Una semana más por el Nahuel Huapi
08:00 | 
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Eco Sitio |
Se extiende una semana la posibilidad de firmar por la contaminación del lago
Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
Se prorrogó una semana la colecta de firmas para adherir al amparo en contra de la contaminación del lago Nahuel Huapi por el vertido de efluentes cloacales.
El procedimiento de adhesión al amparo está normado jurídicamente y no se ha dispuesto ningún mecanismo excepcional. De esta forma, las personas que deseen manifestarse respecto del objeto de la causa de referencia, deberán hacerlo bajo las formalidades que determinan las reglas procedimentales para las presentaciones judiciales, las que se verán atemperadas por tratarse de un proceso de amparo.
El amparo fue presentado por la senadora Magdalena Odarda y la referente ambientalista de Bariloche Ana Wieman.
Las firmas se reciben en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Planta Baja del edificio "Pilmayquén" sito en Jhon O Connor 20.
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Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
Se prorrogó una semana la colecta de firmas para adherir al amparo en contra de la contaminación del lago Nahuel Huapi por el vertido de efluentes cloacales.
El procedimiento de adhesión al amparo está normado jurídicamente y no se ha dispuesto ningún mecanismo excepcional. De esta forma, las personas que deseen manifestarse respecto del objeto de la causa de referencia, deberán hacerlo bajo las formalidades que determinan las reglas procedimentales para las presentaciones judiciales, las que se verán atemperadas por tratarse de un proceso de amparo.
El amparo fue presentado por la senadora Magdalena Odarda y la referente ambientalista de Bariloche Ana Wieman.
Las firmas se reciben en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Planta Baja del edificio "Pilmayquén" sito en Jhon O Connor 20.
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Agua y alimentos no contaminados para Jáchal
Contaminación en San Juan: exhortan a proveer agua potable y alimentos no contaminados
Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: San Juan
El juez Sebastián Casanello dispuso una serie de medidas de prueba. Estudiarán la sangre de los vecinos de las localidades de Jáchal e Iglesias en San Juan, luego de que hallaran arsénico en el cuerpo de un joven
Desde el 15 de septiembre del 2015 el diario Hoy dio la primicia y en la nota titulada “La corrupción de Cristina mata y contamina” informó sobre el desastre natural que había causado el derrame de cianuro al romperse un caño en la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold en la localidad sanjuanina de Jáchal.
A partir de haber trascendido el siniestro por nuestro diario, el tema fue abordado por los distintos medios de comunicación y provocó un cimbronazo político en la provincia cuyana y en la política minera del gobierno K.
En las últimas horas, la causa tomó un giro inesperado: el juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su poder una de las dos causas penales abiertas tras el derrame de cianuro, ordenó una batería de medidas de prueba que por primera vez no serán realizadas por el Gobierno provincial o algún ente vinculado, y dispuso que las autoridades "provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados" en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados.
En una resolución, el magistrado exhortó "a las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame de cianuro".
Además, ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice un estudio sobre la población de las localidades de Jáchal e Iglesias para determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud. Para ello, se extraerán muestras de sangre y orina de las presuntas víctimas y se realizarán entrevistas para saber si hay síntomas vinculados al consumo de cianuro y otros metales pesados.
Esta decisión está íntimamente relacionada con un estudio de sangre realizado en un niño de 5 años que presentaba algunos síntomas y en el que se detectó arsénico en el cuerpo del menor. Según explicó el abogado Diego Seguí, que representa a uno de los denunciantes en San Juan, ahora se mandó a estudiar sangre, orina y cabellos de sus familiares, y los resultados estarán el martes.
Casanello también convocó al prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania, para prestar su testimonio en la causa.
"Lo más importante es que por primera vez va a haber controles ajenos al Gobierno de San Juan, que siempre ocultó y jugó a favor de la megaminería", evaluó en declaraciones el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca".
Por último, el juez solicitó a la Universidad Nacional de Cuyo que, de manera urgente, realice un estudio de las aguas subterráneas de Iglesias y Jáchal, puesto que los vecinos temen que el cianuro se haya filtrado a las napas. Y pidió un análisis del suelo y de distintas especies vegetales y animales, para intentar determinar la presencia de cianuro y metales pesados. Los trabajos sedimentarios son muchos más profundos y precisos que los del agua.
La decisión de Casanello llegó después de que el lunes se reuniera con representantes de la asamblea "Jáchal no se toca", que fueron aceptados como querellantes en la causa iniciada por el abogado Mariano Aguilar, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP). En el encuentro, los vecinos le manifestaron al magistrado su preocupación por la falta de certezas acerca de las reales dimensiones y consecuencias del derrame de cianuro y la presencia de una mina cerca de sus hogares.
La incertidumbre tiene su fundamento. La empresa Barrick Gold, dueña del yacimiento, el Gobierno de San Juan y los organismos dependientes del Estado provincial han negado sistemáticamente cualquier tipo de consecuencia. Sin embargo, cada vez más estudios independientes contradicen esa afirmación.
Los primeros estudios que refutaron la información oficial fueron los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza. El primero de ellos encontró que el agua potable en Mogna está contaminada. A partir de ese momento, Barrick Gold se negó a seguir financiando los análisis. Le siguió un duro reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y un estudio privado encargado por una jubilada sobre el agua de la localidad de Tamberías.
En febrero surgieron dos pericias fundamentales. Por un lado, una pericia de la Policía Federal determinó que se contaminaron cinco ríos. Y, lo más grave, por primera vez un organismo oficial consideró que se había cometido un delito al violar la ley de Residuos Peligrosos.
Por otro lado, transcendió un estudio realizado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, hoy Ministerio, que fue ocultado por las autoridades y filtrado por los empleados. Ese trabajo, publicado por La Nación, encontró fallas en el sistema de gestión ambiental y mantenimiento de Veladero y precariedad en la estructura y fallas en el diseño del canal que transporta la solución cianurada. Todo, en lo que Barrick Gold había dicho que era el yacimiento más seguro del mundo.
En el expediente que se tramita en la Justicia federal están acusados los ex secretarios nacionales de Ambiente y Minería, Sergio Lorusso y Jorge Mayol, respectivamente, el titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, y el ex secretario de Ambiente de San Juan, Domingo Tello, además de varios ejecutivos de Barrick Gold.
Sin embargo, no está claro si Casanello se quedará con el caso. Sucede que hay otro expediente abierto en Jáchal y que tiene el juez Pablo Oritja. La cuestión deberá zanjarla la Corte Suprema. El caso quedará en Buenos Aires si el máximo tribunal considera que el derrame también afectó a las provincias de San Luis y Mendoza, donde desemboca el río Jáchal.
En San Juan, en tanto, hay nueve gerentes de Barrick Gold imputados y si bien el juez Oritja anunció que ya resolvió si los procesa o no, está esperando que se notifique su decisión para hacer públicos los detalles de su fallo.
El derrame se produjo entre el 12 y 13 de septiembre en la mina Veladero. Se conoció a través de los empleados del yacimiento, la mayoría de ellos de la zona, que avisaron a sus familiares. La empresa y el Gobierno de San Juan lo negaron en un primer momento y luego rechazaron su real dimensión, hasta que 10 días más tarde aceptaron que más de un millón de litros de agua con cianuro cayeron al río Potrerillos.
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Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: San Juan
El juez Sebastián Casanello dispuso una serie de medidas de prueba. Estudiarán la sangre de los vecinos de las localidades de Jáchal e Iglesias en San Juan, luego de que hallaran arsénico en el cuerpo de un joven
Desde el 15 de septiembre del 2015 el diario Hoy dio la primicia y en la nota titulada “La corrupción de Cristina mata y contamina” informó sobre el desastre natural que había causado el derrame de cianuro al romperse un caño en la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold en la localidad sanjuanina de Jáchal.
A partir de haber trascendido el siniestro por nuestro diario, el tema fue abordado por los distintos medios de comunicación y provocó un cimbronazo político en la provincia cuyana y en la política minera del gobierno K.
En las últimas horas, la causa tomó un giro inesperado: el juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su poder una de las dos causas penales abiertas tras el derrame de cianuro, ordenó una batería de medidas de prueba que por primera vez no serán realizadas por el Gobierno provincial o algún ente vinculado, y dispuso que las autoridades "provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados" en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados.
En una resolución, el magistrado exhortó "a las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame de cianuro".
Además, ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice un estudio sobre la población de las localidades de Jáchal e Iglesias para determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud. Para ello, se extraerán muestras de sangre y orina de las presuntas víctimas y se realizarán entrevistas para saber si hay síntomas vinculados al consumo de cianuro y otros metales pesados.
Esta decisión está íntimamente relacionada con un estudio de sangre realizado en un niño de 5 años que presentaba algunos síntomas y en el que se detectó arsénico en el cuerpo del menor. Según explicó el abogado Diego Seguí, que representa a uno de los denunciantes en San Juan, ahora se mandó a estudiar sangre, orina y cabellos de sus familiares, y los resultados estarán el martes.
Casanello también convocó al prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania, para prestar su testimonio en la causa.
"Lo más importante es que por primera vez va a haber controles ajenos al Gobierno de San Juan, que siempre ocultó y jugó a favor de la megaminería", evaluó en declaraciones el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos "Jáchal no se toca".
Por último, el juez solicitó a la Universidad Nacional de Cuyo que, de manera urgente, realice un estudio de las aguas subterráneas de Iglesias y Jáchal, puesto que los vecinos temen que el cianuro se haya filtrado a las napas. Y pidió un análisis del suelo y de distintas especies vegetales y animales, para intentar determinar la presencia de cianuro y metales pesados. Los trabajos sedimentarios son muchos más profundos y precisos que los del agua.
La decisión de Casanello llegó después de que el lunes se reuniera con representantes de la asamblea "Jáchal no se toca", que fueron aceptados como querellantes en la causa iniciada por el abogado Mariano Aguilar, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP). En el encuentro, los vecinos le manifestaron al magistrado su preocupación por la falta de certezas acerca de las reales dimensiones y consecuencias del derrame de cianuro y la presencia de una mina cerca de sus hogares.
La incertidumbre tiene su fundamento. La empresa Barrick Gold, dueña del yacimiento, el Gobierno de San Juan y los organismos dependientes del Estado provincial han negado sistemáticamente cualquier tipo de consecuencia. Sin embargo, cada vez más estudios independientes contradicen esa afirmación.
Los primeros estudios que refutaron la información oficial fueron los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza. El primero de ellos encontró que el agua potable en Mogna está contaminada. A partir de ese momento, Barrick Gold se negó a seguir financiando los análisis. Le siguió un duro reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y un estudio privado encargado por una jubilada sobre el agua de la localidad de Tamberías.
En febrero surgieron dos pericias fundamentales. Por un lado, una pericia de la Policía Federal determinó que se contaminaron cinco ríos. Y, lo más grave, por primera vez un organismo oficial consideró que se había cometido un delito al violar la ley de Residuos Peligrosos.
Por otro lado, transcendió un estudio realizado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, hoy Ministerio, que fue ocultado por las autoridades y filtrado por los empleados. Ese trabajo, publicado por La Nación, encontró fallas en el sistema de gestión ambiental y mantenimiento de Veladero y precariedad en la estructura y fallas en el diseño del canal que transporta la solución cianurada. Todo, en lo que Barrick Gold había dicho que era el yacimiento más seguro del mundo.
En el expediente que se tramita en la Justicia federal están acusados los ex secretarios nacionales de Ambiente y Minería, Sergio Lorusso y Jorge Mayol, respectivamente, el titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, y el ex secretario de Ambiente de San Juan, Domingo Tello, además de varios ejecutivos de Barrick Gold.
Sin embargo, no está claro si Casanello se quedará con el caso. Sucede que hay otro expediente abierto en Jáchal y que tiene el juez Pablo Oritja. La cuestión deberá zanjarla la Corte Suprema. El caso quedará en Buenos Aires si el máximo tribunal considera que el derrame también afectó a las provincias de San Luis y Mendoza, donde desemboca el río Jáchal.
En San Juan, en tanto, hay nueve gerentes de Barrick Gold imputados y si bien el juez Oritja anunció que ya resolvió si los procesa o no, está esperando que se notifique su decisión para hacer públicos los detalles de su fallo.
El derrame se produjo entre el 12 y 13 de septiembre en la mina Veladero. Se conoció a través de los empleados del yacimiento, la mayoría de ellos de la zona, que avisaron a sus familiares. La empresa y el Gobierno de San Juan lo negaron en un primer momento y luego rechazaron su real dimensión, hasta que 10 días más tarde aceptaron que más de un millón de litros de agua con cianuro cayeron al río Potrerillos.
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Gestiones para volver a levantar Potasio Río Colorado
Mendoza hará gestiones en Canadá para reactivar el proyecto minero Potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Mendoza
Una delegación mendocina participará de la misión institucional al Congreso Mundial de Minería PDAC, que se desarrolla anualmente en la ciudad de Toronto, Canadá. El objetivo es renovar el interés por el desarrollo de la mina Potasio Río Colorado en Malargüe, según informó el gobierno provincial.
Por Mendoza viajará hoy el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien destacó la importancia de reactivar el desarrollo de potasio más importante de la provincia, fomentando el acercamiento con potenciales interesados y mediando entre estos inversores y el actual concesionario de la mina.
“Los contactos que realicemos en este foro serán claves para poder acompañar el proceso de reestructuración del negocio que está realizando la empresa brasilera Vale”, destacó el funcionario, quien ha mantenido reuniones con ejecutivos brasileños.
Además, Guiñazú enfatizó la necesidad de volver a participar de encuentros donde se trata internacionalmente el tema de minería, para relacionar a Mendoza con los principales actores del sector.
El emprendimiento ubicado en Malargüe, se encuentra paralizado desde 2013 pese a ser uno de los yacimientos mineros con mayor potencial económico y social que posee Mendoza, aunque tampoco presenta conflicto con la Ley 7.722.
La Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) es una convención de intercambio anual para todos los actores que están relacionados con la industria de exploración y explotación de minerales.
El encuentro atrae a expositores, inversores, analistas, ejecutivos mineros, geólogos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. La convención anual PDAC ha crecido a través de los años hasta convertirse en una institución respetada con una reputación internacional para la creación de redes, trato de decisiones y la discusión sobre tendencias actuales que dan forma a la industria minera.
En estos encuentros se debate sobre el uso de nuevas tecnologías, las perspectivas del mercado mundial en los diferentes tipos de materiales y la explotación armónica de la actividad, entre otros.
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Fecha de Publicación: 08/03/2016
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Mendoza
Una delegación mendocina participará de la misión institucional al Congreso Mundial de Minería PDAC, que se desarrolla anualmente en la ciudad de Toronto, Canadá. El objetivo es renovar el interés por el desarrollo de la mina Potasio Río Colorado en Malargüe, según informó el gobierno provincial.
Por Mendoza viajará hoy el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien destacó la importancia de reactivar el desarrollo de potasio más importante de la provincia, fomentando el acercamiento con potenciales interesados y mediando entre estos inversores y el actual concesionario de la mina.
“Los contactos que realicemos en este foro serán claves para poder acompañar el proceso de reestructuración del negocio que está realizando la empresa brasilera Vale”, destacó el funcionario, quien ha mantenido reuniones con ejecutivos brasileños.
Además, Guiñazú enfatizó la necesidad de volver a participar de encuentros donde se trata internacionalmente el tema de minería, para relacionar a Mendoza con los principales actores del sector.
El emprendimiento ubicado en Malargüe, se encuentra paralizado desde 2013 pese a ser uno de los yacimientos mineros con mayor potencial económico y social que posee Mendoza, aunque tampoco presenta conflicto con la Ley 7.722.
La Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) es una convención de intercambio anual para todos los actores que están relacionados con la industria de exploración y explotación de minerales.
El encuentro atrae a expositores, inversores, analistas, ejecutivos mineros, geólogos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. La convención anual PDAC ha crecido a través de los años hasta convertirse en una institución respetada con una reputación internacional para la creación de redes, trato de decisiones y la discusión sobre tendencias actuales que dan forma a la industria minera.
En estos encuentros se debate sobre el uso de nuevas tecnologías, las perspectivas del mercado mundial en los diferentes tipos de materiales y la explotación armónica de la actividad, entre otros.
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Enésimo lanzamiento de obras en el Riachuelo
Bergman relanzará el plan de saneamiento del Riachuelo con nuevas obras
Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y presidente de Acumar, Sergio Bergman, anunció que pondrá en marcha "de inmediato" el plan de obras "que se encontraba frenado para sanear la cuenca del Riachuelo" y destacó que esta decisión "es un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente para saldar esta deuda ambiental".
Bergman recorrió distintas obras vinculadas al Plan de Saneamiento Matanza-Riachuelo que tiene a su cargo la empresa AySA, junto al juez que lleva adelante la causa Mendoza y el intendente de Lanús, entre otras autoridades.
Juntos analizaron los proyectos con miras al relanzamiento del plan integral que se llevará adelante para limpiar el Riachuelo, según se indicó en un comunicado.
"Con esta nueva conducción vamos a poner en marcha de inmediato el plan de obras que se encontraba frenado. Iniciamos así un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente y saldar unas de las deudas ambientales más importantes que tenemos con el área metropolitana", dijo Bergman.
El ministro elogió, además, el perfil técnico de los equipos de trabajo de Acumar y confíó en que lograrán concretar una promesa muchas veces postergada.
El nuevo Consejo Directivo de Acumar quedó formado por el ministro Sergio Bergman, como presidente; Gabriela Seijo, como vicepresidenta ejecutiva; Sergio Federovisky, Julio Torti e Iván Kerr, representantes por la Nación; Martín Renom y Miguel Saredi, representantes por la provincia de Buenos Aires; y Alberto Términe y María Fernanda Reyes, representantes por la ciudad de Buenos Aires.
La recorrida comenzó en La Matanza, en la Planta Depuradora de Efluentes Sudoeste, a la que AySA está sumando una Planta de Tratamiento de Barros; y continuó por un predio en el que funcionará el Parque Industrial Curtidor (PIC), en Lanús.
Este predio reunirá a las curtiembres de la zona y allí se construirá una Planta de Tratamiento para los efluentes de la industria.
Además, los funcionarios recorrieron los lugares en donde se construirán dos de las seis futuras Estaciones de Elevación y Aereación, que tratarán el agua del Riachuelo, y terminaron en Dock Sud, en la futura planta de pre-tratamiento.
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Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y presidente de Acumar, Sergio Bergman, anunció que pondrá en marcha "de inmediato" el plan de obras "que se encontraba frenado para sanear la cuenca del Riachuelo" y destacó que esta decisión "es un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente para saldar esta deuda ambiental".
Bergman recorrió distintas obras vinculadas al Plan de Saneamiento Matanza-Riachuelo que tiene a su cargo la empresa AySA, junto al juez que lleva adelante la causa Mendoza y el intendente de Lanús, entre otras autoridades.
Juntos analizaron los proyectos con miras al relanzamiento del plan integral que se llevará adelante para limpiar el Riachuelo, según se indicó en un comunicado.
"Con esta nueva conducción vamos a poner en marcha de inmediato el plan de obras que se encontraba frenado. Iniciamos así un nuevo estilo de gestión que busca avanzar rápidamente y saldar unas de las deudas ambientales más importantes que tenemos con el área metropolitana", dijo Bergman.
El ministro elogió, además, el perfil técnico de los equipos de trabajo de Acumar y confíó en que lograrán concretar una promesa muchas veces postergada.
El nuevo Consejo Directivo de Acumar quedó formado por el ministro Sergio Bergman, como presidente; Gabriela Seijo, como vicepresidenta ejecutiva; Sergio Federovisky, Julio Torti e Iván Kerr, representantes por la Nación; Martín Renom y Miguel Saredi, representantes por la provincia de Buenos Aires; y Alberto Términe y María Fernanda Reyes, representantes por la ciudad de Buenos Aires.
La recorrida comenzó en La Matanza, en la Planta Depuradora de Efluentes Sudoeste, a la que AySA está sumando una Planta de Tratamiento de Barros; y continuó por un predio en el que funcionará el Parque Industrial Curtidor (PIC), en Lanús.
Este predio reunirá a las curtiembres de la zona y allí se construirá una Planta de Tratamiento para los efluentes de la industria.
Además, los funcionarios recorrieron los lugares en donde se construirán dos de las seis futuras Estaciones de Elevación y Aereación, que tratarán el agua del Riachuelo, y terminaron en Dock Sud, en la futura planta de pre-tratamiento.
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Neuquén controlará la contaminación del Limay
Provincia controlará la contaminación del Limay
Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
A partir de un pedido del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, el gobierno de la provincia se comprometió a monitorear el estado en que se encuentran las aguas del río Limay.
Esto se estableció después de una reunión que el presidente del Colegio mantuvo con el ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara.
La entidad le entregó al funcionario provincial un proyecto que establece la colocación de al menos 20 estaciones de "telemonitoreo" en distintos puntos del río en el recorrido que va de Senillosa a la Confluencia.
Según explicó Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, estas estaciones funcionan con una zonda y un contenedor refrigerado a cuatro grados centígrados. La zonda mide parámetros que se vuelcan al contendor y de ahí son tomados por una web en tiempo real. A la vez, se toma una muestra, que también sale de ese contendor y que luego es enviada a un laboratorio para su análisis, lo que determina un doble control de las aguas.
Islas indicó que la provincia ahora debe analizar las vías de financiamiento del proyecto, que podrían concretarse a través del Copade o el BID.
El Colegio ya había hecho su propio relevamiento y detectó una veintena de lugares donde se constató presencia de efluentes cloacales sin tratar que podrían representar una contaminación del agua.
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Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
A partir de un pedido del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, el gobierno de la provincia se comprometió a monitorear el estado en que se encuentran las aguas del río Limay.
Esto se estableció después de una reunión que el presidente del Colegio mantuvo con el ministro de Seguridad y Ambiente, Jorge Lara.
La entidad le entregó al funcionario provincial un proyecto que establece la colocación de al menos 20 estaciones de "telemonitoreo" en distintos puntos del río en el recorrido que va de Senillosa a la Confluencia.
Según explicó Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, estas estaciones funcionan con una zonda y un contenedor refrigerado a cuatro grados centígrados. La zonda mide parámetros que se vuelcan al contendor y de ahí son tomados por una web en tiempo real. A la vez, se toma una muestra, que también sale de ese contendor y que luego es enviada a un laboratorio para su análisis, lo que determina un doble control de las aguas.
Islas indicó que la provincia ahora debe analizar las vías de financiamiento del proyecto, que podrían concretarse a través del Copade o el BID.
El Colegio ya había hecho su propio relevamiento y detectó una veintena de lugares donde se constató presencia de efluentes cloacales sin tratar que podrían representar una contaminación del agua.
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Represas sobre el Río Santa Cruz: en mayo se reactiva
Reactivarían en mayo la obra de las Represas sobre el Río Santa Cruz
Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes que participaron de las negociaciones entre las partes y del proceso de revisión del contrato señalaron ayer a BAE Negocios que “sólo habrá cambios menores” y el proyecto seguirá a cargo de la UTE conformada por la firma cordobesa Electroingeniería, la compañía china Gezhouba e Hidrocuyo.
Las fuentes indicaron que “se determinó que no hay posible daño al medioambiente”, así como “tampoco existen cláusulas secretas” y las represas estarán finalizadas en 2019, como se estipuló. La cartera de Energía, encabezada por Juan José Aranguren, dará a conocer en breve que en sesenta días aproximadamente se interrumpirá el parate que las represas sufren desde el mes de diciembre, a partir del cambio de gestión presidencial y el proceso natural de revisión. “La reanudación implicará además el relacionamiento con China mirando al largo plazo, a lo que hay que sumar su participación en el gasoducto de Córdoba”, apuntaron. Ahora comenzará otro tipo de análisis, entre marzo y abril, para fijar si se mantendrán el mismo valor del contrato y las características del proyecto en marcha.
“No habrá modificaciones relevantes, contra las más diversas especulaciones y operaciones en contra”, señalaron quienes están inmersos en la reapertura de las obras. Luego de los intentos fallidos de licitación y el cambio del nombre original de las represas, el proyecto fue adjudicado en agosto de 2013. Tras varias idas y venidas con el crédito chino, el acta de inicio de obras se firmó el 14 de febrero de 2015.
Hasta ahora, el consorcio lleva contratados alrededor de mil operarios para trabajos de suelo e instalación de obradores. Aranguren señaló hace unas semanas, en declaraciones radiales, que “hemos tomado la decisión de ajustar el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido”. El funcionario reveló que ya han convocado a los responsables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer bien, conforme a las normas ambientales vigentes, sin ningún tipo de afectación”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes que participaron de las negociaciones entre las partes y del proceso de revisión del contrato señalaron ayer a BAE Negocios que “sólo habrá cambios menores” y el proyecto seguirá a cargo de la UTE conformada por la firma cordobesa Electroingeniería, la compañía china Gezhouba e Hidrocuyo.
Las fuentes indicaron que “se determinó que no hay posible daño al medioambiente”, así como “tampoco existen cláusulas secretas” y las represas estarán finalizadas en 2019, como se estipuló. La cartera de Energía, encabezada por Juan José Aranguren, dará a conocer en breve que en sesenta días aproximadamente se interrumpirá el parate que las represas sufren desde el mes de diciembre, a partir del cambio de gestión presidencial y el proceso natural de revisión. “La reanudación implicará además el relacionamiento con China mirando al largo plazo, a lo que hay que sumar su participación en el gasoducto de Córdoba”, apuntaron. Ahora comenzará otro tipo de análisis, entre marzo y abril, para fijar si se mantendrán el mismo valor del contrato y las características del proyecto en marcha.
“No habrá modificaciones relevantes, contra las más diversas especulaciones y operaciones en contra”, señalaron quienes están inmersos en la reapertura de las obras. Luego de los intentos fallidos de licitación y el cambio del nombre original de las represas, el proyecto fue adjudicado en agosto de 2013. Tras varias idas y venidas con el crédito chino, el acta de inicio de obras se firmó el 14 de febrero de 2015.
Hasta ahora, el consorcio lleva contratados alrededor de mil operarios para trabajos de suelo e instalación de obradores. Aranguren señaló hace unas semanas, en declaraciones radiales, que “hemos tomado la decisión de ajustar el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido”. El funcionario reveló que ya han convocado a los responsables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer bien, conforme a las normas ambientales vigentes, sin ningún tipo de afectación”.
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Calilegua tiene plazos para cierre y remediación
Fijan plazos para realizar un plan de cierre y remediación ambiental de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 5889 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua(1). En dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petrolerosy en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
“Es un avance importante en la resolución de una situación absurda, peligrosa e ilegal. La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El decreto N° 683 encomienda a la Secretaría de Minería provincial a que en 60 días realice un informe pormenorizado “de los decretos, contratos y demás actos que hubieren autorizado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, como así también respecto de las condiciones técnicas para el retiro de la empresa concesionaria y la clausura definitiva de los pozos petroleros allí existentes”.
Por otra parte, encarga al Ministerio de Ambiente de la provincia realizar en 180 días un informe “de relevamiento del daño ambiental ocasionado por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y un plan preliminar de remediación ambiental de los componentes del ambiente dañados”. Para ello convoca “al Ministerio de Ambiente de la Nación y a su Administración de Parques Nacionales a formar parte conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la provincia de una comisión técnica ad hoc para la inspección y evaluación del daño ambiental y la proposición del plan de remediación ambiental del área del Parque Nacional Calilegua afectada por la explotación hidrocarburífera”.
Greenpeace se sumó el año pasado al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe (2) que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes en más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua es contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto del año pasado (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 5889 de Cese de la Explotación de Petróleo en el Parque Nacional Calilegua(1). En dos meses deberá presentarse un plan de cierre de los pozos petrolerosy en seis meses el plan de remediación de los pasivos ambientales.
“Es un avance importante en la resolución de una situación absurda, peligrosa e ilegal. La extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Calilegua viola tres leyes nacionales e implica un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El decreto N° 683 encomienda a la Secretaría de Minería provincial a que en 60 días realice un informe pormenorizado “de los decretos, contratos y demás actos que hubieren autorizado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, como así también respecto de las condiciones técnicas para el retiro de la empresa concesionaria y la clausura definitiva de los pozos petroleros allí existentes”.
Por otra parte, encarga al Ministerio de Ambiente de la provincia realizar en 180 días un informe “de relevamiento del daño ambiental ocasionado por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y un plan preliminar de remediación ambiental de los componentes del ambiente dañados”. Para ello convoca “al Ministerio de Ambiente de la Nación y a su Administración de Parques Nacionales a formar parte conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de la provincia de una comisión técnica ad hoc para la inspección y evaluación del daño ambiental y la proposición del plan de remediación ambiental del área del Parque Nacional Calilegua afectada por la explotación hidrocarburífera”.
Greenpeace se sumó el año pasado al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe (2) que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes en más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua es contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto del año pasado (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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San Luis apuesta al 'Kiri' para combatir la desertificación
San Luis apuesta al 'Kiri', el árbol que ayuda a combatir el cambio climático y la desertificación
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: San Luis
Originario de China, el “Kiri” o Paulownia, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta; por lo que los expertos en la materia confían en que podría salvar al mundo. A través de una prueba piloto, el Gobierno puntano evalúa el la adaptación de esta especie en suelo local y ansían producir ejemplares para todo el país.
En suelo puntano ya crecen los primeros ejemplares del “Kiri” o Paulownia, un árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales.
La iniciativa es llevada a cabo por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, con el fin de evalúar el desarrollo y la adaptación de la especie en la provincia y hacer que la provincia sea pionera en la producción masiva de esta especie tanto para el territorio puntano como para el resto del país.
Como prueba piloto de este proyecto, se realizaron plantaciones en las áreas de descanso ubicadas en la Autopista El Saladillo, tramo que une El Volcán con La Toma; según dio a conocer recientemente la prensa oficial.
Un árbol, una esperanza
Los expertos en la materia hablan de esta planta como la especie que podría salvar al mundo, al ser el mejor aliado natural para la lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Originario de China, puede tener hasta 27 metros de altura y se caracteriza por tener grandes hojas y llamativas flores de color violeta.
Se lo popularizó como el árbol más fuerte del mundo debido a que una de sus cualidades principales es la capacidad de resistencia a agresiones extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de forma rápida, incluso en terrenos casi estériles.
Suele utilizarse como planta pionera en terrenos poco fértiles, dado que a partir de sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al caer y descomponerse en el suelo, mientras que sus raíces previenen la erosión.
Como si esto fuera poco, la planta absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta del mundo, por lo que genera una emisión de grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un aliado ideal para la lucha contra el cambio climático.
La Paulownia es utilizada también para la recuperación de suelos contaminados, logrando revertir la situación de la tierra y dejándola apta para el crecimiento de especies vegetales.
En caso de que el crecimiento no haya sido del todo satisfactorio por alguna razón como ataques de plagas, malas técnicas culturales o accidentes, basta con cortar de nuevo la planta a ras de tierra a principios de primavera.
El Proyecto Paulownia, en Argentina
Actualmente, esta especie sólo se comercializa en el Norte argentino. En este marco, el Programa Forestal y Frutihortícola recientemente puesto en marcha en San Luis, supone un importante centro de distribución hacia el resto de las provincias, dado su ubicación estratégica.
Según dio a conocer el gobbierno puntano, a partir de este ambicioso plan, se buscará posicionar a San Luis como productor de especies forestales (actualmente, el 95% de las especies que se comercializan en la provincia provienen de viveros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza). A su vez, promover el uso de Paulownia en producción ganadera (silvo-pastoril) y fomentar la producción para crear industrias madereras.
Por ahora, habrá que esperar el crecimiento de los primeros Kiris. “A través de estas evaluaciones buscamos ver el desarrollo del árbol en nuestro suelo”, indicó la responsable del proyecto, Mariela Di Gennaro.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: San Luis
Originario de China, el “Kiri” o Paulownia, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta; por lo que los expertos en la materia confían en que podría salvar al mundo. A través de una prueba piloto, el Gobierno puntano evalúa el la adaptación de esta especie en suelo local y ansían producir ejemplares para todo el país.
En suelo puntano ya crecen los primeros ejemplares del “Kiri” o Paulownia, un árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales.
La iniciativa es llevada a cabo por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, con el fin de evalúar el desarrollo y la adaptación de la especie en la provincia y hacer que la provincia sea pionera en la producción masiva de esta especie tanto para el territorio puntano como para el resto del país.
Como prueba piloto de este proyecto, se realizaron plantaciones en las áreas de descanso ubicadas en la Autopista El Saladillo, tramo que une El Volcán con La Toma; según dio a conocer recientemente la prensa oficial.
Un árbol, una esperanza
Los expertos en la materia hablan de esta planta como la especie que podría salvar al mundo, al ser el mejor aliado natural para la lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Originario de China, puede tener hasta 27 metros de altura y se caracteriza por tener grandes hojas y llamativas flores de color violeta.
Se lo popularizó como el árbol más fuerte del mundo debido a que una de sus cualidades principales es la capacidad de resistencia a agresiones extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de forma rápida, incluso en terrenos casi estériles.
Suele utilizarse como planta pionera en terrenos poco fértiles, dado que a partir de sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al caer y descomponerse en el suelo, mientras que sus raíces previenen la erosión.
Como si esto fuera poco, la planta absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta del mundo, por lo que genera una emisión de grandes cantidades de oxígeno, lo que lo convierte en un aliado ideal para la lucha contra el cambio climático.
La Paulownia es utilizada también para la recuperación de suelos contaminados, logrando revertir la situación de la tierra y dejándola apta para el crecimiento de especies vegetales.
En caso de que el crecimiento no haya sido del todo satisfactorio por alguna razón como ataques de plagas, malas técnicas culturales o accidentes, basta con cortar de nuevo la planta a ras de tierra a principios de primavera.
El Proyecto Paulownia, en Argentina
Actualmente, esta especie sólo se comercializa en el Norte argentino. En este marco, el Programa Forestal y Frutihortícola recientemente puesto en marcha en San Luis, supone un importante centro de distribución hacia el resto de las provincias, dado su ubicación estratégica.
Según dio a conocer el gobbierno puntano, a partir de este ambicioso plan, se buscará posicionar a San Luis como productor de especies forestales (actualmente, el 95% de las especies que se comercializan en la provincia provienen de viveros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza). A su vez, promover el uso de Paulownia en producción ganadera (silvo-pastoril) y fomentar la producción para crear industrias madereras.
Por ahora, habrá que esperar el crecimiento de los primeros Kiris. “A través de estas evaluaciones buscamos ver el desarrollo del árbol en nuestro suelo”, indicó la responsable del proyecto, Mariela Di Gennaro.
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Detectan desmonte ilegal en Santiago del Estero
Fiscalía de Estado y otros organismos intervienen por desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Personal de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado, Aviación Civil y Policía de la Provincia se hicieron presentes en cercanías de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra por la detección, a 8 kilómetros de esa ciudad, de un desmonte de una firma que sería oriunda de Tucumán.
"Descubrimos infracciones en manos de empresas foráneas" indicó el Fiscal de Estado, Raúl Abate, quien además comentó que desde la Dirección de Bosques se utiliza tecnología como imágenes satelitales para observar el comportamiento de desaprensivos quienes realizan desmontes. De allí se realiza planimetría y se llega al lugar con la fuerza pública para resolver la situación.
"Es política del Gobierno y casi un empecinamiento de tratar de resguardar el bosque. Que las empresas se instalen pero que cumplan con las leyes, para que tanto la Provincia como ellos progresen", expresó en diálogo con LV11.
Se tratan de detectar las máquinas, secuestrarlas y enviarlas a resguardo de la Justicia del Crimen y si la empresa tiene planes de desmonte quedan suspendidos hasta que normalice la situación incluso con nueva forestación", agregó.
Finalmente, Abate dijo que Santiago es una de las provincias con más superficie arbórea y que "la más afectada" por desmontes importantes.
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Fecha de Publicación: 06/03/2016
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Personal de Escribanía de Gobierno, Fiscalía de Estado, Aviación Civil y Policía de la Provincia se hicieron presentes en cercanías de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra por la detección, a 8 kilómetros de esa ciudad, de un desmonte de una firma que sería oriunda de Tucumán.
"Descubrimos infracciones en manos de empresas foráneas" indicó el Fiscal de Estado, Raúl Abate, quien además comentó que desde la Dirección de Bosques se utiliza tecnología como imágenes satelitales para observar el comportamiento de desaprensivos quienes realizan desmontes. De allí se realiza planimetría y se llega al lugar con la fuerza pública para resolver la situación.
"Es política del Gobierno y casi un empecinamiento de tratar de resguardar el bosque. Que las empresas se instalen pero que cumplan con las leyes, para que tanto la Provincia como ellos progresen", expresó en diálogo con LV11.
Se tratan de detectar las máquinas, secuestrarlas y enviarlas a resguardo de la Justicia del Crimen y si la empresa tiene planes de desmonte quedan suspendidos hasta que normalice la situación incluso con nueva forestación", agregó.
Finalmente, Abate dijo que Santiago es una de las provincias con más superficie arbórea y que "la más afectada" por desmontes importantes.
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Barrick más complicada por otro informe
Derrame de cianuro: un nuevo informe complica más a la minera Barrick
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Lo realizó la ex Secretaría de Ambiente tras el accidente; halló falencias en el manejo de los residuos que dejó el incidente; la compañía dice que no conoce el relevamiento
Impacto ambiental del que no puede determinarse su magnitud, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento, y precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca: esas son algunas de las faltas graves que la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero, en San Juan, después del derrame de cianuro que ocurrió en septiembre pasado. Las conclusiones surgen de un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de esa dependencia nacional en octubre pero que no vio la luz hasta hace dos semanas, cuando los empleados de esa dependencia acercaron a las nuevas autoridades el detalle del relevamiento y al que LA NACION tuvo acceso.
Las faltas señaladas por la comisión nacional que inspeccionó la mina que maneja la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan se enmarcan dentro de la ley de presupuesto mínimos de residuos peligrosos que establece castigos que van desde un mero apercibimiento hasta la clausura. Todos los detalles del informe fueron enviados por el Ministerio de Medio Ambiente a los dos juzgados que siguen hoy la causa por contaminación de la minera aurífera; en la justicia federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
El trabajo critica la explicación entregada a la justicia por la empresa. Uno de los problemas que señala, por ejemplo, es la metodología para determinar la cantidad de material que se derramó ante la falla de una válvula a consecuencia del frío extremo: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada", sostiene el informe. Cabe recordar que el accidente se hizo público luego de la difusión de un mensaje de Whatsapp que un empleado envió a su familia, río abajo. Luego la compañía habló de 200 m3 de solución cianurada involucrada en el escape, cifra que después se convirtió en 1000 m3, es decir más de un millón de litros.
El relevamiento se suma al peritaje que realizó la Policía Federal y que está contenido en el expediente que atiende el juez federal Sebastián Casanello, que da cuenta de la contaminación en cinco ríos sanjuaninos y al peritaje realizado por la agencia de Naciones Unidas (UNOPS) que también halló vestigios de cianuro en la zona del derrame y que recomendó su remediación.
En la Barrick respondieron a LA NACION que no conocen el informe de la cartera ambiental. Y, aunque aseguran que tras el accidente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el episodio golpeó al corazón de la compañía. Tal es así que dos meses después del derrame la empresa reemplazó al Gerente General de Operaciones de la mina. Rick Baker, que se desempeñaba entre las autoridades corporativas del área Medio Ambiente de Barrick, reemplazó en el cargo a Antonio Adame, que estaba a cargo de la explotación minera cuando ocurrió el derrame por el cual la justicia imputó a varios miembros de la empresa, directivos y empleados, entre ellos el propio Adame. Hay al menos siete empleados que deben prestar declaración ante la justicia de Jáchal. Otra incorporación importante a la empresa fue la de Juan Bautista Ordóñez (ex Roggio) quien asumió como director Ejecutivo de la operación en la Argentina.
La propia compañía habla de una "nueva etapa" de Barrick en Argentina. E insisten en que en las mediciones de la UNOPS en las zonas 0 y 1, que son las más cercanas a la mina, y que comprenden el río Potrerillos hasta el río Las Taguas, se detectaron algunas trazas de cianuro, "pero todas por debajo de los niveles guía para consumo humano", según un comunicado que la empresa envió a LA NACION.
"Con los datos preliminares de la UNOPS y los de otros estudios quedaría totalmente descalificado el resultado de la Policía Federal. Un estudio de monitoreo técnicamente adecuado implica contrastar los resultados de muestras tomadas contra los parámetros de ley y los parámetros de línea de base, ya que las características naturales de las aguas no pueden ser desconocidas ni desatendidas", indicaron en la minera en la misma respuesta.
Los vecinos de Jáchal creen que esto sólo es una maniobra dilatoria de la Barrick. "Nosotros pedimos que se cumpla la ley de glaciares y que se le dé intervención a la UBA. Las autoridades de San Juan y la minera hablan de las líneas de base y de la información pública pero es mentira. La información pública se oculta, nosotros no pudimos nunca acceder a ellas", indicó Saúl Zeballos, uno de los vecinos que interpuso el recurso de amparo ante la Justicia de Jáchal y que estuvo con Casanello esta semana.
"Hemos venido para traer información y hemos aportado análisis que están incluidos en el amparo que está en Jáchal. Trajimos análisis de agua y de vegetales para que el juez pueda dimensionar cómo nos afecta a nosotros esta situación", agregó a la salida de Comodoro Py.
"Nosotros seguimos preocupados por localidades de Jáchal y del departamento de Iglesia porque el agua que allí se consume es subterránea. Queremos que se haga un estudio serio. Estamos solicitando la información de la línea de base para poder saber en qué estado está hoy esa agua subterránea y cuál era el estado anterior al derrame. Tambería, Mogna y Bella Vista son las localidades más afectadas", indicó Zeballos.
Los vecinos también se reunieron ayer con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El funcionario se comprometió a viajar a Jáchal la semana próxima. Hace poco menos de un mes el presidente, Mauricio Macri, viajó a San Juan y anunció la quita de retenciones a la minería.
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Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Lo realizó la ex Secretaría de Ambiente tras el accidente; halló falencias en el manejo de los residuos que dejó el incidente; la compañía dice que no conoce el relevamiento
Impacto ambiental del que no puede determinarse su magnitud, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento, y precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca: esas son algunas de las faltas graves que la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero, en San Juan, después del derrame de cianuro que ocurrió en septiembre pasado. Las conclusiones surgen de un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de esa dependencia nacional en octubre pero que no vio la luz hasta hace dos semanas, cuando los empleados de esa dependencia acercaron a las nuevas autoridades el detalle del relevamiento y al que LA NACION tuvo acceso.
Las faltas señaladas por la comisión nacional que inspeccionó la mina que maneja la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan se enmarcan dentro de la ley de presupuesto mínimos de residuos peligrosos que establece castigos que van desde un mero apercibimiento hasta la clausura. Todos los detalles del informe fueron enviados por el Ministerio de Medio Ambiente a los dos juzgados que siguen hoy la causa por contaminación de la minera aurífera; en la justicia federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
El trabajo critica la explicación entregada a la justicia por la empresa. Uno de los problemas que señala, por ejemplo, es la metodología para determinar la cantidad de material que se derramó ante la falla de una válvula a consecuencia del frío extremo: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada", sostiene el informe. Cabe recordar que el accidente se hizo público luego de la difusión de un mensaje de Whatsapp que un empleado envió a su familia, río abajo. Luego la compañía habló de 200 m3 de solución cianurada involucrada en el escape, cifra que después se convirtió en 1000 m3, es decir más de un millón de litros.
El relevamiento se suma al peritaje que realizó la Policía Federal y que está contenido en el expediente que atiende el juez federal Sebastián Casanello, que da cuenta de la contaminación en cinco ríos sanjuaninos y al peritaje realizado por la agencia de Naciones Unidas (UNOPS) que también halló vestigios de cianuro en la zona del derrame y que recomendó su remediación.
En la Barrick respondieron a LA NACION que no conocen el informe de la cartera ambiental. Y, aunque aseguran que tras el accidente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el episodio golpeó al corazón de la compañía. Tal es así que dos meses después del derrame la empresa reemplazó al Gerente General de Operaciones de la mina. Rick Baker, que se desempeñaba entre las autoridades corporativas del área Medio Ambiente de Barrick, reemplazó en el cargo a Antonio Adame, que estaba a cargo de la explotación minera cuando ocurrió el derrame por el cual la justicia imputó a varios miembros de la empresa, directivos y empleados, entre ellos el propio Adame. Hay al menos siete empleados que deben prestar declaración ante la justicia de Jáchal. Otra incorporación importante a la empresa fue la de Juan Bautista Ordóñez (ex Roggio) quien asumió como director Ejecutivo de la operación en la Argentina.
La propia compañía habla de una "nueva etapa" de Barrick en Argentina. E insisten en que en las mediciones de la UNOPS en las zonas 0 y 1, que son las más cercanas a la mina, y que comprenden el río Potrerillos hasta el río Las Taguas, se detectaron algunas trazas de cianuro, "pero todas por debajo de los niveles guía para consumo humano", según un comunicado que la empresa envió a LA NACION.
"Con los datos preliminares de la UNOPS y los de otros estudios quedaría totalmente descalificado el resultado de la Policía Federal. Un estudio de monitoreo técnicamente adecuado implica contrastar los resultados de muestras tomadas contra los parámetros de ley y los parámetros de línea de base, ya que las características naturales de las aguas no pueden ser desconocidas ni desatendidas", indicaron en la minera en la misma respuesta.
Los vecinos de Jáchal creen que esto sólo es una maniobra dilatoria de la Barrick. "Nosotros pedimos que se cumpla la ley de glaciares y que se le dé intervención a la UBA. Las autoridades de San Juan y la minera hablan de las líneas de base y de la información pública pero es mentira. La información pública se oculta, nosotros no pudimos nunca acceder a ellas", indicó Saúl Zeballos, uno de los vecinos que interpuso el recurso de amparo ante la Justicia de Jáchal y que estuvo con Casanello esta semana.
"Hemos venido para traer información y hemos aportado análisis que están incluidos en el amparo que está en Jáchal. Trajimos análisis de agua y de vegetales para que el juez pueda dimensionar cómo nos afecta a nosotros esta situación", agregó a la salida de Comodoro Py.
"Nosotros seguimos preocupados por localidades de Jáchal y del departamento de Iglesia porque el agua que allí se consume es subterránea. Queremos que se haga un estudio serio. Estamos solicitando la información de la línea de base para poder saber en qué estado está hoy esa agua subterránea y cuál era el estado anterior al derrame. Tambería, Mogna y Bella Vista son las localidades más afectadas", indicó Zeballos.
Los vecinos también se reunieron ayer con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El funcionario se comprometió a viajar a Jáchal la semana próxima. Hace poco menos de un mes el presidente, Mauricio Macri, viajó a San Juan y anunció la quita de retenciones a la minería.
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Bosques de Córdoba en continuo deterioro
La reducción y degradación de bosques de Córdoba, entre las más altas del mundo
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El reemplazo de una hectárea de bosque por cultivos agrícolas reduce los valores de carbono en la vegetación. Se pierden toneladas de carbono por hectárea y se libera el equivalente al dióxido de carbono que emiten 40 argentinos promedio en un año.
Los bosques del noroeste de Córdoba están sufriendo una reducción y degradación que está entre las más altas del mundo, según concluyó un estudio científico del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet.
Los investigadores cuantificaron la cantidad de carbono que “secuestran” los bosques del Chaco seco cordobés y analizaron cómo se redujo esa capacidad con los cambios en el uso del suelo de esa región, informa la agencia de noticias Unciencia.
Los científicos realizaron su análisis impulsados esencialmente por la explotación agrícola y el sobrepastoreo, señala la investigación publicada originalmente en Agriculture, Ecosystems & Environment.
Ese proceso es posible por la fotosíntesis de las plantas y la acumulación de materia orgánica en el suelo, que puede retener incluso más carbono que la vegetación viva.
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El reemplazo de una hectárea de bosque por cultivos agrícolas reduce los valores de carbono en la vegetación. Se pierden toneladas de carbono por hectárea y se libera el equivalente al dióxido de carbono que emiten 40 argentinos promedio en un año.
Los bosques del noroeste de Córdoba están sufriendo una reducción y degradación que está entre las más altas del mundo, según concluyó un estudio científico del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet.
Los investigadores cuantificaron la cantidad de carbono que “secuestran” los bosques del Chaco seco cordobés y analizaron cómo se redujo esa capacidad con los cambios en el uso del suelo de esa región, informa la agencia de noticias Unciencia.
Los científicos realizaron su análisis impulsados esencialmente por la explotación agrícola y el sobrepastoreo, señala la investigación publicada originalmente en Agriculture, Ecosystems & Environment.
Ese proceso es posible por la fotosíntesis de las plantas y la acumulación de materia orgánica en el suelo, que puede retener incluso más carbono que la vegetación viva.
“Cualquier reducción en la cobertura del bosque implica que el carbono acumulado a lo largo de años se libere, emitiéndolo nuevamente a la atmósfera como dióxido de carbono”, dijo a ese sitio la investigadora Georgina Conti.
Añadió que eso implica una pérdida en la capacidad de esos bosques de "secuestrar" carbono y de mitigar el efecto del cambio climático global.
Conti trazó una comparación, a modo de ejemplo, al señalar que “en términos absolutos, una hectárea de bosque chaqueño seco en su estado más conservado almacena, solo en la vegetación, 43.26 toneladas de carbono".
Eso representa, por caso, "lo que contaminan 34 argentinos promedio en términos de emisiones de dióxido de carbono". Y, según la investigadora, si se considera el suelo orgánico bajo ese bosque, a solo 30 centímetros de profundidad, "los valores se duplican".
El estudio indica que “la conversión de la cobertura boscosa en sistemas degradados o su total reemplazo por sistemas agrícolas tiene profundísimas consecuencias en la capacidad de estos bosques de proveer del servicio ecosistémico de 'secuestro' de carbono".
Los investigadores, no obstante, señalaron que existen algunos manejos del bosque que, al menos en el corto plazo, “brindan otros servicios ecosistémicos sin afectar de manera significativa la capacidad de almacenar carbono del bosque chaqueño de Córdoba”.
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Añadió que eso implica una pérdida en la capacidad de esos bosques de "secuestrar" carbono y de mitigar el efecto del cambio climático global.
Conti trazó una comparación, a modo de ejemplo, al señalar que “en términos absolutos, una hectárea de bosque chaqueño seco en su estado más conservado almacena, solo en la vegetación, 43.26 toneladas de carbono".
Eso representa, por caso, "lo que contaminan 34 argentinos promedio en términos de emisiones de dióxido de carbono". Y, según la investigadora, si se considera el suelo orgánico bajo ese bosque, a solo 30 centímetros de profundidad, "los valores se duplican".
El estudio indica que “la conversión de la cobertura boscosa en sistemas degradados o su total reemplazo por sistemas agrícolas tiene profundísimas consecuencias en la capacidad de estos bosques de proveer del servicio ecosistémico de 'secuestro' de carbono".
Los investigadores, no obstante, señalaron que existen algunos manejos del bosque que, al menos en el corto plazo, “brindan otros servicios ecosistémicos sin afectar de manera significativa la capacidad de almacenar carbono del bosque chaqueño de Córdoba”.
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Proponen monitoreo automático para el Limay
Proponen medir el nivel de contaminación en el Limay
Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente, se refirió esta mañana a la propuesta que presentarán ante el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, para implementar un plan para determinar el nivel de contaminación del rio Limay.
En declaraciones a LU5, Islas explicó: "Queremos cerrar con esta propuesta la denuncia que realizamos sobre la contaminación en el río hace unos meses, y lo que queremos es hacer un monitoreo automático del río con un sistema de estaciones que se instalan cerca de diversos puntos de interés para tener muestras y sensores online que tiran resultados en tiempo real para derivarlos a una central en donde se ven esos resultados de la calidad del río".
"La idea es elevarle la propuesta al ministro Lara el próximo miércoles para ver si les interesa encarar el tema con más seriedad, para entre todos decir cuál es el estado del río. Si ellos dicen que no está contaminado como nosotros decimos, de esta forma podemos determinarlo", agregó el titular del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente.
El proyecto implica la instalación de estaciones fijar que se ubican a la orilla del río "para determinar cómo está el río antes y después de una descarga que se realice en el río", detalló Islas, que aclaró que el proyecto "es costoso", pero que hay alguna posibilidad de concretar el proyecto "con subsidios del BID, fondos de Nación o incluso financiamiento del Copade".
"Vamos a decidir entre todos el lugar en donde se realiza este monitoreo y a nosotros desde el punto de vista científico nos cerraría de una mejor manera tener este tipo de resultados", afirmó el especialista.
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Fecha de Publicación: 05/03/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente, se refirió esta mañana a la propuesta que presentarán ante el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, para implementar un plan para determinar el nivel de contaminación del rio Limay.
En declaraciones a LU5, Islas explicó: "Queremos cerrar con esta propuesta la denuncia que realizamos sobre la contaminación en el río hace unos meses, y lo que queremos es hacer un monitoreo automático del río con un sistema de estaciones que se instalan cerca de diversos puntos de interés para tener muestras y sensores online que tiran resultados en tiempo real para derivarlos a una central en donde se ven esos resultados de la calidad del río".
"La idea es elevarle la propuesta al ministro Lara el próximo miércoles para ver si les interesa encarar el tema con más seriedad, para entre todos decir cuál es el estado del río. Si ellos dicen que no está contaminado como nosotros decimos, de esta forma podemos determinarlo", agregó el titular del Colegio de Profesionales del Medio Ambiente.
El proyecto implica la instalación de estaciones fijar que se ubican a la orilla del río "para determinar cómo está el río antes y después de una descarga que se realice en el río", detalló Islas, que aclaró que el proyecto "es costoso", pero que hay alguna posibilidad de concretar el proyecto "con subsidios del BID, fondos de Nación o incluso financiamiento del Copade".
"Vamos a decidir entre todos el lugar en donde se realiza este monitoreo y a nosotros desde el punto de vista científico nos cerraría de una mejor manera tener este tipo de resultados", afirmó el especialista.
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Corte Suprema falla a favor de vecinos en Andalgalá
Agua Rica: la Corte Suprema, a favor de vecinos de Andalgalá
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de casi 40 meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá contra una sentencia de la Corte de Justicia Catamarca, que había rechazado un amparo presentado en 2010 para parar las actividades en el yacimiento Agua Rica. El tribunal ordenó a la Corte local que emita un nuevo pronunciamiento al respecto. La sentencia lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
En enero de 2010, Sergio Raúl Martínez, César Jair Cecenarro, Carmen Susana Chayle, Raúl Francisco Martínez, María Esperanza Lizárraga, Graciela Clementina Chayle, Gustavo Alfredo Chiapello, Rosa Mariana Rojas, Stella Maris Rosana Lichtig, Mario Ismael Pacheco, Marcela Isabel Villagrán, María Cristina Amarante y Néstor Edgardo Herrera, todos ellos vecinos de Andalgalá representados por abogados de la Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los Derechos Humanos y Sociales, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia reclamando la prohibición de innovar y la cesación definitiva de Agua Rica, por considerar que afectaba a sus derechos, su salud y faltaba a la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según señala el Centro de Información Judicial, los vecinos habían demandado a la empresa Minera Agua Rica - Yamana Gold Inc, a la provincia de Catamarca y al Municipio de Andalgalá con el objeto de obtener la suspensión de todo tipo de trabajo de construcción destinado a la explotación de las minas.
Los vecinos explicaron en su amparo que la Secretaría de Minería aprobó de forma condicionada el informe de impacto ambiental de la empresa, mediante la Resolución 35/09; y que esto era ilegal "porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia".
En la sentencia que emitió ayer, la Corte Suprema consideró que la resolución 35/09 en tanto aprueba el estudio en forma condicional, puede producir un daño grave al medio ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el futuro. En ese sentido, explicó que la Provincia aprobó en forma condicionada el proyecto minero "porque admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina".
La Corte Suprema señaló que el Tribunal Provincial "omitió el análisis de normas aplicables al caso". "Concretamente, no tuvo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la ley 25.675, toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución", fundamentan. Además, se señala que la Corte de Catamarca "tampoco consideró que el Código de Minería establece que los responsables de las actividades mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad un Informe de Impacto Ambiental; y que dispone que la autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando de forma expresa el informe".
Por último, la Corte Suprema señala, en concordancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que se hace lugar a la queja y deja sin efecto la sentencia de la Corte Provincial.
Antecedentes
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental, de la mano de José Luis Martín, su gerente de Desarrollo.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Julio de 2013. La Corte Suprema gira el expediente a la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
- Diciembre de 2014. Gils Carbó dictaminó que debía admitirse el recurso de amparo presentado por los vecinos.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema pide que se revea la sentencia local.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de casi 40 meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá contra una sentencia de la Corte de Justicia Catamarca, que había rechazado un amparo presentado en 2010 para parar las actividades en el yacimiento Agua Rica. El tribunal ordenó a la Corte local que emita un nuevo pronunciamiento al respecto. La sentencia lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
En enero de 2010, Sergio Raúl Martínez, César Jair Cecenarro, Carmen Susana Chayle, Raúl Francisco Martínez, María Esperanza Lizárraga, Graciela Clementina Chayle, Gustavo Alfredo Chiapello, Rosa Mariana Rojas, Stella Maris Rosana Lichtig, Mario Ismael Pacheco, Marcela Isabel Villagrán, María Cristina Amarante y Néstor Edgardo Herrera, todos ellos vecinos de Andalgalá representados por abogados de la Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los Derechos Humanos y Sociales, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia reclamando la prohibición de innovar y la cesación definitiva de Agua Rica, por considerar que afectaba a sus derechos, su salud y faltaba a la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Según señala el Centro de Información Judicial, los vecinos habían demandado a la empresa Minera Agua Rica - Yamana Gold Inc, a la provincia de Catamarca y al Municipio de Andalgalá con el objeto de obtener la suspensión de todo tipo de trabajo de construcción destinado a la explotación de las minas.
Los vecinos explicaron en su amparo que la Secretaría de Minería aprobó de forma condicionada el informe de impacto ambiental de la empresa, mediante la Resolución 35/09; y que esto era ilegal "porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia".
En la sentencia que emitió ayer, la Corte Suprema consideró que la resolución 35/09 en tanto aprueba el estudio en forma condicional, puede producir un daño grave al medio ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el futuro. En ese sentido, explicó que la Provincia aprobó en forma condicionada el proyecto minero "porque admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina".
La Corte Suprema señaló que el Tribunal Provincial "omitió el análisis de normas aplicables al caso". "Concretamente, no tuvo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la ley 25.675, toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución", fundamentan. Además, se señala que la Corte de Catamarca "tampoco consideró que el Código de Minería establece que los responsables de las actividades mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad un Informe de Impacto Ambiental; y que dispone que la autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando de forma expresa el informe".
Por último, la Corte Suprema señala, en concordancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que se hace lugar a la queja y deja sin efecto la sentencia de la Corte Provincial.
Antecedentes
- Julio de 2007. Agua Rica presenta su informe de Impacto Ambiental, de la mano de José Luis Martín, su gerente de Desarrollo.
- Marzo de 2009. La Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner, aprobó de manera condicionada el informe, mediante la Resolución 035/09.
- Enero de 2010. Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentan un recurso de amparo ante la Corte, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
- Noviembre de 2012. Se presenta el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
- Julio de 2013. La Corte Suprema gira el expediente a la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
- Diciembre de 2014. Gils Carbó dictaminó que debía admitirse el recurso de amparo presentado por los vecinos.
- Marzo de 2016. La Corte Suprema pide que se revea la sentencia local.
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El cambio climático se corrobora en Capital Federal
Cambio climático: este febrero fue el más cálido en la historia de la Ciudad
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio superó en una décima el registro de 1943; el mes que acaba de terminar tuvo una media de 25°8
Las altas temperaturas no dan tregua. El mes que acaba de terminar marcó un nuevo récord en la ciudad de Buenos Aires: fue el febrero más caluroso en la historia del distrito desde que se tienen registros. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dan cuenta de que la temperatura media mensual fue de 25°8 C, una décima más que la medida por el organismo oficial en 1943.
"Este récord fue ocasionado por las temperaturas mínimas altas que se registraron. En particular, porque la temperatura mínima media fue de 21°C, una décima menos que la mínima media de 2001 que todavía ocupa el primer puesto", indicaron los voceros del SMN.
Aunque no hacen falta más datos para asegurar que estamos frente a un verano caluroso, en el SMN detallaron que en lo que se denomina período cálido (entre los meses de diciembre y marzo) se registraron 45 días con temperatura promedio que superó los 26° en la ciudad de Buenos Aires. "Estamos a dos días de tener un nuevo registro histórico. Hasta el momento sólo lo supera el verano del 69-70 cuando los días con temperaturas promedio por encima de esa marca fueron 47", agregaron los voceros del organismo.
La medición del período cálido se realiza en Salta, Resistencia, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. En Rosario se han registrado hasta el momento 41 días con temperaturas promedio por encima de 26°C. El récord es de 44 días durante el verano 2000-2001.
Cabe recordar que en enero también hubo registros de temperaturas altas en todo el país. Incluso según la NASA, fue el enero más caluroso en más de un siglo. Las temperaturas estuvieron en promedio 1,13 °C por encima de lo normal y superaron el récord de diciembre de 2015, de 1,11 °C por encima del promedio histórico global.
Si bien en el país el mes pasado no registró un récord respecto de su temperatura promedio, sí mostró una tendencia al aumento: el mapa satelital indica que los termómetros subieron entre 0,2°C y 2°C. El enero más caluroso del que la NASA tenía registro había sido el de 2007.
El análisis del comportamiento climático durante los últimos años reveló que esta situación responde a la combinación del calentamiento global y a los significativos efectos atmosféricos producidos por El Niño. El Niño es un fenómeno climático que este año está siendo particularmente intenso y que se caracteriza por la influencia que una corriente cálida en el Pacífico genera en buena parte del planeta.
Aumento del nivel del mar
La NASA también advirtió ayer que el nivel del mar subió casi 8 centímetros promedio en todo el mundo desde 1992 a causa del calentamiento global, al tiempo que alertó que se trata de una tendencia que se mantendrá en los próximos años.
Un grupo de científicos precisó que el caudal aumentó 7,62 centímetros promedio en los últimos 23 años en algunos lugares del mundo, como las costas del Pacífico de Asia y Oceanía, donde el incremento superó los 22 centímetros.
El principal culpable del incremento del nivel de los océanos y los mares es el calentamiento global, causado en gran medida por la actividad humana, y responsable de que se derritan glaciares y grandes masas de hielo en los polos, así como de que suba la temperatura del agua, lo que hace que se expanda.
"Es muy probable que la situación empeore en el futuro", alertó el geofísico de la Universidad de Colorado, Steve Nerem, durante la presentación de la NASA. Los científicos avisaron que, incluso si se tomasen acciones para tratar de revertir la situación y se lograse cambiar la tendencia, se tardaría siglos en lograr un retorno a los niveles previos al cambio climático.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio superó en una décima el registro de 1943; el mes que acaba de terminar tuvo una media de 25°8
Las altas temperaturas no dan tregua. El mes que acaba de terminar marcó un nuevo récord en la ciudad de Buenos Aires: fue el febrero más caluroso en la historia del distrito desde que se tienen registros. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dan cuenta de que la temperatura media mensual fue de 25°8 C, una décima más que la medida por el organismo oficial en 1943.
"Este récord fue ocasionado por las temperaturas mínimas altas que se registraron. En particular, porque la temperatura mínima media fue de 21°C, una décima menos que la mínima media de 2001 que todavía ocupa el primer puesto", indicaron los voceros del SMN.
Aunque no hacen falta más datos para asegurar que estamos frente a un verano caluroso, en el SMN detallaron que en lo que se denomina período cálido (entre los meses de diciembre y marzo) se registraron 45 días con temperatura promedio que superó los 26° en la ciudad de Buenos Aires. "Estamos a dos días de tener un nuevo registro histórico. Hasta el momento sólo lo supera el verano del 69-70 cuando los días con temperaturas promedio por encima de esa marca fueron 47", agregaron los voceros del organismo.
La medición del período cálido se realiza en Salta, Resistencia, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. En Rosario se han registrado hasta el momento 41 días con temperaturas promedio por encima de 26°C. El récord es de 44 días durante el verano 2000-2001.
Cabe recordar que en enero también hubo registros de temperaturas altas en todo el país. Incluso según la NASA, fue el enero más caluroso en más de un siglo. Las temperaturas estuvieron en promedio 1,13 °C por encima de lo normal y superaron el récord de diciembre de 2015, de 1,11 °C por encima del promedio histórico global.
Si bien en el país el mes pasado no registró un récord respecto de su temperatura promedio, sí mostró una tendencia al aumento: el mapa satelital indica que los termómetros subieron entre 0,2°C y 2°C. El enero más caluroso del que la NASA tenía registro había sido el de 2007.
El análisis del comportamiento climático durante los últimos años reveló que esta situación responde a la combinación del calentamiento global y a los significativos efectos atmosféricos producidos por El Niño. El Niño es un fenómeno climático que este año está siendo particularmente intenso y que se caracteriza por la influencia que una corriente cálida en el Pacífico genera en buena parte del planeta.
Aumento del nivel del mar
La NASA también advirtió ayer que el nivel del mar subió casi 8 centímetros promedio en todo el mundo desde 1992 a causa del calentamiento global, al tiempo que alertó que se trata de una tendencia que se mantendrá en los próximos años.
Un grupo de científicos precisó que el caudal aumentó 7,62 centímetros promedio en los últimos 23 años en algunos lugares del mundo, como las costas del Pacífico de Asia y Oceanía, donde el incremento superó los 22 centímetros.
El principal culpable del incremento del nivel de los océanos y los mares es el calentamiento global, causado en gran medida por la actividad humana, y responsable de que se derritan glaciares y grandes masas de hielo en los polos, así como de que suba la temperatura del agua, lo que hace que se expanda.
"Es muy probable que la situación empeore en el futuro", alertó el geofísico de la Universidad de Colorado, Steve Nerem, durante la presentación de la NASA. Los científicos avisaron que, incluso si se tomasen acciones para tratar de revertir la situación y se lograse cambiar la tendencia, se tardaría siglos en lograr un retorno a los niveles previos al cambio climático.
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Directivos de La Alumbrera a indagatoria
Tucumán: citaron a indagatoria a los directivos de 'Minera La Alumbrera'
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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