Agricultura Familiar no es del interés de Macri
08:00 | 
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Agroindustria tira el achique
Fecha de Publicación: 10/03/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Asociación de Trabajadores del Estado se declaró en alerta y hoy se moviliza al ministerio para pedir por la continuidad del plantel de trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. El Gobierno no garantizó todos los contratos.
La tanda de despidos del sector público podría continuar con 250 trabajadores en la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Los 1522 empleados de esta entidad recibieron en los últimos días una circular informando que su vínculo contractual vencía el 31 de marzo. El titular de la subsecretaría, Oscar Alloatti, confirmó ayer que renovará 1270 de estos contratos hasta diciembre, aunque aún no se definió si el resto seguirá desempeñando tareas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que venía denunciando la posibilidad de recortes de plantilla en el área, entró en estado de alerta, asamblea y movilización permanente para reclamar el pase a planta de todo el personal. La entidad gremial realizará una movilización hoy en el Ministerio de Agroindustria y comenzará un acampe hasta que las autoridades den una respuesta. El antecedente de los despidos en la subsecretaría, afirmaron referentes gremiales, comenzó con 16 personas en la provincia de Jujuy en febrero, en donde aseguraron que se desafectó a trabajadores que apoyaron el reclamo de libertad para Milagro Sala.
“Nos generó una enorme preocupación haber recibido una comunicación en la cual se informaba la caída de todos nuestros contratos. Es algo abiertamente ilegal ya que incumple con el decreto 254/15 que dice que se renovarían los contratos de trabajadores de más de 3 años de antigüedad, la amplia mayoría de nosotros”, indicaron los delegados de ATE. De los 1522 empleados de la subsecretaría que recibieron la circular en que se anunciaba el cese del contrato el 31 de marzo, hubo 1270 individuos que, según Alloatti, recibieron una renovación hasta diciembre. Lo que resta definir es la situación de casi 300 personas que por el momento no saben si continuarán en funciones.
“El personal de la subsecretaría se encuentra en estado de alerta, asamblea y movilización permanente. Los últimos días se realizó un paro y ahora continuará el reclamo frente al edificio del ministerio con un acampe. Nos genera incertidumbre la reacción del Gobierno con el protocolo antipiquete, pero es la forma que tenemos de hacer visible que corre riesgo nuestra fuente de trabajo”, plantearon los referentes gremiales, que reclaman por el pase a planta de todo el personal.
Las autoridades de la Subsecretaría de Agricultura Familiar aseguraron que tras una reunión con los coordinadores de las distintas provincias se llegó ayer a un acuerdo para renovar los contratos hasta diciembre del 80 por ciento de la plantilla y pagar salarios adeudados por casi cuatro meses. “Estamos empezando a tener más recursos para el área, por eso ya hicimos el giro para que se abonen los salarios”, dijo Alloatti. Se trata de sueldos atrasados desde diciembre con más de 200 personas, quienes mantienen una relación laboral precarizada con el Estado.
Alloatti aseguró que los coordinadores se encuentran en un proceso de análisis del personal, con entrevistas a los agentes para evaluar cuáles son sus funciones y expectativas en el sector. También dijo que se está haciendo un relevamiento de la infraestructura, en dónde se encontró que 30 por ciento de los vehículos que se utilizan para hacer los trabajos en zonas rurales se encuentra en funcionamiento operativo. “La idea es darle cada vez más funciones a la subsecretaría”, apuntó.
Los referentes gremiales, no obstante, aseguraron que en los últimos meses dejaron de tener tareas asignadas y que hubo un recorte en el presupuesto, al frenar los pagos para el combustible y el adelanto de los viáticos. El personal de la subsecretaría tiene a cargo atender a más de 200.000 familias que realizan agricultura de pequeña escala, en dónde se observan casos de fuerte vulnerabilidad. Los agentes realizan esta tarea en numerosas localidades del interior. “La apuesta es colaborar con las comunidades nativas y los pequeños emprendedores rurales para que se organicen en los proyectos, el financiamiento y los esquemas de producción”, apuntaron los delegados de ATE. Pero indicaron que con la llegada de las nuevas autoridades se dificultó el trabajo. “La nueva gestión empezó a vaciar el área. Nos desconectaron de Internet y otras comunicaciones. Dejó de haber presupuesto para salir a realizar el trabajo de campo a la zona rural, en donde tenemos contacto directo con las familias”, cerraron.
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Fecha de Publicación: 10/03/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Asociación de Trabajadores del Estado se declaró en alerta y hoy se moviliza al ministerio para pedir por la continuidad del plantel de trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. El Gobierno no garantizó todos los contratos.
La tanda de despidos del sector público podría continuar con 250 trabajadores en la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Los 1522 empleados de esta entidad recibieron en los últimos días una circular informando que su vínculo contractual vencía el 31 de marzo. El titular de la subsecretaría, Oscar Alloatti, confirmó ayer que renovará 1270 de estos contratos hasta diciembre, aunque aún no se definió si el resto seguirá desempeñando tareas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que venía denunciando la posibilidad de recortes de plantilla en el área, entró en estado de alerta, asamblea y movilización permanente para reclamar el pase a planta de todo el personal. La entidad gremial realizará una movilización hoy en el Ministerio de Agroindustria y comenzará un acampe hasta que las autoridades den una respuesta. El antecedente de los despidos en la subsecretaría, afirmaron referentes gremiales, comenzó con 16 personas en la provincia de Jujuy en febrero, en donde aseguraron que se desafectó a trabajadores que apoyaron el reclamo de libertad para Milagro Sala.
“Nos generó una enorme preocupación haber recibido una comunicación en la cual se informaba la caída de todos nuestros contratos. Es algo abiertamente ilegal ya que incumple con el decreto 254/15 que dice que se renovarían los contratos de trabajadores de más de 3 años de antigüedad, la amplia mayoría de nosotros”, indicaron los delegados de ATE. De los 1522 empleados de la subsecretaría que recibieron la circular en que se anunciaba el cese del contrato el 31 de marzo, hubo 1270 individuos que, según Alloatti, recibieron una renovación hasta diciembre. Lo que resta definir es la situación de casi 300 personas que por el momento no saben si continuarán en funciones.
“El personal de la subsecretaría se encuentra en estado de alerta, asamblea y movilización permanente. Los últimos días se realizó un paro y ahora continuará el reclamo frente al edificio del ministerio con un acampe. Nos genera incertidumbre la reacción del Gobierno con el protocolo antipiquete, pero es la forma que tenemos de hacer visible que corre riesgo nuestra fuente de trabajo”, plantearon los referentes gremiales, que reclaman por el pase a planta de todo el personal.
Las autoridades de la Subsecretaría de Agricultura Familiar aseguraron que tras una reunión con los coordinadores de las distintas provincias se llegó ayer a un acuerdo para renovar los contratos hasta diciembre del 80 por ciento de la plantilla y pagar salarios adeudados por casi cuatro meses. “Estamos empezando a tener más recursos para el área, por eso ya hicimos el giro para que se abonen los salarios”, dijo Alloatti. Se trata de sueldos atrasados desde diciembre con más de 200 personas, quienes mantienen una relación laboral precarizada con el Estado.
Alloatti aseguró que los coordinadores se encuentran en un proceso de análisis del personal, con entrevistas a los agentes para evaluar cuáles son sus funciones y expectativas en el sector. También dijo que se está haciendo un relevamiento de la infraestructura, en dónde se encontró que 30 por ciento de los vehículos que se utilizan para hacer los trabajos en zonas rurales se encuentra en funcionamiento operativo. “La idea es darle cada vez más funciones a la subsecretaría”, apuntó.
Los referentes gremiales, no obstante, aseguraron que en los últimos meses dejaron de tener tareas asignadas y que hubo un recorte en el presupuesto, al frenar los pagos para el combustible y el adelanto de los viáticos. El personal de la subsecretaría tiene a cargo atender a más de 200.000 familias que realizan agricultura de pequeña escala, en dónde se observan casos de fuerte vulnerabilidad. Los agentes realizan esta tarea en numerosas localidades del interior. “La apuesta es colaborar con las comunidades nativas y los pequeños emprendedores rurales para que se organicen en los proyectos, el financiamiento y los esquemas de producción”, apuntaron los delegados de ATE. Pero indicaron que con la llegada de las nuevas autoridades se dificultó el trabajo. “La nueva gestión empezó a vaciar el área. Nos desconectaron de Internet y otras comunicaciones. Dejó de haber presupuesto para salir a realizar el trabajo de campo a la zona rural, en donde tenemos contacto directo con las familias”, cerraron.
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Monsanto presiona a la “Médicos de Pueblos Fumigados”
Monsanto intima
Fecha de Publicación: 10/03/2016
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Red de Salud y Ambiente “Médicos de Pueblos Fumigados” fue intimada con cartas documento enviadas por Monsanto, para que supriman un informe realizado por la organización, argumentando que los datos presentes en el mismo eran falsos. «No es un secreto que Monsanto mantiene una pelea con esta organización, que desde hace ya algunos años se ha propuesto investigar acerca de los efectos de los agrotóxicos en la salud de los pueblos y el ambiente», afirma una gacetilla de la Red. «Por otra parte, la utilización de intimaciones como modus operandi habla de una preocupante limitación a la libertad científica, lo cual merece el rechazo de quienes vemos en la ciencia y los profesionales de la salud la seria responsabilidad de investigar los efectos que estas empresas tienen sobre el desarrollo de las comunidades», acota.
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Fecha de Publicación: 10/03/2016
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Red de Salud y Ambiente “Médicos de Pueblos Fumigados” fue intimada con cartas documento enviadas por Monsanto, para que supriman un informe realizado por la organización, argumentando que los datos presentes en el mismo eran falsos. «No es un secreto que Monsanto mantiene una pelea con esta organización, que desde hace ya algunos años se ha propuesto investigar acerca de los efectos de los agrotóxicos en la salud de los pueblos y el ambiente», afirma una gacetilla de la Red. «Por otra parte, la utilización de intimaciones como modus operandi habla de una preocupante limitación a la libertad científica, lo cual merece el rechazo de quienes vemos en la ciencia y los profesionales de la salud la seria responsabilidad de investigar los efectos que estas empresas tienen sobre el desarrollo de las comunidades», acota.
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El biodiesel podría ser potenciado
Quieren duplicar el corte del gasoil con biodiesel
Fecha de Publicación: 10/03/2016
Fuente: iEco
Provincia/Región: Nacional
La industria del biodiesel cerró el 2015 con una elevada capacidad ociosa: puede elaborar hasta 4,6 millones de toneladas anuales a partir del aceite de soja, pero solo produjo 1,8 millones, el 40% de su posibilidad. En este contexto, una entidad propuso al gobierno duplicar en el corto plazo el uso de ese biocombustible dentro del mercado doméstico.
Envalentonada luego de lo que sucedió con el bioetanol, donde el macrismo impulsó la propuesta de incrementar la dosis de ese "combustible verde" en el corte obligatorio de la nafta, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH) presentó un proyecto para incrementar aceleradamente también el corte del gasoil. La entidad cree que es posible elevar a 12% ese corte en un plazo inmediato. Y para octubre imagina que la participación del biodiesel podría crecer hasta 20%, el doble del corte vigente.
Según Claudio Molina, coordinador de esa asociación, la idea es que haya un plan con metas de corto y mediano plazo que permitan utilizar la capacidad ociosa (que originalmente se había pensado para cubrir mercados de exportación luego cerrados) y atraigan inversiones en ese sector.
Adicionalmente la AABH solicitó al Ministerio de Energía, que conduce el ex Shell Juan José Aranguren, "la fijación de los derechos de exportación del biodiesel en 0% y la extensión de los plazos de permisos de embarque a 180 días”.
¿Es posible llevar tan rápidamente el corte de gasoil con biodiesel hasta el 20%", le preguntó Clarín a Molina. El especialista dijo que aunque la ecuación económica no es del todo favorable, por la baja del petróleo y el encarecimiento de los granos (en este caso la soja), sí sería posible si hay decisión política de cumplir con la Ley 26.093, de promoción de los biocombustibles.
"La reciente devaluación del peso y quita de retenciones ha debilitado a la industria de biocombustibles, ya que los precios de las materias primas subieron mucho más que el precio de estos biocombustibles fijado por el Ministerio de Energía. El problema ha puesto en una grave situación a toda la industria, la que a diferencia de lo que ocurre con la industria petrolera no está siendo asistida por el Gobierno", explicó Molina.
El experto reconoció que "hay resistencias de las industrias petrolera y automotriz al aumento del contenido de biocombustibles". En el primer caso, por cuestiones económicas, ya que las compañías prefieren refinar mayor cantidad de petrólero a un precio cercano al doble del internacional. En el segundo, por cuestiones técnicas.
"La industria automotriz no acepta la reciente medida impulsada por el Gobierno de aumentar el contenido de bioetanol en las naftas al 12 % y menos acepta la implementación del 20% en el caso del biodiesel", reconoció Molina, que de todos modos remarcó que en Europa el mismo sector aplica otra vara, pues los fabricantes de autos aceptan un corte de hasta 30%.
Para Molina, de todos modos, es necesario avanzar. Consideró, en ese sentido, que una variante podría ser duplicar el corte con biodiesel solo en el gasoil común, dejando el premiun en el 10%.
"En el caso de los motores de maquinaria agrícola no hay problema alguno para usar 20% de biodiesel. En el caso de los camiones tampoco lo hay desde el momento que Mercedes Benz exteriorizó en agosto de 2011 que los vehículos con motores de su marca podían hacer uso de esa mezcla sin problemas", añadió el especialista.
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Fecha de Publicación: 10/03/2016
Fuente: iEco
Provincia/Región: Nacional
La industria del biodiesel cerró el 2015 con una elevada capacidad ociosa: puede elaborar hasta 4,6 millones de toneladas anuales a partir del aceite de soja, pero solo produjo 1,8 millones, el 40% de su posibilidad. En este contexto, una entidad propuso al gobierno duplicar en el corto plazo el uso de ese biocombustible dentro del mercado doméstico.
Envalentonada luego de lo que sucedió con el bioetanol, donde el macrismo impulsó la propuesta de incrementar la dosis de ese "combustible verde" en el corte obligatorio de la nafta, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH) presentó un proyecto para incrementar aceleradamente también el corte del gasoil. La entidad cree que es posible elevar a 12% ese corte en un plazo inmediato. Y para octubre imagina que la participación del biodiesel podría crecer hasta 20%, el doble del corte vigente.
Según Claudio Molina, coordinador de esa asociación, la idea es que haya un plan con metas de corto y mediano plazo que permitan utilizar la capacidad ociosa (que originalmente se había pensado para cubrir mercados de exportación luego cerrados) y atraigan inversiones en ese sector.
Adicionalmente la AABH solicitó al Ministerio de Energía, que conduce el ex Shell Juan José Aranguren, "la fijación de los derechos de exportación del biodiesel en 0% y la extensión de los plazos de permisos de embarque a 180 días”.
¿Es posible llevar tan rápidamente el corte de gasoil con biodiesel hasta el 20%", le preguntó Clarín a Molina. El especialista dijo que aunque la ecuación económica no es del todo favorable, por la baja del petróleo y el encarecimiento de los granos (en este caso la soja), sí sería posible si hay decisión política de cumplir con la Ley 26.093, de promoción de los biocombustibles.
"La reciente devaluación del peso y quita de retenciones ha debilitado a la industria de biocombustibles, ya que los precios de las materias primas subieron mucho más que el precio de estos biocombustibles fijado por el Ministerio de Energía. El problema ha puesto en una grave situación a toda la industria, la que a diferencia de lo que ocurre con la industria petrolera no está siendo asistida por el Gobierno", explicó Molina.
El experto reconoció que "hay resistencias de las industrias petrolera y automotriz al aumento del contenido de biocombustibles". En el primer caso, por cuestiones económicas, ya que las compañías prefieren refinar mayor cantidad de petrólero a un precio cercano al doble del internacional. En el segundo, por cuestiones técnicas.
"La industria automotriz no acepta la reciente medida impulsada por el Gobierno de aumentar el contenido de bioetanol en las naftas al 12 % y menos acepta la implementación del 20% en el caso del biodiesel", reconoció Molina, que de todos modos remarcó que en Europa el mismo sector aplica otra vara, pues los fabricantes de autos aceptan un corte de hasta 30%.
Para Molina, de todos modos, es necesario avanzar. Consideró, en ese sentido, que una variante podría ser duplicar el corte con biodiesel solo en el gasoil común, dejando el premiun en el 10%.
"En el caso de los motores de maquinaria agrícola no hay problema alguno para usar 20% de biodiesel. En el caso de los camiones tampoco lo hay desde el momento que Mercedes Benz exteriorizó en agosto de 2011 que los vehículos con motores de su marca podían hacer uso de esa mezcla sin problemas", añadió el especialista.
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Cuenca del Río Luján: convocan a los countries
Pilar: convocan a los countries para definir obras contra las inundaciones
Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La situación dramática que suelen vivir los vecinos de la cuenca del Río Luján fue uno de los temas más discutidos en época de elecciones. Fue el momento en el que se difundieron estudios sobre la acción negativa de los countries que canalizan los cursos de agua e impiden el normal escurrimiento del agua de lluvia hacia el río. En Pilar, la Comuna ya convocó por primera vez a los barrios cerrados del Distrito a discutir obras para paliar inundaciones.
“Con los diálogos hídricos estamos poniendo sobre la mesa responsabilidades compartidas, con soluciones científicas y técnicas, donde antes hubo inacción”, señala el jefe comunal, Nicolás Ducoté.
Pilará será el primer barrio cerrado que a partir de este lunes mantendrá reuniones con parte del equipo técnico del Municipio para trabajar en conjunto en la reducción del impacto de las inundaciones. Fue elegido para comenzar a experimentar estos trabajos por ser uno de los más afectados junto a Pinazo, Manantial, Los Grillos, San Jorge y Manzanares, Carabassa y Río Luján, entre otros.
“Todos podemos ser parte de este esfuerzo, que va a ayudar a reducir conflictos y mejorar la calidad de vida de mucha gente”, dice Javier Corcuera, secretario de Medio Ambiente de Pilar. Y agrega: “A Pilará lo hemos convocado por su ubicación geográfica. Al no estar en contacto en forma directa con el río Lujan, el equipo de hidrólogos e ingenieros hidráulicos que nos acompaña puede identificar con mayor facilidad algunas acciones a probar”.
Un estudio de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA determinó en 2015 que un 70% de los countries y nuevas urbanizaciones están establecidos sobre valles fluviales o cerca de ellos que son zonas inundables donde se canalizaron y limitaron los arroyos y cursos de agua, creando un paisaje foráneo que no tiene nada que ver con el original.
Desde el Municipio de Pilar, explican que al ser grandes extensiones, los countries en muchas oportunidades ocupan la planicie de inundación natural del Río Lujan. “Aproximadamente un 60% de los barrios cerrados que hay en Pilar elevaron artificialmente su nivel, o se rodean de elevaciones. Eso ha generado en más de un caso fuertes cambios locales en el nivel de agua sobre barrios vulnerables vecinos. Nuestra convocatoria apunta a compartir esfuerzos”, detalla Corcuera.
Cada caso se atenderá de forma particular, según las demandas que cada lugar posea. “Estamos haciendo un relevamiento para ver cómo es la situación particular de cada barrio. La gente no puede vivir así, buscamos una solución habitacional, Desarrollo Social evalúa una posible reubicación de las familias que viven en zonas inundables”, explica Analía Leguizamón, titular del sector de Servicios Públicos, quien además asegura que “en los últimos años la evolución de la infraestructura local ha sido incorrecta por poblar zonas que no son apropiadas, como los humedales” y hace referencia a las crecidas de 2015, donde “se registraron 1.200 evacuados en todo Pilar”.
En algunos sectores se pondrá énfasis en el mantenimiento adecuado de los cauces y la regulación de los caudales a través de la ampliación o implementación de reservorios, que son enormes piletas donde se almacena el agua de lluvia, se discutirán cambios funcionales, operativos y de manejo de compuertas, entre otras cuestiones.
Las soluciones irán desde la forestación a la ingeniería clásica. Un barrio cerrado como Pilará, que no ha polderizado, por ejemplo, es a veces afectado por las inundaciones junto a sus barrios abiertos vecinos. Para este country, se experimentarán algunas técnicas para que mitigar inundaciones dentro y fuera del predio. “Aceptamos la invitación a estos diálogos ya que somos conscientes de los impactos crecientes de los cambios climáticos”, sostiene Adolfo Díaz Alberdi, CEO de Pilará.
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Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La situación dramática que suelen vivir los vecinos de la cuenca del Río Luján fue uno de los temas más discutidos en época de elecciones. Fue el momento en el que se difundieron estudios sobre la acción negativa de los countries que canalizan los cursos de agua e impiden el normal escurrimiento del agua de lluvia hacia el río. En Pilar, la Comuna ya convocó por primera vez a los barrios cerrados del Distrito a discutir obras para paliar inundaciones.
“Con los diálogos hídricos estamos poniendo sobre la mesa responsabilidades compartidas, con soluciones científicas y técnicas, donde antes hubo inacción”, señala el jefe comunal, Nicolás Ducoté.
Pilará será el primer barrio cerrado que a partir de este lunes mantendrá reuniones con parte del equipo técnico del Municipio para trabajar en conjunto en la reducción del impacto de las inundaciones. Fue elegido para comenzar a experimentar estos trabajos por ser uno de los más afectados junto a Pinazo, Manantial, Los Grillos, San Jorge y Manzanares, Carabassa y Río Luján, entre otros.
“Todos podemos ser parte de este esfuerzo, que va a ayudar a reducir conflictos y mejorar la calidad de vida de mucha gente”, dice Javier Corcuera, secretario de Medio Ambiente de Pilar. Y agrega: “A Pilará lo hemos convocado por su ubicación geográfica. Al no estar en contacto en forma directa con el río Lujan, el equipo de hidrólogos e ingenieros hidráulicos que nos acompaña puede identificar con mayor facilidad algunas acciones a probar”.
Un estudio de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA determinó en 2015 que un 70% de los countries y nuevas urbanizaciones están establecidos sobre valles fluviales o cerca de ellos que son zonas inundables donde se canalizaron y limitaron los arroyos y cursos de agua, creando un paisaje foráneo que no tiene nada que ver con el original.
Desde el Municipio de Pilar, explican que al ser grandes extensiones, los countries en muchas oportunidades ocupan la planicie de inundación natural del Río Lujan. “Aproximadamente un 60% de los barrios cerrados que hay en Pilar elevaron artificialmente su nivel, o se rodean de elevaciones. Eso ha generado en más de un caso fuertes cambios locales en el nivel de agua sobre barrios vulnerables vecinos. Nuestra convocatoria apunta a compartir esfuerzos”, detalla Corcuera.
Cada caso se atenderá de forma particular, según las demandas que cada lugar posea. “Estamos haciendo un relevamiento para ver cómo es la situación particular de cada barrio. La gente no puede vivir así, buscamos una solución habitacional, Desarrollo Social evalúa una posible reubicación de las familias que viven en zonas inundables”, explica Analía Leguizamón, titular del sector de Servicios Públicos, quien además asegura que “en los últimos años la evolución de la infraestructura local ha sido incorrecta por poblar zonas que no son apropiadas, como los humedales” y hace referencia a las crecidas de 2015, donde “se registraron 1.200 evacuados en todo Pilar”.
En algunos sectores se pondrá énfasis en el mantenimiento adecuado de los cauces y la regulación de los caudales a través de la ampliación o implementación de reservorios, que son enormes piletas donde se almacena el agua de lluvia, se discutirán cambios funcionales, operativos y de manejo de compuertas, entre otras cuestiones.
Las soluciones irán desde la forestación a la ingeniería clásica. Un barrio cerrado como Pilará, que no ha polderizado, por ejemplo, es a veces afectado por las inundaciones junto a sus barrios abiertos vecinos. Para este country, se experimentarán algunas técnicas para que mitigar inundaciones dentro y fuera del predio. “Aceptamos la invitación a estos diálogos ya que somos conscientes de los impactos crecientes de los cambios climáticos”, sostiene Adolfo Díaz Alberdi, CEO de Pilará.
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El delfín Franciscana podría ser 'Monumento Natural'
Impulsan una ley para declarar 'Monumento Natural' al delfín Franciscana
Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, presentó hoy un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para declarar ‘Monumento Natural’ a la especie conocida como Delfín Franciscana o Delfín del Plata, cuya población se distribuye en el estuario del Río de la Plata y en el sector marítimo de la Provincia de Buenos Aires.
El objetivo de la ley es solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que diseñe un plan de preservación de la especie e inicie gestiones urgentes para concientizar sobre la situación crítica del Delfín Franciscana.
En tal sentido el diputado de Mar del Plata señaló que “ante los numerosos y cada vez más frecuentes casos de aparición sin vida de ejemplares de Delfín Franciscana en diversas localidades de la costa bonaerense, presenté un proyecto de ley para proteger a esta especie autóctona y exclusiva de América del Sur, que se halla en serio riesgo de extinción” .
Castello advirtió que cada año mueren en la costa bonaerense entre 500 y 800 ejemplares, muchos de los cuales presentan marcas en la piel que pueden deberse a que quedan atrapados en redes de pesca. En este momento sólo quedan vivos 40.000 de ellos. Si esta tendencia no se revierte, podrían extinguirse en 30 años.
Al declararse la especie como “monumento natural”, la misma gozará de una protección absoluta por parte del estado provincial, siendo factible sobre ella únicamente la realización de investigaciones científicas debidamente autorizadas y la práctica de inspecciones gubernamentales.
Finalizó el legislador de Cambiemos explicando que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires asegura políticas de conservación y resguardo de la flora y la fauna, por lo cual es indelegable el rol de protección que debe ejercer el Estado en casos como este, en que una especie animal corre serios riesgos de extinción y su tasa de mortalidad es alta”.
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Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, presentó hoy un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para declarar ‘Monumento Natural’ a la especie conocida como Delfín Franciscana o Delfín del Plata, cuya población se distribuye en el estuario del Río de la Plata y en el sector marítimo de la Provincia de Buenos Aires.
El objetivo de la ley es solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que diseñe un plan de preservación de la especie e inicie gestiones urgentes para concientizar sobre la situación crítica del Delfín Franciscana.
En tal sentido el diputado de Mar del Plata señaló que “ante los numerosos y cada vez más frecuentes casos de aparición sin vida de ejemplares de Delfín Franciscana en diversas localidades de la costa bonaerense, presenté un proyecto de ley para proteger a esta especie autóctona y exclusiva de América del Sur, que se halla en serio riesgo de extinción” .
Castello advirtió que cada año mueren en la costa bonaerense entre 500 y 800 ejemplares, muchos de los cuales presentan marcas en la piel que pueden deberse a que quedan atrapados en redes de pesca. En este momento sólo quedan vivos 40.000 de ellos. Si esta tendencia no se revierte, podrían extinguirse en 30 años.
Al declararse la especie como “monumento natural”, la misma gozará de una protección absoluta por parte del estado provincial, siendo factible sobre ella únicamente la realización de investigaciones científicas debidamente autorizadas y la práctica de inspecciones gubernamentales.
Finalizó el legislador de Cambiemos explicando que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires asegura políticas de conservación y resguardo de la flora y la fauna, por lo cual es indelegable el rol de protección que debe ejercer el Estado en casos como este, en que una especie animal corre serios riesgos de extinción y su tasa de mortalidad es alta”.
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Río Salado: proyecto para detectar fenómenos extremos
Se presentó el proyecto para detectar fenómenos extremos en el Río Salado
Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
En el Salón de la Democracia Argentina se realizó la presentación del proyecto “Desarrollo de un sistema soporte de las decisiones frente a eventos extremos para la gestión de la Cuenca Alta del Río Salado de la provincia de Buenos Aires”. La actividad estuvo presidida por el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, y fue organizada por el Instituto de Política y Gobierno de esta casa de altos estudios.
“Nos interesa además de la presentación técnica plantear una visión y un modelo de gestión entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector público”, enfatizó el rector.
Además explicó la necesidad de pensar el conocimiento y la tecnología como herramientas para resolver cuestiones concretas. “Nos interesa entender que la tecnología no es un fin en sí mismo sino una herramienta para generar logros”, subrayó Tamarit.
Acompañó al rector en la presentación el intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien agradeció a la Universidad la invitación y resaltó: “Resulta muy interesante este proyecto en el cual empresas, universidades y sectores de la sociedad puedan a través de la tecnología no inferir pero sí prevenir a través de alertas frente a determinadas situaciones climáticas adversas”.
Del propósito participan además de la Unnoba, la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), la empresa Bereco (dirección y coordinación) y la empresa Tecmes, Inteligencia Ambiental (en la aplicación de tecnología para el diseño e implementación de redes). Con todos estos actores se pretende “construir una alianza entre el conocimiento, la gestión privada y la sociedad”.
El proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica en el marco del programa FONARSEC FITS (Fondo Argentino Sectorial) Medio Ambiente y Cambio Climático.
Presentación del proyecto
Por parte de la empresa Bereco, Sabrina Couvin explicó el marco técnico y el alcance del proyecto. “En este contexto de recurrentes eventos extremos que impactan en la calidad de vida de los habitantes, lo que buscamos es modificar como mitigar esos impactos en la cuenca del salado”
“Las variaciones climáticas, las recurrentes inundaciones y las sequías generan tanto pérdidas productivas como daños ambientales y sociales. Se apunta entonces a crear mecanismos para monitorear y detectar tempranamente fenómenos extremos que puedan alertar a la población frente a situaciones climáticas críticas”, contó Couvin y aclaró que el proyecto desarrollará un sistema que pueda transformar progresivamente a la Cuenca Alta del Río Salado en un “Territorio Inteligente”, capaz de mejorar el bienestar de los habitantes de la zona.
Por la empresa TECME estuvo presente Remo Cobbem quien contó que están próximos a comenzar a definir los sectores que empezarán a analizar para diseñar la red hidrometereológica. “Nuestra participación en este proyecto consta en la construcción e implementación de una red hidrometereológica en el ámbito de la cuenca”, especificó Cobbe.
En representación de la Unnoba, Jerónimo Ainchil explicó el trabajo que realizó la Universidad hasta el momento y la tarea que tendrá en un futuro. “Entre todos tenemos que definir cuáles son las preguntas que queremos definir en relación a la aplicación del proyecto. La UNNOBA será la encargada de coordinar este aspecto”, dijo Ainchil.
Además enfatizó que este proyecto se plantea generar un sistema accesible que permita a la sociedad tomar decisiones blandas, es decir, decisiones de todo tipo frente a situaciones adversas.
Características de la cuenca
La cuenca del Río Salado es una de las más extensas del país con 170.000 kilómetros, por lo que ocupa la mitad de la provincia de Buenos Aires. Además, es una de las más pobladas (1.300.000 personas) y productivas (la producción agropecuaria de la cuenca representa el 25% de la producción nacional).
En ella las variaciones climáticas, caracterizadas por presentar en forma periódica y recurrente inundaciones y sequías, están generando cada vez con mayor frecuencia importantes pérdidas en los sistemas productivos (que se traducen en menos competitividad), así como daños ambientales y sociales que deterioran la calidad de vida de la población que habita en la cuenca (más vulnerabilidad).
Los recientes avances tecnológicos sumados a las bases sentadas por el Plan del Salado permiten pensar en una nueva forma de gestión de la cuenca a fin de contar con una herramienta tecnológica orientada a mitigar el riesgo asociado, disminuir la vulnerabilidad y aumentar la competitividad.
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Fecha de Publicación: 09/03/2016
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Buenos Aires
En el Salón de la Democracia Argentina se realizó la presentación del proyecto “Desarrollo de un sistema soporte de las decisiones frente a eventos extremos para la gestión de la Cuenca Alta del Río Salado de la provincia de Buenos Aires”. La actividad estuvo presidida por el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, y fue organizada por el Instituto de Política y Gobierno de esta casa de altos estudios.
“Nos interesa además de la presentación técnica plantear una visión y un modelo de gestión entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector público”, enfatizó el rector.
Además explicó la necesidad de pensar el conocimiento y la tecnología como herramientas para resolver cuestiones concretas. “Nos interesa entender que la tecnología no es un fin en sí mismo sino una herramienta para generar logros”, subrayó Tamarit.
Acompañó al rector en la presentación el intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien agradeció a la Universidad la invitación y resaltó: “Resulta muy interesante este proyecto en el cual empresas, universidades y sectores de la sociedad puedan a través de la tecnología no inferir pero sí prevenir a través de alertas frente a determinadas situaciones climáticas adversas”.
Del propósito participan además de la Unnoba, la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), la empresa Bereco (dirección y coordinación) y la empresa Tecmes, Inteligencia Ambiental (en la aplicación de tecnología para el diseño e implementación de redes). Con todos estos actores se pretende “construir una alianza entre el conocimiento, la gestión privada y la sociedad”.
El proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica en el marco del programa FONARSEC FITS (Fondo Argentino Sectorial) Medio Ambiente y Cambio Climático.
Presentación del proyecto
Por parte de la empresa Bereco, Sabrina Couvin explicó el marco técnico y el alcance del proyecto. “En este contexto de recurrentes eventos extremos que impactan en la calidad de vida de los habitantes, lo que buscamos es modificar como mitigar esos impactos en la cuenca del salado”
“Las variaciones climáticas, las recurrentes inundaciones y las sequías generan tanto pérdidas productivas como daños ambientales y sociales. Se apunta entonces a crear mecanismos para monitorear y detectar tempranamente fenómenos extremos que puedan alertar a la población frente a situaciones climáticas críticas”, contó Couvin y aclaró que el proyecto desarrollará un sistema que pueda transformar progresivamente a la Cuenca Alta del Río Salado en un “Territorio Inteligente”, capaz de mejorar el bienestar de los habitantes de la zona.
Por la empresa TECME estuvo presente Remo Cobbem quien contó que están próximos a comenzar a definir los sectores que empezarán a analizar para diseñar la red hidrometereológica. “Nuestra participación en este proyecto consta en la construcción e implementación de una red hidrometereológica en el ámbito de la cuenca”, especificó Cobbe.
En representación de la Unnoba, Jerónimo Ainchil explicó el trabajo que realizó la Universidad hasta el momento y la tarea que tendrá en un futuro. “Entre todos tenemos que definir cuáles son las preguntas que queremos definir en relación a la aplicación del proyecto. La UNNOBA será la encargada de coordinar este aspecto”, dijo Ainchil.
Además enfatizó que este proyecto se plantea generar un sistema accesible que permita a la sociedad tomar decisiones blandas, es decir, decisiones de todo tipo frente a situaciones adversas.
Características de la cuenca
La cuenca del Río Salado es una de las más extensas del país con 170.000 kilómetros, por lo que ocupa la mitad de la provincia de Buenos Aires. Además, es una de las más pobladas (1.300.000 personas) y productivas (la producción agropecuaria de la cuenca representa el 25% de la producción nacional).
En ella las variaciones climáticas, caracterizadas por presentar en forma periódica y recurrente inundaciones y sequías, están generando cada vez con mayor frecuencia importantes pérdidas en los sistemas productivos (que se traducen en menos competitividad), así como daños ambientales y sociales que deterioran la calidad de vida de la población que habita en la cuenca (más vulnerabilidad).
Los recientes avances tecnológicos sumados a las bases sentadas por el Plan del Salado permiten pensar en una nueva forma de gestión de la cuenca a fin de contar con una herramienta tecnológica orientada a mitigar el riesgo asociado, disminuir la vulnerabilidad y aumentar la competitividad.
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Una semana más por el Nahuel Huapi
Se extiende una semana la posibilidad de firmar por la contaminación del lago
Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
Se prorrogó una semana la colecta de firmas para adherir al amparo en contra de la contaminación del lago Nahuel Huapi por el vertido de efluentes cloacales.
El procedimiento de adhesión al amparo está normado jurídicamente y no se ha dispuesto ningún mecanismo excepcional. De esta forma, las personas que deseen manifestarse respecto del objeto de la causa de referencia, deberán hacerlo bajo las formalidades que determinan las reglas procedimentales para las presentaciones judiciales, las que se verán atemperadas por tratarse de un proceso de amparo.
El amparo fue presentado por la senadora Magdalena Odarda y la referente ambientalista de Bariloche Ana Wieman.
Las firmas se reciben en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Planta Baja del edificio "Pilmayquén" sito en Jhon O Connor 20.
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Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
Se prorrogó una semana la colecta de firmas para adherir al amparo en contra de la contaminación del lago Nahuel Huapi por el vertido de efluentes cloacales.
El procedimiento de adhesión al amparo está normado jurídicamente y no se ha dispuesto ningún mecanismo excepcional. De esta forma, las personas que deseen manifestarse respecto del objeto de la causa de referencia, deberán hacerlo bajo las formalidades que determinan las reglas procedimentales para las presentaciones judiciales, las que se verán atemperadas por tratarse de un proceso de amparo.
El amparo fue presentado por la senadora Magdalena Odarda y la referente ambientalista de Bariloche Ana Wieman.
Las firmas se reciben en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Planta Baja del edificio "Pilmayquén" sito en Jhon O Connor 20.
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Agua y alimentos no contaminados para Jáchal
Contaminación en San Juan: exhortan a proveer agua potable y alimentos no contaminados
Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: San Juan
El juez Sebastián Casanello dispuso una serie de medidas de prueba. Estudiarán la sangre de los vecinos de las localidades de Jáchal e Iglesias en San Juan, luego de que hallaran arsénico en el cuerpo de un joven
Desde el 15 de septiembre del 2015 el diario Hoy dio la primicia y en la nota titulada “La corrupción de Cristina mata y contamina” informó sobre el desastre natural que había causado el derrame de cianuro al romperse un caño en la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold en la localidad sanjuanina de Jáchal.
A partir de haber trascendido el siniestro por nuestro diario, el tema fue abordado por los distintos medios de comunicación y provocó un cimbronazo político en la provincia cuyana y en la política minera del gobierno K.
En las últimas horas, la causa tomó un giro inesperado: el juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su poder una de las dos causas penales abiertas tras el derrame de cianuro, ordenó una batería de medidas de prueba que por primera vez no serán realizadas por el Gobierno provincial o algún ente vinculado, y dispuso que las autoridades "provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados" en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados.
En una resolución, el magistrado exhortó "a las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame de cianuro".
Además, ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice un estudio sobre la población de las localidades de Jáchal e Iglesias para determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud. Para ello, se extraerán muestras de sangre y orina de las presuntas víctimas y se realizarán entrevistas para saber si hay síntomas vinculados al consumo de cianuro y otros metales pesados.
Esta decisión está íntimamente relacionada con un estudio de sangre realizado en un niño de 5 años que presentaba algunos síntomas y en el que se detectó arsénico en el cuerpo del menor. Según explicó el abogado Diego Seguí, que representa a uno de los denunciantes en San Juan, ahora se mandó a estudiar sangre, orina y cabellos de sus familiares, y los resultados estarán el martes.
Casanello también convocó al prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania, para prestar su testimonio en la causa.
"Lo más importante es que por primera vez va a haber controles ajenos al Gobierno de San Juan, que siempre ocultó y jugó a favor de la megaminería", evaluó en declaraciones el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca".
Por último, el juez solicitó a la Universidad Nacional de Cuyo que, de manera urgente, realice un estudio de las aguas subterráneas de Iglesias y Jáchal, puesto que los vecinos temen que el cianuro se haya filtrado a las napas. Y pidió un análisis del suelo y de distintas especies vegetales y animales, para intentar determinar la presencia de cianuro y metales pesados. Los trabajos sedimentarios son muchos más profundos y precisos que los del agua.
La decisión de Casanello llegó después de que el lunes se reuniera con representantes de la asamblea "Jáchal no se toca", que fueron aceptados como querellantes en la causa iniciada por el abogado Mariano Aguilar, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP). En el encuentro, los vecinos le manifestaron al magistrado su preocupación por la falta de certezas acerca de las reales dimensiones y consecuencias del derrame de cianuro y la presencia de una mina cerca de sus hogares.
La incertidumbre tiene su fundamento. La empresa Barrick Gold, dueña del yacimiento, el Gobierno de San Juan y los organismos dependientes del Estado provincial han negado sistemáticamente cualquier tipo de consecuencia. Sin embargo, cada vez más estudios independientes contradicen esa afirmación.
Los primeros estudios que refutaron la información oficial fueron los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza. El primero de ellos encontró que el agua potable en Mogna está contaminada. A partir de ese momento, Barrick Gold se negó a seguir financiando los análisis. Le siguió un duro reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y un estudio privado encargado por una jubilada sobre el agua de la localidad de Tamberías.
En febrero surgieron dos pericias fundamentales. Por un lado, una pericia de la Policía Federal determinó que se contaminaron cinco ríos. Y, lo más grave, por primera vez un organismo oficial consideró que se había cometido un delito al violar la ley de Residuos Peligrosos.
Por otro lado, transcendió un estudio realizado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, hoy Ministerio, que fue ocultado por las autoridades y filtrado por los empleados. Ese trabajo, publicado por La Nación, encontró fallas en el sistema de gestión ambiental y mantenimiento de Veladero y precariedad en la estructura y fallas en el diseño del canal que transporta la solución cianurada. Todo, en lo que Barrick Gold había dicho que era el yacimiento más seguro del mundo.
En el expediente que se tramita en la Justicia federal están acusados los ex secretarios nacionales de Ambiente y Minería, Sergio Lorusso y Jorge Mayol, respectivamente, el titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, y el ex secretario de Ambiente de San Juan, Domingo Tello, además de varios ejecutivos de Barrick Gold.
Sin embargo, no está claro si Casanello se quedará con el caso. Sucede que hay otro expediente abierto en Jáchal y que tiene el juez Pablo Oritja. La cuestión deberá zanjarla la Corte Suprema. El caso quedará en Buenos Aires si el máximo tribunal considera que el derrame también afectó a las provincias de San Luis y Mendoza, donde desemboca el río Jáchal.
En San Juan, en tanto, hay nueve gerentes de Barrick Gold imputados y si bien el juez Oritja anunció que ya resolvió si los procesa o no, está esperando que se notifique su decisión para hacer públicos los detalles de su fallo.
El derrame se produjo entre el 12 y 13 de septiembre en la mina Veladero. Se conoció a través de los empleados del yacimiento, la mayoría de ellos de la zona, que avisaron a sus familiares. La empresa y el Gobierno de San Juan lo negaron en un primer momento y luego rechazaron su real dimensión, hasta que 10 días más tarde aceptaron que más de un millón de litros de agua con cianuro cayeron al río Potrerillos.
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Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: San Juan
El juez Sebastián Casanello dispuso una serie de medidas de prueba. Estudiarán la sangre de los vecinos de las localidades de Jáchal e Iglesias en San Juan, luego de que hallaran arsénico en el cuerpo de un joven
Desde el 15 de septiembre del 2015 el diario Hoy dio la primicia y en la nota titulada “La corrupción de Cristina mata y contamina” informó sobre el desastre natural que había causado el derrame de cianuro al romperse un caño en la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold en la localidad sanjuanina de Jáchal.
A partir de haber trascendido el siniestro por nuestro diario, el tema fue abordado por los distintos medios de comunicación y provocó un cimbronazo político en la provincia cuyana y en la política minera del gobierno K.
En las últimas horas, la causa tomó un giro inesperado: el juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su poder una de las dos causas penales abiertas tras el derrame de cianuro, ordenó una batería de medidas de prueba que por primera vez no serán realizadas por el Gobierno provincial o algún ente vinculado, y dispuso que las autoridades "provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados" en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados.
En una resolución, el magistrado exhortó "a las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame de cianuro".
Además, ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice un estudio sobre la población de las localidades de Jáchal e Iglesias para determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud. Para ello, se extraerán muestras de sangre y orina de las presuntas víctimas y se realizarán entrevistas para saber si hay síntomas vinculados al consumo de cianuro y otros metales pesados.
Esta decisión está íntimamente relacionada con un estudio de sangre realizado en un niño de 5 años que presentaba algunos síntomas y en el que se detectó arsénico en el cuerpo del menor. Según explicó el abogado Diego Seguí, que representa a uno de los denunciantes en San Juan, ahora se mandó a estudiar sangre, orina y cabellos de sus familiares, y los resultados estarán el martes.
Casanello también convocó al prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania, para prestar su testimonio en la causa.
"Lo más importante es que por primera vez va a haber controles ajenos al Gobierno de San Juan, que siempre ocultó y jugó a favor de la megaminería", evaluó en declaraciones el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca".
Por último, el juez solicitó a la Universidad Nacional de Cuyo que, de manera urgente, realice un estudio de las aguas subterráneas de Iglesias y Jáchal, puesto que los vecinos temen que el cianuro se haya filtrado a las napas. Y pidió un análisis del suelo y de distintas especies vegetales y animales, para intentar determinar la presencia de cianuro y metales pesados. Los trabajos sedimentarios son muchos más profundos y precisos que los del agua.
La decisión de Casanello llegó después de que el lunes se reuniera con representantes de la asamblea "Jáchal no se toca", que fueron aceptados como querellantes en la causa iniciada por el abogado Mariano Aguilar, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP). En el encuentro, los vecinos le manifestaron al magistrado su preocupación por la falta de certezas acerca de las reales dimensiones y consecuencias del derrame de cianuro y la presencia de una mina cerca de sus hogares.
La incertidumbre tiene su fundamento. La empresa Barrick Gold, dueña del yacimiento, el Gobierno de San Juan y los organismos dependientes del Estado provincial han negado sistemáticamente cualquier tipo de consecuencia. Sin embargo, cada vez más estudios independientes contradicen esa afirmación.
Los primeros estudios que refutaron la información oficial fueron los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza. El primero de ellos encontró que el agua potable en Mogna está contaminada. A partir de ese momento, Barrick Gold se negó a seguir financiando los análisis. Le siguió un duro reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y un estudio privado encargado por una jubilada sobre el agua de la localidad de Tamberías.
En febrero surgieron dos pericias fundamentales. Por un lado, una pericia de la Policía Federal determinó que se contaminaron cinco ríos. Y, lo más grave, por primera vez un organismo oficial consideró que se había cometido un delito al violar la ley de Residuos Peligrosos.
Por otro lado, transcendió un estudio realizado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, hoy Ministerio, que fue ocultado por las autoridades y filtrado por los empleados. Ese trabajo, publicado por La Nación, encontró fallas en el sistema de gestión ambiental y mantenimiento de Veladero y precariedad en la estructura y fallas en el diseño del canal que transporta la solución cianurada. Todo, en lo que Barrick Gold había dicho que era el yacimiento más seguro del mundo.
En el expediente que se tramita en la Justicia federal están acusados los ex secretarios nacionales de Ambiente y Minería, Sergio Lorusso y Jorge Mayol, respectivamente, el titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, y el ex secretario de Ambiente de San Juan, Domingo Tello, además de varios ejecutivos de Barrick Gold.
Sin embargo, no está claro si Casanello se quedará con el caso. Sucede que hay otro expediente abierto en Jáchal y que tiene el juez Pablo Oritja. La cuestión deberá zanjarla la Corte Suprema. El caso quedará en Buenos Aires si el máximo tribunal considera que el derrame también afectó a las provincias de San Luis y Mendoza, donde desemboca el río Jáchal.
En San Juan, en tanto, hay nueve gerentes de Barrick Gold imputados y si bien el juez Oritja anunció que ya resolvió si los procesa o no, está esperando que se notifique su decisión para hacer públicos los detalles de su fallo.
El derrame se produjo entre el 12 y 13 de septiembre en la mina Veladero. Se conoció a través de los empleados del yacimiento, la mayoría de ellos de la zona, que avisaron a sus familiares. La empresa y el Gobierno de San Juan lo negaron en un primer momento y luego rechazaron su real dimensión, hasta que 10 días más tarde aceptaron que más de un millón de litros de agua con cianuro cayeron al río Potrerillos.
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Gestiones para volver a levantar Potasio Río Colorado
Mendoza hará gestiones en Canadá para reactivar el proyecto minero Potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Mendoza
Una delegación mendocina participará de la misión institucional al Congreso Mundial de Minería PDAC, que se desarrolla anualmente en la ciudad de Toronto, Canadá. El objetivo es renovar el interés por el desarrollo de la mina Potasio Río Colorado en Malargüe, según informó el gobierno provincial.
Por Mendoza viajará hoy el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien destacó la importancia de reactivar el desarrollo de potasio más importante de la provincia, fomentando el acercamiento con potenciales interesados y mediando entre estos inversores y el actual concesionario de la mina.
“Los contactos que realicemos en este foro serán claves para poder acompañar el proceso de reestructuración del negocio que está realizando la empresa brasilera Vale”, destacó el funcionario, quien ha mantenido reuniones con ejecutivos brasileños.
Además, Guiñazú enfatizó la necesidad de volver a participar de encuentros donde se trata internacionalmente el tema de minería, para relacionar a Mendoza con los principales actores del sector.
El emprendimiento ubicado en Malargüe, se encuentra paralizado desde 2013 pese a ser uno de los yacimientos mineros con mayor potencial económico y social que posee Mendoza, aunque tampoco presenta conflicto con la Ley 7.722.
La Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) es una convención de intercambio anual para todos los actores que están relacionados con la industria de exploración y explotación de minerales.
El encuentro atrae a expositores, inversores, analistas, ejecutivos mineros, geólogos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. La convención anual PDAC ha crecido a través de los años hasta convertirse en una institución respetada con una reputación internacional para la creación de redes, trato de decisiones y la discusión sobre tendencias actuales que dan forma a la industria minera.
En estos encuentros se debate sobre el uso de nuevas tecnologías, las perspectivas del mercado mundial en los diferentes tipos de materiales y la explotación armónica de la actividad, entre otros.
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Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Mendoza
Una delegación mendocina participará de la misión institucional al Congreso Mundial de Minería PDAC, que se desarrolla anualmente en la ciudad de Toronto, Canadá. El objetivo es renovar el interés por el desarrollo de la mina Potasio Río Colorado en Malargüe, según informó el gobierno provincial.
Por Mendoza viajará hoy el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien destacó la importancia de reactivar el desarrollo de potasio más importante de la provincia, fomentando el acercamiento con potenciales interesados y mediando entre estos inversores y el actual concesionario de la mina.
“Los contactos que realicemos en este foro serán claves para poder acompañar el proceso de reestructuración del negocio que está realizando la empresa brasilera Vale”, destacó el funcionario, quien ha mantenido reuniones con ejecutivos brasileños.
Además, Guiñazú enfatizó la necesidad de volver a participar de encuentros donde se trata internacionalmente el tema de minería, para relacionar a Mendoza con los principales actores del sector.
El emprendimiento ubicado en Malargüe, se encuentra paralizado desde 2013 pese a ser uno de los yacimientos mineros con mayor potencial económico y social que posee Mendoza, aunque tampoco presenta conflicto con la Ley 7.722.
La Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) es una convención de intercambio anual para todos los actores que están relacionados con la industria de exploración y explotación de minerales.
El encuentro atrae a expositores, inversores, analistas, ejecutivos mineros, geólogos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. La convención anual PDAC ha crecido a través de los años hasta convertirse en una institución respetada con una reputación internacional para la creación de redes, trato de decisiones y la discusión sobre tendencias actuales que dan forma a la industria minera.
En estos encuentros se debate sobre el uso de nuevas tecnologías, las perspectivas del mercado mundial en los diferentes tipos de materiales y la explotación armónica de la actividad, entre otros.
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Enésimo lanzamiento de obras en el Riachuelo
Bergman relanzará el plan de saneamiento del Riachuelo con nuevas obras
Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y presidente de Acumar, Sergio Bergman, anunció que pondrá en marcha "de inmediato" el plan de obras "que se encontraba frenado para sanear la cuenca del Riachuelo" y destacó que esta decisión "es un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente para saldar esta deuda ambiental".
Bergman recorrió distintas obras vinculadas al Plan de Saneamiento Matanza-Riachuelo que tiene a su cargo la empresa AySA, junto al juez que lleva adelante la causa Mendoza y el intendente de Lanús, entre otras autoridades.
Juntos analizaron los proyectos con miras al relanzamiento del plan integral que se llevará adelante para limpiar el Riachuelo, según se indicó en un comunicado.
"Con esta nueva conducción vamos a poner en marcha de inmediato el plan de obras que se encontraba frenado. Iniciamos así un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente y saldar unas de las deudas ambientales más importantes que tenemos con el área metropolitana", dijo Bergman.
El ministro elogió, además, el perfil técnico de los equipos de trabajo de Acumar y confíó en que lograrán concretar una promesa muchas veces postergada.
El nuevo Consejo Directivo de Acumar quedó formado por el ministro Sergio Bergman, como presidente; Gabriela Seijo, como vicepresidenta ejecutiva; Sergio Federovisky, Julio Torti e Iván Kerr, representantes por la Nación; Martín Renom y Miguel Saredi, representantes por la provincia de Buenos Aires; y Alberto Términe y María Fernanda Reyes, representantes por la ciudad de Buenos Aires.
La recorrida comenzó en La Matanza, en la Planta Depuradora de Efluentes Sudoeste, a la que AySA está sumando una Planta de Tratamiento de Barros; y continuó por un predio en el que funcionará el Parque Industrial Curtidor (PIC), en Lanús.
Este predio reunirá a las curtiembres de la zona y allí se construirá una Planta de Tratamiento para los efluentes de la industria.
Además, los funcionarios recorrieron los lugares en donde se construirán dos de las seis futuras Estaciones de Elevación y Aereación, que tratarán el agua del Riachuelo, y terminaron en Dock Sud, en la futura planta de pre-tratamiento.
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Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y presidente de Acumar, Sergio Bergman, anunció que pondrá en marcha "de inmediato" el plan de obras "que se encontraba frenado para sanear la cuenca del Riachuelo" y destacó que esta decisión "es un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente para saldar esta deuda ambiental".
Bergman recorrió distintas obras vinculadas al Plan de Saneamiento Matanza-Riachuelo que tiene a su cargo la empresa AySA, junto al juez que lleva adelante la causa Mendoza y el intendente de Lanús, entre otras autoridades.
Juntos analizaron los proyectos con miras al relanzamiento del plan integral que se llevará adelante para limpiar el Riachuelo, según se indicó en un comunicado.
"Con esta nueva conducción vamos a poner en marcha de inmediato el plan de obras que se encontraba frenado. Iniciamos así un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente y saldar unas de las deudas ambientales más importantes que tenemos con el área metropolitana", dijo Bergman.
El ministro elogió, además, el perfil técnico de los equipos de trabajo de Acumar y confíó en que lograrán concretar una promesa muchas veces postergada.
El nuevo Consejo Directivo de Acumar quedó formado por el ministro Sergio Bergman, como presidente; Gabriela Seijo, como vicepresidenta ejecutiva; Sergio Federovisky, Julio Torti e Iván Kerr, representantes por la Nación; Martín Renom y Miguel Saredi, representantes por la provincia de Buenos Aires; y Alberto Términe y María Fernanda Reyes, representantes por la ciudad de Buenos Aires.
La recorrida comenzó en La Matanza, en la Planta Depuradora de Efluentes Sudoeste, a la que AySA está sumando una Planta de Tratamiento de Barros; y continuó por un predio en el que funcionará el Parque Industrial Curtidor (PIC), en Lanús.
Este predio reunirá a las curtiembres de la zona y allí se construirá una Planta de Tratamiento para los efluentes de la industria.
Además, los funcionarios recorrieron los lugares en donde se construirán dos de las seis futuras Estaciones de Elevación y Aereación, que tratarán el agua del Riachuelo, y terminaron en Dock Sud, en la futura planta de pre-tratamiento.
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Neuquén controlará la contaminación del Limay
Provincia controlará la contaminación del Limay
Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
A partir de un pedido del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, el gobierno de la provincia se comprometió a monitorear el estado en que se encuentran las aguas del río Limay.
Esto se estableció después de una reunión que el presidente del Colegio mantuvo con el ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara.
La entidad le entregó al funcionario provincial un proyecto que establece la colocación de al menos 20 estaciones de "telemonitoreo" en distintos puntos del río en el recorrido que va de Senillosa a la Confluencia.
Según explicó Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, estas estaciones funcionan con una zonda y un contenedor refrigerado a cuatro grados centígrados. La zonda mide parámetros que se vuelcan al contendor y de ahí son tomados por una web en tiempo real. A la vez, se toma una muestra, que también sale de ese contendor y que luego es enviada a un laboratorio para su análisis, lo que determina un doble control de las aguas.
Islas indicó que la provincia ahora debe analizar las vías de financiamiento del proyecto, que podrían concretarse a través del Copade o el BID.
El Colegio ya había hecho su propio relevamiento y detectó una veintena de lugares donde se constató presencia de efluentes cloacales sin tratar que podrían representar una contaminación del agua.
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Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
A partir de un pedido del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, el gobierno de la provincia se comprometió a monitorear el estado en que se encuentran las aguas del río Limay.
Esto se estableció después de una reunión que el presidente del Colegio mantuvo con el ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara.
La entidad le entregó al funcionario provincial un proyecto que establece la colocación de al menos 20 estaciones de "telemonitoreo" en distintos puntos del río en el recorrido que va de Senillosa a la Confluencia.
Según explicó Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, estas estaciones funcionan con una zonda y un contenedor refrigerado a cuatro grados centígrados. La zonda mide parámetros que se vuelcan al contendor y de ahí son tomados por una web en tiempo real. A la vez, se toma una muestra, que también sale de ese contendor y que luego es enviada a un laboratorio para su análisis, lo que determina un doble control de las aguas.
Islas indicó que la provincia ahora debe analizar las vías de financiamiento del proyecto, que podrían concretarse a través del Copade o el BID.
El Colegio ya había hecho su propio relevamiento y detectó una veintena de lugares donde se constató presencia de efluentes cloacales sin tratar que podrían representar una contaminación del agua.
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Represas sobre el Río Santa Cruz: en mayo se reactiva
Reactivarían en mayo la obra de las Represas sobre el Río Santa Cruz
Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes que participaron de las negociaciones entre las partes y del proceso de revisión del contrato señalaron ayer a BAE Negocios que “sólo habrá cambios menores” y el proyecto seguirá a cargo de la UTE conformada por la firma cordobesa Electroingeniería, la compañía china Gezhouba e Hidrocuyo.
Las fuentes indicaron que “se determinó que no hay posible daño al medioambiente”, así como “tampoco existen cláusulas secretas” y las represas estarán finalizadas en 2019, como se estipuló. La cartera de Energía, encabezada por Juan José Aranguren, dará a conocer en breve que en sesenta días aproximadamente se interrumpirá el parate que las represas sufren desde el mes de diciembre, a partir del cambio de gestión presidencial y el proceso natural de revisión. “La reanudación implicará además el relacionamiento con China mirando al largo plazo, a lo que hay que sumar su participación en el gasoducto de Córdoba”, apuntaron. Ahora comenzará otro tipo de análisis, entre marzo y abril, para fijar si se mantendrán el mismo valor del contrato y las características del proyecto en marcha.
“No habrá modificaciones relevantes, contra las más diversas especulaciones y operaciones en contra”, señalaron quienes están inmersos en la reapertura de las obras. Luego de los intentos fallidos de licitación y el cambio del nombre original de las represas, el proyecto fue adjudicado en agosto de 2013. Tras varias idas y venidas con el crédito chino, el acta de inicio de obras se firmó el 14 de febrero de 2015.
Hasta ahora, el consorcio lleva contratados alrededor de mil operarios para trabajos de suelo e instalación de obradores. Aranguren señaló hace unas semanas, en declaraciones radiales, que “hemos tomado la decisión de ajustar el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido”. El funcionario reveló que ya han convocado a los responsables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer bien, conforme a las normas ambientales vigentes, sin ningún tipo de afectación”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes que participaron de las negociaciones entre las partes y del proceso de revisión del contrato señalaron ayer a BAE Negocios que “sólo habrá cambios menores” y el proyecto seguirá a cargo de la UTE conformada por la firma cordobesa Electroingeniería, la compañía china Gezhouba e Hidrocuyo.
Las fuentes indicaron que “se determinó que no hay posible daño al medioambiente”, así como “tampoco existen cláusulas secretas” y las represas estarán finalizadas en 2019, como se estipuló. La cartera de Energía, encabezada por Juan José Aranguren, dará a conocer en breve que en sesenta días aproximadamente se interrumpirá el parate que las represas sufren desde el mes de diciembre, a partir del cambio de gestión presidencial y el proceso natural de revisión. “La reanudación implicará además el relacionamiento con China mirando al largo plazo, a lo que hay que sumar su participación en el gasoducto de Córdoba”, apuntaron. Ahora comenzará otro tipo de análisis, entre marzo y abril, para fijar si se mantendrán el mismo valor del contrato y las características del proyecto en marcha.
“No habrá modificaciones relevantes, contra las más diversas especulaciones y operaciones en contra”, señalaron quienes están inmersos en la reapertura de las obras. Luego de los intentos fallidos de licitación y el cambio del nombre original de las represas, el proyecto fue adjudicado en agosto de 2013. Tras varias idas y venidas con el crédito chino, el acta de inicio de obras se firmó el 14 de febrero de 2015.
Hasta ahora, el consorcio lleva contratados alrededor de mil operarios para trabajos de suelo e instalación de obradores. Aranguren señaló hace unas semanas, en declaraciones radiales, que “hemos tomado la decisión de ajustar el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido”. El funcionario reveló que ya han convocado a los responsables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer bien, conforme a las normas ambientales vigentes, sin ningún tipo de afectación”.
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Calilegua tiene plazos para cierre y remediación
Fijan plazos para realizar un plan de cierre y remediación ambiental de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 5889 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua(1). En dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petrolerosy en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
“Es un avance importante en la resolución de una situación absurda, peligrosa e ilegal. La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El decreto N° 683 encomienda a la Secretaría de Minería provincial a que en 60 días realice un informe pormenorizado “de los decretos, contratos y demás actos que hubieren autorizado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, como así también respecto de las condiciones técnicas para el retiro de la empresa concesionaria y la clausura definitiva de los pozos petroleros allí existentes”.
Por otra parte, encarga al Ministerio de Ambiente de la provincia realizar en 180 días un informe “de relevamiento del daño ambiental ocasionado por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y un plan preliminar de remediación ambiental de los componentes del ambiente dañados”. Para ello convoca “al Ministerio de Ambiente de la Nación y a su Administración de Parques Nacionales a formar parte conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la provincia de una comisión técnica ad hoc para la inspección y evaluación del daño ambiental y la proposición del plan de remediación ambiental del área del Parque Nacional Calilegua afectada por la explotación hidrocarburífera”.
Greenpeace se sumó el año pasado al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe (2) que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes en más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua es contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto del año pasado (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 5889 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua(1). En dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petrolerosy en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
“Es un avance importante en la resolución de una situación absurda, peligrosa e ilegal. La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El decreto N° 683 encomienda a la Secretaría de Minería provincial a que en 60 días realice un informe pormenorizado “de los decretos, contratos y demás actos que hubieren autorizado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, como así también respecto de las condiciones técnicas para el retiro de la empresa concesionaria y la clausura definitiva de los pozos petroleros allí existentes”.
Por otra parte, encarga al Ministerio de Ambiente de la provincia realizar en 180 días un informe “de relevamiento del daño ambiental ocasionado por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y un plan preliminar de remediación ambiental de los componentes del ambiente dañados”. Para ello convoca “al Ministerio de Ambiente de la Nación y a su Administración de Parques Nacionales a formar parte conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la provincia de una comisión técnica ad hoc para la inspección y evaluación del daño ambiental y la proposición del plan de remediación ambiental del área del Parque Nacional Calilegua afectada por la explotación hidrocarburífera”.
Greenpeace se sumó el año pasado al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe (2) que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes en más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua es contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto del año pasado (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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San Luis apuesta al 'Kiri' para combatir la desertificación
San Luis apuesta al 'Kiri', el árbol que ayuda a combatir el cambio climático y la desertificación
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: San Luis
Originario de China, el “Kiri” o Paulownia, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta; por lo que los expertos en la materia confían en que podría salvar al mundo. A través de una prueba piloto, el Gobierno puntano evalúa el la adaptación de esta especie en suelo local y ansían producir ejemplares para todo el país.
En suelo puntano ya crecen los primeros ejemplares del “Kiri” o Paulownia, un árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales.
La iniciativa es llevada a cabo por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, con el fin de evalúar el desarrollo y la adaptación de la especie en la provincia y hacer que la provincia sea pionera en la producción masiva de esta especie tanto para el territorio puntano como para el resto del país.
Como prueba piloto de este proyecto, se realizaron plantaciones en las áreas de descanso ubicadas en la Autopista El Saladillo, tramo que une El Volcán con La Toma; según dio a conocer recientemente la prensa oficial.
Un árbol, una esperanza
Los expertos en la materia hablan de esta planta como la especie que podría salvar al mundo, al ser el mejor aliado natural para la lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Originario de China, puede tener hasta 27 metros de altura y se caracteriza por tener grandes hojas y llamativas flores de color violeta.
Se lo popularizó como el árbol más fuerte del mundo debido a que una de sus cualidades principales es la capacidad de resistencia a agresiones extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de forma rápida, incluso en terrenos casi estériles.
Suele utilizarse como planta pionera en terrenos poco fértiles, dado que a partir de sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al caer y descomponerse en el suelo, mientras que sus raíces previenen la erosión.
Como si esto fuera poco, la planta absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta del mundo, por lo que genera una emisión de grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un aliado ideal para la lucha contra el cambio climático.
La Paulownia es utilizada también para la recuperación de suelos contaminados, logrando revertir la situación de la tierra y dejándola apta para el crecimiento de especies vegetales.
En caso de que el crecimiento no haya sido del todo satisfactorio por alguna razón como ataques de plagas, malas técnicas culturales o accidentes, basta con cortar de nuevo la planta a ras de tierra a principios de primavera.
El Proyecto Paulownia, en Argentina
Actualmente, esta especie sólo se comercializa en el Norte argentino. En este marco, el Programa Forestal y Frutihortícola recientemente puesto en marcha en San Luis, supone un importante centro de distribución hacia el resto de las provincias, dado su ubicación estratégica.
Según dio a conocer el gobbierno puntano, a partir de este ambicioso plan, se buscará posicionar a San Luis como productor de especies forestales (actualmente, el 95% de las especies que se comercializan en la provincia provienen de viveros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza). A su vez, promover el uso de Paulownia en producción ganadera (silvo-pastoril) y fomentar la producción para crear industrias madereras.
Por ahora, habrá que esperar el crecimiento de los primeros Kiris. “A través de estas evaluaciones buscamos ver el desarrollo del árbol en nuestro suelo”, indicó la responsable del proyecto, Mariela Di Gennaro.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: San Luis
Originario de China, el “Kiri” o Paulownia, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta; por lo que los expertos en la materia confían en que podría salvar al mundo. A través de una prueba piloto, el Gobierno puntano evalúa el la adaptación de esta especie en suelo local y ansían producir ejemplares para todo el país.
En suelo puntano ya crecen los primeros ejemplares del “Kiri” o Paulownia, un árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales.
La iniciativa es llevada a cabo por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, con el fin de evalúar el desarrollo y la adaptación de la especie en la provincia y hacer que la provincia sea pionera en la producción masiva de esta especie tanto para el territorio puntano como para el resto del país.
Como prueba piloto de este proyecto, se realizaron plantaciones en las áreas de descanso ubicadas en la Autopista El Saladillo, tramo que une El Volcán con La Toma; según dio a conocer recientemente la prensa oficial.
Un árbol, una esperanza
Los expertos en la materia hablan de esta planta como la especie que podría salvar al mundo, al ser el mejor aliado natural para la lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Originario de China, puede tener hasta 27 metros de altura y se caracteriza por tener grandes hojas y llamativas flores de color violeta.
Se lo popularizó como el árbol más fuerte del mundo debido a que una de sus cualidades principales es la capacidad de resistencia a agresiones extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de forma rápida, incluso en terrenos casi estériles.
Suele utilizarse como planta pionera en terrenos poco fértiles, dado que a partir de sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al caer y descomponerse en el suelo, mientras que sus raíces previenen la erosión.
Como si esto fuera poco, la planta absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta del mundo, por lo que genera una emisión de grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un aliado ideal para la lucha contra el cambio climático.
La Paulownia es utilizada también para la recuperación de suelos contaminados, logrando revertir la situación de la tierra y dejándola apta para el crecimiento de especies vegetales.
En caso de que el crecimiento no haya sido del todo satisfactorio por alguna razón como ataques de plagas, malas técnicas culturales o accidentes, basta con cortar de nuevo la planta a ras de tierra a principios de primavera.
El Proyecto Paulownia, en Argentina
Actualmente, esta especie sólo se comercializa en el Norte argentino. En este marco, el Programa Forestal y Frutihortícola recientemente puesto en marcha en San Luis, supone un importante centro de distribución hacia el resto de las provincias, dado su ubicación estratégica.
Según dio a conocer el gobbierno puntano, a partir de este ambicioso plan, se buscará posicionar a San Luis como productor de especies forestales (actualmente, el 95% de las especies que se comercializan en la provincia provienen de viveros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza). A su vez, promover el uso de Paulownia en producción ganadera (silvo-pastoril) y fomentar la producción para crear industrias madereras.
Por ahora, habrá que esperar el crecimiento de los primeros Kiris. “A través de estas evaluaciones buscamos ver el desarrollo del árbol en nuestro suelo”, indicó la responsable del proyecto, Mariela Di Gennaro.
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Detectan desmonte ilegal en Santiago del Estero
Fiscalía de Estado y otros organismos intervienen por desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Personal de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado, Aviación Civil y Policía de la Provincia se hicieron presentes en cercanías de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra por la detección, a 8 kilómetros de esa ciudad, de un desmonte de una firma que sería oriunda de Tucumán.
"Descubrimos infracciones en manos de empresas foráneas" indicó el Fiscal de Estado, Raúl Abate, quien además comentó que desde la Dirección de Bosques se utiliza tecnología como imágenes satelitales para observar el comportamiento de desaprensivos quienes realizan desmontes. De allí se realiza planimetría y se llega al lugar con la fuerza pública para resolver la situación.
"Es política del Gobierno y casi un empecinamiento de tratar de resguardar el bosque. Que las empresas se instalen pero que cumplan con las leyes, para que tanto la Provincia como ellos progresen", expresó en diálogo con LV11.
Se tratan de detectar las máquinas, secuestrarlas y enviarlas a resguardo de la Justicia del Crimen y si la empresa tiene planes de desmonte quedan suspendidos hasta que normalice la situación incluso con nueva forestación", agregó.
Finalmente, Abate dijo que Santiago es una de las provincias con más superficie arbórea y que "la más afectada" por desmontes importantes.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Personal de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado, Aviación Civil y Policía de la Provincia se hicieron presentes en cercanías de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra por la detección, a 8 kilómetros de esa ciudad, de un desmonte de una firma que sería oriunda de Tucumán.
"Descubrimos infracciones en manos de empresas foráneas" indicó el Fiscal de Estado, Raúl Abate, quien además comentó que desde la Dirección de Bosques se utiliza tecnología como imágenes satelitales para observar el comportamiento de desaprensivos quienes realizan desmontes. De allí se realiza planimetría y se llega al lugar con la fuerza pública para resolver la situación.
"Es política del Gobierno y casi un empecinamiento de tratar de resguardar el bosque. Que las empresas se instalen pero que cumplan con las leyes, para que tanto la Provincia como ellos progresen", expresó en diálogo con LV11.
Se tratan de detectar las máquinas, secuestrarlas y enviarlas a resguardo de la Justicia del Crimen y si la empresa tiene planes de desmonte quedan suspendidos hasta que normalice la situación incluso con nueva forestación", agregó.
Finalmente, Abate dijo que Santiago es una de las provincias con más superficie arbórea y que "la más afectada" por desmontes importantes.
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