Candal, también lo hace en el equipo de profesionales que analiza la logística más apropiada para trasladar este combustible desde la planta de Recycomb hasta los hornos de cemento, en este caso a través de investigadores del Instituto de Transporte de la universidad.
“La logística es fundamental, porque es uno de los costos más altos de estos procesos, ya que la planta de producción más cercana está a 400 kilómetros de la cementera. Los RINE son muy livianos, lo que hace que el costo por tonelada sea muy alto. En esto está trabajando un grupo mixto con especialistas de Recycomb, Loma Negra, Ferrosur, la UNSAM y un consultor externo que fue contratado por la universidad para liderar ese grupo de trabajo”, detalla Santangelo.
El trabajo en planta es ideal para que los estudiantes de ingeniería ambiental realicen pasantías; de hecho, ya empezó a trabajar el primer pasante en la empresa”, asegura Candal y destaca que, de esa forma, pueden generar “un paquete que involucra mejoras en desarrollo de procesos, capacitación de recursos humanos a nivel grado en ingeniería y capacitación de recursos humanos a nivel de maestría”.
Nuevas aplicaciones
El CDR que pueda surgir de este proceso está pensado, en principio, para ser utilizado como combustible en hornos de cemento, ya que estos hornos operan a más de 2000 grados de temperatura y con otras condiciones termoquímicas que permiten eliminar cualquier gas tóxico que pueda emanar de la quema de residuos y garantizan el consumo seguro de este producto.
“Muy probablemente podría servir para una siderúrgica, pero habría que ensayarlo”, dice Santangelo y agrega que también podría ser utilizado en la caldera de una empresa termoeléctrica, “pero no con todos los materiales que podemos poner en el horno de cemento”.
A largo plazo, la idea es que otras industrias, organizaciones e incluso los municipios repliquen este modelo para convertir la basura en un combustible alternativo. De todos modos, reconoce Santangelo, “seguimos siendo una gota en el océano porque estamos hablando de 36.000 toneladas por año que podría aprovechar una plataforma de estas, pero, a las plantes de CEAMSE, siguen ingresando miles de toneladas de residuos por día. Si bien no movemos el amperímetro, creemos que es una solución que sería inmoral no poner a disposición”.
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Fecha de Publicación: 05/04/2016
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Buenos Aires
Según la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), más de 15.000 toneladas de residuos terminan en rellenos sanitarios todos los días solo en la provincia de Buenos Aires y en el área metropolitana. ¿Es posible disminuir esta cantidad y convertir la basura en algo útil? Esta fue una de las preguntas que se hizo Marcelo Santangelo, gerente de Combustibles Alternativos de Recycomb. Así fue como surgió el denominado proyecto RYVERI (Reciclado y Valoración Energética de Residuos Industriales), para el cual establecieron un consorcio público-privado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El objetivo final del proyecto es desarrollar una plataforma que pueda ser replicable para producir combustible derivado de residuos industriales no especiales (RINE), es decir, no peligrosos y que sean aptos para sustituir los combustibles fósiles que hoy se utilizan en hornos de cemento. La iniciativa demandará una inversión de 29,2 millones de pesos.
Por lo general, como combustible para sus hornos, las cementeras usan carbón y otro material denominado pet coke, que es un residuo de las refinerías y es más barato que el primero. “En la Argentina, históricamente, utilizábamos gas natural, lo que es una locura”, dice Santangelo.
Recycomb es una unidad de negocios del grupo brasileño InterCement (propietario desde 2005 de la cementera Loma Negra) que fue creada en 1997 (cuando Loma Negra todavía pertenecía al Grupo Fortabat) con el objetivo de producir combustibles alternativos para los hornos a base de residuos industriales peligrosos y no peligrosos.
El problema principal que movió la creación de esta unidad fue que, durante los meses de invierno, la cementera debía permanecer cerrada para evitar escasez de gas en las ciudades. “La producción no podía seguir parando durante cuatro meses porque la Argentina consume mucho cemento. Entonces, se hicieron las inversiones necesarias para consumir carbón, como en el resto del mundo”, recuerda Santangelo, pero advierte que el carbón que se produce en la Argentina es de “excelente calidad y no sirve para estos usos”, al igual que el pet coke que resulta del proceso de destilación de petróleo crudo en las refinerías del país
“Desde 2005, empezamos a usar pet coke de alto azufre, que es muy barato, proveniente de Venezuela y del golfo de México”, dice Santangelo, y desde la unidad de negocios que lidera desarrollaron combustibles alternativos a base de residuos industriales peligrosos o especiales, entre los cuales se encuentran los fondos de tanques de petroleras, barros con hidrocarburos, pinturas, solventes y adhesivos, entre otros.
En estos casos, es necesario que reciban un tratamiento especial y una certificación para poder ser desechados. Por eso, Recycomb presta un servicio a las industrias que responde a esa necesidad: “Retiramos sus residuos, que requieren ser tratados adecuadamente, y, con ellos, formulamos un combustible líquido y uno sólido que sirven para reemplazar parcialmente los combustibles fósiles que utiliza la industria del cemento en sus hornos”, explica Santangelo y detalla que ese producto es una marca registrada conocida como Recyfuel.
Otra clase de residuos, conocidos como RINE, similares a los que producen los hogares y, muchas veces —cuando no pueden ser reciclados— terminan en rellenos sanitarios pese a que podrían ser aprovechados. En este grupo, por ejemplo, se encuentra el cartón, laminados, maderas, productos textiles y plásticos, entre otros, que son los que podrían convertirse en un combustible alternativo.
Esa es la intención del proyecto RYVERI, sobre todo si se tiene en cuenta que los rellenos sanitarios están saturados en la Argentina y el pet coke que utilizan las cementeras es importado. “No solo podríamos reemplazar una mayor cantidad de los combustibles fósiles, que ya de por sí es un beneficio gigantesco, sino que, además, en el contexto internacional y financiero de la Argentina, representaría una menor salida de divisas al evitar que debamos seguir importando y pagando en dólares el combustible”, destaca Santangelo y subraya que la intención es lograr una capacidad de producción mensual de 3000 toneladas de CDR (combustible derivado de residuos, en particular de aquellos no son peligrosos), que alcanzarían las 36.000 toneladas al año y le permitirían a la cementera obtener ahorros netos del orden de los 5000 millones de dólares anuales.
Trabajo en equipo
Muchos materiales no son aptos para ser reciclados o, para serlo, necesitarían un procesamiento demasiado costoso, por lo que terminan enterrados. “La propuesta es tomar esos residuos y pasarlos por una línea de preparación que nos permita formular un CDR capaz de ser usado como combustible alternativo en hornos de cemento, complementario al de los residuos industriales peligrosos que ya producimos”, comenta Santangelo y subraya que, para ello, formaron un consorcio público-privado con la UNSAM, para el cual recibieron financiamiento de la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) a través de la línea Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).
“El compromiso es por tres años, pero el consorcio podrá seguir funcionando si se lo desea”, explica Roberto Candal, secretario de investigación del instituto 3iA de la UNSAM, que está a cargo de la primera fase del proyecto RYVERI, que consiste en la caracterización de los materiales que se quieren transformar en combustible y la búsqueda de la metodología apropiada para determinar una muestra representativa que permita desarrollar dicha tarea.
“La pregunta es cómo analizar eso, porque uno tiene un volquete lleno de residuos mezclados del que hay que sacar una muestra que, en unos pocos gramos, represente a un volquete de 1000 o 2000 kilos”, dice Candal. Para que el residuo se transforme en un combustible adecuado para un horno de cemento, hay que tener en cuenta la combinación de tres parámetros: humedad, cloruro y poder calorífico. Según Candal, “el agua es importante porque toma calor, al igual que cuando se trata de quemar una madera mojada. El cloro es un problema porque deteriora el horno. Y el poder calorífico es importante porque, cuanto mayor es, más valioso será el combustible”.
Junto con este equipo que se ocupa del muestreo y análisis de los residuos trabajan otros tres. Uno está a cargo del desarrollo de la planta (el diseño de la línea de producción, la compra de los equipos y el montaje, la puesta en marcha y la operación), otro es responsable de la logística y el último se encarga de las instalaciones de alimentación para el horno de cemento, para que pueda quemar de manera segura y continua este tipo de materiales.
Si bien la UNSAM participa del primer grupo de trabajo, liderado por Candal, también lo hace en el equipo de profesionales que analiza la logística más apropiada para trasladar este combustible desde la planta de Recycomb hasta los hornos de cemento, en este caso a través de investigadores del Instituto de Transporte de la universidad.
“La logística es fundamental, porque es uno de los costos más altos de estos procesos, ya que la planta de producción más cercana está a 400 kilómetros de la cementera. Los RINE son muy livianos, lo que hace que el costo por tonelada sea muy alto. En esto está trabajando un grupo mixto con especialistas de Recycomb, Loma Negra, Ferrosur, la UNSAM y un consultor externo que fue contratado por la universidad para liderar ese grupo de trabajo”, detalla Santangelo.
El trabajo en planta es ideal para que los estudiantes de ingeniería ambiental realicen pasantías; de hecho, ya empezó a trabajar el primer pasante en la empresa”, asegura Candal y destaca que, de esa forma, pueden generar “un paquete que involucra mejoras en desarrollo de procesos, capacitación de recursos humanos a nivel grado en ingeniería y capacitación de recursos humanos a nivel de maestría”.
Nuevas aplicaciones
El CDR que pueda surgir de este proceso está pensado, en principio, para ser utilizado como combustible en hornos de cemento, ya que estos hornos operan a más de 2000 grados de temperatura y con otras condiciones termoquímicas que permiten eliminar cualquier gas tóxico que pueda emanar de la quema de residuos y garantizan el consumo seguro de este producto.
“Muy probablemente podría servir para una siderúrgica, pero habría que ensayarlo”, dice Santangelo y agrega que también podría ser utilizado en la caldera de una empresa termoeléctrica, “pero no con todos los materiales que podemos poner en el horno de cemento”.
A largo plazo, la idea es que otras industrias, organizaciones e incluso los municipios repliquen este modelo para convertir la basura en un combustible alternativo. De todos modos, reconoce Santangelo, “seguimos siendo una gota en el océano porque estamos hablando de 36.000 toneladas por año que podría aprovechar una plataforma de estas, pero, a las plantes de CEAMSE, siguen ingresando miles de toneladas de residuos por día. Si bien no movemos el amperímetro, creemos que es una solución que sería inmoral no poner a disposición”.
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Bioetanol: el corte sube del 10 al 12
Incrementan de 10% a 12% el corte de bioetanol en los combustibles
Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno aumentó el viernes la proporción de bioetanol que deben contener las naftas, a un 12% desde un 10%, con el fin de dar un impulso a la golpeada industria azucarera local, y cumpliendo así con una promesa de campaña de Mauricio Macri que ratificó el 5 de febrero durante su visita a Tucumán.
Los dos puntos porcentuales de aumento en el corte serán provistos exclusivamente por la industria azucarera, que actualmente proveía, en relación con el maíz, una porción inferior del bioetanol usado en gasolinas.
El decreto 543/2016 sostiene que el nuevo volumen de Bioetanol equivalente al aumento de participación en las naftas se distribuirá "exclusivamente entre las empresas del sector sucro alcoholero del Noroeste Argentino, conforme el criterio que aquél considere pertinente para atender de la mejor manera las necesidades del mismo".
Ahora el bioetanol volcado a las naftas será provisto en partes iguales por los productores de azúcar -que están sufriendo el impacto de bajos precios internacionales- y de maíz.
En la norma, el Ministerio de Energía señaló que busca "propender a la estabilidad en el suministro de dicho biocombustible y obtener una mayor seguridad energética en virtud de la diversificación de las materias primas".
Argentina es el mayor exportador mundial de aceite de soja, con el que se elabora el biodiésel, y un proveedor líder de maíz.
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Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno aumentó el viernes la proporción de bioetanol que deben contener las naftas, a un 12% desde un 10%, con el fin de dar un impulso a la golpeada industria azucarera local, y cumpliendo así con una promesa de campaña de Mauricio Macri que ratificó el 5 de febrero durante su visita a Tucumán.
Los dos puntos porcentuales de aumento en el corte serán provistos exclusivamente por la industria azucarera, que actualmente proveía, en relación con el maíz, una porción inferior del bioetanol usado en gasolinas.
El decreto 543/2016 sostiene que el nuevo volumen de Bioetanol equivalente al aumento de participación en las naftas se distribuirá "exclusivamente entre las empresas del sector sucro alcoholero del Noroeste Argentino, conforme el criterio que aquél considere pertinente para atender de la mejor manera las necesidades del mismo".
Ahora el bioetanol volcado a las naftas será provisto en partes iguales por los productores de azúcar -que están sufriendo el impacto de bajos precios internacionales- y de maíz.
En la norma, el Ministerio de Energía señaló que busca "propender a la estabilidad en el suministro de dicho biocombustible y obtener una mayor seguridad energética en virtud de la diversificación de las materias primas".
Argentina es el mayor exportador mundial de aceite de soja, con el que se elabora el biodiésel, y un proveedor líder de maíz.
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Plaguicidas: ríos del Alto Valle podría estar contaminados
¿Están contaminados por los plaguicidas los ríos de la región?
Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Probablemente no haya una idea más arraigada en los habitantes del Alto Valle que aquella que induce a pensar que los grandes y magníficos ríos de nuestra región están contaminados con plaguicidas debido a la aplicación sistemática de los mismos en los cultivos aledaños.
Y no es una imagen tan desatinada si se tiene en cuenta que desde el comienzo de la actividad agrícola en la región, hace más de 50 años, nunca dejó de aplicarse algún plaguicida en las chacras entre las que serpentean las principales ciudades y poblados de la región. Distintas estrategias se fueron empleando para proteger los cultivos de las diversas plagas y estas fueron evolucionando desde el uso de plaguicidas clorados (de muy extendido tiempo de permanencia en el ambiente), pasando por plaguicidas organofosforados (de corta vida media, pero más tóxicos) hasta la situación actual del manejo integrado de plagas (que utiliza menos plaguicidas, monitorea las plagas y emplea técnicas biológicas y de confusión sexual).
Para conocer con certeza cuál es la situación real, se debe recurrir a los procedimientos científicos desarrollados para tal fin y debidamente validados con normas de calidad. En el Laboratorio de Cromatografía del Libiquima perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, se emplea una metodología integrada que incluye el monitoreo químico y el biomonitoreo. Por un lado se miden las concentraciones analíticas de los residuos de plaguicidas en acuíferos, aguas superficiales de ríos y drenajes, como así también de los sedimentos.
En simultáneo se investiga una comunidad biológica como bioindicadora, los macroinvertebrados acuáticos, organismos visibles a simple vista que habitan en la interfaz sedimento-agua de los ecosistemas acuáticos, que son retenidos en redes con una abertura de poro de 0,5 mm y cuya importancia radica en que son sensibles a la contaminación. Estas comunidades se diferencian en cuanto a su abundancia y riqueza taxonómica según se encuentren en aguas puras o contaminadas. Los organismos son colectados, clasificados, identificados y finalmente los resultados relacionados con los correspondientes al análisis químico del sitio. Esta evaluación simultánea, monitoreo químico y biomonitoreo, permite entrecruzar la información obtenida y arribar a conclusiones más firmes.
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que los ríos Limay, Neuquén y Negro no manifiestan niveles de residuos de plaguicidas detectables (medidos en el orden de las partes por billón) a partir del análisis químico y tampoco se revelan distorsiones en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos que pueda asociarse con los plaguicidas. Las causas que concurren a esta afirmación son diversas:
1.- Los plaguicidas de uso actual son, en general, más específicos para atacar la plagas en cuestión y menos tóxicos para las especies silvestres.
2.- Aquellos de alta toxicidad y amplio espectro se aplican en menor proporción y tienen una vida media más baja (se degradan rápidamente).
3.- Afortunadamente el caudal de los ríos regionales contribuyen a la disipación de los químicos aportando un alto nivel de oxígeno disuelto y gran poder de dilución.
Sin embargo, estos resultados auspiciosos no son permanentes ni definitivos porque se siguen aplicando agroquímicos que, si bien no se detectan en los ríos, es factible encontrarlos en efluentes de industrias y drenajes del agua de riego que surcan las chacras, cuyo destino final son los ríos. Los plaguicidas son sustancias tóxicas que se vierten deliberadamente a los cultivos y desde ese momento se implican en la dinámica que los distribuye en los distintos compartimentos del ambiente: aire, suelo, agua. Además potencialmente pueden quedar asociados como residuos en los alimentos. La toxicidad de estos compuestos se extiende a todos los organismos vivos, incluido el ser humano.
Sus efectos agudos son bien conocidos, pero los efectos a bajas o muy bajas concentraciones son aún motivo de investigación. El desafío es precisamente garantizar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental con la confluencia de compromisos de la academia, las instituciones de control y la sociedad en su conjunto, como así también afianzar los mecanismos de comunicación que permitan el acceso del público en general a la información existente.
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Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Probablemente no haya una idea más arraigada en los habitantes del Alto Valle que aquella que induce a pensar que los grandes y magníficos ríos de nuestra región están contaminados con plaguicidas debido a la aplicación sistemática de los mismos en los cultivos aledaños.
Y no es una imagen tan desatinada si se tiene en cuenta que desde el comienzo de la actividad agrícola en la región, hace más de 50 años, nunca dejó de aplicarse algún plaguicida en las chacras entre las que serpentean las principales ciudades y poblados de la región. Distintas estrategias se fueron empleando para proteger los cultivos de las diversas plagas y estas fueron evolucionando desde el uso de plaguicidas clorados (de muy extendido tiempo de permanencia en el ambiente), pasando por plaguicidas organofosforados (de corta vida media, pero más tóxicos) hasta la situación actual del manejo integrado de plagas (que utiliza menos plaguicidas, monitorea las plagas y emplea técnicas biológicas y de confusión sexual).
Para conocer con certeza cuál es la situación real, se debe recurrir a los procedimientos científicos desarrollados para tal fin y debidamente validados con normas de calidad. En el Laboratorio de Cromatografía del Libiquima perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, se emplea una metodología integrada que incluye el monitoreo químico y el biomonitoreo. Por un lado se miden las concentraciones analíticas de los residuos de plaguicidas en acuíferos, aguas superficiales de ríos y drenajes, como así también de los sedimentos.
En simultáneo se investiga una comunidad biológica como bioindicadora, los macroinvertebrados acuáticos, organismos visibles a simple vista que habitan en la interfaz sedimento-agua de los ecosistemas acuáticos, que son retenidos en redes con una abertura de poro de 0,5 mm y cuya importancia radica en que son sensibles a la contaminación. Estas comunidades se diferencian en cuanto a su abundancia y riqueza taxonómica según se encuentren en aguas puras o contaminadas. Los organismos son colectados, clasificados, identificados y finalmente los resultados relacionados con los correspondientes al análisis químico del sitio. Esta evaluación simultánea, monitoreo químico y biomonitoreo, permite entrecruzar la información obtenida y arribar a conclusiones más firmes.
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que los ríos Limay, Neuquén y Negro no manifiestan niveles de residuos de plaguicidas detectables (medidos en el orden de las partes por billón) a partir del análisis químico y tampoco se revelan distorsiones en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos que pueda asociarse con los plaguicidas. Las causas que concurren a esta afirmación son diversas:
1.- Los plaguicidas de uso actual son, en general, más específicos para atacar la plagas en cuestión y menos tóxicos para las especies silvestres.
2.- Aquellos de alta toxicidad y amplio espectro se aplican en menor proporción y tienen una vida media más baja (se degradan rápidamente).
3.- Afortunadamente el caudal de los ríos regionales contribuyen a la disipación de los químicos aportando un alto nivel de oxígeno disuelto y gran poder de dilución.
Sin embargo, estos resultados auspiciosos no son permanentes ni definitivos porque se siguen aplicando agroquímicos que, si bien no se detectan en los ríos, es factible encontrarlos en efluentes de industrias y drenajes del agua de riego que surcan las chacras, cuyo destino final son los ríos. Los plaguicidas son sustancias tóxicas que se vierten deliberadamente a los cultivos y desde ese momento se implican en la dinámica que los distribuye en los distintos compartimentos del ambiente: aire, suelo, agua. Además potencialmente pueden quedar asociados como residuos en los alimentos. La toxicidad de estos compuestos se extiende a todos los organismos vivos, incluido el ser humano.
Sus efectos agudos son bien conocidos, pero los efectos a bajas o muy bajas concentraciones son aún motivo de investigación. El desafío es precisamente garantizar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental con la confluencia de compromisos de la academia, las instituciones de control y la sociedad en su conjunto, como así también afianzar los mecanismos de comunicación que permitan el acceso del público en general a la información existente.
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Basurales en Jujuy a la vera del río Conchas
Metán: denuncian basurales a orillas del río Conchas
Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
Turistas que visitaron Metán, quedaron horrorizados con los microbasurales que existen a la vera del río Conchas. "Llagamos con mi familia entusiasmados por conocer el río y al llegar allí quedé impactado con la cantidad de gente que hay removiendo entre los basurales, que emanan un honor nauseabundo", contó Ariel en comunicación con El Tribuno vía WhatsApp.
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 04/04/2016
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
Turistas que visitaron Metán, quedaron horrorizados con los microbasurales que existen a la vera del río Conchas. "Llagamos con mi familia entusiasmados por conocer el río y al llegar allí quedé impactado con la cantidad de gente que hay removiendo entre los basurales, que emanan un honor nauseabundo", contó Ariel en comunicación con El Tribuno vía WhatsApp.
Esta situación se a pocos metros de la zona centro de la ciudad de San José. La situación genera un riesgo para la salud de los vecinos y un impacto en extremo negativo para el medio ambiente.
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El Nahuel Huapi altamente degradado con tóxicos
Preocupación por la contaminación del lago Nahuel Huapi con materia fecal y metales pesados
Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Más de seis mil vecinos de Bariloche se sumaron a un inédito recurso de amparo colectivo presentado contra el Gobierno de Río Negro por la contaminación del Lago Nahuel Huapi. El problema tiene dos vetas. La más fuerte y renombrada es el colapso de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bariloche, que se traduce en constantes vertidos de materia fecal cruda al espejo de agua. Pero también hay análisis que detectaron la presencia de metales pesados, cuyo origen todavía no está claro.
El 23 de diciembre pasado, la senadora Magdalena Odarda y la vecina Ana Wieman, de la ONG Árbol de Pie, presentaron un recurso de amparo al que hasta la semana pasada se sumaron más de 6 mil vecinos. "Queríamos conseguir unas cien adhesiones, pero el impacto fue brutal, porque no es una campaña digital en la que la gente pone un mail y su nombre, sino que fueron uno por uno a firmar y dejar una copia de su DNI en el juzgado", explicó Wieman a Infobae.
La gota que rebalsó el vaso fue el derrame de alrededor de un millón de litros de efluentes cloacales sin tratar al Nahuel Huapi en diciembre del año pasado, aunque el problema viene de larga data. ¿Los demandados? El Poder Ejecutivo de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Ambiente, además de la concesionaria de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
"En forma rutinaria, y con mucha frecuencia, se realizan vuelcos de crudo cuando colapsa la planta. Ello se debe a la capacidad insuficiente de la planta para tratar las aguas residuales de un gran número de habitantes. Esta metodología de emergencia se lleva a cabo desde hace muchos años, con consecuencias negativas que se acumulan en el tiempo", resumieron las amparistas en su escrito.
Odarda y Wieman hicieron dos propuestas. Primera: hacer una serie de obras con las que "se lograría duplicar los usuarios del actual sistema", mientras se busca una solución definitiva. Segunda: que los organismos del Estado, como el Centro Atómico Bariloche o el INVAP, con sedes en la zona, "construyan sus propias plantas de tratamiento terciario, con eliminación de metales pesados".
Derrames al por mayor
La planta de líquidos cloacales de Bariloche comenzó a operar en 1996. Hasta ese momento, todo se vertía directamente al lago, sin tratar. La concesión la había ganado dos años antes la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB). Las amparistas subrayaron que "debido al Protocolo diseñado por la CEB con la Municipalidad, los vuelcos no son informados a la población y raramente trascienden a la prensa".
Sin embargo, si hay algo que llama la atención al leer el amparo es la enorme cantidad de vertidos de materia fecal sin tratar de los que se tiene registro en los diarios locales. Un buen ejemplo es el primer semestre de 2009. El 28 de enero se denunció un gran vuelco que produjo una mancha de más de 2 kilómetros de largo por 300 de ancho, y por la cual la CEB culpó a un obrero. El 24 de febrero, otra vez la misma historia. Unos días después, el 3 de marzo, el delegado local de la Dirección Provincial de Agua (DPA) reconoció que la planta no funcionaba de acuerdo a lo exigido por el contrato de concesión.
El 18 de marzo, un caño ubicado en la avenida Bustillo vertió materia fecal sobre la costa. La situación se repitió otras dos veces esa misma semana, el 20 y el 22 de marzo. Y unos días después, el 26 y 27 de marzo, los vecinos filmaron desde una embarcación el vuelco de "líquido cloacal con material sólido en suspensión desde una boca de 'by pass' en la zona del arroyo Ñireco, más de un kilómetro antes de la planta de tratamiento", según repasa el amparo.
Hay más. El 30 de abril se volcaron líquidos al Nahuel Huapi durante varias horas. En esa ocasión, el director de la Planta de Saneamiento dijo que "evidentemente esta circunstancia no puede volver a pasar". Entre el 23 y el 24 de mayo se rompió nuevamente dos veces el llamado "Colector Oeste" y durante varias horas se cortó el flujo de líquido por el caño, por lo que tuvo que redireccionarse hacia el lago. Sin embargo, según la CEB no pudo dimensionarse el volumen. La extensa lista de incidentes la cierra el 9 de junio, cuando volvió a romperse el mismo caño colector y se derramó materia fecal.
Algo similar ocurrió el año pasado. Hubo vertidos detectados en septiembre, octubre y noviembre. El de diciembre fue el mayor, de un millón de litros. Hubo otro en febrero, aún luego de la presentación del amparo. Y el más reciente, el 6 de marzo.
A eso se suman desbordes de líquidos cloacales en zanjas pluviales, arroyos y escorrentías que cruzan Bariloche. Tal es así, que un análisis del Laboratorio de Bromatología del municipio divulgado el 21 de noviembre de 2007 halló en el Arroyo Sin Nombre, que atraviesa la ciudad, concentraciones de entre 43.000 NMP/100ml y 93.000 NMP/100ml de escherichia coli.
Líquido rojo
El 31 de mayo de 2008, los guardapescas de la zona detectaron una mancha roja en una zona llamada Trampa del Ñireco. Y una semana más tarde, Gabriel Sorá, delegado local del DPA, confirmó que en casos de emergencia se iba a apelar a un caño subacuático para derivar efluentes cloacales a Playa Bonita, la más grande y concurrida del Nahuel Huapi.
Esos dos hechos desencadenaron una serie de pedidos de notas y entrevistas a funcionarios de distintas dependencias por parte de vecinos. Odarda, a su vez, presentó una solicitud de informes a la DPA, contestada el 29 de agosto. Allí, el Gobierno reconoció el repetido volcado de líquidos crudos y avisó que se contrató un estudio a la Universidad del Litoral para establecer caños subacuáticos, cuyos resultados nunca fueron divulgados. También admitió que no se analizó el líquido rojo, pese a que se había comprometido a hacerlo.
Metales pesados
Nota aparte merece la situación del Centro Atómico Bariloche (CAB) y del Instituto Balseiro, para los cuales los vecinos reclaman una planta de tratamiento propia, sobre todo ahora que está en pleno desarrollo una ampliación de sus instalaciones que incluye 28 edificios nuevos. En una situación similar está el INVAP.
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad del Comahue detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y contaminación bacteriológica en las inmediaciones de la vieja planta cloacal del CAB.
Los pobladores organizados en la Asociación Civil Árbol de Pie y Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres hicieron un reclamo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), porque el centro sólo tenía un tanque Imhoff, que retenía en una reja los sólidos (que eran retirados por un camión atmosférico) y vertía el líquido restante al lago, sin ningún tipo de tratamiento. Esa planta era compartida con la vecina Escuela Militar de Montaña.
Lo cierto es que 50 años después de su instalación y de usar el lago como inodoro, el CAB y la escuela se conectaron a un caño de la planta de la ciudad, el llamado "colector oeste". Pero los vecinos se manifestaron insatisfechos porque por ese entonces estaba avanzado un proyecto para hacer una planta propia para el centro atómico y se optó por una solución parcial que no resuelve el problema de fondo.
Niega todo
Resulta curioso en su defensa del gobierno provincial, la Fiscalía haya negado la existencia de contaminación. En esa línea, se atrevió a asegurar que "no existe el daño que describen los accionantes", que "la actuación del Estado deviene irreprochable", que "no existe en el caso una afectación real y cierta del derecho que se pretende vulnerado" y que los hechos denunciados "son de una imprecisión ostensible".
Lo mismo había hecho el Municipio en otro expediente sobre el volcado de contaminantes al lago impulsado en agosto de 2010 por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que se basó, entre otras cosas, en el monitoreo oficial del DPA. Esa causa lleva 5 años y medio sin avances.
En cambio, en su contestación al amparo de diciembre, la CEB reconoció que "el sistema cloacal se encuentra funcionando en forma 'sobrepasada'". Y marcó tres causas. La primera tiene que ver con el material con el que se hizo el colector oeste, PVC, cuyo primer tramo se rompió 82 veces sólo entre 1997 y 2013, lo que obligó a derivar líquido al lago. La segunda es el crecimiento demográfico, que se suma al millón de turistas que cada año visitan Bariloche. Y la tercera pone la lupa sobre un barrio, Melipal, a cuyos vecinos acusa de haber realizado conexiones ilegales de sus sistemas pluviales domiciliarios a la red cloacal.
Sin embargo, la CEB deslindó cualquier tipo de responsabilidad sobre los derrames. Aseguró que "hace falta financiamiento", que no tiene acceso al crédito por "el retraso tarifario a que se somete a la cooperativa" y que no recibe ayuda de los entes de la provincia o del gobierno provincial para ser garantes o codeudores. Esto, según la cooperativa, genera "un círculo vicioso por el cual (las obras) 'no se hacen ni dejan hacer'".
Wieman cree que la responsabilidad de la CEB está en haber negado los derrames durante años. "Eso les hubiese permitido gestionar las obras o presionar a la provincia para que estuvieran los fondos", opinó. "El lago tiene un alto poder de regeneración, porque la materia fecal se degrada. El agua de las ciudades tiene cloro, lo que elimina los parásitos coliformes, pero no lo hace con otros, como las giardias. Hay que empezar urgente a trabajar para cuidar el agua, que es vida. El lago, además, es parte de nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo", agregó.
Además, aclaró que el problema no es local. "Esto no sólo afecta al lago, sino a toda la cuenca, que a lo largo del valle va juntando todos los químicos de las fumigaciones y la filtración de hidrocarburos, y termina en Viedma", subrayó.
Estudios y confesiones vs. especulación
No son sólo fotos, videos y testimonios de vecinos que denuncian desde el mal olor hasta la presencia de materia fecal y papel higiénico en las costas. También hay confesiones de la CEB y de las autoridades municipales y provinciales. Pero el esquema de pruebas se cierra con una serie de estudios que fueron aportados por las amparistas y confirman la contaminación.
En ese sentido, un reporte del Consejo Provincial de Salud Pública de 2001 muestra una fuerte contaminación bacteriológica. Otro análisis técnico impulsado por los vecinos y publicado el 19 de mayo de 2001 arrojó que había múltiples puntos de vertidos, que el caño colector tenía gran cantidad de puntos de derrame, que ingresaban aguas pluviales a la red cloacal, que no había sistemas de vigilancia y alerta, y que faltan estudios de impacto ambiental.
Al año siguiente, el 7 de julio de 2002, un informe que una unidad de gestión del municipio de Bariloche elevó al DPA identificó con mayor precisión las mismas deficiencias que menciona el análisis del Consejo Provincial de Salud Pública y dio un paso más al indicar que el contrato de concesión no se cumple, que se ocultan y manipulan datos, y que la CEB, sencillamente, viola el Código de Aguas de Río Negro.
Toda esa información fue corroborada por la propia DPA, en un informe de un ingeniero del departamento presentado el 6 de febrero de 2003. Es un reporte oficial. Unos días más tarde, la propia CEB labró una escritura pública ante un escribano y en presencia de vecinos y funcionarios del municipio y de la DPA, en la que el personal reconoció las deficiencias del sistema de saneamiento. El objetivo era deslindar a los nuevos directivos de cualquier tipo de responsabilidad, pero el documento funcionó como una brutal confesión de la situación.
El 28 de mayo de 2005 la CEB anunció que los problemas se habían resuelto, pero los vecinos rechazaron esta versión. En efecto, el informe 2006/2007 del Servicio del Saneamiento de la propia cooperativa reconoció explícitamente que se derivaban líquidos cloacales crudos al lago por insuficiencia de la planta o pérdidas en los colectores.
Más cerca en el tiempo, en 2008, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Comahue elaboró un estudio encargado por la propia CEB que detectó altísimos niveles de contaminación fecal y presencia de metales en el lecho del lago Nahuel Huapi a la altura de Playa Bonita y Puerto Moreno.
Dos años más tarde, el entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, presentó otro extenso informe en el que detalló las graves consecuencias que estaba provocando el derrame de líquidos cloacales. Y el 19 de septiembre de 2007, el ingeniero Gabriel Sorá, de la DPA, confirmó que el principal problema era la falta de mantenimiento de la Planta Depuradora.
A su vez, hay estudios cuyo resultado no fue divulgado, como los muestreos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro en 2010 y 2011 para análisis bacteriológico y detección de metales pesados, cuya reticencia provoca suspicacias.
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Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Río Negro
Más de seis mil vecinos de Bariloche se sumaron a un inédito recurso de amparo colectivo presentado contra el Gobierno de Río Negro por la contaminación del Lago Nahuel Huapi. El problema tiene dos vetas. La más fuerte y renombrada es el colapso de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bariloche, que se traduce en constantes vertidos de materia fecal cruda al espejo de agua. Pero también hay análisis que detectaron la presencia de metales pesados, cuyo origen todavía no está claro.
El 23 de diciembre pasado, la senadora Magdalena Odarda y la vecina Ana Wieman, de la ONG Árbol de Pie, presentaron un recurso de amparo al que hasta la semana pasada se sumaron más de 6 mil vecinos. "Queríamos conseguir unas cien adhesiones, pero el impacto fue brutal, porque no es una campaña digital en la que la gente pone un mail y su nombre, sino que fueron uno por uno a firmar y dejar una copia de su DNI en el juzgado", explicó Wieman a Infobae.
La gota que rebalsó el vaso fue el derrame de alrededor de un millón de litros de efluentes cloacales sin tratar al Nahuel Huapi en diciembre del año pasado, aunque el problema viene de larga data. ¿Los demandados? El Poder Ejecutivo de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Ambiente, además de la concesionaria de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
"En forma rutinaria, y con mucha frecuencia, se realizan vuelcos de crudo cuando colapsa la planta. Ello se debe a la capacidad insuficiente de la planta para tratar las aguas residuales de un gran número de habitantes. Esta metodología de emergencia se lleva a cabo desde hace muchos años, con consecuencias negativas que se acumulan en el tiempo", resumieron las amparistas en su escrito.
Odarda y Wieman hicieron dos propuestas. Primera: hacer una serie de obras con las que "se lograría duplicar los usuarios del actual sistema", mientras se busca una solución definitiva. Segunda: que los organismos del Estado, como el Centro Atómico Bariloche o el INVAP, con sedes en la zona, "construyan sus propias plantas de tratamiento terciario, con eliminación de metales pesados".
Derrames al por mayor
La planta de líquidos cloacales de Bariloche comenzó a operar en 1996. Hasta ese momento, todo se vertía directamente al lago, sin tratar. La concesión la había ganado dos años antes la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB). Las amparistas subrayaron que "debido al Protocolo diseñado por la CEB con la Municipalidad, los vuelcos no son informados a la población y raramente trascienden a la prensa".
Sin embargo, si hay algo que llama la atención al leer el amparo es la enorme cantidad de vertidos de materia fecal sin tratar de los que se tiene registro en los diarios locales. Un buen ejemplo es el primer semestre de 2009. El 28 de enero se denunció un gran vuelco que produjo una mancha de más de 2 kilómetros de largo por 300 de ancho, y por la cual la CEB culpó a un obrero. El 24 de febrero, otra vez la misma historia. Unos días después, el 3 de marzo, el delegado local de la Dirección Provincial de Agua (DPA) reconoció que la planta no funcionaba de acuerdo a lo exigido por el contrato de concesión.
El 18 de marzo, un caño ubicado en la avenida Bustillo vertió materia fecal sobre la costa. La situación se repitió otras dos veces esa misma semana, el 20 y el 22 de marzo. Y unos días después, el 26 y 27 de marzo, los vecinos filmaron desde una embarcación el vuelco de "líquido cloacal con material sólido en suspensión desde una boca de 'by pass' en la zona del arroyo Ñireco, más de un kilómetro antes de la planta de tratamiento", según repasa el amparo.
Hay más. El 30 de abril se volcaron líquidos al Nahuel Huapi durante varias horas. En esa ocasión, el director de la Planta de Saneamiento dijo que "evidentemente esta circunstancia no puede volver a pasar". Entre el 23 y el 24 de mayo se rompió nuevamente dos veces el llamado "Colector Oeste" y durante varias horas se cortó el flujo de líquido por el caño, por lo que tuvo que redireccionarse hacia el lago. Sin embargo, según la CEB no pudo dimensionarse el volumen. La extensa lista de incidentes la cierra el 9 de junio, cuando volvió a romperse el mismo caño colector y se derramó materia fecal.
Algo similar ocurrió el año pasado. Hubo vertidos detectados en septiembre, octubre y noviembre. El de diciembre fue el mayor, de un millón de litros. Hubo otro en febrero, aún luego de la presentación del amparo. Y el más reciente, el 6 de marzo.
A eso se suman desbordes de líquidos cloacales en zanjas pluviales, arroyos y escorrentías que cruzan Bariloche. Tal es así, que un análisis del Laboratorio de Bromatología del municipio divulgado el 21 de noviembre de 2007 halló en el Arroyo Sin Nombre, que atraviesa la ciudad, concentraciones de entre 43.000 NMP/100ml y 93.000 NMP/100ml de escherichia coli.
Líquido rojo
El 31 de mayo de 2008, los guardapescas de la zona detectaron una mancha roja en una zona llamada Trampa del Ñireco. Y una semana más tarde, Gabriel Sorá, delegado local del DPA, confirmó que en casos de emergencia se iba a apelar a un caño subacuático para derivar efluentes cloacales a Playa Bonita, la más grande y concurrida del Nahuel Huapi.
Esos dos hechos desencadenaron una serie de pedidos de notas y entrevistas a funcionarios de distintas dependencias por parte de vecinos. Odarda, a su vez, presentó una solicitud de informes a la DPA, contestada el 29 de agosto. Allí, el Gobierno reconoció el repetido volcado de líquidos crudos y avisó que se contrató un estudio a la Universidad del Litoral para establecer caños subacuáticos, cuyos resultados nunca fueron divulgados. También admitió que no se analizó el líquido rojo, pese a que se había comprometido a hacerlo.
Metales pesados
Nota aparte merece la situación del Centro Atómico Bariloche (CAB) y del Instituto Balseiro, para los cuales los vecinos reclaman una planta de tratamiento propia, sobre todo ahora que está en pleno desarrollo una ampliación de sus instalaciones que incluye 28 edificios nuevos. En una situación similar está el INVAP.
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad del Comahue detectó la presencia de cromo, mercurio, plomo y contaminación bacteriológica en las inmediaciones de la vieja planta cloacal del CAB.
Los pobladores organizados en la Asociación Civil Árbol de Pie y Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres hicieron un reclamo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), porque el centro sólo tenía un tanque Imhoff, que retenía en una reja los sólidos (que eran retirados por un camión atmosférico) y vertía el líquido restante al lago, sin ningún tipo de tratamiento. Esa planta era compartida con la vecina Escuela Militar de Montaña.
Lo cierto es que 50 años después de su instalación y de usar el lago como inodoro, el CAB y la escuela se conectaron a un caño de la planta de la ciudad, el llamado "colector oeste". Pero los vecinos se manifestaron insatisfechos porque por ese entonces estaba avanzado un proyecto para hacer una planta propia para el centro atómico y se optó por una solución parcial que no resuelve el problema de fondo.
Niega todo
Resulta curioso en su defensa del gobierno provincial, la Fiscalía haya negado la existencia de contaminación. En esa línea, se atrevió a asegurar que "no existe el daño que describen los accionantes", que "la actuación del Estado deviene irreprochable", que "no existe en el caso una afectación real y cierta del derecho que se pretende vulnerado" y que los hechos denunciados "son de una imprecisión ostensible".
Lo mismo había hecho el Municipio en otro expediente sobre el volcado de contaminantes al lago impulsado en agosto de 2010 por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que se basó, entre otras cosas, en el monitoreo oficial del DPA. Esa causa lleva 5 años y medio sin avances.
En cambio, en su contestación al amparo de diciembre, la CEB reconoció que "el sistema cloacal se encuentra funcionando en forma 'sobrepasada'". Y marcó tres causas. La primera tiene que ver con el material con el que se hizo el colector oeste, PVC, cuyo primer tramo se rompió 82 veces sólo entre 1997 y 2013, lo que obligó a derivar líquido al lago. La segunda es el crecimiento demográfico, que se suma al millón de turistas que cada año visitan Bariloche. Y la tercera pone la lupa sobre un barrio, Melipal, a cuyos vecinos acusa de haber realizado conexiones ilegales de sus sistemas pluviales domiciliarios a la red cloacal.
Sin embargo, la CEB deslindó cualquier tipo de responsabilidad sobre los derrames. Aseguró que "hace falta financiamiento", que no tiene acceso al crédito por "el retraso tarifario a que se somete a la cooperativa" y que no recibe ayuda de los entes de la provincia o del gobierno provincial para ser garantes o codeudores. Esto, según la cooperativa, genera "un círculo vicioso por el cual (las obras) 'no se hacen ni dejan hacer'".
Wieman cree que la responsabilidad de la CEB está en haber negado los derrames durante años. "Eso les hubiese permitido gestionar las obras o presionar a la provincia para que estuvieran los fondos", opinó. "El lago tiene un alto poder de regeneración, porque la materia fecal se degrada. El agua de las ciudades tiene cloro, lo que elimina los parásitos coliformes, pero no lo hace con otros, como las giardias. Hay que empezar urgente a trabajar para cuidar el agua, que es vida. El lago, además, es parte de nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo", agregó.
Además, aclaró que el problema no es local. "Esto no sólo afecta al lago, sino a toda la cuenca, que a lo largo del valle va juntando todos los químicos de las fumigaciones y la filtración de hidrocarburos, y termina en Viedma", subrayó.
Estudios y confesiones vs. especulación
No son sólo fotos, videos y testimonios de vecinos que denuncian desde el mal olor hasta la presencia de materia fecal y papel higiénico en las costas. También hay confesiones de la CEB y de las autoridades municipales y provinciales. Pero el esquema de pruebas se cierra con una serie de estudios que fueron aportados por las amparistas y confirman la contaminación.
En ese sentido, un reporte del Consejo Provincial de Salud Pública de 2001 muestra una fuerte contaminación bacteriológica. Otro análisis técnico impulsado por los vecinos y publicado el 19 de mayo de 2001 arrojó que había múltiples puntos de vertidos, que el caño colector tenía gran cantidad de puntos de derrame, que ingresaban aguas pluviales a la red cloacal, que no había sistemas de vigilancia y alerta, y que faltan estudios de impacto ambiental.
Al año siguiente, el 7 de julio de 2002, un informe que una unidad de gestión del municipio de Bariloche elevó al DPA identificó con mayor precisión las mismas deficiencias que menciona el análisis del Consejo Provincial de Salud Pública y dio un paso más al indicar que el contrato de concesión no se cumple, que se ocultan y manipulan datos, y que la CEB, sencillamente, viola el Código de Aguas de Río Negro.
Toda esa información fue corroborada por la propia DPA, en un informe de un ingeniero del departamento presentado el 6 de febrero de 2003. Es un reporte oficial. Unos días más tarde, la propia CEB labró una escritura pública ante un escribano y en presencia de vecinos y funcionarios del municipio y de la DPA, en la que el personal reconoció las deficiencias del sistema de saneamiento. El objetivo era deslindar a los nuevos directivos de cualquier tipo de responsabilidad, pero el documento funcionó como una brutal confesión de la situación.
El 28 de mayo de 2005 la CEB anunció que los problemas se habían resuelto, pero los vecinos rechazaron esta versión. En efecto, el informe 2006/2007 del Servicio del Saneamiento de la propia cooperativa reconoció explícitamente que se derivaban líquidos cloacales crudos al lago por insuficiencia de la planta o pérdidas en los colectores.
Más cerca en el tiempo, en 2008, el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Comahue elaboró un estudio encargado por la propia CEB que detectó altísimos niveles de contaminación fecal y presencia de metales en el lecho del lago Nahuel Huapi a la altura de Playa Bonita y Puerto Moreno.
Dos años más tarde, el entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, presentó otro extenso informe en el que detalló las graves consecuencias que estaba provocando el derrame de líquidos cloacales. Y el 19 de septiembre de 2007, el ingeniero Gabriel Sorá, de la DPA, confirmó que el principal problema era la falta de mantenimiento de la Planta Depuradora.
A su vez, hay estudios cuyo resultado no fue divulgado, como los muestreos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro en 2010 y 2011 para análisis bacteriológico y detección de metales pesados, cuya reticencia provoca suspicacias.
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Garabí será objeto de estudio por parte de nación
Nación estudiará el proyecto de represa de Garabí
Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Momarandú
Provincia/Región: Litoral
Así lo informó el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Humberto Schiavoni, quien adelantó que la semana próxima se reunirá junto a otros funcionarios con el Secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga para estudiar el impacto de la represa proyectada sobre el río Uruguay, entre las provincias argentinas de Corrientes y Misiones y el Estado brasileño de Río Grande del Sur.
“La construcción de represas nuevas todavía es un tema que no se ha tocado en el gobierno nacional”, adujo en entrevista con Misiones Cuatro. “Corpus (otra represa proyectada) tiene un plebiscito así que no se puede hacer”, agregó.
“Con respecto a Garabí, estamos convocados a una reunión la semana que viene y hay un conjunto de cosas para analizar. Hay que conocer el proyecto y ver cuáles son las medidas medioambientales”, adelantó Schiavoni, en referencia al encuentro que mantendrá en Buenos Aires con el secretario de Energía.
Asimismo, expresó que “la Argentina necesita más energía” y en ese sentido opinó: “todas las obras que aumenten la generación de energía son importantes, pero hay que tener cuidado de que no tenga impacto negativo sobre los pobladores de la zona ni los campos”.
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Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Momarandú
Provincia/Región: Litoral
Así lo informó el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Humberto Schiavoni, quien adelantó que la semana próxima se reunirá junto a otros funcionarios con el Secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga para estudiar el impacto de la represa proyectada sobre el río Uruguay, entre las provincias argentinas de Corrientes y Misiones y el Estado brasileño de Río Grande del Sur.
“La construcción de represas nuevas todavía es un tema que no se ha tocado en el gobierno nacional”, adujo en entrevista con Misiones Cuatro. “Corpus (otra represa proyectada) tiene un plebiscito así que no se puede hacer”, agregó.
“Con respecto a Garabí, estamos convocados a una reunión la semana que viene y hay un conjunto de cosas para analizar. Hay que conocer el proyecto y ver cuáles son las medidas medioambientales”, adelantó Schiavoni, en referencia al encuentro que mantendrá en Buenos Aires con el secretario de Energía.
Asimismo, expresó que “la Argentina necesita más energía” y en ese sentido opinó: “todas las obras que aumenten la generación de energía son importantes, pero hay que tener cuidado de que no tenga impacto negativo sobre los pobladores de la zona ni los campos”.
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Necochea: vecinos buscan evitar tala indiscriminada
Vecinos buscan evitar que se tale en forma indiscriminada
Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Ecos Diarios de Necochea
Provincia/Región: Buenos Aires
Vecinos del barrio Villa del Deportista buscan que esta zona sea declarada como paisaje protegido para evitar las talas indiscriminadas de los pinos originales del loteo que se hizo en el lugar allá por la década del 50.
Estas inquietudes fueron planteadas a los concejales de los distintos bloques en el marco de la comisión del Medio Ambiente del Concejo Deliberante. También se señaló la necesidad de contar con mayor presencia policial y de que se tenga en cuenta el barrio para un nuevo código de edificación.
En la oportunidad, se aprovechó para solicitar una audiencia con el secretario de Obras Públicas, Ricardo Asiaín, para pedir la realización de obras a fin de mejorar el sector.
Expedientes
Desde 2011 la comisión viene presentando expedientes para que se considere paisaje protegido al barrio y evitar la tala indiscriminada en los lotes privados de los pinos añosos de más de 50 años.
Sin embargo, los vecinos saben que es muy difícil y complicado el tema, más en los lotes de privados.
Destacan además que por más que se reforeste se busca una normativa que cuide esos árboles que no se pueden recuperar.
"La idea es cuidar el lugar forestado como está y que también se reforeste”, dijo el presidente de la entidad vecinal, Julio Iglesias.
También observan que si hay que cortar algún árbol para la construcción que se reforeste para no perder la esencia del barrio.
Pero más allá de la reforestación o el reemplazo de especies arbóreas, los vecinos buscan que para evitar la tala en los terrenos privados no se construya de alto. Algo que en el barrio no era muy común pero que, con el impulso de la construcción, se ha visto potenciado.
En alto
El caso extremo es de un edificio entre los árboles ubicado a metros de las avenida 10.
La falta de control de la construcción por parte del municipio ha sido una constante en estos años, donde se han registrado edificaciones de chapa, madera, vidrio y hasta barro en los últimos años.
Iglesias consideró complejo de controlar el tema de la tala de los árboles en los predios privados.
No obstante, apuestan a que se contemple en el nuevo código de edificación para la zona el tema de la prohibición de la construcción en altura para que no se pierda la belleza del paisaje
Asimismo, entre las propuestas a implementar figura el del cerco vivo y no los paredones de cemento u otro material para evitar la contaminación visual.
Plaza
Por otra parte, la entidad vecinalista considera que se ha ampliado notablemente la cantidad de habitantes en el barrio y también se han expandido sus límites geográficos desde calle 123 a 173 aproximadamente, incorporando nuevas manzanas pobladas.
En tanto, en la plaza -ubicada en calle 46 y calle 143 bis- la junta vecinal organiza las reuniones para tomar mate y donde se hacen espectáculos los fines de semana.
La reunión de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante que, presidida por la concejala María Eugenia Ruiz y estuvieron presentes todos los ediles.
La asociación vecinal de la Villa del Deportista solicitó a la comisión del Concejo Deliberante la intervención legislativa para evitar la tala indiscriminada de árboles añejos, la regulación de las construcciones y la protección del medio ambiente. ///
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Fecha de Publicación: 03/04/2016
Fuente: Ecos Diarios de Necochea
Provincia/Región: Buenos Aires
Vecinos del barrio Villa del Deportista buscan que esta zona sea declarada como paisaje protegido para evitar las talas indiscriminadas de los pinos originales del loteo que se hizo en el lugar allá por la década del 50.
Estas inquietudes fueron planteadas a los concejales de los distintos bloques en el marco de la comisión del Medio Ambiente del Concejo Deliberante. También se señaló la necesidad de contar con mayor presencia policial y de que se tenga en cuenta el barrio para un nuevo código de edificación.
En la oportunidad, se aprovechó para solicitar una audiencia con el secretario de Obras Públicas, Ricardo Asiaín, para pedir la realización de obras a fin de mejorar el sector.
Expedientes
Desde 2011 la comisión viene presentando expedientes para que se considere paisaje protegido al barrio y evitar la tala indiscriminada en los lotes privados de los pinos añosos de más de 50 años.
Sin embargo, los vecinos saben que es muy difícil y complicado el tema, más en los lotes de privados.
Destacan además que por más que se reforeste se busca una normativa que cuide esos árboles que no se pueden recuperar.
"La idea es cuidar el lugar forestado como está y que también se reforeste”, dijo el presidente de la entidad vecinal, Julio Iglesias.
También observan que si hay que cortar algún árbol para la construcción que se reforeste para no perder la esencia del barrio.
Pero más allá de la reforestación o el reemplazo de especies arbóreas, los vecinos buscan que para evitar la tala en los terrenos privados no se construya de alto. Algo que en el barrio no era muy común pero que, con el impulso de la construcción, se ha visto potenciado.
En alto
El caso extremo es de un edificio entre los árboles ubicado a metros de las avenida 10.
La falta de control de la construcción por parte del municipio ha sido una constante en estos años, donde se han registrado edificaciones de chapa, madera, vidrio y hasta barro en los últimos años.
Iglesias consideró complejo de controlar el tema de la tala de los árboles en los predios privados.
No obstante, apuestan a que se contemple en el nuevo código de edificación para la zona el tema de la prohibición de la construcción en altura para que no se pierda la belleza del paisaje
Asimismo, entre las propuestas a implementar figura el del cerco vivo y no los paredones de cemento u otro material para evitar la contaminación visual.
Plaza
Por otra parte, la entidad vecinalista considera que se ha ampliado notablemente la cantidad de habitantes en el barrio y también se han expandido sus límites geográficos desde calle 123 a 173 aproximadamente, incorporando nuevas manzanas pobladas.
En tanto, en la plaza -ubicada en calle 46 y calle 143 bis- la junta vecinal organiza las reuniones para tomar mate y donde se hacen espectáculos los fines de semana.
La reunión de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante que, presidida por la concejala María Eugenia Ruiz y estuvieron presentes todos los ediles.
La asociación vecinal de la Villa del Deportista solicitó a la comisión del Concejo Deliberante la intervención legislativa para evitar la tala indiscriminada de árboles añejos, la regulación de las construcciones y la protección del medio ambiente. ///
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Increíble: Mendoza terceriza la definición sobre minería
El Gobierno mendocino contratará los servicios de una consultora para definir su política minera
Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: sanjuan8.com
Provincia/Región: Mendoza
El Estado provincial de Mendoza tiene en carpeta contratar los servicios de una consultora para "profesionalizar la discusión" y evaluar proyectos para definir la política minera que llevará adelante el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa busca lograr un manejo de grupo para formar una mesa de consenso minero en la que se discutan los proyectos.
Durante la mañana del miércoles sectores vinculados a la actividad minera se manifestaron en Casa de Gobierno para pedirle a Cornejo lisa y llanamente "la reactivación de la industria". Esgrimieron que en la provincia hay aproximadamente 12 mil trabajadores mineros desocupados, y presentaron un petitorio.
"La gente no tiene trabajo hace mucho tiempo. Pedimos que concretamente nos digan cuál será la política minera de mendoza, necesitamos saber el estado real de los proyectos y actos concretos", sostuvo Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros. "Nos dicen que es una cuestión política, entonces queremos hablar con la política", agregó.
Entre los manifestantes, se encontraban quienes se quedaron sin trabajo tras la salida de la minera brasileña Vale del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe.
Los trabajadores desempleados fueron atendidos en la vía pública por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien reiteró que el Ejecutivo quiere definir un plan de trabajo para el proyecto Potasio Río Colorado buscando nuevos inversores.
Sin embargo, en lo que se refiere a política minera, el funcionario indicó: "Contrataremos a una consultora para que se puedan delinear todos los aspectos y criterios a tener en cuenta para desarrollar una política minera".
Este servicio le saldrá al Gobierno al menos dos millones de pesos, según el mismo funcionario detalló. Luego agregó que los resultados de este estudio, "le permitirá al Gobierno profesionalizar la discusión para lograr a futuro una mesa de consenso".
"Esto es como empezar de cero, nos hemos puesto un plazo de seis meses", señaló Guiñazú. La idea de la gestión "es definir una política minera y estudiar cada proyecto para que cuando lleguen a la Legislatura sean sustentables en lo social, ambiental y en lo económico para la Provincia".
En tanto el ex miembro de la Red Ambientalista OIKOS y actual integrante de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, detalló que la contratación de la consultora es para "elaborar una estrategia en torno al desarrollo de ciertas actividades mineras".
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Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: sanjuan8.com
Provincia/Región: Mendoza
El Estado provincial de Mendoza tiene en carpeta contratar los servicios de una consultora para "profesionalizar la discusión" y evaluar proyectos para definir la política minera que llevará adelante el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa busca lograr un manejo de grupo para formar una mesa de consenso minero en la que se discutan los proyectos.
Durante la mañana del miércoles sectores vinculados a la actividad minera se manifestaron en Casa de Gobierno para pedirle a Cornejo lisa y llanamente "la reactivación de la industria". Esgrimieron que en la provincia hay aproximadamente 12 mil trabajadores mineros desocupados, y presentaron un petitorio.
"La gente no tiene trabajo hace mucho tiempo. Pedimos que concretamente nos digan cuál será la política minera de mendoza, necesitamos saber el estado real de los proyectos y actos concretos", sostuvo Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros. "Nos dicen que es una cuestión política, entonces queremos hablar con la política", agregó.
Entre los manifestantes, se encontraban quienes se quedaron sin trabajo tras la salida de la minera brasileña Vale del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe.
Los trabajadores desempleados fueron atendidos en la vía pública por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien reiteró que el Ejecutivo quiere definir un plan de trabajo para el proyecto Potasio Río Colorado buscando nuevos inversores.
Sin embargo, en lo que se refiere a política minera, el funcionario indicó: "Contrataremos a una consultora para que se puedan delinear todos los aspectos y criterios a tener en cuenta para desarrollar una política minera".
Este servicio le saldrá al Gobierno al menos dos millones de pesos, según el mismo funcionario detalló. Luego agregó que los resultados de este estudio, "le permitirá al Gobierno profesionalizar la discusión para lograr a futuro una mesa de consenso".
"Esto es como empezar de cero, nos hemos puesto un plazo de seis meses", señaló Guiñazú. La idea de la gestión "es definir una política minera y estudiar cada proyecto para que cuando lleguen a la Legislatura sean sustentables en lo social, ambiental y en lo económico para la Provincia".
En tanto el ex miembro de la Red Ambientalista OIKOS y actual integrante de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa, detalló que la contratación de la consultora es para "elaborar una estrategia en torno al desarrollo de ciertas actividades mineras".
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Bariloche proyecta un parque por degradación ambiental
Buscan consensos para la creación de un Parque Central a raíz de alta degradación del medio ambiente en zona Oeste
Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Se desarrolló este miércoles (30/3) una reunión en el Concejo Municipal donde se expuso el estado de avance del Parque Central (actualmente tierras del Ejército, del Centro Atómico y otras parcelas) de Bariloche. El proyecto presentado en la Legislatura es ambicioso, pero por el momento sólo se trata de conformar “una comisión” para avanzar “en un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses”, dijo la legisladora Carreras.
La legisladora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) señaló las complejidades del proceso para la creación de un Parque Central en Bariloche. Los actores intervinientes son varios y por ello solicitó al Concejo que forme parte de una comisión que busque los acuerdos necesarios. “Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, evaluó. Es evidente que al existir distintas jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, la tarea no será sencilla y -por lo menos- ponerse de acuerdo llevará un largo plazo.
La iniciativa de Carreras busca crear un área natural protegida de alrededor de 3.500 hectáreas en el oeste, para actividades de esparcimiento, deportivas, culturales, sociales, ecológicas y de investigación científica. El miércoles, invitada por el presidente del Concejo, Diego Benítez, concurrió al Concejo para informar el estado de avance del parque y tomar sugerencias de los ediles.
En los fundamentos del proyecto elevado al parlamento rionegrino, Carreras indicó que “la realidad actual de la zona dista mucho de ser la ideal, dado que se observan situaciones no deseadas tales como la existencia de basurales clandestinos en varios sitios, algunos produciendo contaminación en los cursos de agua, situaciones de inseguridad hacia las personas que transitan por el lugar, degradación sistemática de medio ambiente, con tala no autorizada del bosque nativo, extracción de áridos, realización de actividades de turismo de aventura sin adecuada fiscalización”. Dichos temas fueron debatidos por los concejales, en la reunión del miércoles, con la pertinente alarma, sobre todo por la falta de inspectores, guardaparques o guardafaunas, que cuiden el recurso.
Sostiene Carreras que existe una “generalizada voluntad de que el área no se fragmente”. Tampoco es la idea que la Nación traspase dichas tierras al ejido barilochense.
Existe allí un “gran potencial tanto en la extensión de dicho territorio, como en la variedad paisajística, con bajo grado de ocupación poblacional”. El marco es adecuado para un desarrollo urbano ideal ya que se debe contar con un 15 o 20% de espacios verdes.
En este sentido la ciudad de Bariloche muestra un déficit, puesto que contando plazas, parques y reservas, sólo se cuenta con 8% de espacios verdes en el ejido municipal y se deben lograr mayores lugares para el disfrute de la población.
Relató Carreras, que la propuesta surgió hace 8 años desde diversos sectores y organizaciones, y advirtió que se trata de una fracción amplia que no se encuentra toda en la misma situación legal: existen áreas en uso de la Escuela Militar de Montaña, del Centro Atómico y territorio de comunidades originarias.
Manifestó que mantuvo un encuentro con miembros de las comunidades mapuches para conversar la iniciativa y acercar posturas. E informó a los ediles su voluntad de crear una “comisión de consensos y planificación”, para “darle formalidad a la mesa” en la que estarían representados los Estados nacional, provincial y municipal, organizaciones ambientalistas, vecinos de la zona y las comunidades, si están interesadas en participar.
“Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, consideró la legisladora, invitando al Concejo Deliberante a analizar el proyecto y la posibilidad de formar parte de ese espacio.
Definen problemas
Peligro de incendios forestales. Deforestación (tala y extracción ilegal de madera). Desertificación, fragmentación y empobrecimiento de los ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. Contaminación del suelo, basureros clandestinos. Pérdida de la calidad del paisaje. Introducción de especies exóticas. Extracción de áridos en cauces de arroyos. Uso no regulado de costas. Tránsito sin autorización de vehículos 4 x 4. Amenazas a la integridad física de las personas, delitos comunes. Cesión de tierras sin evaluación del área como unidad territorial.
Comisión a formar
La comisión a conformar estaría integrada por: dos representantes de la Nación. Uno de la Provincia de Río Negro. Un representante legislativo. Dos de la Municipalidad de Bariloche (con la presidencia de la Comisión). Un representante del Concejo Municipal. Uno de las Juntas Vecinales linderas. Uno de organizaciones ambientalistas e invitar a conformar “el equipo” a un representante de comunidades originarias.
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Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Se desarrolló este miércoles (30/3) una reunión en el Concejo Municipal donde se expuso el estado de avance del Parque Central (actualmente tierras del Ejército, del Centro Atómico y otras parcelas) de Bariloche. El proyecto presentado en la Legislatura es ambicioso, pero por el momento sólo se trata de conformar “una comisión” para avanzar “en un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses”, dijo la legisladora Carreras.
La legisladora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) señaló las complejidades del proceso para la creación de un Parque Central en Bariloche. Los actores intervinientes son varios y por ello solicitó al Concejo que forme parte de una comisión que busque los acuerdos necesarios. “Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, evaluó. Es evidente que al existir distintas jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, la tarea no será sencilla y -por lo menos- ponerse de acuerdo llevará un largo plazo.
La iniciativa de Carreras busca crear un área natural protegida de alrededor de 3.500 hectáreas en el oeste, para actividades de esparcimiento, deportivas, culturales, sociales, ecológicas y de investigación científica. El miércoles, invitada por el presidente del Concejo, Diego Benítez, concurrió al Concejo para informar el estado de avance del parque y tomar sugerencias de los ediles.
En los fundamentos del proyecto elevado al parlamento rionegrino, Carreras indicó que “la realidad actual de la zona dista mucho de ser la ideal, dado que se observan situaciones no deseadas tales como la existencia de basurales clandestinos en varios sitios, algunos produciendo contaminación en los cursos de agua, situaciones de inseguridad hacia las personas que transitan por el lugar, degradación sistemática de medio ambiente, con tala no autorizada del bosque nativo, extracción de áridos, realización de actividades de turismo de aventura sin adecuada fiscalización”. Dichos temas fueron debatidos por los concejales, en la reunión del miércoles, con la pertinente alarma, sobre todo por la falta de inspectores, guardaparques o guardafaunas, que cuiden el recurso.
Sostiene Carreras que existe una “generalizada voluntad de que el área no se fragmente”. Tampoco es la idea que la Nación traspase dichas tierras al ejido barilochense.
Existe allí un “gran potencial tanto en la extensión de dicho territorio, como en la variedad paisajística, con bajo grado de ocupación poblacional”. El marco es adecuado para un desarrollo urbano ideal ya que se debe contar con un 15 o 20% de espacios verdes.
En este sentido la ciudad de Bariloche muestra un déficit, puesto que contando plazas, parques y reservas, sólo se cuenta con 8% de espacios verdes en el ejido municipal y se deben lograr mayores lugares para el disfrute de la población.
Relató Carreras, que la propuesta surgió hace 8 años desde diversos sectores y organizaciones, y advirtió que se trata de una fracción amplia que no se encuentra toda en la misma situación legal: existen áreas en uso de la Escuela Militar de Montaña, del Centro Atómico y territorio de comunidades originarias.
Manifestó que mantuvo un encuentro con miembros de las comunidades mapuches para conversar la iniciativa y acercar posturas. E informó a los ediles su voluntad de crear una “comisión de consensos y planificación”, para “darle formalidad a la mesa” en la que estarían representados los Estados nacional, provincial y municipal, organizaciones ambientalistas, vecinos de la zona y las comunidades, si están interesadas en participar.
“Tenemos un predio que puede cambiar la vida de los barilochenses y tiene que nacer con consenso de la comunidad”, consideró la legisladora, invitando al Concejo Deliberante a analizar el proyecto y la posibilidad de formar parte de ese espacio.
Definen problemas
Peligro de incendios forestales. Deforestación (tala y extracción ilegal de madera). Desertificación, fragmentación y empobrecimiento de los ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. Contaminación del suelo, basureros clandestinos. Pérdida de la calidad del paisaje. Introducción de especies exóticas. Extracción de áridos en cauces de arroyos. Uso no regulado de costas. Tránsito sin autorización de vehículos 4 x 4. Amenazas a la integridad física de las personas, delitos comunes. Cesión de tierras sin evaluación del área como unidad territorial.
Comisión a formar
La comisión a conformar estaría integrada por: dos representantes de la Nación. Uno de la Provincia de Río Negro. Un representante legislativo. Dos de la Municipalidad de Bariloche (con la presidencia de la Comisión). Un representante del Concejo Municipal. Uno de las Juntas Vecinales linderas. Uno de organizaciones ambientalistas e invitar a conformar “el equipo” a un representante de comunidades originarias.
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Gualeguaychú organiza la 12º Marcha
La Asamblea de Gualeguaychú avanza en la organización de la 12º Marcha al Puente Internacional
Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
“Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia” es el lema de la convocatoria organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad • Será el 24 de abril y, para avanzar en la organización, los asambleístas se reúne dos veces por semana • Este año el Municipio realizará un aporte económico para solventar algunos gastos
El domingo 24 de abril se realizará la 12ª Marcha al Puente Internacional, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad.
Al respecto, el asambleísta Juan Veronesi dijo que “la organización de la marcha de este año está en pleno desarrollo” y agregó: “A partir de ahora ya efectuamos dos reuniones semanales, lunes y miércoles, ya que son muchas las tareas que hay que llevar a cabo”.
En tal sentido, convocó a todos aquellos que quieran sumarse al trabajo de la organización.
Veronesi reveló que la convocatoria de este año se llevará adelante bajo el lema “Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”.
Asimismo, Veronesi manifestó: “Ya hemos tenido varias reuniones con las autoridades municipales” e incluso se reunieron con el intendente Martín Piaggio y con el vice Jorge Maradey”.
“El viernes además tuvimos un encuentro con los responsables de las áreas municipales que son afectadas por la logística de la marcha, como Electrotécnia y Tránsito, por ejemplo”, añadió en declaraciones a Radio Máxima.
“Este año percibimos que hay un entusiasmo muy grande por parte del Gobierno municipal. El propio intendente Piaggio nos ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere estar al frente de la lucha medioambiental en general y en particular contra la presencia de UPM Botnia”, destacó.
En este marco, Veronesi reveló que este año el Municipio “realizará un aporte económico para la cobertura de una serie de gastos que demanda la organización de la Marcha al Puente Internacional”.
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Fecha de Publicación: 02/04/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
“Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia” es el lema de la convocatoria organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad • Será el 24 de abril y, para avanzar en la organización, los asambleístas se reúne dos veces por semana • Este año el Municipio realizará un aporte económico para solventar algunos gastos
El domingo 24 de abril se realizará la 12ª Marcha al Puente Internacional, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en protesta por la contaminación que provoca la pastera UPM Botnia, para la cual llegará un apoyo de la Municipalidad.
Al respecto, el asambleísta Juan Veronesi dijo que “la organización de la marcha de este año está en pleno desarrollo” y agregó: “A partir de ahora ya efectuamos dos reuniones semanales, lunes y miércoles, ya que son muchas las tareas que hay que llevar a cabo”.
En tal sentido, convocó a todos aquellos que quieran sumarse al trabajo de la organización.
Veronesi reveló que la convocatoria de este año se llevará adelante bajo el lema “Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia”.
Asimismo, Veronesi manifestó: “Ya hemos tenido varias reuniones con las autoridades municipales” e incluso se reunieron con el intendente Martín Piaggio y con el vice Jorge Maradey”.
“El viernes además tuvimos un encuentro con los responsables de las áreas municipales que son afectadas por la logística de la marcha, como Electrotécnia y Tránsito, por ejemplo”, añadió en declaraciones a Radio Máxima.
“Este año percibimos que hay un entusiasmo muy grande por parte del Gobierno municipal. El propio intendente Piaggio nos ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere estar al frente de la lucha medioambiental en general y en particular contra la presencia de UPM Botnia”, destacó.
En este marco, Veronesi reveló que este año el Municipio “realizará un aporte económico para la cobertura de una serie de gastos que demanda la organización de la Marcha al Puente Internacional”.
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Gobierno promete "cero deforestación" en 4 años
Argentina dice que en 4 años habrá cero deforestación
Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La visita de Barack Obama a nuestro país la semana pasada dejó mucha tela para cortar. Entre una serie de elogios a la gestión del presidente Mauricio Macri, se destacó la postura de Argentina frente al cambio climático en la Cumbre de París que se desarrolló en diciembre pasado.
Allí, tal como explicó Juan Carlos Villalonga -representante del primer mandatario en Francia- Argentina cambió su actitud y actuó como facilitador del documento final que firmaron los 195 países participantes para evitar el calentamiento global.
“Argentina venía siendo parte de un grupo de negociación de países de Pensamiento Afín, un grupo muy reaccionario a la negociación climática en el que estaban Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros, que eran muy poco proactivos a lograr un acuerdo”, expuso el diputado nacional. Con el traspaso del mando presidencial y el cambio de representantes en la Cumbre, Argentina se alejó de ese grupo.
“Nos corrimos de ese lugar y tuvimos una actitud más proactiva uniéndonos a los países con una voluntad facilitadora para lograr el acuerdo”, continuó el representante quien destacó que con esa postura Argentina marcó una diferencia en París.
Con respecto a las propuestas de nuestro país para alcanzar el objetivo de la Cumbre, Villalonga contó que fueron presentadas en octubre pasado cuando todavía gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.
“Cada país pone sobre en la mesa el compromiso para ir avanzando que se presenta previamente, en nuestro caso la meta planteada por Argentina es reducir en un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la curva tendencial”, detalló.
Para las nuevas autoridades gubernamentales esta meta es deficiente. “Argentina va a tener que revisar su compromiso, lo que proponemos nosotros es que para 2030 Argentina va a tener que estar un 30% o más por debajo de esa curva tendencial de emisiones”, destacó. Si bien el legislador deslizó que se puede ir trabajando para lograr esta meta, recién en dos años se va a formalizar en una nueva reunión mundial.
“En 2018 se va a hacer una revisión global de todos los compromisos de los países para ver cuál es la brecha entre lo que los países van a emitir y lo que la ciencia indica y Argentina para ese momento va a tener que tener un compromiso mayor”, aseguró.
Según relató Villalonga, las medidas concretas planteadas por el gobierno anterior para lograr la reducción del 15% estaban centradas en aumentar la disponibilidad de energías renovables, principalmente a través del ingreso de mayor cantidad de centrales nucleares, sumadas a políticas de eficiencia energética.
“Con estas medidas no se explotan las energías renovables como tendría que hacerlo, ya que la apuesta por la energía nuclear es más costosa que los otros tipos y además se incrementan otros problemas”, señaló el representante a la vez que agregó que se mantienen niveles de deforestación altos.
Nuevas medidas
El diputado informó que el gobierno de Macri va a comenzar su proceso de revisión de esas medidas. “En principio se estima que vamos a tener resultados antes de fin de año”, adelantó. De todas formas ya tienen las primeras propuestas en las que ir trabajando: “Tenemos que terminar esta década con 10% de participación de renovables en energía eléctrica, cuando hoy es el 1%, y llegar al 20% en 2025 como fechas claves”, precisó.
Para lograr este propósito, Argentina tiene que comenzar a ingresar a gran escala las energías renovables como eólica, solar, biomasa y biocombustibles.
La segunda propuesta tiene que ver con la deforestación. “En estos próximos 4 años vamos a bajar a cero la deforestación”, afirmó. Según subrayó, centrándose en esos dos rubros se puede hacer una diferencia de acá a 2030. “A partir de ese año se deberán empezar con los ajustes en otras áreas”, explicó.
Acuerdo global
Tal como destacó Villalonga lo más importante de la Cumbre de París de diciembre fue el acuerdo que se firmó entre los 195 países participantes. “El documento plantea algunas metas climáticas que son muy potentes desde el punto de vista político y tecnológico: debemos estar muy por debajo de los 2° centígrados de aumento al finalizar este siglo y tratar de limitarlo a 1,5 grados”, detalló el representante.
Otro punto establece que en la segunda mitad de este siglo, las emisiones tienen que haber llegado a la neutralidad, es decir, el mundo tiene que estar con cero emisiones. “Esto tiene una segunda implicancia: logrado ese punto es muy probable que tengamos que estar en emisiones negativas, es decir, absorber más emisiones de las que estamos generando”, analizó.
El representante remarcó que para lograr este objetivo hay que producir un enorme abandono del combustible fósil. “Tenemos que producir un cambio enorme entre todos y probablemente muchos gobiernos no estén del todo conscientes de ello”, deslizó.
Acciones locales: agua, bicicleta y forestales
Si bien las medidas para enfrentar el cambio climático se planean a nivel país, las distintas provincias también llevan adelante acciones tanto para mitigar como para adaptarse a las modificaciones del ambiente, ya que varían de acuerdo a cada región. En Mendoza se viene trabajando en estos aspectos desde hace varios años principalmente a través de la Agencia de Cambio Climático, una unidad ejecutora directa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos internacionales que aportan fondos.
Dado que Mendoza es una zona árida, se trabaja principalmente con la temática del agua. “Mendoza es una provincia en la cual el recurso agua es muy sensible, por lo que es fundamental saber cómo están nuestras reservas. Para ello, se están comprando más estaciones remotas que se colocan en alta montaña y permiten medir permanentemente las precipitaciones de nieve o de agua para saber con qué recurso vamos a disponer en el verano”, explicó Humberto Mingorance, titular de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Un segundo punto que se viene difundiendo desde hace un tiempo es la construcción de reservorios de agua que permitirán acumular agua, tanto de lluvia como la que viene de los ríos, para generarles a los productores una nueva forma de riego. “Pronto arrancamos con un reservorio en la zona de Maipú que beneficiará a 200 productores que van a tener turnos permanentes”, adelantó el funcionario.
Otro proyecto en este sentido tiene que ver con la movilidad. “Queremos que sea más eficiente y sustentable en término ambientales, por lo que se va a promover la circulación peatonal y en bicicletas y además vamos a implementar un cambio de combustibles en el sistema de transporte público”, detalló.
Un cuarto punto mencionado por Mingorance fue el plan de manejo del arbolado público que se enmarca dentro del Unicipio, para recuperar los forestales que se van perdiendo y un plan de cuidado de la flora nativa. “Queremos conseguir más fondos para poder cuidar más la flora nativa y generar algún replante en sectores que se ha desgastado por la actividad ganadera”, aseguró.
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Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La visita de Barack Obama a nuestro país la semana pasada dejó mucha tela para cortar. Entre una serie de elogios a la gestión del presidente Mauricio Macri, se destacó la postura de Argentina frente al cambio climático en la Cumbre de París que se desarrolló en diciembre pasado.
Allí, tal como explicó Juan Carlos Villalonga -representante del primer mandatario en Francia- Argentina cambió su actitud y actuó como facilitador del documento final que firmaron los 195 países participantes para evitar el calentamiento global.
“Argentina venía siendo parte de un grupo de negociación de países de Pensamiento Afín, un grupo muy reaccionario a la negociación climática en el que estaban Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros, que eran muy poco proactivos a lograr un acuerdo”, expuso el diputado nacional. Con el traspaso del mando presidencial y el cambio de representantes en la Cumbre, Argentina se alejó de ese grupo.
“Nos corrimos de ese lugar y tuvimos una actitud más proactiva uniéndonos a los países con una voluntad facilitadora para lograr el acuerdo”, continuó el representante quien destacó que con esa postura Argentina marcó una diferencia en París.
Con respecto a las propuestas de nuestro país para alcanzar el objetivo de la Cumbre, Villalonga contó que fueron presentadas en octubre pasado cuando todavía gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.
“Cada país pone sobre en la mesa el compromiso para ir avanzando que se presenta previamente, en nuestro caso la meta planteada por Argentina es reducir en un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la curva tendencial”, detalló.
Para las nuevas autoridades gubernamentales esta meta es deficiente. “Argentina va a tener que revisar su compromiso, lo que proponemos nosotros es que para 2030 Argentina va a tener que estar un 30% o más por debajo de esa curva tendencial de emisiones”, destacó. Si bien el legislador deslizó que se puede ir trabajando para lograr esta meta, recién en dos años se va a formalizar en una nueva reunión mundial.
“En 2018 se va a hacer una revisión global de todos los compromisos de los países para ver cuál es la brecha entre lo que los países van a emitir y lo que la ciencia indica y Argentina para ese momento va a tener que tener un compromiso mayor”, aseguró.
Según relató Villalonga, las medidas concretas planteadas por el gobierno anterior para lograr la reducción del 15% estaban centradas en aumentar la disponibilidad de energías renovables, principalmente a través del ingreso de mayor cantidad de centrales nucleares, sumadas a políticas de eficiencia energética.
“Con estas medidas no se explotan las energías renovables como tendría que hacerlo, ya que la apuesta por la energía nuclear es más costosa que los otros tipos y además se incrementan otros problemas”, señaló el representante a la vez que agregó que se mantienen niveles de deforestación altos.
Nuevas medidas
El diputado informó que el gobierno de Macri va a comenzar su proceso de revisión de esas medidas. “En principio se estima que vamos a tener resultados antes de fin de año”, adelantó. De todas formas ya tienen las primeras propuestas en las que ir trabajando: “Tenemos que terminar esta década con 10% de participación de renovables en energía eléctrica, cuando hoy es el 1%, y llegar al 20% en 2025 como fechas claves”, precisó.
Para lograr este propósito, Argentina tiene que comenzar a ingresar a gran escala las energías renovables como eólica, solar, biomasa y biocombustibles.
La segunda propuesta tiene que ver con la deforestación. “En estos próximos 4 años vamos a bajar a cero la deforestación”, afirmó. Según subrayó, centrándose en esos dos rubros se puede hacer una diferencia de acá a 2030. “A partir de ese año se deberán empezar con los ajustes en otras áreas”, explicó.
Acuerdo global
Tal como destacó Villalonga lo más importante de la Cumbre de París de diciembre fue el acuerdo que se firmó entre los 195 países participantes. “El documento plantea algunas metas climáticas que son muy potentes desde el punto de vista político y tecnológico: debemos estar muy por debajo de los 2° centígrados de aumento al finalizar este siglo y tratar de limitarlo a 1,5 grados”, detalló el representante.
Otro punto establece que en la segunda mitad de este siglo, las emisiones tienen que haber llegado a la neutralidad, es decir, el mundo tiene que estar con cero emisiones. “Esto tiene una segunda implicancia: logrado ese punto es muy probable que tengamos que estar en emisiones negativas, es decir, absorber más emisiones de las que estamos generando”, analizó.
El representante remarcó que para lograr este objetivo hay que producir un enorme abandono del combustible fósil. “Tenemos que producir un cambio enorme entre todos y probablemente muchos gobiernos no estén del todo conscientes de ello”, deslizó.
Acciones locales: agua, bicicleta y forestales
Si bien las medidas para enfrentar el cambio climático se planean a nivel país, las distintas provincias también llevan adelante acciones tanto para mitigar como para adaptarse a las modificaciones del ambiente, ya que varían de acuerdo a cada región. En Mendoza se viene trabajando en estos aspectos desde hace varios años principalmente a través de la Agencia de Cambio Climático, una unidad ejecutora directa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos internacionales que aportan fondos.
Dado que Mendoza es una zona árida, se trabaja principalmente con la temática del agua. “Mendoza es una provincia en la cual el recurso agua es muy sensible, por lo que es fundamental saber cómo están nuestras reservas. Para ello, se están comprando más estaciones remotas que se colocan en alta montaña y permiten medir permanentemente las precipitaciones de nieve o de agua para saber con qué recurso vamos a disponer en el verano”, explicó Humberto Mingorance, titular de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Un segundo punto que se viene difundiendo desde hace un tiempo es la construcción de reservorios de agua que permitirán acumular agua, tanto de lluvia como la que viene de los ríos, para generarles a los productores una nueva forma de riego. “Pronto arrancamos con un reservorio en la zona de Maipú que beneficiará a 200 productores que van a tener turnos permanentes”, adelantó el funcionario.
Otro proyecto en este sentido tiene que ver con la movilidad. “Queremos que sea más eficiente y sustentable en término ambientales, por lo que se va a promover la circulación peatonal y en bicicletas y además vamos a implementar un cambio de combustibles en el sistema de transporte público”, detalló.
Un cuarto punto mencionado por Mingorance fue el plan de manejo del arbolado público que se enmarca dentro del Unicipio, para recuperar los forestales que se van perdiendo y un plan de cuidado de la flora nativa. “Queremos conseguir más fondos para poder cuidar más la flora nativa y generar algún replante en sectores que se ha desgastado por la actividad ganadera”, aseguró.
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INTA censura un propio trabajo sobre fracking
INTA censura trabajo contra el fracking
Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Programa Ecos
Provincia/Región: Nacional
El colega Darío Aranda una vez más investiga un tema que difícilmente veamos aparecer en los medios. Dice “Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. Es la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA”. Cómo es esto?
“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA. Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.
El trabajo censurado firmado por Diego Rodil, aclara que se trata de la primera etapa de una investigación que se enmarca en el proyecto “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.
Entre otras cosas, el trabajo habla de la incompatibilidad de actividades frutícola y gasífera debido a la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, ruidos molestos en la zona, rajaduras en casas, incremento de problemas de salud y riesgos de contaminación de aguas. El trabajo indica con todas las letras que preocupa la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública.
Allen, capital nacional de la pera en el centro del Alto Valle del Río Negro, concentra chacras productoras de fruta y una infraestructura para sostener esa producción, desde galpones hasta frigoríficos.
El trabajo menciona que cada vez hay más chacras abandonadas, derrames de crudo, roturas de cañerías, explosiones e incendios. “El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”.
“La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”, dice. En las conclusiones parciales, se puede leer: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.
Recordemos que en 2013 el Concejo Deliberante de Allen a través de una ordenanza prohibió el fracking, pero un par de meses después, a instancias del gobierno provincial, el Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional la ley local.
Cuenta Darío Aranda – a quien agradezco la minuciosa investigación- que este trabajo de Diego Rodil del INTA iba a ser presentado el 12 de noviembre en la VII Jornadas de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, en la Universidad Nacional del Comahue sede Neuquén. Pero, el día anterior, Rodil recibió un llamado del director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Alto Valle, Jorge Toranzo, quien le prohibió que dé a conocer la investigación y le dijo que a la mañana siguiente se presente en el INTA, en el mismo horario en el cual supuestamente Rodil iba a estar dando su charla en la Universidad.
Y le mandaron un email que dice “Esta Dirección no considera pertinente su exposición en las Jornadas de Economía Ecológica, como así tampoco que sea publicado por los organizadores de las Jornadas. Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse”.
El INTA supuestamente tiene que dedicarse en esa zona al sector frutícola, pero anda organizando desde hace un par de años charlas en las cuales se invita a petroleros que cuenten sobre lo inocuo y bueno que es el fracking. Y hasta llama a petroleros a dictar cursitos en los que se afirma que el fracking “tiene impacto cero”.
El INTA nunca se refirió al tema en público ni alertó de los riesgos de la avanzada petrolera.
Eso sí, enseguida se pone las pilas si viene la langosta o si viene la lluvia.
Claro que la langosta o la lluvia no manejan dinero…
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Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Programa Ecos
Provincia/Región: Nacional
El colega Darío Aranda una vez más investiga un tema que difícilmente veamos aparecer en los medios. Dice “Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. Es la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA”. Cómo es esto?
“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA. Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.
El trabajo censurado firmado por Diego Rodil, aclara que se trata de la primera etapa de una investigación que se enmarca en el proyecto “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.
Entre otras cosas, el trabajo habla de la incompatibilidad de actividades frutícola y gasífera debido a la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, ruidos molestos en la zona, rajaduras en casas, incremento de problemas de salud y riesgos de contaminación de aguas. El trabajo indica con todas las letras que preocupa la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública.
Allen, capital nacional de la pera en el centro del Alto Valle del Río Negro, concentra chacras productoras de fruta y una infraestructura para sostener esa producción, desde galpones hasta frigoríficos.
El trabajo menciona que cada vez hay más chacras abandonadas, derrames de crudo, roturas de cañerías, explosiones e incendios. “El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”.
“La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”, dice. En las conclusiones parciales, se puede leer: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.
Recordemos que en 2013 el Concejo Deliberante de Allen a través de una ordenanza prohibió el fracking, pero un par de meses después, a instancias del gobierno provincial, el Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional la ley local.
Cuenta Darío Aranda – a quien agradezco la minuciosa investigación- que este trabajo de Diego Rodil del INTA iba a ser presentado el 12 de noviembre en la VII Jornadas de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, en la Universidad Nacional del Comahue sede Neuquén. Pero, el día anterior, Rodil recibió un llamado del director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Alto Valle, Jorge Toranzo, quien le prohibió que dé a conocer la investigación y le dijo que a la mañana siguiente se presente en el INTA, en el mismo horario en el cual supuestamente Rodil iba a estar dando su charla en la Universidad.
Y le mandaron un email que dice “Esta Dirección no considera pertinente su exposición en las Jornadas de Economía Ecológica, como así tampoco que sea publicado por los organizadores de las Jornadas. Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse”.
El INTA supuestamente tiene que dedicarse en esa zona al sector frutícola, pero anda organizando desde hace un par de años charlas en las cuales se invita a petroleros que cuenten sobre lo inocuo y bueno que es el fracking. Y hasta llama a petroleros a dictar cursitos en los que se afirma que el fracking “tiene impacto cero”.
El INTA nunca se refirió al tema en público ni alertó de los riesgos de la avanzada petrolera.
Eso sí, enseguida se pone las pilas si viene la langosta o si viene la lluvia.
Claro que la langosta o la lluvia no manejan dinero…
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La Rioja quiere ser punta en termosolar
La Rioja apuesta a ser pionera en producción de energía termosolar
Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador Sergio Casas firmó una carta de intención con representantes de la empresa china Potengia firma desarrolladora del Grupo CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) para impulsar la generación de energía termosolar en la provincia de La Rioja. En el país actualmente no se genera energía de este tipo, por lo que La Rioja apuesta a ser pionera en la producción de energía termosolar.
En el encuentro que se concretó este lunes en Casa de Gobierno, acompañaron al gobernador los ministros de Infraestructura, Juan Velardez; de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Rejal; de Gobierno, Claudio Saúl; y el titular del IPALaR, Ciro Montivero. En tanto que en representación de CSIC estuvieron el ceo Hansong Wang y la asistente ceo Abigail Jiang.
La carta de intención rubricada da cuenta que la Provincia de La Rioja quiere desarrollar nuevas estrategias para el aprovechamiento de los recursos naturales que posee la provincia y generar energía en base a fuentes renovables, no contaminantes. En tanto que el inversor es una empresa china de generación y comercialización de energías renovables con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos con energías renovables de generación solar. En ese marco, las partes identificaron y analizaron la conveniencia y oportunidad para la ejecución de tareas tendientes a la realización de proyectos de generación eléctrica.
De esta manera, acordaron firmar una carta de intención que tiene por finalidad realizar las evaluaciones y acciones conducentes a la instalación y futura explotación de plantas generadoras de energía eléctrica de origen solar en la provincia de La Rioja.
Provincia generadora
“Se firmo una carta de intención para cooperar con esta empresa en toda la programación y el diseño energético del futuro de la provincia. Hay una fuerte decisión del gobernador de convertir a La Rioja en generadora de energía. No solamente abastecer lo que consumimos en los meses pico, sino también vender el Sistema Interconectado este excedente para que la provincia tenga un ingreso genuino de fondos”, explicó Velardez.
Además el ministro anunció la intención del primer mandatario provincial frente a éste convenio. “El gobernador quiere que avancemos en una nueva tecnología que es la termosolar, donde la empresa china CSIC, que nos visita en esta oportunidad, es líder en tecnología de punta en el mundo”. “La provincia de La Rioja tiene las condiciones ideales para desarrollar esta energía. Nuestras zonas de radiación, tanto en el oeste como en los llanos es muy positivo”, aseguró.
Comentó además que se trabajará para fomentar la generación de energía en lugares puntuales que beneficien la producción. “Sabemos que estas nuevas subas de energía impactan en los usuarios domiciliarios y también a la gente que trabaja en la producción, por eso vamos a encarar algún tipo de solución a futuro y una de esas es la generación de energía termosolar para productores del valle de Chilecito como del valle del Bermejo”, manifestó.
Por su parte el ministro de Producción, Fernando Rejal, señaló que “en el primer contacto que hemos hecho con este grupo de empresarios chinos manifestaron su vocación y su voluntad de invertir en la energía termosolar en La Rioja”. “Además mostraron intención de investigar las condiciones para generar energía a través de los pasivos ambientales en los distintos emprendimientos olivícolas”, agregó.
Para finalizar, Abigail Jiang, asistente ceo de la empresa china CSIC, dio a conocer que la empresa que representan es “una de las empresas líderes en lo que es energía termosolar”. “Estamos encantados en colaborar con la provincia”, resaltó. Explicó a la vez que la energía termosolar es una tecnología nueva y actualmente en Argentina no hay. “Nos encantaría hacer en La Rioja el primero”, enfatizó.
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Fecha de Publicación: 01/04/2016
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador Sergio Casas firmó una carta de intención con representantes de la empresa china Potengia firma desarrolladora del Grupo CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) para impulsar la generación de energía termosolar en la provincia de La Rioja. En el país actualmente no se genera energía de este tipo, por lo que La Rioja apuesta a ser pionera en la producción de energía termosolar.
En el encuentro que se concretó este lunes en Casa de Gobierno, acompañaron al gobernador los ministros de Infraestructura, Juan Velardez; de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Rejal; de Gobierno, Claudio Saúl; y el titular del IPALaR, Ciro Montivero. En tanto que en representación de CSIC estuvieron el ceo Hansong Wang y la asistente ceo Abigail Jiang.
La carta de intención rubricada da cuenta que la Provincia de La Rioja quiere desarrollar nuevas estrategias para el aprovechamiento de los recursos naturales que posee la provincia y generar energía en base a fuentes renovables, no contaminantes. En tanto que el inversor es una empresa china de generación y comercialización de energías renovables con vasta experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos con energías renovables de generación solar. En ese marco, las partes identificaron y analizaron la conveniencia y oportunidad para la ejecución de tareas tendientes a la realización de proyectos de generación eléctrica.
De esta manera, acordaron firmar una carta de intención que tiene por finalidad realizar las evaluaciones y acciones conducentes a la instalación y futura explotación de plantas generadoras de energía eléctrica de origen solar en la provincia de La Rioja.
Provincia generadora
“Se firmo una carta de intención para cooperar con esta empresa en toda la programación y el diseño energético del futuro de la provincia. Hay una fuerte decisión del gobernador de convertir a La Rioja en generadora de energía. No solamente abastecer lo que consumimos en los meses pico, sino también vender el Sistema Interconectado este excedente para que la provincia tenga un ingreso genuino de fondos”, explicó Velardez.
Además el ministro anunció la intención del primer mandatario provincial frente a éste convenio. “El gobernador quiere que avancemos en una nueva tecnología que es la termosolar, donde la empresa china CSIC, que nos visita en esta oportunidad, es líder en tecnología de punta en el mundo”. “La provincia de La Rioja tiene las condiciones ideales para desarrollar esta energía. Nuestras zonas de radiación, tanto en el oeste como en los llanos es muy positivo”, aseguró.
Comentó además que se trabajará para fomentar la generación de energía en lugares puntuales que beneficien la producción. “Sabemos que estas nuevas subas de energía impactan en los usuarios domiciliarios y también a la gente que trabaja en la producción, por eso vamos a encarar algún tipo de solución a futuro y una de esas es la generación de energía termosolar para productores del valle de Chilecito como del valle del Bermejo”, manifestó.
Por su parte el ministro de Producción, Fernando Rejal, señaló que “en el primer contacto que hemos hecho con este grupo de empresarios chinos manifestaron su vocación y su voluntad de invertir en la energía termosolar en La Rioja”. “Además mostraron intención de investigar las condiciones para generar energía a través de los pasivos ambientales en los distintos emprendimientos olivícolas”, agregó.
Para finalizar, Abigail Jiang, asistente ceo de la empresa china CSIC, dio a conocer que la empresa que representan es “una de las empresas líderes en lo que es energía termosolar”. “Estamos encantados en colaborar con la provincia”, resaltó. Explicó a la vez que la energía termosolar es una tecnología nueva y actualmente en Argentina no hay. “Nos encantaría hacer en La Rioja el primero”, enfatizó.
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