¿Cuantas hectáreas de bosques perdimos en 12 años?
08:00 | 
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En 12 años se destruyeron más de cuatro millones de hectáreas de bosques
Fecha de Publicación: 27/02/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Más de cuatro millones de bosques naturales quedaron destruidos en Santiago del Estero entre el 2000 y el 2012, lo que equivale a la mayor tasa de desaparición de bosques nativos de todo el mundo, con el objetivo de convertir a esa superficie natural en cultivos y pasturas, lo que trajo nefastas consecuencias para el clima y la biodiversidad de la región, aseguró un informe científico.
"Durante el período 2000-2012 la tasa de transformación de bosques nativos por cultivos en Santiago del Estero fue mayor a la producida en la ecorregión entera, en Sudamérica e incluso en el mundo", advirtió la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) en un informe publicado en la página de divulgación científica "Sobre la Tierra".
El estudio destaca que la expansión de la frontera agrícola "aceleró la deforestación en la ecorregión del Chaco semiárido, que representa la segunda cobertura boscosa más grande y continua de Sudamérica después del Amazonas" y Santiago del Estero es la provincia con mayor superficie de esa región y una de las más perjudicadas por este proceso.
"Los números son alarmantes" detalló la Fauba y añadió: "Entre 2000 y 2012, Santiago del Estero presentó una tasa de transformación de cobertura vegetal natural por cultivos y pasturas 13 veces superior a la de los bosques tropicales, 39 veces superior a la de los subtropicales y 45 veces superior a la de los bosques templados de todo el mundo".
Ante esta situación, los investigadores de la Fauba instaron a la provincia a "aumentar los esfuerzos en "la aplicación de la Ley de Bosques" que Santiago del Estero reglamentó en el año 2009.
La Fauba destacó que si bien se redujo la superficie y las tasas de deforestación anuales en Santiago del Estero a partir de la sanción dela ley la "efectividad de la legislación fue parcial".
"La importante proporción de territorio que representa Santiago del Estero dentro del Chaco semiárido, sus características socioeconómicas, los conflictos territoriales existentes y las particularidades de su legislación en lo que hace la conservación de sus bosques, hacen necesario un análisis exhaustivo de los procesos de deforestación y su relación con la Ley de Bosques, particularmente sobre su cumplimiento",dijo Jose Paruelo, uno de los investigadores.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Sudamérica se perdieron unas 40 millones de hectáreas de bosques nativos durante la primera década del siglo 21.
Los cambios en la región ocurrieron principalmente sobre El Cerrado (Brasil), la selva de Chiquitanos (Bolivia) y el Gran Chaco Americano (que comparten Argentina, Bolivia y Paraguay) y fueron equivalentes al 76% de los desmontes que se produjeron en todo el planeta.
Gonzalo Camba, técnico del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la FAUBA, aseguró que hacia el 2012 "cerca del 20% de la superficie del Gran Chaco Americano se transformó para dar lugar a la agricultura".
Según el estudio "de aquí en adelante se espera que este proceso se intensifique, poniendo en jaque la estabilidad de los ecosistemas".
Entre las consecuencias negativas de la pérdida de bosques naturales y su reemplazo por cultivos, en especial la soja, se mencionó "la pérdida de la capacidad de amortiguación ante los cambios ambientales y un aumento de las emisiones de carbono, responsables del calentamiento global".
"Esto no es un dato menor -destacó el estudio- ya que el desmonte sobre bosques chaqueños generó el 75% de las emisiones de Carbono del norte argentino (las Yungas y los bosques del Atlántico representaron el 25% restante)".
Además en la región "se incrementó significativamente el drenaje profundo de los suelos provocando una mayor recarga en los acuíferos subterráneos, lo que aumenta el riesgo de salinización superficial (afectando la fertilidad de los suelos y la calidad del agua)".
Respecto a la Ley de Bosques provincial, la Fauba si bien reconoció avances a partir de su sanción, consideró que la legislación tuvo un impacto parcial.
"La categorización de bosques elaborada por las provincias del noroeste argentino fue inconsistente, debido a que la información ambiental utilizada fue pobre y escasa", detalló el estudio.
Y dio como ejemplo que "se asignaron categorías distintas a bosques a ambos lados de los límites provinciales, teniendo en cuenta sólo los aspectos políticos y no los ambientales o ecológicos".
"Hubo irregularidades en la determinación de las zonas de conservación, sobre las cuales no se permite desmontar", sostuvieron los investigadores y aseguraron que se permitió deforestar "en zonas de categoría II (amarillo) que la legislación nacional no admite".
La provincia de Santiago del Estero aseguró que en el año 2014, sólo 40.000 hectáreas fueron afectadas para su conversión lo que representa "el nivel más bajo desde 1976 , año que se producen mediciones".
"Del total de cambios de suso del suelo registrados "el 30% pertenecen a actividades autorizadas en el marco de la legislación vigente ", dijo la SubdiRección de Bosques provincial que esperaba que esos cambios se ubiquen por debajo de las 30.000 hectáreas anuales y con un mayor porcentaje de actividades autorIzadas a partir de la plena vigencia del Sistema de Información Geográfico (SIG).
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Fecha de Publicación: 27/02/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Más de cuatro millones de bosques naturales quedaron destruidos en Santiago del Estero entre el 2000 y el 2012, lo que equivale a la mayor tasa de desaparición de bosques nativos de todo el mundo, con el objetivo de convertir a esa superficie natural en cultivos y pasturas, lo que trajo nefastas consecuencias para el clima y la biodiversidad de la región, aseguró un informe científico.
"Durante el período 2000-2012 la tasa de transformación de bosques nativos por cultivos en Santiago del Estero fue mayor a la producida en la ecorregión entera, en Sudamérica e incluso en el mundo", advirtió la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) en un informe publicado en la página de divulgación científica "Sobre la Tierra".
El estudio destaca que la expansión de la frontera agrícola "aceleró la deforestación en la ecorregión del Chaco semiárido, que representa la segunda cobertura boscosa más grande y continua de Sudamérica después del Amazonas" y Santiago del Estero es la provincia con mayor superficie de esa región y una de las más perjudicadas por este proceso.
"Los números son alarmantes" detalló la Fauba y añadió: "Entre 2000 y 2012, Santiago del Estero presentó una tasa de transformación de cobertura vegetal natural por cultivos y pasturas 13 veces superior a la de los bosques tropicales, 39 veces superior a la de los subtropicales y 45 veces superior a la de los bosques templados de todo el mundo".
Ante esta situación, los investigadores de la Fauba instaron a la provincia a "aumentar los esfuerzos en "la aplicación de la Ley de Bosques" que Santiago del Estero reglamentó en el año 2009.
La Fauba destacó que si bien se redujo la superficie y las tasas de deforestación anuales en Santiago del Estero a partir de la sanción dela ley la "efectividad de la legislación fue parcial".
"La importante proporción de territorio que representa Santiago del Estero dentro del Chaco semiárido, sus características socioeconómicas, los conflictos territoriales existentes y las particularidades de su legislación en lo que hace la conservación de sus bosques, hacen necesario un análisis exhaustivo de los procesos de deforestación y su relación con la Ley de Bosques, particularmente sobre su cumplimiento",dijo Jose Paruelo, uno de los investigadores.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Sudamérica se perdieron unas 40 millones de hectáreas de bosques nativos durante la primera década del siglo 21.
Los cambios en la región ocurrieron principalmente sobre El Cerrado (Brasil), la selva de Chiquitanos (Bolivia) y el Gran Chaco Americano (que comparten Argentina, Bolivia y Paraguay) y fueron equivalentes al 76% de los desmontes que se produjeron en todo el planeta.
Gonzalo Camba, técnico del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la FAUBA, aseguró que hacia el 2012 "cerca del 20% de la superficie del Gran Chaco Americano se transformó para dar lugar a la agricultura".
Según el estudio "de aquí en adelante se espera que este proceso se intensifique, poniendo en jaque la estabilidad de los ecosistemas".
Entre las consecuencias negativas de la pérdida de bosques naturales y su reemplazo por cultivos, en especial la soja, se mencionó "la pérdida de la capacidad de amortiguación ante los cambios ambientales y un aumento de las emisiones de carbono, responsables del calentamiento global".
"Esto no es un dato menor -destacó el estudio- ya que el desmonte sobre bosques chaqueños generó el 75% de las emisiones de Carbono del norte argentino (las Yungas y los bosques del Atlántico representaron el 25% restante)".
Además en la región "se incrementó significativamente el drenaje profundo de los suelos provocando una mayor recarga en los acuíferos subterráneos, lo que aumenta el riesgo de salinización superficial (afectando la fertilidad de los suelos y la calidad del agua)".
Respecto a la Ley de Bosques provincial, la Fauba si bien reconoció avances a partir de su sanción, consideró que la legislación tuvo un impacto parcial.
"La categorización de bosques elaborada por las provincias del noroeste argentino fue inconsistente, debido a que la información ambiental utilizada fue pobre y escasa", detalló el estudio.
Y dio como ejemplo que "se asignaron categorías distintas a bosques a ambos lados de los límites provinciales, teniendo en cuenta sólo los aspectos políticos y no los ambientales o ecológicos".
"Hubo irregularidades en la determinación de las zonas de conservación, sobre las cuales no se permite desmontar", sostuvieron los investigadores y aseguraron que se permitió deforestar "en zonas de categoría II (amarillo) que la legislación nacional no admite".
La provincia de Santiago del Estero aseguró que en el año 2014, sólo 40.000 hectáreas fueron afectadas para su conversión lo que representa "el nivel más bajo desde 1976 , año que se producen mediciones".
"Del total de cambios de suso del suelo registrados "el 30% pertenecen a actividades autorizadas en el marco de la legislación vigente ", dijo la SubdiRección de Bosques provincial que esperaba que esos cambios se ubiquen por debajo de las 30.000 hectáreas anuales y con un mayor porcentaje de actividades autorIzadas a partir de la plena vigencia del Sistema de Información Geográfico (SIG).
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Barrick: para variar el gobierno de San Juan niega todo
El gobierno de San Juan niega el peritaje sobre contaminación
Fecha de Publicación: 27/02/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: San Juan
Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, rechazó el informe difundido ayer en el que se afirmaba que el agua de cinco ríos de la provincia está contaminada, como resultado de la actividad de las empresas mineras.
El funcionario aseguró que el agua de las vías fluviales en cuestión está "totalmente recuperada"."Las muestras de agua fueron tomadas a pocos días del incidente. El cianuro se degrada", planteó.
Esta semana se conoció el informe oficial que derivó del peritaje que realizó la Policía Federal Argentina. El documento confirmó que en San Juan hay cinco ríos contaminados por el desprendimiento de "solución cianurada" en la Mineria de Veladero: Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno sanjuanino rebatió el resultado realizado por técnicos de la división Delitos Ambientales de la PFA.
El informe, presentado al Juez federal Sebastián Casanello, afirma que se hallaron "sustancias tóxicas fuera de la reglamentación. Una clara infracción a la Ley de residuos peligros, 24.051".
Hensel explicó a DyN que "las muestras de agua fueron tomadas a pocos días del incidente" y que con el paso del tiempo "el cianuro se degrada", por eso "las aguas están totalmente recuperadas".
"Son muestras tomadas el 27 y 28 de septiembre, cerca del incidente. Se tiene que tener en cuenta los niveles de concentración y permanencia en el tiempo del elemento. Semanas después la concentración de la solución cianurada. Todos sabemos que el cianuro se degrada", relató.
En contraposición, el funcionario citó el informe que pidió Casanello al Instituto Nacional del Agua. En él, afirmaba que los nivele de cianuro "se ubicaban por debajo de la norma".
"Acá nadie niega el derrame. El derrame se produjo y que fue de cianuro, también es cierto. Estamos haciendo el sumario como corresponde, nos preocupa y nos interesa por sobre todas las cosas que en la actividad minera se observen las buenas prácticas que se tienen que aplicar con parámetros de nivel mundial", agregó.
El ministro de Minería comentó que desde el derrame de la "solución cianurada" el gobierno de San Juan dispuso ciertas exigencias" para "garantizar que un hecho de estas características no se vuelva a repetir".
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Fecha de Publicación: 27/02/2016
Fuente: Perfil
Provincia/Región: San Juan
Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, rechazó el informe difundido ayer en el que se afirmaba que el agua de cinco ríos de la provincia está contaminada, como resultado de la actividad de las empresas mineras.
El funcionario aseguró que el agua de las vías fluviales en cuestión está "totalmente recuperada"."Las muestras de agua fueron tomadas a pocos días del incidente. El cianuro se degrada", planteó.
Esta semana se conoció el informe oficial que derivó del peritaje que realizó la Policía Federal Argentina. El documento confirmó que en San Juan hay cinco ríos contaminados por el desprendimiento de "solución cianurada" en la Mineria de Veladero: Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno sanjuanino rebatió el resultado realizado por técnicos de la división Delitos Ambientales de la PFA.
El informe, presentado al Juez federal Sebastián Casanello, afirma que se hallaron "sustancias tóxicas fuera de la reglamentación. Una clara infracción a la Ley de residuos peligros, 24.051".
Hensel explicó a DyN que "las muestras de agua fueron tomadas a pocos días del incidente" y que con el paso del tiempo "el cianuro se degrada", por eso "las aguas están totalmente recuperadas".
"Son muestras tomadas el 27 y 28 de septiembre, cerca del incidente. Se tiene que tener en cuenta los niveles de concentración y permanencia en el tiempo del elemento. Semanas después la concentración de la solución cianurada. Todos sabemos que el cianuro se degrada", relató.
En contraposición, el funcionario citó el informe que pidió Casanello al Instituto Nacional del Agua. En él, afirmaba que los nivele de cianuro "se ubicaban por debajo de la norma".
"Acá nadie niega el derrame. El derrame se produjo y que fue de cianuro, también es cierto. Estamos haciendo el sumario como corresponde, nos preocupa y nos interesa por sobre todas las cosas que en la actividad minera se observen las buenas prácticas que se tienen que aplicar con parámetros de nivel mundial", agregó.
El ministro de Minería comentó que desde el derrame de la "solución cianurada" el gobierno de San Juan dispuso ciertas exigencias" para "garantizar que un hecho de estas características no se vuelva a repetir".
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Bergman quiere un gabinete de cambio climático
Buscan crear un gabinete nacional de cambio climático
Fecha de Publicación: 27/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Forma parte de las prioridades del ministerio que dirige Bergman; apuntarán a reducir los gases contaminantes
El cambio climático está hoy en el tope de las prioridades del flamante Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Aunque por el momento se evita analizar en profundidad las quitas de retenciones a actividades agropecuarias y a la minería, los funcionarios creen que sentar a todos los ministros que atienden las áreas productivas podría ser un comienzo para delinear políticas más sustentables y, así, cumplir con el compromiso presentado en París, en diciembre del año pasado.
"Hemos propuesto la creación de un gabinete de cambio climático nacional. Ya no se trata de un tema aspiracional. Se trata de contar con una herramienta que le dé la solvencia que tiene que tener. Si están todos los ministros que tienen que estar, la discusión será diferente", sostuvo el ministro Sergio Bergman.
El funcionario envió una propuesta de creación del gabinete al presidente Mauricio Macri. El mandatario debe dar el visto bueno para que esta estructura empiece a funcionar. Aunque las reuniones periódicas de este cuerpo no serán protagonizadas por los ministros, debería contar con el equipo técnico necesario para poder afrontar verdaderos cambios.
El objetivo principal, según aseguran en la cartera de Ambiente, es poder analizar, sector por sector, cuáles son los aportes de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en la Argentina. Además, se busca llegar a fin de año con una propuesta de reducción como compromiso internacional que supere la presentada por el gobierno kirchnerista. En la iniciativa que el país llevó a la cumbre climática que se realizó en París, se comprometió a bajar el 15% de los gases contaminantes para 2050 y sumar otro 15% atado al fondeo internacional.
Sin embargo, el escenario es complejo. Según los especialistas que realizaron el análisis de los aportes contaminantes por sector, el mayor emisor es el energético, con el 54% de todas las emanaciones. Aquí se incluye la contaminación generada por la producción de electricidad (32% del total sectorial) y el combustible consumido por los vehículos (30%), entre otros sectores. Los motores de los autos y las turbinas que queman combustible emanan dióxido de carbono. Ninguno de los dos sectores pasa hoy por su mejor momento. Están jaqueados por la crisis de generación eléctrica, según palabras del propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumada a la hecatombe petrolera, que con la baja del precio del barril amenaza con dejar a miles de personas sin trabajo.
Cultivos y ganados
El sector agrícola y ganadero se ubica segundo, con el 35% de las emisiones totales. El ganado vacuno produce metano por dos vías durante la digestión (el 39% de las emisiones sectoriales) y con sus excreciones (19%). Otro porcentaje de las emisiones es generado por los cultivos (19%).
Aquí, en escena, aparece el campo, el primer beneficiado con la quita de retenciones. Ya se acercaron a Ambiente, pero con exigencias: creen que el sistema de medición que se utilizó no les hace justicia. Por lo que quieren volver a medir las emisiones con un sistema propio y así determinar cuál es su grado de participación. Sólo después empezarán a discutir cómo harán la reducción.
El resto de las emisiones globales provienen de los desechos sólidos (incinerados y enterrados), líquidos cloacales (6%) y de algunos procesos industriales como la producción de metales, minerales y sustancias químicas (5%).
En 2012, la Argentina emitió 339,3 millones de toneladas de CO2eq (es decir, dióxido de carbono equivalente, la medida utilizada para medir la contaminación). Esto es un 20% más que la contaminación producida en 2000, cuando se publicó el anterior inventario.
Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del ministerio, aseguró: "No vamos a proteger a nadie. No vamos a beneficiar a ningún sector. Creemos que el mayor potencial para la reducción estará en el sector de la energía". El funcionario se refiere a la potencial inversión en energías renovables. Por otra parte, ésta es una obligación de la ley que sancionó el Congreso el año pasado: que las renovables alcancen el 8% de la matriz de generación energética nacional para 2017 y el 20% en 2020. Sin embargo, todavía la norma no está reglamentada.
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Fecha de Publicación: 27/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Forma parte de las prioridades del ministerio que dirige Bergman; apuntarán a reducir los gases contaminantes
El cambio climático está hoy en el tope de las prioridades del flamante Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Aunque por el momento se evita analizar en profundidad las quitas de retenciones a actividades agropecuarias y a la minería, los funcionarios creen que sentar a todos los ministros que atienden las áreas productivas podría ser un comienzo para delinear políticas más sustentables y, así, cumplir con el compromiso presentado en París, en diciembre del año pasado.
"Hemos propuesto la creación de un gabinete de cambio climático nacional. Ya no se trata de un tema aspiracional. Se trata de contar con una herramienta que le dé la solvencia que tiene que tener. Si están todos los ministros que tienen que estar, la discusión será diferente", sostuvo el ministro Sergio Bergman.
El funcionario envió una propuesta de creación del gabinete al presidente Mauricio Macri. El mandatario debe dar el visto bueno para que esta estructura empiece a funcionar. Aunque las reuniones periódicas de este cuerpo no serán protagonizadas por los ministros, debería contar con el equipo técnico necesario para poder afrontar verdaderos cambios.
El objetivo principal, según aseguran en la cartera de Ambiente, es poder analizar, sector por sector, cuáles son los aportes de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en la Argentina. Además, se busca llegar a fin de año con una propuesta de reducción como compromiso internacional que supere la presentada por el gobierno kirchnerista. En la iniciativa que el país llevó a la cumbre climática que se realizó en París, se comprometió a bajar el 15% de los gases contaminantes para 2050 y sumar otro 15% atado al fondeo internacional.
Sin embargo, el escenario es complejo. Según los especialistas que realizaron el análisis de los aportes contaminantes por sector, el mayor emisor es el energético, con el 54% de todas las emanaciones. Aquí se incluye la contaminación generada por la producción de electricidad (32% del total sectorial) y el combustible consumido por los vehículos (30%), entre otros sectores. Los motores de los autos y las turbinas que queman combustible emanan dióxido de carbono. Ninguno de los dos sectores pasa hoy por su mejor momento. Están jaqueados por la crisis de generación eléctrica, según palabras del propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumada a la hecatombe petrolera, que con la baja del precio del barril amenaza con dejar a miles de personas sin trabajo.
Cultivos y ganados
El sector agrícola y ganadero se ubica segundo, con el 35% de las emisiones totales. El ganado vacuno produce metano por dos vías durante la digestión (el 39% de las emisiones sectoriales) y con sus excreciones (19%). Otro porcentaje de las emisiones es generado por los cultivos (19%).
Aquí, en escena, aparece el campo, el primer beneficiado con la quita de retenciones. Ya se acercaron a Ambiente, pero con exigencias: creen que el sistema de medición que se utilizó no les hace justicia. Por lo que quieren volver a medir las emisiones con un sistema propio y así determinar cuál es su grado de participación. Sólo después empezarán a discutir cómo harán la reducción.
El resto de las emisiones globales provienen de los desechos sólidos (incinerados y enterrados), líquidos cloacales (6%) y de algunos procesos industriales como la producción de metales, minerales y sustancias químicas (5%).
En 2012, la Argentina emitió 339,3 millones de toneladas de CO2eq (es decir, dióxido de carbono equivalente, la medida utilizada para medir la contaminación). Esto es un 20% más que la contaminación producida en 2000, cuando se publicó el anterior inventario.
Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del ministerio, aseguró: "No vamos a proteger a nadie. No vamos a beneficiar a ningún sector. Creemos que el mayor potencial para la reducción estará en el sector de la energía". El funcionario se refiere a la potencial inversión en energías renovables. Por otra parte, ésta es una obligación de la ley que sancionó el Congreso el año pasado: que las renovables alcancen el 8% de la matriz de generación energética nacional para 2017 y el 20% en 2020. Sin embargo, todavía la norma no está reglamentada.
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Ordenaron nuevos peritajes en la causa Alumbrera
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Tucumán sobre contaminación
Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco ordenaron nuevos peritajes para determinar si la actividad minera en Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno impactó en el ambiente.
La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy que se dispongan peritajes para determinar si empresas mineras instaladas en la provincia de Catamarca provocaron contaminación en los alrededores de los yacimientos "Bajo la Alumbrera" y "Bajo el Durazno".
Se trata de una resolución del máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Tucumán que no había hecho lugar al planteo de una vecina de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, y de la Fiscalía General de esa provincia, para que se suspendiera la actividad minera de esos yacimientos, explotados por las empresas Minera Alumbrera Limited y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En ese marco los demandantes solicitaron que se suspendiera, a través de una medida cautelar, la actividad en esos yacimientos, "hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producido por las filtraciones originadas en el dique de colas -entre otros factores contaminantes-, y hasta tanto las demandadas acreditaran haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, según lo dispone el art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675".
Pero la Cámara Federal de Tucumán no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por entender que si admitía ese reclamo se estaba pronunciando sobre la cuestión de fondo. Ahora la Corte ordenó revocar el fallo de la Justicia tucumana y dictar un nueva resolución, haciendo hincapié en la importancia de las pericias para determinar si hubo o no contaminación.
Según los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco (por su voto)-, la Cámara Federal de Tucumán "no cumplió con el principio precautorio reconocido en la ley general del ambiente (ley 25.675), según el cual cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no puede utilizarse como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la degradación del ambiente".
La Corte resaltó "las facultades que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general".
"Asiste razón a las recurrentes en cuanto afirman que la resolución apelada (de la Cámara Federal de Tucumán) es arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional", determinó el máximo tribunal.
Y se añadió: "al omitir toda referencia a la prueba aludida, la Cámara no realizó un balance provisorio entre la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave e irreversible y el costo de acreditar el cumplimiento de las medidas solicitadas, principalmente, a la luz del ya citado principio precautorio, conforme al cual, 'cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente".
En ese marco, la Corte hizo lugar a las quejas y dejó sin efecto la sentencia apelada, por lo que dispuso que volviera la causa al tribunal de origen para que "se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto" por la máxima instancia del Poder Judicial, consignó la agencia DyN.
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Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco ordenaron nuevos peritajes para determinar si la actividad minera en Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno impactó en el ambiente.
La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy que se dispongan peritajes para determinar si empresas mineras instaladas en la provincia de Catamarca provocaron contaminación en los alrededores de los yacimientos "Bajo la Alumbrera" y "Bajo el Durazno".
Se trata de una resolución del máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Tucumán que no había hecho lugar al planteo de una vecina de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, y de la Fiscalía General de esa provincia, para que se suspendiera la actividad minera de esos yacimientos, explotados por las empresas Minera Alumbrera Limited y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En ese marco los demandantes solicitaron que se suspendiera, a través de una medida cautelar, la actividad en esos yacimientos, "hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producido por las filtraciones originadas en el dique de colas -entre otros factores contaminantes-, y hasta tanto las demandadas acreditaran haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, según lo dispone el art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675".
Pero la Cámara Federal de Tucumán no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por entender que si admitía ese reclamo se estaba pronunciando sobre la cuestión de fondo. Ahora la Corte ordenó revocar el fallo de la Justicia tucumana y dictar un nueva resolución, haciendo hincapié en la importancia de las pericias para determinar si hubo o no contaminación.
Según los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco (por su voto)-, la Cámara Federal de Tucumán "no cumplió con el principio precautorio reconocido en la ley general del ambiente (ley 25.675), según el cual cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no puede utilizarse como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la degradación del ambiente".
La Corte resaltó "las facultades que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general".
"Asiste razón a las recurrentes en cuanto afirman que la resolución apelada (de la Cámara Federal de Tucumán) es arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional", determinó el máximo tribunal.
Y se añadió: "al omitir toda referencia a la prueba aludida, la Cámara no realizó un balance provisorio entre la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave e irreversible y el costo de acreditar el cumplimiento de las medidas solicitadas, principalmente, a la luz del ya citado principio precautorio, conforme al cual, 'cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente".
En ese marco, la Corte hizo lugar a las quejas y dejó sin efecto la sentencia apelada, por lo que dispuso que volviera la causa al tribunal de origen para que "se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto" por la máxima instancia del Poder Judicial, consignó la agencia DyN.
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Amparo colectivo por la contaminación del Nahuel Huapi
Convocan a firmar demanda por contaminación del Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
La senadora Magdalena Odarda destacó esta mañana que ya se realizó la publicación de la convocatoria para participar de un amparo colectivo por la contaminación del Nahuel Huapi.
En un comunicado informaron que “con el objeto de combinar para concurrir a las respectivas Delegaciones del STJ para que los interesados puedan certificar su firma, se ofrece la posibilidad de comunicarse telefónicamente con los números (0294 154) 504855 y 609984, o de acudir personalmente a la Oficina de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, sito en la calle John O’connor 20 de la ciudad de Bariloche.
A los fines legales, se deja constancia que el amparo de referencia tiene por objeto la adopción de medidas judiciales que impidan y eviten el volcado de efluentes cloacales sin tratar en el Lago Nahuel Huapi, y que ha sido encuadrada por el Dr. Barotto, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, como “Acción de Prevención”, de acuerdo a los Artículos 2º Inciso a); 3º Inciso a) y 4º Inciso a) de la Ley B Nº 2279 de amparo colectivo de la Provincia de Río Negro.
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Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
La senadora Magdalena Odarda destacó esta mañana que ya se realizó la publicación de la convocatoria para participar de un amparo colectivo por la contaminación del Nahuel Huapi.
En un comunicado informaron que “con el objeto de combinar para concurrir a las respectivas Delegaciones del STJ para que los interesados puedan certificar su firma, se ofrece la posibilidad de comunicarse telefónicamente con los números (0294 154) 504855 y 609984, o de acudir personalmente a la Oficina de Atención al Ciudadano del Poder Judicial, sito en la calle John O’connor 20 de la ciudad de Bariloche.
A los fines legales, se deja constancia que el amparo de referencia tiene por objeto la adopción de medidas judiciales que impidan y eviten el volcado de efluentes cloacales sin tratar en el Lago Nahuel Huapi, y que ha sido encuadrada por el Dr. Barotto, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, como “Acción de Prevención”, de acuerdo a los Artículos 2º Inciso a); 3º Inciso a) y 4º Inciso a) de la Ley B Nº 2279 de amparo colectivo de la Provincia de Río Negro.
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San Luis analiza la potencialidad de la biomasa
Analizan potencialidades de la biomasa en San Luis
Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Funcionarios de la cartera de Medio Ambiente, Campo y Producción se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el fin de avanzar en una segunda etapa, a partir de la disposición de un inventario provincial de biomasa. “Estamos trabajando en el aprovechamiento del potencial de biomasa con el que cuenta la provincia”, adelantó Luis Rastrilla, jefe del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Por medio de reuniones con organismos especializados, San Luis analiza los alcances y beneficios de la biomasa en el territorio sanluiseño. Integrantes del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética mantuvieron un encuentro con referentes del INTA y el INTI, con el objetivo de avanzar en acciones que permitan aprovechar el inventario provincial de biomasa con el que cuenta el ministerio.
“Se trata de un inventario de masa de origen forestal, industrial y agropecuario de toda la provincia”, puntualizó Luis Rastrilla, quien agregó: “En consecuencia, hay una estimación concreta sobre las potencialidades de biomasa en San Luis. En una segunda etapa, trabajaremos en el aprovechamiento de este potencial”.
Esta nueva fase consiste en el delineamiento de un convenio a realizarse entre el INTA, el INTI y el ministerio, en el que se definirán los objetivos del mismo, para avanzar en la etapa de aprovechamiento de la biomasa. “Se analizarán los proyectos que hoy están en proceso de investigación tecnológica y factibilidad por parte del ministerio, como proyectos de biodigestión o generación de energía eléctrica, a partir de centrales térmicas alimentadas con biomasa”, detalló Rastrilla.
Según explicaron desde el ministerio, como primera medida se definió iniciar con el armado de un borrador, en la que figuren los nuevos términos del convenio, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las tres entidades y avanzar en la segunda etapa.
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Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
Funcionarios de la cartera de Medio Ambiente, Campo y Producción se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el fin de avanzar en una segunda etapa, a partir de la disposición de un inventario provincial de biomasa. “Estamos trabajando en el aprovechamiento del potencial de biomasa con el que cuenta la provincia”, adelantó Luis Rastrilla, jefe del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Por medio de reuniones con organismos especializados, San Luis analiza los alcances y beneficios de la biomasa en el territorio sanluiseño. Integrantes del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética mantuvieron un encuentro con referentes del INTA y el INTI, con el objetivo de avanzar en acciones que permitan aprovechar el inventario provincial de biomasa con el que cuenta el ministerio.
“Se trata de un inventario de masa de origen forestal, industrial y agropecuario de toda la provincia”, puntualizó Luis Rastrilla, quien agregó: “En consecuencia, hay una estimación concreta sobre las potencialidades de biomasa en San Luis. En una segunda etapa, trabajaremos en el aprovechamiento de este potencial”.
Esta nueva fase consiste en el delineamiento de un convenio a realizarse entre el INTA, el INTI y el ministerio, en el que se definirán los objetivos del mismo, para avanzar en la etapa de aprovechamiento de la biomasa. “Se analizarán los proyectos que hoy están en proceso de investigación tecnológica y factibilidad por parte del ministerio, como proyectos de biodigestión o generación de energía eléctrica, a partir de centrales térmicas alimentadas con biomasa”, detalló Rastrilla.
Según explicaron desde el ministerio, como primera medida se definió iniciar con el armado de un borrador, en la que figuren los nuevos términos del convenio, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las tres entidades y avanzar en la segunda etapa.
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Las represas en Santa Cruz y sus riesgos ambientales
Advierten sobre los riesgos ambientales de las represas
Fecha de Publicación: 25/02/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Cruz
Fecha de Publicación: 25/02/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Cruz
¿Puede un patito frágil y pequeño ser más fuerte que dos grandes emprendimientos hidroeléctricos? Esta es la pregunta que desvela a Aves Argentinas, una organización centenaria dedicado a la preservación del patrimonio de nuestras especies voladoras, en relación a los mega represas, la Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, luego de que Bird Life International, que es autoridad mundial indiscutida en la materia, declarara a la zona del estuario del Río Santa Cruz “Area importante para la conservación de las aves” (AICA).
Las AICA son aceptadas tanto en el país como en el exterior como criterio para el diseño del ordenamiento territorial, y la pregunta es si su declaración sobre la desembocadura del río Santa Cruz podrá incidir en el faraónico proyecto, que tiene en vilo a las ONGs ambientales de la Argentina.
El área del estuario es clave porque es donde pasa la temporada invernal el macá tobiano, una llamada ave zambullidora, que ha sido declarada monumento natural de Santa Cruz. Si se hacen las obras, esta zona perdería su balance de nutrientes, lo que traería consecuencias en todos los seres vivos, terrestres y acuáticos.
Sólo quedan unos 800 ejemplaras de macá, cuya foto se exhibe con orgullo como emblema en toda la provincia de Santa Cruz.
Cada año, un enorme contingente de voluntarios se encarga de cuidarlos las 24 horas de sus predadores en las lagunas de la meseta del lago Buenos Aires, donde pone sus huevos y pasa las veranadas. Tanta es la pasión que despierta este ave, que puede bucear con gran habilidad.
“El programa de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA, o IBA, por sus siglas en inglés) de BirdLife Internationales una iniciativa global enfocada a la identificación, documentación y conservación de una red de sitios críticos para las aves del mundo. Este programa se inició en América en 1995 y pretende contribuir a la conservación de sitios, incluyendo actividades de manejo, educación ambiental, instrumentos legales, investigación, monitoreo y protección. “En la Argentina, un total de 273 AICA han sido identificadas y cubren el 12% de la superficie del país”, señaló Aves Argentinas..
“La presente declaración llega en momentos en que se discute la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el Río Santa Cruz. De construirse estas represas se encontrarían geográficamente a menos de 100 kilómetros del sitio declarado como AICA y su impacto sobre las aves del estuario resulta aún poco estudiado”, agregó.
Esta declaración ocurre en momentos en que la Corte Suprema evalúa si se pronuncia o no a favor de una medida cautelar presentada por la ONG Banco de Bosques para que se interrumpan las obras en el río Santa Cruz.
En el gobierno de Mauricio Macri no existe aún una decisión firme sobre el destino de las represas, según confirmaron a Clarín fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que están “ajustando el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos de que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido”. Reveló que convocaron a los responsables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer bien, conforme a las normas ambientales, pero queremos preservar el interés nacional”.
El estudio de impacto ambiental de la consultora Serman para los contratistas de la obra admite que “no se dispone de información que permitiera conocer objetivamente este riesgo sobre las aves” del estuario.
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Las AICA son aceptadas tanto en el país como en el exterior como criterio para el diseño del ordenamiento territorial, y la pregunta es si su declaración sobre la desembocadura del río Santa Cruz podrá incidir en el faraónico proyecto, que tiene en vilo a las ONGs ambientales de la Argentina.
El área del estuario es clave porque es donde pasa la temporada invernal el macá tobiano, una llamada ave zambullidora, que ha sido declarada monumento natural de Santa Cruz. Si se hacen las obras, esta zona perdería su balance de nutrientes, lo que traería consecuencias en todos los seres vivos, terrestres y acuáticos.
Sólo quedan unos 800 ejemplaras de macá, cuya foto se exhibe con orgullo como emblema en toda la provincia de Santa Cruz.
Cada año, un enorme contingente de voluntarios se encarga de cuidarlos las 24 horas de sus predadores en las lagunas de la meseta del lago Buenos Aires, donde pone sus huevos y pasa las veranadas. Tanta es la pasión que despierta este ave, que puede bucear con gran habilidad.
“El programa de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA, o IBA, por sus siglas en inglés) de BirdLife Internationales una iniciativa global enfocada a la identificación, documentación y conservación de una red de sitios críticos para las aves del mundo. Este programa se inició en América en 1995 y pretende contribuir a la conservación de sitios, incluyendo actividades de manejo, educación ambiental, instrumentos legales, investigación, monitoreo y protección. “En la Argentina, un total de 273 AICA han sido identificadas y cubren el 12% de la superficie del país”, señaló Aves Argentinas..
“La presente declaración llega en momentos en que se discute la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el Río Santa Cruz. De construirse estas represas se encontrarían geográficamente a menos de 100 kilómetros del sitio declarado como AICA y su impacto sobre las aves del estuario resulta aún poco estudiado”, agregó.
Esta declaración ocurre en momentos en que la Corte Suprema evalúa si se pronuncia o no a favor de una medida cautelar presentada por la ONG Banco de Bosques para que se interrumpan las obras en el río Santa Cruz.
En el gobierno de Mauricio Macri no existe aún una decisión firme sobre el destino de las represas, según confirmaron a Clarín fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que están “ajustando el proyecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos de que se hace conforme a un proyecto ejecutivo definido”. Reveló que convocaron a los responsables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer bien, conforme a las normas ambientales, pero queremos preservar el interés nacional”.
El estudio de impacto ambiental de la consultora Serman para los contratistas de la obra admite que “no se dispone de información que permitiera conocer objetivamente este riesgo sobre las aves” del estuario.
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La nueva Dioxitek sigue levantándose
Siguen obras para planta de uranio en Formosa, pese a versión oficial
Fecha de Publicación: 25/02/2016
Fuente: Ultima Hora
Provincia/Región: Formosa
La fase inicial para la construcción en Formosa (Argentina) de la nueva planta de uranio de la empresa estatal argentina Dioxitek está en plena marcha, aseguran Elda Velazco, de la Unión de Organizaciones Ciudadanas de Ñeembucú, y el profesor Ángel Fernández Araoz, del sitio digital Formosa Ambiental, desmintiendo así al presidente de la República, Horacio Cartes, y al canciller Eladio Loizaga.
El lunes último, en ocasión de la visita del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a Asunción, Cartes “descartó totalmente” el proyecto de una planta nuclear en Formosa. Mientras que el canciller Loizaga aseguró que el proyecto de la planta procesadora de uranio en la misma localidad argentina se encontraba en stand by (en espera).
“Eso es mentira. Se sigue trabajando en el terreno destinado a la planta de la empresa Dioxitek. La gente de Formosa Ambiental tomó fotos del movimiento de camiones pesados, enripiado en las vías de acceso, la instalación del obrador, carteles de señalización, etc., por parte de la constructora Stornini SA”, informó Elda Velazco.
También anunció que un grupo de ambientalistas formoseños preparan la presentación de una demanda judicial contra el ministro del Medioambiente de la Provincia.
“La construcción se está haciendo”, insistió la activista paraguaya. La nueva planta procesadora de uranio de Dioxitek reemplazaría a las instalaciones en Córdoba clausuradas por la Municipalidad local, tras largos años de movilización ciudadana.
Dioxitek produce dióxido de uranio, que es la base del combustible para centrales nucleares. Su reubicación en las afueras de la ciudad de Formosa, en la frontera con Paraguay, también ha generado protestas en ambos lados del río Paraguay.
“Esto sigue. No es verdad que se descartó el proyecto. Se hizo el desmonte en el terreno donde se levantará la planta procesadora de uranio y ya hay personal de la constructora trabajando en el predio”, insistió Velazco.
DATO. En febrero del año pasado, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández había confirmado la construcción de la planta nuclear en la provincia de Formosa. Dioxitek es solo una parte del proyecto. Por tratarse de una zona fronteriza con el Paraguay, el temor de localidades como Pilar es a la contaminación que una obra así puede producir por algún accidente.
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Fecha de Publicación: 25/02/2016
Fuente: Ultima Hora
Provincia/Región: Formosa
La fase inicial para la construcción en Formosa (Argentina) de la nueva planta de uranio de la empresa estatal argentina Dioxitek está en plena marcha, aseguran Elda Velazco, de la Unión de Organizaciones Ciudadanas de Ñeembucú, y el profesor Ángel Fernández Araoz, del sitio digital Formosa Ambiental, desmintiendo así al presidente de la República, Horacio Cartes, y al canciller Eladio Loizaga.
El lunes último, en ocasión de la visita del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a Asunción, Cartes “descartó totalmente” el proyecto de una planta nuclear en Formosa. Mientras que el canciller Loizaga aseguró que el proyecto de la planta procesadora de uranio en la misma localidad argentina se encontraba en stand by (en espera).
“Eso es mentira. Se sigue trabajando en el terreno destinado a la planta de la empresa Dioxitek. La gente de Formosa Ambiental tomó fotos del movimiento de camiones pesados, enripiado en las vías de acceso, la instalación del obrador, carteles de señalización, etc., por parte de la constructora Stornini SA”, informó Elda Velazco.
También anunció que un grupo de ambientalistas formoseños preparan la presentación de una demanda judicial contra el ministro del Medioambiente de la Provincia.
“La construcción se está haciendo”, insistió la activista paraguaya. La nueva planta procesadora de uranio de Dioxitek reemplazaría a las instalaciones en Córdoba clausuradas por la Municipalidad local, tras largos años de movilización ciudadana.
Dioxitek produce dióxido de uranio, que es la base del combustible para centrales nucleares. Su reubicación en las afueras de la ciudad de Formosa, en la frontera con Paraguay, también ha generado protestas en ambos lados del río Paraguay.
“Esto sigue. No es verdad que se descartó el proyecto. Se hizo el desmonte en el terreno donde se levantará la planta procesadora de uranio y ya hay personal de la constructora trabajando en el predio”, insistió Velazco.
DATO. En febrero del año pasado, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández había confirmado la construcción de la planta nuclear en la provincia de Formosa. Dioxitek es solo una parte del proyecto. Por tratarse de una zona fronteriza con el Paraguay, el temor de localidades como Pilar es a la contaminación que una obra así puede producir por algún accidente.
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El contrato secreto con Chevron - YPF en la justicia
YPF entregó una copia del contrato secreto con Chevron a la Justicia
Fecha de Publicación: 25/02/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
La petrolera estatal YPF, que conduce Miguel Galluccio, presentó ante la Justicia una copia del contrato secreto que firmó con el gigante de Estados Unidos Chevron para la explotación de Loma La Lata, en la zona de Vaca Muerta, tras una orden directa que dio la Corte Suprema de Justicia por un reclamo de diputados y senadores opositores.
"YPF informa que, en cumplimiento de una decisión judicial, entregó hoy a la Justicia una copia del contrato suscripto con Chevron para el desarrollo del yacimiento Loma Campana, dentro del plazo de tiempo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7", estableció un comunicado de prensa.
La compañía estatizada difundió el contrato luego de que la jueza de primera instancia María Cristina Carrión de Lorenzo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7 intimó a YPF a que en el término de 10 días hábiles cumpliera con lo ordenado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalizando dicho plazo en la medianoche del lunes a hoy martes.
De hecho, hoy el senador nacional Rubén Giustiniani tenía previsto ir a las oficinas de la petrolera argentina en Puerto Madero, pero fuentes de la compañía aclararon que, en caso de presentarse, le informará que es la magistrada la que puede difundir la copia. El contrato en cuestión, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, completa cuatro tomos con cientos de páginas.
"Al momento de la firma del contrato con Chevron, ocurrido el 16 de julio de 2013, YPF consideraba que no estaba alcanzada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el acceso a la información pública, posición que había sido refrendada en sede judicial tanto en primera instancia como en segunda instancia", se indicó.
"La decisión de incluir a YPF dentro de este decreto fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015. YPF considera necesario ratificar su posición de que el acuerdo entre YPF y Chevron había sido suscripto dentro del marco de la ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas", afirmó la petrolera en el comunicado.
"El carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones. YPF aclara también que para la aprobación de todos sus contratos cumplió siempre con las normas nacionales e internacionales vigentes. En este caso, las autoridades a las que se presentó documentación e información fueron la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de Neuquén, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, entre otras", continuó.
Finalmente, aclaró que "es una empresa que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y, como tal, debe velar por los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados, por lo tanto, ve con preocupación el hecho de que se divulgue información confidencial que colocaría a la compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios. Es por ello y en atención a la naturaleza y el valor comercial, industrial, técnico, económico y financiero que posee la documentación".
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Fecha de Publicación: 25/02/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
La petrolera estatal YPF, que conduce Miguel Galluccio, presentó ante la Justicia una copia del contrato secreto que firmó con el gigante de Estados Unidos Chevron para la explotación de Loma La Lata, en la zona de Vaca Muerta, tras una orden directa que dio la Corte Suprema de Justicia por un reclamo de diputados y senadores opositores.
"YPF informa que, en cumplimiento de una decisión judicial, entregó hoy a la Justicia una copia del contrato suscripto con Chevron para el desarrollo del yacimiento Loma Campana, dentro del plazo de tiempo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7", estableció un comunicado de prensa.
La compañía estatizada difundió el contrato luego de que la jueza de primera instancia María Cristina Carrión de Lorenzo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7 intimó a YPF a que en el término de 10 días hábiles cumpliera con lo ordenado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalizando dicho plazo en la medianoche del lunes a hoy martes.
De hecho, hoy el senador nacional Rubén Giustiniani tenía previsto ir a las oficinas de la petrolera argentina en Puerto Madero, pero fuentes de la compañía aclararon que, en caso de presentarse, le informará que es la magistrada la que puede difundir la copia. El contrato en cuestión, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, completa cuatro tomos con cientos de páginas.
"Al momento de la firma del contrato con Chevron, ocurrido el 16 de julio de 2013, YPF consideraba que no estaba alcanzada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el acceso a la información pública, posición que había sido refrendada en sede judicial tanto en primera instancia como en segunda instancia", se indicó.
"La decisión de incluir a YPF dentro de este decreto fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015. YPF considera necesario ratificar su posición de que el acuerdo entre YPF y Chevron había sido suscripto dentro del marco de la ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas", afirmó la petrolera en el comunicado.
"El carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones. YPF aclara también que para la aprobación de todos sus contratos cumplió siempre con las normas nacionales e internacionales vigentes. En este caso, las autoridades a las que se presentó documentación e información fueron la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de Neuquén, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, entre otras", continuó.
Finalmente, aclaró que "es una empresa que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y, como tal, debe velar por los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados, por lo tanto, ve con preocupación el hecho de que se divulgue información confidencial que colocaría a la compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios. Es por ello y en atención a la naturaleza y el valor comercial, industrial, técnico, económico y financiero que posee la documentación".
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Ya renunció en presidente de Acumar
Renunció el presidente de Acumar, el organismo encargado de la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 24/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El director ejecutivo de la Acumar, el organismo encargado de sanear el Riachuelo, presentó su renuncia porque a dos meses y medio de haber asumido no había consenso para nombrar el resto de los equipos. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, presidente de la entidad en su carácter de ministro aseguró que le ofrecerán a López seguir a la cabeza del equipo técnico.
"El jueves vamos a recibir la ratificación de que Aníbal continúa al frente de los equipos técnicos, aunque yo voy a asumir la presidencia del Acumar. Es un excelente técnico, pero no podemos desaprovechar la oportunidad única de la Ciudad, la Provincia y la Nación tenemos la misma conducción", afirmó Bergman en declaraciones a A24.
La gestión de la Acumar está casi paralizada desde noviembre pasado. De hecho, todavía hay funcionarios de la gestión anterior que aún siguen en sus puestos y oficinas ya que son los únicos que tienen las firmas necesarias para poder trabajar todos los días. El organismo, que cuenta con 1000 empleados, debe decidir antes de fin de mes la continuidad de varios convenios con universidades y con entes que permitan seguir el trabajo que se realiza, por ejemplo, en la limpieza de márgenes. Eso, sin contar con el cumplimiento de la manda judicial que pidió a la Acumar la readecuación del plan de saneamiento y que debía ser presentado este mes.
"Hoy estoy presentando la renuncia (a la dirección ejecutiva) Se necesitan decisiones rápidas. Desde 2010 estoy en Acumar y conozco el trabajo (era uno de los representantes de la Ciudad). Sé lo que hay que hacer, pero no puedo seguir adelante si no hay definiciones respecto de las personas y de las políticas", confirmó López a LA NACION.
"El plan no existe. No se discutió nada porque no hay nadie designado. Sólo hubo una reunión de Consejo Directivo pero no hubo avances", indicaron dos integrantes de ese cuerpo que pidieron no ser identificados. La Acumar -organismo tripartito compuesto por la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires- con la nueva gestión volvió a depender del Ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Sergio Bergman.
Conflicto con Bergman
Bergman propuso a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo del organismo y dejó pocos lugares para las otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Eso fue lo que molestó y generó la renuncia de López . El 20 de enero Macri nombró a López como director del organismo, quien responde a la diputada nacional Silvia Lospennato, que antes estaba en Acumar, y al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. Como segunda, en el organismo, se nombró a Gabriela Seijo, una dirigente de la Ciudad cercana al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También forma parte del Consejo Directivo de Acumar el biólogo y periodista Sergio Federovisky, que llegó allí tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Otros que forman parte del Consejo Directivo son: el ingeniero químico y ex Gerente General de Environmental Resources Management (ERM) Julio Torti, por el lugar de AySA; y el abogado y ex Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Kerr. En representación de la provincia de Buenos Aires, el abogado, docente universitario y ex candidato a intente por La Matanza, Miguel Saredi, y, el arquitecto y ex asesor en la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Renom. Por la Ciudad se nombró al ingeniero y ex Director General de Limpieza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; y la economista y ex diputada nacional de la Coalición Cívica, María Fernanda Reyes.
La discusión ahora es por las direcciones. Frente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, por ejemplo, Bergman quiere nombrar a Santiago Kaplun, secretario general de la DAIA y ex apoderado de los vecinos demandantes en la causa Mendoza, que originó el fallo de la Corte en julio 2008. Según pudo confirmar LA NACION, el letrado renunció al patrocinio y mandato de los vecinos que eventualmente podrían cobrar por los juicios que mantienen, incluso contra la Acumar.
En Medio Ambiente sostuvieron que faltan definir los directores operativos. "Todas las designaciones están siendo analizadas. Y respecto de los contratos y convenios con las cooperativas se resolverán favorablemente, renovándolos cada tres meses", explicó una fuente.
El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte en julio de 2008 y hoy el juzgado de Morón es el que se lleva la causa con manda del máximo tribunal. En aquella sentencia se ordenó que el Defensor del Pueblo (cargo que está vacante hace casi tres años) y varias ONG conformaran un Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento del fallo. Una de ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentará mañana un pedido de informes sobre la actividad del Consejo Directivo de la Acumar y por la falta de actas y de transparencia en la gestión.
El organismo cuenta con un presupuesto proyectado para 2016 de unos 1000 millones de pesos. El dinero está depositado en un fideicomiso del Banco Provincia de Buenos Aires y, desde allí, se utiliza para pagar los sueldos y para las acciones y convenios que se firman con municipios y universidades.
También se espera la concreción de un colector cloacal de la margen izquierda que ya cuenta con financiamiento aprobado del Banco Mundial por 840 millones de dólares. La obra ya estaría a punto de comenzar; fue adjudicada a la empresa italiana Ghella y demandará unos cinco años de ejecución. Su objetivo principal es evitar que los líquidos cloacales caigan directamente en el caudal de agua.
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Fecha de Publicación: 24/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El director ejecutivo de la Acumar, el organismo encargado de sanear el Riachuelo, presentó su renuncia porque a dos meses y medio de haber asumido no había consenso para nombrar el resto de los equipos. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, presidente de la entidad en su carácter de ministro aseguró que le ofrecerán a López seguir a la cabeza del equipo técnico.
"El jueves vamos a recibir la ratificación de que Aníbal continúa al frente de los equipos técnicos, aunque yo voy a asumir la presidencia del Acumar. Es un excelente técnico, pero no podemos desaprovechar la oportunidad única de la Ciudad, la Provincia y la Nación tenemos la misma conducción", afirmó Bergman en declaraciones a A24.
La gestión de la Acumar está casi paralizada desde noviembre pasado. De hecho, todavía hay funcionarios de la gestión anterior que aún siguen en sus puestos y oficinas ya que son los únicos que tienen las firmas necesarias para poder trabajar todos los días. El organismo, que cuenta con 1000 empleados, debe decidir antes de fin de mes la continuidad de varios convenios con universidades y con entes que permitan seguir el trabajo que se realiza, por ejemplo, en la limpieza de márgenes. Eso, sin contar con el cumplimiento de la manda judicial que pidió a la Acumar la readecuación del plan de saneamiento y que debía ser presentado este mes.
"Hoy estoy presentando la renuncia (a la dirección ejecutiva) Se necesitan decisiones rápidas. Desde 2010 estoy en Acumar y conozco el trabajo (era uno de los representantes de la Ciudad). Sé lo que hay que hacer, pero no puedo seguir adelante si no hay definiciones respecto de las personas y de las políticas", confirmó López a LA NACION.
"El plan no existe. No se discutió nada porque no hay nadie designado. Sólo hubo una reunión de Consejo Directivo pero no hubo avances", indicaron dos integrantes de ese cuerpo que pidieron no ser identificados. La Acumar -organismo tripartito compuesto por la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires- con la nueva gestión volvió a depender del Ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Sergio Bergman.
Conflicto con Bergman
Bergman propuso a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo del organismo y dejó pocos lugares para las otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Eso fue lo que molestó y generó la renuncia de López . El 20 de enero Macri nombró a López como director del organismo, quien responde a la diputada nacional Silvia Lospennato, que antes estaba en Acumar, y al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. Como segunda, en el organismo, se nombró a Gabriela Seijo, una dirigente de la Ciudad cercana al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También forma parte del Consejo Directivo de Acumar el biólogo y periodista Sergio Federovisky, que llegó allí tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Otros que forman parte del Consejo Directivo son: el ingeniero químico y ex Gerente General de Environmental Resources Management (ERM) Julio Torti, por el lugar de AySA; y el abogado y ex Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Kerr. En representación de la provincia de Buenos Aires, el abogado, docente universitario y ex candidato a intente por La Matanza, Miguel Saredi, y, el arquitecto y ex asesor en la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Renom. Por la Ciudad se nombró al ingeniero y ex Director General de Limpieza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Términe; y la economista y ex diputada nacional de la Coalición Cívica, María Fernanda Reyes.
La discusión ahora es por las direcciones. Frente a la Dirección de Asuntos Jurídicos, por ejemplo, Bergman quiere nombrar a Santiago Kaplun, secretario general de la DAIA y ex apoderado de los vecinos demandantes en la causa Mendoza, que originó el fallo de la Corte en julio 2008. Según pudo confirmar LA NACION, el letrado renunció al patrocinio y mandato de los vecinos que eventualmente podrían cobrar por los juicios que mantienen, incluso contra la Acumar.
En Medio Ambiente sostuvieron que faltan definir los directores operativos. "Todas las designaciones están siendo analizadas. Y respecto de los contratos y convenios con las cooperativas se resolverán favorablemente, renovándolos cada tres meses", explicó una fuente.
El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte en julio de 2008 y hoy el juzgado de Morón es el que se lleva la causa con manda del máximo tribunal. En aquella sentencia se ordenó que el Defensor del Pueblo (cargo que está vacante hace casi tres años) y varias ONG conformaran un Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento del fallo. Una de ellas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentará mañana un pedido de informes sobre la actividad del Consejo Directivo de la Acumar y por la falta de actas y de transparencia en la gestión.
El organismo cuenta con un presupuesto proyectado para 2016 de unos 1000 millones de pesos. El dinero está depositado en un fideicomiso del Banco Provincia de Buenos Aires y, desde allí, se utiliza para pagar los sueldos y para las acciones y convenios que se firman con municipios y universidades.
También se espera la concreción de un colector cloacal de la margen izquierda que ya cuenta con financiamiento aprobado del Banco Mundial por 840 millones de dólares. La obra ya estaría a punto de comenzar; fue adjudicada a la empresa italiana Ghella y demandará unos cinco años de ejecución. Su objetivo principal es evitar que los líquidos cloacales caigan directamente en el caudal de agua.
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Salta quiere promover el aprovechamiento de la pesca
Lanzarán el programa de pesquería sustentable en toda la provincia
Fecha de Publicación: 24/02/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
La iniciativa incluye la realización de estudios para promover el aprovechamiento de la pesca como recurso turístico. El lanzamiento se realizará mañana con la presencia de los secretarios de Ambiente, Turismo y Financiamiento Internacional.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo y la de Financiamiento Internacional, lanzarán mañana el Programa de Gestión para el Desarrollo Sustentable de la Pesquería Deportiva en Agua Dulce. El programa, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo fomentar el turismo asociado a la pesca deportiva, pero sin descuidar la sostenibilidad ambiental.
En Argentina la pesca deportiva en los ríos y cursos de agua, constituye una actividad turística de creciente importancia. Y puntualmente en Salta, la actividad ha ganado relevancia también desde lo cultural y comercial. En esta línea, la actividad turística se presenta como una actividad sustentable, compatible con la preservación de cuencas hídricas y sus recursos.
El objetivo del proyecto es realizar un diagnóstico de la provincia y seleccionar los sitios que cumplen las condiciones para el desarrollo sustentable de la pesca deportiva y recreativa. En esos lugares se realizarán estudios de base pesquera, ambiental y socioeconómica. Además se analizará la carga de las especies más extraídas y su impacto; y se realizarán recomendaciones para la buena práctica de la actividad. Finalmente, se generarán los lineamientos para un desarrollo sustentable turístico- pesquero.
El lanzamiento tendrá lugar el lunes a partir de las 9 en España 952, 3° piso, en los salones de Swiss Medical. Participarán del acto los secretarios de Ambiente, Irene Soler; de Turismo, Estanislao Villanueva; y de Financiamiento Internacional, Ignacio Racioppi. También estará presente el director del programa, el Dr. en Biología Pesquera Claudio Baigún.
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Fecha de Publicación: 24/02/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
La iniciativa incluye la realización de estudios para promover el aprovechamiento de la pesca como recurso turístico. El lanzamiento se realizará mañana con la presencia de los secretarios de Ambiente, Turismo y Financiamiento Internacional.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo y la de Financiamiento Internacional, lanzarán mañana el Programa de Gestión para el Desarrollo Sustentable de la Pesquería Deportiva en Agua Dulce. El programa, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo fomentar el turismo asociado a la pesca deportiva, pero sin descuidar la sostenibilidad ambiental.
En Argentina la pesca deportiva en los ríos y cursos de agua, constituye una actividad turística de creciente importancia. Y puntualmente en Salta, la actividad ha ganado relevancia también desde lo cultural y comercial. En esta línea, la actividad turística se presenta como una actividad sustentable, compatible con la preservación de cuencas hídricas y sus recursos.
El objetivo del proyecto es realizar un diagnóstico de la provincia y seleccionar los sitios que cumplen las condiciones para el desarrollo sustentable de la pesca deportiva y recreativa. En esos lugares se realizarán estudios de base pesquera, ambiental y socioeconómica. Además se analizará la carga de las especies más extraídas y su impacto; y se realizarán recomendaciones para la buena práctica de la actividad. Finalmente, se generarán los lineamientos para un desarrollo sustentable turístico- pesquero.
El lanzamiento tendrá lugar el lunes a partir de las 9 en España 952, 3° piso, en los salones de Swiss Medical. Participarán del acto los secretarios de Ambiente, Irene Soler; de Turismo, Estanislao Villanueva; y de Financiamiento Internacional, Ignacio Racioppi. También estará presente el director del programa, el Dr. en Biología Pesquera Claudio Baigún.
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El 24 de abril se concreta otra marcha contra UPM
El 24 de abril se marchará al puente contra UPM
Fecha de Publicación: 24/02/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Este año será la duodécima marcha anual de una movilización ciudadana que es considerada como una de las más numerosas a nivel mundial en materia ambiental.
El miércoles a las 20:30, se comenzará con las tareas de organización de esta iniciativa. Convocan a los vecinos que quieran colaborar, dado que se requiere de una organización que debe contener a miles y miles de personas que el 24 de abril se darán cita en el puente internacional.
El año pasado la marcha se realizó el 26 de abril, iniciativa que siempre permite renovar el compromiso de vida de las comunidades ribereñas que se oponen a la destrucción del ambiente y que se sintetiza con el "NO a las papeleras", pero que también inscribe su propuesta con el "SÍ a la vida".
"Esta movilización es un abrazo al río Uruguay y constituye una de las protestas sociales más multitudinarias a escala planetaria en materia ambiental. Y como ocurre todos los años, en este 2016 volverá a reflejar la falta de licencia social de la pastera pero también la inacción de los Estados para lograr su relocalización", detallaron en un comunicado.
En una de las lecturas de la proclama que se lee todos los años, se denunció que "en Argentina como en Uruguay, se ha hecho un gran esfuerzo en materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, así como por un lado se han llevado a la Justicia a los genocidas, por otro se da amparo a quienes son ecocidas, como el caso de los directivos de Botnia-UPM". Y se agregó: "En este sentido, los gobiernos están escribiendo sus nombres en la historia como los mayores promotores del ecocidio que se está produciendo en la región; y no solo por proteger a Botnia UPM, sino por permitir la minería a cielo abierto, el desmonte nativo, el uso indiscriminado de los agrotóxicos, el volcado de efluentes cloacales e industriales a nuestro río".
"Aire limpio, agua limpia. No a las papeleras", es una de las canciones que animan cada movilización de los asambleístas y que refleja la falta de licencia social contra UPM (Botnia), pero también manifiesta que se está frente a un conflicto que ya lleva doce largos años.
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Fecha de Publicación: 24/02/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Este año será la duodécima marcha anual de una movilización ciudadana que es considerada como una de las más numerosas a nivel mundial en materia ambiental.
El miércoles a las 20:30, se comenzará con las tareas de organización de esta iniciativa. Convocan a los vecinos que quieran colaborar, dado que se requiere de una organización que debe contener a miles y miles de personas que el 24 de abril se darán cita en el puente internacional.
El año pasado la marcha se realizó el 26 de abril, iniciativa que siempre permite renovar el compromiso de vida de las comunidades ribereñas que se oponen a la destrucción del ambiente y que se sintetiza con el "NO a las papeleras", pero que también inscribe su propuesta con el "SÍ a la vida".
"Esta movilización es un abrazo al río Uruguay y constituye una de las protestas sociales más multitudinarias a escala planetaria en materia ambiental. Y como ocurre todos los años, en este 2016 volverá a reflejar la falta de licencia social de la pastera pero también la inacción de los Estados para lograr su relocalización", detallaron en un comunicado.
En una de las lecturas de la proclama que se lee todos los años, se denunció que "en Argentina como en Uruguay, se ha hecho un gran esfuerzo en materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, así como por un lado se han llevado a la Justicia a los genocidas, por otro se da amparo a quienes son ecocidas, como el caso de los directivos de Botnia-UPM". Y se agregó: "En este sentido, los gobiernos están escribiendo sus nombres en la historia como los mayores promotores del ecocidio que se está produciendo en la región; y no solo por proteger a Botnia UPM, sino por permitir la minería a cielo abierto, el desmonte nativo, el uso indiscriminado de los agrotóxicos, el volcado de efluentes cloacales e industriales a nuestro río".
"Aire limpio, agua limpia. No a las papeleras", es una de las canciones que animan cada movilización de los asambleístas y que refleja la falta de licencia social contra UPM (Botnia), pero también manifiesta que se está frente a un conflicto que ya lleva doce largos años.
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Cinco ríos contaminados por el derrame de la Barrick
Barrick: un peritaje oficial probó que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro
Fecha de Publicación: 23/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental.
La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia.
El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje.
udesa
De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud" de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.
Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña "dañina" del gobierno de Mendoza.
La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: "En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica". Y termina: "El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso".
En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.
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Fecha de Publicación: 23/02/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental.
La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia.
El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje.
udesa
De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud" de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.
Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña "dañina" del gobierno de Mendoza.
La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: "En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica". Y termina: "El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso".
En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.
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Forestal de Papel Prensa contamina con agroquímicos
Una forestal con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 23/02/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte bonaerense ordenó que la plantación forestal María Dolores, de Papel Prensa, en Alberti, detenga sus actividades. Según el fallo, fumigan con agrotóxicos sin un plan de impacto ambiental y no informan sobre el destino de los envases vacíos.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ordenó detener las actividades en la plantación forestal de Papel Prensa en la localidad de Alberti. La denuncia apuntó al uso de agroquímicos, la posible contaminación de fuentes de agua y la falta de tratamiento de los envases químicos. El máximo tribunal de la provincia confirmó que la empresa (que domina el mercado del papel para diarios) no cuenta con estudio de impacto ambiental que le permita funcionar. La sentencia también puede incidir en el modelo agropecuario, con otros cultivos y agroquímicos. “El fallo es de suma importancia jurídica. Da cuenta de que las fumigaciones con agrotóxicos representan un riesgo de daño grave a la salud, al ambiente, y por lo tanto requiere previo a su ejecución contar con la debida declaración de impacto ambiental”, afirmó el abogado denunciante, Fernando Cabaleiro.
Papel Prensa es el principal productor de papel del diario, cuyos principales accionistas son Clarín, el diario La Nación y el Estado nacional. Su insumo básico es la madera y una de sus plantaciones está en Alberti (en el norte provincial, a 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires). Se trata del establecimiento “María Dolores”, de 1900 hectáreas con monocultivo de álamos, una laguna y uso de agroquímicos (plaguicidas, fungicidas y glifosato). La producción es trasladada a la planta de procesamiento en San Pedro.
Fernando Cabaleiro es oriundo de Alberti y abogado ambiental de la ONG Naturaleza de Derechos. En 2010 presentó un demanda por la contaminación de la plantación de Papel Prensa, el uso de químicos, sobreconsumo de agua y la posible afectación del acuífero. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) confirmó que la empresa no contaba con estudio ni declaración de impacto ambiental que obliga la Ley Integral de Medio Ambiente 11.723. También determinó la ausencia de actas de fumigaciones y falta de información sobre la disposición final de los envases de agroquímicos.
Sin embargo, la jueza de primera instancia María Emilia Bossie y la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes habían fallado a favor de Papel Prensa. La apelación llegó hasta el máximo tribunal de Buenos Aires, que se expidió el 11 de febrero. “En la plantación forestal se usan agroquímicos, no hay plan de gestión de los envases de esos productos y la administración provincial no adoptó ninguna medida tendiente a controlar el uso de esos elementos ni la disposición final de los residuos tóxicos. Todo ello refleja una situación de amenaza ambiental”, determina el fallo y ordena el “cese de la actividad forestal que desarrolla Papel Prensa en Alberti” hasta tanto obtenga la declaración de impacto ambiental.
El predio tiene 1834 hectáreas cultivadas, con 1120 árboles por hectárea. “El órgano de contralor (OPDS) no tiene conocimiento de la forma en que se realiza el manejo de agroquímicos ni la disposición final de los envases”, afirma la sentencia, firmada por el juez Luis Genoud y acompañado por sus pares Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari (Juan Carlos Hitters y Daniel Soria estuvieron de acuerdo en suspender la actividad de la empresa pero no se expidieron sobre los agroquímicos). Cabaleiro remarcó la importancia de que la Suprema Corte de Buenos Aires haya hecho lugar al reclamo de fondo: “Esta es una decisión judicial bisagra, ya que consagra la obligación de que el uso y aplicación de agrotóxicos, como la gestión de envases, se debe someter a un proceso de evaluación de impacto ambiental”. También establece la obligación de que quienes utilizan y manipulan agroquímicos deben estar inscriptos en el registro de generadores de residuos especiales.
Papel Prensa argumentó en la causa que no debía realizar la evaluación de impacto ambiental porque opera en Alberti desde 1978 y la ley que lo exige entró en vigencia en 1996. Los jueces supremos rechazaron ese argumento, dictaminaron que la ley es de orden público y se aplica también a los aprovechamientos preexistentes.
El fallo trasciende a Papel Prensa e involucra al modelo de agronegocios, con uso masivo de transgénicos y agroquímicos. “La Suprema Corte fijó doctrina esencial para la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos”, afirmó el abogado Cabaleiro. Explicó que, en base al fallo de la Justicia, al utilizar agroquímicos se genera un residuo especial por lo cual previamente se deben inscribir en el registro de generadores especiales y hacer una evaluación de impacto ambiental.
El fallo afirma: “La demandada (Papel Prensa) no ha acreditado el manejo responsable del uso de agroquímicos, qué empresa es la que los aplica o si aquélla lo hace con medios propios, quién es el responsable técnico de la utilización de los agroquímicos, qué métodos usa, cuáles son los que aplica, con qué periodicidad; no bastando la habilitación municipal que posee para cumplir con las normas ambientales”.
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Fecha de Publicación: 23/02/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte bonaerense ordenó que la plantación forestal María Dolores, de Papel Prensa, en Alberti, detenga sus actividades. Según el fallo, fumigan con agrotóxicos sin un plan de impacto ambiental y no informan sobre el destino de los envases vacíos.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ordenó detener las actividades en la plantación forestal de Papel Prensa en la localidad de Alberti. La denuncia apuntó al uso de agroquímicos, la posible contaminación de fuentes de agua y la falta de tratamiento de los envases químicos. El máximo tribunal de la provincia confirmó que la empresa (que domina el mercado del papel para diarios) no cuenta con estudio de impacto ambiental que le permita funcionar. La sentencia también puede incidir en el modelo agropecuario, con otros cultivos y agroquímicos. “El fallo es de suma importancia jurídica. Da cuenta de que las fumigaciones con agrotóxicos representan un riesgo de daño grave a la salud, al ambiente, y por lo tanto requiere previo a su ejecución contar con la debida declaración de impacto ambiental”, afirmó el abogado denunciante, Fernando Cabaleiro.
Papel Prensa es el principal productor de papel del diario, cuyos principales accionistas son Clarín, el diario La Nación y el Estado nacional. Su insumo básico es la madera y una de sus plantaciones está en Alberti (en el norte provincial, a 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires). Se trata del establecimiento “María Dolores”, de 1900 hectáreas con monocultivo de álamos, una laguna y uso de agroquímicos (plaguicidas, fungicidas y glifosato). La producción es trasladada a la planta de procesamiento en San Pedro.
Fernando Cabaleiro es oriundo de Alberti y abogado ambiental de la ONG Naturaleza de Derechos. En 2010 presentó un demanda por la contaminación de la plantación de Papel Prensa, el uso de químicos, sobreconsumo de agua y la posible afectación del acuífero. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) confirmó que la empresa no contaba con estudio ni declaración de impacto ambiental que obliga la Ley Integral de Medio Ambiente 11.723. También determinó la ausencia de actas de fumigaciones y falta de información sobre la disposición final de los envases de agroquímicos.
Sin embargo, la jueza de primera instancia María Emilia Bossie y la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes habían fallado a favor de Papel Prensa. La apelación llegó hasta el máximo tribunal de Buenos Aires, que se expidió el 11 de febrero. “En la plantación forestal se usan agroquímicos, no hay plan de gestión de los envases de esos productos y la administración provincial no adoptó ninguna medida tendiente a controlar el uso de esos elementos ni la disposición final de los residuos tóxicos. Todo ello refleja una situación de amenaza ambiental”, determina el fallo y ordena el “cese de la actividad forestal que desarrolla Papel Prensa en Alberti” hasta tanto obtenga la declaración de impacto ambiental.
El predio tiene 1834 hectáreas cultivadas, con 1120 árboles por hectárea. “El órgano de contralor (OPDS) no tiene conocimiento de la forma en que se realiza el manejo de agroquímicos ni la disposición final de los envases”, afirma la sentencia, firmada por el juez Luis Genoud y acompañado por sus pares Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari (Juan Carlos Hitters y Daniel Soria estuvieron de acuerdo en suspender la actividad de la empresa pero no se expidieron sobre los agroquímicos). Cabaleiro remarcó la importancia de que la Suprema Corte de Buenos Aires haya hecho lugar al reclamo de fondo: “Esta es una decisión judicial bisagra, ya que consagra la obligación de que el uso y aplicación de agrotóxicos, como la gestión de envases, se debe someter a un proceso de evaluación de impacto ambiental”. También establece la obligación de que quienes utilizan y manipulan agroquímicos deben estar inscriptos en el registro de generadores de residuos especiales.
Papel Prensa argumentó en la causa que no debía realizar la evaluación de impacto ambiental porque opera en Alberti desde 1978 y la ley que lo exige entró en vigencia en 1996. Los jueces supremos rechazaron ese argumento, dictaminaron que la ley es de orden público y se aplica también a los aprovechamientos preexistentes.
El fallo trasciende a Papel Prensa e involucra al modelo de agronegocios, con uso masivo de transgénicos y agroquímicos. “La Suprema Corte fijó doctrina esencial para la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos”, afirmó el abogado Cabaleiro. Explicó que, en base al fallo de la Justicia, al utilizar agroquímicos se genera un residuo especial por lo cual previamente se deben inscribir en el registro de generadores especiales y hacer una evaluación de impacto ambiental.
El fallo afirma: “La demandada (Papel Prensa) no ha acreditado el manejo responsable del uso de agroquímicos, qué empresa es la que los aplica o si aquélla lo hace con medios propios, quién es el responsable técnico de la utilización de los agroquímicos, qué métodos usa, cuáles son los que aplica, con qué periodicidad; no bastando la habilitación municipal que posee para cumplir con las normas ambientales”.
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Guardafauna cazador
Polémica por el video de un guardafauna cazando ciervos
Fecha de Publicación: 23/02/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Neuquén
La historia comienza con un video publicado esta semana por la página conservacionista de Facebook “Guerra al Furtivo”. Como punto de partida, la grabación ofrece un dato preciso: “14 de marzo de 2014”. La placa negra inicial también avisa que lo que está por verse ocurrió “en algún lugar del lago Falkner, dentro de los límites del Parque Nahuel Huapi”. Segundos después, se ve a un guardafauna de la provincia de Neuquén, en una lancha y usando binoculares para guiar a dos cazadores hacia su presa.
Los hombres exhiben sus rifles y muestran con detalle a la cámara un silenciador sofisticado, que está expresamente prohibido por la ley vigente de caza controlada. También se los ve haciendo una fogata –algo que sólo está permitido en áreas explícitas muy lejos de allí– para cocinar y comer allí mismo una trucha pescada en el lago Falkner, otra conducta que está prohibida fuera de las temporadas de pesca y también si la pieza no cumple con las característica de pesaje y tipo de especie. El video sigue. En sí mismo, representa una continuidad de evidencia sobre un hecho controversial. Finalmente, se escucha un disparo. Y acto seguido se ve el cuerpo de un ciervo que cae pesado, seco, muerto.
El video fue grabado en una época permitida para la caza de ciervo colorado y en una zona aprobada por el Parque Nacional. Pero desnuda una situación delicada: que una persona contratada para preservar la naturaleza opera, en un doble juego, como guía de cazadores furtivos.
El guardafauna que se ve en el video acompañando a los cazadores es, según confirmaron a Clarín desde el diario La Mañana de Neuquén, Ariel Eugenio Llul, quien en diciembre de 2014 fue condenado a 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación para ejercer empleos públicos por facilitar la caza furtiva en el Parque Nahuel Huapi –que debería haber protegido– a través de la falsificación de documentos públicos para justificar esa práctica.
La sentencia remite a la caza sin autorización de tres ciervos en Junín de los Andes en junio de 2013 (antes de las imágenes registradas el 14 de marzo de 2014), durante la época no permitida. Después de que la sentencia fuera confirmada por el Tribunal de Impugnación, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó la decisión y lo absolvió.
La Mañana publicó que el 5 de junio de 2013, la Policía paró al guardafauna en un control vehicular y le encontró tres ejemplares de ciervo colorado abatidos recientemente. En su poder también llevaba tres guías de caza registradas por el Cuerpo de Guardafaunas provincial, las cuales fueran previa y parcialmente confeccionadas de puño y letra por Llul, “quien insertara falsamente la rúbrica correspondiente al propietario del área de caza mayor y textos manuscritos, con el objetivo de burlar la actividad fiscalizadora y justificar de esa manera, la caza sin autorización”, dice el registro policial de la ocasión.
Pero el máximo tribunal de esa provincia lo liberó de culpa y cargo al considerar que las guías de caza que le hallaron al guardafauna no eran documentos públicos. Curiosamente, el perfil de Facebook “Guerra al Furtivo” fue cerrado luego de que el video llegara a los medios. Pero fue suficiente para que el debate sobre el control de la naturaleza y lo que hacemos con ella regresara una vez más.
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Fecha de Publicación: 23/02/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Neuquén
La historia comienza con un video publicado esta semana por la página conservacionista de Facebook “Guerra al Furtivo”. Como punto de partida, la grabación ofrece un dato preciso: “14 de marzo de 2014”. La placa negra inicial también avisa que lo que está por verse ocurrió “en algún lugar del lago Falkner, dentro de los límites del Parque Nahuel Huapi”. Segundos después, se ve a un guardafauna de la provincia de Neuquén, en una lancha y usando binoculares para guiar a dos cazadores hacia su presa.
Los hombres exhiben sus rifles y muestran con detalle a la cámara un silenciador sofisticado, que está expresamente prohibido por la ley vigente de caza controlada. También se los ve haciendo una fogata –algo que sólo está permitido en áreas explícitas muy lejos de allí– para cocinar y comer allí mismo una trucha pescada en el lago Falkner, otra conducta que está prohibida fuera de las temporadas de pesca y también si la pieza no cumple con las característica de pesaje y tipo de especie. El video sigue. En sí mismo, representa una continuidad de evidencia sobre un hecho controversial. Finalmente, se escucha un disparo. Y acto seguido se ve el cuerpo de un ciervo que cae pesado, seco, muerto.
El video fue grabado en una época permitida para la caza de ciervo colorado y en una zona aprobada por el Parque Nacional. Pero desnuda una situación delicada: que una persona contratada para preservar la naturaleza opera, en un doble juego, como guía de cazadores furtivos.
El guardafauna que se ve en el video acompañando a los cazadores es, según confirmaron a Clarín desde el diario La Mañana de Neuquén, Ariel Eugenio Llul, quien en diciembre de 2014 fue condenado a 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación para ejercer empleos públicos por facilitar la caza furtiva en el Parque Nahuel Huapi –que debería haber protegido– a través de la falsificación de documentos públicos para justificar esa práctica.
La sentencia remite a la caza sin autorización de tres ciervos en Junín de los Andes en junio de 2013 (antes de las imágenes registradas el 14 de marzo de 2014), durante la época no permitida. Después de que la sentencia fuera confirmada por el Tribunal de Impugnación, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó la decisión y lo absolvió.
La Mañana publicó que el 5 de junio de 2013, la Policía paró al guardafauna en un control vehicular y le encontró tres ejemplares de ciervo colorado abatidos recientemente. En su poder también llevaba tres guías de caza registradas por el Cuerpo de Guardafaunas provincial, las cuales fueran previa y parcialmente confeccionadas de puño y letra por Llul, “quien insertara falsamente la rúbrica correspondiente al propietario del área de caza mayor y textos manuscritos, con el objetivo de burlar la actividad fiscalizadora y justificar de esa manera, la caza sin autorización”, dice el registro policial de la ocasión.
Pero el máximo tribunal de esa provincia lo liberó de culpa y cargo al considerar que las guías de caza que le hallaron al guardafauna no eran documentos públicos. Curiosamente, el perfil de Facebook “Guerra al Furtivo” fue cerrado luego de que el video llegara a los medios. Pero fue suficiente para que el debate sobre el control de la naturaleza y lo que hacemos con ella regresara una vez más.
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